Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03694-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03694-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03694-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
22 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03694-00
Accionante: RUBÉN DAVID SUÁREZ CAÑIZARES
Accionados: ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA” Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA– Se declara la carencia actual de objeto por hecho
superado frente a la vulneración del derecho de petición. Respecto a la
Resolución núm. EJR24-298 de 21 de junio de 2024 se declara improcedente la
acción de tutela por no haberse superado el requisito general de procedibilidad
de la subsidiariedad.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Rubén David Suárez
Cañizares contra la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, la Presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura, la Unión Temporal Formación Judicial 2019, la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, las sociedades E
Distritbution S.A.S., Cruz & Asociados Legal S.A.S., y el señor Felipe Wilson
Martínez.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Elseñor Rubén David Suárez Cañizares solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de petición y a la igualdad en conexidad con los
principios de confianza legítima, transparencia y moralidad administrativa, cuya
vulneración le atribuyó a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, a la
Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, a la Unión Temporal
Formación Judicial 2019, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, a las sociedades E Distritbution S.A.S., Cruz & Asociados Legal S.A.S.,
y al señor Felipe Wilson Martínez, por la expedición de la Resolución núm.
EJR24-298 de 21 de junio de 20241 y la omisión de dar respuesta al derecho de
petición presentado el 3 y 7 de julio de 2024.
1
“Por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial’’.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Rubén David Suárez Cañizares
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
2.1. Informó que se encuentra inscrito en el IX Curso de Formación Judicial de Jueces
y Magistrados de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, y que los días 19 de
mayo y 2 de junio de 2024 se realizó la evaluación de la subfase general inicial de
dicho curso.
2.2. Agregó que los referidos días “[…] se presentaron pruebas de evaluación de 8
programas académicos dentro del IX Curso de Formación Judicial a través de la
Plataforma Klarway, entidad [sic] contratada por la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla y Consejo Superior de la Judicatura para la Grabación (Audio, Video,
Captura de Pantalla) y el Monitoreo de la Pruebas evaluativas […]”.
2.3. Adujo que durante las pruebas ocurrieron “[…] múltiples errores técnicos, y/o
presuntas intervenciones tales como hakeo [sic] u [sic] accesos no autorizados la
plataforma […]”.
2.4. Indicó que, mediante la Resolución núm. EJR24-298 de 21 de junio de 2024, la
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” publicó los resultados de la evaluación; y que
incurrió en un error porque “[…] no aparecen resultados por módulos, solo se
publican unos resultados de forma general, vulnerándose el principio de
transparencia, publicidad, moralidad de los actos administrativos, es decir no se
conoce la publicación de las notas de módulo de cada Discente, lo que
puede favorecer errores en la transcripción o una presunta alteración u [sic]
hackeo de los resultados publicados, habida cuenta los antecedentes expuestos
por la propia Escuela Judicial de intento de hackeo de la misma […]”. [Negrilla
original del texto].
2.5. Relató que los días 7 y 14 de junio de 2024 se llevó a cabo la jornada de
exhibición de la prueba, para los participantes que hubieran obtenido un puntaje
inferior a 800 puntos. Sin embargo, indicó que: “[…] NO RECONOZCO como mi
Prueba la exhibición de las evaluaciones de los días 19-05-2024 y 02-06-2024,
realizada el día 7 de Julio de 2024 y 14 de Julio de 2024 y que la Prueba
integra del suscrito es la exhibición de la Prueba en (Audio, Video, Captura
de Pantalla) captada por medio de la Plataforma Klarway a través del Campus
Virtual de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y requiero de dicha exhibición
solicitud realizada dentro del término concedido para el trabajo de recurrir la
calificación ponderada de forma general, e iniciar todas la acciones legales
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Accionante: Rubén David Suárez Cañizares
pertinentes de ser el caso […]”. [Negrilla, subrayado y mayúscula original del
texto].
2.6. Señaló que, por lo anterior, el 3 de julio de 2024 presentó un derecho de petición
dirigido al Consejo Superior de la Judicatura y a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”, en la que pidió lo siguiente:
“[…] 1. Solicito se me exhiba y remita la Grabación y Audio de la prueba
presentada el 19 de mayo de 2024 (SESION DE 4 HORAS MAÑANA Y
SESION DE 4 HORAS TARDE) y del 2 de Junio de 2024 (SESION DE 4
HORAS MAÑANA Y SESION DE 4 HORAS TARDE), así como se exhiba
copia del cuadernillo de preguntas y respuestas del suscrito y se exhiba el
cuadernillo de preguntas y la clave de respuestas de la prueba del suscrito a
efectos de presentar reclamación y/o recursos de ley contra los resultados, de
forma definitiva y hasta el día final de la presentación de los recursos de
ley, insumo absolutamente necesario para el trabajo de defensa de la
evaluación del suscrito.
2. Solicito la exhibición y remisión y publicación de todas y cada una de
las asignaciones de los 8 programas cursados así:
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Así como su respectivo cuadernillo de preguntas y clave de respuestas
de cada uno de estos, es decir de todos uy [sic] cada uno de los módulos
cursados y evaluados.
3. Indíquese si se computó algún tipo de CALIFICACION [sic] a los
TALLERES VIRTUALES DESARROLLADOS Asincrónicamente es decir al
DESARROLLO DE LOS 8 MODULOS durante el desarrollo del IX Curso
de Formación Judicial o solo se estableció un COMPUTO DE
CALIFICACION FINAL de los eventos del 19 de mayo de 2024 y 2 de
junio de 2024, De [sic] ser así indíquese la nota dada al suscrito a dichos
talleres desarrollados o en su defecto establezca su calificación de 0.0 a
1.000 puntos y se me exhiban tales notas.
4. Sírvase certificar el origen de los datos de NOTAS publicados de la
Subfase General, si estos fueron compilados o certificados por pares
académicos y acreditar el nombre completo y cedula [sic] de ciudadanía del
autor del documento o el contratista o la razón social que genero el
documento publicado como anexo “ANEXO RESOLUCIÓN EJR24-298 DE 21
DE JUNIO DE 2024 CONVOCATORIA FUNCIONARIOS DE LA RAMA
JUDICIAL – ACUERDO PCSJA18-11077 DE 2018 RESULTADOS
EVALUACIÓN SUBFASE GENERAL IX CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL
INICIAL”
5. Se verifique si se presentaron errores en la transmisión de datos de las
respuestas entidades dentro de la prueba y que preguntas se encuentran
como NO marcadas.
6. Solicito se inicien actuación disciplinaria en caso de que se evidencien
fallas en la trascripción u [sic] alteración de las NOTAS de los discentes de IX
CURSO JUDICIAL de Jueces y Magistrados.
7. Indíquese si durante la prueba se presentaron intromisiones no autorizadas
u [sic] hackeo a la plataforma durante los ensayos de la misma,
específicamente durante de los días 19 de mayo y 2 de junio de 2024 en el
Campus Virtual IX Curso General de Jueces y Magistrados de la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla o de la Herramienta Klarway durante el proceso
de Calificación
8. Determinar e indicar en la actualidad quien es el responsable de la
Custodia de las Notas Publicadas en la Subfase General del IX Curso de
Jueces y Magistrados de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
9. Determinar e Indicar al suscrito quién es el Auditor / Supervisor del
Contrato firmado para el desarrollo de la Sub Fase General del IX Curso de
Jueces y Magistrados de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y quien es
su contratista de ser así, alléguese copia de dicho Contrato, incluyéndose sus
anexos, adendas y su propuesta de desarrollo.
Téngase como prueba en términos generales todos y cada uno de los
documentos y datos, generados dentro del CAMPUS VIRTUAL, el
desarrollo de la evaluación del 19 de mayo de 2024 – 2 de junio de 2024
y la Plataforma Klarway […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto].
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Accionante: Rubén David Suárez Cañizares
2.7. Manifestó que el 7 de julio de 2024 reiteró su derecho de petición a los correos
electrónicos: info@cendoj.ramajudicial.gov.co, convocatorias@cendoj.ramajudicial.gov.co
y actividadesacademicasejrlb@cendoj.ramajudicial.gov.co.
2.8. Puntualizó que, a la fecha de la presentación de esta acción, no había recibido
respuesta a su petición, y que la respuesta masiva emitida el 15 de julio 2024 por
parte del Representante legal de la Unión Temporal Formación Judicial 2019 no
había sido clara, precisa y de fondo.
2.9. Mencionó que al no tener acceso a las notas de cada programa se vulneró, de
acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, los principios de
los actos administrativos de publicidad, transparencia y moralidad.
2.10. Finalmente, afirmó que la sentencia SU-067 de 2020 “[…] señaló el derrotero de
los CONCURSOS DE MERITOS [sic] en la Rama Judicial, de forma clara que la
reserva de su propia prueba NO LE ES IMPUTABLE al propio Discente que la
presenta, situación que se encuentra incumplimiento el Consejo Superior de la
Judicatura, y Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla al negarse a suministrar la
prueba integra de cada Discente (Audio, Video, Captura de Pantalla de los
eventos de 19-05-2024 y 02-06-2024) […]”. [Negrilla y mayúscula original del
texto].
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. SE TUTELE, debido proceso, igualdad, confianza legítima, y petición,
ORDENANDOSE [sic] a la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA
y al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA responder de manera clara
precisa y de fondo, todos y cada uno de los nueve (9) puntos de la petición
planteada por el accionante a través del ticket del IX Campus Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla el día 3 de Julio de 2024 y reiterada a través de correo
electronico [sic] 7 de julio de 2024, 0:02, mediante el mecanismo derecho de
petición de anterior prioritaria. Lo anterior con efectos intercomunis con los
demás Discentes (Aprobados y Reprobados) a efectos de No TOMAR una
ventaja indebida sobre los demás reclamantes en la interposición de recursos
y negándose tal aspecto a otros participantes
2. SE TUTELE, debido proceso, igualdad, transparencia, moralidad, confianza
legítima, ORDENANDOSE [sic] a la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA
BONILLA y al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICIAL, publicar una nueva
Resolución que contenga los principios de publicidad, moralidad y
transparencia en los actos administrativos, publicando dicho acto
administrativo de todas y cada una de las asignaciones de los 8 programas
desglosados cursados en la SubFase General del IX Curso Judicial de Jueces
y Magistrados de la Convocatoria 27, de acuerdo al numeral 4 “Conocer
oportunamente los resultados de las calificaciones obtenidas en cada una de
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“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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Accionante: Rubén David Suárez Cañizares
las subfases del IX Curso de Formación Judicial Inicial y sobre los recursos
que proceden de conformidad con el cronograma que se establezca y/o sus
modificaciones” del Capítulo IV Derechos y Deberes de los Discentes de
Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de Septiembre de 2019 del Consejo Superior
de la Judicatura
3. SE TUTELE, debido proceso, igualdad, confianza legítima, y petición,
ORDENANDOSE [sic] a cualquiera de los accionados la ESCUELA
JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA y al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, EMPRESA KLARWAY, EMPRESA EDISTRIBUTION CO,
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA DE TUNJA, UNION
TEMPORAL FORMACION JUDICIAL 2019, CRUZ LEGAL & ABOGADOS
ASOCIADOS S.A.S, FELIPE WILSON MARTINEZ que tenga la custodia de
la Grabación (Video, Captura de Pantalla) y Audio de la prueba presentada el
19 de mayo de 2024 (SESION DE 4 HORAS MAÑANA Y SESION DE 4
HORAS TARDE) y del 2 de Junio de 2024 (SESION DE 4 HORAS MAÑANA
Y SESION DE 4 HORAS TARDE), incluyéndose la Captura de Pantalla donde
se exhiba copia del cuadernillo de preguntas y respuestas del suscrito
marcada en dicha prueba y se exhiba el cuadernillo de preguntas y la clave
de respuestas de la prueba del suscrito a efectos de presentar reclamación
y/o recursos de ley contra los resultados, de forma definitiva y/o hasta el
día final de la presentación de los recursos de ley, insumo
absolutamente necesario para el trabajo de defensa de la evaluación del
suscrito. Lo anterior con efectos intercomunis con los demás Discentes
(Aprobados y Reprobados) a efectos de No TOMAR una ventaja indebida
sobre los demás reclamantes en la interposición de recursos accediendo de
manera exclusiva a su prueba integra y negándose tal aspecto a otros
participantes
4. O en su defecto, dada la perentoriedad de términos para interposición de
recursos del 15-07-2024 al 26-07-2024, REPROGRAMAR el Cronograma de
Curso Judicial y SE ORDENE al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA y ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA,
PROGRAME una nueva exhibición de la Prueba a los Discentes del IX
Curso de Formación Judicial de Jueces y Magistrados, suministrándole
Copia autentica de la Grabación de la Plataforma Klarway (Audio, Video,
Captura de Pantalla) a cada Discentes, para garantizar la integralidad de la
exhibición de la prueba integra de cada Discente, con efectos intercomunis,
inclusive a Discentes catalogados como Aprobados y Reprobados,
programando una nueva fecha para la interposición de recursos contra
la resolución EJR24-298 de fecha 21 de Junio de 2024.
5. SE COMPULSEN copias a las autoridades pertinentes en contra de las
autoridades responsables CONSEJO SUPEERIOR DE LA JUDICATURA y
la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por el incumplimiento de la
Sentencia de Unificación SU -067 de 2022 de la Corte Constitucional.
6. En el caso de que se evidencien errores en la transmisión de datos
alteraciones, errores en la transcripción u hackeo de la Plataforma IX Curso
Concurso de Formación Judicial se remitan copias a la Fiscalía General de la
Nación y la Procuraduría General de la Nación, a efectos de que se inicien las
investigaciones pertinentes y se determinen responsables […]”. [Negrilla,
mayúscula y subrayado original del texto].
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Accionante: Rubén David Suárez Cañizares
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 25 de julio de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela contra la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla”, la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, la
Unión Temporal Formación Judicial 2019, la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, las sociedades E Distritbution S.A.S., Cruz & Asociados
Legal S.A.S., y el señor Felipe Wilson Martínez. Asimismo, se vincularon en
calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a los
participantes del IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos
de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, de la
Fase III del concurso de méritos convocado mediante el Acuerdo núm. PCSJA18-
11077 de 16 de agosto de 20183.
5. Igualmente, se negó la medida provisional solicitada por el accionante.
V. INTERVENCIONES
6. Una vez efectuadas las notificaciones a las accionadas y a los sujetos
vinculados, se allegaron los siguientes informes:
6.1. LaEscuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” manifestó, a través de su
directora, que no vulneró los derechos fundamentales del señor Rubén Suárez
Cañizares, porque a través del Oficio núm. EJO24-1105 de 31 de julio de 2024
contestó la petición radicada por el accionante en ejercicio del derecho de
petición, por lo que agregó que se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado.
6.2. Indicó que en el mes de julio se le compartió a todos los discentes el Protocolo
de Exhibición de la prueba de la subfase general del IX Curso de Formación
Judicial con el “[…] fin [de] garantizar el acceso a las pruebas presentadas
virtualmente. Conforme con lo dispuesto en los Acuerdos PCSJA18-11077 2018 y
PCSJA19-11400 de 2019, para la exhibición y consulta de las mismas, los
discentes debían cumplir con las condiciones de reserva y confidencialidad de
estas, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 164 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia) […]”.
6.3. Aclaró que sus acciones se han ajustado a los Acuerdos números PCSJA18-
11077 2018 y PCSJA19-11400 de 20194, que reglamentan el IX Curso de
Formación Judicial Inicial, por lo que ha garantizado el cumplimiento de los
3
“Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial”.
4
“Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a
cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021”.
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Accionante: Rubén David Suárez Cañizares
requisitos de la Ley 270 de 7 de marzo de 19965, esto es proteger los derechos
de todos los participantes, entre estos los del accionante.
6.4. La Universidad Libre de Colombia solicitó, a través de apoderado judicial,
que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que no
tiene ninguna relación con los hechos mencionados ni con el accionante.
6.5. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC solicitó, a
través de apoderado judicial, que se negaran las pretensiones de la acción de
tutela, en razón a que las actuaciones adelantadas se ciñeron a los Acuerdos
números PCSJA18-11077 de 2018, PCSJA19-11400 y PCSJA19-11405 de 20196
y posteriores comunicados del Consejo Superior de la Judicatura, los cuales rigen
la convocatoria y reglas del IX Curso de Formación Judicial Inicial.
6.6. LaUnión Temporal Formación Judicial 2019 manifestó, a través de su
representante legal suplemente, que: “[…] nos oponemos a las todas y cada una
de las pretensiones del accionante, para que sean tutelados los derechos
fundamentales invocados, en el desarrollo del IX Curso de Formación Judicial,
al no observarse vulneración alguna por parte de los involucrados en la
presente causa, cuyas actuaciones se han enmarcado dentro del marco de los
acuerdos pedagógicos PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, PCSJA19-
11400 del 19 de septiembre de 2019 y PCSJA19-11405 de 2019 y posteriores
comunicados, expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, los cuales
rigen la convocatoria y reglas del IX Curso de Formación Judicial Inicial […]”.
[Negrilla original del texto].
6.7. Agregó que la respuesta de fondo al derecho de petición radicado el 3 y 7 de
julio de 2024 se remitió el 27 y 31 de julio de 2024, respectivamente, por lo que no
es cierto que no se haya emitido pronunciamiento.
6.8. El señor Rubén David Suárez Cañizares, mediante escrito de 30 de julio de
2024, solicitó que se adicionara el auto admisorio de la demanda en el sentido de
tener por accionado a “[…] la empresa Klarway […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19917, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
5
“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.
6
"Por medio del cual se aclara el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019".
7
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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Accionante: Rubén David Suárez Cañizares
1069 de 26 de mayo de 20158, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20219, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
201910.
VI.2. Cuestiones previas
VI.2.1. Solicitud de desvinculación
8. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la Universidad Libre de Colombia.
9. Revisado el auto admisorio de la presente acción constitucional se observa que
la Universidad Libre de Colombia no fue vinculada, sino la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, razón por la cual se denegará la
solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
VI.2.2. Solicitud de vinculación
10. El señor Rubén David Suárez Cañizares solicitó, a través de correo electrónico
de 30 de julio de 2024, que se adicionara el auto admisorio de 25 de julio de 2024
en el entendido de tener por accionado a “[…] la empresa Klarway […]”.
11. Alrespecto, se precisa, conforme a los documentos obrantes en el
expediente11, que Klarway es el aplicativo, plataforma o software, a través del cual
se realizó la prueba del IX Curso de Formación Judicial Inicial.
12. En ese sentido, en el Oficio núm. PCSJO24-293 de 25 de abril de 2024,
suscrito por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, se precisa que
que “Klarway” es el software “[…] que ha dispuesto la Unión Temporal
“Formación Judicial 2019”12, contratada por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial para llevar a cabo el curso […]”, que “[…] ” garantiza
mediante una infraestructura 100% cloud una concurrencia hasta para 20.000
exámenes, ofreciendo estabilidad y continuidad en el desarrollo de la evaluación
[…]”.
13. Por lo anterior, no es necesario vincular al software referido en razón a que en
este proceso actúan como accionados la Unión Temporal Formación Judicial
8
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
9
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
10
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
11
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL DISCENTE PARA LA EVALUACIÓN VIRTUAL DE LA SUBFASE GENERAL.
12
Conforman por E-Distribution y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC-.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03694-00
Accionante: Rubén David Suárez Cañizares
2019, la sociedad E Distritbution S.A.S. y la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia - UPTC; estas últimas integran la unión temporal.
VI.3. Problemas jurídicos
14. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado respecto de la vulneración del derecho de petición del
accionante, por la presunta omisión de las accionadas de dar respuesta a
las solicitudes radicadas el 3 y 7 de julio de 2024.
b) Si la expedición de la Resolución núm. EJR24-298 de 21 de junio de
202413 vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad en conexidad con los principios de confianza legítima,
transparencia y moralidad administrativa del accionante.
VI.4. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos expedidos en el marco de un concurso de méritos
15. La Sala advierte que, de conformidad con lo establecido por el artículo 6° del
Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiaridad de la acción de tutela, por regla
general, esta no procede para controvertir actos administrativos de carácter
general o particular y concreto, toda vez que el legislador previó como mecanismo
de defensa judicial para desvirtuar su legalidad, los medios de control de nulidad,
y nulidad y restablecimiento del derecho.
16. En relación con los actos administrativos expedidos en el marco de un
concurso de méritos, la Corte Constitucional, en sentencia SU-067 de 24 de
febrero de 202214, precisó que, por regla general, la acción de tutela es
improcedente, excepto en los siguientes tres eventos: (i) que no exista otro
mecanismo judicial que permita demandar la protección de la garantía
fundamental infringida; (ii) que se vislumbre la configuración de un perjuicio
irremediable; y (iii) que se trate de un asunto cuyo problema constitucional
desborde el marco de competencias del juez administrativo. Al respecto, la
referida Corporación explicó lo siguiente:
[…] [L]a jurisprudencia constitucional ha instaurado tres excepciones a la
regla general de improcedencia de la acción de tutela, en el campo específico
de los concursos de mérito15. Los actos administrativos que se dicten en el
13
“Por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial”.
14
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-067 de 24 de febrero de 2022. M.P.: Paola Andrea Meneses.
15
Tras analizar la línea jurisprudencial existente en la materia, la Corte manifestó lo siguiente en la Sentencia T-049 de
2019: «[L]a Corte Constitucional recalcó en la sentencia T-315 de 1998, reiterada en los fallos T-1198 de 2001, T-599 de
2002, T-602 de 2011 y T-682 de 2016, que la acción de amparo, en principio, no procede para controvertir los actos
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03694-00
Accionante: Rubén David Suárez Cañizares
curso de estas actuaciones administrativas podrán ser demandados por esta
vía cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de
un mecanismo judicial que permita demandar la protección del derecho
fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable y iii)
planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.
97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección
del derecho fundamental infringido. La primera excepción se basa en el
reconocimiento de la existencia de ciertos actos que, de conformidad con las
reglas del derecho administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio
judicial. En estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por cuanto
«la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la acción de tutela, para
defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar
los actos administrativos que los vulneran»16. Habida cuenta de esta
circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo definitivo, cuando
se controvierten actos de trámite o de ejecución que vulneren derechos
fundamentales, comoquiera que tales decisiones no son susceptibles de
discusión jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo»17.
98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. La
segunda excepción a la regla general de improcedencia de la acción de tutela
contra estos actos administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable18. Este supuesto de hecho se
presenta cuando «por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es
posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar
irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que
interpone la acción»19.
99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. Finalmente, la tercera salvedad
reconocida por la jurisprudencia constitucional se basa en la especial índole
que presentan ciertos problemas jurídicos. De conformidad con el criterio
expresado en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas
demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de acción del juez
de lo contencioso administrativo. En tales casos, «las pretensiones del
accionante no se dirigen a determinar la legalidad de los actos administrativos
expedidos en desarrollo de la convocatoria, pretensión para la cual puede
acudir a los medios de control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación de estas
normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos fundamentales»20. […]”.
administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de méritos, salvo en los siguientes casos:- Cuando la
persona afectada no tenga mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos porque no
está legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran o porque la cuestión debatida es eminentemente
constitucional.- Cuando, por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la
orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que interpone
la acción».
16
Sentencia T-314 de 1998.
17
Sentencia T-292 de 2017.
18
Sentencias T-227 de 2019, T-049 de 2019, T-438 de 2018, T-160 de 2018, T-610 de 2017 y T-551 de 2017.
19
Sentencia T-049 de 2019.
20
En ambos casos, la Corte revisó dos acciones de tutela de personas que habían sido excluidas de sendos concursos de
méritos como consecuencia de razones que comprometían sus derechos fundamentales: en un caso, la exclusión se basó
en el hecho de que el concursante tenía un tatuaje en su cuerpo; mientras que en el otro la determinación se basó en la
estatura del aspirante. En opinión de la Corte, tales controversias excedían el ámbito de competencia de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, pues planteaban un estricto problema de constitucionalidad, y no de legalidad. Por tal motivo,
estimó procedente la solicitud de amparo.
12
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Accionante: Rubén David Suárez Cañizares
17. Igualmente en la mencionada sentencia de unificación, se precisó que, de
manera excepcional, la acción de tutela es procedente para solicitar la protección
de derechos fundamentales frente a actuaciones administrativas de trámite que se
desarrollen en el marco de los concursos de méritos, siempre que la actuación
administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; que el acto
acusado defina una situación especial y sustancial que se proyecte en la decisión
final, y que ocasione la vulneración o amenaza real de las garantías deprecadas.
VI.5. Caso concreto
18. El señor Rubén David Suárez Cañizares solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de petición y a la igualdad en conexidad con los
principios de confianza legítima, transparencia y moralidad administrativa, cuya
vulneración le atribuyó a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, a la
Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, a la Unión Temporal
Formación Judicial 2019, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, a las sociedades E Distritbution S.A.S., Cruz & Asociados Legal S.A.S.,
y al señor Felipe Wilson Martínez, por la expedición de la Resolución núm.
EJR24-298 de 21 de junio de 2024 y la omisión de dar respuesta al derecho de
petición presentado el 3 y 7 de julio de 2024.
19. Precisado lo anterior, la Sala estudiará: i) el cumplimiento del requisito general
de procedibilidad de subsidiariedad de esta acción de tutela frente a la Resolución
núm. EJR24-298 de 21 de junio de 2024; y ii) la configuración de un hecho
superado respecto de la vulneración del derecho de petición.
VI.5.1. Incumplimiento del requisito general de procedencia de
subsidiariedad frente a la Resolución núm. EJR24-298 de 2024
20. Enel presente caso, la parte accionante adujo que con la expedición de la
Resolución núm. EJR24-298 de 2024, emitida por la Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla”, se vulneraron sus derechos fundamentales citados supra en razón a
que no se publicaron los resultados desagregados de la prueba presentada los
días 19 de mayo y 2 de junio de 2024; y además no tuvo acceso al audio, video y
captura de pantalla de su examen.
21. Al respecto señaló frente al acto administrativo cuestionado: “[…] NO permite
conocer las notas de cada uno de los 8 programas cursados y en la página del
Campus Virtual no se permite conocer la calificación asignada a cada uno de
sus componentes, como quiera de que el modulo [sic] CALIFICACIONES no
se encuentra activo, y las NOTAS publicadas son de forma general en una
PONDERACION [sic] FINAL, mas [sic] no se encuentra desglosada por cada
módulo cursado y evaluado […]”. [Mayúscula y negrilla original del texto].
13
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Accionante: Rubén David Suárez Cañizares
22. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que la presente acción de
tutela busca controvertir el acto administrativo a través del cual se publicaron los
resultados del IX Curso de Formación Judicial Inicial - Subfase General, y
mediante en la cual se determinó que había reprobado la prueba realizada.
23. En ese sentido, la Corte Constitucional ha dicho que por regla general la acción
constitucional resulta improcedente para “[…] controvertir actos administrativos en
atención a: (i) la existencia de mecanismos de autotutela; (ii) la existencia de
medios judiciales ordinarios establecidos para controvertir las actuaciones de la
administración en el ordenamiento jurídico; (ii) la presunción de legalidad que las
reviste; y (iii) la posibilidad de que, a través de las medidas cautelares o
provisionales, se adopten remedios idóneos y eficaces de protección de los
derechos en ejercicio de los mecanismos ordinarios […]”21.
24. En el caso objeto de estudio, se observa que el acto administrativo cuestionado
es susceptible de reposición y se encuentra pendiente de resolver los recursos
interpuestos en contra de este. Adicionalmente, el accionante cuenta con el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir el referido
acto.
25. Al respecto esta Sección, mediante sentencia de 11 de mayo de 202322, señaló
lo siguiente:
“[…] [L]a Sala advierte que la presente discusión gira en torno a la legalidad o
no del acto administrativo contenido en la Resolución CJR23-0061 de 8 de
febrero de 2023, por medio de la cual se dispuso excluir o rechazar del
concurso de méritos al aquí actor.
18. En atención a la anterior, la Sala encuentra que el actor dispone de otro
medio de defensa judicial como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para controvertir la Resolución CJR23-0061 de 8
de febrero de 2023, comoquiera que dicha actuación administrativa es
susceptible de control judicial, tal como lo precisó esta Sección, en reciente
pronunciamiento de 14 de abril de 2023, oportunidad en la que se señaló lo
siguiente:
[…] Cabe precisar que, si bien el actor indicó que, en su sentir, dichos actos
administrativos son de trámite, lo cierto es que en lo que le concierne, en dichas
decisiones se definió su situación jurídica dentro de la Convocatoria núm.
27, en la medida que implicaron su eliminación para las etapas subsiguientes
del concurso y, por ende, cualquier reproche que dirija para cuestionar esa
actuación puede ventilarlo a través del medio de control aludido […]23.
(negrillas por fuera de texto)
21
Sentencia T-149 de 9 de mayo de 2023, Expediente T-8.999.065, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de mayo de 2023, Exp.
núm. 11001-03-15-000-2023-01936-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
23
Expediente 11001-03-15-000-2023-01326-00.
14
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Accionante: Rubén David Suárez Cañizares
19. De allí que resulta oportuno resaltar que esta Sección24 ha sostenido que:
«[…] con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya no es
aceptable el argumento según el cual los medios de control ordinarios no son
eficaces ni oportunos para la protección de los derechos presuntamente
conculcados en casos como el estudiado […]»25.
20. Lo anterior en consideración a que: «[…] la mencionada normativa
además de darle celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los
mismos, contiene diferentes herramientas jurídicas que permiten
solicitar, entre otras cosas, las medidas cautelares incluso de
urgencia26, como la suspensión provisional de los efectos del acto
administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina la declaración o
no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa;
impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera
de las partes, las cuales demuestran la efectividad del procedimiento
ordinario cuando se advierte una situación apremiante que necesite ser
remediada incluso antes de que se profiera una decisión definitiva
[…]»27. (negrillas fuera del texto)
21. Significa lo expuesto que el aquí actor cuenta con un mecanismo judicial
para controvertir la legalidad de la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de
2023, instrumento que resulta idóneo y eficaz para la protección de los
derechos fundamentales aquí invocados y en el que, adicionalmente, podrá
solicitar el decreto de las medidas cautelares preventivas que estime
pertinentes.
De allí que resulta oportuno resaltar que esta Sección28 ha sostenido que:
«[…] con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya no es
aceptable el argumento según el cual los medios de control ordinarios no son
eficaces ni oportunos para la protección de los derechos presuntamente
conculcados en casos como el estudiado […]»29.
Lo anterior en consideración a que: «[…] la mencionada normativa además de
darle celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los mismos,
contiene diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre
otras cosas, las medidas cautelares incluso de urgencia30, como la
suspensión provisional de los efectos del acto administrativo o del
procedimiento hasta tanto se defina la declaración o no de su nulidad;
ordenar la adopción de una decisión administrativa; impartir órdenes o
imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes, las
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018,
expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021,
expediente número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
26
Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra
parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción,
se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será
susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente,
previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete.
27
Ibidem.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018,
expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021,
expediente número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
30
Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra
parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción,
se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será
susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente,
previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete.
15
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Accionante: Rubén David Suárez Cañizares
cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se
advierte una situación apremiante que necesite ser remediada incluso
antes de que se profiera una decisión definitiva […]»31 […]”. [Negrilla
original del texto].
26. Igualmente, no se encuentra acreditada la configuración de un perjuicio
irremediable.
27. Conforme a lo anotado, y en lo relacionado con la Resolución núm. EJR24-298
de 2024, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela por no
cumplir con el requisito general de procedencia de subsidiariedad, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
VI.5.2. La configuración de un hecho superado
28. En el trámite del proceso de tutela de la referencia la Unión Temporal
Formación Judicial 2019 y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” solicitaron
negar las pretensiones de la acción de tutela o, en su defecto, declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado, en razón a que habían brindado respuesta
al derecho de petición radicado por el accionante los días 3 y 7 de julio de 2024.
29. En efecto, mediante el informe de 1.º de agosto de 2024, el represente legal
suplente de la Unión Temporal Formación Judicial 2019 indicó que través del
oficio de 31 de julio de 2024, respondió el derecho de petición elevado por el
accionante.
30. En el aludido oficio se dio respuesta a la solicitud del accionante en los
siguientes términos:
“[…] Dado que las peticiones Primera y Segunda abordan el mismo tema y
reciben la misma respuesta, se dará una respuesta unificada en los siguientes
términos:
En lo que respecta al registro audiovisual, es preciso decir que: la solicitud
deprecada no es procedente ya que el video de la evaluación constituye una
evidencia del comportamiento del discente durante el desarrollo de la misma.
El mismo permite verificar la ocurrencia de acciones no autorizadas, las
cuales pueden conllevar a la exclusión del discente involucrado, conforme a lo
establecido en el Acuerdo PCS 19-11400.
Con el propósito de que todos los discentes que presentaron la evaluación
correspondiente a la Subfase General del IX Curso de Formación Judicial
Inicial, y que obtuvieron una calificación inferior a 800 puntos, pudieran hacer
la revisión que consideraran necesaria para sustentar los respectivos
recursos en sede administrativa, se programaron jornadas de exhibición para
el 7 y 14 de julio de 2024.
31
Ibidem.
16
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En esta oportunidad, señalada en el cronograma conocido por todos, los
discentes lograron verificar cada una de las preguntas formuladas, junto con
la hoja de respuestas y las claves de las respuestas correctas. De esta forma,
verificaron sus aciertos y desaciertos, con base en los cuales conocerán el
desglose de la calificación y la puntuación obtenida en cada componente,
discriminado de acuerdo con los criterios de cada uno. Estas jornadas se
llevaron a cabo de manera individual y mediante el Campus Virtual.
3. Indíquese si se computó algún tipo de CALIFICACION [sic] a los
TALLERES VIRTUALES DESARROLLADOS Asincrónicamente es decir al
DESARROLLO DE LOS 8 MODULOS [sic] durante el desarrollo del IX
Curso de Formación Judicial o solo se estableció un COMPUTO DE
CALIFICACION [sic] FINAL de los eventos del 19 de mayo de 2024 y 2 de
junio de 2024, De ser así indíquese la nota dada al suscrito a dichos
talleres desarrollados o en su defecto establezca su calificación de 0.0 a
1.000 puntos y se me exhiban tales notas.
Conforme al numeral 5.1.1 del Acuerdo PCSJA19-11400, titulado "Actividades
objeto de evaluación de la Subfase general", los programas que conformaban
dicha Subfase tenían una asignación máxima de 125 puntos totales,
distribuidos de la siguiente manera: un máximo de 40 puntos para el control
de lectura, un máximo de 25 puntos para el análisis jurisprudencial, y un
máximo de 60 puntos para el taller virtual. Estos puntajes fueron considerados
en el proceso de calificación de la evaluación de la Subfase general.
4. Sírvase certificar el origen de los datos de NOTAS publicados de la
Subfase General, si estos fueron compilados o certificados por pares
académicos y acreditar el nombre completo y cedula [sic] de ciudadanía
del autor del documento o el contratista o la razón social que genero
[sic] el documento publicado como anexo “ANEXO RESOLUCIÓN EJR24-
298 DE 21 DE JUNIO DE 2024 CONVOCATORIA FUNCIONARIOS DE LA
RAMA JUDICIAL – ACUERDO PCSJA18-11077 DE 2018 RESULTADOS
EVALUACIÓN SUBFASE GENERAL IX CURSO DE FORMACIÓN
JUDICIAL INICIAL”
Para garantizar la validez y confiabilidad de la prueba, se implementó la
metodología del Diseño Centrado en Evidencias – DCE -, la cual propone una
serie de pasos que permiten desagregar y generar un puente entre lo que se
quiere evaluar (conjunto de competencias, conocimientos, habilidades o
destrezas de un área o campo específico) y las tareas que debería desarrollar
el discente para dar cuenta de eso particular que se evalúa.
Proceso de revisión y aprobación de las preguntas El proceso de revisión y
aprobación de las preguntas elaboradas para la evaluación de la Subfase
General del IX Curso Judicial Inicial es el siguiente:
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Accionante: Rubén David Suárez Cañizares
5. Se verifique si se presentaron errores en la transmisión de datos de
las respuestas entidades dentro de la prueba y que preguntas se
encuentran como NO marcadas.
No se presentaron errores en la transmisión de los datos de las respuestas.
6. Solicito se inicien [sic] actuación disciplinaria en caso de que se
evidencien fallas en la trascripción u [sic] alteración de las NOTAS de los
discentes de IX CURSO JUDICIAL de Jueces y Magistrados.
No aplica su solicitud en razón a que no se presentó ningún error o falla en el
proceso de la evaluación de la Subfase General.
7. Indíquese si durante la prueba se presentaron intromisiones no
autorizadas u [sic] hackeo a la plataforma durante los ensayos de la
misma, específicamente durante de los días 19 de mayo y 2 de junio de
2024 en el Campus Virtual IX Curso General de Jueces y Magistrados de
la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla o de la Herramienta Klarway
durante el proceso de Calificación
La evaluación de la subfase general se realizó con éxito los días 19 de mayo
de 2024 y 02 de junio de 2024, No se presentaron intromisiones no
autorizadas u [sic] hackeo a la plataforma
8. Determinar e indicar en la actualidad quien es el responsable de la
Custodia de las Notas Publicadas en la Subfase General del IX Curso de
Jueces y Magistrados de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
9. Determinar e Indicar al suscrito quién es el Auditor / Supervisor del
Contrato firmado para el desarrollo de la Sub Fase General del IX Curso
de Jueces y Magistrados de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y
quien es su contratista de ser así, alléguese copia de dicho Contrato,
incluyéndose sus anexos, adendas y su propuesta de desarrollo.
La información contractual del IX Curso de Formación Judicial Inicial para
Jueces y Magistrados de la República podrá ser consultada en el Secop por
todos los discentes, ya que esto tiene un carácter público. Igualmente
remitimos el link del proceso de SECOP para que realice las averiguaciones
que considere necesarias.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noti
ceUID=CO1.NTC.991325&isFromPublicArea=True&isModal=False […]”.
[Negrilla, mayúscula y cursiva original del texto]
31. Igualmente, se allegó la siguiente constancia de envío de la respuesta al derecho
de petición:
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Accionante: Rubén David Suárez Cañizares
32. La Sala considera que la Unión Temporal Formación Judicial 2019 dio
respuesta de fondo a la solicitud del señor Rubén David Suárez y se evidencia
que la respuesta fue entregada el 31 de julio de 2024.
33. La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, mediante el informe de 31 de julio
de 2024, indicó que dio respuesta a la petición del accionante, a través del oficio
de 31 de julio de 2024, en el que se observa lo siguiente:
“[…] [E]s preciso mencionar que, las solitudes de los numerales 1 y 2 de su
petición, deben exhibirse bajo un estricto control de la información que
requiere un grado de limitación en su acceso al referirse a documentos de la
convocatoria y datos protegidos por reserva según lo establecido en la Ley
270 de 1996 Estatutaria de Administración de Justicia.
Para dar cumplimiento a lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura a
través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en cumplimiento del
Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 de 2019 y el cronograma del IX Curso
de Formación Judicial, realizó la exhibición de la evaluación de la Subfase
General iniciando con los 4 primeros programas el día 2 de julio de 2024 y
con los 4 restantes el día 14 de julio del presente año, procedimiento por el
cual usted tuvo acceso a los videos y audios solicitados y el contenido
completo de la evaluación, además de conocer todos los aspectos puntuales
relacionados con su desempeño en la evaluación de la Subfase General de la
Convocatoria 27.
En respuesta a su consulta número 3, le informamos que las actividades de
los 8 programas del IX Curso de Formación Judicial Inicial fueron diseñadas
con un enfoque netamente formativo. Su objetivo principal era fomentar el
aprendizaje continuo y el desarrollo de competencias esenciales para la
práctica judicial. Por esta razón, no se asignaron puntuaciones individuales a
cada actividad, ya que el énfasis estaba puesto en la adquisición de
conocimientos y habilidades, para la evaluación de la Sub-Fase General.
En lo que concierne al numeral 4 de su petición, la resolvió la Unión Temporal
Formación Judicial 2019, mediante un correo masivo dirigido a todos los
dicentes contestando a las peticiones análogas remitidas por estos,
cumpliendo el inciso 1 del artículo 22 de la Ley 1755 de 2015, que se
transcribe a continuación.
(...)
“Cuando más de diez (10) personas formulen peticiones análogas,
de información, de interés general o de consulta, la Administración
podrá dar una única respuesta que publicará en un diario de
19
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03694-00
Accionante: Rubén David Suárez Cañizares
amplia circulación, la pondrá en su página web y entregará copias
de la misma a quienes las soliciten.”
Se anexa a esta contestación la respuesta masiva que fue enviada por correo
masivo a todos los discentes, usted incluido.
En relación con los numerales 5, 6 y 7 de su solicitud, le informamos que, tal
como se indicó en los comunicados 54 y 68 del Consejo Superior de la
Judicatura, emitidos el 19 de mayo y 2 de junio respectivamente, las dos
jornadas de evaluación se cumplieron a cabalidad. De acuerdo a lo anterior,
no se detectaron errores en la transmisión de los datos de las respuestas ni
incidentes de seguridad que comprometieran la integridad de la evaluación de
la Subfase General. Teniendo en cuenta se tiene que la actuación
administrativa se ajustó a lo contemplado en el Acuerdo Pedagógico
PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019.
En cuanto a sus últimas consultas, en cumplimiento de los principios de
transparencia y acceso a la información pública se informa que a partir de la
fecha de publicación de las notas por medio de Resolución EJR24-298 del 21
de junio de la presente anualidad, dicha información es de carácter público, al
igual que la información del contrato del IX Curso de Formación Judicial
Inicial, esta última puede ser consultada por cualquier interesado en la
plataforma del SECOP […]”. [Cursiva original del texto]
34. Igualmente, se allegó la siguiente constancia de envío de la respuesta al derecho
de petición:
20
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Accionante: Rubén David Suárez Cañizares
35. La Sala considera que la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” dio respuesta
de fondo a la solicitud del señor Rubén David Suárez y se evidencia que la
respuesta fue entregada el 31 de julio de 2024 a la dirección de correo electrónico
rubendavidsuarez@gmail.com.
36. Así las cosas, en criterio de la Sala se ha configurado la carencia actual de
objeto por hecho superado porque en el trámite de esta acción constitucional se
emitió y comunicó la respuesta a la petición radicada por la parte accionante.
37. En tal sentido, es de resaltar que la Corte Constitucional, ha entendido el
concepto de la carencia actual de objeto por hecho superado como “[…] el
supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar de la entidad
accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor
[…]”32.
38. La Sección declarará improcedente la presente acción de tutela por no cumplir
con el requisito de subsidiariedad respecto de la Resolución núm. EJR24-298 de
2024 y la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la vulneración del
derecho de petición, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de vinculación del aplicativo Klarway y la solicitud
de desvinculación presentada por la Universidad Libre de Colombia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto de la vulneración del derecho de petición del accionante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela frente a
la Resolución núm. EJR24-298 de 2024, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
32 Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Exp. T-7.084.677, Sentencia T-342 de 2017, M.P. Antonio
José Lizarazo Ocampo; 19 de julio de 2017.
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Accionante: Rubén David Suárez Cañizares
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Ausente con permiso
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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