Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00827-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00827-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00827-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
23 de marzo de 2023
Demandante: Juan Fernando Gómez Zapata
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-00827-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00827-00
Demandante: JUAN FERNANDO GÓMEZ ZAPATA
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO
Tema: Tutela de fondo – derecho fundamental de petición y debido
proceso – declara improcedente y niega.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve en primera instancia, la acción de tutela ejercida por el señor Juan
Fernando Gómez Zapata contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. El extremo accionante, actuando en nombre propio, interpuso acción de
tutela contra las autoridades referenciadas en procura de la salvaguarda de sus
derechos fundamentales de petición, al debido proceso y a la carrera
administrativa1.
2. En criterio de la parte actora, tales garantías constitucionales resultaron
quebrantadas con ocasión de la falta de respuesta de fondo frente a los
cuestionamientos que presentó en relación con la Resolución CJR22-0351 del 1.º
de septiembre de 2022, por medio del cual se publicaron los resultados de la prueba
de aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la
provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial – Convocatoria 27 de
2018.
1
El escrito fue radicado el 16 de febrero de 2023 en la ventanilla virtual de recepción de tutelas
dispuesto por la Rama Judicial.
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Juan Fernando Gómez Zapata
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
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1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, el actor solicitó:
Solicito respetuosamente al juez de tutela, amparar mis derechos fundamentales de
petición, acceso a la información, debido proceso administrativo, derecho de
defensa, confianza legítima, carrera administrativa y acceso a cargos públicos
mediante concurso de méritos; además de aquellos que en su consideración también
se haya vulnerado y, en consecuencia, se ordene a las accionadas dentro del término
de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del fallo siguiente:
PRIMERO: Dar respuesta de fondo, clara y congruente al recurso de reposición
radicado y ampliado por el suscrito, los cuales plantean objeciones a las preguntas
23, 25, 28, 32, 53, 65, 66, 70, 82, 100, 101, 102, 103, 126 y 129. Respuesta que se
solicita comedidamente sea verificada por el juez constitucional, en tanto las mismas
se emit[an] con fundamento en la norma y la jurisprudencia actual; como
consecuencia tener como válidas las opciones de respuestas seleccionadas por la
suscrita en el examen, así mismo excluir o tener por invalidas aquellas preguntas
que no son de competencia del Juez Promiscuo Municipal.
TERCERO (sic): DEJAR SIN EFECTOS O MODIFICAR el acto administrativo
RESOLUCIÓN CJR23-0042 16ENE2023 Y SUS ANEXOS QUE RESUELVE EL
RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO EN CONTRA LA RESOLUCIÓN
CJR22-0351 Y SU ANEXO, por medio del cual se negó el recurso de reposición
presentado y se ORDENE expedir otro conforme a derecho y las pretensiones
precedentes y, en consecuencia, se modifique el puntaje para el cargo de juez
promiscuo municipal, para que en su lugar, se asigne un puntaje superior a 800
puntos, de conformidad a los aciertos obtenidos.
(Sic a toda la cita)”.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la presente sentencia2:
4. El 24 de julio de 2022 el accionante presentó la prueba de aptitudes y
conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la conformación del
Registro Nacional de Elegibles en relación con los cargos de funcionarios de la
Rama Judicial, convocado mediante el Acuerdo PCSJA18- 11077 de 2018.
Específicamente, para el cargo de juez promiscuo municipal.
5. El 1.° de septiembre de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad
de Administración de Carrera Judicial expidió la Resolución CJR22-0351 mediante
la cual publicó los resultados de la prueba en mención, los cuales resultaron
desfavorables para el señor Gómez Zapata, pues obtuvo un puntaje de 792.61
puntos.
2
Este apartado se desarrolla a partir de lo expuesto en el escrito de tutela y los elementos de
convicción que obran en el expediente digital.
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6. Contra el acto administrativo en mención, el actor interpuso recurso de
reposición el 21 de septiembre de 2022, que adicionó el 15 de noviembre del mismo
año. Ello, con el propósito de que se le otorgara una puntuación mayor a la
inicialmente obtenida, pues desde su punto de vista, se cometieron errores
evidentes al momento de validar las respuestas de las preguntas que conllevaron a
que la calificación por él obtenida no superara los 800 puntos.
7. En criterio del accionante, las preguntas elaboradas por la Universidad
Nacional presentaban falencias en su estructura, tales como, doble respuesta válida
que coincide con la marcada por aquel; otras presentan inconsistencias o no son de
competencia del cargo al que aspiró. De esta manera, solicitó que fueran tenidas
como inválidas y que se procediera a aumentar el puntaje otorgado3.
8. El 16 de enero de 2023, mediante Resolución CJR23-0042, el Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial resolvió los
recursos de reposición interpuestos contra la Resolución CJR22-0351 del 1.º de
septiembre de 2022 correspondientes a la provisión del cargo de Juez Promiscuo
Municipal de la Rama Judicial, entre los que se encontraba el del señor Gómez
Zapata. En esta decisión se confirmó lo contenido en el acto cuestionado y, por
ende, se mantuvieron los puntajes obtenidos por el recurrente.
1.4. Fundamentos de la solicitud
9. El señor Juan Fernando Gómez advierte que el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional
de Colombia vulneraron sus derechos fundamentales, con ocasión a la falta de
respuesta de fondo en el Acto Administrativo del 16 de enero de 2023, frente a los
cuestionamientos que presentó en relación con la Resolución CJR22-0351 del 1.º
de septiembre de 2022, por medio del cual se publicaron los resultados de las
pruebas de aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para
la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
10. Lo anterior, porque, pese a que se expidió la Resolución CJR23-0042 del 16
de enero de 2023, por medio del cual se resolvieron los recursos de reposición
contra el acto administrativo que dio lugar a los resultados de las pruebas, su
solicitud no fue resuelta de fondo, clara y congruente de cara a las objeciones que
presentó frente a las preguntas 23, 25, 28, 32, 53, 65, 66, 70, 82, 100, 101, 102,
103, 126 y 1294, pues respecto de aquellas la accionada en el acto en mención, se
limitó a enunciar justificaciones sin un mayor análisis jurídico.
3
Presentó objeciones a las preguntas 1, 3, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 28, 32, 34, 55, 61, 62,
63, 66, 70, 71, 80, 82, 84, 90, 98, 99 y 120.
4
En concreto, el accionante mencionó que presentó las siguientes objeciones: i) algunas preguntas
tienen doble respuesta válida que coincide con la marcada por el accionante; y ii) otras presentan
inconsistencias o no son de competencia del cargo al que aspiraba. Por esto, solicitó que aquellas
preguntas fueran tenidas como invalidas y se procediera a aumentar el puntaje otorgado.
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11. Por otro lado, el peticionario requirió que se ordenara como medida
provisional la suspensión de las demás etapas de la convocatoria 27 hasta tanto se
resolviera la presente solicitud de amparo.
12. Finalmente, el accionante en escrito separado solicitó la acumulación de esta
tutela con las demás acciones constitucionales que, con idéntico objeto, se han
incoado contra las entidades en referencia.
1.5. Trámite de la acción de tutela
13. Mediante auto del 20 de febrero de 2023, el magistrado ponente de esta
providencia admitió la tutela de la referencia y ordenó notificar a la parte accionante,
así como al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial y a la Universidad Nacional de Colombia, como entidades
accionadas.
14. Asimismo, con el fin de que todos los sujetos a quienes les asiste interés en
el proceso se enteraran del mismo, se le ordenó a la Universidad Nacional de
Colombia que informara, a quienes participaron en el concurso de méritos para la
provisión de los cargos de los funcionarios de la Rama Judicial sobre la existencia
de esta acción de tutela, para que si lo consideraran pertinente intervinieran o
aportaran las pruebas o los documentos que pretendieran hacer valer.
15. Finalmente, en la providencia de la referencia, se negó la solicitud de medida
provisional de la referencia.
1.6. Intervenciones
16. Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron los siguientes
informes:
1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera
Judicial
17. Por intermedio de la directora de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial, se opuso al amparo invocado por el señor Juan Fernando Gómez Zapata.
18. Concretamente, afirmó que las objeciones contenidas en el recurso de
reposición respecto de las preguntas 23, 28, 32, 53, 66, 70 y 82 fueron atendidas
de manera clara, completa y de fondo en la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero
de 2023. Específicamente en los puntos 13, 17, 18 y 35 del acto administrativo en
cita.
19. Por otro lado, indicó que ni en el escrito del recurso interpuesto por el
tutelante ni en la adición al mismo se hizo referencia a las preguntas 25, 65, 100,
101, 102, 103, 126 y 129. Por esto, no se dio respuesta aquellos ítems en la
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Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023. Así, consideró que la acción de
tutela no era el mecanismo adecuado para efectuar nuevos cuestionamientos contra
la Resolución CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022.
20. En consideración a lo expuesto, y atendiendo al hecho de que con las
distintas actuaciones adelantadas tanto por la Unidad de Administración de Carrera
Judicial, así como por la Universidad Nacional, mediante los cuales se resolvieron
los requerimientos del accionante, había lugar a declarar la carencia actual de objeto
por hecho superado en el presente trámite.
1.6.2. Universidad Nacional de Colombia
21. Solicitó que se declarara la carencia actual de objeto por hecho superado por
cuanto lo pretendido por el accionante fue resuelto a través de la Resolución CJR23-
0046 de 16 de enero de 2023.
22. En ese sentido, mencionó que en el acto administrativo en cita y sus
respectivos anexos se resolvieron las solicitudes y reparos del accionante
expresando la justificación técnica en los diferentes ítems de la prueba en sus 2
componentes, su vigencia y su pertinencia de cara a los planteamientos expuestos
por el actor con relación al cargo aplicado y la justificación técnico-jurídica de cada
opción de respuesta establecida como correcta o incorrecta para efectos del cálculo
del puntaje obtenido.
23. Concretamente, indicó que en el anexo 2 del precitado acto administrativo se
expresó con detalle la justificación de cada opción de respuesta frente a todas las
preguntas objetadas por el tutelante. Esto con miras a destacar las consideradas
como correctas para el cómputo del puntaje de cada aspirante; opciones de
respuesta y justificaciones que atendieron a estándares técnicos internacionalmente
aceptados como los parámetros para pruebas educativas y psicológicas.
24. Finalmente, señaló que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
reprochar eventuales irregularidades por parte de la administración, puesto que el
aspirante debe acudir a los medios jurídicos propios dispuestos para dicho fin al
interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y no se advierte un
perjuicio irremediable para el accionante que lo habilite a desplazar los mecanismos
ordinarios.
25. Por último, consideró que no se dio cumplimiento al requisito general de
inmediatez. Esto, por el siguiente motivo:
Las principales inconformidades del accionante giran en torno al contenido de la
prueba; examen que fue aplicado el 24 de julio de 2022. Adicional a lo anterior, es
necesario repasar que el accionante elevó Recurso de Reposición contra la
Resolución que publicó el puntaje obtenido por él en la prueba de aptitudes
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conocimientos el 20 de septiembre, que asistió a la jornada de exhibición del
material programada el 30 de octubre de 2022 y que el recurso fue resuelto el 16
de enero de 2023. No obstante, lo anterior, recién a finales del mes de Febrero del
año en curso el accionante interpone acción de tutela habiendo transcurrido más
de siete (7) meses desde la práctica del examen, más de tres (3) meses desde la
jornada de exhibición del material y más de un mes desde que le fue resuelto el
Recurso de Reposición contra los resultados obtenidos en la prueba.
1.6.3. Dan Matías González
26. El señor Dan Matías González, en su condición de participante de la
Convocatoria 27, presentó escrito en el que manifestó que coadyuvaba la presente
acción de tutela y en consecuencia solicitó que se ordenara reponer la Resolución
No. CJR22-0351 del 1.º de febrero de 2022 en aras de que se descarte un “error
aritmético en la cuantificación del puntaje final de la prueba de conocimientos” y se
recalifiquen a su favor las preguntas 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 23, 24, 27, 28, 30, 31,
33, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 50, 53, 59, 62, 66, 70, 79, 89, 90, 103 y 110 dado que
presentaban errores en su estructura.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
27. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela
presentada por el señor Juan Fernando Gómez Zapata. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. La solicitud de acumulación presentada por el accionante
28. El accionante solicitó la acumulación de esta tutela con las demás acciones
constitucionales que, con idéntico objeto, se han incoado contra las entidades en
referencia.
29. Sin embargo, la Sala negará la petición del accionante. Esto, por cuanto
atendiendo a los principios de eficiencia, celeridad y economía, se considera
pertinente estudiar la presente acción de tutela, sin atender a un trámite adicional
previo.
30. De esta manera, nada obsta para que el juez de tutela en esta oportunidad
se pronuncie sobre las pretensiones de la solicitud de amparo. Esto, como ya se
dijo atendiendo a los principios de eficiencia de celeridad y economía que rigen el
presente mecanismo constitucional.
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2.2.2. Solicitud de coadyuvancia
31. El señor Dan Matías González, en su condición de participante de la
convocatoria 27, presentó escrito en el que manifestó que coadyuvaba la presente
acción de tutela; y solicitó que se ordenara reponer la Resolución No. CJR22-0351
del 1.º de septiembre de 2022 en aras de que se descarte un “error aritmético en la
cuantificación del puntaje final de la prueba de conocimientos” y se recalifiquen a su
favor las preguntas 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 38, 40, 43, 45,
46, 47, 50, 53, 59, 62, 66, 70, 79, 89, 90, 103 y 110 ya que presentaban errores en
su estructura.
32. Al respecto, la Sala se permite traer a colación la figura de la coadyuvancia
en la acción de tutela. Sobre esto, la Corte Constitucional en sentencia T-1062 de
2010, expuso:
Coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero
con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones
y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que
éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran
de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante
una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la
coadyuvancia.
33. En el caso concreto, lo solicitado por el señor Dan Matías González se
encamina a obtener la reposición del Acto Administrativo del 1.º de septiembre de
2022 y la recalificación a su favor de algunas preguntas. De esta manera, difiere de
lo pretendido por el accionante, y no se evidencia una identidad de objeto entre la
solicitud de amparo y lo mencionado en el escrito de solicitud de coadyuvancia.
34. Así, por ejemplo, el señor González pretende la recalificación de unas
preguntas, con el fin de lograr un puntaje mayor al inicialmente obtenido; mientras
que el accionante reclama que se le de respuesta a las objeciones de unas
preguntas en particular relacionadas en el recurso de reposición contra la
Resolución No. CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022.
35. Por lo anterior, la Sala negará la solicitud de coadyuvancia presentada por
el señor Dan Matías González. Esto, en el entendido que su pretensión va
encaminada a ser parte del presente trámite constitucional, en contravía a lo
señalado por la entidad actora.
2.3. Legitimación en la causa
36. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
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37. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
tutelante es el titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración
a que fue quien presentó el recurso de reposición y su adición contra la Resolución
CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022 y respecto del cual considera que no le
han dado una respuesta de fondo, clara y precisa respecto de las objeciones allí
realizadas contra unas determinadas preguntas.
38. Por otro lado, se observa que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad
de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia se
encuentran legitimadas en la causa por pasiva en atención a que de ellas se predica
la falta de respuesta a la petición realizada por el señor Juan Fernando Gómez
Zapata.
2.4. Previo a señalar el problema jurídico, la Sala en uso de las facultades
interpretativas considera pertinente aclarar que el cuestionamiento del actor está
encaminado a discutir que se violó el núcleo esencial del derecho de petición, al no
resolverse de forma clara y de fondo las objeciones presentadas en el recurso de
reposición contra las preguntas 23, 25, 28, 32, 53, 65, 66, 70, 82, 100, 101, 102,
103, 126 y 1295, pues respecto de aquellas la accionada en la Resolución No.
CJR23-0042 del 16 de enero de 2023, se limitó a enunciar justificaciones sin un
mayor análisis jurídico.
2.5. Problema jurídico
39. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados, el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:
• El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia vulneraron el
derecho fundamental de petición del señor Juan Fernando Gómez
Zapata al no resolver de fondo en la Resolución No. CJR23-0042 del
16 de enero de 2023, cada uno de los cuestionamientos que presentó
contra el Acto Administrativo del 1.º de septiembre de 2022?
40. Con el fin de resolver tal interrogante, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la naturaleza de la acción de tutela; ii) el contenido y alcance
del derecho de petición; para posteriormente iii) resolver sobre la procedibilidad de
esta acción de tutela; y iv) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
5
En concreto, el accionante mencionó que presentó las siguientes objeciones: i) algunas preguntas
tienen doble respuesta válida que coincide con la marcada por el accionante; y ii) otras presentan
inconsistencias o no son de competencia del cargo al que aspiraba. Por esto, solicitó que aquellas
preguntas fueran tenidas como invalidas y se procediera a aumentar el puntaje otorgado.
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asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias de
procedibilidad.
2.6. Naturaleza de la acción de tutela
41. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
42. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.
2.7. Del derecho de petición
43. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
“presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución”6. El mismo artículo superior precisa que
el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.
44. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: “El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido”7.
45. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación
de la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en
el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala quince (15) días para resolver la
misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y
ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.
46. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de petición
6
Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
7
Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante
o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada
al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que
desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación
de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente,
no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los
intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración
plena de la respuesta dada”8.
47. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante”9.
48. Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando
consista en indicar que se remitió la petición a la autoridad competente. En palabras
de la Corte Constitucional:
(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones
dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión
a la entidad encargada10.
49. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición
la Corte Constitucional ha explicado que:
i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la
democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan otros
derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a
la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la
posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la
respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico;
c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la
materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera
completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la
respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo11.
50. Así pues, la respuesta debe cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
8
Sentencia T-149 de 2013.
9
Ibidem.
10
Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
11
Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.
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51. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y agota
en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento
o no del derecho subjetivo.
2.8. Análisis de la procedibilidad de la acción de tutela
52. El punto de discusión de la presente acción constitucional gira en torno a la
supuesta vulneración del derecho de petición del actor con ocasión de la falta de
respuesta de fondo, clara y congruente de cara a las objeciones que presentó frente
a las preguntas 23, 25, 28, 32, 53, 65, 66, 70, 82, 100, 101, 102, 103, 126 y 12912
en el recurso de reposición que promovió contra la Resolución CJR22-0351 del 1.º
de septiembre de 2022.
53. La Sala comienza por señalar que el análisis de procedibilidad lo hará en
primer lugar respecto de las preguntas 25, 65, 100, 101, 102, 103, 126 y 129; y
posterior a ello, hará alusión a las preguntas 23, 28, 32, 53, 66, 70 y 82.
2.8.1. Procedibilidad de la acción de tutela respecto de las preguntas 25, 65,
100, 101, 102, 103, 126 y 129
54. El accionante cuestiona que en la Resolución CJR23- 0042 del 16 de enero
de 2023, la Unidad de Administración de Carrera Judicial no dio respuesta de fondo
a las objeciones presentadas en relación con las preguntas 25, 65, 100, 101, 102,
103, 126 y 129 en el recurso de reposición que presentó contra el Acto
Administrativo del 1º de septiembre de 2022.
55. Al respecto, revisado el material probatorio que obra en el plenario, en
especial, el recurso de reposición y su adición, la Sala evidencia que el accionante
no presentó cuestionamiento alguno respecto de aquellas preguntas. Por este
motivo, se observa que en la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 no
se hizo alusión alguna a estas preguntas.
56. De esta manera, la Sala considera respecto de los cuestionamientos que
presenta el accionante en la solicitud de amparo relacionados con las preguntas 25,
65, 100, 101, 102, 103, 126 y 129 que no es procedente la acción de tutela. Esto,
porque pese a que el peticionario contaba con la oportunidad para presentar
aquellos cuestionamientos en el recurso de reposición junto con las demás
objeciones no hizo uso de aquel.
12
En concreto, el accionante mencionó que presentó las siguientes objeciones: i) algunas preguntas
tienen doble respuesta válida que coincide con la marcada por el accionante; y ii) otras presentan
inconsistencias o no son de competencia del cargo al que aspiraba. Por esto, solicitó que aquellas
preguntas fueran tenidas como invalidas y se procediera a aumentar el puntaje otorgado.
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57. En ese orden de ideas, esta Sección coincide con la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, cuando advierte que la acción de tutela no es el
escenario para efectuar nuevos cuestionamientos a los resultados obtenidos en la
prueba del 24 de julio de 2022. Ello debió ponerse de presente en el recurso de
reposición que presentó contra el Acto Administrativo aludido, para que la entidad
demandada tuviera la posibilidad de pronunciarse sobre las objeciones a las
preguntas aludidas
58. Así las cosas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela respecto de
las preguntas 25, 65, 100, 101, 102, 103, 126 y 129 por los motivos aquí expuestos.
2.8.2. Procedibilidad de la acción de tutela respecto de las preguntas 23, 28,
32, 53, 66, 70 y 82
59. El otro punto de discusión en el presente mecanismo constitucional gira en
torno a la supuesta vulneración del derecho de petición con ocasión de la falta de
respuesta de fondo que realizó la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura al resolver los cuestionamientos que hizo sobre
las preguntas 23, 28, 32, 53, 66, 70 y 82 en el recurso de reposición que promovió
contra la Resolución CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022.
60. La Sala comienza por destacar en cuanto al cumplimiento del requisito de
subsidiariedad que la entidad accionada expidió la Resolución CJR23-0042 del 16
de enero de 2023 para resolver el recurso de reposición promovido por el
accionante. Sin embargo, en esta ocasión el cuestionamiento del actor está
encaminado a discutir que se violó el núcleo esencial del derecho de petición al no
resolver de forma clara y de fondo su recurso de reposición.
61. En ese orden de ideas, la Sala considera que encuentra acreditados los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela respecto de las preguntas 23, 28,
32, 53, 66, 70 y 82. Además, se encuentra que la solicitud de amparo fue promovida
dentro de un término razonable.
62. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sección analizará si se transgredió o no
el núcleo esencial del derecho fundamental de petición, con ocasión de una
supuesta falta de respuesta de fondo a los cuestionamientos planteados respecto
de las preguntas 23, 28, 32, 53, 66, 70 y 82 planteados en el recurso de reposición
promovido por el actor en contra de la Resolución en mención.
2.9. Análisis de la posible vulneración del derecho fundamental de petición
en relación con las preguntas 23, 28, 32, 53, 66, 70 y 82
63. Al efecto, la Sala encuentra acreditado que el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial expidió la Resolución
CJR23-0042 del 12 de enero de 2023, mediante la cual se resolvieron los recursos
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de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351 del 1.º de septiembre
de 2022, entre ellos, el del señor Juan Fernando Gómez Zapata.
64. En razón de lo anterior, el accionante advierte que el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional
de Colombia vulneraron su derecho de petición, porque pese a que se expidió la
Resolución que resolvió el recurso de reposición que presentó contra la Resolución
CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022, su solicitud no fue resuelta de cara a
los cuestionamientos que presentó frente a las preguntas 23, 28, 32, 53, 66, 70 y
82.
65. Así las cosas, la Sala constatará si las entidades demandadas omitieron dar
respuesta a la petición realizada por el señor Juan Fernando Gómez Zapata. Para
efectos prácticos, se procederá a analizar cada una de las preguntas de cara a la
respuesta dada en la Resolución del 16 de enero de 2023 y sus anexos13, en el
siguiente gráfico:
Pregunta Objeción Respuesta
Se advierte que para el cargo de
Juez Promiscuo Municipal no hay
preguntas con varias opciones de
La forma en que está redactada la respuesta14.
23 pregunta admite 2 repuestas o
claves válidas. Señala los motivos por los que la
opción D es correcta; y porque las
demás no resuelven de manera
adecuada el enunciado15.
Se advierte que para el cargo de
Juez Promiscuo Municipal no hay
preguntas con varias opciones de
La respuesta clave de la Universidad respuesta16.
28 no esta acorde con el enunciado de
la pregunta. Señala los motivos por los que la
opción A es correcta; y porque las
demás no resuelven de manera
adecuada el enunciado17.
En la formulación de la pregunta, la En cuanto al diseño, elaboración,
universidad registró un valor en letras ensamblaje, diagramación de la
32 y otro en números para la misma prueba escrita se ajustaron a los
condición, lo cual conllevaba a requerimientos requeridos18.
inducir a error al concursante.
13
En concreto, el anexo 2 – “respuesta a objeciones” de la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero
de 2023-
14
Ver punto 18 de la Resolución Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 cargado a SAMAI.
15
Ver página 12 del anexo 2 de la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 cargado a
SAMAI.
16
Ver punto 18 de la Resolución Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 cargado a SAMAI.
17
Ver página 15 del anexo 2 de la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 cargado a
SAMAI.
18
Ver punto 17 de la Resolución Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 cargado a SAMAI.
También ver página 18 del anexo 2 de la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 cargado
a SAMAI.
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Pregunta Objeción Respuesta
Se señala la pertinencia de la
pregunta para cualquier operador
jurídico y en especial para los
jueces y magistrados.
Además, menciona los motivos por
La forma en que esta redactada la
los que la opción D es correcta; y
53 pregunta admite 2 repuestas o claves
porque las demás no resuelven de
válidas.
manera adecuada el enunciado19.
También se advierte que para el
cargo de Juez Promiscuo
Municipal no hay preguntas con
varias opciones de respuesta20.
Se advierte que las metodologías y
procedimientos para la
construcción de los ítems contaron
con la verificación posterior y
objetiva de expertos previamente
seleccionados y capacitados en la
construcción de preguntas para
procesos de selección.
La pregunta es ambigua y tiene En ese sentido, se concluye que
66
varias opciones de respuesta. cumple con los requisitos y
estándares técnicos de
construcción, verificación,
dificultad requeridos para la
elaboración de la prueba21.
Menciona los motivos por los que
la opción D es correcta; y porque
las demás no resuelven de manera
adecuada el enunciado22.
La universidad tomó como cierta la Menciona los motivos por los que
opción A de respuesta cuando la la opción A es correcta; y porque
correcta era la D. las demás no resuelven de manera
adecuada el enunciado23.
70
Se advierte que para el cargo de
Juez Promiscuo Municipal no hay
preguntas con varias opciones de
respuesta24.
Se advierte que para el cargo de
82 Dos opciones de respuesta.
Juez Promiscuo Municipal no hay
19
Ver página 29 del anexo 2 de la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 cargado a
SAMAI.
20
Ver punto 18 de la Resolución Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 cargado a SAMAI.
21
Ver punto 18 de la Resolución Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 cargado a SAMAI.
22
Ver página 37 del anexo 2 de la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 cargado a
SAMAI.
23
Ver página 42 del anexo 2 de la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 cargado a
SAMAI.
24
Ver punto 18 de la Resolución Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 cargado a SAMAI.
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Pregunta Objeción Respuesta
preguntas con varias opciones de
respuesta25.
Se menciona los motivos por los
que la opción C es correcta; y
porque las demás no resuelven de
manera adecuada el enunciado26.
66. En ese orden de ideas, la Sala considera que las respuestas consignadas
por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial en la Resolución CJR23-0042 del 12 de enero de 2023, como lo señalado
en el anexo 2 “respuesta a objeciones” cumplen con los criterios para satisfacer el
derecho de petición.
67. Así, desde esta perspectiva esta Sección considera que los argumentos que
fundamentan la presente acción de amparo carece de vocación de prosperidad
porque, en efecto, las entidades si dieron una respuesta de fondo y concreta al
accionante, a través del anexo 2 mediante el cual se relacionan “una a una las
preguntas que fueron objetadas por los recurrentes para el cargo de juez promiscuo
municipal, indicando su pertinencia, la justificación de la clave asignada, así como
la razón de las opciones de respuestas no válidas, las cuales son el producto de la
estructura y elaboración de las preguntas”.
68. En este punto, es importante señalar que la Sala no desconoce que el hoy
actor planteó en su recurso de reposición los motivos por los que consideraba que
había dos respuestas a una misma pregunta. Esto, porque lo cierto es que la
respuesta suministrada a su escrito de reposición contiene una explicación de la
entidad accionada que, aunque es, breve, ciertamente expone los motivos por los
que no era válida la opción marcada por el accionante27.
69. Por último, es pertinente resaltar que la Resolución CJR23-0042 del 16 de
enero de 2023 y sus anexos fueron publicados y notificados a través de la página
web de la Rama Judicial.28
70. En consecuencia, respecto a las preguntas 23, 28, 32, 53, 66, 70 y 82, la Sala
negará las pretensiones de la presente acción de amparo, por no encontrarse
vulnerado el derecho de petición. Esto, porque sobre esas preguntas el actor obtuvo
25
Ver punto 18 de la Resolución Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 cargado a SAMAI.
26
Ver página 52 del anexo 2 de la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 cargado a
SAMAI.
27
En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera. Sentencia del 23 de febrero de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-00316-00.
28
Ver: https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-
pruebadeconocimientosyaptitudes
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una respuesta clara y de fondo de las entidades accionadas, diferente es que este
no haya sido acorde a sus intereses.
71. Finalmente, la Sala declarará improcedente la acción de tutela respecto a la
pretensión aludida por el accionante relacionada con que se deje sin efectos la
Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023. Esto, porque el peticionario
cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
controvertir aquel acto administrativo en caso de que alegue un vicio de legalidad
en su contra.
2.10. Conclusiones
72. La Sala procederá a: i) negar la solicitud de acumulación presentada por el
accionante, así como la petición de coadyuvancia de Dan Matías González por los
motivos aquí expuestos; ii) declarar improcedente la acción de tutela respecto de
las preguntas 25, 65, 100, 101, 102, 103, 126 y 129 por no superar el requisito de
la subsidiaridad, iii) negar las pretensiones de la solicitud de amparo en relación
con las preguntas 23, 28, 32, 53, 66, 70 y 82; y iv) declarar improcedente la acción
de tutela respecto a la pretensión aludida por el accionante relacionada con que se
deje sin efectos la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de acumulación presentada por el señor Juan
Fernando Gómez Zapata, de conformidad con los motivos expuestos en esta
providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor Dan
Matías González, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto de las
preguntas 25, 65, 100, 101, 102, 103, 126 y 129, por los motivos aquí expuestos.
CUARTO: NEGAR las pretensiones de la solicitud de amparo en relación con las
preguntas 23, 28, 32, 53, 66, 70 y 82, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto a la
pretensión aludida por el accionante relacionada con que se deje sin efectos la
Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023.
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SEXTO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
Ley 2591 de 1991.
SEPTIMO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Salvamento de voto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
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