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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00415-01

Fecha
18 de mayo de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00415-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revócase parcialmente la sentencia de 3 de marzo de 2023, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, declaró improcedente la acción de tutela para, en su lugar, denegarla por los motivos descritos anteriormente. SEGUNDO: Confírmase, en lo demás, la sentencia impugnada, por las razones anotadas en precedencia. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00415-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

18 de mayo de 2023

Demandante: Carlos Alberto Díaz López
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura -
Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00415-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00415-01
Demandante: CARLOS ALBERTO DÍAZ LÓPEZ
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y OTRO

Tema: Tutela de fondo. Convocatoria 27 de 2018 de la Rama Judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Con ocasión de la ponencia que resultó improbada en la sala de 27 de abril de
20231, se decide la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 3
de marzo de 2023, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Carlos Alberto Díaz López, en nombre propio, presentó acción de tutela2
contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a cargos públicos por
concurso de méritos, junto con el principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades.

Lo anterior, por cuanto en la Resolución CJR23-0047 de 16 de enero de 2023 no
se resolvió de fondo las objeciones que expuso en el recurso de reposición que
interpuso contra la Resolución CSR22-0351 de 1.° de septiembre de 2022,
mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

1
Mediante auto de 3 de mayo de 2023, la magistrada Rocío Araújo Oñate dispuso la remisión del
expediente al despacho del magistrado ponente de esta decisión, dado que el proyecto que
presentó en la sala de 27 de abril del presente año no obtuvo la mayoría necesaria para su
aprobación.
2
Mediante escrito radicado el 30 de enero de 2023 en el Sistema de Recepción de Tutelas y
Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, remitido el mismo día al correo electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado.

1
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Demandante: Carlos Alberto Díaz López
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Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro
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1.2. Pretensiones

En consecuencia, el actor solicitó:

«PRIMERA. Tutelar los derechos al DEBIDO PROCESO, PRIMACÍA DE LA
REALIDAD SOBRE FORMALIDADES, ACCESO A CARGOS PÚBLICOS POR
CONCURSO DE MÉRITOS, configuración de VÍA DE HECHO ADMINISTRATIVO,
consagrados en la Constitución Política, y demás derechos fundamentales que
considere el honorable Juez de Tutela.

SEGUNDA. Ordenar a las entidades accionadas CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL – UNIVERSIDAD NACIONAL
rectificar mi calificación de la prueba de aptitudes y el valor consolidado de las
pruebas de aptitudes y conocimientos, dentro de la Convocatoria No. 27 para cargos
de funcionarios de la Rama Judicial, como efecto de calificar como acertada la
respuesta “C” a la pregunta 28, de la citada prueba de aptitudes. Pasando de 35 a
36 aciertos, asignado un valor ponderado a la prueba de actitudes de 254,83, en
virtud la formula definida en el concurso.

TERCERA. Ordenar la modificación del anexo de la Resolución No. CSR22-0351
del 01 de septiembre de 2022, en el sentido de cambiar las ponderaciones de las
pruebas de aptitud y conocimiento del accionante, en virtud de la orden del numeral
precedente, emitiendo además el concepto aprobatorio correspondiente.

CUARTA. Suspender de forma provisional las actuaciones dentro de las etapas o
fases del concurso, dentro de la Convocatoria No. 27 para cargos de funcionarios de
la Rama Judicial, para el cargo de “Magistrado de Consejo Seccional de la
Judicatura” identificado con código: 270009, hasta que se resuelva la presente tutela
a fin de evitar perjuicios al accionante, al no ser incluido en las siguientes etapas o
fases del concurso, en caso se ser favorable la acción de tutela a los intereses del
accionante.»3

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

El señor Díaz López relató que por medio del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de
agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura adelantó el proceso de
selección y convocó al concurso de méritos para la provisión de los cargos de
funcionarios de la Rama Judicial.

Señaló que se inscribió para el empleo de magistrado de Consejo Seccional de la
Judicatura y mediante la Resolución CSR22-0351 de 1.º de septiembre de 2022,
la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura publicó los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos
realizada el 24 de julio de ese mismo año, en la cual obtuvo un total de 799,14
puntos.

Narró que el 14 de septiembre de 2022 presentó recurso de reposición contra el
anterior acto, en el que manifestó su desacuerdo con la calificación otorgada a la
pregunta 28 del examen, al considerar que la respuesta correcta no era la
contenida en el literal “A”, sino en el “C”, por ser consecuente con las dos

3
Trascripción literal del original con posibles errores.

2
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premisas planteadas; cuya sustentación complementó en escrito radicado el 15 de
noviembre del mismo año.

Puntualizó que en el recurso interpuesto solicitó que se aceptara el concepto de la
experta en cuestionarios de selección de personal Analida Coronell, en el que se
denotaba la incongruencia de la pregunta 28 con la respuesta aludida como válida,
así como que se decretara el análisis de un profesional en lingüística o áreas
afines.

Indicó que el 16 de enero de 2023 la Unidad de Administración de Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura expidió la Resolución CJR23-0047, por
medio de la cual confirmó la decisión controvertida y en consecuencia no repuso el
puntaje obtenido, dado que en el acuerdo de la convocatoria no se estableció un
mecanismo de revisión de las pruebas aplicadas por parte de terceros.

Explicó que en dicho acto también se mencionó que no era viable tramitar los
conceptos técnicos y peritajes allegados por los concursantes, así como que la
totalidad de los ítems incorporados en el examen fueron creados con la
participación de expertos en las diferentes materias y áreas del conocimiento
jurídico.

1.4. Sustento de la petición

A juicio del actor, el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración
de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia vulneraron sus
derechos fundamentales invocados, toda vez que en la Resolución CJR23-0047
de 16 de enero de 2023 no fueron resueltas de fondo las peticiones que expresó
en el recurso de reposición.

Sostuvo que aunque no adjuntó el concepto anunciado en el recurso de
reposición, las entidades accionadas omitieron decretar las pruebas solicitadas
para controvertir la construcción de la pregunta 28, aunado a que no se analizó a
profundidad la referida pregunta ni sus respuestas y tampoco se entregaron los
datos relacionados con la forma en la que se obtuvieron los valores constantes de
las fórmulas aplicadas.

Adujo que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial hizo imposible validar la formulación del cuestionario y las
respuestas diseñadas por la Universidad Nacional de Colombia, tras no aceptar
los conceptos de expertos o decretar las pruebas solicitadas, por lo que se
desconoció lo previsto en los artículos 404 y 795 del CPACA.

Refirió que en la pregunta 28 existe un defecto sustancial, pues como argumentó
en el recurso de reposición, existe una falla en la construcción del silogismo que

4
“Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo se
podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos
especiales”.
5
Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al
interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el
recurso considere necesario decretarlas de oficio”.

3
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infiere una respuesta diferente a la registrada por la Universidad Nacional de
Colombia, conforme con lo señalado en el dictamen emitido por la maestra en
lingüística Sonia Elizabeth Guerrero Rojas.

Por lo tanto, consideró que dicho interrogante rompe las reglas propias del
silogismo, toda vez que las afirmaciones de las premisas deben llevar a una
conclusión afirmativa, por lo que el verbo “pudo” en la respuesta “A”, expresó una
probabilidad, pese a que “en el silogismo no existen las posibilidades, por el
contrario, en un silogismo debe existir validez”.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto de 6 de febrero de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, admitió la solicitud de tutela, ordenó notificar esta decisión al
accionante y como demandados al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Carrera de Administración Judicial y a la Universidad Nacional de Colombia.

Además, vinculó a los aspirantes al cargo de magistrado del Consejo Seccional de
la Judicatura, en el marco de la Convocatoria 27, reglamentada por el Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, en calidad de terceros interesados y
negó la medida provisional solicitada por el actor.

Remitidas las respectivas comunicaciones6, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura

La directora de la dependencia en cuestión se opuso al amparo solicitado, por
cuanto en la Resolución CJR23-0047 de 16 de enero de 2023 se resolvieron las
objeciones que presentó el señor Díaz López en torno a la respuesta de la
pregunta 28 del examen, así como la solicitud de intervención de terceros, de
conformidad con el numeral 12 del artículo 3.° del CPACA y el artículo 22 de la
misma norma, sustituido por el artículo 1.o de la Ley 1755 de 2015.

Resaltó que no vulneró los derechos invocados pues dio respuesta clara, completa
y de fondo al recurso de reposición y su adición; además, se efectuó una
adecuada calificación de la prueba mediante la aplicación de la fórmula
desarrollada con apego a los lineamientos del acuerdo de la convocatoria, lo que
dio lugar a que se confirmara el resultado obtenido por el actor en la Resolución
CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 2022.

1.5.2. Universidad Nacional de Colombia

Se pronunció por intermedio del director del Proyecto Contrato 096 de 2018, quien
solicitó negar el amparo solicitado, tras señalar que i) el accionante no acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable, ii) no existe algún elemento probatorio que
6
Mediante oficios enviados por correo electrónico el 10 de febrero de 2023 y aviso publicado en la
página web del Consejo Superior de la Judicatura el mismo día.

4
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acredite la presunta vulneración de los derechos invocados dentro del proceso de
selección y iii) en el presente caso se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado.

Explicó que esa institución educativa brindó respuesta completa y de fondo a lo
solicitado por el actor en el Anexo 2 de la Resolución CJR23-0047 de 16 de enero
de 2023, toda vez que abordó las objeciones planteadas contra el ítem
cuestionado del examen y de manera particular se expusieron los diferentes
argumentos respecto de la fórmula y metodología de calificación, al igual que la
estructura psicométrica de la prueba.

Puso de presente que tanto la pregunta controvertida por el accionante, así como
todas aquellas que integran las pruebas en los diferentes cargos están orientadas
a aspectos transversales de las áreas previamente informadas a los aspirantes,
así como estructuradas en atención al protocolo de creación de la prueba que
tiene su origen en el anexo técnico del contrato 096.

En su sentir, las razones expuestas por el señor Díaz López se tornan débiles por
cuanto intentan poner en tela de juicio un interrogante por el solo hecho de no
estar de acuerdo con planteamientos o estructura, sin exponer reparos suficientes
que permitan evidenciar una verdadera inconsistencia en su construcción, eficacia
o validez.

Puntualizó que al interior del mencionado acto administrativo se le comunicó al
accionante la imposibilidad de permitir la intervención de peritos o terceros para la
revisión de la prueba, conforme con lo señalado en el numeral 8: “Revisión por
parte de terceros, apoderados, peritos, o por segundo calificador”.

Además, en cuanto a los planteamientos concernientes a la metodología de la
calificación, se dio respuesta mediante el numeral 9: “Fórmula y metodología de
calificación - Cálculo e información de los datos estadísticos - Fundamento de la
fórmula de calificación - Teoría o modelo estadístico utilizado para calificar - Valor
de cada pregunta- Aciertos propios Método para conocer aciertos a partir del
puntaje”.

1.5.3. Dan Matías González García

Presentó escrito de intervención dirigido a diversas acciones de tutela
relacionadas con la Convocatoria 27 de 20187, por medio del cual indicó que
participó en el concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios
de la Rama Judicial en la opción de juez promiscuo municipal y presentó la prueba
de conocimientos y aptitudes el día señalado, en la cual obtuvo 790,71 puntos,
resultado que no fue suficiente para aprobar ya que el mínimo requerido era de
800.

7
Además de la presente acción, el oficio se dirigió a los expedientes: 11001-03-15-000-2023-
00827-00, 11001- 03-15-000-2023-00837-00, 11001-03-15-000-2023-00781-00, 11001-03-15-000-
2023-00448- 00, 11001-03-15- 000-2023-00657-00, 11001-03-15-000-2023-00585-00, 11001-03-
15-000-2023-00276-00, 11001-03-15-000- 2022-2023-00440-00, 11001-03-15-000-2023-00326-00,
11001-03-15-000-2023-00405-00, 110010315000202300329-00, 110010315000202300230-00,
11001-03-15-000-2023-00215-00, 11001-03-15- 000-2022-05627-00.

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Expresó que con “la presente acción constitucional” pretendía defender los
intereses particulares y generales de las 50.000 personas inscritas en el concurso
de méritos y afectadas por las presuntas irregularidades que se presentaron;
además, indicó que en su caso particular el Consejo Superior de la Judicatura le
asignó el mismo puntaje que obtuvo en otros exámenes en los que participó
previamente.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en providencia de 3 de
marzo de 2023, declaró improcedente la tutela por no cumplir el requisito de
subsidiariedad, debido a que el actor no agotó el mecanismo idóneo y eficaz para
obtener la protección de los derechos fundamentales invocados, a saber, el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Puntualizó que la Sección Segunda de esta corporación estableció que en los
casos relacionados con los concursos de méritos, tanto las listas de elegibles
como los actos administrativos de calificación de los concursantes son
susceptibles de control judicial por parte de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

Entonces, las Resoluciones CSR22-0351 del 1° de septiembre de 2022 y CJR23-
0047 del 16 de enero de 2023 son “actos típicamente definitorios de situaciones
jurídicas”, en la medida que al asignar un puntaje o establecer la ubicación de los
convocados para efectos de proveer un cargo en propiedad, otorgan un estatus al
participante y afectan su interés de acceder a la carrera administrativa.

Refirió que no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable que amerite
la intervención del juez constitucional como mecanismo transitorio, dado que para
sustentar su ocurrencia el accionante se limitó a cuestionar la eficacia del proceso
que tenía a su alcance.

Por otro lado, negó la solicitud de intervención radicada por el señor Dan Matías
González García, teniendo en cuenta que no ostentaba la calidad de tercero con
interés pues concursó para el cargo de juez promiscuo municipal, no era posible
tener el escrito presentado como una coadyuvancia porque se expusieron
reclamaciones diferentes a las del demandante, así que lo pretendido era
promover una tutela independiente.

1.7. Impugnación

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 16 de marzo del año en curso8,
el actor impugnó el fallo de primera instancia, con respaldo en que el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho es ineficaz para controvertir el
acto de calificación, toda vez que “en el desarrollo del mismo se pueden agotar
todas las etapas del concurso, dejando sin posibilidades de integrar la lista de
elegibles”.
8
Impugnación que fue presentada de manera oportuna, teniendo en cuenta que el fallo de primera
instancia se notificó el 9 de marzo del año en curso.

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Reiteró que la falta de respuesta clara, concisa, adecuada, en derecho y de fondo
al recurso de reposición respecto de la pregunta 28 transgredió sus derechos
fundamentales, pues la sustentación de la contestación fue “vaga, inconsecuente,
genérica y violó las mismas directrices impartidas en el instructivo de presentación
de pruebas”.

En cuanto a la decisión de negar “la coadyuvancia” del señor Dan Matías
González García por pertenecer a otro grupo del concurso, señaló que no era
acertado teniendo en cuenta que el examen tenía componentes similares para
todos los cargos y la pregunta objeto de debate correspondía al bloque de la
prueba de aptitudes, es decir que está dentro de las primeras 50.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, el 3 de marzo de 2023, según lo previsto en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 20159, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
sentencia proferida en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la
solicitud de tutela cumple el requisito de subsidiariedad y, de superarse lo anterior,
deberá analizar si el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración
de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia vulneraron los derechos
fundamentales del actor, al no resolver de fondo en la Resolución CJR23-0047 de
16 de enero de 2023 los reparos expuestos contra el acto que publicó los
resultados del examen realizado dentro de la Convocatoria 27 de 2018 de la Rama
Judicial.

Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela y ii) análisis del caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces
la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de
los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en

9
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

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el artículo 6.º ibid., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.

2.4. Caso concreto

Según se tiene, la controversia planteada por el señor Díaz López gira en torno a
la respuesta brindada en la Resolución CJR23-0047 de 16 de enero de 2023 a los
cuestionamientos que expuso contra la Resolución CSR22-0351 de 1.° de
septiembre de 2022, por medio de la cual se publicaron los resultadas de la
prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para
la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

Entonces, consideró que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia no
analizaron a profundidad las objeciones que presentó respecto de la pregunta 28
del examen y sus respuestas, así que negaron la posibilidad de intervención de
terceros, lo que era necesario para verificar si fue válida la manera en que se
formuló ese interrogante.

Bajo este contexto, la sala advierte que si bien el actor aludió como vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a cargos públicos por
concurso de méritos, junto con el principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, en realidad el debate propuesto en la acción constitucional y
reiterado en la impugnación está dirigido a obtener la protección del derecho
fundamental de petición.

Quiere esto decir que en el caso que nos ocupa la tutela cumple el requisito de
subsidiariedad, pues aun cuando le asiste razón al a quo en señalar que el
demandante tiene a su alcance un mecanismo de defensa judicial, lo cierto es que
en esta ocasión más allá de debatirse la legalidad de la Resolución CJR23-0047
de 16 de enero de 2023, el tutelante echó de menos un pronunciamiento de fondo
y congruente a las inquietudes referidas contra la pregunta 28 del examen.

Visto así el asunto, resulta importante precisar que el derecho fundamental de
petición se traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de presentar
solicitudes respetuosas a las autoridades y a obtener de ellas una pronta
respuesta, según lo previsto en el artículo 23 de la Constitución.

Cabe resaltar, que la autoridad requerida no está obligada a acceder a las
pretensiones del peticionario, por lo que en el evento en que se deniegue la
solicitud, le corresponde, únicamente, dar a conocer las razones técnicas y
jurídicas que fundamentan aquella postura negativa. Así, este derecho que se
concreta en la formulación de una petición, se hace efectivo a través de la
respuesta otorgada, cuya materialización resulta independiente del carácter
favorable o desfavorable de la misma.

En tal sentido, para garantizar el respeto del núcleo esencial del derecho de
petición, la contestación debe: i) versar sobre lo preguntado, sin evasivas y

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precisando lo que el peticionario desea saber; ii) ser clara a fin de que el
solicitante entienda el porqué de los argumentos de la autoridad aun cuando no
los comparta; iii) mantener coherencia con lo solicitado; iv) ser proferida dentro de
la oportunidad fijada por la ley para ello; y, finalmente v) notificarse de manera
eficaz para su debida materialización.

A juicio del actor, no se ofreció una contestación de fondo a los planteamientos del
recurso de reposición que presentó al no compartir la calificación que obtuvo en el
examen realizado en la Convocatoria 27 de 2018, los cuales estuvieron
relacionados con la respuesta que se consideró válida a la pregunta 28, la forma
en que se construyó dicho interrogante y la solicitud de intervención de terceros. Al
respecto, se encontró lo siguiente:

Contestación dada en la Resolución CJR23-
Objeciones y solicitudes presentadas en
0047 de 16 de enero de 2023 y en el Anexo 2
el recurso de reposición10
“respuesta objeciones”

“La Pregunta 28, es un silogismo que presenta En la resolución se indicó: “18. Preguntas
dos proposiciones o premisas: i) Si aumenta el capciosas, ambiguas, confusas - Solicita excluir
presupuesto se contratan más personas. ii) Si preguntas - Informar si fue excluido algún ítem –
contratan más personas disminuye la tasa de Recalificar.
desempleo. Con las cuales se concluye una
tercera proposición. ...En este sentido y luego de la revisión detallada de
los ítems incluidos, se concluye que cumplen con
En la respuesta presentada por la Universidad todos los requisitos y estándares técnicos de
Nacional, que corresponde al literal “A”, la construcción, verificación, dificultad, metodología y
respuesta se denota así: No hay aumento de confidencialidad requeridos para la elaboración de
presupuesto pero la tasa de desempleo pudo pruebas en esta clase de procesos de selección, por
disminuir. lo que los mismos no son susceptibles de
modificación, exclusión o invalidación, por no ser
Esta respuesta no es consecuente con las dos ambiguos, confusos, capciosos o impertinentes.
premisas, toda vez que al no haber aumento de
presupuesto no se contratan más personas y por Se advierte que para el cargo de Magistrado de
ende la tasa no disminuye. Además, que el verbo Consejo Seccional de la Judicatura, NO hay
“pudo” hace referencia a una posibilidad y no un preguntas con varias opciones de respuesta o
acierto dentro de la conclusión del razonamiento. también denominadas multiclave.

La respuesta que señalé a la pregunta fue la “C” ...35. Objeciones a preguntas de aptitudes y
que correspondió al enunciado: No aumentó el conocimientos generales y específicas.
presupuesto y la tasa de desempleo no
disminuyó. Esta conclusión es la que mejor A continuación, se relacionará en “Anexo 2” una a
corresponde al enunciado presentado en el una las preguntas que fueron objetadas por los
cuestionario en la pregunta 8. recurrentes, indicando su pertinencia, la justificación
de la clave asignada, así como la razón de las
Por tanto, se debe aceptar como respuesta válida opciones de respuesta no válidas, las cuales son el
la señalada en mi hoja de respuestas y por ende producto de la estructura y elaboración de las
recalcular los valores de mi ponderación en la preguntas y se presentan conforme a lo sustentado
prueba de aptitudes. Con el acierto de esta por la Universidad Nacional de Colombia en su
respuesta pasaría de 35 a 36 aciertos, con lo cual calidad de operador técnico y constructor de la
el nuevo cálculo generaría un valor ponderado de prueba.”
la prueba de actitudes de 254,83.
A su vez, en el Anexo 2 se explicó que la opción A
... Se modifique el anexo de la Resolución No. era la respuesta correcta porque si se considera
CSR22-0351 del 01 de septiembre de 2022, en el como verdadera la afirmación “si se aumenta el
sentido que se recalifique mí ponderado de presupuesto del proyecto, se puede contratar más

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Trascripción literal del original con posibles errores.

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prueba de actitudes, a raíz de la inconsistencia en personas”, pero se niega que se contraten más
la respuesta de la pregunta No 28...”. personas, entonces se puede concluir que no se
aumenta el presupuesto en virtud de la relación
propuesta. Sin embargo, si se niega que se contratan
más personas, no se puede concluir que la tasa de
desempleo no vaya a disminuir. Esta disminución
puede darse por factores ajenos a la contratación en
el proyecto. Por tanto, si no se contratan más
personas, se puede afirmar que no se aumenta el
presupuesto, pero podría disminuir la tasa de
desempleo.

La opción B no resuelve de manera adecuada el
enunciado...

La opción C no resuelve de manera adecuada el
enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
porque si bien es cierto que solo se puede concluir
que no se aumenta el presupuesto al no contratar
más personas, la segunda afirmación es falsa. Es
suficiente con que se contraten más personas para
que la tasa de desempleo disminuya. Sin embargo,
aún si no se contratan más personas, la tasa de
desempleo puede mantenerse constante.

La opción D no resuelve de manera adecuada el
enunciado...”.
“Si bien en la hoja de respuestas claves incluyó la En la resolución se expuso: “9. Fórmula y
media de las respuestas de los aspirantes y la metodología de calificación - Cálculo e
desviación estándar aplicada, no se tenía la información de los datos estadísticos -
inferencia con la cual se establecieron las Fundamento de la fórmula de calificación - Teoría
constantes para las pruebas de actitudes que o modelo estadístico utilizado para calificar -
eran 30 y 190 y para la de conocimientos 30 y Valor de cada pregunta- Aciertos propios Método
550. Con los datos aportados igualmente no es para conocer aciertos a partir del puntaje.
posible verificar la desviación estándar aplicada,
incluso no se especifica si la desviación ...frente a las inquietudes relacionadas con la escala
corresponde a la totalidad de cargos de la estándar, si esta significa dependencia de una
convocatoria o se refiere únicamente al cargo que prueba sobre la otra, y en particular de la prueba de
presenté. aptitudes sobre la prueba de conocimientos, así
mismo, si alguna pregunta tiene un peso o valor
...Se justifique los elementos de la formula, definido, es importante indicar que en ningún caso la
particularmente los atinente a desviación estándar norma prevé la ponderación de las pruebas o un
y las constantes, concediendo un término peso diferencial por pregunta, en este sentido, no
adicional para reponer respecto de estos asuntos. existe un valor previamente determinado para cada
Situación que no fue resuelta ni en la exhibición ni pregunta de las que conforman la prueba escrita,
de forma directa por la Dirección de toda vez que el puntaje informado se establece a
Administración de Carrera Judicial. partir del desempeño mostrado por los concursantes
durante la evaluación y se determina a partir de la
... Comunicar cómo se obtuvo el resultado aplicación de la fórmula de calificación que a
matemático del puntaje definido en anexo de la continuación se desarrolla.
resolución recurrida, detallando la ponderación de
cada pregunta y la justificación de cada Tanto para la calificación de la prueba de aptitudes
ponderación”. Es evidente que no se justificaron como de la prueba de conocimientos, se empleó la
los elementos de la fórmula aplicada, como se siguiente fórmula:
comentó en el literal precedente, ni se remitieron
directamente al usuario.” (a) Fórmula calificación: ((Número de aciertos
“concursante” – Media grupo referencia o cargo) /
Desviación grupo referencia o cargo) * desviación de
la escala) + media de la escala
El número de aciertos o puntaje directo para cada
aspirante se obtiene a partir de la suma de los

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aciertos, es decir, el conteo de respuestas correctas
para cada prueba; y la conversión de este puntaje a
puntuaciones Z, lo cual muestra el rendimiento de
cada participante en relación con los concursantes
que aspiran al mismo cargo o grupo de cargos
definido en la convocatoria.

La fórmula para obtener el puntaje z es la siguiente
fórmula: (b) Z=(x-𝜇)/s; lo cual equivale en la fórmula
(a) a este apartado: (Número de aciertos
“concursante” – Media grupo referencia o cargo) /
Desviación grupo referencia o cargo)

Donde, x representa el puntaje de la persona y 𝜇 y s
son la media y la desviación estándar del grupo con
el que se compara el concursante.
En este caso la media o promedio es una medida de
tendencia central que ubica el valor de la cantidad de
preguntas acertadas según el cargo o grupo de
cargos para el caso del presente concurso. La
desviación estándar es una medida de dispersión que
permite observar el rango en que la mayoría de los
datos se alejan de la media.
El puntaje Z obtenido se transforma a una escala T a
partir de la siguiente fórmula:
(c) T=(Z * σ)+µ; lo cual equivale en la fórmula (a) al
apartado: Z (ver fórmula (b)) * desviación de
la escala) + media de la escala

Esta fórmula permite expresar los puntajes en la
escala definida en la convocatoria, de máximo 700
puntos para la prueba de conocimientos y máximo
300 puntos para la prueba de aptitudes. En ese
contexto no se produjo ningún cambio en la fórmula
en tanto se respetaron los parámetros antes descritos
y que se encuentran establecidos en el acuerdo de la
convocatoria, el cual definió los estándares de
calificación.

Es importante aclarar que el uso de esta
transformación no cambia la distribución de los
aciertos de los concursantes, sino que permite
interpretarlos sobre la escala de medición definida en
la convocatoria 27. Esta conversión permite, en un
proceso meritocrático, identificar aquellas personas
que resaltan entre su grupo por su nivel de
conocimientos y de aptitudes, asegurando que en el
proceso se seleccionan las personas más idóneas.

Para el efecto, los datos estadísticos para el cargo de
Magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura se
describen como sigue:

Variables para el componente de aptitudes:
Número de personas evaluadas: 29038
Media de grupo referencia: 22,132
Desviación grupo referencia: 6,417
Desviación de la escala: 30

Variables para el componente de conocimientos:

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Código de cargo: 270009
Número de personas evaluadas: 230
Media grupo referencia o cargo: 32,191
Desviación grupo referencia o cargo: 5,715
Desviación de la escala: 30

A. Puntaje prueba de aptitudes

Como se informó previamente. para obtener el
puntaje de aptitudes se utilizó la fórmula (a), así:
Puntaje aptitudes = ((Número de aciertos
“concursante” – Media grupo de referencia o cargo) /
Desviación grupo referencia o cargo) * desviación de
la escala) + 190

Ahora bien, para obtener el número de aciertos a
partir del puntaje publicado en la prueba de aptitudes
se da aplicación del siguiente método:

Número de aciertos = ((Puntaje aptitudes - 190) /
desviación de la escala) * Desviación grupo
referencia o cargo) + Media grupo de referencia o
cargo
Ejemplo: Si en la prueba de aptitudes una persona
obtuvo un puntaje publicado de: 189,38

Se aplica la fórmula y se reemplazan los datos,
teniendo en cuenta que:
La media grupo de referencia o cargo de la prueba de
aptitudes fue de: 22,132
La desviación grupo referencia o cargo de la prueba
de aptitudes fue de: 6,417
La desviación de la escala para este cargo fue de: 30
Número de aciertos = ((189,38 - 190) / 30) * 6,417) +
22,132
Número de aciertos = ((-0,62 / 30) * 6,417) + 22,132
Número de aciertos = (-0,0206 * 6,417) + 22,132
Número de aciertos = -0,1326 + 22,132
Número de aciertos = 21,999

Debido a la extensión de los decímales calculados
para la calificación, en los valores informados se
limita el número de decimales por razones de edición,
por tal motivo, se debe aproximar el resultado al
número entero cercano.
Número de aciertos = 22”.
“Se acepte el concepto de la experta en En la resolución se indicó: “8. Revisión por parte de
cuestionarios de selección de personal Analida terceros, apoderados, peritos, o por segundo
Coronell, en el que se denota incongruencia de la calificador
pregunta No 28 con su respuesta considera como
válida, dentro la prueba de actitud, de la En el acuerdo de convocatoria no se estableció un
convocatoria No 27. mecanismo de revisión por parte de terceros a las
pruebas aplicadas, y en este orden de ideas, es
Subsidiariamente se decrete de oficio un análisis importante señalar que es la Universidad Nacional de
de un profesional en lingüística o áreas afines, Colombia, la encargada de dar el soporte técnico en
para que emita concepto sobre la estructura la elaboración, aplicación y calificación de las
gramatical y la consecuente conclusión que se pruebas, bajo protocolos de seguridad que garantizan
establece como correcta en la pregunta No 28 de la igualdad en el acceso a la función pública de
la prueba de actitud, dentro de la convocatoria No administrar justicia, toda vez que es la universidad la
27. Igualmente, evalué dentro las opciones única que conoce la construcción y calificación de las

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planteadas cual se considera válida.” pruebas, bajo la consideración del mérito como
fundamento principal para el ingreso.
Las pruebas que se apliquen en los concursos para
proveer los cargos de carrera judicial, así como
también toda la documentación que constituya el
soporte técnico de aquéllas, tiene carácter reservado
según lo establecido en el artículo 164 de la Ley 270
de 1996.
En ese orden de ideas, se aclara que no es posible
permitir la participación de peritos o terceros ajenos a
los procesos internos de la Universidad Nacional de
Colombia, para elaborar peritajes o conceptos
técnicos sobre el material contentivo de la prueba,
dada la reserva que sobre ellos recae.
De igual modo, no es viable tramitar los peritajes o
conceptos técnicos allegados, toda vez que la
integralidad de las preguntas fue auditada, y su
contenido se ajustó a los criterios psicométricos
definidos, concluyendo que eran adecuadas para
evaluar las aptitudes, habilidades, capacidades y los
conocimientos que se requieren para el ejercicio del
cargo al que se aspira.”

Del texto transcrito, la sala advierte que en los numerales 8, 9, 18 y 35 de la
Resolución CJR23-0047 de 16 de enero de 2023 y en el Anexo 2 denominado
“respuesta objeciones”, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura se pronunció en torno a los planteamientos
presentados por el actor en su recurso de reposición, con respaldo en la
información proporcionada por la Universidad Nacional de Colombia, como
operador técnico de la prueba.

Nótese que la entidad accionada justificó por qué la respuesta válida en la
pregunta 28 era la contenida en el literal “A”, mas no en el literal “C” que fue
marcada por el participante, a partir de la estructura del interrogante y expuso que
los ítems del examen cumplieron con todos los estándares técnicos de
construcción y metodología requeridos para su elaboración, por lo que no era
dable modificarlos, excluirlos o invalidarlos.

Es oportuno traer a colación que la Universidad Nacional de Colombia al intervenir
en el presente trámite indicó que el ítem cuestionado por el actor estaba orientado
a aspectos transversales de las áreas previamente informadas a los aspirantes y
enfocado en el área aptitudinal que debe ostentar cualquier persona que pretenda
ser magistrado, el cual fue formulado en atención al protocolo de creación de la
prueba que tuvo su origen en el anexo técnico del contrato 096 de 2018.

A la vez, se encuentra que en el numeral 8 de la mencionada resolución se puso
de presente cuál fue la fórmula utilizada para la calificación de las pruebas de
aptitudes y conocimientos, así como que en el reglamento del concurso de
méritos se anunció que la calificación del examen se haría a través de escala
estándar, la cual se define a partir del desempeño de los concursantes y solo es
posible determinarla luego de realizar los análisis psicométricos del

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comportamiento de los ítems y de la distribución de los datos para la población
evaluada.

Ahora, en lo concerniente a la posibilidad de permitir la intervención de peritos o
terceros para la revisión de la prueba, se observa que el numeral 9 del mismo
acto se expusieron las razones por las que no era viable acceder a ese
requerimiento, las cuales tuvieron sustento i) en que la Universidad Nacional de
Colombia es la única encargada de dar el soporte técnico en la elaboración del
examen, ii) así como en el carácter reservado de toda la documentación del
concurso, por lo que debía garantizarse su custodia y protección, según lo
establecido en el parágrafo 2.º del artículo 164 de la Ley 270 de 1996.11

De modo que en la Resolución CJR23-0047 de 16 de enero de 2023 y en el Anexo
2 denominado “respuesta objeciones” se cumplen los criterios para satisfacer el
derecho fundamental de petición del señor Díaz López, máxime si se tiene en
cuenta que una contestación negativa en ningún caso significa la vulneración de
dicha garantía constitucional, dado que “existe una diferencia entre el derecho de
petición y el derecho a obtener lo pedido.”12

Para finalizar, no es de recibo el argumento del impugnante relativo a la
intervención del señor Dan Matías González García, pues si bien es cierto que
manifestó su intención de coadyuvar “las acciones constitucionales impetradas en
desarrollo de la Convocatoria 27” y que la prueba de aptitudes fue única para
todos los concursantes, también lo es que sus argumentos son diferentes a los
expuestos en el asunto en estudio; por lo tanto, se concuerda con el a quo en que
la verdadera intención del mencionado ciudadano era promover una solicitud de
tutela independiente.

En este orden de ideas, se revocará parcialmente la providencia impugnada, que
declaró improcedente la acción de tutela para, en su lugar, denegarla por no
vislumbrarse la vulneración del derecho fundamental de petición del actor, dado
que la parte accionada le proporcionó una respuesta de fondo, aunque no fuera en
el sentido que esperaba, y la confirmará en lo demás.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

11
Estatutaria de la Administración de Justicia. “ARTÍCULO 164. CONCURSO DE MÉRITOS...
PARÁGRAFO 2o. Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera
judicial, así como también toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquéllas,
tienen carácter reservado."
12
Corte Constitucional, sentencia C-007 de 2017. En esta provincia se indicó: “Ahora bien, este
Tribunal ha aclarado que la resolución de la solicitud no implica otorgar lo pedido por el interesado,
en tanto, existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido.
En efecto, la sentencia C-510 de 2004 indicó que “el derecho de petición se ejerce y agota en la
solicitud y la respuesta... Así, el ámbito de protección constitucional de la petición se
circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma, en ningún
caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal.”

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FALLA

PRIMERO: Revócase parcialmente la sentencia de 3 de marzo de 2023, por
medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, declaró
improcedente la acción de tutela para, en su lugar, denegarla por los motivos
descritos anteriormente.

SEGUNDO: Confírmase, en lo demás, la sentencia impugnada, por las razones
anotadas en precedencia.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Salva voto

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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