Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00818-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00818-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00818-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
25 de mayo de 2023
Demandante: Edwin Gonzalo Cano Arboleda
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura -
Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00818-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00818-00
Demandante: EDWIN GONZALO CANO ARBOLEDA
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y OTRO
Tema: Tutela de fondo. Convocatoria 27 de 2018 de la Rama Judicial.
Derecho fundamental de petición. Requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Con ocasión de la ponencia que resultó improbada en la sala de 13 de abril de
20231, se decide la solicitud presentada por la parte actora en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Edwin Gonzalo Cano Arboleda, en nombre propio, presentó acción de
tutela2 contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales de petición, de acceso a la información, al debido
proceso administrativo, de defensa, a la “carrera administrativa” y al acceso a
cargos públicos mediante concurso de méritos, junto con el principio de confianza
legítima.
Lo anterior, por cuanto en la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 no
se resolvió de fondo las objeciones que expuso en el recurso de reposición que
interpuso contra la Resolución CSR22-0351 de 1.° de septiembre de 2022,
mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
1
Mediante auto de 5 de mayo de 2023, la magistrada Rocío Araújo Oñate dispuso la remisión del
expediente al despacho del magistrado ponente de esta decisión, dado que el proyecto que
presentó en la sala de 13 de abril del presente año no obtuvo la mayoría necesaria para su
aprobación.
2
Mediante escrito radicado el 15 de febrero de 2023 en el Sistema de Recepción de Tutelas y
Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, remitido el mismo día al correo electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado.
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Demandante: Edwin Gonzalo Cano Arboleda
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1.2. Pretensiones
En consecuencia, el actor solicitó:
“Solicito respetuosamente al juez de tutela, amparar mis derechos fundamentación
de petición, acceso a la información, debido proceso administrativo, derecho de
defensa, confianza legitima, carrera administrativa y acceso a cargos públicos
mediante concurso de méritos; además de aquellos que en su consideración
también se haya vulnerado y, en consecuencia, se ordene a las accionadas dentro
del término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir la notificación del fallo
lo siguiente:
PRIMERO: Dar respuesta de fondo, clara y congruente al recurso de reposición
radicado el 22 de septiembre de 2022 y ampliado el 15 de noviembre del mismo
año, los cuales plantean objeciones a las preguntas 126, 28,53,,32,62 70, 101,
103, 126 y 129. Respuesta que se solicita comedidamente sea verificada por el
juez constitucional, en tanto las mismas se emitan con fundamento en la norma y la
jurisprudencia actual; como consecuencia tener como válidas las opciones de
respuestas seleccionadas por la suscrita en el examen, así mismo excluir o tener
por invalidas aquellas preguntan que no son competencia del juez Promiscuo
Municipal.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS O MODIFICAR el acto administrativo
RESOLUCIÓN CJR23-0042 16ENE2023 Y SUS ANEXOS QUE RESUELVE EL
RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO EN CONTRA LA RESOLUCIÓN
CJR22-0351 Y SU ANEXO, por medio del cual se negó el recurso de reposición
presentado y se ORDENE expedir otro conforme a Derecho y las pretensiones
precedentes y, en consecuencia, se modifique el puntaje para el Cargo de Juez
Promiscuo Municipal, para que en su lugar se asigne un puntaje superior a 800
puntos, de conformidad a los aciertos obtenidos.
...Solicito que se ordene como MEDIDA PROVISIONAL la suspensión de las
demás etapas del CONCURSO CONVOCATORIA 27 hasta tanto se resuelva la
presente acción de tutela...”.3
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
El señor Cano Arboleda relató que por medio del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16
de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura adelantó el proceso de
selección y convocó al concurso de méritos para la provisión de los cargos de
funcionarios de la Rama Judicial.
Señaló que se inscribió para el empleo de juez promiscuo municipal y mediante la
Resolución CSR22-0351 de 1.º de septiembre de 2022, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura publicó
los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos realizada el 24 de julio
de ese mismo año, en la cual obtuvo un total de 793.17 puntos.
Narró que el 22 de septiembre de 2022 presentó recurso de reposición contra el
anterior acto, en el que manifestó sus objeciones contra las preguntas “25, 28,
32, 53, 62, 69, 100, 101, 102, 103, 126, 129 y 130”4, por cuanto algunas tenían
doble respuesta válida, otras presentaron inconsistencias y no eran de
3
Trascripción literal del original con posibles errores.
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Según la información visible en el numeral décimo de los hechos.
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competencia del cargo al que aspiró; cuya sustentación complementó en escrito
radicado el 15 de noviembre del mismo año.
Indicó que el 16 de enero de 2023 la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura expidió la Resolución CJR23-0042,
por medio de la cual confirmó la decisión controvertida y en consecuencia no
repuso la calificación obtenida.
1.4. Sustento de la petición
A juicio del actor, el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración
de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia vulneraron sus
derechos fundamentales invocados, toda vez que en la Resolución CJR23-0042
de 16 de enero de 2023 no fueron resueltos de fondo los reparos que expuso en
torno a las preguntas 25, 28, 32, 53, 62, 69, 100, 101, 102, 103, 126, 129 y 130,
del examen realizado dentro de la Convocatoria 27 de 2018.
Lo anterior, debido a que la parte accionada se limitó a justificar sus afirmaciones,
mas no a pronunciarse respecto a cada una de las objeciones que propuso en el
recurso de reposición, las cuales radicaron en que los ítems cuestionados tenían
múltiples opciones de respuesta y errores de redacción, así como que fueron
incluidos temas que no correspondían a las competencias del cargo de juez
promiscuo municipal.
1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones
Mediante auto de 14 de marzo de 2023 la magistrada que estuvo inicialmente a
cargo del proceso, admitió la solicitud de tutela, ordenó notificar esta decisión al
accionante y como demandados al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Carrera de Administración Judicial y a la Universidad Nacional de Colombia.
Además, negó la medida provisional solicitada por el actor y ofició a la Secretaría
General del Consejo de Estado y al Consejo Superior de la Judicatura, con el
propósito de que publicaran un aviso en sus páginas web sobre la existencia de
esta acción para conocimiento de eventuales interesados.
Remitidas las respectivas comunicaciones5, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Universidad Nacional de Colombia
Por medio de escrito presentado el 21 de marzo del año en curso el director del
Proyecto Contrato 096 de 2018 se opuso al amparo solicitado, con respaldo en
que si bien el actor propuso en la tutela cuestionamientos relacionados con las
preguntas 25, 28, 32, 53, 62, 69, 100, 101, 102, 103, 126, 129 y 130, lo cierto es
que los reparos de los ítems 100 y 102 no fueron allegados en debida
oportunidad mediante su recurso de reposición ni adición, por lo que no era
válido promoverlos en este instancia.
5
Mediante oficios enviados por correo electrónico el 16 de marzo de 2023 y aviso publicado en la
página web del Consejo Superior de la Judicatura el mismo día.
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Resaltó que en el Anexo 2 de la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023
se atendió de forma clara y completa lo solicitado por el actor, toda vez que allí se
expresó con detalle la justificación de cada respuesta a las preguntas objetadas,
se aclaró que no se encontraron ítems con múltiple opción y que no fue excluido
alguno por inconsistencias en la redacción, pertinencia, vigencia o cualquier error
que se hubiere advertido.
Consideró que las razones expuestas por el señor Cano Arboleda se tornan
débiles, por cuanto intentan poner en tela de juicio la estructura de unos ítems
por el solo hecho de no estar de acuerdo con planteamientos que, en su parecer,
contienen equivocaciones de redacción o varias opciones de respuestas.
Puso de presente que las preguntas del examen fueron creadas a partir de temas
de competencia de cada uno de los cargos, con el fin de evaluar el conocimiento
de aspectos básicos que hacen parte de la órbita de algunas áreas del derecho,
al igual que la capacidad para solucionar inconvenientes de diversa naturaleza y
dificultad, lo que fue previamente informado a los aspirantes pues la
estructuración de la prueba siguió los lineamientos del Consejo Superior de la
Judicatura.
Refirió que si el tutelante considera directa o indirectamente que la Resolución
CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 debe ser cuestionada por no haber sido
expedida dentro del marco de la legalidad, como participante del concurso de
méritos cuenta con otro mecanismo vía judicial, por lo que la tutela se torna
improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad.
Sostuvo que i) el actor no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable para
que proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio, ii) no existe algún
elemento probatorio que acredite la presunta vulneración de los derechos
invocados dentro del proceso de selección y iii) en el presente caso se configuró
la carencia actual de objeto por hecho superado.
1.5.2. Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura
La directora de la dependencia en cuestión rindió informe el 21 de marzo del
presente año, mediante el cual solicitó declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado pues dio respuesta clara, completa y de fondo al recurso de
reposición y a la adición interpuesta por el accionante.
En ese sentido, afirmó que en los puntos 18 y 35 de la Resolución CJR23-0042
de 16 de enero de 2023 y el Anexo 2 se atendieron los reproches que planteó el
tutelante, según la información proporcionada por la Universidad Nacional de
Colombia, en calidad de operador técnico de la prueba y en cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato de consultoría 096 de 2018.
Precisó en cuanto a las preguntas 100 y 102 que se identificaron en el escrito de
la tutela como objetadas por no corresponder al cargo evaluado, que no fueron
objeto de debate en la adición del recurso de reposición interpuesto por el actor,
así que no se realizó la marcación en dicho ítem en la fila correspondiente al
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aspirante dentro del Anexo 2 de la mencionada resolución, sin que la tutela sea el
escenario para efectuar nuevos cuestionamientos a los resultados obtenidos.
Comentó que la Universidad Nacional de Colombia, mediante Oficio
CI096/CONV27-008-23 de 3 de febrero del presente año, informó que “...las
justificaciones de las preguntas encontradas en el ANEXO 2 de la Resolución
CJR23-0042 sí tienen los elementos necesarios que dan cuenta de su pertinencia
conforme al cargo...”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 2.° del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 del Consejo de
Estado.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala verificar si el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad
de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia
vulneraron los derechos fundamentales del actor, al no resolver de fondo en la
Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 los reparos expuestos contra el
acto que publicó los resultados del examen realizado dentro de la Convocatoria
27 de 2018 de la Rama Judicial.
Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela y ii) análisis del caso concreto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los
jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de
los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6.º ibid., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.
2.4. Caso concreto
Según se tiene, la controversia planteada por el señor Cano Arboleda gira en
torno a la respuesta brindada en la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de
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2023 a los cuestionamientos que expuso contra la Resolución CSR22-0351 de
1.° de septiembre de 2022, por medio de la cual se publicaron los resultados de
la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos
para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
Entonces, consideró que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia no
analizaron a profundidad las objeciones que presentó a las preguntas 25, 28, 32,
53, 62, 69, 100, 101, 102, 103, 126, 129 y 130, por cuanto algunas tenían doble
respuesta válida, otras presentaron inconsistencias y no eran de competencia del
cargo al que aspiró.
Bajo este contexto, la sala advierte que si bien el actor aludió como vulnerados
los derechos fundamentales de acceso a la información, al debido proceso
administrativo, de defensa, a la “carrera administrativa” y al acceso a cargos
públicos mediante concurso de méritos, junto con el principio de confianza
legítima, en realidad el debate propuesto en la tutela está dirigido a obtener la
protección del derecho fundamental de petición.
Así las cosas, resulta importante precisar que dicha garantía constitucional se
traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de presentar solicitudes
respetuosas a las autoridades y a obtener de ellas una pronta respuesta, según
lo previsto en el artículo 23 de la Constitución.
Cabe resaltar, que la autoridad requerida no está obligada a acceder a las
pretensiones del peticionario, por lo que en el evento en que se deniegue la
solicitud, le corresponde, únicamente, dar a conocer las razones técnicas y
jurídicas que fundamentan aquella postura negativa. Así, este derecho que se
concreta en la formulación de una petición, se hace efectivo a través de la
respuesta otorgada, cuya materialización resulta independiente del carácter
favorable o desfavorable de la misma.
En tal sentido, para garantizar el respeto del núcleo esencial del derecho de
petición, la contestación debe: i) versar sobre lo preguntado, sin evasivas y
precisando lo que el peticionario desea saber; ii) ser clara a fin de que el
solicitante entienda el porqué de los argumentos de la autoridad aun cuando no
los comparta; iii) mantener coherencia con lo solicitado; iv) ser proferida dentro de
la oportunidad fijada por la ley para ello; y, finalmente v) notificarse de manera
eficaz para su debida materialización.
Ahora bien, al intervenir en la presente tutela la parte accionada coincidió en
señalar que sí se brindó respuesta de fondo a lo requerido por el actor, así como
que él no planteó en el recurso de reposición y su adición el reproche
concerniente a que en los ítems 100 y 102 fueron incluidos temas que no
correspondían a las competencias del cargo de juez promiscuo municipal, sin que
fuera válido promoverlos en esta instancia constitucional.
De la revisión del material probatorio obrante en el plenario se constató que, en
efecto, el señor Cano Arboleda no expuso algún argumento en contra de las
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preguntas 100 y 102 en el recurso de reposición y su adición, situación que
impide al juez de tutela realizar algún pronunciamiento al respecto.
En lo concerniente a los demás ítems se procederá a verificar la contestación
brindada en la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 y su anexo 2
“respuesta objeciones” a los cuestionamientos del accionante, los cuales se
agruparán teniendo en cuenta los motivos objeto de reproche, así:
Objeciones presentadas en la adición Contestación dada en la Resolución
del recurso de reposición6 CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 y en
el Anexo 2 “respuesta objeciones”
El actor consideró respecto de las siguientes En los numerales 17 y 18 de la resolución se
preguntas que: i) la forma en que estaban explicó:
redactadas admitía dos repuestas y ii) existían
inconsistencias: “17. Proceso de construcción de la prueba -
Controles de calidad - Diseño de la prueba -
PREGUNTA 25: “(i) presenta inconsistencias, Idoneidad y pertinencia de las temáticas e
al ser abierta, general, ambigua, confusa y sin ítems - Inexistencia de errores en el
respuesta válida o correcta. Finalmente, en ensamblaje y diagramación de la prueba.
caso de mantener por válida su respuesta, se
solicita a la universidad evaluadora que ... Durante el proceso de construcción de la
exponga los argumentos legales y lógicos que prueba, en cuanto al ensamblaje y diagramación,
la soportan.” la Universidad garantiza que aplicó estrictos
protocolos logísticos y de seguridad. En cuanto al
PREGUNTA 28: “Existe una duda razonable diseño, elaboración, ensamblaje, diagramación e
que tiene dos respuestas acertadas, las impresión de la prueba escrita la metodología y
cuales son A. y C... no se cumplen los criterios los procedimientos se ajustaron a los parámetros
de coherencia y relevancia... en esa medida, requeridos, razón por la cual no se evidenciaron
su contexto resulta ambiguo y capcioso.” errores de este tipo.
PREGUNTA 32: “(CON ERROR DE 18. Preguntas capciosas, ambiguas, confusas
REDACCIÓN) “Un (1) sujeto suprimió azúcar - Solicita excluir preguntas - Informar si fue
durante un mes y bajo cuatro (8) kg”. De esta excluido algún ítem – Recalificar.
manera, manifiesto que esta pregunta generó
confusión al existir un error de redacción.” ...luego de la revisión detallada de los ítems
incluidos, se concluye que cumplen con todos los
PREGUNTA 53: “tanto la opción “D” (valores) requisitos y estándares técnicos de construcción,
como la opción “C” (principios) responden al verificación, dificultad, metodología y
enunciado formulado por la institución confidencialidad requeridos para la elaboración de
evaluadora, conllevando así que una misma pruebas en esta clase de procesos de selección,
pregunta tenga dos opciones correctas de por lo que los mismos no son susceptibles de
respuesta...”. modificación, exclusión o invalidación, por no ser
ambiguos, confusos, capciosos o impertinentes.
PREGUNTA 69: “(i) presenta inconsistencias,
al ser abierta, general, ambigua, confusa y sin Se advierte que para el cargo de Juez Promiscuo
respuesta válida o correcta y (ii) no debió ser Municipal, NO hay preguntas con varias opciones
evaluada en el componente general.” de respuesta o también denominadas multiclave.”
Además, en cuanto a la pregunta 25 en el Anexo
2 se expusieron los motivos por los que la opción
C era la correcta y por qué las demás no
resolvieron de manera adecuada el enunciado.
Respecto de la pregunta 32 en el Anexo 2 se
hace referencia a la opción A como la válida, pues
“para bajar más de 5 kg en dos meses se debe
suprimir en la dieta diaria solo una de las cuatro
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Trascripción literal del original con posibles errores.
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condiciones”.
En el Anexo 2 se precisó que la pregunta 69 era
pertinente, teniendo en cuenta que los jueces
deben comprender y aplicar de forma correcta en
el proceso, la operancia del principio dispositivo
en materia de fijación del objeto litigioso, el cual
está exclusivamente en cabeza de las partes.
PREGUNTA 62: “...que no se tenga en cuenta Se indicó que esta pregunta era pertinente porque
ninguna de las opciones de respuesta, ya que al “revisar los ajustes de forma propuestos se
según se explicó la carga de la prueba no propone elaborar una pregunta que interrogue
consiste en ejercer derechos procesales, sobre la naturaleza del significado de la carga de
como lo sustenta la Universidad Nacional, ni la prueba de acuerdo con el CGP, de manera que
como un deber legal de colaboración y, mucho las opciones de respuesta sean más precisas, al
menos como una obligación sustancial de las tiempo que se puedan concretar y clarificar las
partes y/o el imperativo que le señala a las justificaciones de las opciones de respuesta.
partes la obligación de suministrar la prueba Conviene señalar que, mientras que en el
de los hechos, pues la carga de la responde a enunciado se toma como referente el CGP, en las
las preguntas ‘qué debe probarse y quién justificaciones de las opciones de respuesta se
soporta las consecuencias de la ausencia de cita la sentencia C-086 de 2016 de la Corte
prueba’, y se refiere a la carga de probar con Constitucional y la Doctrina.”
los supuestos de hecho consagrados en la
norma sustancial.” Además, se explica que la opción C es la
respuesta correcta “porque se consagra
legislativamente la carga de la prueba en el CGP
tomando en consideración que “[e]n efecto,
responde a fines constitucionalmente legítimos...”.
Respecto de las siguientes preguntas el actor En la resolución se indicó en el punto 17 que
consideró que no son de competencia del juez “...los ejes temáticos de la convocatoria 27 fueron
promiscuo municipal: ampliamente informados en el “Instructivo para la
Presentación de las Pruebas Escritas” y en la
PREGUNTA 101: “Referente a resolver un “Estructura de la prueba de conocimientos”,
recurso de apelación en segunda instancia, si publicados en el sitio web de la Rama Judicial.”
bien no existe debate frente a la clave de
respuesta asignada por la universidad, es En el anexo 2 se explicó por qué cada una de
preciso que dicha respuesta se impute como estas preguntas eran pertinentes para cualquier
correcta a todos los concursantes... tal asunto operador jurídico y en especial para los jueces y
no es competencia de los jueces promiscuos magistrados, así como los motivos por los que la
municipales.” opción dada por la Universidad Nacional de
Colombia era la correcta.
PREGUNTA 103: “Referente a una demanda
del titular de una patente contra un tercero En cuanto a la pregunta 101 se indicó que era
que hizo uso de esta sin contar con la oportuna debido a que los aspirantes a jueces en
correspondiente licencia... tal asunto no es la especialidad civil deben aplicar a casos
competencia de los jueces promiscuos concretos de resolución de compraventa las
municipales.” reglas sobre las facultades de quien resuelve el
recurso de apelación de una sentencia.
PREGUNTA 130: “...para los Jueces Penales
Municipales NO se asigna el conocimiento de En lo que atañe a la pregunta 103 se precisó que
procesos relacionados con Patentes regulado era pertinente ya que el funcionario judicial en la
al Artículo 307 del Código Penal, por tanto, práctica de la prueba de inspección judicial en los
tampoco es competencia de los Jueces procesos de restitución de inmueble arrendado,
Promiscuos Municipales.” debe tener especial cuidado porque además de
cumplir con los requisitos y fines previstos para la
práctica de esta prueba, en esta clase de proceso
tiene un tratamiento diferente al facultar la entrega
anticipada del inmueble antes de la sentencia.
Finalmente, se explicó que la pregunta 130 evalúa
que el aspirante conozca las reglas específicas
que aplican a la conciliación en el trámite del
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procedimiento penal abreviado y que pueda
aplicarlas a la solución de un caso concreto.
PREGUNTA 126: “...no se ajusta a la Se expusieron los argumentos por los que la
respuesta correcta señalada por la opción B era la respuesta correcta, dado que en
Universidad Nacional - clave B, sino a la clave los delitos dolosos sólo procede el comiso cuando
D... Solicitar al Juez de Control de Garantía el autor es propietario del vehículo, según lo
que imparta legalidad al procedimiento en que establecido por la Sala de Casación Penal de la
fue incautado el vehículo.” Corte Suprema de Justicia en providencia SP
11015-2016, radicación No. 47660.
A la vez, se señaló que la opción D no resuelve
de manera adecuada el enunciado y, por ende, es
una respuesta incorrecta porque no es necesario
acudir al juez de control de garantías para que
legalice la incautación de un bien que no será
sometido a comiso. Según lo proferido en
Sentencias C-591 de 2014 y SU-036 2018 por la
Corte Constitucional, quien fija la responsabilidad
en el fiscal para estos casos.
PREGUNTA 129: “...no tiene asidero la clave Se indicó que la opción C era la respuesta
escogida por la UNAL ya que si bien el literal correcta porque de acuerdo con el inciso segundo
F está consagrado como una de las causales del artículo 553 de la Ley 906 de 2004,
por las cuales se debe negar la conversión de modificada por la Ley 1826 de 2017, no procede
la acción penal, ello no opera de manera la conversión de la acción penal cuando esta
automática pues debe realizarse un análisis implica un riesgo para la seguridad de la víctima.
del enunciado de la pregunta para establecer Sin embargo, es necesario que exista acuerdo
si realmente existe un riesgo frente a la entre todas ellas sobre la conversión de la acción.
persona jurídica que figura como sujeto pasivo Además, se expusieron las razones por las que
de la conducta punible desplegada.” las demás opciones no eran acertadas.
Por otro lado, es oportuno traer a colación que la Universidad Nacional de
Colombia, con ocasión de las tutelas presentadas por varios aspirantes al cargo
de juez promiscuo municipal y en aras de atender los requerimientos efectuados
por la directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura7, en el Oficio CI096/CONV27-006-23 de 1.º de febrero
de 2023 explicó:
“...cada una de esas preguntas objetadas por el recurrente y ahora accionante,
están debidamente justificadas en el insumo entregado por la Universidad Nacional
de Colombia a la UACJ, que hace parte del ANEXO 2 de la resolución CJR23-
0042.
...Se trata entonces de asuntos que hacen parte de las áreas específicas del
conocimiento del cargo y que debe conocer cualquier aspirante que pretenda ser
Juez Promiscuo Municipal de nuestra república.”
En concordancia con lo anterior, la mencionada institución educativa se
pronunció en el Oficio CI096/CONV27-008-23 de 3 de febrero de 2023, bajo la
siguiente línea argumentativa:
“...Así las cosas, se tiene que las respuestas entregadas y dadas ya a conocer al
público, contienen los elementos necesarios para la defensa contundente de las
pruebas aplicadas, pues de su lectura se extraen las justificaciones de la
7
Mediante Oficios CJO23-332 de 31 de enero, CJO23-366 de 1.º de febrero y CJO23-383 de 2
de febrero de 2023.
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pertinencia para el cargo sobre aspectos fundamentales y transversales a las áreas
del conocimiento previamente indicadas.
Por consiguiente, nuestra respuesta indica de forma expresa que las justificaciones
de las preguntas encontradas en el ANEXO 2 de la Resolución CJR23-0042 sí
tienen los elementos necesarios que dan cuenta de su pertinencia conforme al
cargo, porque la prueba sigue los parámetros establecidos en el anexo técnico del
contrato 096, lo que hace innecesario desde el punto de vista técnico y
psicométrico revisar de nuevo las objeciones que alegan la impertinencia de las
preguntas para el cargo.
Además, los argumentos que expusimos con detalle en el oficio CI096/CONV27-
006-23 sirven también para dar respuesta a las acciones de tutela que se han
instaurado por la inconformidad de algunos aspirantes por la Resolución CJR23-
0042 ...”.
En este orden de ideas, la sala advierte que en la Resolución CJR23-0042 de 16
de enero de 2023 y el Anexo 2 denominado “respuesta objeciones”, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura se
pronunció en torno a los planteamientos presentados por el actor en contra de las
aludidas preguntas, con respaldo en la información proporcionada por la
Universidad Nacional de Colombia, como operador técnico de la prueba.
Nótese que en el Anexo 2 del mencionado acto se relacionaron cada una de las
preguntas que fueron objetadas por el recurrente y se señaló por qué era dable
realizarlas, así como la justificación de la clave asignada y la razón de las
opciones de respuestas no válidas.
Entonces, se concluyó i) que los ítems del examen no eran susceptibles de
modificación, exclusión o invalidación, toda vez que cumplieron con todos los
requisitos y estándares técnicos requeridos para su elaboración y ii) para el cargo
de juez promiscuo municipal “NO” se formularon preguntas con varias opciones
de respuesta.
A la vez, se justificó por qué sí existía una respuesta válida en la pregunta 62, la
cual estaba contenida en el literal “C”, al igual que los argumentos normativos y
jurisprudenciales por los que la opción válida en el interrogante 126 era la “B” y
en el 129 la “C”, mas no las que fueron marcadas por el participante.
En cuanto a la pertinencia de incluir las preguntas 101, 103 y 130 se explicó que
ello obedeció i) a que los jueces en la especialidad civil deben aplicar en los
casos de resolución de compraventa las reglas sobre las facultades de quien
resuelve el recurso de apelación, ii) la práctica de la prueba de inspección judicial
en los procesos de restitución de inmueble arrendado tiene un tratamiento
especial y iii) a la necesidad de evaluar las reglas aplicadas a la conciliación
dentro del procedimiento penal abreviado, respectivamente.
Igualmente, en el punto 178 de la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de
2023 se expuso que los ejes temáticos del examen fueron informados en el
“Instructivo para la Presentación de las Pruebas Escritas” y en la “Estructura de
8
Denominado “Proceso de construcción de la prueba - Controles de calidad - Diseño de la prueba
• Idoneidad y pertinencia de las temáticas e ítems - Inexistencia de errores en el ensamblaje y
diagramación de la prueba”.
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la prueba de conocimientos”, publicados en el sitio web de la Rama Judicial, así
como en el “Componente Específico” por cada uno de los cargos.
Además, se informó que fue empleada la “taxonomía bidimensional de Anderson
y Krathwohl (2006) que incorpora dominios de conocimiento y procesos
cognitivos” para la organización de los ejes temáticos evaluados en el concurso
de méritos, en las pruebas escritas de aptitudes y de conocimientos en sus dos
componentes.
Sobre este punto, la Universidad Nacional de Colombia aclaró que “...se trata
entonces de asuntos que hacen parte de las áreas específicas del conocimiento
del cargo y que debe conocer cualquier aspirante que pretenda ser juez
promiscuo municipal de nuestra república...”, en los oficios a los que se hizo
referencia líneas atrás.
De modo que en el caso analizado se denegará la solicitud de tutela en cuanto a
la presunta vulneración del derecho fundamental de petición del señor Cano
Arboleda, dado que la parte accionada le proporcionó una respuesta de fondo,
aunque no fuera en el sentido que esperaba.
Es de anotar que en criterio de la Corte Constitucional, el cual es acogido por
esta corporación, una contestación negativa en ningún caso significa la
vulneración de dicha garantía constitucional, dado que “existe una diferencia
entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido”9.
Para finalizar, se encuentra que el actor requirió dentro de las súplicas elevadas
en la acción constitucional de la referencia, lo siguiente: “DEJAR SIN EFECTOS
O MODIFICAR el acto administrativo RESOLUCIÓN CJR23-0042 16ENE2023 Y
SUS ANEXOS...”10. No obstante, la sala declarará improcedente la pretensión
elevada en ese sentido.11
Lo anterior, en atención a que el accionante cuenta con el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que estableció el legislador en el artículo
138 de la Ley 1437 de 2011 para controvertir el aludido acto administrativo en
caso de que invoque algún vicio de legalidad en su contra, el cual es el
mecanismo judicial idóneo y eficaz para tal propósito.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
9
Sentencia C-007 de 2017. En esta provincia se indicó: “Ahora bien, este Tribunal ha aclarado
que la resolución de la solicitud no implica otorgar lo pedido por el interesado, en tanto, existe
una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido. En efecto,
la sentencia C-510 de 2004 indicó que “el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y
la respuesta... Así, el ámbito de protección constitucional de la petición se circunscribe al
derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma, en ningún caso implica
otorgar la materia de la solicitud como tal.”
10
Trascripción literal del original con posibles errores.
11
Bajo esta misma línea argumentativa, se pronunció la sala en las providencias de 23 de marzo
de 2023, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, proferidas dentro de los procesos con radicados 11001-
03-15-000-2023-00827-00 y 11001-03-15-000-2023-01105-00.
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FALLA
PRIMERO: Deniégase la acción de tutela presentada por el señor Edwin
Gonzalo Cano Arboleda en cuanto a la vulneración del derecho fundamental de
petición, por los motivos descritos anteriormente.
SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela en lo concerniente a la
pretensión dirigida a que se deje sin efectos o modifique la Resolución CJR23-
0042 de 16 de enero de 2023, por las razones anotadas previamente.
TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Salva voto parcialmente
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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