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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06236-00

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06236-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 25 Ibidem. 26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Expediente núm. 11001-03-15-000-2024- 05158-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Expediente núm. 11001-03-15-000-2024- 04051-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Expediente núm. 11001-03-15-000-2024- 03694-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes 11 Radicación: 11001-03-15-000-2024-06236-00 Accionante: María Patricia Gil Chaparro TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06236-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

23 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-06236-00
Accionante: MARÍA PATRICIA GIL CHAPARRO
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - ESCUELA
JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA”
Tema: TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO - Se declara
improcedente el mecanismo de amparo. La parte accionante dispone de otro
medio de defensa judicial para ventilar los motivos de inconformidad.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora María Patricia Gil
Chaparro contra la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” del Consejo Superior
de la Judicatura.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora María Patricia Gil Chaparro solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a cargos públicos en conexidad con
los principios de confianza legítima y buena fe, cuya vulneración le atribuyó a la
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” del Consejo Superior de la Judicatura, por
la expedición de la Resolución número EJR24-826 de 1.º de noviembre de 20241
y el sistema de evaluación utilizado en el “[…] IX Curso de Formación Judicial
Inicial […]”.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:

1
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución EJR24298 del 21 de junio de 2024,
corregida por la Resolución EJR24-317 del 28 de junio de 2024”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06236-00
Accionante: María Patricia Gil Chaparro

2.1. Señaló que participó en la convocatoria núm. 27 que adelanta el proceso de
selección para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial,
reglamentada en el Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 20182.

2.2. Indicóque los resultados de las evaluaciones aplicadas para la subfase
general del curso concurso de formación judicial del “[…] IX Curso de Formación
Judicial […]” fueron publicados en la plataforma de la Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla” del Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Resolución
núm. EJR24-298 de 21 de junio de 2024.

2.3. Refirió que presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo
y que en respuesta a su petición la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” del
Consejo Superior de la Judicatura, mediante la Resolución núm. EJR24-826 de
1.º de noviembre de 2024, le “[…] reconoció un resultado de 789 puntos; es decir,
11 puntos menos de los requeridos para continuar a la subfase especializada
[…]”.

2.4. Sostuvo que frente a la Resolución núm. EJR24-826 de 2024 tiene “[…]
múltiples reparos, pues existe un importante número de preguntas que no se
ajustan a los propósitos de la evaluación indicados en el acuerdo pedagógico que
rige el IX curso de formación judicial, tales como: preguntas que fueron calificadas
sin tener en cuenta la apropiación del contenido académico enfocado a la práctica
judicial ni el desarrollo de competencias sobre la función judicial, ni la
interpretación de textos jurídicos3 ni la lógica del razonamiento para la solución de
problemas4 jurídicos ni los rangos de lecturas obligatorias5, entre otros aspectos
[…]”.

2.5. Manifestó que, teniendo en cuenta que la sede administrativa fue agotada,
discutirá el asunto ante la sede ordinaria, pero que espera “[…] que ello no sea
necesario, dado protuberante que resulta la violación a mis DDFF […]”.

2.6. Agregó que “[…] [l]a ejecución de IX Curso de Formación Judicial, atentó
contra la legalidad, pues documentos académicos modificaron entre otras
cosas las formas de evaluación, entre ella el concepto de taller […]”, porque
de acuerdo con la forma en que se llevó a cabo “[…] no capacita
intensivamente; únicamente evalúa a través de actividades que no son
prácticas como “asociación de palabras, selección de texto, arrastrar

2
“Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial”.
3
Por citar algunas, la pregunta 39 de la evaluación del módulo de Justicia transicional y justicia restaurativa, 79 de la
evaluación del módulo de Filosofía Derecho e Interpretación Constitucional, 77 de la evaluación del módulo de DDHH
Género.
4
Por citar algunas, la pregunta 34 de la evaluación del módulo de Habilidades humanas.
5
Por citar algunas, las preguntas 4 y 41 de la evaluación del módulo de Habilidades humanas, 45, 47 y 57 de la evaluación
del módulo de Argumentación judicial y valoración probatoria y 63 de la evaluación del módulo de DDHH Género.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06236-00
Accionante: María Patricia Gil Chaparro

respuesta, escoger palabra, elegir opción y test multi-respuesta” […]”.
[Negrilla original del texto].

2.7. Finalmente, puntualizó que “[…] [s]on muchos los reparos que existen frente al
proceso de formación y al instrumento de evaluación, pero lo ocurrido con las
evaluaciones denominadas taller ponen en duda la legalidad y construcción de
480 puntos. Cabe resaltar que la [sic] en estas preguntas solo se midió la
memoria textual de lecturas que debía leerse entre diciembre de 2023 y mayo de
2024. Pero fue una única evaluación un día en mayo y otro día en junio […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, la confianza
legitima, la buena fe y el acceso a cargos públicos, vulnerados por la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y, en consecuencia, ORDENAR a la accionada
que en un término improrrogable de 48 horas:

-EXPIDA un acto administrativo en el que: i) reconozca como acertadas las
respuestas que di a las preguntas referidas en los argumentos séptimo y
octavo de la presente acción ii) DISPONGA mi inclusión definitiva o transitoria
en la subfase especializada del curso concurso de formación judicial (IX curso
de formación judicial).

Subsidiariamente y en el evento de no considerase la anterior orden, pido
que se DISPONGA mi inclusión provisional en la subfase especializada del
curso concurso de formación judicial (IX curso de formación judicial), hasta
que un juez ordinario resuelva la demanda que, en ese evento, presentaré
contra los resultados de la subfase general del mencionado curso de
formación judicial […]”. [Mayúscula, cursiva, subrayado y negrilla original del
texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 26 de noviembre de 2024, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se
vincularon en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a
la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y a la Unión Temporal
Formación Judicial 2019.

5. Igualmente, se negó la medida provisional solicitada por la accionante.

V. INTERVENCIONES

6. Una vez efectuada las notificaciones a la autoridad accionada y a las
vinculadas, se allegó el siguiente informe:

4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06236-00
Accionante: María Patricia Gil Chaparro

6.1. La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” solicitó a través de su directora,
declarar la improcedencia de la acción de tutela por carecer del requisito de
subsidiariedad, en razón a que la accionante cuenta con un medio de defensa
judicial idóneo y eficaz, para reprochar los actos administrativos proferidos en el
marco de dicho proceso.

6.2. Señaló que el acto administrativo controvertido goza de presunción de
legalidad y es susceptible de control judicial ante la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa.

6.3. Finalmente,advirtió que “[…] no se acredita la existencia de un perjuicio
irremediable y, en todo caso, 3) no se advierte la vulneración de ningún derecho
fundamental […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19916, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20157, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20218, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20199.

VI.2. Problemas jurídicos

8. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer lo
siguiente:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra actos administrativos en el marco de un concurso
de méritos. Y, de ser así, se deberá determinar:

b) Si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales invocados
por la parte accionante, al haber expedido la Resolución número EJR24-
826 de 1.° de noviembre de 2024 y el sistema de evaluación utilizado en el
“[…] IX Curso de Formación Judicial Inicial […]”.

6
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
7
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
8
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06236-00
Accionante: María Patricia Gil Chaparro

9. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) la procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos expedidos en el marco de un concurso de méritos; y
posteriormente (ii) resolver el caso concreto, siempre y cuando se superen los
requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VI.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos expedidos en el marco de un concurso de méritos

10. Sobre el particular, la Sala advierte que, de conformidad con lo establecido por
el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiaridad de la acción de
tutela, por regla general, esta no procede para controvertir actos administrativos
de carácter general o particular y concreto, toda vez que el legislador previó como
mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad, los medios de control
de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho.

11. En relación con los actos administrativos expedidos en el marco de un
concurso de méritos, la Corte Constitucional, en sentencia SU-067 de 24 de
febrero de 2022, precisó que, por regla general, la acción de tutela es
improcedente, excepto en los siguientes tres eventos: (i) que no exista otro
mecanismo judicial que permita demandar la protección de la garantía
fundamental infringida; (ii) que se vislumbre la configuración de un perjuicio
irremediable o (iii) que se trate de un asunto cuyo problema constitucional
desborde el marco de competencias del juez administrativo. Al respecto, la
referida Corporación explicó lo siguiente:

“[…] [L]a jurisprudencia constitucional ha instaurado tres excepciones a la
regla general de improcedencia de la acción de tutela, en el campo específico
de los concursos de mérito. Los actos administrativos que se dicten en el
curso de estas actuaciones administrativas podrán ser demandados por esta
vía cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de
un mecanismo judicial que permita demandar la protección del derecho
fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable
y iii) planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.

97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección
del derecho fundamental infringido. La primera excepción se basa en el
reconocimiento de la existencia de ciertos actos que, de conformidad con las
reglas del derecho administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio
judicial. En estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por cuanto
«la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la acción de tutela, para
defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar
los actos administrativos que los vulneran»[58]. Habida cuenta de esta
circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo definitivo, cuando
se controvierten actos de trámite o de ejecución que vulneren derechos

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06236-00
Accionante: María Patricia Gil Chaparro

fundamentales, comoquiera que tales decisiones no son susceptibles de
discusión jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo»[59].

98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. La
segunda excepción a la regla general de improcedencia de la acción de tutela
contra estos actos administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable[60]. Este supuesto de hecho se
presenta cuando «por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es
posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar
irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que
interpone la acción»[61].

99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. Finalmente, la tercera salvedad
reconocida por la jurisprudencia constitucional se basa en la especial índole
que presentan ciertos problemas jurídicos. De conformidad con el criterio
expresado en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas
demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de acción del juez
de lo contencioso administrativo. En tales casos, «las pretensiones del
accionante no se dirigen a determinar la legalidad de los actos administrativos
expedidos en desarrollo de la convocatoria, pretensión para la cual puede
acudir a los medios de control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación de estas
normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos fundamentales»[62] […]”.
[Subrayado fuera del texto].

12. Igualmente en la aludida sentencia de unificación, se precisó que, de manera
excepcional, la acción de tutela es procedente para solicitar la protección de
derechos fundamentales frente a actos administrativos de trámite expedidos en el
marco de los concursos de méritos, siempre que la actuación administrativa de la
cual hace parte el acto no haya concluido; que el acto acusado defina una
situación especial y sustancial que se proyecte en la decisión final y que ocasione
la vulneración o amenaza real de las garantías deprecadas.

VI.4. Caso concreto

13. La señora María Patricia Gil Chaparro solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a cargos públicos en conexidad con
los principios de confianza legítima y buena fe, cuya vulneración le atribuyó a la
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” del Consejo Superior de la Judicatura, por
la expedición de la Resolución número EJR24-826 de 1.º de noviembre de 202410
y el sistema de evaluación utilizado en el “[…] IX Curso de Formación Judicial
Inicial […]”.

10
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución EJR24298 del 21 de junio de 2024,
corregida por la Resolución EJR24-317 del 28 de junio de 2024”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06236-00
Accionante: María Patricia Gil Chaparro

VI.4.1. Improcedencia de la presente acción de tutela por incumplir el
requisito de subsidiariedad

14. Cabe resaltar que, como se enunció previamente, la acción de tutela resulta
improcedente cuando se pretende controvertir la legalidad de actos
administrativos, en razón a que los asociados cuentan con otros medios de
defensa como lo son los medios de control de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho11, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar
la anulación y la suspensión de los actos de la administración que, según afirma,
lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto, afectan derechos
fundamentales.

14.1. En el presente caso, la parte accionante adujo que con la expedición de la
Resolución número EJR24-826 de 1.º de noviembre de 2024 y el sistema de
evaluación utilizado en el “[…] IX Curso de Formación Judicial Inicial […]”, se
vulneraron sus derechos fundamentales citados supra en razón a que, a través de
ese acto administrativo y la metodología utilizada en la subfase general del curso
concurso de formación judicial, obtuvo una puntuación incorrecta que la dejó por
11 puntos por fuera del puntaje requerido para continuar a la subfase
especializada.

14.2. Alrespecto, señaló que el acto administrativo cuestionado contiene: “[…]
múltiples reparos, pues existe un importante número de preguntas que no se
ajustan a los propósitos de la evaluación indicados en el acuerdo pedagógico que
rige el IX curso de formación judicial, tales como: preguntas que fueron calificadas
sin tener en cuenta la apropiación del contenido académico enfocado a la práctica
judicial ni el desarrollo de competencias sobre la función judicial, ni la
interpretación de textos jurídicos12 ni la lógica del razonamiento para la solución
de problemas13 jurídicos ni los rangos de lecturas obligatorias14, entre otros
aspectos […]”.

15. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que la presente acción de
tutela busca controvertir: i) el acto administrativo a través del cual se resolvió el
recurso de reposición presentado contra la Resolución número EJR24298 del 21
de junio de 2024, corregida por la Resolución EJR24-317 del 28 de junio de 2024,
que le reconoció a la accionante un resultado de 789 puntos y, por consiguiente,

11
CPACA. Art. 141: (…) Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual,
podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso (…)”
12
Por citar algunas, la pregunta 39 de la evaluación del módulo de Justicia transicional y justicia restaurativa, 79 de la
evaluación del módulo de Filosofía Derecho e Interpretación Constitucional, 77 de la evaluación del módulo de DDHH
Género.
13
Por citar algunas, la pregunta 34 de la evaluación del módulo de Habilidades humanas.
14
Por citar algunas, las preguntas 4 y 41 de la evaluación del módulo de Habilidades humanas, 45, 47 y 57 de la
evaluación del módulo de Argumentación judicial y valoración probatoria y 63 de la evaluación del módulo de DDHH
Género.

8

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Accionante: María Patricia Gil Chaparro

ii) el sistema de evaluación utilizado en el “[…] IX Curso de Formación Judicial
Inicial […]”.

16. En ese sentido, la Corte Constitucional ha dicho que por regla general la
acción constitucional resulta improcedente para “[…] controvertir actos
administrativos en atención a: (i) la existencia de mecanismos de autotutela; (ii) la
existencia de medios judiciales ordinarios establecidos para controvertir las
actuaciones de la administración en el ordenamiento jurídico; (ii) la presunción de
legalidad que las reviste; y (iii) la posibilidad de que, a través de las medidas
cautelares o provisionales, se adopten remedios idóneos y eficaces de protección
de los derechos en ejercicio de los mecanismos ordinarios […]”15.

17. En el caso objeto de estudio, se observa que el acto administrativo cuestionado
es susceptible de control judicial, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

18. Al respecto esta Sección, mediante sentencia de 11 de mayo de 2023 16, señaló
lo siguiente:

“[…] [L]a Sala advierte que la presente discusión gira en torno a la legalidad o
no del acto administrativo contenido en la Resolución CJR23-0061 de 8 de
febrero de 2023, por medio de la cual se dispuso excluir o rechazar del
concurso de méritos al aquí actor.

18. En atención a la anterior, la Sala encuentra que el actor dispone de otro
medio de defensa judicial como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para controvertir la Resolución CJR23-0061 de 8
de febrero de 2023, comoquiera que dicha actuación administrativa es
susceptible de control judicial, tal como lo precisó esta Sección, en reciente
pronunciamiento de 14 de abril de 2023, oportunidad en la que se señaló lo
siguiente:

[…] Cabe precisar que, si bien el actor indicó que, en su sentir, dichos actos
administrativos son de trámite, lo cierto es que en lo que le concierne, en dichas
decisiones se definió su situación jurídica dentro de la Convocatoria núm.
27, en la medida que implicaron su eliminación para las etapas
subsiguientes del concurso y, por ende, cualquier reproche que dirija para
cuestionar esa actuación puede ventilarlo a través del medio de control
aludido […]17. (negrillas por fuera de texto)

19. De allí que resulta oportuno resaltar que esta Sección18 ha sostenido que:
«[…] con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya no es
aceptable el argumento según el cual los medios de control ordinarios no son

15
Sentencia T-149 de 9 de mayo de 2023, Expediente T-8.999.065, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de mayo de 2023, Exp.
núm. 11001-03-15-000-2023-01936-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
17
Expediente 11001-03-15-000-2023-01326-00.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018,
expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González.

9

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Accionante: María Patricia Gil Chaparro

eficaces ni oportunos para la protección de los derechos presuntamente
conculcados en casos como el estudiado […]»19.

20. Lo anterior en consideración a que: «[…] la mencionada normativa
además de darle celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los
mismos, contiene diferentes herramientas jurídicas que permiten
solicitar, entre otras cosas, las medidas cautelares incluso de
urgencia20, como la suspensión provisional de los efectos del acto
administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina la declaración o
no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa;
impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera
de las partes, las cuales demuestran la efectividad del procedimiento
ordinario cuando se advierte una situación apremiante que necesite ser
remediada incluso antes de que se profiera una decisión definitiva
[…]»21. (negrillas fuera del texto)

21. Significa lo expuesto que el aquí actor cuenta con un mecanismo judicial
para controvertir la legalidad de la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de
2023, instrumento que resulta idóneo y eficaz para la protección de los
derechos fundamentales aquí invocados y en el que, adicionalmente, podrá
solicitar el decreto de las medidas cautelares preventivas que estime
pertinentes.

De allí que resulta oportuno resaltar que esta Sección22 ha sostenido que:
«[…] con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya no es
aceptable el argumento según el cual los medios de control ordinarios no son
eficaces ni oportunos para la protección de los derechos presuntamente
conculcados en casos como el estudiado […]»23.

Lo anterior en consideración a que: «[…] la mencionada normativa además de
darle celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los mismos,
contiene diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre
otras cosas, las medidas cautelares incluso de urgencia24, como la
suspensión provisional de los efectos del acto administrativo o del
procedimiento hasta tanto se defina la declaración o no de su nulidad;
ordenar la adopción de una decisión administrativa; impartir órdenes o
imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes, las
cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se
advierte una situación apremiante que necesite ser remediada incluso

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021,
expediente número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
20
Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra
parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción,
se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será
susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente,
previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete.
21
Ibidem.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018,
expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021,
expediente número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
24
Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra
parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción,
se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será
susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente,
previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06236-00
Accionante: María Patricia Gil Chaparro

antes de que se profiera una decisión definitiva […]»25 […]”. [Negrilla
original del texto].

19. En ese sentido, esta Sala de Decisión resolvió lo mismo frente a acciones de
tutela radicadas contra actos administrativos proferidos en virtud del “[…] IX Curso
de Formación Judicial Inicial […]”, en razón a que los accionantes contaban con
otro medio judicial para controvertir la decisión administrativa que consideraban
que atentaba contra sus derechos fundamentales, entre las que se encuentran la
de 24 de octubre26, 2927 y 2228 de agosto de 2024.

20. En armonía con lo anterior, cabe señalar que en el presente asunto no se dan
los supuestos excepcionales fijados por la Corte Constitucional en sentencia SU-
067 de 2022 para la procedencia de la acción de tutela contra acto administrativo
proferido en el marco de un concurso de méritos, en razón a lo siguiente:

(i) La accionante efectivamente dispone de otro medio de defensa judicial, tal
como se explicó previamente.

(ii) No se evidencia la supuesta afectación grave y significativa de los derechos
fundamentales de la accionante y, no se encuentra configurado un perjuicio
irremediable.

(iii) Los argumentos que sustentan la supuesta afectación de garantías
constitucionales no desbordan el marco de competencias del juez administrativo.

21. Por lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de
tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
25
Ibidem.
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Expediente núm. 11001-03-15-000-2024-
05158-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
27
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Expediente núm. 11001-03-15-000-2024-
04051-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
28
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Expediente núm. 11001-03-15-000-2024-
03694-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes

11

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06236-00
Accionante: María Patricia Gil Chaparro

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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