Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01476-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01476-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01476-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
27 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01476-00
Accionante: CARLOS MARIO FRÍAS RUBIO
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – SE DECLARA IMPROCEDENTE – El
actor dispone de otros medios de defensa judiciales para
ventilar los motivos de inconformidad
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela promovida por el ciudadano Carlos Mario Frías
Rubio en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Elciudadano Carlos Mario Frías Rubio solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a cargos públicos, cuya vulneración
le atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración
de Carrera Judicial, por haberlo excluido del concurso de méritos convocado
mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, al no haber
aportado la declaración juramentada de no hallarse incurso en inhabilidad o
incompatibilidad para asumir el cargo de juez penal municipal.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
2.1. Manifestó que se inscribió al concurso de méritos convocado mediante Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, encaminado a proveer el cargo de juez penal municipal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Carlos Mario Frías Rubio
2.2. Señaló que presentó la prueba de «[…] conocimientos […]», en la que obtuvo un
puntaje de 892.97, resultado que, en principio, le permitía pasar a la otra etapa del
concurso. Sin embargo, fue rechazado o excluido de este, mediante Resolución
CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, al haberse considerado que no presentó
«[…] la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades […]».
2.3. Relató que, dentro de la oportunidad procesal concedida, presentó «[…] solicitud
de verificación de documentos, en la cual adjuntó la declaración de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades […]».
2.4. Adujo que la accionada, mediante Oficio CJO23-1616 de 17 de marzo de 2023,
resolvió negar su petición y le informó que la solicitud de verificación no es un
recurso, ni una etapa procesal para subsanar los errores cometidos en el aporte
de la documentación.
2.5. Comentó que: «[…] nunca he tenido ninguna inhabilidad o incompatibilidad
constitucional o legal para asumir el ejercicio de cargos públicos, entre ellos el de
juez penal municipal, ello incluye el periodo de tiempo del 16 de agosto del año
2018 y hasta el 17 de febrero de 2023, inclusive a la presentación de esta acción
de tutela […]».
2.6. Indicó que: «[…] El requisito de la declaración juramentada hace 5 años es una
formalidad que actualmente no cumple su función puesto que el principio
constitucional de buena fe impone asumir que todos los que se presentan lo
hacen sin inhabilidades, las inhabilidades de acuerdo con el artículo 133 de la ley
270 se deben verificar al momento de la posesión, y finalmente, en 5 años pueden
suceder inhabilidades a cualquiera de los participantes y dejar de suceder […]».
2.7. Afirmó que, al haber sido rechazado del concurso de mérito por el hecho de no
haber presentado la declaración de no encontrase en inhabilidad o incompatibilidad,
se vulneró su derecho fundamental al acceso a cargos públicos, en tanto que dicha
causal de rechazo o exclusión «[…] es [simplemente] una informalidad que no
protege ningún fin constitucional […]». Al respecto, explicó lo siguiente:
[…] El rechazo por el defecto en la carga de un documento que no cumplen
eficazmente ningún fin es una afectación inconstitucional al derecho
fundamental al acceso a cargos públicos.
Ese requisito de cargar tales documentos no cumple eficazmente el fin que
tiene de demostrar la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades puesto
que i) estos se presumen por el principio constitucional de la buena fé, ii) ello
debe acreditarse nuevamente al momento de la posesión y iii) lo revisaron
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Accionante: Carlos Mario Frías Rubio
luego de gastarse los recursos públicos en el proceso de selección al
participante.
Por otro lado, el rechazo en este caso restringe el ejercicio del derecho
fundamental de acceso a cargos públicos en un proceso de selección que
lleva cinco años. Esta afectación no encuentra ninguna justificación
constitucional válida. Ello porque el interés general es la selección de acuerdo
con el mérito, lo cual se afecta también con esta decisión que excluye
participantes que aprobaron la prueba de conocimientos y aptitudes.
En el presente caso el ejercicio del derecho fundamental del acceso a cargos
públicos, el interés general que viene con el mérito y el debido proceso
convergen en una misma decisión que es la verificación de documentos y la
admisión del participante que cumplía con los requisitos al momento de la
convocatoria, pero que por algún defecto no se realizó la carga adecuada del
documento de declaración de inhabilidades e incompatibilidades.
En su lugar el Consejo Superior de la Judicatura ha decidido decantarse por
la arbitrariedad de la letra de la ley y sostener que el acuerdo desplaza todos
los fines constitucionales que se encuentran aquí afectados, cuando el
acuerdo no define qué se entiende por verificación de documentos, y si lo
hiciera, esto admitiría una extensión en procura de lograr fines
constitucionales. Digo arbitrariedad porque la letra de la ley podría
interpretarse en cualquiera de los dos sentidos siendo correcto aquel que
garantice el logro de los fines constitucionales […].
2.8. Aseveró que se afectó su derecho al debido proceso, en la medida en que no se
entendió la etapa de verificación de documentos como la oportunidad procesal para
que los aspirantes saneen los defectos formales en que se pudo incurrir al cargar los
documentos en la plataforma, máxime cuando el Acuerdo que estableció las reglas
de la convocatoria no definió en que consiste la etapa de verificación de
documentos.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló la siguiente pretensión:
[…] De la manera más atenta les solicito oír los argumentos facticos y
jurídicos aquí presentados y valorar la conformidad constitucional de los actos
de la entidad accionada en atención a mis derechos fundamentales al acceso
a cargos públicos y debido proceso, y de considerar la vulneración, ordenar al
Consejo Superior de la Judicatura tomar las medidas conducentes a
garantizar mis derechos fundamentales […].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 24 de marzo de 2023, se admitió la presente acción de tutela
en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
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Accionante: Carlos Mario Frías Rubio
de Carrera Judicial. En la misma providencia se ordenó vincular como terceros
con interés directo en los resultados de este proceso a la Universidad Nacional
de Colombia y a las «[…] a las personas que aspiraron al concurso de méritos
convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 […]».
También se dispuso notificar al agente del Ministerio Público para lo de su
competencia.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada las notificaciones a las autoridades accionadas, se advierte
que se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura, por intermedio de la directora de la Unidad, rindió informe en los
siguientes términos:
5.2. En primera medida, advirtió que: «[…] el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de
agosto de 2018, es de obligatorio cumplimiento tanto para la administración como
para los concursantes y en el mismo se señalaron de manera integral todos los
requisitos generales y específicos para participar en el concurso, requisitos cuyo
incumplimiento da lugar a ser rechazado del concurso […]».
5.3. Al respecto, puntualizó lo siguiente:
[…] en el acuerdo de convocatoria y se evidencia con la foto de la pantalla del
ingreso de información de documentos, siempre estuvo y está claramente
establecido en el reglamento, que uno de los documentos a aportar al
momento de la inscripción al concurso, era la declaración juramentada de no
encontrarse incurso en inhabilidades o incompatibilidades para ejercer el
cargo, en formato PDF, carga con la cual cumplieron más de 3.390 aspirantes
de los que pasaron la prueba de aptitudes y conocimientos, por lo que fueron
admitidos, en aplicación de las normas bajo el principio de la igualdad que no
puede ahora vulnerarse, para favorecer a aquellos que a pesar de tratarse
una exigencia clara y explícita, no la tomaron en consideración por distintas
razones, como puede ser la de no haber leído de manera juiciosa las normas
de la convocatoria […].
5.4. En segundo lugar, señaló que la etapa de verificación de documentos no es
una oportunidad para subsanar o sanear los errores en que pudieron incurrir los
aspirantes, habida cuenta que el Acuerdo de convocatoria estableció
expresamente «[…] que los aspirantes tenían la obligación de aportar la
documentación, incluida la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades
e incompatibilidades, en documento PDF, dentro del término de inscripción […]».
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Accionante: Carlos Mario Frías Rubio
5.5. De otra parte, sostuvo que el presente mecanismo de amparo no satisface el
requisito general de procedibilidad atinente a la subsidiariedad, ya que los motivos
de inconformidad del actor se centran en el requisito establecido en el «[…]
Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, que sirvió de soporte jurídico a la Resolución
CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 […]», que, «[…] por tratarse de un acto
administrativo de carácter general, lo procedente es iniciar el medio de control de
nulidad […]».
6. La Universidad Nacional de Colombia, por conducto del director del proyecto
contrato 096 de 2028, rindió informe en el que solicitó declarar improcedente la
presente acción de tutela por las siguientes razones:
7. Sostuvo que no se cumple con el requisito de la inmediatez, dado que lo
pretendido por el actor es controvertir uno de los requisitos previstos en el
Acuerdo PCSJA18-11077 de agosto 16 de 2018, por lo que la acción de tutela se
presentó después de haber transcurrido cuatro (4) años desde que se publicó el
aludido acuerdo.
8. Igualmente, expuso que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad
porque «[…] el señor Frías Rubio cuenta con otros mecanismos de protección
judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa, no siendo de recibo los
argumentos esgrimidos por ella, y atendiendo así a lo expresado por el artículo 86
de la Constitución Política que establece con claridad que, esta herramienta
extraordinaria, es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales
que se caracteriza por ser residual y subsidiario [...]».
9. Sin perjuicio de lo expuesto, indicó que no existe la vulneración alegada por el
actor, en razón a que «[…] ha desarrollado su labor dentro de los términos
señalados en la Ley y la reglamentación específica que regula el sistema especial
de selección para los cargos requeridos en la Convocatoria 27 de 2018 […]».
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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Accionante: Carlos Mario Frías Rubio
abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
VI.2. Problemas jurídicos
11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer lo siguiente:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra actos administrativos expedidos en el marco de un
concurso de méritos. Si ello es así, determinar:
B) Si la accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
actora, al haberlo rechazado o excluido del concurso de méritos convocado
mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, por no haber
aportado la declaración juramentada de no hallarse incurso en inhabilidad o
incompatibilidad para asumir el cargo de juez penal municipal.
VI.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos expedidos en el marco de un concurso de méritos
12. Sobre el particular, la Sala advierte que, de conformidad con lo establecido por
el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiaridad de la acción de
tutela, por regla general, esta no procede para controvertir actos administrativos
de carácter general o particular y concreto, toda vez que el legislador previó como
mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad, los medios de control
de nulidad, y nulidad y restablecimiento del derecho.
13. En relación con los actos administrativos expedidos en el marco de un
concurso de méritos, la Corte Constitucional, en sentencia SU-067 de 24 de
febrero de 2022, precisó que, por regla general, la acción de tutela es
improcedente, excepto en los siguientes tres eventos: (i) que no exista otro
mecanismo judicial que permita demandar la protección de la garantía
fundamental infringida; (ii) que se vislumbre la configuración de un perjuicio
irremediable o (iii) que se trate de un asunto cuyo problema constitucional
desborde el marco de competencias del juez administrativo. Al respecto, la
referida Corporación explicó lo siguiente:
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“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
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Accionante: Carlos Mario Frías Rubio
[…] la jurisprudencia constitucional ha instaurado tres excepciones a la regla
general de improcedencia de la acción de tutela, en el campo específico de
los concursos de mérito. Los actos administrativos que se dicten en el curso
de estas actuaciones administrativas podrán ser demandados por esta vía
cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un
mecanismo judicial que permita demandar la protección del derecho
fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable
y iii) planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.
97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección
del derecho fundamental infringido. La primera excepción se basa en el
reconocimiento de la existencia de ciertos actos que, de conformidad con las
reglas del derecho administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio
judicial. En estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por cuanto
«la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la acción de tutela, para
defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar
los actos administrativos que los vulneran»[58]. Habida cuenta de esta
circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo definitivo, cuando
se controvierten actos de trámite o de ejecución que vulneren derechos
fundamentales, comoquiera que tales decisiones no son susceptibles de
discusión jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo»[59].
98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. La
segunda excepción a la regla general de improcedencia de la acción de tutela
contra estos actos administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable[60]. Este supuesto de hecho se
presenta cuando «por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es
posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar
irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que
interpone la acción»[61].
99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. Finalmente, la tercera salvedad
reconocida por la jurisprudencia constitucional se basa en la especial índole
que presentan ciertos problemas jurídicos. De conformidad con el criterio
expresado en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas
demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de acción del juez
de lo contencioso administrativo. En tales casos, «las pretensiones del
accionante no se dirigen a determinar la legalidad de los actos administrativos
expedidos en desarrollo de la convocatoria, pretensión para la cual puede
acudir a los medios de control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación de estas
normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos fundamentales»[62] […].
(Subrayas por fuera del texto original)
14. Igualmente en la aludida sentencia de unificación, se precisó que, de manera
excepcional, la acción de tutela es procedente para solicitar la protección de
derechos fundamentales frente a actos administrativos de trámite expedidos en el
marco de los concursos de méritos, siempre que la actuación administrativa de la
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Accionante: Carlos Mario Frías Rubio
cual hace parte el acto no haya concluido; que el acto acusado defina una
situación especial y sustancial que se proyecte en la decisión final y que ocasione
la vulneración o amenaza real de las garantías deprecadas.
VI.4. Caso concreto
15. El ciudadano Carlos Mario Frías Rubio solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a cargos públicos, cuya vulneración
le atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración
de Carrera Judicial, por haberlo rechazado o excluido del concurso de méritos
convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, al no
haber aportado la declaración juramentada de no hallarse incurso en inhabilidad o
incompatibilidad para asumir el cargo de juez penal municipal.
VI.4.1. VI.4.1. Improcedencia de la presente acción de tutela por desconocer
requisito de subsidiariedad
16. Cabe resaltar que, como se enunció previamente, la acción de tutela resulta
improcedente cuando se pretende controvertir la legalidad de actos
administrativos, en razón a que los asociados cuentan con medios de defensa
ordinarios como lo son los medios de control de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho4, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar
la anulación y la suspensión de los actos de la administración que, según afirma,
lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto, afectan derechos
fundamentales.
17. Ahora bien, en el caso de autos, el actor afirmó que la entidad accionada
vulneró sus derechos fundamentales invocados, al haberlo excluido o rechazado
del concurso de méritos convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de
agosto de 2018, por el simple hecho de no haber aportado la declaración
juramentada de no hallarse incurso en inhabilidad o incompatibilidad para asumir
el cargo de juez penal municipal.
18. Endesarrollo de la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados, el actor argumentó, en síntesis, lo siguiente:
[…] El rechazo por el defecto en la carga de un documento que no cumplen
eficazmente ningún fin es una afectación inconstitucional al derecho
fundamental al acceso a cargos públicos.
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CPACA. Art. 141: (…) Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual,
podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso (…)”
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Accionante: Carlos Mario Frías Rubio
Ese requisito de cargar tales documentos no cumple eficazmente el fin que
tiene de demostrar la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades puesto
que i) estos se presumen por el principio constitucional de la buena fé, ii) ello
debe acreditarse nuevamente al momento de la posesión y iii) lo revisaron
luego de gastarse los recursos públicos en el proceso de selección al
participante.
Por otro lado, el rechazo en este caso restringe el ejercicio del derecho
fundamental de acceso a cargos públicos en un proceso de selección que
lleva cinco años. Esta afectación no encuentra ninguna justificación
constitucional válida. Ello porque el interés general es la selección de acuerdo
con el mérito, lo cual se afecta también con esta decisión que excluye
participantes que aprobaron la prueba de conocimientos y aptitudes.
En el presente caso el ejercicio del derecho fundamental del acceso a cargos
públicos, el interés general que viene con el mérito y el debido proceso
convergen en una misma decisión que es la verificación de documentos y la
admisión del participante que cumplía con los requisitos al momento de la
convocatoria, pero que por algún defecto no se realizó la carga adecuada del
documento de declaración de inhabilidades e incompatibilidades.
En su lugar el Consejo Superior de la Judicatura ha decidido decantarse por
la arbitrariedad de la letra de la ley y sostener que el acuerdo desplaza todos
los fines constitucionales que se encuentran aquí afectados, cuando el
acuerdo no define qué se entiende por verificación de documentos, y si lo
hiciera, esto admitiría una extensión en procura de lograr fines
constitucionales. Digo arbitrariedad porque la letra de la ley podría
interpretarse en cualquiera de los dos sentidos siendo correcto aquel que
garantice el logro de los fines constitucionales […].
19. Visto lo anterior, para la Sala es claro que la inconformidad del actor se centra
en que el requisito general de la convocatoria previsto en el numeral 1.1., 1, del
artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, y que se
encuentra asociado con la declaración de «[…] No estar incurso en causal de
inhabilidad o incompatibilidad, lo cual deberá acreditarse con una declaración
juramentada suscrita por el aspirante, escaneada y cargada en formato PDF […]»,
no cumple un fin constitucional.
20. En atención a lo anterior, la Sala advierte que el actor dispone otro medio de
defensa judicial como lo es el medio de control de nulidad para controvertir la
legalidad del requisito previsto en el numeral 1.1., 1, del artículo 3 del Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018.
21. Sumado a lo anterior, y en gracia de discusión, en el evento de que se
considerara que la discusión que plantea el aquí actor no gira en torno a la
exigencia del requisito previsto en el numeral 1.1., 1, del artículo 3 del Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, sino frente a la determinación
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Accionante: Carlos Mario Frías Rubio
particular de su exclusión o rechazo del concurso de méritos que se materializó
en la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, la Sala advierte que, de
igual manera, la presente solicitud de amparo devendría improcedente, dado que
dicha actuación administrativa es susceptible de control judicial, tal como lo
precisó esta Sección, en reciente pronunciamiento de 14 de abril de 2023,
oportunidad en la cual señaló lo siguiente:
[…] Cabe precisar que, si bien el actor indicó que, en su sentir, dichos actos
administrativos son de trámite, lo cierto es que en lo que le concierne, en
dichas decisiones se definió su situación jurídica dentro de la
Convocatoria núm. 27, en la medida que implicaron su eliminación para
las etapas subsiguientes del concurso y, por ende, cualquier reproche
que dirija para cuestionar esa actuación puede ventilarlo a través del
medio de control aludido […]5. (Negrillas por fuera de texto)
22. De allí que resulta oportuno resaltar que esta Sección6 ha sostenido que: «[…]
con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya no es aceptable el
argumento según el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni
oportunos para la protección de los derechos presuntamente conculcados en
casos como el estudiado […]»7.
23. Lo anterior en consideración a que: «[…] la mencionada normativa además de
darle celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas,
las medidas cautelares incluso de urgencia8, como la suspensión provisional
de los efectos del acto administrativo o del procedimiento hasta tanto se
defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión
administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a
cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del
procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que
necesite ser remediada incluso antes de que se profiera una decisión
definitiva […]»9. (negrillas fuera del texto)
24. Lo expuesto se traduce en que el aquí actor cuenta con los mecanismos
judiciales para controvertir ya sea la legalidad del requisito previsto en el numeral
1.1., 1, del artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, o la
5
Expediente 11001-03-15-000-2023-01326-00.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018,
expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021,
expediente número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
8
Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra
parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción,
se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será
susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente,
previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete.
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Ibidem.
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Accionante: Carlos Mario Frías Rubio
legalidad de la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, instrumentos
idóneos y eficaces para la protección de los derechos fundamentales aquí
invocados y en los que, adicionalmente, podrá solicitar el decreto de las medidas
cautelares preventivas que estime pertinentes.
25. En armonía con lo anterior, cabe señalar que en el presente asunto no se dan
los supuestos excepcionales fijados por la Corte Constitucional en sentencia SU-
067 de 2022 para la procedencia de la acción de tutela contra acto administrativo
proferido en el marco de un concurso de méritos, en razón a lo siguiente:
(i) El aquí actor dispone de otro medio de defensa judicial, tal como se explicó
previamente.
(ii) No se evidencia la supuesta afectación grave y significativa de los derechos
fundamentales de la parte actora, por lo no se encuentra configurado un perjuicio
irremediable, en el entendido de que su exclusión del concurso de méritos
obedeció al no cumplimiento del requisito previsto en el numeral 1.1., 1, del
artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, acto
administrativo que, valga resaltarlo, goza de presunción de legalidad y, por tanto,
es de obligatorio cumplimiento.
(iii) Los argumentos que sustentan la supuesta afectación de garantías
iusfundamentales no desbordan el marco de competencias del juez administrativo,
ya que los mismos están orientados a que se realice un juicio de legalidad o se
inaplique el mandato dispuesto en el numeral 1.1., 1, del artículo 3 del Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, por no cumplir, a juicio del tutelante, un
fin constitucional.
26. En este contexto, resulta oportuno señalar que, en sentencias de 14 de octubre
de 202110, de 5 de agosto de 202111 y 4 de marzo de 202212, esta Sala también se
pronunció sobre la improcedencia de la acción de tutela para cuestionar
decisiones particulares emitidas en el desarrollo de concursos de méritos, bajo
argumentos similares a los expuestos en esta providencia.
27. Cabe poner de relieve que la Corte Constitucional, en sentencia T-059 de 2019,
tuvo por cumplido el requisito de la subsidiariedad13 y, finalmente, resolvió
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de octubre de 2021, CP.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS número único de radicación 11001-03-15-000-2021-06518-00(AC).
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de agosto de 2021, CP.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 11001-03-15-000-2021-03717-00(AC).
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de marzo de 2022, CP.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN número único de radicación 110010315000 2022 00315 00 (AC).
13
“Esta determinación se fundamentó porque se trataba de una decisión administrativa que fue proferida en un concurso
de méritos para proveer el cargo de gerente de una empresa social del Estado, cuyo período es fijo”.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01476-00
Accionante: Carlos Mario Frías Rubio
amparar los derechos al debido proceso y al acceso a cargos públicos de un
aspirante que había sido excluido del concurso por haber incurrido en un error al
momento de aportar la declaración juramentada de no hallarse incurso en
inhabilidad o incompatibilidad.
28. En esa oportunidad, la Corte Constitucional fundamentó14 su decisión en el
hecho consistente en que en el reglamento de la convocatoria no se estableció
como causal de exclusión del concurso el asociado con que el participante no
hubiere aportado la declaración juramentada de no hallarse incurso en inhabilidad
o incompatibilidad, circunstancia que difiere del asunto de la referencia, habida
cuenta que el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 201815 taxativamente
previó como causal de rechazo no haber presentado «[…] la declaración
juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades […]», lo cual
implica que se deba efectuar un control de legalidad de la mencionada causal,
análisis que claramente escapa de la órbita del juez constitucional, y que, valga
resaltarlo, recae exclusivamente en el juez natural del asunto.
29. Asílas cosas, la Sala concluye que la parte actora debe utilizar los medios
ordinarios establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, para discutir la legalidad de los actos administrativos
que acusa por vía constitucional. Por tanto, la Sección declarará la improcedencia
la presente acción de tutela ante la inobservancia del requisito de la
subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
14
“Lo expuesto en párrafos anteriores, lleva necesariamente a concluir que, si bien aportar la declaración de no encontrase
incurso en inhabilidades e incompatibilidades era un requisito de participación en el concurso de conformidad con el
artículo 8 de la convocatoria, lo cierto es que de acuerdo con ese mismo reglamento no es una causal de exclusión
del proceso de selección, en la medida en que el artículo 9 sólo permite desvincular a un aspirante por no aportar
los documentos que soporten la acreditación de los requisitos mínimos, los cuales se refieren exclusivamente a
las condiciones que se necesitan para ostentar el cargo establecidos en el Decreto785 de 2005 y el Decreto 2484
de 2014 antes citados”.
15
“3. CAUSALES DE RECHAZO Serán causales de rechazo, entre otras:
[…]
3.5. No presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades”.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01476-00
Accionante: Carlos Mario Frías Rubio
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre
de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo
31 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley. P (18)
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