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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02954-00

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02954-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Fiscalía General de la Nación y la Unión Temporal Formación Judicial 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud presentada por el señor Rubén David Suarez Cañizares, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02954-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

19 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-02954-00
Accionante: JORGE IGNACIO TAMAYO GÓMEZ
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - ESCUELA
JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA” Y OTROS
Tema: TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO - Se declara
improcedente. La parte accionante dispone de otro medio de defensa judicial
para ventilar los motivos de inconformidad.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra la
Presidencia y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” del Consejo Superior de
la Judicatura, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la
Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las
sociedades E Training S.A.S. y E Distribution S.A.S., la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia y la Unión Temporal Formación Judicial 2019.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Jorge Ignacio Tamayo Gómez solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a cargos públicos y a la igualdad en
conexidad con los principios de estado social de derecho, prevalencia del interés
general, eficiencia, transparencia, selección objetiva, moralidad administrativa y
buena fe, cuya vulneración le atribuyó a la Presidencia y la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla” del Consejo Superior de la Judicatura, la Contraloría
General de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las sociedades E Training S.A.S.
y E Distribution S.A.S, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y
la Unión Temporal Formación Judicial 2019, por los Acuerdos núms. PCSJA18-

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02954-00
Accionante: Jorge Ignacio Tamayo Gómez

11077 de 16 de agosto de 20181 y PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de
20192, el Contrato núm. CO1.PCCNTR.1240112 de 30 de diciembre de 2019, las
Resoluciones núms. EJR24-2983 de 21 de junio, EJR24-4484 de 9 de
septiembre, EJR24-5055 de 25 de septiembre y EJR24-17686 de 7 de noviembre
de 2024.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:

2.1. Afirmó ser concursante de la convocatoria núm. 27 que adelanta el proceso
de selección para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

2.2. Señaló que aprobó las Fases I y Fase II del concurso de mérito y reprobó la
Fase III.

2.3. Refirió que el 19 de mayo de 2024 no le fue posible presentar la evaluación
subfase general, debido a problemas con la plataforma Klarwey y estando dentro
del término solicitó, a través de derechos de petición la realización de la
evaluación supletoria. Sin embargo, mediante las Resoluciones EJR24-298 y
EJR24-317 de 2024 se publicó el resultado como reprobado, decisión que fue
confirmada a través de la Resolución EJR24-1768 de 2024.

2.4. Expuso que mediante la Resolución núm. EJR24-448 de 2024 se negó la
solicitud de reprogramación de la evaluación de la subfase general, decisión que
fue confirmada a través de Resolución EJR24-505 de 25 de septiembre de 2024.

2.5. Relató que en el curso de formación judicial se presentaron contradicciones
que se materializaron con el acto administrativo que publicó los resultados de la
subfase general del IX Curso (Fase lll) y que fueron confirmados mediante la
resolución que desataron sus recursos de reposición.

2.6. Manifestó que las accionadas al aplicar la evaluación de las jornadas de 19
de mayo y 2 de junio de 2024 “[…] no se midieron las competencias que se
habían previsto para valorar el desempeño real de los dicientes del curso-
concurso […]” lo que produjo una afectación al derecho fundamental al debido
1
“Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial”.
2
“Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a
cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021”.
3
“Por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial’’.
4
“Por medio de la cual se resuelve una solicitud de evaluación supletoria del IX Curso de Formación Judicial Inicial”.
5
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución EJR24-448 del 9 de septiembre
de 2024”.
6
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024,
corregida por la Resolución EJR24 - 317 del 28 de junio de 2024”.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02954-00
Accionante: Jorge Ignacio Tamayo Gómez

proceso por cuanto “[…] se les excluyó de un curso-concurso cuya Evaluación
ha sido defectuosa […]”.

2.7. Indicó que la exclusión de los dicientes en el curso concurso “[…] vulnera
flagrantemente el pacto internacional de San José de Costa Rica -Convención
interamericana de derechos humanos-; así como una flagrante violación de los
artículos 1, 2, 6, 13, 23, 25, 29, 40 # 7, 53, 87, 90, 92, 93, 94, 123, 124, 125, 228,
229, 254 de la Constitución Política de 1991 […]”, motivo por el cual “[…] al juez
de tutela le compete intervenir por el carácter ius fundamental del litigio, pues el
curso avanza sin la participación del aquí tutelante […]”.

2.8. Refirió que de las 32 preguntas contenida en las jornadas de 19 de mayo y 2
de junio de 2024 se presentaron errores en su formulación de los cuales resaltó:
“[…] (i) contenían respuestas con posibilidad de respuesta multiclave o, (ii)
contradicción con la metodología de evaluación acordada, (iii) versaban sobre
aspectos de recuperación textual de palabras -es decir, implicaban recordar la
literalidad de los materiales de estudio y escribir en la respuesta las palabras que
correspondieran al texto literal de la fuente relevante-, entre otros […]”.

2.9. Adujó que los actos administrativos cuestionados desconocen “[…] los
artículos 29, 40 (numeral 7º), 53, 83 Constitucionales, en especial el artículo 125,
así como los artículos 156 y siguientes de la Ley 270 de 1996 […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Se le solicita muy comedidamente al honorable juez constitucional
decretar la absoluta inconstitucionalidad del IX CURSO DE FORMACIÓN
JUDICIAL INICIAL perteneciente a la Convocatoria 27 para selección de
jueces y magistrados y por ende su absoluta nulidad con efectos ex tunc
desde el inicio de dicha mal llamada capacitación, por haberse contratado
en clara vulneración de la Constitución Política de Colombia y en haberse
constituido en un absoluto estado de cosas inconstitucionales, que afectan
la independencia y autonomía de la Rama Judicial: y pone en serio peligro
toda la institucionalidad colombiana.

Igualmente, se le solicita muy comedidamente al honorable juez
constitucional suspender inmediatamente la Convocatoria 27 para
selección de jueces y magistrados, por haberse contratado en clara
vulneración de la Constitución Política de Colombia y en haberse constituido
el IX CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL INICIAL en un absoluto estado de
cosas inconstitucionales, que afectan la independencia y autonomía de la
Rama Judicial: y pone en serio peligro toda la institucionalidad colombiana.

En caso de no decretarse la suspensión de la Convocatoria 27 para
selección de jueces y magistrados se solicita con extrema necesidad y
urgencia se me permita la inclusión en la subfase especializada del IX
CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL INICIAL mientras se resuelve el medio

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02954-00
Accionante: Jorge Ignacio Tamayo Gómez

de control impetrado de nulidad y restablecimiento del derecho; e igualmente
se me permita la presentación en supletorio de toda la jornada evaluativa de
la subfase general por habérseme violado todas mis garantías y derechos
fundamentales y adicionalmente habérseme aplicado una presunción “Iuris
et de iure” de mala fe, que adicionalmente no admitía prueba en contrario.

Y en caso de no concedérseme el derecho de presentar todas las ocho (8)
evaluaciones de la subfase general del IX CURSO DE FORMACIÓN
JUDICIAL INICIAL se me permita realizar la evaluación de la jornada de la
tarde del 19 de mayo del 2024.

Adicionalmente solicitó me sean reconocidas todas las preguntas que se
han reconocido judicialmente en virtud de acciones de tutela y todas
aquellas otras que presentaron problemas técnicos, psicométricos, de
calidad, de coherencia según los dictámenes periciales aportados.

En cuanto a los hechos descritos en la presente acción constitucional y en lo
relacionado con la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, y la PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN como agentes del Ministerio Público se les
solicita que en virtud de la autorización legal que le confiere el artículo 141
de la ley 1437 del 2011, se les solicita un pronunciamiento expreso sobre la
presunta y posible irregularidad cometida con la suscripción y ejecución del
contrato No. C01.PCCNTR.1240112 del 30 de diciembre del 2019 entre el
Consejo Superior de la Judicatura y la Unión Temporal Formación Judicial
2019 […]”. [Negrilla y mayúscula del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 23 de mayo de 2025, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se
vincularon en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso a los
participantes del IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos
de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, de la
Fase III del concurso de méritos convocado mediante el Acuerdo núm.
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” del Consejo Superior de la
Judicatura solicitó declarar improcedente la acción constitucional en razón a
que i) el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial como lo es el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y ii) no se acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02954-00
Accionante: Jorge Ignacio Tamayo Gómez

5.2. De
otro lado, solicitó que en el caso de estudiarse de fondo la acción de
amparo, esta se debe negar porque no se advierte la vulneración de los
derechos fundamentales solicitados.

5.3. LaUnión Temporal Formación Judicial 2019 señaló que la acción de
amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad porque el accionante
pretende controvertir una actuación administrativa derivada de su participación
en el IX Curso de Formación Judicial Inicial y no en una violación directa de sus
derechos fundamentales.

5.4. Por lo anterior solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela y a su
vez, solicitó su desvinculación del mecanismo de amparo por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

5.5. La Fiscalía General de la Nación solicitó su desvinculación del trámite de la
acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no
se encuentra acreditada la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por el accionante por parte de la Fiscalía.

5.6. La Defensoría del Pueblo refirió que esa entidad “[…] no cuenta con
atribuciones legales que permitan intervenir en actividad contractual ajena, al no
intervenir como parte y que en el evento de pertenecer al ministerio público, esta
función es exclusiva de la Procuraduría General de la Nación, teniendo en
cuenta, que el deber de vigilancia de nuestra entidad va encaminado a la
protección de los derechos humanos, lo cual no está en congruencia con el
problema jurídico que menciona el accionante […]” por lo que, estará a tanto del
fallo que en derecho se profiera.

5.7. El señor Rubén David Suarez Cañizares presentó escrito en el cual solicita
acumular este proceso con la acción de tutela núm. 11001-03-15-000-2025-
02166-00.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19917, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto
núm. 1069 de 26 de mayo de 20158, modificado por el artículo 1º del Decreto

7
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
8
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02954-00
Accionante: Jorge Ignacio Tamayo Gómez

núm. 333 de 6 de abril de 20219, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de
marzo de 201910.

VI.2. Cuestiones previas

VI.2.1 Solicitudes de desvinculación

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se habrá
de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por la Unión Temporal Formación Judicial 2019 y
la Fiscalía General de la Nación.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 200611, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en
la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin
vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera
del texto].

9. Teniendo en cuenta que la Unión Temporal Formación Judicial 2019 y la
Fiscalía General de la Nación fueron señaladas por la parte accionante como
accionadas, la Sala considera que a estas entidades sí le asiste el interés
jurídico para ser vinculadas a esta acción constitucional.

10. Por lo anterior, se denegará la solicitud de desvinculación elevada como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

9
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
10
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
11
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02954-00
Accionante: Jorge Ignacio Tamayo Gómez

VI.2.2. Solicitud de acumulación

11. En el proceso de tutela de la referencia intervino el señor Rubén David Suarez
Cañizares, participante del concurso de méritos y tercero con interés, quien solicita
lo siguiente: “[…] se sirva ordenar la acumulación de la Radicación: 11001-03-15-
000-2025-02954-00, Accionante Dr. JORGE IGNACIO TAMAYO GOMEZ,
Magistrado Ponente GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES, requiriendo
además a la Secretaria General del Consejo de Estado, que se relacionen además
todas las acciones de tutela de presuntas irregularidades del IX CURSO DE
FORMACION JUDICIAL a efectos de que a su vez se acumulen a la presente
radicación […]”.

12. Al respecto, se precisa que en esta acción de tutela se busca la protección de
los derechos del señor Jorge Ignacio Tamayo Gómez, cuya vulneración se atribuye
especialmente a las decisiones administrativas que lo desvincularon del concurso
de méritos y le negaron la solicitud de una evaluación supletoria.

13. Aunque se mencionan distintos aspectos del concurso de mérito, se precisa que
el fondo del asunto es, como se indicó, determinar si existe vulneración de los
derechos fundamentales del accionante con las Resoluciones núms. EJR24-298,
EJR24-448, EJR24-505 y EJR24-1768 de 2024, que resolvieron las distintas
solicitudes presentadas por el señor Jorge Ignacio Tamayo Gómez.

14. En consecuencia, se negará la solicitud formulada por el señor Rubén David
Suarez Cañizares.

VI.3. Problemas jurídicos

15. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer lo
siguiente:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela. Y, de ser así, se deberá determinar:

b) Si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el accionante por la expedición de los Acuerdos núms.
PCSJA18-11077 de 2018 y PCSJA19-11400 de 2019, el Contrato núm.
CO1.PCCNTR.1240112 de 2019, las Resoluciones núms. EJR24-298,
EJR24-448, EJR24-505 y EJR24-1768 de 2024.

16. Conel fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente
algunas precisiones respecto de: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
actos administrativos expedidos en el marco de un concurso de méritos; y

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02954-00
Accionante: Jorge Ignacio Tamayo Gómez

posteriormente (ii) resolver el caso concreto, siempre y cuando se superen los
requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VI.4. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos expedidos en el marco de un concurso de méritos

17. Sobre el particular, la Sala advierte que, de conformidad con lo establecido
por el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiaridad de la
acción de tutela, por regla general, esta no procede para controvertir actos
administrativos de carácter general o particular y concreto, toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su
legalidad, los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del
derecho.

18. En relación con los actos administrativos expedidos en el marco de un
concurso de méritos, la Corte Constitucional, en sentencia SU-067 de 24 de
febrero de 2022, precisó que, por regla general, la acción de tutela es
improcedente, excepto en los siguientes tres eventos: (i) que no exista otro
mecanismo judicial que permita demandar la protección de la garantía
fundamental infringida; (ii) que se vislumbre la configuración de un perjuicio
irremediable o (iii) que se trate de un asunto cuyo problema constitucional
desborde el marco de competencias del juez administrativo. Al respecto, la
referida Corporación explicó lo siguiente:

“[…] [L]a jurisprudencia constitucional ha instaurado tres excepciones a la
regla general de improcedencia de la acción de tutela, en el campo
específico de los concursos de mérito. Los actos administrativos que se
dicten en el curso de estas actuaciones administrativas podrán ser
demandados por esta vía cuando se presente alguno de los siguientes
supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la
protección del derecho fundamental infringido, ii) configuración de un
perjuicio irremediable y iii) planteamiento de un problema constitucional que
desborde el marco de competencias del juez administrativo. A continuación,
se explican estas hipótesis.

97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la
protección del derecho fundamental infringido. La primera excepción se basa
en el reconocimiento de la existencia de ciertos actos que, de conformidad
con las reglas del derecho administrativo, no pueden ser sometidos a
escrutinio judicial. En estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente
por cuanto «la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la acción de
tutela, para defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada
para impugnar los actos administrativos que los vulneran». Habida cuenta
de esta circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo definitivo,
cuando se controvierten actos de trámite o de ejecución que vulneren
derechos fundamentales, comoquiera que tales decisiones no son
susceptibles de discusión jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo».

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02954-00
Accionante: Jorge Ignacio Tamayo Gómez

98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. La
segunda excepción a la regla general de improcedencia de la acción de
tutela contra estos actos administrativos se funda en la necesidad de evitar
la consolidación de un perjuicio irremediable. Este supuesto de hecho se
presenta cuando «por las circunstancias excepcionales del caso concreto,
es posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían
resultar irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la
persona que interpone la acción».

99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. Finalmente, la tercera salvedad
reconocida por la jurisprudencia constitucional se basa en la especial índole
que presentan ciertos problemas jurídicos. De conformidad con el criterio
expresado en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas
demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de acción del
juez de lo contencioso administrativo. En tales casos, «las pretensiones del
accionante no se dirigen a determinar la legalidad de los actos
administrativos expedidos en desarrollo de la convocatoria, pretensión para
la cual puede acudir a los medios de control de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación
de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos
fundamentales» […]”. [Subrayado fuera del texto].

19. Igualmente en la aludida sentencia de unificación, se precisó que, de manera
excepcional, la acción de tutela es procedente para solicitar la protección de
derechos fundamentales frente a actos administrativos de trámite expedidos en
el marco de los concursos de méritos, siempre que la actuación administrativa
de la cual hace parte el acto no haya concluido; que el acto acusado defina una
situación especial y sustancial que se proyecte en la decisión final y que
ocasione la vulneración o amenaza real de las garantías deprecadas.

VI.5. El caso concreto

20. El señor Jorge Ignacio Tamayo Gómez solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a cargos públicos y a la igualdad en
conexidad con los principios de estado social de derecho, prevalencia del interés
general, eficiencia, transparencia, selección objetiva, moralidad administrativa y
buena fe, cuya vulneración le atribuyó a la Presidencia y la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla” del Consejo Superior de la Judicatura, la Contraloría
General de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las sociedades E Training S.A.S.
y E Distribution S.A.S, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y
la Unión Temporal Formación Judicial 2019, por los Acuerdos núms. PCSJA18-
11077 de 2018 y PCSJA19-11400 de 2019, el Contrato núm.
CO1.PCCNTR.1240112 de 2019, las Resoluciones núms. EJR24-298, EJR24-
448, EJR24-505 y EJR24-1768 de 2024.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02954-00
Accionante: Jorge Ignacio Tamayo Gómez

VI.5.1. Improcedencia de la presente acción de tutela por incumplir el
requisito de subsidiariedad

21. Cabe resaltar que, como se enunció previamente, la acción de tutela resulta
improcedente cuando se pretende controvertir la legalidad de actos
administrativos, en razón a que los asociados cuentan con otros medios de
defensa como lo son los medios de control de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho12, los cuales son mecanismos idóneos para
solicitar la anulación y la suspensión de los actos de la administración que,
según afirma, lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto, afectan
derechos fundamentales.

22. En el presente caso, se observa que la vulneración de los derechos
fundamentales se ocasionó con la expedición de las Resoluciones números
EJR24-298 de 21 de junio, EJR24-317 de 28 de junio de 2024, EJR24-448 de 9
de septiembre, EJR24-505 de 25 de septiembre y EJR24-1768 de 7 de
noviembre de 2024 en los que se publicó el resultado de la subfase general del
IX Curso de Formación Judicial Inicial y se resolvieron los recursos de reposición
interpuestos. Además, se controvierten los actos que decidieron no permitirle
realizar la prueba supletoria.

23. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que la presente acción de
tutela busca controvertir los actos administrativos que desvincularon al
accionante del concurso de mérito mencionado.

24. En ese sentido, la Corte Constitucional ha dicho que por regla general la
acción constitucional resulta improcedente para “[…] controvertir actos
administrativos en atención a: (i) la existencia de mecanismos de autotutela; (ii)
la existencia de medios judiciales ordinarios establecidos para controvertir las
actuaciones de la administración en el ordenamiento jurídico; (ii) la presunción
de legalidad que las reviste; y (iii) la posibilidad de que, a través de las medidas
cautelares o provisionales, se adopten remedios idóneos y eficaces de
protección de los derechos en ejercicio de los mecanismos ordinarios […]”13.

25. En el caso objeto de estudio, se observa que los actos administrativos que
desvincularon al accionante del concurso de méritos son susceptibles de control
judicial, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

respecto esta Sección, mediante sentencia de 11 de mayo de 2023 14,
26. Al
señaló lo siguiente:

12
CPACA. Art. 141: (…) Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad
contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso (…)”
13
Sentencia T-149 de 9 de mayo de 2023, Expediente T-8.999.065, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de mayo de 2023, Exp.
núm. 11001-03-15-000-2023-01936-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02954-00
Accionante: Jorge Ignacio Tamayo Gómez

“[…] [L]a Sala advierte que la presente discusión gira en torno a la legalidad
o no del acto administrativo contenido en la Resolución CJR23-0061 de 8 de
febrero de 2023, por medio de la cual se dispuso excluir o rechazar del
concurso de méritos al aquí actor.

18. En atención a la anterior, la Sala encuentra que el actor dispone de otro
medio de defensa judicial como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para controvertir la Resolución CJR23-0061 de
8 de febrero de 2023, comoquiera que dicha actuación administrativa es
susceptible de control judicial, tal como lo precisó esta Sección, en reciente
pronunciamiento de 14 de abril de 2023, oportunidad en la que se señaló lo
siguiente:

[…] Cabe precisar que, si bien el actor indicó que, en su sentir, dichos actos
administrativos son de trámite, lo cierto es que en lo que le concierne, en dichas
decisiones se definió su situación jurídica dentro de la Convocatoria núm.
27, en la medida que implicaron su eliminación para las etapas
subsiguientes del concurso y, por ende, cualquier reproche que dirija para
cuestionar esa actuación puede ventilarlo a través del medio de control
aludido […]15. (negrillas por fuera de texto)

19. De allí que resulta oportuno resaltar que esta Sección16 ha sostenido
que: «[…] con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya no es
aceptable el argumento según el cual los medios de control ordinarios no
son eficaces ni oportunos para la protección de los derechos presuntamente
conculcados en casos como el estudiado […]»17.

20. Lo anterior en consideración a que: «[…] la mencionada normativa
además de darle celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los
mismos, contiene diferentes herramientas jurídicas que permiten
solicitar, entre otras cosas, las medidas cautelares incluso de
urgencia18, como la suspensión provisional de los efectos del acto
administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina la declaración
o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa;
impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera
de las partes, las cuales demuestran la efectividad del procedimiento
ordinario cuando se advierte una situación apremiante que necesite ser
remediada incluso antes de que se profiera una decisión definitiva
[…]»19. (negrillas fuera del texto)

21. Significa lo expuesto que el aquí actor cuenta con un mecanismo judicial
para controvertir la legalidad de la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero
de 2023, instrumento que resulta idóneo y eficaz para la protección de los
derechos fundamentales aquí invocados y en el que, adicionalmente, podrá
solicitar el decreto de las medidas cautelares preventivas que estime
pertinentes.

15
Expediente 11001-03-15-000-2023-01326-00.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018,
expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021,
expediente número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
18
Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la
otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su
adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión
será susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse
inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete.
19
Ibidem.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02954-00
Accionante: Jorge Ignacio Tamayo Gómez

De allí que resulta oportuno resaltar que esta Sección20 ha sostenido que:
«[…] con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya no es
aceptable el argumento según el cual los medios de control ordinarios no
son eficaces ni oportunos para la protección de los derechos presuntamente
conculcados en casos como el estudiado […]»21.

Lo anterior en consideración a que: «[…] la mencionada normativa además
de darle celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los mismos,
contiene diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre
otras cosas, las medidas cautelares incluso de urgencia22, como la
suspensión provisional de los efectos del acto administrativo o del
procedimiento hasta tanto se defina la declaración o no de su nulidad;
ordenar la adopción de una decisión administrativa; impartir órdenes o
imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes, las
cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando
se advierte una situación apremiante que necesite ser remediada
incluso antes de que se profiera una decisión definitiva […]»23 […]”.
[Negrilla original del texto].

27. En ese sentido, esta Sala de Decisión resolvió lo mismo frente a acciones de
tutela radicadas contra actos administrativos proferidos en virtud del “[…] IX
Curso de Formación Judicial Inicial […]”, en razón a que los accionantes
contaban con otro medio judicial para controvertir la decisión administrativa que
consideraban que atentaba contra sus derechos fundamentales, entre las que se
encuentran las de 2224 y 2925 de agosto y 24 de octubre26 de 2024.

28. En armonía con lo anterior, cabe señalar que en el presente asunto no se dan
los supuestos excepcionales fijados por la Corte Constitucional en sentencia SU-
067 de 2022 para la procedencia de la acción de tutela contra acto administrativo
proferido en el marco de un concurso de méritos, en razón a lo siguiente:

(i) El accionante dispone de otro medio de defensa judicial, tal como se explicó
previamente; (ii) No se evidencia la supuesta afectación grave y significativa de
los derechos fundamentales y, no se encuentra configurado un perjuicio
irremediable; (iii) Los argumentos que sustentan la supuesta afectación de
garantías constitucionales no desbordan el marco de competencias del juez
administrativo.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018,
expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021,
expediente número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
22
Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la
otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su
adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión
será susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse
inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete.
23
Ibidem.
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Expediente núm. 11001-03-15-000-2024-
03694-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Expediente núm. 11001-03-15-000-2024-
04051-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Expediente núm. 11001-03-15-000-2024-
05158-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02954-00
Accionante: Jorge Ignacio Tamayo Gómez

29. Por lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de
tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Fiscalía
General de la Nación y la Unión Temporal Formación Judicial 2019, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud presentada por el señor Rubén David Suarez
Cañizares, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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