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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00405-00

Fecha
23 de febrero de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00405-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela promovida por el señor Saúl Martínez Salas. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Saúl Martínez Salas Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Rad: 11001-03-15-000-2023-00405-00

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00405-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

23 de febrero de 2023

Demandante: Saúl Martínez Salas
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-00405-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00405-00
Demandante: SAÚL MARTÍNEZ SALAS
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO

Tema: Tutela de fondo – derecho fundamental de petición

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Resuelve la Sala, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por el señor Saúl
Martínez Salas contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.

1. El extremo accionante, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra las autoridades referenciadas en procura de la salvaguarda de su derecho
fundamental de petición1.

2. En criterio de la parte actora, tal garantía constitucional resultó quebrantada con
ocasión de la falta de respuesta de fondo frente a los cuestionamientos que presentó
en relación con la Resolución CJR22-0351 del 1.° de septiembre de 2022, por medio
de la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos
correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de
funcionarios de la Rama Judicial, Convocatoria 27 de 2018.

1 El escrito fue radicado el 30 de enero de 2023 en el buzón web de recepción de tutelas dispuesto por

la Rama Judicial.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Saúl Martínez Salas
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-00405-00

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental de petición que está siendo vulnerado por parte
del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, con fundamento en el insumo que suministre la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA, que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
dicho fallo, proceda RESOLVER DE FONDO cada uno de los cuestionamientos que presenté
en contra de la RESOLUCIÓN CJR22-0351 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022, por medio de la
cual se publicó, entre otros, el resultado de la prueba de aptitudes y conocimientos para
acceder al cargo de MAGISTRADO DE COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
(convocatoria 27).

4. Además, solicitó la siguiente medida provisional:

Teniendo en cuenta que, según el cronograma, la resolución que contendrá la relación de
admitidos será publicada el día 8 de febrero de la presente anualidad, solicito que, como
medida provisional, se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, con base en el
insumo que suministre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, que, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del auto que admite la presente acción
de tutela, proceda RESOLVER DE FONDO cada uno de los cuestionamientos que presenté
en contra de la RESOLUCIÓN CJR22-0351 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022, trámite que
resulta INDISPENSABLE para expedir la resolución que contendrá la relación de admitidos al
curso de formación judicial.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

5. El accionante se presentó a la prueba de aptitudes y conocimientos
correspondiente al concurso de méritos para la conformación del Registro Nacional
de Elegibles en relación con los cargos de funcionarios de la Rama Judicial,
convocado mediante el Acuerdo PCSJA18- 11077 de 2018. En particular, para el
cargo de magistrado de Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

6. El 1°. de septiembre de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial expidió la Resolución CJR22-0351 mediante la
cual publicó los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos
correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de
funcionarios de la Rama Judicial, los cuales resultaron desfavorables para el señor
Martínez Salas.

7. Inconforme con lo anterior, el 20 de septiembre de 2022, el actor interpuso recurso
de reposición en atención a que, según su criterio, las preguntas elaboradas por la
Universidad Nacional de Colombia presentaban falencias en su estructuración, tales
como a) preguntas con dos opciones de respuesta correcta; b) preguntas en las que

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la respuesta correcta no estaba en las opciones de respuestas; c) preguntas
formuladas en forma ambigua, imprecisa o con insuficiencia de información; d)
preguntas con enunciados y/o opciones de respuestas mal redactadas; e) preguntas
con enunciados y/o opciones de respuesta con errores jurídicos; f) preguntas ajenas
a los ejes temáticos objeto de evaluación; y g) preguntas cuyo incremento del nivel
de dificultad (el anterior examen fue anulado por ser fácil) no era más que un
ejercicio memorístico, no una interpretación sistemática de la ley.

8. El 16 de noviembre de 2022, tras la exhibición del cuadernillo de la prueba y de la
hoja de respuestas diligenciada por él, el señor Martínez Salas sustentó el referido
recurso de reposición y precisó sus inconformidades frente a cada una de las
respuestas cuestionadas.

9. El 16 de enero de 2023, mediante Resolución CJR23-0047, se resolvieron los
recursos de reposición interpuestos contra el Acto Administrativo del 1º de
septiembre de 2022, entre los que se encontraba el del señor Martínez Salas.
Mediante la anterior decisión se confirmó lo contenido en la resolución cuestionada y,
en consecuencia, se mantuvieron los puntajes obtenidos por los recurrentes.

10. El 7 de febrero de 2023 el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial expidió la Resolución CJR23-0060, mediante la
cual se adicionó la Resolución CJR23-0046 de 16 de enero de 2023. Lo anterior
respecto de los cuestionamientos efectuados por el aspirante SAÚL MARTÍNEZ
SALAS (…) frente a las preguntas 119, 123, 126, 129 y 130 del componente
específico de las pruebas de conocimientos de la convocatoria 27.

1.4. Fundamentos de la solicitud

11. El señor Saúl Martínez Salas advierte que el Consejo Superior de la Judicatura -
• Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de
Colombia vulneraron su derecho fundamental de petición con ocasión de la falta de
respuesta de fondo frente a los cuestionamientos que presentó en relación con la
Resolución CJR22-0351 del 1.° de septiembre de 2022, por medio de la cual se
publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente
al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial.

12. Lo anterior porque, pese a que se expidió la Resolución CJR23-0047 del 16 de
enero de 2023, por medio de la cual se resolvieron los recursos de reposición
presentados contra la resolución que dio lugar a los resultados de las pruebas, su
solicitud no fue resuelta de cara a los cuestionamientos que presentó frente a las
preguntas números 87, 93, 119, 123, 126, 129 y 130.

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1.5. Trámite de la acción de tutela

13. Mediante auto del 1.° de febrero de 2023, el magistrado sustanciador admitió la
presente acción de tutela y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura -
Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional de
Colombia, como entidades accionadas.

14. Además, dispuso la vinculación en calidad de tercero con interés de la Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

15. Asimismo, con el fin de que todos los sujetos a quienes les asiste interés en este
proceso se enteraran del mismo, se le ordenó a la Universidad Nacional de Colombia
que informara, a quienes participaron en el concurso de méritos para la provisión de
los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, sobre la existencia de esta acción de
tutela, para que si lo consideraran pertinente intervinieran o aportaran las pruebas o
los documentos que pretendieran hacer valer.

16. Finalmente, negó la solicitud de medida provisional.

1.6. Intervenciones

1.6.1 Universidad Nacional de Colombia

17. Señaló que la presente acción carece de objeto por cuanto lo pretendido por el
accionante fue resuelto mediante la Resolución CJR23-0046 de 16 de enero de
2023.

18. Advirtió que, en relación con los reproches del actor frente a la estructura de las
preguntas, se tiene que las respuestas entregadas y dadas contienen los elementos
necesarios para la defensa contundente de las pruebas aplicadas, pues de su lectura
se extraen las justificaciones de la pertinencia para el cargo al cual aplicó sobre
aspectos fundamentales y transversales a las áreas del conocimiento y aptitudes
previamente indicadas.

19. Finalmente, expuso que la Universidad Nacional de Colombia, como consultor del
concurso, desarrolló su labor dentro de los términos señalados en la ley y la
reglamentación específica que regula el sistema especial de selección para los
cargos requeridos en la Convocatoria 27 de 2018.

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1.6.2 Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera
Judicial

20. Por intermedio de la directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial,
manifestó que, en el caso en concreto, se configura la carencia de objeto por hecho
superado toda vez que las objeciones presentadas por el accionante fueron
atendidas de manera clara, completa y de fondo mediante la Resolución CJR23-0046
de 16 de enero de 2023, adicionada con la Resolución CJR23-0060 de 7 febrero de
2023.

21. Por otra parte, la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
fue notificada y la Unidad de Administración de Carrera Judicial publicó en su página
web la actual acción constitucional con efectos de informar a los terceros con interés
participantes de la convocatoria 27, aquellos guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

22. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela
presentada por el señor Saúl Martínez Salas. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de
1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa

23. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

24. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19912, en los artículos 1, 10, 46 y 49,
precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier persona
que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí misma; ii)
a través de representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la agencia oficiosa,
cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover
su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y
los personeros municipales3.

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
3 Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.

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25. Con fundamento en el marco conceptual expuesto4, la Sala advierte que el
tutelante es el titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración a
que fue quien presentó el recurso de reposición que se alega como desatendido.

26. Por otro lado, se observa que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia se
encuentran legitimados en la causa por pasiva en atención a que de ellas se predica
la falta de respuesta a la petición realizada por el señor Martínez Salas.

2.3. Problema jurídico

27. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, el problema jurídico a resolver en
el caso concreto es el siguiente:

• El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia ¿vulneraron el derecho
fundamental de petición del señor Saúl Martínez Salas al no resolver de fondo
cada uno de los cuestionamientos que presentó contra la Resolución CJR22-
0351 del 1.º de septiembre de 2022?

28. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: i) la
naturaleza de la acción de tutela; ii) el derecho de petición; iii) la carencia actual de
objeto por hecho superado y iv) el análisis del caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

29. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

30. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del
derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo
un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo
transitorio.

4 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha

venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de
tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.

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2.5. Del derecho de petición

31. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
“presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución”5. El mismo artículo superior precisa que el
Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.

32. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: “El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido”6.

33. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala quince (15) días para resolver la
misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante
la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.

34. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante
o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al
peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que
desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación
de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente,
no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los
intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración
plena de la respuesta dada”7.

35. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…)
la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el

5 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
7 Sentencia T-149 de 2013.

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propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante”8.

36. Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando
consista en indicar que se remitió la petición a la autoridad competente. En palabras
de la Corte Constitucional:

(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones
dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a
la entidad encargada9.

37. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la
democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan otros
derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la
libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la
posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades,
sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es
decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo
o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la
solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los
asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo
fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con
independencia de que su sentido sea positivo o negativo 10.

38. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

39. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional
ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el
derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y agota en la
solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no
del derecho subjetivo.

2.6. De la carencia actual de objeto

40. La Sala ha explicado en varias ocasiones11 que la acción de tutela ha sido
instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de

8 Ibídem.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.
11Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00.

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derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual
e inminente.

41. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.

42. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos: i) hecho superado; ii) daño consumado y iii) una situación sobreviniente.

43. Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 201612, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los
derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se
ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las
circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de
estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como
mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al
desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez
constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías
que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue
especialmente previsto para esta acción.13

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre este
respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo la
forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza
parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que
el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el
caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (negrillas
inexistentes en el texto original)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual
de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la
que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los
intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se
constituye en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede
materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o

12 Corte Constitucional, Sentencia T-481 de 2016.
13 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se

transcribe literalmente: Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005.

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(iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el
acaecimiento de una “situación sobreviniente 14 (Negrita propia del texto).

44. Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha sostenido
que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los
derechos fundamentales.15

45. En palabras de la Corte Constitucional:

(…) la primera de estas figuras [hecho superado], regulada en el artículo 26 del Decreto 2591
de 1991, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la
demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad
accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo
lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la
afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para
lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de
desconocer (…)16.

46. En concordancia con lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta
Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de
la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los
derechos fundamentales.

47. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos
casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales
ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el
trámite de revisión ante ese Tribunal.17

48. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:

14 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se

transcribe literalmente: Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013.
15 Corte Constitucional. Sentencia T-038 de 2019.
16 Corte Constitucional. Sentencia T-481 de 2016.
17 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.

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En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para Corte en
sede de Revisión,18 incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la
vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo
puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de
los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la
inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”. 19
Según la jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la
providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento
del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado 20.21 (Negrita y subrayado fuera de
texto).

49. Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para
formular un juicio de reproche, si ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta
Corporación en cita ha dicho lo siguiente:

Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las acciones u
omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la satisfacción de la
pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a impartir por parte del juez
constitucional pierde su razón de ser, pues que el derecho ya no se encuentra en riesgo 22.

No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar el estudio
del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en sede de revisión,
determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita 23,
pronunciarse sobre la vulneración invocada en la demanda conforme al artículo 24 del
Decreto 2591 de 1991 y determinar si, con atención de las particularidades del caso, procede
el amparo de la dimensión objetiva de los derechos conculcados24. Dicho análisis puede
comprender: i) observaciones sobre los hechos del caso estudiado; ii) llamados de atención
sobre la situación que originó la tutela; iii) el reproche sobre su ocurrencia y la advertencia
sobre la garantía de no repetición 25; y iv) la posibilidad de adoptar las medidas de protección
objetiva26.27 (Negrita y subrayado fuera del texto)

50. El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental
que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la interposición de la
acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal Constitucional: “la segunda de
las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la
vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o

18 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual

se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima
jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos
fundamentales cuya protección se solicita”.
19 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual

se transcribe literalmente: Ver sentencia T-612 de 2009.
20 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual

se transcribe literalmente: Sentencia T-170 de 2009.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-112 de 2010.
22 Corte Constitucional. Sentencia T-311 de 2012.
23 Corte Constitucional. Sentencia T-170 de 2009.
24 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 2008.
25 Corte Constitucional. Sentencia SU-225 de 2013.
26 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 2008.
27 Corte Constitucional. Sentencia T-662 de 2016.

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afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no
es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto”.28

51. Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los
derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela, pero
por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de daño consumado y
hecho superado.

52. La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho
para declarar la carencia actual de objeto:

El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por
las distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de
gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su
amplitud cobija casos que no se enmarcan en los conceptos
tradicionales de daño consumado y hecho superado. El hecho
sobreviniente remite a cualquier ‘otra circunstancia que determine que,
igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda
de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío’. No se trata
entonces de una categoría homogénea y completamente delimitada 29 (Negrita
y subrayado fuera del texto).

2.7. Caso concreto

53. Según lo expuesto en los antecedentes de esta sentencia, el 16 de septiembre
de 2022, el actor interpuso recurso de reposición contra la Resolución CJR22-0351,
mediante la cual fueron publicados los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

54. Lo anterior por cuanto, en su criterio, las preguntas elaboradas por la Universidad
Nacional de Colombia presentaban falencias en su estructuración, tales como a)
preguntas con dos opciones de respuesta correcta; b) preguntas en las que la
respuesta correcta no estaba en las opciones de respuestas; c) preguntas
formuladas en forma ambigua, imprecisa o con insuficiencia de información; d)
preguntas con enunciados y/o opciones de respuestas mal redactadas; e) preguntas
con enunciados y/o opciones de respuesta con errores jurídicos; f) preguntas ajenas
a los ejes temáticos objeto de evaluación; y g) preguntas cuyo incremento del nivel
de dificultad (el anterior examen fue anulado por ser fácil) no era más que un
ejercicio memorístico, no una interpretación sistemática de la ley.

28 Corte Constitucional. Sentencia T-030 de 2017.
29 Corte Constitucional. Sentencia SU-522 de 2019.

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55. En este sentido, el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración
de Carrera Judicial expidió la Resolución CJR23-0046 del 16 de enero de 2023,
mediante la cual se resolvieron los recursos de reposición presentados contra la
Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, entre ellos el del señor
Martínez Salas.

56. En razón de lo anterior, el accionante advierte que el Consejo Superior de la
Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional
de Colombia vulneraron su derecho fundamental de petición porque, pese a que se
expidió la resolución que resolvió el recurso de reposición que presentó contra la
Resolución CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022, su solicitud no fue resuelta
de cara a los cuestionamientos que presentó frente a las preguntas números 87, 93,
119, 123, 126, 129 y 130.

57. Así las cosas, esta Sala de Decisión constatará si, en efecto, las entidades
demandadas omitieron dar respuesta a la petición realizada por el señor Saúl
Martínez Salas.

58. Se tiene que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial acompañó a la Resolución CJR23-0046 del 16 de enero de 2023 el
“Anexo 2 - Respuesta a objeciones”, mediante el cual se dieron a conocer las claves
de respuestas correctas y la correspondiente explicación.

59. No obstante, el actor señaló que no se habrían atendido de manera correcta sus
reparos en relación con las preguntas números 119, 123, 126, 129 y 130 porque no
se respetó el temario de evaluación anunciado, la pregunta n.º 93 porque en ella se
confundió la firmeza de los actos administrativos y la pregunta n.º 87 porque le faltó
la palabra «NO» al enunciado.

60. En este sentido, pasa la Sala a analizar si las respuestas consignadas en el
“Anexo 2 - Respuesta a objeciones” cumplen con los criterios para satisfacer el
derecho de petición. De manera que se estudiará si las contestaciones dadas a cada
una de las preguntas satisfacen los requisitos para ser claras, de fondo y oportunas.

61. Frente a las preguntas números 87 y 93, el Consejo Superior de la Judicatura -
Unidad de Administración de Carrera Judicial, según el numeral 35 de la Resolución
CJR23-0046 del 16 de enero de 2023, señaló que en el anexo 2 se dio respuesta a
las objeciones planteadas respecto de las preguntas de aptitudes y conocimientos
generales y específicas para el cargo de Magistrado de Sala Jurisdiccional
Disciplinaria Seccional, Comisión Seccional de Disciplina Judicial o quien haga sus
veces. Para mayor claridad, se transcribe lo resuelto:

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• Respuesta a los reparos sobre la pregunta n.º 87:

Esta pregunta es pertinente porque es relevante que el operador disciplinario, tenga
claridad y sepa definir la forma de contabilizar el término de prescripción en materia
disciplinaria, esto es, en qué momento inicia y cuando finaliza, para luego, con base
en las conclusiones obtenidas, abordar el análisis del cargo con las pruebas que
obran en el expediente, a lo que se suma que al analizar la norma en la ley 734 de
2002 en ella el legislador no indicó cuál es el acto que impone la sanción e interrumpe
el término de prescripción, situación que es corregida con el Código General
Disciplinario en la ley 1952 de 2019, que entró en vigencia el 1 de julio de 2021. En tal
razón es importante que con los presupuestos dados el concursante pueda ser
examinado de cara a esta institución en el Derecho disciplinario.

La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque no basta con la expedición del acto principal, sino que
además es necesaria la notificación del mismo para que surta plenos efectos jurídicos,
porque, si la finalidad de la creación de los términos de prescripción es la necesidad
de buscar la certidumbre jurídica de los derechos, es lógico que solo se llega a tener
certeza de éstos, cuando el administrado conoce su situación jurídica, es decir,
cuando se le notifica de la providencia que la resuelva. Concluyendo, se interrumpe la
prescripción con la debida notificación al disciplinado de la providencia de primera o
única instancia, dentro del término de cinco años señalado en la ley disciplinaria.
Teniendo en cuenta lo anterior, no se cumple el principio de la publicidad. Ver La
Corte Constitucional en sentencia C-1076 de 2002 adoptó el mismo criterio en cuanto
a que la ejecutoria de las providencias disciplinarias comprende también su
notificación, cuando declaró exequible el artículo 119 de la Ley 734 de 2002, que, si
bien no es aplicable al presente asunto, su contenido material es el mismo del otrora
artículo 98 de la Ley 200 de 1995.)

La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como
los que imponen la sanción ya que corresponden a una etapa posterior cuyo propósito
no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la
administración que éste sea revisado a instancias del administrado. Así, la existencia
de esta segunda etapa, queda al arbitrio del administrado que es quien decide si
ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el acto. Afirmar que la
administración, además de estar en el deber de decidir y de notificar dentro del
término de cinco años desde la ocurrencia de la falta, y hasta el auto de apertura de
investigación disciplinaria también está obligada dentro de ese lapso a resolver los
recursos de la vía gubernativa e incluso a notificar el acto que resuelve el último
recurso, es agregarle a la norma que consagra el término para ejercer la potestad
sancionatoria disciplinaria una exigencia que no contempla y permite, finalmente,
dejar en manos del Investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone"
la sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien dependen las
incidencias del trámite de notificación de las providencias.

La opción C es la respuesta correcta porque el principio de celeridad consagrado en el
artículo 12 de la Ley 734 de 2002, ordena cumplir estrictamente los términos previstos
en el mismo código, señala “Artículo 12. Artículo derogado a partir del 01 de julio de
2021, por el art. 265, Ley 1952 de 2019. Celeridad de la actuación disciplinaria. El
funcionario competente impulsará oficiosamente la actuación disciplinaria y cumplirá
estrictamente los términos previstos en este código.”. De igual manera el respeto a los

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principios del debido proceso consagrado en el artículo 6 de la ley 734 de 2002, en
donde se indica: “Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por
funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que
determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y de la ley que
establezca la estructura y organización del Ministerio Público.” Artículo derogado a
partir del 01 de julio de 2021, por el art. 265, Ley 1952 de 2019. Y al derecho de
defensa señalado en el Artículo 17. Derecho a la defensa.” Durante la actuación
disciplinaria el investigado tiene derecho a la defensa material y a la designación de
un abogado. Si el procesado solicita la designación de un defensor así deberá
procederse. Cuando se juzgue como persona ausente deberá estar representado a
través de apoderado judicial, si no lo hiciere se designará defensor de oficio, que
podrá ser estudiante del Consultorio Jurídico de las universidades reconocidas (…).”.
Artículo derogado a partir del 01 de julio de 2021, por el art. 265, Ley 1952 de 2019.
Se desconocen los principios señalados cuando opera el fenómeno de la prescripción.
La prescripción se debe entender como un instituto jurídico liberador, en virtud del
cual por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a
seguir investigando una conducta y, por ende, a imponer la sanción correspondiente;
ocurre cuando quien tiene a su cargo el proceso deja vencer el plazo señalado por el
legislador para el efecto (5 años), sin haber proferido decisión de fondo. La
prescripción de la acción disciplinaria es una causa de extinción de la pretensión
punitiva estatal que opera por el mero transcurso del tiempo, luego del inicio de la
acción, por la comisión de la conducta que la motiva. Ahora bien, como instituto
jurídico liberador de la responsabilidad, deberá entenderse que contiene un derecho
sustantivo a favor del disciplinado, pues lo benefician de la garantía constitucional que
le asiste a todo ciudadano para que se le defina su situación jurídica en un plazo
razonable, pues no puede el servidor público quedar sujeto indefinidamente a una
imputación, correspondiéndole al legislador establecer el plazo que se considera
suficiente para que la entidad a la cual presta sus servicios el empleador o la
Procuraduría General de la Nación inicien la investigación y adopten la decisión
pertinente El acto que impone la sanción y en consecuencia interrumpe el término de
la prescripción es el principal, es decir, el fallo de primera o única instancia según el
caso, pues, es este el que define la situación jurídica del disciplinado al considerarlo
responsable de la comisión de la conducta investigada como constitutiva de falta
disciplinaria y concreta la expresión de la voluntad de la administración. Y para que se
considere "impuesta" la sanción es necesario no solo que el acto sancionatorio
primigenio se expida, sino también que se notifique. Concluyendo, tratándose de
régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de manera oportuna si
dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto
que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o
primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa.

La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque el acto que impone la sanción y en consecuencia
interrumpe el término de la prescripción es el principal, la cual, para que se considere
"impuesta" es necesario no solo que el acto sancionatorio primigenio se expida, sino
también que se notifique, pues, es este el que define la situación jurídica del
disciplinado al considerarlo responsable de la comisión de la conducta investigada
como constitutiva de falta disciplinaria y concreta la expresión de la voluntad de la
administración. La existencia de esta segunda etapa denominada “vía gubernativa”
queda al arbitrio del administrado que es quien decide si ejercita o no los recursos que
legalmente procedan contra el acto. Afirmar que la administración, además de estar
en el deber de decidir y de notificar dentro del término de cinco años a partir desde la
ocurrencia de la falta, si no se ha proferido auto de apertura de investigación

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disciplinaria también está obligada dentro de ese lapso a resolver los recursos de la
vía gubernativa e incluso a notificar el acto que resuelve el último recurso, es
agregarle a la norma que consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria
disciplinaria una exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos
del Investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la sanción.

• Respuesta a los reparos sobre la pregunta n.º 93:

Esta pregunta es pertinente porque la importancia de efectuar correctamente el
conteo de los términos de la caducidad para presentar la demanda de nulidad y
restablecimiento es un conocimiento fundamental para los magistrados que se van a
desempeñar en la sala disciplinaria, con el objetivo que acto administrativo
disciplinario sea sometido a control integral de legalidad.

La opción A es la respuesta correcta porque el parágrafo único del artículo 172 de la
Ley 734 de 2002 establece un plazo de 10 días para ejecutar el fallo sancionatorio,
con la Sentencia unificadora del Consejo de Estado - Sección Segunda, Magistrado
Ponente Gerardo Arenas Monzalve, radicado 1493-12 del 25 de febrero de 2016, se
resalta la importancia de la ejecutoria del acto disciplinario sancionatorio para contar
el término de 4 meses para la interponer la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, estableciendo 3 escenarios, para el caso en particular el servidor público ya
se encuentra notificado de su inclusión en la nómina de pensión de vejez por tal razón
ya no es pertinente esperar la ejecución del fallo sancionatorio por lo tanto el término
de caducidad se cuenta desde la firmeza del acto, es decir desde el fallo de segunda
instancia.

La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque para el caso en particular el servidor público ya se
encuentra notificado de su inclusión en la nómina de pensión de vejez por tal razón ya
no es pertinente esperar la ejecución del fallo sancionatorio por lo tanto el término de
caducidad se cuenta desde la firmeza del acto, es decir desde el fallo de segunda
instancia.

La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque la notificación del acto administrativo que incluye al
servidor público en la nómina de pensión de vejez es una justa causa para el retiro del
servidor público de la Entidad, por lo tanto, para el caso en concreto ya no es
pertinente esperar la ejecución del fallo sancionatorio, por lo tanto, el término de
caducidad se cuenta desde la firmeza del acto, es decir desde el fallo de segunda
instancia.

La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque para el caso en particular la firmeza de la sanción se
adquiere con el fallo de segunda instancia, luego del cual se cuenta con un plazo de
días para ejecutar esa sanción, por lo tanto, no es correcto afirmar que la firmeza de
acto se presente con el fallo de primera instancia además que los supuestos fácticos
planteados permiten entender que contra el mismo fue interpuesto el recurso de
apelación. La notificación de la inclusión en la nómina de pensión no es una fecha
válida y suficiente a partir de la cual corre el término de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.

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62. Ahora, en relación con las preguntas 119, 123, 126 129 y 130, en las que se
aduce haber desconocido el temario de evaluación enunciado, se advierte que el
Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial
señaló que precisaba de la aclaración por parte de la Universidad Nacional de
Colombia, como operador técnico de la prueba y en cumplimiento de las obligaciones
contractuales en el marco del contrato 096 de 2018 - convocatoria 27. Por esto, la
institución educativa fue requerida mediante oficio CJO23-414 de 6 de febrero de
202330.

63. En consecuencia, mediante comunicación CI096/CONV27-010-23 de 7 de
febrero del presente año, la Universidad Nacional de Colombia informó que:

Frente a interrogantes realizados por un aspirante al cargo de Magistrado de Sala
Jurisdiccional Disciplinaria Seccional, Comisión Seccional de Disciplina Judicial por la
pertinencia de las preguntas 119, 123, 126, 129 y 130, éstos ítems se tornan
pertinentes toda vez que hacen parte del marco teórico que atañe también a aspectos
generales del derecho disciplinario, pues las preguntas cuestionadas apuntan al
conocimiento de conceptos como el de la imputación objetiva, la ausencia de
responsabilidad y criterios de punibilidad, como se puede extraer de las justificaciones
contenidas en el ANEXO 2 de la Resolución. Estos conceptos abarcan parte de una
integralidad del conocimiento fundante del derecho disciplinario y hacen parte de sus
principios. Es bien conocida, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, la relación
entre el derecho penal y disciplinario como disciplinas del derecho punitivo, y con ello
que las previsiones del derecho penal le son aplicables al disciplinario en muchos de
los principios que le guían y orientan.

(…)

Es importante reiterar a la UACJ y transmitir uno de los argumentos que la
Universidad Nacional ha indicado al Consejo de Estado en el sentido de aclarar que la
pertinencia de las preguntas elaboradas se fundamenta principalmente en que hacen
parte de las áreas del conocimiento de los cargos, no solamente en aspectos
prácticos procesales y formales, sino también en aspectos conceptuales y teóricos de
esas áreas del conocimiento. Por lo tanto, alegar que una pregunta es impertinente
por tocar asuntos que no son de competencia o de funciones del cargo evaluado
carece de fundamento, pues las pruebas de conocimientos aplicadas y dirigidas a
aspirantes a entrar a la carrera judicial no pueden ser así de limitadas, de lo contrario
se estaría incumpliendo el artículo 164 de la Ley 270 de 1996 en el que expresa que
el concurso de méritos “es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de
conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de
personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial, se determina su
inclusión en el Registro de Elegibles y se fija su ubicación en el mismo”. Se trata
entonces de una prueba de conocimientos integral sobre las áreas del derecho a
conocer, ya que con el ingreso a la carrera judicial el individuo tiene la potencialidad
de escalar más allá del cargo al que aplicó, situación que debe ser clara para un
participante del concurso. Así las cosas, a mayor conocimiento más mérito.

30 Tal como consta en el índice 12 en Samai

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64. De ahí que, el 7 de febrero de 2023 se expidió la Resolución CJR23-0060 por
medio de la cual se adicionó la Resolución CJR23-0046 con la que se resolvieron los
recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351 del 1.° de
septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de
aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión
del cargo de Magistrado de Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional, Comisión
Seccional de Disciplina Judicial o quien haga sus veces de la Rama Judicial. En esta
se dispuso:

ARTÍCULO 1º: ADICIONAR el numeral 35 “Objeciones a preguntas de aptitudes y
conocimientos generales y específicas” de la Resolución CJR23-0046 de 16 de enero
de 2023 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados
contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se
publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, correspondientes
al concurso de méritos para la provisión del cargo de Magistrado de Sala
Jurisdiccional Disciplinaria Seccional, Comisión Seccional de Disciplina Judicial o
quien haga sus veces de la Rama Judicial.”, desarrollado en el anexo 2 del acto
administrativo, respecto de los cuestionamientos efectuados por el aspirante SAÚL
MARTÍNEZ SALAS, identificado con la cédula de ciudadanía 91.442.823, frente a las
preguntas 119, 123, 126, 129 y 130 del componente específico de las pruebas de
conocimientos de la convocatoria 27 y NEGAR las demás pretensiones del recurrente;
conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución

65. El anterior acto administrativo fue notificado el día 7 de febrero de 2023 al señor
Saúl Martínez Salas a los correos smarts74@hotmail.com y
saulmartinezsalas@gmail.com, tal como se ilustra a continuación:

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66. Así la cosas, a juicio de esta Sala, lo anterior expone que las entidades
accionadas brindaron respuesta clara y de fondo en relación con los reparos que el
actor tuvo frente a las preguntas números 87, 93 119, 123, 126, 129 y 130, lo que se
traduce a que, en el caso en concreto, se configure el fenómeno de la carencia actual
de objeto por hecho superado.

67. Esto, en tanto, durante el trámite de la presente acción de tutela, el Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial y la
Universidad Nacional de Colombia lograron superar el supuesto fáctico que dio lugar
a la interposición del presente mecanismo de protección constitucional y, en ese
sentido, cualquier orden que diera la Sala al respecto resultaría innecesaria ya que
desaparecieron los hechos que originaron la vulneración alegada por el accionante.

2.8. Conclusión

68. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, por cuanto,
en el presente asunto, la vulneración del derecho fundamental desapareció en el
trascurso de la acción de tutela, situación que hace inane cualquier tipo de orden que
pueda dar esta Sala de Decisión.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la
acción de tutela promovida por el señor Saúl Martínez Salas.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.

19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Saúl Martínez Salas
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-00405-00

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

20 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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