Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00425-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00425-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2024-00425-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
9 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 680012333000202400425-01
Actor: Javier Forero Báez
Demandados: Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y
otros1
Tema: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad y ii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 8 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por
medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “1ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en medio digital.
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Núm. único de radicación: 680012333000202400425-01
Actor: Javier Forero Báez
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado
Sexto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y Erick Humberto Orlando
Acevedo Vega, porque, a su juicio, con ocasión a que no se le concedió su solicitud
de traslado, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que, “[…] Me desempeño como Oficial mayor en el Juzgado tercero
Administrativo del Circuito de Barrancabermeja en propiedad desde el mes de
marzo de 2023. […]”.
4. Manifestó que, presentó solicitud de traslado ante el Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander allegando calificación y requisitos para el trámite como
servidor de carrera, frente a lo cual, el Consejo Seccional, mediante Oficio núm.
CSJSAO24-288 de 14 de febrero de 2024, rindió concepto favorable a la solicitud
de traslado para el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga.
5. Adujo que, mediante la Resolución núm. 023 de 29 de mayo de 2024, el
Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga aceptó el traslado
de Erick Humberto Orlando Acevedo Vega en el cargo de Oficial Mayor del Circuito
de dicho Juzgado.
6. Precisó que, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra
la decisión mencionada supra, frente a lo cual, el Juzgado Sexto Administrativo Oral
del Circuito de Bucaramanga, mediante la Resolución núm. 025 de 18 de junio de
2024, resolvió no reponer su decisión y “[…] NEGAR por improcedente el recurso
de apelación […]”.
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Actor: Javier Forero Báez
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1) Se tutele el derecho al Debido proceso, a la carrera administrativa y a la no
discriminación.
2) Se ordene al señor […] en CALIDAD DE NOMINADOR DEL JUZGADO SEXTO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, revocar el acto
administrativo denominado Resolución No. 025 del junio 18 de 2024 "Por medio de
la cual se resuelve recurso de reposición contra la Resolución No. 023 del 29.05.2024
a través de la cual se acepta un traslado", para que en su lugar, acepte mi traslado
de conformidad a lo regulado en las normas y jurisprudencia enunciada (puntaje de
calificación), sin más exigencias que las enunciadas allí, y realice mi nombramiento
en propiedad en el cargo de Oficial Mayor de dicho juzgado.
3) Se conmine al nominador del JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE BUCARAMANGA, para que en lo sucesivo se abstenga de tomar
represalias por haber presentado la presente acción, y detenga tratos
discriminatorios como se reflejaron en las resoluciones enjuiciadas. […]”.
8. Como fundamento de su solicitud el actor adujo lo siguiente:
“[…] Debido a mi situación personal (mis hijos menores de 8 y 11 años se encuentran
en tratamientos en la ciudad de Bucaramanga y tengo que viajar y debido a los
permisos a veces tengo que perder las citas o cuadrar citas para que puedan ajustarse
a mi trabajo); solicite (sic) traslado el 7 de febrero de 2024 al Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander allegando la calificación de 97 y los requisitos del mismo,
como servidor de carrera, y no por salud porque tengo lo servicios están adscritos de
Bucaramanga, porque en Barrancabermeja no hay endocrinólogo pediátrico, ni
psiquiatría pediátrica, y máxime que en caso de urgencias de mi hijo menor (diabético
tipo 1 insulinodependiente diagnosticado a la edad de 5 años). […]”.
[…]
“[…] Respecto a la sustentación en la resolución de la escogencia de los servidores
judiciales para el cargo de oficial mayor, no hay ponderación, porque mi calificación
fue igual a 97 puntos, mayor que la del escogido que fue de 96 puntos y a pesar de
ello no fue fundamentado, como lo menciona la misma resolución: […]”.
[…]
“[…] De acuerdo con lo anterior siento que hay un trato discriminatorio, porque al
expresarle sobre la situación personal de salud de mis hijos menores lo trae a colación
en la primera resolución (023 del 29.05.2024). […]”.
[…]
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Actor: Javier Forero Báez
“[…] Que sin embargo, cabe mencionar que en el recurso le informe que no se tuvo
en cuenta en la resolución los puntajes, y vuelve nuevamente a darme un tratamiento
discriminatorio, en el cual debo ostentar más títulos y tener un empleo de mayor
jerarquía para demostrar que soy apto para el cargo (requisitos que no tiene la Ley
270 de 1996, Jurisprudencia de la Corte Constitucional, Acuerdo PCSJA17-10754 de
2017 o el concepto favorable del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander)
como así lo agrega en las consideraciones: […]”.
Actuación
9. El Despacho sustanciador del Tribunal Administrativo de Santander,
mediante auto de 24 de junio de 2024: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y a
Erick Humberto Orlando Acevedo Vega, concediéndoles el término de dos (2) días
para que rindieran informe sobre el particular; y iii) negó la medida provisional
solicitada por el actor.
Intervención de la parte demandada
10. El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga rindió
informe en los siguientes términos:
“[…] Llama la atención entonces, que es un hecho notorio la existencia una red de
apoyo, para el accionante, que pretende proteger y mantener, y que ante los hechos
relatados que tiene que ver con la salud de dicho núcleo, se esbocen situaciones
como si se tratara de un padre cabeza de familia, que no lo es, a quien tocaría por
antonomasia proteger derechos dadas las condiciones anotadas; ahora bien de los
escritos también resulta visible que existen condiciones similares en cuanto la
ocupación de cargos en la Rama Judicial pero que difieren de la modalidad del
nombramiento mientras los del accionante se hacen bajo el amparo de cargos de
carrera los del hoy designado se han hecho en modalidad de provisionalidad,
situación que para este despacho no cobra relevancia pues el fin último en la
provisión de los empleos en la rama es la de la correcta y eficaz prestación del
servicio de justicia, el cual para el caso del designada oficial mayor ha sido
concordante con lo requerido por la misma administración judicial y por los asuntos
a ventilar en los despachos administrativos razón por la cual se ha visto que la
preparación en pregrado y posgrado, el desempeño de esta función en una instancia
superior a la de juzgado administrativos es favorable a quien por sus calidades han
sido designado oportunamente por este despacho. […]”
[…]
“[…] Situación que denota una confrontación personal que dista mucho de lo que
puede ser una verdadera manifestación de reproche o censura procedimental a un
actuación que se surte de pleno derecho, siendo entonces cada vez más claro para
este despacho que analizando los factores objetivos de cada uno de los postulantes
y en contexto los escritos que acompañan esta actuación, factores de mejor
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Actor: Javier Forero Báez
desempeño, ponderación de los asuntos sometidos a consideración, la sintaxis y
sindéresis de los mismos hacen que cobre mayor certeza y efectividad las decisiones
que hasta el momento han sido adoptadas por el despacho nominador. […]”.
11. Erick Humberto Orlando Acevedo Vega rindió informe en los siguientes
términos:
“[…] Esto es lo acontecido en el caso concreto donde el accionante considera que
tiene mayor aptitud por el mero hecho de haber ostentado 3 cargos en carrera frente
a mi desempeño en la rama judicial que inició en provisionalidad. De estas líneas es
preciso advertir que dicha situación no es un factor objetivo pues, contrario a lo
reseñado en la tutela, esto si resulta discriminador dado que sólo he participado en
un concurso de méritos de la rama judicial y éste es el que me hizo merecedor de mi
propiedad como oficial mayor, igual que el aquí accionante, que, en el mismo
concurso, bajo las mismas condiciones, obtuvo su propiedad de oficial mayor.
A mi juicio, no resulta discriminador que el nominador tuviera en cuenta mis años de
experiencia concreta en el cargo de oficial mayor que, evidentemente, es superior a
la del accionante, pues precisamente se trata de proveer la vacante por el que, dada,
entre cosas, su experiencia, cuente con mayor aptitud concreta y especifica (sic)
[…]”.
La sentencia impugnada
12. El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia, en primera instancia,
el 8 de julio de 2024, por medio de la cual resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLÁRESE IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por
JAVIER FORERO BÁEZ, contra el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA y ERICK HUMBERTO ORLANDO ACEVEDO
VEGA. […]”.
12.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Sobre los motivos del acto administrativo expuesto, los cuales señala el
accionante que son falsos, o si los puntajes del concurso son pétreos para todas las
situaciones administrativas que se versen sobre los empleados de carrera, y como
se haría las equivalencias frente a diversos concursos o experiencias adicionales a
lo largo de su carrera, son aspectos estos que puede controvertir el accionante en
sede judicial a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
y no vía tutela.
Así las cosas, como quiera que en el presente asunto se debate la legalidad de un
acto administrativo que decide el trámite de traslado un servidor judicial y aquel
mediante el cual se decidió el recurso de reposición interpuesto por el accionante,
no resulta procedente su estudio a través de la presente acción, en la medida que
como se dijo en el párrafo anterior, el medio de control adecuado para ello es el de
nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia, es evidente que el señor
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Actor: Javier Forero Báez
Javier Forero Báez cuenta con otros medios de defensa judicial como mecanismo
principal y preferente para lograr lo aquí solicitado.
De igual forma, no se demostró dentro del trámite constitucional una situación de
vulnerabilidad que amerite el amparo a los derechos fundamentales deprecados, así
sea de manera transitoria, ni tampoco indicó el accionante que en el presente asunto
se configuraba alguna de las causales señaladas por la H. Corte Constitucional para
demostrar que los medios de defensa existentes ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo no resultarán eficaces para resolver el problema jurídico
planteado. […]”.
La impugnación
13. El actor impugnó la sentencia proferida por el Tribunal administrativo de
Santander por las siguientes razones:
“[…] Que los fundamentos al debido proceso y a la carrera judicial, fueron
sustentadas en el escrito de tutela; en el concepto de traslado por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander “que se debe tener en cuenta los factores
objetivos como la evaluación de servicios y los resultados obtenidos en los concursos
públicos para el acceso a la Rama Judicial, al momento de valorar las solicitudes de
traslados de los servidores de carrera” (destacado fuera de texto), también, en el
recurso ante el Juzgado Sexto Administrativo de Bucaramanga.
Aunado a lo anterior, manifesté razones adicionales a la solicitud del traslado,
buscando la estabilidad emocional y de salud de mis dos hijos menores (8 y 11 años)
que presentan condiciones (hija por psiquiatría pediátrica y endocrinología, hijo
insulinodependiente con especialistas pediátricos por endocrinología, optometría,
nefrología los cuales no cuenta el Distrito de Barrancabermeja), y la mía (psíquica)
[…]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 2, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20213 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20194, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actor: Javier Forero Báez
Generalidades de la acción de tutela
15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
16. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción
de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia, y de ser así, ii) establecer si el Juzgado Sexto Administrativo Oral del
Circuito de Bucaramanga y Erick Humberto Orlando Acevedo Vega, con ocasión a
que no se le concedió la solicitud de traslado al actor, vulneraron sus derechos
fundamentales.
17. Para resolver dichos problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos; ii) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso;
iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad; procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en
el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos
18. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de conformidad
con lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la
subsidiariedad de la acción de tutela, esta no procede, por regla general, para
controvertir actos administrativos ya sean de carácter particular y concreto (numeral
1.°) o de carácter general, impersonal y abstracto (numeral 5.°), toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad,
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el medio de control
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Actor: Javier Forero Báez
de nulidad, o la nulidad por inconstitucionalidad o la acción de inconstitucionalidad5
si lo que se indica es que el acto administrativo general quebrantó la Constitución
Política.
19. En ese sentido, la jurisprudencia6 de la Corte Constitucional ha sido
reiterativa en expresar que:
“[…] cuando se trata de objetar o controvertir actos administrativos, en principio se
debe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y no a la acción de tutela,
salvo que el juez determine que tales mecanismos no proporcionan una eficaz y
pronta protección a los derechos que se pretenden salvaguardar o se esté ante la
posibilidad que se configure un perjuicio irremediable, pero en todo caso las
acciones judiciales contencioso administrativas no pueden haber caducado al
momento de interponerse la acción de tutela. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo a las características de la acción de tutela, la Corte ha explicado
que ésta procederá contra actos de contenido general, impersonal y abstracto, sólo
excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un
perjuicio irremediable y, además, sea posible establecer que el contenido del acto
de carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y directamente un derecho
fundamental de una persona determinada o determinable. Solo en estos casos el
juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en ordenar la
inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter eminentemente
transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del juez competente
[…]”.
20. En ese orden de ideas, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas
circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos,
siempre que, i) se esté ante la presencia de la vulneración de derechos
fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un perjuicio irremediable; con
lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En ese sentido, en
sentencia T-514 de 20037, la Corte Constitucional determinó:
“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos
tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción
de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas
cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii)
que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del
5 Ver: Corte Constitucional. Sentencia T-097 de 20 de febrero de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
6 Corte Constitucional. Sentencia C-132 de 28 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo
no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso
respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. […]”. (Resaltado
por la Sala).
21. En ese orden de ideas, en principio la acción de tutela resulta improcedente
para controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos que esté en juego
la vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de manera transitoria.
Sin embargo, cuando se está frente a una vía de hecho administrativa y un perjuicio
irremediable, el juez de tutela podría conceder la protección definitiva mediante la
acción constitucional.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
22. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
23. Atendiendo a que, la Corte Constitucional8 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
8 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
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resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
24. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan […]”.
25. Atendiendo a que la Corte Constitucional9 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales […]”.
9 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Actor: Javier Forero Báez
Análisis del caso en concreto
26. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado
Sexto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y Erick Humberto Orlando
Acevedo Vega, porque, a su juicio, con ocasión a que no se le concedió su solicitud
de traslado, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
27. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
28. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
29. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
29.1. Anexos que allegó el actor con el escrito de tutela.
29.2. Informes rendidos por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga y Erick Humberto Orlando Acevedo Vega, con sus anexos.
Solución del caso concreto
30. En el caso sub examine, el actor afirma que se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, con ocasión de los actos
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administrativos contenidos en la Resolución núm. 023 de 29 de mayo de 2024 10 y la
Resolución núm. 025 de 18 de junio de 202411 expedidas por el Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga.
31. A continuación, la Sala examinará lo referente a la utilización de los medios
de defensa judicial y la existencia de un perjuicio irremediable, con el fin de
establecer, como ya se advirtió, si en efecto procede la acción de tutela como
mecanismo transitorio para controvertir la legalidad de los actos administrativos
referidos por el actor, con los cuales, en su sentir, vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.
32. En primer lugar, la Sala debe precisar que el ordenamiento jurídico
colombiano establece otros mecanismos de defensa judicial para controvertir la
legalidad de los actos administrativos y a través de ellos se puede proteger de forma
oportuna e inmediata los derechos fundamentales que el actor considera le han sido
vulnerados.
33. En segundo lugar, para demandar dichos actos administrativos, esto es, la
Resolución núm. 023 de 29 de mayo de 2024 y la Resolución núm. 025 de 18 de
junio de 2024 expedidas por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga, el legislador estableció en el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo los respectivos medios de control, entre ellos, el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
34. En efecto, en el inciso segundo del artículo 137 ibidem, se establecieron las
causales de nulidad de los actos administrativos, las cuales refieren que procede
cuando estos hayan sido expedidos “[…] con infracción de las normas en que
deberían fundarse, sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación, o con desviación de
las atribuciones propias de quien los profirió […]”.
10 “Por medio de la cual se efectúa un nombramiento en propiedad en el Cargo de Oficial Mayor del Circuito”.
11 “Por medio de la cual se resuelve el recurso de contra la Resolución No. 023del 29.05.2024 a través de la
cual se acepta un traslado”.
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Actor: Javier Forero Báez
35. De acuerdo con esa normativa, la Sala considera que la pretensión del actor
relacionada con “[…] revocar el acto administrativo denominado Resolución No. 025
del junio 18 de 2024 "Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición contra
la Resolución No. 023 del 29.05.2024 a través de la cual se acepta un traslado",
para que en su lugar, acepte mi traslado […]”, debe analizarse por su juez natural
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, comoquiera que es el
encargado de realizar el examen de legalidad de dichos actos expedidos, en este
caso, por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga.
36. Al respecto, en casos similares, esta Corporación ha señalado lo siguiente:
36.1. En sentencia de 8 de octubre de 202112, la Subsección C de la Sección
Tercera indicó que:
“[…] La Sala observa que los argumentos de la tutelante se contraen a afirmar la
violación de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas,
a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la estabilidad laboral reforzada, a la
igualdad y los beneficios que tienen los empleados que pertenecen al régimen de
carrera administrativa respecto al mérito, traslado y ascenso, por haber negado la
solicitud de traslado.
Tal y como el juez de tutela de primera instancia lo precisó, la señora Luz Stella Arias
cuenta con un mecanismo judicial ordinario para procurar la defensa de los derechos
fundamentales, que considera vulnerados con los actos administrativos, Oficio
CJO21-1596 del 28 de abril de 2021 y la Resolución CJR21-0203 del 27 de mayo de
2021, que le resolvieron de manera desfavorable la petición de traslado. Mecanismo
que no es otro que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, en el que resulta posible controvertir la constitucionalidad de un acto
particular, como el del sub lite, conforme lo establece el artículo 138 de la Ley 1437
de 2011 y en el que es posible solicitar el decreto y práctica de las medidas
cautelares que se consideren procedente y pertinentes, incluso las de urgencia,
en procura de la protección de los derechos que estima desconocidos. La aquí
accionante dirige sus inconformidades contra las determinaciones proferidas en sede
administrativa que dieron por terminada dicha etapa. Reproches que son propios
de llevar y discutir al juez de legalidad del acto administrativo y no al juez de
tutela.
Ahora bien, como la Sala explicará a continuación, las razones expuestas por la parte
accionante no se ubican en los escenarios excepcionales para pasar por alto los
instrumentos jurídicos previstos en el ordenamiento; y así acudir directamente a
la intervención del juez constitucional […]”. (Resaltado por la Sala)
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección C de la Sección Tercera, sentencia
de 8 de octubre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-03988-01, C.P. Jaime Enrique
Rodríguez Navas.
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Núm. único de radicación: 680012333000202400425-01
Actor: Javier Forero Báez
36.2. En sentencia de 26 de agosto de 202113, la Sección Quinta indicó que:
“[…] Sea lo primero advertir que las pretensiones elevadas por la parte actora atacan
directamente las decisiones contenidas en los oficios Nos. CJ021-693 y CJ021-678
proferidos por la Unidad de Adminitración (sic) de la Carrera Judicial, así como la
Resolución CJR21-0126 del 6 de abril de 2021 dictada por el Consejo Superior de la
Judicatura, a través de las cuales se le negó su solicitud de traslado del Distrito
Judicial de Pasto al de Cali, las cuales gozan de presunción legalidad y, por lo
tanto, como se indicó el marco teórico anteriormente expuesto, los reparos deben
ser controvertidos ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa a través de
los medios de control contenidos en la Ley 1437 de 2011 para que el juez
natural de la causa se pronuncie al respecto.
Así las cosas, esta Sección considera que en efecto, se configura la causal de
improcedencia fijada en el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 […]”.
[…]
“[…] Bajo ese orden, el carácter perentorio de la salvaguarda de los derechos de la
accionante no permite concluir en la ineficacia de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues bien se sabe que en el contexto de los
procesos ordinarios las partes pueden solicitar el decreto de medidas
cautelares para la protección de los bienes jurídicos que se ven en riesgo por el
paso del tiempo, facultad que, bajo ciertas condiciones, le ha sido concedida de oficio
al juez administrativo […]”. (Resaltado por la Sala)
36.3. En sentencia de 15 de julio de 202114, la Sección Primera sostuvo que:
“[…] 24. Como se enunció previamente, la acción de tutela resulta improcedente
cuando pretende controvertir la legalidad de los actos administrativos de
contenido particular, en razón a que los asociados cuentan con un medio de
defensa ordinario como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, el cual es el mecanismo idóneo para solicitar la anulación y la
suspensión de los actos de la administración que lesionan el ordenamiento jurídico
y, debido a esto, afectan derechos fundamentales.
25. En este sentido resulta pertinente resaltar que a la luz del artículo 43 de Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la
jurisprudencia de esta Sección, son susceptibles de control jurisdiccional los actos
definitivos, esto es, aquellos que deciden «directa o indirectamente el fondo del
asunto o hagan imposible continuar la actuación».
26. Conforme con lo anterior, para la Sala resulta razonable concluir que los actos
administrativos enjuiciados en el sub lite -mediante los cuales se emitió un
concepto desfavorable a la solicitud de traslado elevada por la accionante- son
susceptibles de control jurisdiccional, ya que este tipo de decisiones se
enmarcan en la categoría de los actos definitivos, en tanto que resuelven el fondo
del asunto.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 26 de agosto de
2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-02575-01, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de julio de
2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-03988-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Núm. único de radicación: 680012333000202400425-01
Actor: Javier Forero Báez
27. Significa lo anterior que la señora Luz Stella Arias Pérez cuenta con un medio
de defensa judicial, como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través del cual puede discutir la legalidad de
los actos administrativos en cuestión, en el que, además, podrá solicitar
medidas cautelares […]”. (Resaltado por la Sala)
37. Además, se precisa que, esta Sala ha reiterado en oportunidades anteriores15
que con la expedición la Ley 1437 de 2011, ya no es aceptable el argumento según
el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos como el
estudiado.
38. Igualmente, consideró que la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene diferentes
herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las medidas
cautelares incluso de urgencia16, como la suspensión provisional de los efectos de
los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se defina la declaración o
no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa; impartir
órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes,
las cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se advierte
una situación apremiante que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva.
39. Sobre este punto la Sala debe precisar que esta Sección17 ha señalado que
aun cuando el actor considere que se le causa un perjuicio irremediable, con las
medidas cautelares se puede también obtener una protección judicial oportuna.
40. Se pone de presente que tampoco prospera la tutela como mecanismo
transitorio toda vez que el actor no acreditó siquiera de manera sumaria, los
requisitos jurisprudenciales que se exigen para que el perjuicio irremediable se
configure.
15 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García
González, acción de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2017-00626-01, Actor: Pio León
Caicedo Bustos, demandado: Procuraduría General de la Nación.
16 Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos
los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en
el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada
deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete
17 Consejo de Estado, Sección Primera, (Expediente núm. 2015-01490-01, sentencia de 29 de octubre de
2015).
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Actor: Javier Forero Báez
41. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional18:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible
de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar
el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a
fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.” […]”.
42. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio. En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que
el actor se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.
43. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, en el caso sub examine, existe
otro mecanismo de control judicial, previo al cumplimiento de los requisitos legales,
para controvertir la legalidad de los actos administrativos demandados, antes de
acudir a la acción de tutela.
44. Finalmente, respecto de lo que el actor manifestó en su escrito de
impugnación, a saber, que “[…] reitero la solicitud de la prueba solicitada en el
escrito inicial de tutela, de la cual no se pronunció el Tribunal Administrativo de
Santander, para mayor ilustración en el presente caso […]”, la Sala pone de
presente al actor el artículo 22 del Decreto 2591 de 1991, el cual dispone lo
siguiente: “El juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situación
litigiosa, podrá proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas”.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Actor: Javier Forero Báez
Conclusiones de la Sala
45. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de
8 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio
de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 8 de julio de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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Actor: Javier Forero Báez
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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