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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04051-00

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04051-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete. 12 Ibidem. 10 Radicación: 11001-03-15-000-2024-04051-00 Accionante: Carlos César Solís Camelo SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04051-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

29 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04051-00
Accionante: CARLOS CÉSAR SOLÍS CAMELO
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA– Se declara improcedente el mecanismo de amparo – La
parte actora dispone de otro medio de defensa judicial para ventilar los motivos de
inconformidad.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Carlos César Solís
Camelo contra la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Elseñor Carlos César Solís Camelo solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, al trabajo y
a la libertad de escoger profesión u oficio, cuya vulneración le atribuyó a la
Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y a la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla, con ocasión del “[…] IX Curso de Formación Judicial Inicial […]”,
regulado mediante el Acuerdo núm. PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de
2019.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04051-00
Accionante: Carlos César Solís Camelo

2.1. Señaló que participa en la convocatoria núm. 27 que adelanta el proceso de
selección para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial,
reglamentado en el Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 20181.

2.2. Indicó que el proceso de selección se encuentra en la Fase III correspondiente
al Curso de Formación Judicial Inicial, el cual se realizó de manera virtual.

2.3. Manifestóque el 23 de octubre de 2023 recibieron una “[…] inducción
Metodológica de la plataforma del IX Curso de Formación Judicial Inicial […]” en
la que se explicó que el curso se realizaría de manera virtual, utilizando los
registros biométricos practicados con anterioridad a través de la plataforma virtual
“[…] IX CURSO (ix-cursoformacionjudicial.com […]”.

2.4. Adujo que el curso de formación judicial inicial debió haberse realizado en la
“[…] modalidad b-learning […]” conforme “[…] lo estableció el artículo 3 numeral
4.1 del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 […]”.

2.5. Refirió
que no fue notificado del acto administrativo por medio del cual las
accionadas tomaron la decisión de realizar el curso de manera virtual, acto
administrativo que es contrario a la Ley 270 de 7 de marzo de 19962 y a los
Acuerdos núms. PCSJA18-11077 de 2018 y PCSJA19-11400 de 20193 en razón
a que en ellos no se contempló la realización de la fase III de manera virtual.

2.6. Manifestóque pese a que se encuentran vigente los Acuerdos núms.
PCSJA18-110077 de 2018 y PCSJA 19-11400 de 2019, no se han adelantado las
acciones de formación en modalidad presencial y B-learning.

2.7. Comentó que se habilitaron las jornadas de 19 de mayo y 2 de junio de 2024
para la presentación virtual del examen en la plataforma Klarway, en donde cada
sesión estaba compuesta por 336 preguntas en un tiempo de 4 horas.

2.8. Expresó que no tuvo la oportunidad de acceder a la modalidad de estudio
presencial establecida en el Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 2018, lo cual se
reflejó en los resultados del examen.

2.9. Informó que el IX Curso de Formación Judicial Inicial es de carácter
eliminatorio y debido a que obtuvo una puntuación de 788 puntos, fue eliminado
del concurso.

2.10. Manifestó
que presentó recurso contra la anterior decisión, sin embargo,
considera que el proceso de contradicción de los resultados del IX Curso de

1
“Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial”
2
“Estatutaria de la Administración de Justicia”.
3
“Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a
cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021”

3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04051-00
Accionante: Carlos César Solís Camelo

formación judicial, no garantiza la protección de sus derechos por cuanto allí solo
se cuestiona los resultados de la prueba y no la forma en que se recibió el curso
de formación.

2.11. Refirió que el 16 de mayo de 2024 presentó una solicitud “[…] expresando mi
inconformidad con lo actuado por las accionadas, solicitando además el acto
administrativo por el que se modificaba el acuerdo pedagógico sin que obtuviera
respuesta a ello […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Solicito a Usted Señor Magistrado se tutelen los derechos
fundamentales AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, A LA
IGUALDAD FRENTE A LA LEY EN CONEXIDAD CON EL PRINCIPIO Y
DERECHO FUNDAMENTAL A LA DIGNIDAD HUMANA, DERECHO
FUNDAMENTAL A ESCOGER PROFESIÓN U OFICIO, DERECHO
FUNDAMENTAL AL TRABAJO consagrados en los artículos 29, 13, 1º, 25 y
26 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y demás Derechos que estén siendo
vulnerados a mi favor por incurrir las entidades accionadas en vulneración de
los derechos fundamentales invocados al no realizar el IX Curso de formación
judicial Inicial en los términos de los acuerdos PCSJA18-11077 y PCSJA19-
11400 Capitulo III Numeral 7, inciso segundo, modalidad presencial y b-
learning y al haber modificado de facto las condiciones iniciales de la
Convocatoria 27 convocada por el acuerdo PCSJA18-110077 de manera
inconstitucional.

SEGUNDO: Solicito a usted señor Magistrado, como protección constitucional
de los derechos vulnerados, se sirva en consecuencia dejar sin efectos lo
desarrollado en la Sub Fase General del IX curso de formación judicial por ser
violatorio a los derechos fundamentales invocados y en su lugar ORDENAR
a las entidades accionadas adelantar sin más dilaciones la Fase III del [sic] la
convocatoria 27 convocada por el acuerdo PCSJA18-110773 en la modalidad
establecida en dicho acuerdo y el acuerdo pedagógico PCSJA19-11400
Capitulo III, numeral 7, presencial y b-learning incluyendo:

i) Realizar “un balance entre las interacciones presenciales y las mediaciones
por contenidos interactivos y plataformas digitales.”

ii) Combinar “por tanto los escenarios de aprendizaje autónomo en
plataforma, asistido por tutor interactivo, encuentros presenciales apoyados
por medios digitales; todos ellos bajo encuentros sincrónicos (video
conferencias, salas de chat).

iii) Realizar las evaluaciones de los programas cada una por programa,
después de agotar los anteriores recursos de aprendizaje.

CUARTO [sic]: Se condenan en gastos y costas a la parte demandada […]”.
[Mayúscula y negrilla original del texto].

4

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Accionante: Carlos César Solís Camelo

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 8 de agosto de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en
calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a los
participantes del IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos
de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, de la
Fase III del Concurso de méritos convocado mediante el Acuerdo núm.
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a las autoridades accionadas y a los
vinculados, se allegó el siguiente informe:

5.1. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla solicitó se declare la
improcedencia de la acción de tutela por carecer del requisito de subsidiariedad,
en razón a que los aspirantes en el trámite del concurso cuentan con medios de
defensa judicial idóneos y eficaces para reprochar los actos administrativos
proferidos en el marco de dicho proceso.

5.2. A su vez señaló que el accionante en su escrito de tutela refiere aspectos del
acto administrativo que regula el IX Curso de Formación Judicial Inicial, el cual
goza de presunción de legalidad y que es susceptible de control judicial ante la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

5.3. Advirtió que el accionante “[…] confunde la modalidad de la subfase general
con la especializada […]”, por ello aclaró que, la subfase general es
completamente asincrónicas, es decir, no simultánea y sin interacción entre
formadores y discentes.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333

4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.

5

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Accionante: Carlos César Solís Camelo

de 6 de abril de 20216, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20197.

VI.2. Problemas jurídicos

7. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer lo
siguiente:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra actos administrativos en el marco de un concurso
de méritos. Y, de ser así, se deberá determinar:

b) Si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber realizado de manera virtual el
IX Curso de Formación Judicial Inicial que se encuentra reglado mediante
Acuerdo núm. PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 y en el
marco de la convocatoria núm. 27 regulada por el Acuerdo núm. PCSJA18-
11077 de 16 de agosto de 2018.

8. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) la procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos expedidos en el marco de un concurso de méritos; y
posteriormente (ii) resolver el caso concreto, siempre y cuando se superen los
requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VI.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos expedidos en el marco de un concurso de méritos

9. Sobre el particular, la Sala advierte que, de conformidad con lo establecido por
el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiaridad de la acción de
tutela, por regla general, esta no procede para controvertir actos administrativos
de carácter general o particular y concreto, toda vez que el legislador previó como
mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad, los medios de control
de nulidad, y nulidad y restablecimiento del derecho.

10. En relación con los actos administrativos expedidos en el marco de un
concurso de méritos, la Corte Constitucional, en sentencia SU-067 de 24 de
febrero de 2022, precisó que, por regla general, la acción de tutela es
improcedente, excepto en los siguientes tres eventos: (i) que no exista otro
mecanismo judicial que permita demandar la protección de la garantía
fundamental infringida; (ii) que se vislumbre la configuración de un perjuicio

6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

6

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Accionante: Carlos César Solís Camelo

irremediable o (iii) que se trate de un asunto cuyo problema constitucional
desborde el marco de competencias del juez administrativo. Al respecto, la
referida Corporación explicó lo siguiente:

[…] [L]a jurisprudencia constitucional ha instaurado tres excepciones a la
regla general de improcedencia de la acción de tutela, en el campo específico
de los concursos de mérito. Los actos administrativos que se dicten en el
curso de estas actuaciones administrativas podrán ser demandados por esta
vía cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de
un mecanismo judicial que permita demandar la protección del derecho
fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable
y iii) planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.

97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección
del derecho fundamental infringido. La primera excepción se basa en el
reconocimiento de la existencia de ciertos actos que, de conformidad con las
reglas del derecho administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio
judicial. En estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por cuanto
«la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la acción de tutela, para
defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar
los actos administrativos que los vulneran»[58]. Habida cuenta de esta
circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo definitivo, cuando
se controvierten actos de trámite o de ejecución que vulneren derechos
fundamentales, comoquiera que tales decisiones no son susceptibles de
discusión jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo»[59].

98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. La
segunda excepción a la regla general de improcedencia de la acción de tutela
contra estos actos administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable[60]. Este supuesto de hecho se
presenta cuando «por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es
posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar
irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que
interpone la acción»[61].

99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. Finalmente, la tercera salvedad
reconocida por la jurisprudencia constitucional se basa en la especial índole
que presentan ciertos problemas jurídicos. De conformidad con el criterio
expresado en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas
demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de acción del juez
de lo contencioso administrativo. En tales casos, «las pretensiones del
accionante no se dirigen a determinar la legalidad de los actos administrativos
expedidos en desarrollo de la convocatoria, pretensión para la cual puede
acudir a los medios de control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación de estas
normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos fundamentales»[62] […].
(Subrayas por fuera del texto original)

11. Igualmente en la aludida sentencia de unificación, se precisó que, de manera
excepcional, la acción de tutela es procedente para solicitar la protección de

7

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04051-00
Accionante: Carlos César Solís Camelo

derechos fundamentales frente a actos administrativos de trámite expedidos en el
marco de los concursos de méritos, siempre que la actuación administrativa de la
cual hace parte el acto no haya concluido; que el acto acusado defina una
situación especial y sustancial que se proyecte en la decisión final y que ocasione
la vulneración o amenaza real de las garantías deprecadas.

VI.4. Caso concreto

12. Elseñor Carlos César Solís Camelo solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, al trabajo y
a la libertad de escoger profesión u oficio, cuya vulneración le atribuyó a la
Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y a la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla, con ocasión del “[…] IX Curso de Formación Judicial Inicial […]”,
regulado mediante Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019.

VI.4.1. Improcedencia de la presente acción de tutela por incumplir el
requisito de subsidiariedad

13. Cabe resaltar que, como se enunció previamente, la acción de tutela resulta
improcedente cuando se pretende controvertir la legalidad de actos
administrativos, en razón a que los asociados cuentan con otros medios de
defensa como lo son los medios de control de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho8, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar
la anulación y la suspensión de los actos de la administración que, según afirma,
lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto, afectan derechos
fundamentales.

14. En el caso objeto de estudio se afirma que las entidades accionadas vulneraron
los derechos fundamentales del accionante, al haber realizado de manera virtual
el IX Curso de formación judicial inicial – subfase general, y no de manera
presencial. Como consecuencia de lo anterior, el accionante solicitó que se dejara
“[…] sin efectos lo desarrollado en la Sub Fase General del IX curso de formación
judicial […]”.

15. Seprecisa que el IX Curso de Formación Judicial Inicial se encuentra
reglamentado en el Acuerdo núm. PCSJA19-11400 de 2019. En citado acto
administrativo se dispuso:

“[…] 6.1 Programas, unidades de aprendizaje y temáticas de la subfase
general

Modalidad: La subfase general se desarrollará de manera virtual

8
CPACA. Art. 141: (…) Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual,
podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso (…)”

8

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Accionante: Carlos César Solís Camelo

Los programas académicos de la subfase general corresponden a ocho (8),
los cuales se dividirán cada uno en dos (2) unidades temáticas principales:

1. Argumentación judicial - Valoración probatoria.
2. Filosofía del derecho - Interpretación Constitucional
3. Interpretación Judicial - Estructura de la Sentencia
4. Derechos Humanos y Género.
5. Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
6. Ética, Independencia y Autonomía Judicial.
7. Justicia Transicional y Justicia Restaurativa.
8. Habilidades Humanas.

[…]

7. METODOLOGÍA

El IX Curso de Formación Judicial Inicial se impartirá conforme al diseño
curricular y modelo pedagógico de la Escuela Judicial, en la modalidad virtual
y B-learning (semipresencial).

La educación Blended Learning (B-learning) es el resultado de un balance
entre las interacciones presenciales y las mediaciones por contenidos
interactivos y plataformas digitales, combina por tanto los escenarios de
aprendizaje autónomo en plataforma, asistido por tutor interactivo, encuentros
presenciales apoyados por medios digitales; todos ellos bajo encuentros
sincrónicos (video conferencias, salas de chat) o interacciones asincrónicas
(correo electrónico, participación en foros, videos pregrabados o comunidades
de aprendizaje) […]”. [Negrilla y subrayado original del texto].

16. La Sala considera que el accionante dispone de otro medio de defensa judicial,
para controvertir el Acuerdo núm. PCSJA19-11400 de 2019, a través del cual se
señaló que la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial se
desarrollaría de manera virtual.

17. De allí que resulta oportuno resaltar que esta Sección 9 ha sostenido que: “[…]
con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya no es aceptable el
argumento según el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni
oportunos para la protección de los derechos presuntamente conculcados en
casos como el estudiado […]”10.

18. Lo anterior en consideración a que: “[…] la mencionada normativa además de
darle celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia11, como la suspensión provisional de los

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018,
expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021,
expediente número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
11
Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra
parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción,
se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será

9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04051-00
Accionante: Carlos César Solís Camelo

efectos del acto administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina la
declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión
administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a
cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del procedimiento
ordinario cuando se advierte una situación apremiante que necesite ser remediada
incluso antes de que se profiera una decisión definitiva […]”12. [Subrayado fuera del
texto].

19. Significa lo expuesto que el accionante cuenta con los mecanismos judiciales
para controvertir la legalidad del Acuerdo núm. PCSJA19-11400 de 2019, los
cuales son idóneos y eficaces para la protección de los derechos fundamentales
aquí invocados y en los que, adicionalmente, podrá solicitar el decreto de las
medidas cautelares preventivas que estime pertinentes.

20. En armonía con lo anterior, cabe señalar que en el presente asunto no se dan
los supuestos excepcionales fijados por la Corte Constitucional en sentencia SU-
067 de 2022 para la procedencia de la acción de tutela contra acto administrativo
proferido en el marco de un concurso de méritos, en razón a lo siguiente:

(i) El accionante efectivamente dispone de otro medio de defensa judicial, tal como
se explicó previamente.

(ii) No se evidencia la supuesta afectación grave y significativa de los derechos
fundamentales del accionante, por lo que, no se encuentra configurado un
perjuicio irremediable, en razón a que el IX Curso de Formación Judicial Inicial se
realizó de conformidad con lo establecido en el Acuerdo núm. PCSJA19-11400 de
2019.

(iii) Los argumentos que sustentan la supuesta afectación de garantías
constitucionales no desbordan el marco de competencias del juez administrativo.

21. Porlos anteriores razonamientos, la Sala declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente,
previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete.
12
Ibidem.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04051-00
Accionante: Carlos César Solís Camelo

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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