Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06244-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06244-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06244-02
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
3 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 3 de junio de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06244-02
Demandante: Cristian Camilo Franco Bonfante
Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA |
Subsidiariedad – confirma
Síntesis del caso: La parte actora presentó acción de tutela para que, en amparo de sus
derechos fundamentales, la parte accionada dispusiera su inclusión definitiva o transitoria
en la subfase especializada del curso-concurso de la Convocatoria 27, luego de tener
como acertadas ciertas preguntas de la evaluación de la subfase general.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 23 de
enero de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud
de amparo por no superar el requisito de subsidiariedad2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación. 1.3 Trámite en segunda instancia.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 18 de noviembre de 2024, Cristian Camilo Franco Bonfante presentó
una acción de tutela en contra de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
(EJRLB) y la Unión Temporal Formación Judicial 2019, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a cargos públicos y de los principios de confianza legítima y buena fe, con
ocasión de su exclusión de la subfase especializada del IX Curso de
Formación Judicial Inicial de la Convocatoria No. 27, para la provisión de
cargos de funcionarios de la Rama Judicial, tras no obtener una calificación
aprobatoria de la subfase general.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el
Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Cristian Camilo Franco Bonfante, en
contra del Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unión Temporal IX Curso
de Formación Judicial 2019, por las razones expuestas en esta providencia.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06244-02
Demandante: Cristian Camilo Franco Bonfante
Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, la confianza legitima,
la buena fe y el acceso a cargos públicos, vulnerados por la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla” y, en consecuencia, ORDENAR a la accionada que en un
término improrrogable de 48 horas:
-EXPIDA un acto administrativo en el que: i) reconozca como acertadas las
respuestas que di a las preguntas referidas en los argumentos séptimo y octavo
de la presente acción ii) DISPONGA mi inclusión definitiva o transitoria en la
subfase especializada del curso concurso de formación judicial (IX curso de
formación judicial).
Subsidiariamente y en el evento de no considerase la anterior orden, pido que
se DISPONGA mi inclusión provisional en la subfase especializada del curso
concurso de formación judicial (IX curso de formación judicial), hasta que un
juez ordinario resuelva la demanda que, en ese evento, presentaré contra los
resultados de la subfase general del mencionado curso de formación judicial.
Para ello, pido tener en cuenta las misma razones que expuse frente a la medida
provisional solicitada, pues lo pedido no resulta oneroso para la autoridad
accionada, dado que ya tiene contratada la subfase especializada para la
totalidad de los dicentes que iniciamos la subfase general; es decir, incluirme
provisionalmente en la subfase especializada, no implica para la accionada
realizar una contratación diferente a la existente ni un desembolso o afectación
presupuestal distinto a lo ya previsto.
Además, si mis reclamos se llegaren a descartar en un eventual proceso
ordinario, la autoridad accionada no vería afectado su patrimonio por lo aquí
pedido; situación que no ocurriría si mis reclamos son aceptados —como estoy
convencido que son— y para ese momento no he realizado la subfase
especializada, pues me causaría un perjuicio, dada la posición desigual y
desventajosa en la que quedaría frente a los concursantes que inician dicha
subfase el próximo 16/11/2024, dadas las consecuencia que ello trae frente a la
conformación del registro de elegibles. Téngase en cuenta que, la subfase
especializada será evaluada a más tardar el 30 de julio de 2025, término que,
conforme a las reglas de la experiencia es muy inferior al de duración razonada
del proceso ordinario que instauraría si no se accede a mi pretensión principal.3”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
extraen los siguientes:
4. 1) Mediante el Acuerdo PCSJA18-1107 de 16 de agosto de 2018, el
Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el concurso de méritos para
la provisión de cargos de jueces y magistrados de la Rama Judicial
(Convocatoria No. 27), en el cual Cristian Camilo Franco Bonfante se
inscribió al cargo de juez promiscuo.
5. 2) A través del Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019 se regló el IX Curso de
Formación Judicial Inicial. Los resultados de las evaluaciones aplicadas en la
subfase general fueron publicados en la Resolución No. EJR24-298 de 21 de
junio de 2024, en la cual el accionante obtuvo un puntaje final de 781,280
(reprobado).
3 Páginas 29 y 30 del escrito de tutela que obra en el índice 2 de SAMAI de la primera instancia
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Demandante: Cristian Camilo Franco Bonfante
Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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6. 3) Cristian Camilo Franco Bonfante presentó recurso de reposición
contra el acto administrativo anterior4 y la EJRLB, por medio de la Resolución
No. EJR24-1609 de 7 de noviembre de 2024, decidió reponerlo parcialmente,
en el sentido de ajustar la calificación de la evaluación de la subfase
general a 795 (reprobado tras realizar una recalificación del componente
evaluativo y determinar que el puntaje total en la subfase general era de
794.61, respecto del cual se aplicó regla de aproximación.
7. Como fundamento de la vulneración, hizo alusión a las preguntas 40,
42, 47 y 83 para indicar que, la EJRLB ejecutó el IX Curso de Formación
Judicial Inicial en contra de lo fijado en el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de
septiembre de 2019, el documento maestro del IX Curso de Formación
Judicial y el Plan de formación de la Rama Judicial 2022 porque aplicaron
arbitrariamente la forma de calificar u otorgar puntajes a preguntas mal
elaboradas o con errores en la evaluación de la fase general
8. Hizo alusión a la pregunta 79, para indicar que en las opciones de
respuesta había palabras (criterio y parámetro) que, en la práctica judicial
y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional se usan sin distingo, de
manera que elegir una u otra no variaban el sentido y comprensión del texto
y, por ende, se debía aceptar como doble clave y tener como correctas,
sin embargo, no se evaluó eso sino la capacidad de memorizar.
9. Expuso que lo anterior desconoció la garantía de ser evaluado de
forma transparente y trasgredió las legítimas expectativas de seguir en las
fases subsiguientes de la convocatoria, concretamente, la subfase
especializada que empieza el 16 de noviembre de 2024., con lo cual se le
causaba un perjuicio
10. También manifestó que la EJRLB no se pronunció frente a la totalidad
de argumentos presentados en el recurso de reposición que formuló.
4 En el cual reprochó: 1) el desconocimiento al derecho a la igualdad por tener menor tiempo para presentar la
prueba en modalidad virtual, es decir, inconsistencias técnicas 2) el incumplimiento de los acuerdos y documentos
soporte del desarrollo del IX Curso de Formación Judicial Inicial, 3) ausencia de criterios psicométricos, lingüísticos,
técnicos y jurídicos en la elaboración de la prueba, 4) la aplicación de preguntas memorísticas, 5) la metodología
de la calificación y el no tener en cuenta los syllabus en la evaluación, 6) la metodología de la evaluación, 7) el
sistema de evaluación del acuerdo pedagógico, entre otros. Por lo anterior, solicitó: Syllabus de cada programa,
el registro audiovisual individual de las jornadas de presentación de las pruebas para corroborar que las respuestas
marcadas correspondan con las respuestas que dice la Escuela Judicial que marqué, ya que la evaluación virtual
no genera garantías sobre si la parte de respuestas corresponden con las verdaderamente seleccionadas o el
sistema las cambió aleatoriamente de tal manera que sirva para subsanar el proceso de exhibición de una
evaluación virtual y el anexo técnico de planeación del diseño de las pruebas que indique los aspectos
psicométricos a considerar como número de ítems construidos, el nivel cognitivo de cada ítem construido, el nivel
de dificultad de cada ítem, justificación de la medición de la competencia en términos de relevancia y pertinencia
temática, justificación de la clave de respuesta y de los distractores, y demás aspectos proyectados en la
planeación de la prueba, que, en caso de no tener nada de lo anterior, certificaran dicho hecho.
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Demandante: Cristian Camilo Franco Bonfante
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
11. En Sentencia de 23 de enero de 20255, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la tutela por no
superar el requisito de subsidiariedad.
12. Para tal efecto, indicó que la motivación de la solicitud de amparo
era discutir la legalidad de las resoluciones proferidas con ocasión del curso-
concurso. Aunado a lo anterior, precisó que el señor Franco Bonfante podía
acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por
ser este el mecanismo idóneo y eficaz para que se dejara sin efectos los
actos administrativos enjuiciados.
13. Advirtió que, la solicitud de amparo tampoco era procedente como
mecanismo transitorio, habida cuenta de que, los argumentos planteados
por el accionante en el escrito de tutela hicieron referencia a expectativas
respecto de su continuidad en el concurso de méritos, lo cual no brindaba
certeza sobre la titularidad del derecho subjetivo de ocupar el cargo al cual
aspiraba, en consecuencia, no era posible inferir que los actos
administrativos enjuiciados ocasionaran un perjuicio irremediable para el
accionante.
14. La parte actora impugnó6 la anterior decisión. Expuso que, la
sentencia de primera instancia fue proferida de manera extemporánea, (se
trascribe) “luego de transcurridos 112 días, es decir, más de once veces el
tiempo que al juez de tutela le asigna el artículo 29 del Decreto 2591 de
1991”. Agregó que, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho no tenía vocación de prosperar toda vez que, se podía alegar su
caducidad, situación que solo perpetuaba la vulneración de sus derechos
fundamentales de manera irremediable.
15. A su vez, reiteró que, al no haberse estudiado de fondo el asunto
objeto de debate de la acción de tutela de la referencia, no se advirtió que
la EJRLB no atendió al Plan Maestro para el desarrollo del curso-concurso, así
como tampoco respondió de manera coherente los reparos planteados en
el recurso de reposición presentado por el accionante, en contra de la
resolución No. EJR24-298 de 21 de junio de 2024.
1.3. Trámite en segunda instancia
16. Dado el impedimento que manifestó el magistrado Fredy Ibarra
Martínez el 5 de mayo de 2025, el ponente de esta decisión, en Auto de 12
5 Índice 27 en el aplicativo SAMAI dentro de la acción de tutela de primera instancia No. 2024-06244-00.
6 Índice 31 en el aplicativo SAMAI dentro de la acción de tutela de primera instancia No. 2024-06244-00.
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Decisión: Confirma improcedencia
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de mayo de 2025, lo declaró fundado7 y, en consecuencia, ordenó a la
Secretaría General de esta Corporación el sorteo de 2 conjueces para
integrar la Sala de Decisión en la acción de tutela de la referencia. Dicha
diligencia se llevó a cabo el 14 de mayo siguiente y, en ella, resultaron
designados los consejeros Nicolás Yepes Corrales y Adriana Polidura Castillo.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Fijación de la controversia 2.2 Procedencia de la acción de tutela. 2.3.
Conclusión
2.1. Fijación de la controversia
17. Le corresponde a la Sala verificar si la presente acción de tutela
satisfizo, o no, el requisito de subsidiariedad. En el evento en el que la
respuesta a este interrogante sea afirmativa, se procederá a establecer, una
vez verificados los demás requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, si la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla vulneró los
derechos fundamentales del accionante. Como consecuencia de lo
anterior, se confirmará, modificará o revocará la decisión de primer grado.
2.2 Procedencia de la acción de tutela
18. La Sala confirmará la sentencia impugnada, en vista de que el
accionante pretende que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla de por
acertadas ciertas preguntas8 de la evaluación de la subfase general del IX
Curso de Formación Judicial Inicial de la Convocatoria 27, respecto de la
cual exteriorizó varios reparos frente a la calificación contenida en la
Resolución No. EJR24-298 de 21 de junio de 2024, y, con ello, lo incluya
definitiva o provisionalmente en la subfase especializada, la Sala considera,
al igual que el juez de tutela de primera instancia, que no se satisface el
requisito de subsidiariedad9, habida cuenta de que: 1) existe otro medio de
control idóneo y eficaz para que el accionante cuestione la Resolución
EJR24-298 de 21 de junio de 2024, y la No. EJR24-1609 de 7 de noviembre de
2024 que resolvió el recurso de reposición formulado en contra de la primera,
y 2) no se acreditó un perjuicio irremediable que hiciere procedente la tutela
como mecanismo transitorio.
19. 1) Para la Sala, la Resolución No. EJR24-298 de 21 de junio de 2024 y la
No. EJR24-1609 de 7 de noviembre de 2024 que resolvió el recurso de
7 Tras encontrar configurada la causal de impedimento invocada y contemplada en el numeral 1 del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal.
8 Además de la 79 enunciada indicó las 31, 40, 42, 47, 83, 84, así como las enjuiciadas en el recurso de reposición
contra la Resolución No. EJR24-298 de 21 de junio de 2024: 1, 2, 3, 8, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 24, 28, 30, 34, 35, 37, 38,
39, 41, 44, 50, 54, 68, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80 y, 81
9 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86 constitucional, señaló que la tutela resulta
improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06244-02
Demandante: Cristian Camilo Franco Bonfante
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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reposición presentado por el señor Franco Bonfante, constituyen actos
administrativos susceptibles de ser demandados ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho10, por estar ante manifestaciones de la
voluntad de la administración que, para el caso concreto, definen la
situación jurídica del actor en el concurso de méritos.
20. Sumado a lo anterior, y en virtud de los reparos del accionante, la Sala
considera que, en el presente caso, no se está ante ninguna de las
excepciones a la regla general de improcedencia de la acción de tutela
en el campo de los concursos de méritos, fijadas en la Sentencia SU-67 de
2022 de la Corte Constitucional11, comoquiera que: a) como se indicó
anteriormente, existe un mecanismo judicial que permite demandar la
Resolución No. EJR24-298 de 21 de junio de 2024 y la que resolvió el recurso
de reposición contra aquella, dada la inconformidad del accionante con el
puntaje que obtuvo en la subfase general del curso-concurso y, con ello, la
pretensión de obtener la protección de sus derechos fundamentales , b) no
se configuró un perjuicio irremediable, como enseguida se desarrollará, y c)
no se planteó un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo, comoquiera que las pretensiones del
accionante se dirigen a determinar la legalidad de los actos administrativos
expedidos en desarrollo de la convocatoria.
21. 2) Para la Sala no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que torne procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio, pues, a partir del análisis del acervo probatorio no es posible
establecer que el demandante se encuentre en una situación de debilidad
manifiesta que implique adoptar medidas urgentes, impostergables,
improrrogables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.
22. Si bien, el accionante invocó que el perjuicio se concretaba en la
imposibilidad de cursar la fase especializada del curso de formación judicial
que iniciaba el 16 de noviembre de 2024, lo cierto es que, tal consecuencia
derivó del resultado que él obtuvo en la evaluación de la subfase general,
que se publicó en la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024, y con el
cual no superó la aludida etapa. De manera que al juez de tutela no le
10 Esta Sala ha reiterado esa posición en Sentencias de tutela de 24 de abril de 2023, radicado No. 11001-03-15-
000-2023-00215-00, radicado No. 11001-03-15-000-2023-00316-01; 8 de mayo de 2023, radicado No. 11001-03-15-
000-2023-00326-01; 13 de junio de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-02385-00; y 25 de octubre de 2024,
radicado No. 11001-03-15-000-2024-04444-00, 16 de diciembre de 2024, radicado No. 11001-03-15-000-2024-06479-
00, 7 de febrero de 2025, radicados No. 11001-03-15-000-2024-06255-00 - 11001-03-15-000-2024-06228-00 y, 14 de
febrero de 2025, radicado No. 11001-03-15-000-2024-6861-00.
11 Ver párrafo 96 de esa providencia. (se trascribe) “(…) la jurisprudencia constitucional ha instaurado tres
excepciones a la regla general de improcedencia de la acción de tutela, en el campo específico de los concursos
de mérito. Los actos administrativos que se dicten en el curso de estas actuaciones administrativas podrán ser
demandados por esta vía cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un mecanismo
judicial que permita demandar la protección del derecho fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio
irremediable y iii) planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de competencias del juez
administrativo. “
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06244-02
Demandante: Cristian Camilo Franco Bonfante
Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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corresponde cuestionar la legalidad de dicha actuación administrativa
surtida en el aludido concurso de méritos.
23. Además, la Sala advierte que, si el accionante, en realidad, considera
que dichos actos administrativos le causaron un perjuicio irremediable, con
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho puede solicitar el
decreto de medidas cautelares12, incluso, con carácter de urgencia13.
24. Por lo expuesto, no le es dado al juez de tutela pronunciarse sobre el
fondo del asunto ni siquiera con miras a adoptar un amparo transitorio, toda
vez que el mecanismo constitucional no es un medio judicial alternativo,
adicional o complementario de los establecidos por la ley.
2.3 Conclusión
25. Para la Sala, existen razones suficientes para tener por no cumplido el
requisito de subsidiariedad y, en consecuencia, se abstendrá de estudiar los
demás requisitos y confirmará la decisión de tutela de primera instancia que
declaró la improcedencia de la acción de tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 23 de enero de 2025, por medio de
la cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
declaró improcedente la solicitud de amparo promovida por Cristian Camilo
Franco Bonfante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
12 “ARTÍCULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos declarativos que se adelanten
ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso,
a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto
del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo”.
13 “ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos
los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el
artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá
comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en el auto que la
decrete.”.
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Demandante: Cristian Camilo Franco Bonfante
Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otros
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Decisión: Confirma improcedencia
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solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin14.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Firmado electrónicamente
14 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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