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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01326-00

Fecha
14 de abril de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
30 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01326-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor DOMINICK CYBULKIEWICZ ACUÑA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DENEGAR las solicitudes efectuadas por el señor FRANCISCO JAVIER CARVAJAL TRUJILO en su intervención, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 Número único de radicación: 110010315000-2023-01326-00 Actor: SAÚL MARTÍNEZ SALAS conforme con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01326-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

14 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-01326-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: SAÚL MARTÍNEZ SALAS

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR SUBSIDIARIEDAD. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES EMITIDAS EN EL TRÁMITE DE
UN CONCURSO DE MÉRITOS. NO SE ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE
UN PERJUICIO IRREMEDIABLE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD Y AL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la solicitud de tutela presentada por el actor

contra la SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE

LA JUDICATURA, la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE

CARRERA JUDICIAL1 y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE

COLOMBIA2.

1
En adelante la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL.
2
En adelante la UNIVERSIDAD.

2

Número único de radicación: 110010315000-2023-01326-00
Actor: SAÚL MARTÍNEZ SALAS

I. – ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor SAÚL MARTÍNEZ SALAS, actuando en nombre propio, en

ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a cargos

públicos, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la SALA

ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA, la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL y la

UNIVERSIDAD al expedir las resoluciones CJR22-0351 de 1o. de

septiembre de 2022, CJR23-0046 de 16 de enero y CJR230060 de 7

de febrero de 2023, dentro del concurso de méritos adelantado con

ocasión a la Convocatoria núm. 27.

I.2.- Hechos

Manifestó que se inscribió como aspirante al cargo de MAGISTRADO

DE LA COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL dentro

de la Convocatoria núm. 27 adelantada con fundamento en el

Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, emitido por

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Actor: SAÚL MARTÍNEZ SALAS

el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

Indicó que, agotadas las etapas respectivas, mediante la Resolución

núm. CJR22-0351 de 1o. de septiembre de 2022, la UNIDAD DE

CARRERA JUDICIAL publicó los resultados de la prueba de

aptitudes y conocimientos, en las que obtuvo un puntaje no

aprobatorio de 793,75.

Sostuvo que interpuso el recurso de reposición contra la referida

decisión, el cual complementó una vez se efectuó la jornada de

exhibición de la prueba, para impugnar las preguntas 53, 59, 62, 63,

64, 65, 69, 70, 84, 87, 92, 93, 95, 97, 102, 104, 112, 119, 123, 126,

129 y 130, entre otras razones, por tener doble respuesta válida,

errores en las claves, errores de redacción, errores jurídicos y por

ser ajenas al objeto de evaluación.

Precisó que a través de las resoluciones CJR23-0046 de 16 de enero

y CJR230060 de 7 de febrero de 2023, la UNIDAD DE CARRERA

JUDICIAL confirmó el puntaje inicial.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

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Aclaró que el objeto de la presente tutela no es que se “[…] dé

respuesta al recurso de reposición que interpuse (ya se dio

respuesta, aunque no comparto las manifestaciones que se

consignaron en ella), lo que estoy pidiendo es que una autoridad

imparcial confronte los argumentos expuestos por mí y por la

Universidad Nacional de Colombia, y, luego, determine a quién le

asiste la razón. Es decir, busco que, teniendo en cuenta la

vulneración de mis derechos fundamentales, el juez constitucional

realice un análisis de fondo de las preguntas cuestionadas […]”.

Afirmó que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han

manifestado que “[…] las decisiones que se dictan en el desarrollo de

un concurso de méritos para la provisión de empleos constituyen

actos de trámite […]”, por lo que en el presente asunto no resultaría

procedente el medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho como mecanismo para cuestionar las resoluciones en las que

se determinó su puntaje en las pruebas de aptitudes y

conocimientos.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

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“[…] PRIMERO: Tutelar mis derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y acceso a cargos públicos que están siendo
vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura y por la
Universidad Nacional de Colombia, entidades que han tenido
como válidas: a) preguntas con dos opciones de respuestas
correctas (aunque solo se acepta una de ellas); b) preguntas en
las que la respuesta correcta no estaba en las opciones de
respuestas; c) preguntas formuladas en forma ambigua,
imprecisa o con insuficiencia de información; d) preguntas con
enunciados y/o opciones de respuestas mal redactadas; e)
preguntas con enunciados y/o opciones de respuesta con errores
jurídicos; f) preguntas ajenas a los ejes temáticos objeto de
evaluación; y g) sobre todo, preguntas con interpretaciones
literales de la ley disciplinaria, desconociendo la Constitución
Política, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la
jurisprudencia constitucional.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordene al
Consejo Superior de la Judicatura que, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela,
proceda a expedir un nuevo acto administrativo de trámite con
el fin de corregir la actuación administrativa vulnerante de mis
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a
cargos públicos y, en consecuencia, proceda a publicar el nuevo
resultado de la prueba de aptitudes y conocimientos de la
convocatoria 27, incluyendo, por supuesto, los resultados
obtenidos por los aspirantes al cargo de magistrado de Comisión
Seccional de Disciplina Judicial, para lo cual deberá excluirse y/o
eliminarse las siguientes preguntas con falencias, cuyos
cuestionamientos consigno en el archivo anexo
denominado LOS ERRORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
HUMANAS […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL adujo que no ha

vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante,

dado que las inconformidades que planteó en el recurso de reposición

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al que alude fueron atendidas en los puntos 17, 18 y 35 de la

Resolución CJR23-0046 de 16 de enero de 2023 y en la Resolución

CJR23-0060 de 07 de febrero de 2023, con base en la información

proporcionada por la UNIVERSIDAD, como operadora técnica de la

prueba.

Apuntó que en aplicación de los principios de eficiencia, celeridad y

economía que gobiernan las actuaciones administrativas, “[…] los

recursos fueron resueltos en una sola resolución por cargo, mediante

categorías numeradas que agruparon cada uno de los temas

planteados y con un análisis particular sobre cada escrito, en donde

las objeciones coinciden con los ítems desarrollados en el cuerpo del

acto administrativo […]”.

Afirmó que el accionante presentó la acción de tutela identificada con

el número único de radicación 110010315000 2023 00405 00, con

la finalidad de que se amparara su derecho de petición y se

ordenara responder de fondo cada uno de los cuestionamientos que

había presentado en el recurso de reposición aludido.

Agregó que dicha acción fue resuelta por la SECCIÓN QUINTA de

esta Corporación que, mediante sentencia de 23 de febrero de 2023,

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declaró hecho superado.

Precisó que la acción de tutela resulta improcedente para cuestionar

actos administrativos “[…] que por su propia naturaleza se

encuentran amparados por el principio de legalidad, partiendo del

presupuesto que la administración, al momento de manifestarse a

través de un acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y

legales a las que se encuentra subordinada […]”.

I.5.2.- La UNIVERSIDAD sostuvo que precisamente a través de las

resoluciones que el actor cuestionaba, dio una respuesta clara,

completa y de fondo a todos los reparos y solicitudes invocados en

su recurso de reposición.

Arguyó que, en todo caso, “[…] la acción de tutela no es el

mecanismo idóneo para atacar actos administrativos, en especial,

por inconformidades particulares que no devienen de una vulneración

directa a los derechos fundamentales del accionante […]”.

Agregó que la acción de tutela tampoco es el mecanismo idóneo para

controlar eventuales irregularidades por parte de la administración,

puesto que el aspirante debe acudir a los medios jurídicos propios

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dispuestos para dicho fin, máxime cuando no se advierte la existencia

de un perjuicio irremediable.

Destacó que, en su sentir, “[…] la presente acción de tutela fue

interpuesta más de dos meses después de la publicación del acto

administrativo cuestionado por el señor Martínez Salas y con el cual,

en su sentir, se le vulneran sus derechos; espacio de tiempo que

rebasa el término prudente y razonable si se considera la existencia

de una presunta violación de derechos por parte de las accionadas

[…]”.

I.5.3.- El señor DOMINICK CYBULKIEWICZ ACUÑA, con ocasión

de la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio de la

solicitud de amparo para los demás participantes del proceso de

selección origen de la controversia, puso de presente que también es

participante en la Convocatoria núm. 27 y manifestó que intervenía

con “[…] el fin de coadyuvar la solicitud del accionante […]”.

Sostuvo que “[…] ni la Unidad de Administración de Carrera Judicial,

ni la Universidad Nacional de Colombia se han preocupado por

estudiar cada uno de los argumentos que planteamos los aspirantes

al momento de interponer los recursos de reposición contra el acto

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administrativo por medio del cual se publicaron los resultados de la

prueba de aptitudes y conocimientos […]”.

Manifestó que, en efecto, la prueba tuvo inconsistencias, dado que

por ejemplo la pregunta 69 era descontextualizada, porque pese a

tener relación con la teoría general del proceso, fue formulada a

todos los concursantes, sin tener en cuenta que su desarrollo no es

igual en todas las especialidades.

Comentó que las autoridades accionadas desconocieron su deber de

motivar sus actos administrativos, como garantía para que sus

destinatarios puedan ejercer su derecho de defensa.

I.5.4.- El señor FRANCISCO JAVIER CARVAJAL TRUJILLO, con

ocasión de la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio

de la solicitud de amparo para los demás participantes del proceso

de selección origen de la controversia, puso de presente que también

es participante en la Convocatoria núm. 27 y solicitó que se aceptara

su intervención para que se revisaran los reproches que formuló en

sede administrativa contra el puntaje que le fue asignado.

Indicó que en el recurso de reposición que formuló contra la decisión

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en la que se le asignó el puntaje, cuestionó las preguntas 53, 59 y

62, “[…] sin embargo la Universidad Nacional en una explicación poco

convincente confirmó la decisión de no aceptar mi argumento […]”.

Por último, solicitó que “[…] el Consejo de Estado revise dichas

respuestas, para lo cual anexo el texto de la sustentación de recurso

de reposición […]”.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30

de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número

377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de

Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las

Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019

de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las

acciones de tutela.

Cuestión previa

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Previo al planteamiento del problema jurídico, la Sala se pronunciará

respecto de la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor

DOMINICK CYBULKIEWICZ ACUÑA y la intervención del señor

FRANCISCO JAVIER CARVAJAL TRUJILLO.

La coadyuvancia está prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de

19 de noviembre de 19913, en el cual se establece que las personas

que tengan un interés legítimo en el resultado del proceso también

pueden intervenir en el mismo para coadyuvar u oponerse a las

pretensiones de la demanda.

Así mismo, el artículo 71 del Código General del Proceso, aplicable al

trámite de la acción de tutela por remisión del artículo 4 del Decreto

306 de 19 de febrero de 19924, prevé que las personas que tengan

relación sustancial con una de las partes del proceso pueden

intervenir como coadyuvantes mientras no se haya dictado sentencia

de segunda instancia.

Apropósito de la Convocatoria núm. 27, en sentencia SU 067 de

24 de febrero de 2022, con ponencia de la Magistrada Paola Andrea

3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4
“Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”.

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Meneses Mosquera, la Corte Constitucional hizo algunas precisiones

en relación con la figura de la coadyuvancia e intervinientes en este

tipo de asuntos, así:

“[…] Cuestión previa: la intervención de coadyuvantes en
los procesos bajo revisión

75. Asunto que debe resolverse. Antes de dar comienzo al
análisis anunciado, la Sala Plena encuentra necesario analizar un
asunto previo, que incide en los efectos de la decisión que habrá
de adoptarse en esta oportunidad. Esta cuestión tiene origen en
la ingente cantidad de intervenciones que se han presentado,
durante los trámites de instancia y de revisión de los fallos bajo
revisión, por personas que se encuentran en una situación
similar a la de los demandantes.

76. Fundamento normativo de la figura de la coadyuvancia. El
inciso segundo del artículo trece del Decreto 2591 de 1991
establece que la persona que tenga «un interés legítimo en el
resultado del proceso podrá intervenir en él», para respaldar las
pretensiones del actor o de la persona o autoridad pública contra
la cual se dirige la acción de tutela[32]. La jurisprudencia
constitucional ha definido la coadyuvancia en los procesos de
tutela como «la participación de un tercero con interés en el
resultado del proceso que manifiesta compartir las
reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la
tutela»[33]. En este sentido, ha considerado que los
coadyuvantes poseen la facultad para intervenir dentro del
proceso, por el interés personal en la suerte de las pretensiones
de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a
estas[34].

77. Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de
la acción de tutela, que se transmite a la figura procesal bajo
análisis, la jurisprudencia ha advertido que la coadyuvancia se
encuentra sometida a límites, que pretenden conservar la índole

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jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que quien
actúa empleando este título lo hace para coadyuvar las
pretensiones de una parte, no puede actuar en contra de los
intereses de esta: «[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro
del proceso, las facultades que le son permitidas y, en todo
caso, no puede afectar a la parte, pues de la esencia de la
coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única
o de segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer
valer pretensiones propias»[35] [énfasis fuera de texto]. De igual
manera, atendiendo la remisión al Código General del Proceso,
se entiende que el coadyuvante no podrá llevar a cabo actos
procesales que «impliquen disposición del derecho en litigio»[36].
De lo anterior resulta que las facultades del coadyuvante se
encuentran sometidas a límites, que surgen de la propia
naturaleza de la institución procesal que permite su intervención
en la causa judicial.

78. Límites a la posibilidad de plantear nuevos argumentos por
la vía de la coadyuvancia. En esta oportunidad, es preciso
analizar la posibilidad de modificar, por esta vía, el problema
jurídico planteado en la acción de tutela, mediante la
formulación de argumentos y razonamientos distintos a los
planteados en el escrito de demanda. Dicho asunto fue
examinado en la Sentencia T-1062 de 2010. En dicha ocasión,
la Corte conoció una acción de tutela que fue coadyuvada por
terceros que tenían un interés legítimo en la decisión. En calidad
de coadyuvantes, plantearon argumentos diferentes a los que
fueron expuestos en el escrito de tutela y elevaron peticiones
específicas, que tenían por objeto favorecer sus intereses
particulares. Al analizar este asunto, la Corte manifestó lo
siguiente:

[E]s claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos
de tutela, como la participación de un tercero con interés en el
resultado del proceso que manifiesta compartir las
reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la
tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que
difieran de las hechas por el demandante, pues de
suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela,
lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la

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coadyuvancia [énfasis fuera de texto].

79. Atendiendo esta consideración, en la providencia en
comento, la Corte acotó en los siguientes términos el alcance de
los escritos de coadyuvancia presentados: «Bajo esa calidad [de
coadyuvantes], se entenderá que su participación en el trámite
de esta tutela, se limita a apoyar y compartir las reclamaciones
que hace la parte demandante […], razón por la cual, el
pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala de
Revisión, se atendrá a los fundamentos contenidos en la
demanda de tutela, y no se pronunciará respecto de
aquellos que difieran o no hagan parte en ésta» [énfasis
fuera de texto].

80. Conclusión en el caso concreto. Durante el trámite de
instancia de los expedientes T-8.252.659 y T-8.258.202, se
recibió un número ingente de escritos de personas que
coadyuvaron las demandas interpuestas. En su gran mayoría, se
trataba de aspirantes que, al igual que los accionantes,
superaron la prueba de conocimientos y aptitudes practicada el
2 de diciembre de 2018. Los intervinientes manifestaron su
respaldo a las pretensiones formuladas en los procesos bajo
revisión, plantearon diversos argumentos contra la Resolución
CJR20-0202, solicitaron la práctica de pruebas y el
reconocimiento de dictámenes periciales preparados por ellos y
reclamaron la extensión de los efectos de esta providencia, a
través de los dispositivos establecidos con dicho propósito por la
jurisprudencia (efectos inter comunis e inter pares).

81. Teniendo en cuenta que quien actúa en calidad de
coadyuvante tiene vedado «realizar planteamientos distintos […]
que difieran de los hechos por el demandante» [37], la Sala
Plena centrará su atención en los argumentos planteados en las
cuatro acciones de tutela que aquí se revisan. Por consiguiente,
en cuanto a las peticiones elevadas por los intervinientes,
únicamente habrá de pronunciarse sobre la solicitud de conceder
la extensión de los efectos de esta sentencia. Tal petición debe
ser resuelta como consecuencia de la jurisprudencia
constitucional que impone este remedio cuando el principio de
igualdad así lo exige […]”. (Destacados originales)

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Conforme con la sentencia de unificación en cita, los coadyuvantes

poseen la facultad para intervenir dentro del proceso, por el interés

personal en la suerte de las pretensiones de una de las partes y solo

con el fin de manifestar su apoyo a estas, más no para hacer valer

sus propias demandas.

Además, en los asuntos en que se presenten coadyuvancias o

intervenciones, el estudio de los casos solo debe limitarse a los

fundamentos formulados por las partes, sin que haya lugar a

pronunciarse respecto de aquellos que difieran o no hagan parte de

sus argumentaciones.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que aceptará la solicitud de

coadyuvancia del señor DOMINICK CYBULKIEWICZ ACUÑA,

comoquiera que su intervención está encaminada a apoyar la

solicitud de amparo de la referencia, no obstante, el análisis del caso

versará sobre los argumentos planteados por el actor.

En relación con el señor FRANCISCO JAVIER CARVAJAL

TRUJILLO, la Sala advierte que denegará las solicitudes que elevó

en su intervención, como quiera que su finalidad no es apoyar la

solicitud de amparo del actor, sino que se estudien los reproches que

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formuló en nombre propio en el recurso de reposición que interpuso

contra las decisiones en las que se le asignó el puntaje de las pruebas

de aptitudes y conocimientos.

Caso concreto

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,

a la igualdad y al acceso a cargos públicos, los cuales, a su juicio, le

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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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fueron vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, al

expedir las resoluciones CJR22-0351 de 1o. de septiembre de 2022,

CJR23-0046 de 16 de enero y CJR230060 de 7 de febrero de 2023,

dentro del concurso de méritos adelantado dentro de la Convocatoria

núm. 27.

A través de las referidas decisiones se asignó el puntaje de las

pruebas de aptitudes y conocimientos al actor y se resolvió el recurso

de reposición que formuló frente a dicha decisión.

El actor pretende que a través de la presente acción de tutela se

resuelva sobre la legalidad de las resoluciones aludidas, de cara a los

reproches que formuló en su recurso de reposición en sede

administrativa, en relación con cada una de las preguntas que

cuestionó de su examen de aptitudes y conocimientos.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, determinar si las autoridades accionadas vulneraron los

derechos deprecados por el actor al expedir las resoluciones CJR22-

0351 de 1o. de septiembre de 2022, CJR23-0046 de 16 de enero y

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CJR230060 de 7 de febrero de 2023, dentro del concurso de méritos

adelantado con ocasión a la Convocatoria núm. 27.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en especial, el requisito de la

subsidiariedad.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el

cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86

de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que

«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y

negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

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carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»6 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

6 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.

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En relación con la Convocatoria núm. 27 y la procedencia de la acción

de tutela para cuestionar sus actos administrativos, en la sentencia

SU 067 de 24 de febrero de 2022 aludida, la Corte Constitucional

precisó:

“[…] esta corporación ha manifestado que la acción de
tutela no es, en principio, el medio adecuado para
reclamar la protección de los derechos fundamentales
cuando estos resultan infringidos por la expedición de un
acto administrativo. Dicha postura ha dado lugar a una
línea jurisprudencial pacífica y reiterada[52]. Su
fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador
ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011
como los instrumentos procesales para demandar el
control judicial de los actos administrativos[53].

94. Según este diseño normativo, el proceso judicial que se
surte ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el
escenario natural para la reivindicación de los derechos
fundamentales conculcados en este contexto. Allí, los
interesados pueden reclamar no solo el control de legalidad
correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los
derechos fundamentales que hayan sido vulnerados. Las
medidas cautelares que ofrece la Ley 1437 de 2011, las cuales
permitirían prevenir la consumación de un daño definitivo
mientras se surte la causa judicial, corroboran la idoneidad de
los aludidos medios de control en este campo.

95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito
de los concursos de méritos. Al respecto, esta corporación ha
manifestado que el juez de lo contencioso administrativo es la
autoridad llamada a juzgar las violaciones de los derechos
fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones
administrativas. Al respecto, ha manifestado que «por regla
general, […] es improcedente la acción de tutela que pretenda
controvertir los actos proferidos por las autoridades
administrativas que se expidan con ocasión de un concurso de
méritos, pues para ello se han previsto otros instrumentos
judiciales como lo dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de
2011»[54]. La posibilidad de emplear las medidas cautelares,
«que pueden ser de naturaleza preventiva, conservativa,

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anticipativa o de suspensión»[55], demuestra que tales acciones
«constituyen verdaderos mecanismos de protección, ante los
efectos adversos de los actos administrativos»[56].

96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha
instaurado tres excepciones a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela, en el campo
específico de los concursos de mérito[57]. Los actos
administrativos que se dicten en el curso de estas
actuaciones administrativas podrán ser demandados por
esta vía cuando se presente alguno de los siguientes
supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que
permita demandar la protección del derecho fundamental
infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable
y iii) planteamiento de un problema constitucional que
desborde el marco de competencias del juez
administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.

97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita
demandar la protección del derecho fundamental infringido. La
primera excepción se basa en el reconocimiento de la existencia
de ciertos actos que, de conformidad con las reglas del derecho
administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial. En
estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por
cuanto «la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la
acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos
porque no está legitimada para impugnar los actos
administrativos que los vulneran»[58]. Habida cuenta de esta
circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo
definitivo, cuando se controvierten actos de trámite o de
ejecución que vulneren derechos fundamentales, comoquiera
que tales decisiones no son susceptibles de discusión
jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo»[59].

98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio
irremediable. La segunda excepción a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela contra estos actos
administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable[60]. Este supuesto de
hecho se presenta cuando «por las circunstancias excepcionales
del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la
orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados
los derechos fundamentales de la persona que interpone la
acción»[61].

99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde

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el marco de competencias del juez administrativo. Finalmente,
la tercera salvedad reconocida por la jurisprudencia
constitucional se basa en la especial índole que presentan ciertos
problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado
en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas
demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de
acción del juez de lo contencioso administrativo. En tales casos,
«las pretensiones del accionante no se dirigen a determinar la
legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de
la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los
medios de control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación
de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos
fundamentales»[62].

100. Las acciones sometidas a revisión se encuadran en el
supuesto de ausencia de medios de control. Las acciones de
tutela interpuestas por los demandantes se enmarcan en el
primer supuesto de hecho. Esto es así dado que la Resolución
CJR20-0202 es un acto administrativo de trámite, motivo por el
cual no puede ser sometido al escrutinio de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Así lo confirma la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, la cual reconoce
que los medios de control de la Ley 1437 de 2011 no pueden ser
empleados en el caso particular de los actos de trámite. En todo
caso, según se explica a continuación, el hecho de que no sea
posible demandar por esta vía tales actos administrativos en
modo alguno implica que la acción de tutela pueda utilizarse en
todos los casos para demandar tales determinaciones de la
Administración. Así pues, a continuación, se expone la aludida
postura de estos tribunales al respecto, y se analizan los
requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela
contra actos de trámite.

[…]

109. Supuestos específicos de procedencia de la acción de
tutela contra actos administrativos de trámite expedidos
en el marco de los concursos de méritos. Con fundamento
en las razones expuestas hasta este punto, la Sala Plena
de esta corporación ha propuesto los siguientes
requisitos, que permiten evaluar la procedibilidad
específica de la acción de tutela contra estos actos en
particular: «i) que la actuación administrativa de la cual
hace parte el acto no haya concluido; ii) que el acto
acusado defina una situación especial y sustancial que se

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proyecte en la decisión final; y iii) que ocasione la
vulneración o amenaza real de un derecho constitucional
fundamental»[76]. A continuación, se procede a analizar
la procedibilidad de las acciones interpuestas en los
procesos bajo revisión, a la luz de estas exigencias.

110. Las acciones de tutela interpuestas en los procesos T-
8.252.659, T-8.258.202, T-8.374.927 satisfacen los requisitos
específicos de procedibilidad para el caso de actos de trámite.
La Sala Plena juzga que las acciones de tutela presentadas por
Diego Mauricio Higuera Jiménez, Pedro Alirio Quintero Sandoval
y Jorge Hernán Pulido Cardona satisfacen los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional sobre este
asunto específico. En primer lugar, la actuación administrativa
que tuvo inicio con la expedición del Acuerdo PCSJA18-11077 se
encuentra en curso; en cumplimiento de lo decidido en la
Resolución CJR20-0202, aquella fue retrotraída a la citación para
la práctica de la prueba de conocimientos y aptitudes. Por
consiguiente, la actuación se encuentra en la primera fase de la
primera etapa, de acuerdo con el procedimiento establecido en
el acto de convocatoria.

111. En segundo término, la Resolución CJR20-0202 «define
una situación especial y sustancial que se proyecta en la decisión
final»[77]. Si bien el acto administrativo que da a conocer los
resultados de la prueba de conocimientos y aptitudes es un acto
de trámite, es evidente que contiene una decisión de indiscutible
relevancia para el desarrollo de la convocatoria. Antes de
ahondar en este asunto, la Sala Plena encuentra oportuno hacer
hincapié en la naturaleza jurídica de la Resolución CJR20-0202
como acto administrativo de trámite: la manifestación de
voluntad del Consejo Superior de la Judicatura que se encuentra
contenida en la resolución no trae como consecuencia la
finalización o la obstaculización del avance de la actuación
administrativa que se encuentra en curso. Por el contrario,
aquella pretende enmendar las irregularidades que se han
presentado en la estructuración y evaluación de la prueba de
conocimientos y aptitudes. De ahí que, en estricto rigor, dicho
acto administrativo sea de trámite, y no un acto administrativo
definitivo […]”.

Conforme con la sentencia de unificación en cita, la acción de tutela

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es improcedente para reclamar la protección de derechos

fundamentales cuando la vulneración se endilga respecto de un acto

administrativo, excepto si no existe otro mecanismo judicial que

permita demandar la protección de la garantía fundamental

infringida; se vislumbre la configuración de un perjuicio irremediable

o se trate de un asunto cuyo problema constitucional desborde el

marco de competencias del juez administrativo.

Además, el Alto Tribunal precisó que de manera excepcional la acción

de tutela es procedente para solicitar la protección de derechos

fundamentales frente a actos administrativos de trámite expedidos

en el marco de los concursos de méritos, siempre que la actuación

administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; que

el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se

proyecte en la decisión final; y, que ocasione la vulneración o

amenaza real de las garantías deprecadas.

En la providencia en cita, la Corte Constitucional concluyó que en esa

oportunidad era procedente el estudio del fondo del asunto, dado que

la presunta vulneración de los derechos deprecados se derivaba de

un acto que no era susceptible de control judicial por ser de trámite,

pero que en todo caso sí definía una situación especial y sustancial

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que se proyectaría en la decisión final, esto era, la Resolución CJR20-

0202 a través de la cual la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL

resolvió corregir varias de las actuaciones que había desarrollado

hasta ese momento en el marco de la Convocatoria núm. 27 desde

la citación a las pruebas de aptitudes y conocimientos, para ajustar

todo el trámite a derecho y continuarlo en debida forma.

Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente

acción de tutela es improcedente por la existencia de otro medio

de defensa judicial, comoquiera que las inconformidades planteadas

en este trámite constitucional recaen en las resoluciones CJR22-0351

de 1o. de septiembre de 2022, CJR23-0046 de 16 de enero y

CJR230060 de 7 de febrero de 2023, cuya legalidad puede ser

discutida a través del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho.

Cabe precisar que si bien el actor indicó que, en su sentir, dichos

actos administrativos son de trámite, lo cierto es que en lo que le

concierne, en dichas decisiones se definió su situación jurídica dentro

de la Convocatoria núm. 27, en la medida que implicaron su

eliminación para las etapas subsiguientes del concurso y, por ende,

cualquier reproche que dirija para cuestionar esa actuación puede

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ventilarlo a través del medio de control aludido.

Además, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio irremediable

que haga procedente la acción de tutela de la referencia como

mecanismo transitorio, dado que de los elementos de juicio obrantes

en el expediente no es posible establecer dicha circunstancia.

En lo que concierne a la improcedencia de la acción de tutela para

discutir decisiones administrativas particulares emitidas en

concursos de méritos, esta Sala en sentencia de 14 de octubre de

20217, señaló:

“[…] VI.4.1. Improcedencia de la presente acción de tutela
por desconocer requisito de subsidiariedad

20. En el sub judice la actora afirmó que las entidades
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales invocados,
al expedir las resoluciones números CSJBOR21 568 de 20 de
mayo de 2021, CSJBOR21-801 de 6 de julio de 2021 y CJR21-
0265 de 17 de agosto de 2021, por medio de las cuales se
dispuso su exclusión del proceso de selección en el marco del
concurso de méritos convocado mediante Acuerdo CSJBOA17-
609 del 06 de octubre de 2017.

21. Cabe resaltar que, como se enunció previamente, la acción
de tutela resulta improcedente cuando se pretende controvertir
la legalidad de actos administrativos, en razón a que los

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de octubre
de 2021, CP. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS número único de radicación 11001-03-15-000-
2021-06518-00(AC).

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asociados cuentan con medios de defensa ordinarios como lo son
los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento
del derecho, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar la
anulación y la suspensión de los actos de la administración que,
según afirma, lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto,
afectan derechos fundamentales.

22. Conforme con lo anterior, para la Sala resulta forzoso
concluir que los actos administrativos acusados por esta vía
constitucional son susceptibles de control jurisdiccional y, en ese
sentido, la accionante dispone del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través del cual puede discutir la
legalidad de los actos administrativos en cuestión.

23. Así las cosas, y resaltándose que, tal como lo ha sostenido
esta Sección, «con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de
2011, ya no es aceptable el argumento según el cual los medios
de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos
como el estudiado».

24. Lo anterior en consideración a que «la mencionada
normativa además de darle celeridad a los procesos al consagrar
la oralidad en los mismos, contiene diferentes herramientas
jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia, como la
suspensión provisional de los efectos del acto
administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina
la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de
una decisión administrativa; impartir órdenes o imponerle
obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes, las
cuales demuestran la efectividad del procedimiento
ordinario cuando se advierte una situación apremiante
que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva». (negrillas fuera del texto)

25.Con fundamento en la anterior premisa, para la Sala es claro
que, contrario a lo sostenido por la actora, el medio de defensa
de que dispone para controvertir los actos administrativos
acusados por vía judicial resulta ser idóneo y eficaz para la
protección de los derechos fundamentales que estima

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vulnerados con los actos administrativos emitidos por las aquí
accionadas.

26. Sumado a lo anterior, la Sala advierte que en el sub examine
no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya
que este debe suponer una hipotética afectación grave y
significativa de los derechos fundamentales de la parte actora, y
en ese sentido se justifica la intervención del juez de tutela en
forma transitoria para adoptar medidas urgentes e
impostergables que eviten la materialización del referido
perjuicio; circunstancias que en el presente asunto no se
presentan.

27. Por todo lo anterior, la Sala concluye que la parte actora
debe utilizar los medios ordinarios establecidos en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, para discutir la legalidad de los actos
administrativos que acusa por vía constitucional. Por tanto, se
declarará la improcedencia la presente acción de tutela ante la
inobservancia del requisito de la subsidiariedad […]”.

Cabe precisar que en sentencias de 5 de agosto de 2021 8 y 4 de

marzo de 20229, esta Sala también se pronunció sobre la

improcedencia de la acción de tutela para cuestionar decisiones

particulares emitidas en el desarrollo de concursos de méritos, bajo

argumentos similares a los expuestos en el precedente en cita.

Por otro lado, la Sala precisa que si bien, entre otras, en sentencias

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de agosto
de 2021, CP. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
03717-00(AC).
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de marzo
de 2022, CP. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 110010315000 2022 00315
00 (AC).

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de 2410 y 3111 de marzo de 2023 se pronunció de fondo frente a

solicitudes de amparo elevadas por participantes de la convocatoria

27, dicha situación obedeció a que los asuntos devenían de la

presunta falta de resolución de los recursos de reposición

interpuestos contra los puntajes de las pruebas de aptitudes y

conocimientos, lo que se relacionaba con el derecho de petición,

garantía susceptible de protección directa a través de la acción de

tutela12.

Al respecto en la sentencia de 31 de marzo de 2023 aludida, esta

Sala precisó:

“[…] Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito de
subsidiariedad, que si bien es cierto el actor solicita expresamente
que se deje sin efectos «[…] el acto administrativo RESOLUCIÓN
CJR23-0028 16 ENE2023 Y SUS ANEXOS […]», la realidad
es que dicha petición surge porque a juicio del tutelante las
accionadas no resolvieron de manera clara, fondo y congruente
los cuestionamientos u objeciones que presentó frente «[…] a las
preguntas 53, 82, 88, 103, 105, 106, 108, 110, 119, 120, 122,
129, 32, 53, 65, 66, 70, 82, 100, 101, 102, 103, 126 y 129 […]».

Significa lo anterior que el presente asunto está orientado

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de marzo
de 2023, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 110010315000 2023 00837 00.

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo
de 2023, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-
01122-00.

12
Ver, sentencia T-230/20, Corte Constitucional, Mp Luis Guillermo Guerrero Pérez “[…] respecto del
requisito de subsidiariedad, es preciso anotar que, visto el asunto sub-judice, el recurso de amparo es
el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho de petición, si se tiene
en cuenta que, en el ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo,
tal y como insistentemente lo ha señalado esta Corporación […]”.

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a determinar si se violó o no el núcleo esencial del derecho
de petición del actor, con ocasión del recurso de reposición
que promovió en contra de la Resolución CJR22- 0351 de
1° de septiembre de 2022, razón por la cual el medio de
defensa ordinario resultaría ineficaz para tal fin […]”
(Destacado fuera de texto).

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que es evidente que el

asunto objeto de estudio en el presente caso carece del requisito

general de subsidiariedad, por lo que se declarará improcedente la

solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva

de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia presentada por el

señor DOMINICK CYBULKIEWICZ ACUÑA, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR las solicitudes efectuadas por el señor

FRANCISCO JAVIER CARVAJAL TRUJILO en su intervención,

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31

Número único de radicación: 110010315000-2023-01326-00
Actor: SAÚL MARTÍNEZ SALAS

conforme con lo expuesto en la parte motiva de la presente

providencia.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la

referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta

sentencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de abril de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los

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32

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integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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