Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00215-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2023 › Radicado 11001-03-15-000-2023-00215-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00215-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00215-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
24 de abril de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00215-00
Demandante: NAGIL ENRIQUE YARALA DÍAZ
demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE CARRERA JUDICIAL Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD
PÚBLICA. INCONFORMIDAD FRENTE A LA
RESPUESTA EMITIDA EN CUANTO A LA PREGUNTA
NO. 63 DEL EXAMEN DE LA CONVOCATORIA 27. SE
DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA
POR EL INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
SUBSIDIARIEDAD.
Síntesis del caso: el demandante indicó que se vulneraron sus derechos fundamentales por
cuanto las autoridades demandadas expidieron un acto administrativo que alteró el
contenido gramatical de la opción de respuesta de la pregunta no. 63, relacionada con el
caso de la desestimación de la declaración como prueba de confesión, pues descartó la
opción B como correcta.
La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentado por el señor
Nagil Enrique Yarala Díaz en contra de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y de la Universidad Nacional de
Colombia para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales del
debido proceso, defensa y acceso a cargos públicos por concurso de méritos,
consagrados en los artículos 29 y 13 de la Carta Política1.
1 El proyecto inicial presentado por el despacho del Dr. Martín Bermúdez fue derrotado por la posición
mayoritaria en Sala del 13 de febrero de 2023 y el expediente ingresó para fallo al despacho del
suscrito magistrado ponente el 1 de marzo.
2
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00215-00
Demandante: Nagil Enrique Yarala Díaz
Acción de tutela
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Mediante escrito radicado el 18 de enero de 2023 el señor Nagil Enrique Yarala Díaz
presentó acción de tutela en contra de las autoridades referidas, con el fin de que
se protegieran los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados,
presuntamente vulnerados con ocasión de los actos administrativos que resolvieron
el recurso de reposición que presentó en contra de la resolución mediante la cual
se publicaron los resultados del concurso de méritos.
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) De conformidad con la Convocatoria no. 27 prevista en el Acuerdo PCSJA18-
11077 del 16 de agosto del 2018, emitido por el Consejo Superior de la Judicatura
para proveer de manera definitiva los cargos vacantes de Jueces y Magistrados, se
inscribió para el cargo de Juez Promiscuo de Familia.
2) El 24 de julio de 2022 presentó el examen de clasificación, el cual no aprobó pues
obtuvo 799,15 puntos, según lo consignado en la Resolución no. CJR22-0351 del 1
de septiembre de 2022, a través de la cual se publicaron los resultados del concurso
de méritos.
3) Inconforme con lo anterior, presentó recurso de reposición, en el cual solicitó la
recalificación de la pregunta no. 63 del componente de conocimientos específicos,
pues contenía dos respuestas correctas por disposición legal.
4) Mediante la Resolución CJR23-0043 del 16 de enero de 2023, la Unidad de
Carrera Judicial resolvió los recursos interpuestos por los concursantes de la prueba
para Juez Promiscuo de Familia y dispuso, sobre la pregunta no. 63, que se acertó
al descartar la opción B como correcta, pues no resolvía de manera adecuada el
enunciado, para lo cual se anexó un documento de la Universidad Nacional de
Colombia en el que indica la pertinencia de las respuestas objetadas por los
recurrentes.
3
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00215-00
Demandante: Nagil Enrique Yarala Díaz
Acción de tutela
2. El fundamento de la vulneración
El demandante señaló que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos
constitucionales fundamentales, por cuanto expidieron un acto administrativo que
alteró el contenido gramatical de la opción de respuesta de la pregunta no. 63,
relacionada con el caso de la desestimación de la declaración como prueba de
confesión, pues descartó la opción B como correcta.
La respuesta de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura que resolvió los cuestionamientos sobre la pregunta no.
63 formulados en el recurso de reposición que promovió contra la Resolución
CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022 fue vaga, general, abstracta,
descontextualizada e ilógica.
Las autoridades demandadas contestaron que la opción B no podía ser una
respuesta correcta, porque, según el numeral 3 del artículo 191 del Código General
del Proceso, el presupuesto que se citó allí era un requisito de la confesión,
afirmación que de ninguna manera corresponde a la realidad, pues en el examen
no se preguntó por los requisitos que se requieren para que se tenga como válida,
sino sobre los casos en los cuales se debe desestimar la declaración como prueba
de confesión.
Así pues, para descartar la opción B de la pregunta no. 63 se partió de la base de
los requisitos de la confesión contemplados en el artículo 191 del Código General
del Proceso sin advertir que el objeto de la consulta era otro, esto es, establecer
cuándo el funcionario debía desestimar la declaración como prueba de confesión.
En el numeral 3 del artículo 191 del Código General del Proceso lo que se indica es
que para que se tenga como válida la confesión esta debe recaer “sobre hechos
respecto de los cuales la ley NO exija otro medio de prueba”, cuestión distinta a la
formulada en el cuestionario en donde de manera expresa se indicó que “(…) el
funcionario debe DESESTIMAR, la declaración como prueba de CONFESIÓN,
cuando: (…) B). “Recaiga sobre hechos respecto de los cuales el cuerpo legal exija
otro medio de prueba”. C). Verse sobre hechos que produzcan consecuencias
favorables al confesante o adversos a la parte contraria”.
4
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00215-00
Demandante: Nagil Enrique Yarala Díaz
Acción de tutela
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las
siguientes súplicas:
“Tutelar los derechos fundamentales DEBIDO PROCESO
ADMINISTRATIVO, DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN,
ACCESO A CARGOS PÚBLICOS POR CONCURSO DE MÉRITOS, VÍA
DE HECHO ADMINISTRATIVO y demás que considere el honorable
consejero.
Ordenar a las Entidades accionadas UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL –
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIVERSIDAD
NACIONAL que procedan a tener en cuenta y evaluar la pregunta 63 en
su respuesta opción B del cuadernillo de preguntas y respuestas de la
prueba para juez promiscuo de familia, escogida por el concursante
NAGIL ENRIQUE YARALA DIAZ; y siendo la respuesta correcta en su
verdadera forma gramatical, sumar al puntaje obtenido por el accionante,
procediendo a emitir un nuevo acto administrativo en el que se incluya el
resultado final de esta evaluación y calificación del accionante NAGIL
ENRIQUE YARALA DIAZ.
Ordenar a las Entidades accionadas UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL –
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIVERSIDAD
NACIONAL entregar al accionante copia o imagen digital de la (sic)
respuestas de la pregunta 63 del cuadernillo de preguntas y respuestas
de la prueba para JUEZ PROMISCUO DE FAMILIA.
Subsidiariamente solicito al honorable consejero adoptar la medida de
protección constitucional que en su sabiduría se ajuste al caso en
concreto del concursante NAGIL ENRIQUE YARALA DÍAZ con el fin de
continuar en el proceso.”. (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI).
4. Actuación procesal
Mediante auto de 25 de enero de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial, a la Universidad Nacional de Colombia y a todos los participantes del
concurso de méritos realizado en el marco de la Convocatoria 27, con el fin de que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción
Mediante auto del 27 de febrero de 2023 se remitió la acción de tutela a este
despacho en consideración a que el proyecto de fallo presentado por el magistrado
Martín Bermúdez Muñoz fue derrotado por la posición mayoritaria.
5
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00215-00
Demandante: Nagil Enrique Yarala Díaz
Acción de tutela
5. Actuación de las autoridades demandadas
La Unidad Administrativa de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
adujo que se debía negar el amparo invocado, pues la objeción presentada por el
demandante en el recurso de reposición, relacionada con la indebida justificación
del literal B de la pregunta 63, fue atendida mediante la Resolución no. CJR23-0043
de 16 de enero de 2023, por medio de la cual se resolvieron todos los recursos de
reposición presentados por los concursantes.
Sostuvo que, junto con la mencionada resolución, se anexó un documento
proveniente de la Universidad Nacional de Colombia en el que se justificaron cada
una de las preguntas objetadas por los recurrentes y se explicó por qué cada
pregunta tenía únicamente una sola respuesta, por lo que la acción es improcedente
puesto que existe otro mecanismo de defensa judicial idóneo.
La Universidad Nacional de Colombia afirmó que se debía declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado, pues mediante la Resolución no. CJR23-0043
de 16 de enero de 2023 se abordaron y atendieron los diferentes cuestionamientos
planteados por el demandante.
De igual manera, solicitó declarar la improcedencia de la acción por no demostrar
la existencia de un perjuicio irremediable y por no satisfacer el requisito de
subsidiariedad, pues el demandante cuenta con otro mecanismo judicial para
demandar los actos administrativos que lo excluyeron del concurso de méritos.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
6
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00215-00
Demandante: Nagil Enrique Yarala Díaz
Acción de tutela
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
constitucionales fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía
constitucional al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial y a la Universidad Nacional de Colombia con el fin de que se
protejan los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, defensa
y acceso a cargos públicos por concurso de méritos, presuntamente vulnerados con
la expedición de un acto administrativo que alteró el contenido gramatical de la
opción de respuesta de la pregunta no. 63, relacionada con el caso de la
desestimación de la declaración como prueba de confesión, pues descartó la opción
B como correcta.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, por las razones que procederán a exponerse:
1) El demandante indicó que la respuesta brindada por las autoridades
demandadas, respecto de los cuestionamientos formulados frente a la pregunta no.
63, no se encuentra acorde con la realidad y el ordenamiento jurídico, porque para
sustentar que la opción B no era la correcta se limitaron a indicar que ese
presupuesto enunciado (“recaiga sobre hechos respecto de los cuales el cuerpo
legal exija otro medio de prueba”) era un requisito de la confesión establecido en el
7
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00215-00
Demandante: Nagil Enrique Yarala Díaz
Acción de tutela
numeral 3 del artículo 191 del Código General del Proceso, sin advertir que la norma
establece lo contrario, es decir, que la confesión requiere “que recaiga sobre hechos
respecto de los cuales la ley NO exija otro medio de prueba”.
2) El objeto del numeral 63 del examen no era identificar los requisitos de la
confesión, sino cuáles eran los presupuestos en los que se debía desestimar la
declaración como prueba de confesión, por lo que el numeral 3 del artículo 191 del
Código General del Proceso no podía ser usado como sustento de la respuesta a
las inconformidades formuladas.
3) Así las cosas, la Sala observa que el demandante lo que está cuestionando a
través de la acción de tutela es el contenido de la respuesta que le brindó la Unidad
de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a
través de la Resolución no. CJR23-0043 de 16 de enero de 2023, en la que se
indicó, frente a la pregunta no. 63, que la opción B no resolvía de manera adecuada
el enunciado y, por ende, no podía ser la correcta.
4) En efecto, de la revisión de los documentos allegados al expediente, se advierte
que en el anexo 2 de la Resolución no. CJR23-0043 de 16 de enero de 2023 la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
se pronunció de fondo acerca de la inconformidad formulada por el demandante en
el sentido de indicar que no era posible tener cómo válida la opción B de la pregunta
no. 63, fundamentos que no eran favorables a su pretensión.
5) En esa medida, la Sala encuentra que si lo que pretende el demandante es
atacar el contenido de la respuesta brindada frente a los reparos formulados contra
una de las preguntas del examen del concurso de méritos para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial, la acción de tutela es improcedente en
los términos previstos por el ordinal 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, en
razón a que, a pesar de que se invoca la vulneración de derechos fundamentales,
la parte demandante no agotó todos los medios de defensa judicial que tenía a su
alcance y tampoco se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que
imponga la imperiosa necesidad de que el juez constitucional intervenga y adopte
medidas urgentes, improrrogables y suficientes en aras de evitar su inminente
materialización o mitigarlo.
8
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00215-00
Demandante: Nagil Enrique Yarala Díaz
Acción de tutela
6) La Resolución no. CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022, por medio de la
cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos
correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de
funcionarios de la Rama Judicial, entre ellos, el Juez Promiscuo de Familia, y la
Resolución CJR23-0043 del 16 de enero de 2023, por medio de la cual se resolvieron
los recursos de reposición contra la primera resolución, dan cuenta de que el
demandante no aprobó el examen de aptitudes y conocimiento, pues obtuvo un
puntaje de 799,15 puntos y la prueba se superaba con 800 puntos.
7) Así pues, como las mencionadas resoluciones le impidieron al demandante
seguir participando en el concurso de méritos, por no haber superado la primera
fase del proceso de selección, estas constituyen actos administrativos definitivos2
pues definieron su situación jurídica particular, por lo que son susceptibles de ser
demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
8) Se pone de presente que en el caso particular no se está frente a meros actos
de trámite proferidos en el marco de un proceso de selección, frente a los cuales la
Corte Constitucional excepcionalmente ha avalado la procedencia de la acción de
tutela3, sino que se trata de manifestaciones de la voluntad de la administración que,
para el caso concreto, definieron la situación jurídica del actor, pues dispusieron su
exclusión del concurso de méritos.
9) Asimismo, para la Sala no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que torne procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues, a partir
del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el demandante se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables, improrrogables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales, más aún cuando no allegó prueba siquiera sumaria que
permitiera establecer su configuración.
10) Además, la Sala advierte que si el demandante en realidad considera que
2 Artículo 43 del CPACA. Actos definitivos. <<Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente
el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación>> (se destaca).
3 Sobre el particular consultar la sentencia SU 617 de 5 de septiembre de 2013, M.P. Nilson Pinilla
Pinilla.
9
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00215-00
Demandante: Nagil Enrique Yarala Díaz
Acción de tutela
dichos actos administrativos le causaron un perjuicio grave y ostensible junto con la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho puede solicitar el decreto de la
medida cautelar de suspensión provisional con carácter de urgencia en los términos
del artículo 234 de la Ley 1437 de 20114, medida que sí es un medio de defensa
ágil y efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar, de manera provisional, el
objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.
11) En ese orden de ideas, no le es dado al juez de tutela pronunciarse sobre el
fondo del asunto ni siquiera con miras a adoptar un amparo transitorio, pues el
interesado cuenta con medios de defensas judiciales efectivos e idóneos que debió
emplear, toda vez que el mecanismo constitucional no es un medio judicial
alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley.
12) Por consiguiente, se declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad respecto de este punto, por las
razones hasta aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito
de subsidiariedad, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4 “ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la solicitud
y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida
cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es
posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos
a que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de
la caución señalada en el auto que la decrete.”.
10
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00215-00
Demandante: Nagil Enrique Yarala Díaz
Acción de tutela
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.