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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03556-00

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03556-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Alexander Méndez López y otros en contra del Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unión Temporal Formación Judicial 2019, conforme a lo expuesto. 17 Corte Constitucional, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá, D.C. www.consejodeestado.gov.co 19 Radicación: 11001-03-15-000-2024-03556-00 Accionante: Alexander Méndez López y otros SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03556-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

26 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro
(2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03556-00
Accionante: Alexander Méndez López y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando existen otros
mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces para la
protección de los derechos fundamentales

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Alexander Méndez López y
otros1 en contra del Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla y la Unión Temporal Formación Judicial 20192.

1
Roby Andrés Melo Arias, Anyela María Toro Cardona, Leidy Tatiana Corredor Alfonso, Eneyda Elisa Muñoz Muñoz,
Angelique Paola Pernett Amador, Deisy Natalia Giraldo Copete, Diana Patricia Reyes Dacosta, Jorge Vladimir Mosquera
Molina, Juan Camilo Laverde Gaona, Juan David Cardona Ochoa, Juan Diego Buitrago Galindo, Magda Milena Cárdenas
Zuleta, Manuel Alejandro Triana Vidal, Sandra Milena Arroyo Ballestas, Sandra Milena Zapata Giraldo, Jeiner Irian
Salazar Torres, Nelson Eduardo Bolaño Sánchez, Mónica Lorena Castillo Martínez y Juan Camilo González Borda.
2
La presente acción se desgloso del expediente con radicación nro. 11001-03-15-000-2024-02307-00, en virtud de
orden dictada en la sentencia de 4 de julio de 2024 proferida por la Sección Quinta de esta corporación, providencia
en la que se consideró lo siguiente «Como se expuso, el abogado Jalil Alejandro Magaldi Serna incorporó un memorial
de aparente reforma de la demanda con posterioridad al auto en el que se avocó conocimiento de este asunto y se
acumularon varios expedientes al proceso. 37. De la revisión del escrito, la Sala observa que se trata de una nueva
acción constitucional dado que trae nuevos demandantes, nuevos hechos y nuevas pretensiones. En este orden, lo
solicitado va más allá del marco jurídico y fáctico dio lugar a la acumulación procesal que se resuelve en esta
providencia. 38. Es importante reiterar que para que proceda la acumulación es necesario que los accionantes soliciten
la protección de los mismos derechos, producto de la misma acción u omisión y mismas pretensiones, en los términos
del Decreto 1834 de 2015. No obstante, el escrito en cuestión, visible en el índice 20 del expediente electrónico, no
cumple con tales presupuestos. […] con relación al escrito y los anexos incorporados el 12 de junio de 2020, estando
el expediente en secretaria y visibles en el índice 20 del proceso electrónico de Samai, no se tomará decisión alguna
en esta providencia. Esto, porque la reforma del escrito de tutela contiene hechos y pretensiones diferentes a la que
justificaron la acumulación judicial que se resuelve en este fallo. Por ende, el escrito de reforma será interpretado por
la Sala como una nueva acción de tutela. 41. Por lo anterior, se ordenará a la Secretaría General de esta corporación
que disgregue o desglose los 23 documentos incorporados en el índice 20 del expediente 2024-02307-00. Lo anterior
con el fin se realicé uno reparto de ese asunto entre los 27 despachos que conforman la Sala de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación. 42. La anterior decisión se justifica en la salvaguardia de la garantía del debido
proceso y el derecho de defensa de las entidades accionadas, ya que los informes que presentaron a este proceso
acumulado no tienen relación con las nuevas circunstancias planteadas en el escrito de reforma. 43. La segunda razón

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03556-00
Accionante: Alexander Méndez López y otros

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los señores Alexander Méndez López y otros, a través de apoderado judicial,
presentaron acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura,
la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (en adelante la Escuela Judicial) y la
Unión Temporal Formación Judicial 2019 (en adelante el contratista), con el
fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la defensa, a «la aportación y contradicción probatoria», a la igualdad, a la
confianza legítima, a la buena fe y a la «veracidad en la información recogida
por las autoridades públicas».

La parte indicó como pretensiones las siguientes:

«PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, la
defensa, la aportación y contradicción probatoria, vulnerados por la EJRLB
en el desarrollo del IX Curso de Formación Judicial.
SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, confianza
legítima, buena fe, y a la veracidad en la información recogida por las
autoridades públicas de los discentes.
TERCERO: ORDENAR a la EJRLB la repetición de la jornada de examen
para cada uno de mis poderdantes, considerando que las fallas sufridas
durante las jornadas del 19 de mayo y 2 de junio de 2024 no son imputables
a los discentes.
CUARTO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura no publicar las
notas definitivas de la Sub-Fase General hasta tanto no se realice el examen
de repetición, debido a los errores atribuibles a la plataforma Klarway, para
que las notas de todos los discentes sean presentadas en un mismo
momento impidiendo que comience la fase especializada sin la presencia
de ellos.
QUINTO: ORDENAR que se invierta la carga de la prueba en todos los
procesos administrativos en los que se requiera probar un hecho acontecido
en las jornadas de exámenes del 19 de mayo y 2 de junio y en todos
aquellos en los que no se permita grabar pantalla o tomar otros
mecanismos de registro de las fallas o complicaciones de la plataforma.
SEXTO: ORDENAR a la EJRLB que establezca un PROTOCOLO claro,
anticipado, completo y eficiente para que los discentes sigan en caso de
presentarse alguna de las fallas descritas en esta tutela durante los
exámenes de repetición, supletorios y otros virtuales en la Sub-Fase
Especializada. Dicho protocolo debe detallar de manera expresa las

que explica el motivo de interpretar el escrito de reforma como una nueva tutela es que el mismo no cumple los
presupuestos para que proceda la acumulación a este expediente. En efecto, los diferentes procesos acumulados
tienen unos fundamentos de hecho y derechos diferentes similares lo cuales no corresponde con los alegados en el
escrito de reforma. 44. La Sala tampoco considera oportuno proferir auto en este proceso acumulado en el que se dé
traslado a las entidades accionadas de la reforma de la tutela, pues lo anterior dilataría el trámite de este proceso,
en perjuicio de los actores de los otros asuntos acumulados».

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Accionante: Alexander Méndez López y otros

acciones a seguir ante cada situación planteada y el procedimiento que se
activará para garantizar la igualdad de condiciones en la realización de la
prueba con respecto a los demás participantes.
SÉPTIMO: ORDENAR la realización del examen de repetición y que este
NO sea entendido como examen supletorio, en razón de que ambos tienen
fines diferentes. El examen de repetición busca corregir la desigualdad
generada por las deficiencias técnicas y de procedimiento que afectaron la
evaluación inicial, garantizando una evaluación justa y equitativa para
todos los discentes afectados.
OCTAVO: ORDENAR a la EJRLB y a la UTFJ2019 que, para todos los
efectos, inaplicar por inconstitucional, las disposiciones que impidan la
recolección y práctica de pruebas, conforme a lo dispuesto en el numeral 6
del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.
NOVENO: ORDENAR al C.S.J y a la EJRLB no excluir del concurso a ningún
discente que haya presentado pruebas o que haya solicitado a las
accionadas que las aporten, con relación a los errores en la plataforma
Klarway, sin que se haya realizado el examen de repetición solicitado.
DECIMO: ORDENAR a la UTFJ2019 que guarde y mantenga con absoluta
integridad y veracidad la información y registros de eventos del usuario,
incluyendo las horas reales de ingreso, intentos de acceso, desconexiones,
chats de soporte, llamadas y mensajes por cualquier medio o cualquier otra
actividad relevante durante la jornada de evaluación.
DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR que los accionantes que pasen esta sub-
fase general puedan acceder a los resultados del examen e interponer los
mecanismos correspondientes.
DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que
emita un Acto Administrativo en el que delimite las conductas prohibidas,
introduciendo como excepción legítima tomar fotos o registros de los fallos
de la plataforma para proteger sus derechos administrativa y judicialmente.
DÉCIMO TERCERO: ORDENAR al C.S.J ejercer control, con independencia
e imparcialidad, sobre la corrección técnica de la guarda de la información,
dando cuenta a su despacho de dicho control.
DECIMO CUARTO: ORDENAR a la EJRLB corroborar técnica e
independientemente que se guardará toda la información de los problemas
y fallas ocurridos en las dos fechas de evaluación.
DECIMO QUINTO: ORDENAR la RESERVA de la actuación para dar
cumplimiento con la obligación de no difundir el contenido del curso y sus
exámenes.
DECIMO SEXTO: Entendiendo que todos estos derechos invocados no solo
son vulnerados en perjuicio de los accionantes, sino también a todos los
discentes o concursantes en general, que se ORDENE que los efectos de
esta sentencia sean INTER COMMUNIS».

II. SITUACIÓN FÁCTICA

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Manifestó que, el 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura
a través de la Convocatoria nro. 027 abrió un concurso para la designación de
jueces y magistrados; el 19 de septiembre de 2019, la entidad expidió el
Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400, que establecía las directrices para la
ejecución del Curso de Formación Judicial Inicial, el cual estaría a cargo de la
Escuela Judicial; en octubre se publicó el Documento Maestro del IX Curso de
Formación Judicial Inicial para jueces y magistrados, en el que se dispuso que
el examen sería presencial en sede.

Posteriormente, que, el 6 de octubre de 2023, la Escuela Judicial público el
cronograma del curso, indicando que la evaluación final se llevaría a cabo de
forma presencial, en línea, en sede.

Señaló que, el 12 de abril de 2024, la Escuela Judicial expidió la Guía de
Orientación al Discente para la evaluación, indicando que sería virtual en el
sitio que dispusiera el discente y, a juicio del accionante, trasladándole a este
último el cumplimiento de requisitos de conectividad y hardware nuevos,
externos y diferentes a los planteados inicialmente para el aula virtual.

Afirmó que, como consecuencia de las dificultades, fallos, errores y deficiencias
experimentadas durante el desarrollo de la Fase General del curso y de cara a
estas nuevas condiciones de evaluación, varios discentes presentaron acciones
constitucionales para proteger sus derechos, por lo que, por una orden judicial,
la Escuela Judicial aplazó el examen que había programado para el 4 y 5 de
mayo de 2024 y planteó un simulacro del examen a realizarse el 21 de abril
de 2024.

Indicó que, el 21 de abril de 2024, durante el simulacro, en la aplicación,
Klarway, se presentaron generalizados incidentes técnicos que obstaculizaron
el acceso y la funcionalidad adecuada del sistema, afectando la participación
efectiva de los discentes. Pocos aspirantes pudieron mantenerse al menos
unos minutos en la prueba.

Expuso que, el 25 de abril de 2024, consecuencia de las dificultades del
simulacro, la Escuela Judicial reportó unas fallas de seguridad, por lo que
modificó nuevamente el cronograma de la evaluación, dividiendo la misma en
dos jornadas de ocho horas cada una, y manteniendo la modalidad de
evaluación virtual desde el domicilio de los participantes y convocando a un
nuevo simulacro para el 5 de mayo de 2024.

Puntualizó que, el 5 de mayo de 2024, se llevó a cabo el segundo simulacro,
que a pesar de los avances reportados por la Escuela Judicial en sus canales

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de comunicación continuó presentando deficiencias técnicas significativas 3.
Asimismo, puso de presente que, el 10 de mayo de 2024, la Escuela Judicial
emitió una serie de comunicados con las siguientes directrices:

«Comunicado titulado “Importante tener en cuenta durante el desarrollo de
la aplicación de la evaluación” (Anexo 10) en cuyo Punto F se prohíbe
“Grabar, tomar capturas (print) o fotografías a la pantalla del equipo de
cómputo o cualquier otro elemento dispuesto en el espacio definido para la
presentación de la evaluación.”

Instrucciones respecto de la finalización de la evaluación (Anexo 15) en
cuyo Punto D Para poder iniciar la siguiente jornada de la evaluación,
deberá cerrar sesión y cerrar el aplicativo.

Recomendaciones para la presentación de la evaluación (Anexo 16), en
cuyo punto H se le impone al discente que asegure que el aplicativo realice
el cargue completo de las respuestas de clic al "terminar intento", antes de
apagar o cerrar el equipo de cómputo».

Afirmó respecto de estos comunicados que, contravienen lo dispuesto por la
ley y los acuerdos de Convocatoria y Pedagógico.

Señaló que, el 19 de mayo de 2024, se llevó cabo la primera evaluación de 4
de los 8 programas que conforman la fase general del IX Curso de Formación
Judicial. Adujo que, el desarrollo de este estuvo lleno de dificultades para
ingresar a realizar la prueba, la estabilidad de la plataforma y el cargue final
de las respuestas en ambas jornadas.

Arguyó que, la Escuela Judicial indicó que la plataforma estaría disponible 45
minutos antes de la hora de inicio de la prueba para realizar el registro
biométrico. Además, que el chat de soporte técnico estaría habilitado desde
las 6:00 a.m. para resolver inquietudes y fue el único medio habilitado para
resolver inquietudes y elevar peticiones sobre el funcionamiento de la
plataforma, puesto que el canal establecido en el campus virtual no estuvo
disponible durante la jornada del examen.

3
«Mas de 500 discentes no pudieron completar la prueba.
Al accionante Alexander Méndez no se le respondieron sus inquietudes elevadas por ticket y mesa de apoyo y encontró
lentitud excesiva en el tiempo de carga de sus respuestas.
A los nueve discentes demandantes no los han llamado ni contactado para aportar una solución definitiva. hoy,
faltando dos días hábiles para el examen, no están las condiciones para presentarlo en pie de igualdad.
Se elevaron solicitudes al chat de soporte dispuesto que fueron ignoradas o no fueron respondidas de fondo. Como
consecuencia, se presentaron tickets que debían resolverse inmediatamente y no se respondieron.
La discente Angela Patricia Pantoja, accionante en esta tutela, nunca tuvo disponible chat de soporte, su ingreso a la
plataforma fue lento, la plataforma se cayó mientras realizaba la prueba y el tiempo de carga de sus respuestas fue
de más de 2 horas, todo lo anterior contando con la velocidad de internet adecuada».

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Precisó que, llegado el día, los discentes ingresaron al aplicativo Klarway
presentándose nuevamente fallas4.

Luego de hacer el anterior recuento fáctico, la parte accionante precisó que la
presente se originaba, por una parte, en actos de trámite expedidos por la
Escuela Judicial; y por otra parte en la indisponibilidad del software utilizado
para el examen por parte de la Unión Temporal, omisiones de vigilancia y
control de la Escuela Judicial, así como no haberse corregido los errores
advertidos durante la prueba.

Sostuvo que, no existía ningún mecanismo judicial de defensa idóneo para
proteger los derechos vulnerados por los actos de trámite y las acciones y
omisiones enunciadas narrados.

Señaló que, los actos de trámite ocurrieron el 12 de abril y los comunicados el

4
La parte indicó las siguientes: «Demoras en el ingreso a la plataforma:
Adicionalmente, en esta fecha, los discentes accionantes enfrentaron demoras en el ingreso a la plataforma Klarway.
Estas demoras afectaron gravemente su capacidad para iniciar la prueba en las mismas condiciones y a la misma
hora que los demás participantes, vulnerando así sus derechos al debido proceso y a la igualdad. Entre ellas las más
significativas y gravosas las de Manuel Alejandro Triana (más de 40minutos), Nelson Eduardo Bolaños (más de 40
minutos) y Eneyda Elisa Muñoz (más de 40 minutos). (Anexo 19)
Caídas y fallas de la plataforma durante la prueba
Durante el referido examen, la plataforma Klarway presentó múltiples caídas y fallas técnicas que interrumpieron el
desarrollo de la prueba, generando un ambiente de incertidumbre y estrés que perjudicó el desempeño de los
discentes accionantes y de muchos otros. Estas interrupciones no son imputables a ellos y reflejan una deficiencia en
la infraestructura tecnológica proporcionada por la EJRLB por falta de disponibilidad de su software para todos los
discentes. Resalto el caso de Eneyda Elisa Muñoz, que tuvo además de demoras en el ingreso, caída de la plataforma
o Sandra Milena Zapata, que no solo se afectó por las fallas de la plataforma sino también por la caída de un rayo
que causó interrupción de energía por varios minutos. (Anexo 19)
Falta de soporte técnico adecuado vía chat durante el examen del 19 de mayo
A pesar de las múltiples solicitudes de ayuda durante las fallas mencionadas, el soporte técnico proporcionado vía
chat y teléfono fue inadecuado y no ofreció soluciones oportunas a los problemas presentados. Esta falta de respuesta
eficaz impidió la resolución de las fallas y eventualidades en tiempo real. Muestra de ello el deficiente soporte que se
le ofreció a los accionantes Jeiner Irián Salazar, Sandra Milena Zapata, Nelson Eduardo Bolaño y Eneyda Elisa Muñoz
(Anexo 20). Además, como es costumbre de las accionadas, las respuestas a las peticiones y tickets relativos a estos
fallos elevados fueron omitidas o sus respuestas no fueron de fondo.
Demoras en la carga de respuestas al finalizar y afectación a la presentación de las subsiguientes partes de la prueba.
Al finalizar la prueba, los discentes presentaron demoras en la carga de las respuestas, lo que impidió que pudieran
avanzar a las subsiguientes partes del examen en el tiempo estipulado. Esta situación generó una afectación directa
en su desempeño y en la continuidad del examen. En particular, se observa el caso de Jeiner Irián Salazar, Eneyda
Elisa Muñoz y Manuel Alejandro Triana. (Anexo 21)
El pasado 02 de junio se llevó a cabo la segunda evaluación de los últimos 4 programas que conforman la Sub-Fase
General del IX Curso de Formación Judicial. Nuevamente esta jornada estuvo marcada por dificultades atribuibles a
la plataforma, como es el caso del accionante Jorge Vladimir Mosquera Molina que perdió más de 50 minutos sin
poder ingresar al examen teniendo la conectividad requerida (Anexo 19), y como en la anterior oportunidad, pese a
que se comunicó con soporte técnico (a través de Whatsapp pero que, dicho técnico tenía habilitada la funcionalidad
de mensajes al elevar su ticket) no recibió ayuda y, luego, le respondieron de manera evasiva sin darle una respuesta
de fondo (Anexo 20).
Las imposiciones mencionadas (hecho 11) en un proceso que, tanto en el desarrollo del curso (hecho 7) como en el
de los dos simulacros previos (hechos 9 y 10) y durante las dos fechas de examen, ha estado plagado de errores y
deficiencias, frente a los cuales no se han tomado medidas preventivas ni correctivas (hechos 12 y 13) transgreden
flagrantemente los derechos a la igualdad, al debido proceso, confianza legítima, buena fe, defensa, contradicción
probatoria y a la veracidad en la información recogida por las autoridades públicas en un contexto de curso-concurso
eliminatorio que afecta directamente el proyecto de vida de los discentes».

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8 de mayo de 2024, por lo que la acción se estaba presentando habiendo
transcurrido menos de dos meses.

Indicó que, en el presente asunto se estaba frente a un perjuicio irremediable 5.

Posteriormente, que fundaba la vulneración de los derechos fundamentales en
cuatro cargos, a saber:

Vulneración al debido proceso, a la defensa, a aportar y controvertir
pruebas en razón de las restricciones en la documentación de fallos
durante la evaluación

Explicó que, la Escuela Judicial impuso, previo al segundo simulacro, mediante
actos de trámite, restricciones explícitas sobre la toma de fotografías y la
grabación de pantalla, antes y durante las jornadas evaluativas. En el marco
de un proceso tan defectuoso, con tantas afectaciones a los derechos
fundamentales y en particular el abrupto cambio de modo de realización del
examen, de virtual en sede a exclusivamente virtual en línea mediante un
sistema que ha generado muchos problemas -y con ello muy poca confianza
en los discentes- y en el que las entidades han presuntamente «falseado» la
verdad negando la ocurrencia de las fallas, estas restricciones constituyen una
vulneración muy grave por parte de la Escuela Judicial y su contratista, de
limitar el indispensable derecho de defensa, contradicción y debido proceso,
puesto que a los discentes les quedó prohibido tomar videos o capturas de
pantalla que les permitieran recoger los medios probatorios para defender sus
derechos, so pena de ser descalificados del concurso.

5
«El perjuicio es inminente porque, aunque las fallas de la plataforma ya ocurrieron el 19 de mayo y 2 de junio, aún
no hay daño irreversible porque no han iniciado las siguientes etapas del concurso, lo que permite corregir la
irregularidad antes de que continúe el siguiente nivel del proceso de selección, mediante la fijación de una nueva
fecha para realizar el examen.
Además, es grave en abstracto en la medida en que en toda actuación pública y mucho más en aquella en la que se
realiza un proceso de selección por mérito se debe actuar con suma transparencia y la información recogida debe ser
siempre respetuosa de la verdad. Todas las personas tenemos derecho a que se nos trate con igualdad y respeto y
la información que tomen las autoridades responda a la verdad.
Es grave en concreto porque para mis poderdantes está en juego su proyecto de vida individual. Además, en un
concurso de méritos debe respetarse la igualdad estricta. Que los discentes que represento hayan tenido menos
tiempo que sus compañeros les pone en una situación de diferencia injustificada. Adicionalmente, es
constitucionalmente inadmisible y extremadamente grave que se impida absolutamente recoger, presentar y
controvertir las pruebas por exigencias injustificadas de rango administrativo. Por último, es irónico y muy grave que
los juristas que se están preparando y concursando para ser jueces, reciban del Estado un tratamiento arbitrario que
representa un estímulo positivo a la desprotección de los derechos de sus conciudadanos a quienes les administrarán
justicia. Es necesario adoptar medidas urgentes porque hasta este momento no ha habido soluciones adecuadas y
suficientes por parte de la EJRLB ni de la UTFJ2019, para enmendar los fallos y violaciones causadas a los aspirantes
que represento. La reacción de la EJRLB y de la UTFJ2019 ha tendido a manipular y falsear la información, lo que
ocasionará un perjuicio irremediable, y eventualmente, la responsabilidad patrimonial del estado y penal de las
personas involucradas en las falsedades e incluso que frenen el concurso tan importante para el buen desempeño de
la administración de justicia».

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Señaló que, negar «ilegítimamente» los errores presentados6, hacía que se
requiriera la intervención del juez constitucional, pues se rompió la presunción
de buena fe con actuaciones, por lo que más que una negativa, representaban
la voluntad sistémica de «falsear» la verdad lo que, a su juicio, puede conllevar
conductas sancionables penalmente.

Ante la imposibilidad de recaudar pruebas, conforme al literal f) de la tercera
página del comunicado de la Escuela Judicial, adujo que, la gravedad de esta
situación se ponía de relieve cuando, al cotejar la infografía publicada por la
entidad con prohibiciones a la hora de realización de la prueba, con el Acuerdo
Pedagógico, que cita como fundamento, se verificaba que la redacción de las
prohibiciones fueron ampliadas por parte de la entidad accionada, sin
competencia para ello, restando salvedades importantes, o se agregaron
reglas que no habían sido contempladas por el Consejo Superior de la
Judicatura en el Acuerdo Pedagógico, ni en uno posterior.

Afirmó que, lo anterior vulneró el derecho fundamental a la defensa y a la
contradicción, garantías del debido proceso, cuyo fundamento fáctico es la
imposibilidad normativa de utilizar equipos electrónicos para grabar o tomar
fotografías de la pantalla del equipo en cualquier momento de la evaluación.

Sostuvo que, las restricciones sobre la documentación de fallos durante el
examen por parte de los discentes, sumadas a las falencias técnicas, que dan
cuenta de la alta importancia de poder recaudar medios de prueba de las fallas
de la plataforma, resultaron en una vulneración absoluta del derecho al debido
proceso; particularmente en cuanto a las garantías del derecho de defensa y
de la contradicción probatoria.

Destacó que, esto tenía mayor sentido al verificar que no existía un protocolo
claro y previamente establecido para dejar constancia de dichas situaciones,
lo que impedía a los afectados contar con medios probatorios esenciales para

6
«El primer simulacro, estuvo marcado por un absoluto fracaso, pues según el propio comunicado de la EJRLB hubo
presuntas violaciones y hackeos de seguridad (Anexo 7). Prácticamente ningún estudiante pudo mantener la conexión
en la plataforma.
El segundo simulacro, realizado el 5 de mayo de 2024, fue descrito en la página web de la EJRLB como un éxito con
avances significativos, y en el que se reportó que el 94% de los discentes participaron, que se proporcionaron
respuestas de soporte técnico rápidas y adecuadas, que se optimizaron los tiempos de carga y que se mejoró la
estabilidad de la plataforma En este comunicado la entidad accionada pretendió dar apariencia de idoneidad y de
suficiencia de garantías técnicas para la prueba, pero en realidad, de la lectura detenida de las cifras expuestas se
extrae que por lo menos 500 discentes no pudieron entrar y/o completar el simulacro, incluyendo a mis prohijados,
según el material probatorio aportado, pues la plataforma les sacó varias veces y luego tardó 2 horas en cargar sus
respuestas como se puede ver en las pruebas anexas.
Posteriormente, el 8 de mayo de 2024, la entidad accionada publicó una infografía en la que informaba de una serie
de prohibiciones a la hora de presentar el examen final de la Sub-fase General del Curso de Formación Judicial Inicial,
como la utilización de equipos de grabación, con lo cual, sustrajo a los discentes la posibilidad de recaudar pruebas
sobre cualquier inconveniente que pudieran tener con la plataforma».

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03556-00
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posibles reclamaciones o recursos.

Como reparos concretos, expresó los siguientes: la falta de soporte adecuado
frente a los reclamos presentados durante la realización de la prueba; demoras
en el ingreso, carga de preguntas y caídas de la plataforma; demoras en la
carga de respuestas y lo que repercutió en demoras al inicio de la segunda
parte de la prueba; la negación injustificada y «falsa» de que no hubo
problemas con la plataforma.

Indicó que, la prohibición de grabar o tomar fotos de la pantalla antes de la
prueba no era una medida idónea, en tanto no había manera de que antes de
empezar la prueba hubieran filtraciones o fraudes; asimismo, respecto de la
prohibición de grabar o tomar fotos durante la prueba indicó que existían otras
alternativas como «el uso combinado de supervisión remota y registro
automatizado de incidentes parece ser la medida más adecuada que ofrece un
sistema robusto para que los problemas técnicos se documenten y se
gestionen adecuadamente sin que los examinados tengan que tomar medidas
por su cuenta. Además, el establecimiento de procedimientos claros de reporte
y apelación proporciona un mecanismo formal y seguro para que los
examinados puedan impugnar cualquier problema sin comprometer el
contenido del examen. Sin embargo, requiere un sistema robusto, pues ambas
medidas dependen de la plataforma y si esta falla, como ha sucedido
repetidamente en simulacros y en el último examen, estos sistemas de
respaldo también lo harán».

Finalmente, manifestó que, «la prohibición de grabar o tomar fotos o capturas
de la pantalla ANTES y DURANTE la prueba para dejar evidencias de las fallas
técnicas u otros incidentes de la plataforma, afecta de forma gravosa las
garantías fundamentales de los discentes al debido proceso y, en especial, la
defensa y la contradicción, en una proporción superior a la protección que
pretende brindar a fines como la transparencia del examen y la prevención de
fraude».

Violaciones al derecho a la igualdad por reducción arbitraria del
tiempo para responder el examen eliminatorio del 19 de mayo y 2 de
junio de 2024

Explicó que, la plataforma Klarway impidió a varios discentes tener el mismo
tiempo de respuesta para el examen. Como hubo personas a quienes la
plataforma los dejó acceder sin tanta demora, estas personas tuvieron todas
las 4 horas para realizar el examen mientras que otros tan solo tuvieron
alrededor de 2 horas efectivas para realizarlo, en razón de problemas

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9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03556-00
Accionante: Alexander Méndez López y otros

exclusivamente de la plataforma Klarway.

Afirmó que, se trataba de un tratamiento desigual puesto que durante la
jornada de la mañana se evaluaban 2 programas. Para cada uno se había
diseñado un examen de 2 horas. El hecho de que la plataforma Klarway haya
tenido caídas y problemas de disponibilidad y cámara, implica para muchos
discentes no tener la evaluación de la muchas de las preguntas evaluadas, por
lo que la evaluación global se vería afectada puesto que para pasar a la
siguiente fase los discentes deben obtener 800 puntos de 1000.

Sostuvo que, no había ninguna justificación para este tratamiento diferente
puesto que, en los concursos de méritos, debía imperar la igualdad estricta,
es decir que frente a un examen de conocimientos todas las personas deben
estar en igualdad de condiciones si se quiere privilegiar exclusivamente el
mérito. No había -ni debía haber- ninguna justificación normativa para que los
discentes que represento tuvieran menos tiempo para presentar su prueba,
con relación a sus pares.

Vulneración al derecho a la veracidad en la información recogida por
las autoridades públicas

Expresó que, la Escuela Judicial afirmó «falsamente» que no se presentó
ninguno de los problemas de la plataforma aquí puestos en evidencia,
contrariando la exigencia manejar la información con veracidad, el postulado
de buena fe y confianza legítima que justamente está dirigida principalmente
como una protección de los particulares frente a la Administración: «[D]ado
su poder y considerada su mayor posibilidad de abusar en casos concretos
ante la indefensión de los gobernados». Además, defraudaba la expectativa
reforzada que tenían los discentes, en cuanto a que el obrar de las instituciones
se ajustaba en todo caso a estas altas expectativas de corrección y legalidad.

Adujo que, estas expectativas han sido defraudadas por la Escuela y su
contratista, puesto que, pretenden defender la utilización del programa
Klarway que desde el principio había mostrado una «falta de disponibilidad del
software». Lo anterior, aprovechándose de la prohibición establecida por ellos
mismos, que impedía a los discentes tomar fotos, videos o capturas de los
momentos anteriores al inicio de la prueba y su desarrollo, e incluso elevar
tickets de manera simultánea.

Manifestó que, las fallas presentadas el 19 de mayo y el 2 de junio de 2024
demostraban que la Escuela Judicial no tenía un protocolo ni una guía clara,
efectiva y eficiente que pudieran seguir los discentes que tuvieran demoras

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03556-00
Accionante: Alexander Méndez López y otros

para ingresar o interrupciones durante la evaluación atribuibles a la
plataforma, durante y después del examen. Además, al comunicarse a través
de chats, tickets y llamadas realizadas por la entidad durante el examen, no
se dieron respuestas de fondo, se negó la existencia de dichas fallas y se
rechazó la posibilidad de repetir el examen.

Vulneración del derecho a la legalidad estricta y seguridad jurídica por
el cambio de condiciones sin competencia: aumentando las
prohibiciones en detrimento del principio pro personae

Precisó que, este cargo se fundaba en la modificación efectuada mediante
actos de trámite al Acuerdo Pedagógico, que sí es un acto administrativo, que
tienen mayor jerarquía y que establece que solo el Consejo Superior de la
Judicatura podría modificar los acuerdos preexistentes para agregar conductas
prohibidas. Así las cosas, acusaba que la Escuela Judicial y su contratista
actuaron sin competencia para ello vulnerando derechos fundamentales, como
el derecho a la defensa y el debido proceso, al prohibir el uso de dispositivos
electrónicos para documentar posibles fallas en la plataforma Klarway.

Puntualizó que, la gravedad de esta situación se ponía advertía cuando al
cotejar la guía publicada por la Escuela Judicial con prohibiciones antes y al
momento de realización de la prueba con el Acuerdo Pedagógico, que citaba
como fundamento, se verificaba que la redacción de las prohibiciones fue
aumentada por la Escuela Judicial, restando salvedades importantes, o se
habían agregaron reglas que no habían sido contempladas por el Consejo
Superior en el Acuerdo Pedagógico, ni en uno posterior.

III. TRÁMITE DE LA TUTELA

3.1. El 16 de julio de 20247, el Despacho sustanciador, previo a la admisión de
la acción, requirió al apoderado judicial del grupo de accionantes para que
allegara unos poderes; en atención a lo anterior, mediante memorial de 29 de
julio de 2024 se aportaron los documentos requeridos.

El 2 de agosto de 20248, se admitió la acción de tutela, en consecuencia, se
dispuso ordenar la notificación al Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unión Temporal Formación Judicial 2019, tener
como prueba los documentos aportados con el escrito de tutela y negar el
decreto de otras pruebas solicitadas; adicionalmente, se aceptó el desistimiento

7
Índice nro. 4 del expediente electrónico.
8
Índice nro. 14 del expediente electrónico.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03556-00
Accionante: Alexander Méndez López y otros

presentado por uno de los accionantes9.

Respecto de la decisión de negar el decreto de pruebas, la parte accionante
interpuso recurso de reposición, el cual fue rechazado por improcedente
mediante auto de 29 de agosto de 202410.

3.2. El 14 de agosto de 202411, la directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla rindió informe solicitando la declaratoria de improcedencia de la acción,
por cuanto la presente no superaba el requisito de subsidiariedad, explicó que,
los accionantes contaban con medios de defensa idóneos y eficaces para
reprochar los actos proferidos en el proceso; sostuvo que los accionantes no
superaron la Subfase General del curso – concurso que se adelanta con ocasión
de la Convocatoria 27, toda vez que obtuvieron un puntaje por debajo de 800
puntos. Que a través de la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024 se
determinaron los resultados de la evaluación y que esta decisión era
susceptible del recurso de reposición (término para interponerlo: 15 de julio a
26 de julio de 2024).

Sostuvo con fundamento en lo anterior que, los accionantes tuvieron la
oportunidad de presentar el recurso y que, conforme al cronograma de la
Convocatoria, la Unidad tenía hasta el 24 de septiembre para resolverlos; en
consecuencia «la nota de los accionantes aún no se encuentra en firme hasta
tanto se resuelva el medio de impugnación. Lo anterior permite comprobar
que el trámite administrativo aún se encuentra en curso, y en ese sentido, los
accionantes tienen los medios ordinarios de defensa».

Aunado a lo anterior, manifestó que, respecto del acto que resolviera la
reposición, por ser el acto que les impedía continuar con el proceso de
selección, procedía el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho un mecanismo idóneo y eficaz y en el que podían solicitar medidas
cautelares, por lo que tampoco la tutela era el mecanismo para solicitar la
protección de los derechos invocados.

En consecuencia, señaló que, los accionantes contaban con los medios idóneos
y eficaces de defensa judicial para impugnar las decisiones administrativas
proferidas en el marco de dicho proceso.

De otra parte, adujo que, en el presente asunto no se configuraba un perjuicio
irremediable ni una vulneración a los derechos fundamentales en tanto estos

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Jeiner Irian Salazar Torres.
10
Índice nro. 25 del expediente electrónico.
11
Índice nro. 19 del expediente electrónico.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03556-00
Accionante: Alexander Méndez López y otros

tuvieron la oportunidad de presentar recurso de reposición contra el acto
administrativo que definió los puntajes de la prueba de la Subfase General del
curso – concurso. Medio de impugnación que aún no se había resuelto.

Finalmente, sostuvo que, el protocolo de exhibición de la prueba de la Subfase
General de la Convocatoria 27 observó los presupuestos definidos en la
Sentencia SU-067 de 2022, ya que a través de éste se les permitió a los
discentes que obtuvieron un puntaje menor a 800 puntos, mínimo para
aprobar el examen, obtener los elementos necesarios para controvertir esa
decisión mediante la revisión de su prueba. En efecto, se les permitió utilizar
elementos como hojas de papel, lápices y lapiceros para llevar sus anotaciones
relacionadas con las inconformidades que tuvieran respecto de la prueba,
insumos destinados a garantizar su derecho de defensa y contradicción.

En esa línea, afirmó que, con la exhibición se garantizó el derecho de los
discentes a conocer las evaluaciones; ir más allá de eso ponía en riesgo la
reserva de este material soporte de las pruebas adelantadas en la
convocatoria.

Refirió que, en caso de haber experimentado problemas técnicos, como fallas
en la conexión a internet o en el equipo de cómputo durante el inicio de la
evaluación, estas no pueden ser atribuidas a la Escuela Judicial, ya que
corresponden a situaciones individuales que debían ser alegadas dentro del
recurso de reposición, conforme al procedimiento administrativo establecido
para ello.

Resaltó que, los discentes de manera libre y voluntaria aceptaron las reglas
definidas en los acuerdos PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 y Acuerdo
PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019 en los que se establecía el
recurso procedente contra los resultados ahora reclamados, en virtud de ello
no es posible desconocer el principio de legalidad y confianza legítima al
permitir que los discentes que superaron la Subfase General recurran la nota
obtenida durante esta etapa.

3.3. La Unión Temporal Formación Judicial 2019, a través de su representante
legal suplente, presentó informe12, en el que manifestó que las directrices para
regular la prueba aludida fueron debidamente comunicadas y ante ellos no se
generaron reclamaciones previas a la realización del examen.

Adicionalmente, que los discentes al momento de inscribirse al concurso
aceptaron todas y cada una de las condiciones del mismo, para ello la Escuela

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Índice nro. 22 del expediente electrónico.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03556-00
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Judicial elaboró el documento denominado «GUÍA DE ORIENTACIÓN AL
DISCENTE PARA LA EVALUACIÓN VIRTUAL DE LA SUBFASE GENERAL», en el
cual se orientaba a los participantes sobre la evaluación y calificación de la
Subfase General, de conformidad con las condiciones y requisitos indicados en
el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 19 de septiembre de 2019.

Sostuvo que, «en la jornada del 19 de mayo de 2024 las cifras al finalizar el
primer día de la evaluación muestran que el 85% de los discentes lograron
iniciar entre las 8:00 y las 8:10, y el 98% del total de los discentes (3125)
completaron satisfactoriamente toda la evaluación. // Prueba de lo anterior,
se tiene que un total de 3,080 discentes lograron realizar la evaluación,
superando la instalación y actualización de Klarway, así como la validación
biométrica y del entorno de sus equipos. Finalmente, respondieron las 168
preguntas distribuidas entre la jornada de la mañana y la tarde. El 98% de los
discentes que ingresaron a presentar la evaluación la completaron en su
totalidad. Este porcentaje demuestra la alta disponibilidad del ecosistema
tecnológico».

Frente a los argumentos expuestos en el acápite «Vulneración al debido
proceso, a la defensa, a aportar y controvertir pruebas en razón de las
restricciones en la documentación de fallos durante la evaluación», sostuvo
que, los discentes aceptaron todas y cada una de las condiciones de la prueba
y que previendo estas situaciones fue que la Escuela Judicial expidió la Guía
de orientación para la evaluación virtual en la cual se orientó sobre la
evaluación y calificación de esta, así como los aspectos normativos y los
procedimientos a seguir, las principales recomendaciones y características de
la aplicación de la evaluación.

Adujo que, no era aceptable que solo hasta este momento, una vez
transcurrida la prueba, se manifestaran las inconformidades sobre las
restricciones antes y durante la jornada evaluativa, cuando estas condiciones
eran de conocimiento previo de los discentes.

Señaló que, las manifestaciones de fracaso, violaciones y hackeos de
seguridad informados por los accionantes eran subjetivas y carecían de
tecnicidad.

Respecto de los argumentos indicados en el denominado «Violaciones al
derecho a la igualdad por reducción arbitraria del tiempo para responder el
examen eliminatorio del 19 de mayo y 2 de junio de 2024», sostuvo que,
mediante la plataforma Klarway se otorgó las mismas condiciones para todos
los discentes, los casos esporádicos en los cuales no pudieron ingresar a la

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03556-00
Accionante: Alexander Méndez López y otros

hora definida, fueron producto de situaciones atribuibles a la conectividad de
los discentes que debieron ser previstas. Reiteró que en la Guía de evaluación
para la evaluación virtual se consagraron los procedimientos a seguir.

Frente a los reparos planteados en el acápite «Vulneración al derecho a la
veracidad en la información recogida por las autoridades públicas», insistió en
que en la Guía de evaluación para la evaluación virtual se orientó a los
participantes para la evaluación y calificación de la Subfase General, de
conformidad con las condiciones y requisitos indicados en el Acuerdo
Pedagógico PCSJA19-11400 19 de septiembre de 2019.

Finalmente, respecto del acápite «Vulneración del derecho a la legalidad
estricta y seguridad jurídica por el cambio de condiciones sin competencia:
aumentando las prohibiciones en detrimento del principio pro personae» indicó
que los reproches presentados en la presente acción no fueron objetados ni
llevados a la Jurisdicción Contencioso Administrativa de forma previa, y que
solo vienen a ser presentados cuando ya se ha surtido una etapa importante
del proceso, circunstancias que ser susceptibles de control más adelante
cuando se fijaran las listas de elegibles, pero que no en sede de tutela.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en
concordancia con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 1º del Decreto 333
de 2021, el cual modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 y el
artículo 25 del Acuerdo nro. 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre
las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

4.2. Análisis de la Sala

Examinado el presente asunto, la Sala advierte que la presente acción está
dirigida a cuestionar, por una parte, la evaluación virtual de la Subfase General
del IX Curso de Formación Judicial Inicial para jueces y magistrados de la
República de Colombia, las restricciones previas y a seguir durante la prueba,
las instrucciones respecto de la finalización de la evaluación, las
recomendaciones para la presentación de la evaluación establecidas en el
Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019 y en la Guía
de Orientación al Discente para la Evaluación Virtual de la Subfase General;

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por otra parte, los resultados publicados en la Resolución nro. EJR24-298 de
21 de junio de 2024 expedida por la directora de la Escuela Judicial, acto por
medio del cual se les impidió continuar a los accionantes en el concurso en
mención.

Lo anterior, con sustento en los incidentes y dificultades presentadas por los
accionantes al momento de realizar la evaluación virtual, a su juicio, originadas
por la indisponibilidad del software utilizado para el examen por parte del
contratista, las omisiones de vigilancia y control por parte de la Escuela Judicial
y la contradicción de las medidas de restricción, instrucciones y
recomendaciones con la ley y los acuerdos de convocatoria y pedagógico.

En ese orden, la Sala encuentra que la presente acción se torna improcedente
por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, como se señaló en
providencia de 29 de agosto de 202413, al resolver un caso similar, en tanto
ha considerado esta Sección la acción de tutela no procede para controvertir
actos administrativos de carácter general (Acuerdo Pedagógico PCSJA19-
11400 de 19 de septiembre de 2019 y en la Guía de Orientación al Discente
para la Evaluación Virtual de la Subfase General) o particular y concreto
(Resolución nro. EJR24-298 de 21 de junio de 2024), como en el presente
asunto, toda vez que el legislador previó otros mecanismos de defensa judicial
idóneos y eficaces para desvirtuar su legalidad, como los medios de control de
nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, respectivamente.

En ese sentido, revisados los reproches formulados por la parte accionante se
tiene que estos giran en torno a cargos (vulneración al debido proceso,
infracción de las normas en que deberían fundarse, actos modificados sin
competencia, desconocimiento del derecho de defensa, vulneración de la
legalidad estricta, desconocimiento de la jerarquía normativa) que deben ser
ventilados a través de los medios de control establecidos para examinar la
legalidad de los actos administrativos, en tanto tienen la entidad de cargos de
nulidad, como bien lo señaló la parte accionada, por lo que no pueden ser
desplazados por la acción de tutela.

En sustento de lo anterior, pone de relieve la Sala que, respecto de los actos
generales, los accionantes desde la expedición del Acuerdo PCSJA19-11400 de
19 de septiembre de 2019 tenían la posibilidad de acudir al medio de control
de nulidad e impugnar las disposiciones que, a su juicio, resultaran contrarias
al ordenamiento, asimismo, las modificaciones expedidas de manera posterior
y que fueran en contravía de la legalidad, sin embargo, no lo hicieron.

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de agosto de 2024,
radicación 11001-03-15-000-2024-04051-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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Ahora, frente a la Resolución nro. EJR24-298 de 21 de junio de 2024, se tiene
que, a través de esta se publicaron los resultados de la evaluación virtual
objeto de la presente acción y frente a la misma los discentes que no hubieren
superado la prueba (puntaje inferior 800 puntos), en sede de la
administración, podían interponer el recurso de reposición, conforme lo
indicaba su artículo 3°, la disposición señalaba:

«ARTÍCULO 3°. RECURSO. Contra la presente Resolución procede
únicamente el recurso de reposición cuando la calificación consolidada sea
inferior a 800 puntos, el cual podrá interponerse por el término de diez (10)
días, del 15 al 16 de julio de 2024, con posterioridad a la exhibición de las
evaluaciones».

En firme la calificación, los discentes que no hubieren superado la prueba,
ahora accionantes, pueden promover, en sede judicial, el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto que les impidió continuar
con su participación, por tornarse definitivo, conforme al artículo 43 de la Ley
1437 de 2011 y la jurisprudencia de esta Corporación14.

Los medios de control enunciados resultan idóneos y eficaces para la
protección de los derechos fundamentales alegados si se tiene en cuenta que
la legislación vigente (Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021),
prevé mecanismos como la adopción de medidas cautelares desde la
presentación de la demanda para la garantía de los derechos y la efectividad
de la sentencia, sobre este punto ha indicado la Sección lo siguiente:

«[L]a mencionada normativa [Ley 1437 de 2011] además de darle
celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas,
las medidas cautelares incluso de urgencia, como la suspensión
provisional de los efectos del acto administrativo o del
procedimiento hasta tanto se defina la declaración o no de su
nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa; impartir
órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las
partes, las cuales demuestran la efectividad del procedimiento
ordinario cuando se advierte una situación apremiante que necesite
ser remediada incluso antes de que se profiera una decisión
definitiva»15. (Negrillas de la Sala).

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 2 de
septiembre de 2019, radicación: 66001-23-33-000-2016-00794-01, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de junio de 2022,
radicación 470012333000202200105-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de agosto de 2024, radicación nro. 680012333000202400425-01,
C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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En ese sentido, también lo ha reconocido la Corte Constitucional al señalar que
«el proceso judicial que se surte ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo es el escenario natural para la reivindicación de los derechos
fundamentales conculcados en este contexto. Allí, los interesados pueden
reclamar no solo el control de legalidad correspondiente, sino, además, el
restablecimiento de los derechos fundamentales que hayan sido vulnerados.
Las medidas cautelares que ofrece la Ley 1437 de 2011, las cuales permitirían
prevenir la consumación de un daño definitivo mientras se surte la causa
judicial, corroboran la idoneidad de los aludidos medios de control en este
campo»16.

En este orden de ideas, frente a los argumentos del perjuicio irremediable
consistentes en que es inminente porque no han iniciado las siguientes etapas
del proceso y grave porque afecta el proyecto de vida de los discentes que no
aprobaron la prueba, se tiene que, contrario a lo señalado por la parte, en el
presente caso no se configura comoquiera que, primero, los accionantes
pueden solicitar desde la presentación de la demanda en el proceso
contencioso la adopción de medidas cautelares tendientes a la suspensión del
procedimiento u otras encaminadas a evitar la lesión o afectación de sus
derechos fundamentales; segundo, frente a la afectación al proyecto de vida,
la parte no demostró la forma en que se materializa dicha situación respecto
de los accionantes, se limitó a su afirmación sin acompañar medios de prueba
que corroboraran tal dicho.

Adicionalmente, la presente solicitud de amparo tampoco puede interpretarse
como un mecanismo transitorio, pues examinado el expediente no se advierten
circunstancias o condiciones especiales particulares respecto de los
accionantes (edad, estado de salud, condición social, entre otras), que hagan

16
Corte Constitucional, sentencia SU-067 de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera. Ver también, Corte
Constitucional, sentencia T-081 de 2022, M.P. Alejandro Linares Cantillo, en la que se consideró: «Ahora bien, con la
introducción al ordenamiento jurídico de la Ley 1437 de 2011 (en adelante “CPACA”16), se amplió la posibilidad de
solicitar la adopción de medidas cautelares en los procesos adelantados ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, al mismo tiempo que se previó la reducción en la duración de los procesos. De esta manera, el análisis
de procedencia de la acción de tutela también implica tener en cuenta estas nuevas herramientas 16. En este sentido,
respecto de las condiciones para solicitar la aplicación de las medidas cautelares dispuestas en el CPACA, este tribunal
se pronunció en la sentencia C-284 de 201416, providencia en la que concluyó que existen diferencias entre estas y
la protección inmediata que otorga la acción de tutela. Ello, en la medida en que el procedimiento para que el juez
decrete una medida cautelar es más largo, respecto de los 10 días establecidos para la definición del amparo
constitucional. En efecto, de acuerdo con los artículos 23316 y 23616 del CPACA, el demandante puede solicitar que se
decrete una medida cautelar desde la presentación de la demanda y en cualquier etapa del proceso, petición que
debe ser trasladada al demandado, quien deberá pronunciarse en un término de 5 días. Una vez vencido el plazo
anterior, el juez deberá decidir sobre su decreto en 10 días, decisión susceptible de recursos de apelación o súplica,
según sea el caso, los cuales se conceden en efecto devolutivo y deben ser resueltos en un tiempo máximo de 20
días.
Por lo demás, en la sentencia SU-691 de 2017, la Corte argumentó que estas nuevas herramientas permiten
materializar la protección de los derechos de forma igual, o incluso superior a la acción de tutela, en los juicios de
carácter administrativo».

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dudar de la eficacia de los medios con que cuentan ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo para discutir la legalidad de los actos y hacer
cumplir con el marco normativo que rige la convocatoria o que a estos les
resulta desproporcionado acudir a los mecanismos ordinarios.

No obstante, se tiene que la Corte Constitucional, en sentencia SU-067 de
202217, frente a la regla general de improcedencia por subsidiariedad para
casos como este, estableció tres causales de procedencia excepcional de la
acción de tutela contra los actos administrativos proferidos en el marco de un
concurso de méritos, a saber: i) inexistencia de un mecanismo judicial que
permita demandar la protección del derecho fundamental infringido, ii)
configuración de un perjuicio irremediable y iii) planteamiento de un problema
constitucional que desborde el marco de competencias del juez administrativo.

Examinado el presente asunto, se encuentra que tampoco encuadra en las
causales de procedencia excepcional indicadas, por cuanto, como se señaló en
precedencia los accionantes cuentan con otros medios de defensa judicial
(medios de control) para la protección eficaz de sus derechos, en ese sentido,
el asunto planteado no desborda el marco de competencias del juez
administrativo, por el contrario el ordenamiento prevé herramientas para la
garantía de los derechos deprecados; finalmente, como se señaló, no se
evidencia el perjuicio irremediable a los derechos fundamentales de la parte
accionante.

En conclusión, la acción de tutela no es el mecanismo judicial dispuesto para
resolver controversias como la presente cuando existen mecanismos de
defensa judicial idóneos y eficaces para la protección de los derechos
fundamentales, en consecuencia, por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por
Alexander Méndez López y otros en contra del Consejo Superior de la
Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unión Temporal
Formación Judicial 2019, conforme a lo expuesto.

17
Corte Constitucional, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03556-00
Accionante: Alexander Méndez López y otros

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en
los términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en el
inciso segundo del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GARZON Consejero de Estado
Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con
la ley.

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