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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02016-00

Fecha
19 de mayo de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02016-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34 Número único de radicación: 110010315000-2023-02016-00 Actora: CAROLINA PAOLA CASTRO DEL RIO PRIMERO: ACEPTAR las solicitudes de coadyuvancia presentadas por los señores PILI NATALIA SALAZAR SALAZAR, LEIDY ORIANA REINOSO BOCANEGRA y JUAN DAVID RESTREPO BENJUMEA, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02016-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

19 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-02016-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: CAROLINA PAOLA CASTRO DEL RIO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR SUBSIDIARIEDAD. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIÓN
ADMINISTRATIVA PARTICULAR EMITIDA EN EL TRÁMITE DE UN
CONCURSO DE MÉRITOS, DEL CUAL LA ACTORA FUE EXCLUIDA POR
NO ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO. NO SE
ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A
CARGOS PÚBLICOS Y A LA IGUALDAD.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la solicitud de tutela presentada por la

actora contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL1.

1
En adelante la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL.

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Número único de radicación: 110010315000-2023-02016-00
Actora: CAROLINA PAOLA CASTRO DEL RIO

I. – ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora CAROLINA PAOLA CASTRO DEL RIO, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a cargos

públicos y a la igualdad, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados

por la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL al expedir la Resolución

núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, dentro del concurso de

méritos adelantado con ocasión a la Convocatoria núm. 27, para

proveer cargos de carrera en la Rama Judicial.

I.2.- Hechos

Manifestó que se inscribió como aspirante al cargo de JUEZ

ADMINISTRATIVO dentro de la Convocatoria núm. 27 adelantada

con fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto

de 2018, emitido por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

Precisó que, aprobado el examen de conocimientos y aptitudes, la

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UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL expidió la Resolución núm.

CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, en la que la rechazó del

concurso por la causal 3.5 del referido acuerdo, esto es, “[…] No

presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e

incompatibilidades […]”.

Expuso que solicitó a la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL la

verificación de los documentos que aportó con la inscripción, no

obstante, dicha autoridad confirmó la decisión inicial por cuanto no

se había aportado la declaración en formato PDF al momento de la

inscripción.

Indicó que para la fecha de la inscripción a la convocatoria era

empleada de la Rama Judicial, consecuencia de lo cual en su hoja de

vida obra una declaración, como la echada de menos por la

accionada, por lo que esta podía haber verificado que el documento

ya obraba en sus archivos.

Mencionó que además para poder efectuar la inscripción en línea

debía aceptarse un recuadro sobre la inexistencia de inhabilidades e

incompatibilidades, por lo que debía entenderse satisfecho ese

requisito.

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I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentó que la presente acción de tutela es procedente, dado que

“[…] el concurso de méritos aun no culmina, por lo tanto, no existe

una lista de elegibles como acto definitivo que pueda demandarse

ante la jurisdicción contencioso administrativa […]”.

Sostuvo que, además, teniendo en cuenta el tiempo en el que se

surten los procesos ordinarios, de acudir a estos “[…] ya se habrán

agotado las etapas siguientes y quedaría definitivamente por fuera

del concurso […]”.

Expuso que en la medida en que en su hoja de vida obra la

declaración en cuestión, conforme con el artículo 9 del Decreto 19 de

10 de enero 20122, la entidad no podía solicitarle documentos que

ya estaban en su poder.

Explicó que además la autoridad accionada incurrió en un exceso

ritual manifiesto porque, en su sentir, la declaración en cuestión es

“[…] un requisito necesario para ejercer el cargo como lo prevé el

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“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública”

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artículo 127 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de

Justicia; es decir, es un documento que se tendrá que aportar al

momento de la posesión […]”.

Puso de presente que, en sentencia de 9 de septiembre de 2021,

proferida dentro del expediente identificado con el número único de

radicación 110010315000-2021-05927-01, la SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A” DEL CONSEJO DE ESTADO con ocasión a una

acción de tutela derivada de un concurso de méritos, explicó el

alcance del exceso ritual manifiesto.

Agregó que con ocasión al concurso de méritos convocado mediante

Acuerdo núm. CSJBOA17-609 de 6 de octubre de 2017 del Consejo

Seccional de la Judicatura de Bolívar, en el que se excluyó a un

participante por no adjuntar un documento “[…] se repuso la decisión

mediante Resolución No. CSJBOR21-800 del 6 de julio de 2021,

puesto que el concursante era empleado de la Rama Judicial y los

documentos reposaban en esa entidad […]”.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

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“[…] PRIMERA: Se amparen mis derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a cargos públicos e igualdad, vulnerados
por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera
Judicial.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, solicito que se
ordene a la entidad accionada modificar la Resolución CJR23-
0061 del 8 de febrero de 2023, admitiendo a la suscrita al
concurso de méritos destinado a la conformación del registro
nacional de elegibles para la provisión de cargos de funcionarios
de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18-
11077 de 16 de agosto de 2018. […]”

I.5.- Defensa

I.5.1.- La UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL solicitó denegar el

amparo deprecado por ausencia de vulneración de los derechos

fundamentales invocados.

Apuntó que teniendo en cuenta que conforme con el artículo 85 de la

Ley Estatutaria de Administración de Justicia, le corresponde

reglamentar la carrera judicial, expidió el Acuerdo PCSJA18-11077

de 16 de agosto de 2018, para adelantar el concurso de méritos al

que alude la actora.

Señaló que con las inscripciones al concurso los aspirantes

manifestaban que se encontraban conformes con las normas

establecidas en el acuerdo de la Convocatoria, sin que hasta el

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momento curse una demanda contenciosa por el asunto aquí

debatido.

Añadió que, en efecto, conforme con los numerales 1.1 y 2.4 del

artículo 3 del acuerdo aludido, como requisito de la inscripción, los

concursantes debían anexar un documento escaneado y cargado en

formato PDF en el que manifestaran bajo juramento no estar incursos

en causal de inhabilidad o incompatibilidad, por lo que no hacerlo era

causal de rechazo conforme con el numeral 3.5 de la misma norma.

Adujo que tampoco es procedente dar validez a otros documentos

que la actora haya podido presentar al momento de tomar posesión

en algún cargo de la Rama Judicial, porque los procesos de méritos

se administran de forma independiente, de cara a su propia

regulación, sin que sea válido acudir a otro tipo de criterios para

entender subsanada dicha exigencia.

Precisó que el Decreto 19 de 2012 y la Ley 2052 de 25 de agosto de

20203 “[…] no son de aplicación a los concursos de méritos de la

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"Por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la Rama Ejecutiva del nivel
nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en
relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones"

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Rama Judicial, en los cuales la carga de la prueba está a cargo de la

persona que se inscribe a una convocatoria, máxime cuando el cargo

es para funcionario de la Rama Judicial, evento en el cual, se deben

acreditar todos los requisitos mínimos, entre ellos, bajo la gravedad

de juramento y en formato PDF la declaración de no encontrarse

incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad […]”.

Comentó que, en todo caso, los actos administrativos implicados

gozan de presunción de legalidad, por lo que la actora cuenta con los

mecanismos ordinarios para cuestionarlos y, en consecuencia, la

acción de tutela carecería del requisito de procedibilidad para abordar

el estudio del fondo del asunto.

I.5.2.- La señora PILI NATALIA SALAZAR SALAZAR, con ocasión

de la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio de la

solicitud de amparo para los demás participantes del proceso de

selección origen de la controversia, puso de presente que también es

aspirante en la Convocatoria núm. 27 y manifestó que intervenía con

el fin de coadyuvar las pretensiones de la actora.

Indicó que, en su sentir, la autoridad accionada “[…] desconoció

varias normas del ordenamiento jurídico y algunas reglas de la

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convocatoria, entre las más groseras, desconoce el principio de

equivalente funcional (artículo 6 de la Ley 527 de 1999) de la misma

manera que el principio de neutralidad tecnológica, mediante los

cuales la Corte Constitucional estableció que los mensajes de datos

deben ser tratados de la misma forma como los escritos en papel

[…]”.

Destacó que la procedencia de la presente acción constitucional “[…]

se secunda por tratarse lo denunciado de un error grosero de la

administración, superlativo y mayúsculo, ya que abrupta y

paladinamente, viene socavando el ordenamiento jurídico […]”.

I.5.3.- La señora LEIDY ORIANA REINOSO BOCANEGRA, con

ocasión de la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio

de la solicitud de amparo para los demás participantes del proceso

de selección origen de la controversia, puso de presente que también

es aspirante en la Convocatoria núm. 27 y manifestó que intervenía

con el fin de coadyuvar las pretensiones de la actora.

Expuso que la presente acción de tutela es procedente, conforme con

la sentencia SU 067 de 2022 de la Corte Constitucional y la

jurisprudencia de esta Corporación, comoquiera que la inscripción al

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Curso de Formación Judicial es entre el 11 de septiembre y el 6 de

octubre de 2023, por lo que los concursantes que fueron rechazados

“[…] perderán la oportunidad tanto de participar en el curso como de

conformar la lista de elegibles y acceder así a la función pública como

jueces bajo el principio y derecho fundamental del mérito […]”.

Explicó que la Ley 527 de 18 de agosto 19994 prevé el criterio de

equivalencia funcional, por lo que la accionada no puede restarle

valor a los mensajes de datos con los que se puede convalidar la no

presentación de la declaración en formato PDF.

Agregó que compartía la percepción de la actora respecto del derecho

a la igualdad, dado que la accionada validó la manifestación sobre el

cumplimiento de requisitos de los concursantes (causal 3.8), con la

firma que se hizo en el cuadernillo de las pruebas, por lo cual debe

hacer lo mismo frente a la declaración cuestionada.

I.5.4.- El señor JUAN DAVID RESTREPO BENJUMEA, con ocasión

de la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio de la

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“Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio
electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras
disposiciones”

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solicitud de amparo para los demás participantes del proceso de

selección origen de la controversia, puso de presente que también es

aspirante en la Convocatoria núm. 27 y manifestó que intervenía con

el fin de coadyuvar las pretensiones de la actora y de que se profiera

una sentencia con efectos inter pares.

Indicó que la entidad incurrió en un exceso ritual manifiesto al “[…]

despojar a un proceso de su finalidad sustancial […]”, dado que en

su sentir el requisito cuestionado no es más que un documento que

no cumple ninguna finalidad.

Expresó que a las personas rechazadas se les reprocha el hecho de

no haber subido una declaración hace cerca de 5 años, lo cual es

imposible de debatir porque nadie recuerda si hizo o no dicho trámite,

lo que lo hace imposible de probar.

Agregó que el hecho de que se les permita a las personas rechazadas

presentar en este momento la referida solicitud no implica

desconocer el derecho a la igualdad de los demás participantes,

porque no implica que se les permita continuar en el concurso con

inhabilidades o incompatibilidades, puesto que la verificación de este

requisito solo debe hacerse hasta el momento de la posesión.

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Apuntó que además “[…] no existe una prohibición posterior de

presentar el documento de declaración juramentada, como sí lo

establece el numeral 2.5.9. en relación con los certificados laborales

[...]”.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30

de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número

377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de

Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las

Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019

de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las

acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

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constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, la Sala se pronunciará

respecto de las solicitudes de coadyuvancia presentadas por los

señores PILI NATALIA SALAZAR SALAZAR, LEIDY ORIANA

REINOSO BOCANEGRA y JUAN DAVID RESTREPO BENJUMEA.

La coadyuvancia está prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de

19 de noviembre de 19916, en el cual se establece que las personas

que tengan un interés legítimo en el resultado del proceso también

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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».
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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.

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pueden intervenir en el mismo para coadyuvar u oponerse a las

pretensiones de la demanda.

Así mismo, el artículo 71 del Código General del Proceso, aplicable al

trámite de la acción de tutela por remisión del artículo 4 del Decreto

306 de 19 de febrero de 19927, prevé que las personas que tengan

relación sustancial con una de las partes del proceso pueden

intervenir como coadyuvantes mientras no se haya dictado sentencia

de segunda instancia.

Apropósito de la Convocatoria núm. 27, en sentencia SU 067 de

24 de febrero de 2022, con ponencia de la Magistrada Paola Andrea

Meneses Mosquera, la Corte Constitucional hizo algunas precisiones

en relación con la figura de la coadyuvancia e intervinientes en este

tipo de asuntos, así:

“[…] Cuestión previa: la intervención de coadyuvantes en
los procesos bajo revisión

75. Asunto que debe resolverse. Antes de dar comienzo al
análisis anunciado, la Sala Plena encuentra necesario analizar un
asunto previo, que incide en los efectos de la decisión que habrá
de adoptarse en esta oportunidad. Esta cuestión tiene origen en
la ingente cantidad de intervenciones que se han presentado,
durante los trámites de instancia y de revisión de los fallos bajo

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“Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”.

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revisión, por personas que se encuentran en una situación
similar a la de los demandantes.

76. Fundamento normativo de la figura de la coadyuvancia. El
inciso segundo del artículo trece del Decreto 2591 de 1991
establece que la persona que tenga «un interés legítimo en el
resultado del proceso podrá intervenir en él», para respaldar las
pretensiones del actor o de la persona o autoridad pública contra
la cual se dirige la acción de tutela[32]. La jurisprudencia
constitucional ha definido la coadyuvancia en los procesos de
tutela como «la participación de un tercero con interés en el
resultado del proceso que manifiesta compartir las
reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la
tutela»[33]. En este sentido, ha considerado que los
coadyuvantes poseen la facultad para intervenir dentro del
proceso, por el interés personal en la suerte de las pretensiones
de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a
estas[34].

77. Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de
la acción de tutela, que se transmite a la figura procesal bajo
análisis, la jurisprudencia ha advertido que la coadyuvancia se
encuentra sometida a límites, que pretenden conservar la índole
jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que quien
actúa empleando este título lo hace para coadyuvar las
pretensiones de una parte, no puede actuar en contra de los
intereses de esta: «[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro
del proceso, las facultades que le son permitidas y, en todo
caso, no puede afectar a la parte, pues de la esencia de la
coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única
o de segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer
valer pretensiones propias»[35] [énfasis fuera de texto]. De igual
manera, atendiendo la remisión al Código General del Proceso,
se entiende que el coadyuvante no podrá llevar a cabo actos
procesales que «impliquen disposición del derecho en litigio»[36].
De lo anterior resulta que las facultades del coadyuvante se
encuentran sometidas a límites, que surgen de la propia
naturaleza de la institución procesal que permite su intervención
en la causa judicial.

78. Límites a la posibilidad de plantear nuevos argumentos por

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la vía de la coadyuvancia. En esta oportunidad, es preciso
analizar la posibilidad de modificar, por esta vía, el problema
jurídico planteado en la acción de tutela, mediante la
formulación de argumentos y razonamientos distintos a los
planteados en el escrito de demanda. Dicho asunto fue
examinado en la Sentencia T-1062 de 2010. En dicha ocasión,
la Corte conoció una acción de tutela que fue coadyuvada por
terceros que tenían un interés legítimo en la decisión. En calidad
de coadyuvantes, plantearon argumentos diferentes a los que
fueron expuestos en el escrito de tutela y elevaron peticiones
específicas, que tenían por objeto favorecer sus intereses
particulares. Al analizar este asunto, la Corte manifestó lo
siguiente:

[E]s claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos
de tutela, como la participación de un tercero con interés en el
resultado del proceso que manifiesta compartir las
reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la
tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que
difieran de las hechas por el demandante, pues de
suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela,
lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la
coadyuvancia [énfasis fuera de texto].

79. Atendiendo esta consideración, en la providencia en
comento, la Corte acotó en los siguientes términos el alcance de
los escritos de coadyuvancia presentados: «Bajo esa calidad [de
coadyuvantes], se entenderá que su participación en el trámite
de esta tutela, se limita a apoyar y compartir las reclamaciones
que hace la parte demandante […], razón por la cual, el
pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala de
Revisión, se atendrá a los fundamentos contenidos en la
demanda de tutela, y no se pronunciará respecto de
aquellos que difieran o no hagan parte en ésta» [énfasis
fuera de texto].

80. Conclusión en el caso concreto. Durante el trámite de
instancia de los expedientes T-8.252.659 y T-8.258.202, se
recibió un número ingente de escritos de personas que
coadyuvaron las demandas interpuestas. En su gran mayoría, se

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trataba de aspirantes que, al igual que los accionantes,
superaron la prueba de conocimientos y aptitudes practicada el
2 de diciembre de 2018. Los intervinientes manifestaron su
respaldo a las pretensiones formuladas en los procesos bajo
revisión, plantearon diversos argumentos contra la Resolución
CJR20-0202, solicitaron la práctica de pruebas y el
reconocimiento de dictámenes periciales preparados por ellos y
reclamaron la extensión de los efectos de esta providencia, a
través de los dispositivos establecidos con dicho propósito por la
jurisprudencia (efectos inter comunis e inter pares).

81. Teniendo en cuenta que quien actúa en calidad de
coadyuvante tiene vedado «realizar planteamientos distintos […]
que difieran de los hechos por el demandante»[37], la Sala Plena
centrará su atención en los argumentos planteados en las cuatro
acciones de tutela que aquí se revisan. Por consiguiente, en
cuanto a las peticiones elevadas por los intervinientes,
únicamente habrá de pronunciarse sobre la solicitud de conceder
la extensión de los efectos de esta sentencia. Tal petición debe
ser resuelta como consecuencia de la jurisprudencia
constitucional que impone este remedio cuando el principio de
igualdad así lo exige […]”. (Destacados originales)

Conforme con la sentencia de unificación en cita, los coadyuvantes

poseen la facultad para intervenir dentro del proceso, por el interés

personal en la suerte de las pretensiones de una de las partes y solo

con el fin de manifestar su apoyo a estas, más no para hacer valer

sus propias demandas.

Además, en los asuntos que se presenten coadyuvancias o

intervenciones, el estudio de los casos solo debe limitarse a los

fundamentos formulados por las partes, sin que haya lugar a

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pronunciarse respecto de aquellos que difieran o no hagan parte de

sus argumentaciones.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que aceptará la solicitud de

coadyuvancia de los señores PILI NATALIA SALAZAR SALAZAR,

LEIDY ORIANA REINOSO BOCANEGRA y JUAN DAVID

RESTREPO BENJUMEA, comoquiera que sus intervenciones están

encaminadas apoyar la solicitud de amparo de la referencia, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que, en todo caso, el

análisis del caso versará solo sobre los argumentos planteados por

la actora.

Caso concreto

En el presente caso, la actora instauró la acción de tutela con el fin

de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido

proceso, al acceso a cargos públicos y a la igualdad, los cuales, a su

juicio, le fueron vulnerados por la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL

al expedir la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023,

dentro del concurso de méritos adelantado con ocasión de la

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Actora: CAROLINA PAOLA CASTRO DEL RIO

Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en la Rama

Judicial.

A través de la referida decisión la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL

rechazó del concurso aludido a la actora, bajo el argumento de que

no aportó en documento independiente, escaneado y en formato PDF

la declaración juramentada de no estar incursa en inhabilidades e

incompatibilidades, conforme con las normas que regulan la

convocatoria.

La controversia deviene del hecho de que la actora estima que si bien

no aportó el documento aludido, el requisito puede tenerse por

cumplido a través de otras vías, partiendo del hecho de que en el

momento en que se inscribió a la convocatoria era empleada de la

Rama Judicial, por lo que en su hoja de vida obraba una declaración

como la cuestionada.

Por otro lado, la actora cuestiona la exigencia del referido requisito,

bajo el argumento de que constituye un exceso ritual manifiesto,

además porque asegura haber cumplido con la exigencia al aceptar

y llenar algunas de las casillas del formulario electrónico en tal

sentido.

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Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en

especial el requisito de la subsidiariedad y, de ser así, determinar si

la autoridad accionada vulneró los derechos deprecados por la

actora, al expedir la Resolución núm. CJR26-0061 de 8 de febrero de

2023, en cuanto se le rechazó del concurso de méritos adelantado

con ocasión a la Convocatoria núm. 27.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el

cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86

de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que

«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y

negrillas fuera del texto).

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Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

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del fondo del asunto.»8 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

En relación con la Convocatoria núm. 27 y la procedencia de la acción

de tutela para cuestionar sus actos administrativos, en la sentencia

SU 067 de 24 de febrero de 2022, la Corte Constitucional precisó:

“[…] esta corporación ha manifestado que la acción de
tutela no es, en principio, el medio adecuado para
reclamar la protección de los derechos fundamentales
cuando estos resultan infringidos por la expedición de un
acto administrativo. Dicha postura ha dado lugar a una
línea jurisprudencial pacífica y reiterada[52]. Su
fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador
ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011
como los instrumentos procesales para demandar el
control judicial de los actos administrativos[53].

94. Según este diseño normativo, el proceso judicial que se
surte ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el
escenario natural para la reivindicación de los derechos
fundamentales conculcados en este contexto. Allí, los
interesados pueden reclamar no solo el control de legalidad
correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los
derechos fundamentales que hayan sido vulnerados. Las
medidas cautelares que ofrece la Ley 1437 de 2011, las
cuales permitirían prevenir la consumación de un daño
definitivo mientras se surte la causa judicial, corroboran
la idoneidad de los aludidos medios de control en este
campo.

95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito
de los concursos de méritos. Al respecto, esta corporación ha
manifestado que el juez de lo contencioso administrativo es la
autoridad llamada a juzgar las violaciones de los derechos
fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones
administrativas. Al respecto, ha manifestado que «por regla
general, […] es improcedente la acción de tutela que pretenda

8 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.

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controvertir los actos proferidos por las autoridades
administrativas que se expidan con ocasión de un concurso de
méritos, pues para ello se han previsto otros instrumentos
judiciales como lo dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de
2011»[54]. La posibilidad de emplear las medidas
cautelares, «que pueden ser de naturaleza preventiva,
conservativa, anticipativa o de suspensión»[55],
demuestra que tales acciones «constituyen verdaderos
mecanismos de protección, ante los efectos adversos de
los actos administrativos»[56].

96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha
instaurado tres excepciones a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela, en el campo
específico de los concursos de mérito[57]. Los actos
administrativos que se dicten en el curso de estas
actuaciones administrativas podrán ser demandados por
esta vía cuando se presente alguno de los siguientes
supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que
permita demandar la protección del derecho fundamental
infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable
y iii) planteamiento de un problema constitucional que
desborde el marco de competencias del juez
administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.

97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita
demandar la protección del derecho fundamental infringido. La
primera excepción se basa en el reconocimiento de la existencia
de ciertos actos que, de conformidad con las reglas del derecho
administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial. En
estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por
cuanto «la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la
acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos
porque no está legitimada para impugnar los actos
administrativos que los vulneran»[58]. Habida cuenta de esta
circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo
definitivo, cuando se controvierten actos de trámite o de
ejecución que vulneren derechos fundamentales, comoquiera
que tales decisiones no son susceptibles de discusión
jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo»[59].

98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio
irremediable. La segunda excepción a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela contra estos actos
administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable[60]. Este supuesto de

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hecho se presenta cuando «por las circunstancias excepcionales
del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la
orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados
los derechos fundamentales de la persona que interpone la
acción»[61].

99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde
el marco de competencias del juez administrativo. Finalmente,
la tercera salvedad reconocida por la jurisprudencia
constitucional se basa en la especial índole que presentan ciertos
problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado
en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas
demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de
acción del juez de lo contencioso administrativo. En tales casos,
«las pretensiones del accionante no se dirigen a determinar la
legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de
la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los
medios de control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación
de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos
fundamentales»[62].

100. Las acciones sometidas a revisión se encuadran en el
supuesto de ausencia de medios de control. Las acciones de
tutela interpuestas por los demandantes se enmarcan en el
primer supuesto de hecho. Esto es así dado que la Resolución
CJR20-0202 es un acto administrativo de trámite, motivo por el
cual no puede ser sometido al escrutinio de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Así lo confirma la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, la cual reconoce
que los medios de control de la Ley 1437 de 2011 no pueden ser
empleados en el caso particular de los actos de trámite. En todo
caso, según se explica a continuación, el hecho de que no sea
posible demandar por esta vía tales actos administrativos en
modo alguno implica que la acción de tutela pueda utilizarse en
todos los casos para demandar tales determinaciones de la
Administración. Así pues, a continuación, se expone la aludida
postura de estos tribunales al respecto, y se analizan los
requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela
contra actos de trámite.

[…]

109. Supuestos específicos de procedencia de la acción de
tutela contra actos administrativos de trámite expedidos
en el marco de los concursos de méritos. Con fundamento
en las razones expuestas hasta este punto, la Sala Plena

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de esta corporación ha propuesto los siguientes
requisitos, que permiten evaluar la procedibilidad
específica de la acción de tutela contra estos actos en
particular: «i) que la actuación administrativa de la cual
hace parte el acto no haya concluido; ii) que el acto
acusado defina una situación especial y sustancial que se
proyecte en la decisión final; y iii) que ocasione la
vulneración o amenaza real de un derecho constitucional
fundamental»[76]. A continuación, se procede a analizar
la procedibilidad de las acciones interpuestas en los
procesos bajo revisión, a la luz de estas exigencias.

110. Las acciones de tutela interpuestas en los procesos T-
8.252.659, T-8.258.202, T-8.374.927 satisfacen los requisitos
específicos de procedibilidad para el caso de actos de trámite.
La Sala Plena juzga que las acciones de tutela presentadas por
Diego Mauricio Higuera Jiménez, Pedro Alirio Quintero Sandoval
y Jorge Hernán Pulido Cardona satisfacen los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional sobre este
asunto específico. En primer lugar, la actuación administrativa
que tuvo inicio con la expedición del Acuerdo PCSJA18-11077 se
encuentra en curso; en cumplimiento de lo decidido en la
Resolución CJR20-0202, aquella fue retrotraída a la citación para
la práctica de la prueba de conocimientos y aptitudes. Por
consiguiente, la actuación se encuentra en la primera fase de la
primera etapa, de acuerdo con el procedimiento establecido en
el acto de convocatoria.

111. En segundo término, la Resolución CJR20-0202 «defin[e]
una situación especial y sustancial que se proyect[a] en la
decisión final»[77]. Si bien el acto administrativo que da a conocer
los resultados de la prueba de conocimientos y aptitudes es un
acto de trámite, es evidente que contiene una decisión de
indiscutible relevancia para el desarrollo de la convocatoria.
Antes de ahondar en este asunto, la Sala Plena encuentra
oportuno hacer hincapié en la naturaleza jurídica de la
Resolución CJR20-0202 como acto administrativo de trámite: la
manifestación de voluntad del Consejo Superior de la Judicatura
que se encuentra contenida en la resolución no trae como
consecuencia la finalización o la obstaculización del avance de la
actuación administrativa que se encuentra en curso. Por el
contrario, aquella pretende enmendar las irregularidades que se
han presentado en la estructuración y evaluación de la prueba
de conocimientos y aptitudes. De ahí que, en estricto rigor, dicho
acto administrativo sea de trámite, y no un acto administrativo
definitivo […]”.

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Conforme con la sentencia de unificación en cita, la acción de tutela

es improcedente para reclamar la protección de derechos

fundamentales, cuando la vulneración se atribuye a un acto

administrativo, excepto si no existe otro mecanismo judicial que

permita demandar la protección de la garantía fundamental

infringida; se vislumbre la configuración de un perjuicio irremediable

o se trate de un asunto cuyo problema constitucional desborde el

marco de competencias del juez administrativo.

Además, el Alto Tribunal precisó que de manera excepcional la acción

de tutela es procedente para solicitar la protección de derechos

fundamentales frente a actos administrativos de trámite expedidos

en el marco de los concursos de méritos, siempre que la actuación

administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; que

el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se

proyecte en la decisión final y que ocasione la vulneración o amenaza

real de las garantías deprecadas.

En la providencia en cita, la Corte Constitucional concluyó que en esa

oportunidad era procedente el estudio del fondo del asunto, dado que

la presunta vulneración de los derechos deprecados se derivaba de

un acto que no era susceptible de control judicial por ser de trámite,

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pero que en todo caso sí definía una situación especial y sustancial

que se proyectaría en la decisión final, esto era, la Resolución CJR20-

0202 a través de la cual la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL

resolvió corregir varias de las actuaciones que había desarrollado

hasta ese momento en el marco de la Convocatoria núm. 27 desde

la citación a las pruebas de aptitudes y conocimientos, para ajustar

todo el trámite a derecho y continuarlo en debida forma.

Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente

acción de tutela es improcedente por la existencia de otro medio

de defensa judicial, comoquiera que las inconformidades planteadas

en este trámite constitucional recaen en la Resolución núm. CJR23-

0061 de 8 de febrero de 2023, en cuanto en esta se dispuso el

rechazo de la actora de la convocatoria aludida, acto administrativo

cuya legalidad puede ser discutida a través del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo de defensa

idóneo para tal efecto y en el cual puede solicitar las medidas

cautelares dispuestas en el CPACA, las cuales “permitirán prevenir la

consumación de un daño definitivo mientras se surte la causa

judicial”, tal como lo previó la Corte Constitucional en la sentencia

SU-067 de 2022.

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La Sala precisa que si bien la actora indicó que, en su sentir, no puede

acudir al medio de control aludido porque no hay una lista de

elegibles que constituya un acto definitivo, lo cierto es que en lo que

le concierne, la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023

definió su situación jurídica dentro de la Convocatoria núm. 27, en la

medida en que implicó su eliminación para las etapas subsiguientes

del concurso y, por ende, cualquier reproche que dirija para

cuestionar esa actuación puede ventilarlo a través de aquel

mecanismo.

Cabe anotar que incluso si la actora estima que existe alguna

irregularidad en el marco regulatorio de la referida convocatoria,

puede cuestionar su legalidad a través del medio de control de

nulidad, atendiendo en todo caso a la finalidad de sus eventuales

pretensiones.

Además, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio irremediable

que haga procedente la acción de tutela de la referencia como

mecanismo transitorio, dado que de los elementos de juicio obrantes

en el expediente no es posible establecer dicha circunstancia.

En lo que concierne a la improcedencia de la acción de tutela para

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discutir decisiones administrativas particulares emitidas en

concursos de méritos, en especial, el acto administrativo que excluye

del proceso de selección, y la eficacia e idoneidad de los medios

ordinarios para discutir dichos aspectos, esta Sala en sentencia de

14 de octubre de 20219, señaló:

“[…] VI.4.1. Improcedencia de la presente acción de tutela
por desconocer requisito de subsidiariedad

20. En el sub judice la actora afirmó que las entidades
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales invocados,
al expedir las resoluciones números CSJBOR21 568 de 20 de
mayo de 2021, CSJBOR21-801 de 6 de julio de 2021 y CJR21-
0265 de 17 de agosto de 2021, por medio de las cuales se
dispuso su exclusión del proceso de selección en el marco
del concurso de méritos convocado mediante Acuerdo
CSJBOA17-609 del 06 de octubre de 2017.

21. Cabe resaltar que, como se enunció previamente, la acción
de tutela resulta improcedente cuando se pretende controvertir
la legalidad de actos administrativos, en razón a que los
asociados cuentan con medios de defensa ordinarios como lo son
los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento
del derecho, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar la
anulación y la suspensión de los actos de la administración que,
según afirma, lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto,
afectan derechos fundamentales.

22. Conforme con lo anterior, para la Sala resulta forzoso
concluir que los actos administrativos acusados por esta vía
constitucional son susceptibles de control jurisdiccional y, en ese
sentido, la accionante dispone del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
octubre de 2021, CP. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS número único de radicación 11001-03-
15-000-2021-06518-00(AC).

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Número único de radicación: 110010315000-2023-02016-00
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puede discutir la legalidad de los actos administrativos en
cuestión.

23. Así las cosas, y resaltándose que, tal como lo ha sostenido
esta Sección, «con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de
2011, ya no es aceptable el argumento según el cual los medios
de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos
como el estudiado».

24. Lo anterior en consideración a que «la mencionada
normativa además de darle celeridad a los procesos al consagrar
la oralidad en los mismos, contiene diferentes herramientas
jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia, como la
suspensión provisional de los efectos del acto
administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina
la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de
una decisión administrativa; impartir órdenes o imponerle
obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes, las
cuales demuestran la efectividad del procedimiento
ordinario cuando se advierte una situación apremiante
que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva». (negrillas fuera del texto)

25.Con fundamento en la anterior premisa, para la Sala es claro
que, contrario a lo sostenido por la actora, el medio de defensa
de que dispone para controvertir los actos administrativos
acusados por vía judicial resulta ser idóneo y eficaz para la
protección de los derechos fundamentales que estima
vulnerados con los actos administrativos emitidos por las aquí
accionadas.

26. Sumado a lo anterior, la Sala advierte que en el sub examine
no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya
que este debe suponer una hipotética afectación grave y
significativa de los derechos fundamentales de la parte actora, y
en ese sentido se justifica la intervención del juez de tutela en
forma transitoria para adoptar medidas urgentes e
impostergables que eviten la materialización del referido
perjuicio; circunstancias que en el presente asunto no se

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presentan.

27. Por todo lo anterior, la Sala concluye que la parte
actora debe utilizar los medios ordinarios establecidos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, para discutir la legalidad de
los actos administrativos que acusa por vía
constitucional. Por tanto, se declarará la improcedencia la
presente acción de tutela ante la inobservancia del requisito de
la subsidiariedad […]”.

Cabe precisar que en sentencias de 27 de abril de 202310, esta Sala

también se pronunció sobre la improcedencia de la acción de tutela

para cuestionar decisiones emitidas en el desarrollo de concursos de

méritos en casos similares al presente, en el que los actores discutían

la legalidad de los requisitos de admisión a la Convocatoria 27, así

como los actos administrativos particulares a través de los cuales se

dispuso sobre su rechazo de dicho proceso, en particular, en relación

con la declaración de inexistencia de inhabilidades e

incompatibilidades.

Por otro lado, la Sala destaca que si bien, entre otras, en sentencias

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de
abril de 2023, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés número único de radicación 110010315000 2023
01476 00 (AC).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de abril
de 2023, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés número único de radicación 11001-03-15-000-2023-
01559-00-00 (AC).

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de 2411 y 3112 de marzo de 2023 se pronunció de fondo frente a

solicitudes de amparo elevadas por participantes de la convocatoria

27, dicha situación obedeció a que los asuntos devenían de la

presunta falta de resolución de los recursos de reposición

interpuestos contra los puntajes de las pruebas de aptitudes y

conocimientos, lo que se relacionaba con el derecho de petición,

garantía susceptible de protección directa a través de la acción de

tutela13.

Al respecto en la sentencia de 31 de marzo de 2023 aludida, esta

Sala precisó:

“[…] Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito de
subsidiariedad, que si bien es cierto el actor solicita expresamente
que se deje sin efectos «[…] el acto administrativo RESOLUCIÓN
CJR23-0028 16 ENE2023 Y SUS ANEXOS […]», la realidad
es que dicha petición surge porque a juicio del tutelante las
accionadas no resolvieron de manera clara, fondo y congruente
los cuestionamientos u objeciones que presentó frente «[…] a las
preguntas 53, 82, 88, 103, 105, 106, 108, 110, 119, 120, 122,
129, 32, 53, 65, 66, 70, 82, 100, 101, 102, 103, 126 y 129 […]».

Significa lo anterior que el presente asunto está orientado

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
marzo de 2023, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 110010315000 2023
00837 00 (AC)
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
marzo de 2023, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 110010315000 2023
01122 00 (AC)

13
Ver, sentencia T-230/20, Corte Constitucional, Mp Luis Guillermo Guerrero Pérez “[…] respecto del
requisito de subsidiariedad, es preciso anotar que, visto el asunto sub-judice, el recurso de amparo es
el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho de petición, si se
tiene en cuenta que, en el ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su
amparo, tal y como insistentemente lo ha señalado esta Corporación […]”.

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Actora: CAROLINA PAOLA CASTRO DEL RIO

a determinar si se violó o no el núcleo esencial del derecho
de petición del actor, con ocasión del recurso de reposición
que promovió en contra de la Resolución CJR22- 0351 de
1° de septiembre de 2022, razón por la cual el medio de
defensa ordinario resultaría ineficaz para tal fin […]”
(Destacado fuera de texto).

De igual forma, la Sala pone de presente que si bien la actora señaló

la razones por las que en su sentir la presente acción de tutela es

procedente, lo cierto es que el análisis sobre ese asunto en la

presente providencia tiene como fundamento la sentencia de

unificación antes mencionada, así como la reiterada jurisprudencia

de esta Sala.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que es evidente que el

asunto objeto de estudio en el presente caso carece del requisito

general de subsidiariedad, por lo que se declarará improcedente la

solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva

de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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34

Número único de radicación: 110010315000-2023-02016-00
Actora: CAROLINA PAOLA CASTRO DEL RIO

PRIMERO: ACEPTAR las solicitudes de coadyuvancia presentadas

por los señores PILI NATALIA SALAZAR SALAZAR, LEIDY

ORIANA REINOSO BOCANEGRA y JUAN DAVID RESTREPO

BENJUMEA, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la

referencia, por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de mayo de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

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35

Número único de radicación: 110010315000-2023-02016-00
Actora: CAROLINA PAOLA CASTRO DEL RIO

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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