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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01936-00

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01936-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de la referencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de octubre de 2021, CP. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS número único de radicación 11001-03-15-000-2021-06518-00(AC). 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de agosto de 2021, CP. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 11001-03-15-000-2021-03717-00(AC). 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de marzo de 2022, CP. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 110010315000 2022 00315 00 (AC). 13 Expedientes 11001-03-15-000-2023-01559-00 y 11001-03-15-000-2023-01476-00. 10 Radicación: 11001-03-15-000-2023-01936-00 Accionante: Camilo Zuluaga Bonilla SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01936-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

11 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01936-00
Accionante: CAMILO ZULUAGA BONILLA
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – SE DECLARA IMPROCEDENTE – la
parte actora dispone de otro medio de defensa judicial para
ventilar los motivos de inconformidad

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela promovida por el ciudadano Camilo Zuluaga
Bonilla en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Camilo Zuluaga Bonilla solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales «[…] al acceso a ocupar los cargos públicos, carrera judicial,
igualdad y debido proceso […]», cuya vulneración le atribuyó al Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial por
haberlo rechazado y excluido del concurso de méritos convocado mediante
Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, por no cumplir, al momento
de la inscripción, con el requisito mínimo de experiencia para aspirar al cargo de
juez laboral municipal de pequeñas causas.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:

2.1. Manifestó que se inscribió al concurso de méritos convocado mediante Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, expedido por el Consejo Superior de la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

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Accionante: Camilo Zuluaga Bonilla

Judicatura, encaminado a proveer, entre otros, el cargo de juez laboral municipal de
pequeñas causas.

2.2. Señaló que presentó la prueba de «[…] conocimientos […]», en la que obtuvo un
puntaje aprobatorio; resultado que, en principio, le permitía pasar a la otra etapa del
concurso. Sin embargo, fue rechazado o excluido de este, mediante Resolución
CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, «[…] [por] la casual 3.4 “No cumple el
requisito de experiencia” […]».

2.3. Relató que, dentro de la oportunidad procesal concedida, presentó solicitud de
verificación de documentos, la cual fue resuelta negativamente mediante Oficio de
22 de marzo de 2023.

2.4. Manifestó que la accionada vulneró sus derechos fundamentales porque
desconoció el tiempo laboral que prestó en la Rama Judicial y que acreditó con
antelación a la fecha de expedición del título profesional de abogado; lapso que, a
su juicio, debió computarse para establecer el cumplimiento del requisito de
experiencia profesional, de conformidad con lo previsto en los artículos 229 del
Decreto 019 de 2012 y 3 de la Ley 2043 de 2020.

2.5. Advirtió que el requisito mínimo de experiencia debe verificarse al momento del
nombramiento y posesión ante el nominador, etapa en la cual aún no se
encuentra el concurso de méritos, por lo que debe darse prevalencia al derecho al
mérito, en tanto ya cumple con el referido requisito.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] 1. TUTELAR los derechos fundamentales al acceso a ocupar los cargos
públicos, carrera judicial, igualdad y debido proceso, del cual es titular el
señor CAMILO ZULUAGA BONILLA vulnerados por la RAMA JUDICIAL -
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE CARRERA JUDICIAL y el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, al haber sido rechazado del Concurso de
Jueces y Magistrados de la “CONVOCATORIA 27 FUNCIONARIOS DE
CARRERA DE LA RAMA JUDICIAL-JUEZ LABORAL MUNICIPAL DE
PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES”.

2. ORDENAR, a la RAMA JUDICIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACION DE
CARRERA JUDICIAL y al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, se
admita al señor CAMILO ZULUAGA BONILLA en el Concurso de Jueces y
Magistrados de la “CONVOCATORIA 27 FUNCIONARIOS DE CARRERA DE
LA RAMA JUDICIAL-JUEZ LABORAL MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS
LABORALES”, permitiéndole continuar en la FASE III DE LA ETAPA DE
SELECCIÓN IX CURSO DE FORMACION JUDICIAL INICIAL, lo anterior por

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Accionante: Camilo Zuluaga Bonilla

haber acreditado el requisito de experiencia mínima conforme los hechos de
la demanda de tutela […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 21 de abril de 2023 se admitió la presente acción de tutela en
contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial. En la misma providencia se ordenó vincular como terceros con
interés directo en los resultados de este proceso a la Universidad Nacional de
Colombia y «[…] a las personas que aspiraron al concurso de méritos convocado
mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 […]». También se
dispuso notificar al agente del Ministerio Público para lo de su competencia.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada las notificaciones a la autoridad accionada y a la vinculada,
se advierte que se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura, por intermedio de la directora de la Unidad, rindió informe en los
siguientes términos:

5.2. En primera medida, advirtió que: «[…] el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de
agosto de 2018, es de obligatorio cumplimiento tanto para la administración como
para los concursantes y en el mismo se señalaron de manera integral todos los
requisitos generales y específicos para participar en el concurso, requisitos cuyo
incumplimiento da lugar a ser rechazado del concurso […]».

5.3. En segundo lugar, señaló que: «[…] no le asiste razón al actor al señalar que
es posible acreditar y valorar la experiencia adquirida luego de la inscripción al
concurso de méritos, como quiera que esta resulta ser extemporánea bajo los
parámetros que rigen el proceso de selección al tratarse de experiencia
conseguida con posterioridad al término de inscripción previsto en la convocatoria
[…]».

5.4. De otra parte, sostuvo que el presente mecanismo de amparo no satisface el
requisito general de procedibilidad atinente a la subsidiariedad, ya que los motivos
de inconformidad del actor se centran en controvertir «[…] la Resolución CJR23-
0061 de 8 de febrero de 2023 […] al haberse incluido en el listado de aspirantes
rechazados por la causal de inadmisión prevista en el punto 3.4, por tratarse de
un acto administrativo de carácter general con contenido particular, lo procedente
es iniciar el medio de control de nulidad […]».

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Accionante: Camilo Zuluaga Bonilla

6. La Universidad Nacional de Colombia, por conducto del director del proyecto
contrato 096 de 2028, rindió informe en el que solicitó declarar improcedente la
presente acción de tutela por las siguientes razones:

7. Sostuvo que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, dado que lo
pretendido por el actor es controvertir el acto administrativo que dispuso su
rechazo del concurso de méritos, por lo que dispone, para tal fin, de los medios de
control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho.

8. Sin perjuicio de lo expuesto, indicó que: «[…] las accionadas no han vulnerado
derecho alguno del señor Zuluaga Bonilla y salta a la vista que la presente acción
carece de objeto por cuanto lo pretendido por ella fue resuelto bajo los parámetros
señalados a lo largo del presente informe […]».

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

VI.3. Problemas jurídicos

10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer lo siguiente:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra actos administrativos expedidos en el marco de un
concurso de méritos. Si ello es así, determinar:

B) Si la accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
actora, al haberlo rechazado o excluido del concurso de méritos convocado
mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, por no
cumplir, al momento de la inscripción, con el requisito mínimo de

1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01936-00
Accionante: Camilo Zuluaga Bonilla

experiencia para aspirar al cargo de juez laboral municipal de pequeñas
causas.

VI.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos expedidos en el marco de un concurso de méritos

11. Sobre el particular, la Sala advierte que, de conformidad con lo establecido por
el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiaridad de la acción de
tutela, por regla general, esta no procede para controvertir actos administrativos
de carácter general o particular y concreto, toda vez que el legislador previó como
mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad, los medios de control
de nulidad, y nulidad y restablecimiento del derecho.

12. En relación con los actos administrativos expedidos en el marco de un
concurso de méritos, la Corte Constitucional, en sentencia SU-067 de 24 de
febrero de 2022, precisó que, por regla general, la acción de tutela es
improcedente, excepto en los siguientes tres eventos: (i) que no exista otro
mecanismo judicial que permita demandar la protección de la garantía
fundamental infringida; (ii) que se vislumbre la configuración de un perjuicio
irremediable o (iii) que se trate de un asunto cuyo problema constitucional
desborde el marco de competencias del juez administrativo. Al respecto, la
referida Corporación explicó lo siguiente:

[…] la jurisprudencia constitucional ha instaurado tres excepciones a la regla
general de improcedencia de la acción de tutela, en el campo específico de
los concursos de mérito. Los actos administrativos que se dicten en el curso
de estas actuaciones administrativas podrán ser demandados por esta vía
cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un
mecanismo judicial que permita demandar la protección del derecho
fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable
y iii) planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.

97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección
del derecho fundamental infringido. La primera excepción se basa en el
reconocimiento de la existencia de ciertos actos que, de conformidad con las
reglas del derecho administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio
judicial. En estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por cuanto
«la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la acción de tutela, para
defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar
los actos administrativos que los vulneran»[58]. Habida cuenta de esta
circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo definitivo, cuando
se controvierten actos de trámite o de ejecución que vulneren derechos
fundamentales, comoquiera que tales decisiones no son susceptibles de
discusión jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo»[59].

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01936-00
Accionante: Camilo Zuluaga Bonilla

98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. La
segunda excepción a la regla general de improcedencia de la acción de tutela
contra estos actos administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable[60]. Este supuesto de hecho se
presenta cuando «por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es
posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar
irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que
interpone la acción»[61].

99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. Finalmente, la tercera salvedad
reconocida por la jurisprudencia constitucional se basa en la especial índole
que presentan ciertos problemas jurídicos. De conformidad con el criterio
expresado en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas
demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de acción del juez
de lo contencioso administrativo. En tales casos, «las pretensiones del
accionante no se dirigen a determinar la legalidad de los actos administrativos
expedidos en desarrollo de la convocatoria, pretensión para la cual puede
acudir a los medios de control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación de estas
normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos fundamentales»[62] […].
(Subrayas por fuera del texto original)

13. Igualmente en la aludida sentencia de unificación, se precisó que, de manera
excepcional, la acción de tutela es procedente para solicitar la protección de
derechos fundamentales frente a actuaciones administrativas de trámite que se
desarrollen en el marco de los concursos de méritos, siempre que la actuación
administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; que el acto
acusado defina una situación especial y sustancial que se proyecte en la decisión
final, y que ocasione la vulneración o amenaza real de las garantías deprecadas.

VI.4. Caso concreto

14. Elciudadano Camilo Zuluaga Bonilla solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales «[…] al acceso a ocupar los cargos públicos, carrera judicial,
igualdad y debido proceso […]», cuya vulneración le atribuyó al Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial por
haberlo rechazado y excluido del concurso de méritos convocado mediante
Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, por no cumplir, al momento
de la inscripción, con el requisito mínimo de experiencia para aspirar al cargo de
juez laboral municipal de pequeñas causas.

VI.4.1. Improcedencia de la presente acción de tutela por desconocer
requisito de subsidiariedad

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01936-00
Accionante: Camilo Zuluaga Bonilla

15. Cabe resaltar que, como se enunció previamente, la acción de tutela resulta
improcedente cuando se pretende controvertir la legalidad de actos
administrativos, en razón a que los asociados cuentan con medios de defensa
ordinarios como lo son los medios de control de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho4, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar
la anulación y la suspensión de los actos de la administración que, según afirma,
lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto, afectan derechos
fundamentales.

16. Ahorabien, en el caso de autos, el actor afirmó que la entidad accionada
vulneró sus derechos fundamentales invocados, al haberlo excluido o rechazado
del concurso de méritos convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de
agosto de 2018, por no cumplir, al momento de la inscripción, con el requisito
mínimo de experiencia para aspirar al cargo de juez laboral municipal de
pequeñas causas.

17. Por lo anterior, la Sala advierte que la presente discusión gira en torno a la
legalidad o no del acto administrativo contenido en la Resolución CJR23-0061 de
8 de febrero de 2023, por medio de la cual se dispuso excluir o rechazar del
concurso de méritos al aquí actor.

18. En atención a la anterior, la Sala encuentra que el actor dispone de otro medio
de defensa judicial como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho para controvertir la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023,
comoquiera que dicha actuación administrativa es susceptible de control judicial,
tal como lo precisó esta Sección, en reciente pronunciamiento de 14 de abril de
2023, oportunidad en la que se señaló lo siguiente:

[…] Cabe precisar que, si bien el actor indicó que, en su sentir, dichos actos
administrativos son de trámite, lo cierto es que en lo que le concierne, en
dichas decisiones se definió su situación jurídica dentro de la
Convocatoria núm. 27, en la medida que implicaron su eliminación para
las etapas subsiguientes del concurso y, por ende, cualquier reproche
que dirija para cuestionar esa actuación puede ventilarlo a través del
medio de control aludido […]5. (negrillas por fuera de texto)

19. De allí que resulta oportuno resaltar que esta Sección6 ha sostenido que: «[…]
con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya no es aceptable el
argumento según el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni

4
CPACA. Art. 141: (…) Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual,
podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso (…)”
5
Expediente 11001-03-15-000-2023-01326-00.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018,
expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01936-00
Accionante: Camilo Zuluaga Bonilla

oportunos para la protección de los derechos presuntamente conculcados en
casos como el estudiado […]»7.

20. Lo anterior en consideración a que: «[…] la mencionada normativa además de
darle celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas,
las medidas cautelares incluso de urgencia8, como la suspensión provisional
de los efectos del acto administrativo o del procedimiento hasta tanto se
defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión
administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a
cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del
procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que
necesite ser remediada incluso antes de que se profiera una decisión
definitiva […]»9. (negrillas fuera del texto)

21. Significa lo expuesto que el aquí actor cuenta con un mecanismo judicial para
controvertir la legalidad de la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023,
instrumento que resulta idóneo y eficaz para la protección de los derechos
fundamentales aquí invocados y en el que, adicionalmente, podrá solicitar el
decreto de las medidas cautelares preventivas que estime pertinentes.

22. En armonía con lo anterior, cabe señalar que en el presente asunto no se dan
los supuestos excepcionales fijados por la Corte Constitucional en sentencia SU-
067 de 2022 para la procedencia de la acción de tutela contra un acto
administrativo proferido en el marco de un concurso de méritos, en razón a lo
siguiente:

(i) El aquí actor efectivamente dispone de otro medio de defensa judicial, tal como
se explicó previamente.

(ii) No se evidencia la supuesta afectación grave y significativa de los derechos
fundamentales de la parte actora, por lo que no se encuentra configurado un
perjuicio irremediable, en el entendido de que la exclusión del actor del concurso
de méritos obedeció al no cumplimiento del requisito previsto en el artículo 3 -
numeral 1.2- del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, acto

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021,
expediente número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
8
Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra
parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción,
se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será
susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente,
previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete.
9
Ibidem.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01936-00
Accionante: Camilo Zuluaga Bonilla

administrativo que, valga resaltarlo, goza de presunción de legalidad y, por tanto,
es de obligatorio cumplimiento.

(iii) Los argumentos que sustentan la supuesta afectación de garantías
iusfundamentales no desbordan el marco de competencias del juez administrativo,
ya que la presente controversia gira en torno a que el requisito de la experiencia
profesional se puede cumplir con los períodos laborados con anterioridad a la
fecha de expedición del título de abogado, de conformidad con lo previsto en los
artículos 229 del Decreto 019 de 2012 y 3 de la Ley 2043 de 2020.

23. En este estado de cosas, cabe poner de relieve que esta Sección, en
sentencias de 14 de octubre de 202110, de 5 de agosto de 202111, 4 de marzo de
202212 y de 27 de abril de 202313, se pronunció sobre la improcedencia de la
acción de tutela para cuestionar decisiones particulares emitidas en el desarrollo
de concursos de méritos, bajo argumentos similares a los expuestos en esta
providencia.

24. Asílas cosas, la Sala concluye que la parte actora debe utilizar los medios
ordinarios y los instrumentos cautelares establecidos en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para discutir la
legalidad, así como los efectos del acto administrativo que ataca por vía
constitucional.

25. Porlos anteriores razonamientos, la Sala declarará la improcedencia la
presente acción de tutela ante la inobservancia del requisito de la subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de octubre de 2021, CP.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS número único de radicación 11001-03-15-000-2021-06518-00(AC).
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de agosto de 2021, CP.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 11001-03-15-000-2021-03717-00(AC).
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de marzo de 2022, CP.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 110010315000 2022 00315 00 (AC).
13
Expedientes 11001-03-15-000-2023-01559-00 y 11001-03-15-000-2023-01476-00.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01936-00
Accionante: Camilo Zuluaga Bonilla

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre
de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo
31 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley. P (18)

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