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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00316-01

Fecha
24 de abril de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
19 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00316-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Modifíquese la sentencia de primera instancia que negó el amparo pretendido. En su lugar: 1°) Confírmase su numeral primero que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado frente a los planteamientos presentados en contra de las preguntas 100, 129 y 130 del componente de conocimientos específicos, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) Declárase improcedente el amparo por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad respecto de los reparos formulados en contra de la pregunta no. 63. 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00316-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

24 de abril de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00316-01
Demandante: PABLO ALEJANDRO ZÚÑIGA RECALDE
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA. SE
CONTROVIERTEN ACTOS EXPEDIDOS EN EL
CONCURSO DE MÉRITOS DE JUECES Y MAGISTRADOS.
SE ANALIZA LA SUPUESTA OMISIÓN EN DAR
RESPUESTA A UNOS REPAROS PLANTEADOS EN
RELACIÓN CON TRES PREGUNTAS DEL EXAMEN, ASÍ
COMO LA INCONFORMIDAD FRENTE A LA RESPUESTA
EMITIDA EN CUANTO A LA PREGUNTA NO. 63. SE
MODIFICA EL FALLO, SE CONFIRMA EL NUMERAL
PRIMERO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
QUE DECLARÓ LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO FRENTE A LO PRIMERO Y SE
REVOCA EL NUMERAL SEGUNDO DE LA DECISIÓN QUE
NEGÓ EL AMPARO INVOCADO RESPECTO DE LA
PREGUNTA NO. 63 Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA
IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR EL
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD.

Síntesis del caso: el demandante cuestionó que no le fueron contestados algunos reparos que
planteó en el recurso de reposición presentado en contra de la Resolución no. CJR22-0351
de 2022 proferida en el marco de la Convocatoria no. 27 para el cargo de juez promiscuo
municipal, al tiempo que se opuso a la respuesta que le brindaron a sus inconformidades
frente a la pregunta 63 relacionada con la desestimación de la declaración como prueba de
confesión.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 23 de febrero de 2023 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante la cual se dispuso:

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00316-01
Demandante: Pablo Alejandro Zúñiga Recalde
Acción de tutela – Impugnación fallo

“PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por hecho
superado respecto de las preguntas 100, 129 y 130 de la presente acción de
tutela, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de amparo, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI- negrillas y mayúsculas del original).

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 24 de enero de 2023, el señor Pablo Alejandro Zúñiga Recalde presentó acción de
tutela en contra de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura y de la Universidad Nacional de Colombia con el fin de que se protegiera
su derecho constitucional fundamental de petición y, por tanto, se accediera a las
siguientes súplicas:

“PRIMERO: SOLICITO respetuosamente tutelar los derechos fundamentales
de petición y se ORDENE a la UNIVERSIDAD NACIONAL y el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA –Unidad de Administración de Carrera
Judicial– dejar sin efectos la RESOLUCIÓN No. CJR23-0042 (16 de enero de
2023) emitida por la Unidad de Carrera Judicial, para que en el término de 48
horas siguientes a la notificación de la sentencia de tutela, respondan de fondo,
de manera concreta y particular los reparos que se plantearon en el recurso de
reposición del 20 de septiembre de 2022, ampliados el 11 de noviembre de
2022, en contra de la Resolución No. CJR22-0351 de 01 de septiembre de 2022,
que publica los resultados de los concursantes, específicamente respecto de la
pregunta No. 063, referente al caso de la “desestimación de la declaración
como prueba de confesión” y que dicha respuesta me sea notificada a los
correos alejo931@hotmail.es pabloalejandrozunigarecalde@gmail.com
pzunigar@cendoj.ramajudicial.gov.co

SEGUNDO: Por ser tan evidente y flagrante la vulneración al derecho de
petición, también solicito respetuosamente que se ordene a la UNIVERSIDAD
NACIONAL y al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –Unidad de
Administración de Carrera Judicial, responder que además de la opción C,
también es válida como respuesta la opción B a la pregunta No. 63 del caso
de la “desestimación de la declaración como prueba de confesión”, al
momento de emitir la respuesta de fondo al recurso de reposición del 20 de
septiembre de 2022, ampliados el 11 de noviembre de 2022, en contra de la
Resolución No. CJR22-0351 de 01 de septiembre de 2022. Ello ante la negativa
reiterada de la accionada en cambiar o modificar sus argumentos que para nada
se ajustan a los preceptos legales que objetivamente trata el artículo 191 del
CGP.

TERCERO: SOLICITO respetuosamente tutelar los derechos fundamentales de
petición y se ORDENE a la UNIVERSIDAD NACIONAL y el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA –Unidad de Administración de Carrera
Judicial– dejar sin efectos la RESOLUCIÓN No. CJR23-0042 (16 de enero de

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00316-01
Demandante: Pablo Alejandro Zúñiga Recalde
Acción de tutela – Impugnación fallo

2023) emitida por la Unidad de Carrera Judicial, para que en el término de 48
horas siguientes a la notificación de la sentencia de tutela, respondan de fondo,
de manera concreta y particular los reparos que se plantearon en el recurso de
reposición del 20 de septiembre de 2022, ampliados el 11 de noviembre de
2022, en contra de la Resolución No. CJR22-0351 de 01 de septiembre de 2022,
que publica los resultados de los concursantes, específicamente respecto de
las preguntas Nos. 100, 129 y 130 y que dicha respuesta me sea notificada a
los correos alejo931@hotmail.es pabloalejandrozunigarecalde@gmail.com
pzunigar@cendoj.ramajudicial.gov.co.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas y mayúsculas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción ejercida, la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:

1) De conformidad con la Convocatoria no. 27 prevista en el Acuerdo PCSJA18-11077
del 16 de agosto del 2018, emitido por el Consejo Superior de la Judicatura para proveer
de manera definitiva los cargos vacantes de jueces y magistrados, se inscribió para el
cargo de juez promiscuo municipal.

2) El 24 de julio de 2022 presentó el examen de clasificación, el cual no aprobó pues
obtuvo 798.22 puntos, según lo consignado en la Resolución no. CJR22-0351 del 1 de
septiembre de 2022, a través de la cual se publicaron los resultados del concurso de
méritos.

3) Inconforme con lo anterior, el 20 de septiembre del 2022 presentó recurso de
reposición en el cual planteó como argumentos de inconformidad la existencia de
preguntas con varias respuestas correctas y otros ambiguas y sin respuesta, tal como las
consignadas en los numerales 100, 129 y 130 del componente de conocimientos
específicos; además, solicitó la exhibición del cuadernillo, la hoja de respuestas y las
claves del cuestionario.

4) El 11 de noviembre de 2022, amplió los reparos presentados, pues consideró que en
la pregunta no. 63 del cuestionario se presentaban dos opciones válidas de respuesta,
tanto la B como la C, por lo que al haber marcado la primera de ellas significaba que
debía sumársele al puntaje obtenido.

5) Mediante la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023, la Unidad de Carrera
Judicial resolvió el recurso interpuesto y dispuso que no había lugar a revocar la

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Demandante: Pablo Alejandro Zúñiga Recalde
Acción de tutela – Impugnación fallo

resolución mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de
juez promiscuo municipal de la Rama Judicial.

6) A través de la Resolución CJR23-0056 de 2 de febrero de 2023 se adicionó el anterior
acto administrativo, en el sentido de ampliar la respuesta respecto de los puntos
planteados sobre la presunta impertinencia de las preguntas 100, 129 y 130.

7) La Resolución no. CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 y sus anexos fueron
publicados y notificadas a través de la página Web
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-
judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes.

3. El fundamento de la vulneración

La parte actora señaló que las autoridades demandadas omitieron contestar de fondo los
reparos que planteó en el recurso de reposición presentado en contra de la Resolución
no. CJR22-0351 de 2022 respecto de las preguntas 100, 129 y 130 del componente de
conocimientos específicos del examen de la Convocatoria no. 27.

Asimismo, se mostró inconforme con la respuesta que le ofrecieron frente a la pregunta
no. 63 relacionada con la desestimación de la declaración como prueba de confesión.

En su parecer, frente a lo primero las autoridades demandadas no emitieron una
respuesta clara y de fondo en la que explicaran la pertinencia de las preguntas 100, 129
y 130 de la prueba de conocimiento y aptitudes, pues esos asuntos no eran del resorte
de los jueces promiscuos municipales, sino que correspondían a los jueces civiles y
penales del circuito, y para ser tenidas como válidas debían tener relación con el cargo
al cual concursó.

En cuanto a lo segundo, afirmó que la respuesta que dio la Unidad de Administración de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura para resolver los cuestionamientos
sobre la pregunta no. 63 formulados en el recurso de reposición que promovió contra la
Resolución CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022 fue vaga, general, abstracta,
descontextualizada e ilógica.

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Demandante: Pablo Alejandro Zúñiga Recalde
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Las autoridades demandadas contestaron que la opción B no podía ser una respuesta
correcta porque, según el numeral 3 del artículo 191 del Código General del Proceso, el
presupuesto que se citó allí era un requisito de la confesión, afirmación que de ninguna
manera corresponde a la realidad, pues en el examen no se preguntó por los requisitos
que se requieren para que se tenga como válida, sino sobre los casos en los cuales se
debe desestimar la declaración como prueba de confesión.

Así pues, para descartar la opción B de la pregunta no. 63 se partió de la base de los
requisitos de la confesión contemplados en el artículo 191 del Código General del
Proceso, sin advertir que el objeto de la consulta era otro, esto es, establecer cuándo el
funcionario debía desestimar la declaración como prueba de confesión.

En el numeral 3 del artículo 191 del Código General del Proceso lo que se indica es que
para que se tenga como válida la confesión esta debe recaer “sobre hechos respecto de
los cuales la ley NO exija otro medio de prueba”, cuestión distinta a la formulada en el
cuestionario en donde de manera expresa se indicó que “(…) el funcionario debe
DESESTIMAR, la declaración como prueba de CONFESIÓN, cuando: (…) B). “Recaiga
sobre hechos respecto de los cuales el cuerpo legal exija otro medio de prueba”. C).
Verse sobre hechos que produzcan consecuencias favorables al confesante o adversos
a la parte contraria”.

4. Actuación de primer grado

El 27 de enero de 2023 la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la acción de
tutela y ordenó notificar al director de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura, al rector de la Universidad Nacional de Colombia y al
representante del Ministerio Público, con el fin de que allegaran un informe sobre los
hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Sentencia de primera instancia

La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 23 de febrero de 2023 declaró
la carencia actual de objeto superado frente a la supuesta vulneración del derecho
fundamental de petición por la ausencia de una respuesta clara y concreta a los
cuestionamientos hechos sobre las preguntas 100, 129 y 130, y negó el amparo respecto
de la pregunta no. 63.

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Demandante: Pablo Alejandro Zúñiga Recalde
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Indicó que la información suministrada por las autoridades demandadas a través de la
Resolución CJR23-0056 de 2 de febrero de 2023, si bien no fue favorable al peticionario,
constituía una respuesta a los puntos planteados sobre la presunta impertinencia de las
preguntas 100, 129 y 130, por lo que había lugar a declarar la carencia actual de objeto
por hecho superado.

En relación con la pregunta no. 63, sostuvo que no se vulneró el núcleo esencial del
derecho fundamental de petición pues se dio una respuesta clara, congruente y de fondo
a la solicitud a través del Anexo no. 2 de la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de
2023, documento en el que se señaló que la opción B no resolvía de manera adecuada
el enunciado y, por ende, era una respuesta incorrecta, porque lo consignado allí
correspondía a uno de los requisitos de la confesión, establecido en el numeral 3 del
artículo 191 del Código General del Proceso.

6. Impugnación

La parte demandante impugnó el fallo de primera instancia, recurso que fue concedido
en auto de 23 de marzo de 2023.

Reiteró que no se han contestado de fondo los reparos formulados frente a la pregunta
no. 63, relacionados con las dos opciones de respuesta válidas que existían en ese
numeral y que debían tenerse en cuenta al momento de calificar la prueba.

En su hoja de respuestas marcó como válida la opción B que establecía que el funcionario
debía desestimar la declaración como prueba de confesión cuando “recaiga sobre hechos
respecto de los cuales el cuerpo legal exija otro medio de prueba”, lo cual corresponde a
la realidad, pues, por ejemplo, para probar la calidad de propietario la ley exige como
medio de prueba la escritura pública y el certificado de tradición, por lo que el juez está
obligado a desechar la confesión para esos efectos.

Así mismo, el literal C) de la pregunta no. 63 es correcto, por cuanto la confesión no tiene
lugar cuando existen consecuencias favorables al confesante y adversas a la contraparte.

La respuesta brindada no es real, congruente y no existe en el ordenamiento jurídico,
porque para sustentar que la opción B no era la respuesta válida, solo se limitaron a

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indicar que ese presupuesto enunciado (“recaiga sobre hechos respecto de los cuales el
cuerpo legal exija otro medio de prueba”) era un requisito de la confesión establecido en
el numeral 3 del artículo 191 del Código General del Proceso, cuando en realidad esa
norma dice lo contrario, es decir, que la confesión requiere “que recaiga sobre hechos
respecto de los cuales la ley NO exija otro medio de prueba”.

Insistió en que en el numeral 63 del examen no se preguntó por los requisitos de la
confesión, sino cuál era uno de los casos en el que se debía desestimar la declaración
como prueba de confesión, por lo que el numeral 3 del artículo 191 del Código General
del Proceso no podía ser usado como sustento de la respuesta a las inconformidades
formuladas.

Es urgente y necesario que se conceda el amparo, por cuanto solo requiere de una
pregunta para pasar al grupo de aprobados, cuyo puntaje mínimo es de 800.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00316-01
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De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y
a la Universidad Nacional de Colombia con el fin de que se proteja el derecho
constitucional fundamental de petición, presuntamente vulnerado como consecuencia de
la omisión en contestar de fondo los reparos que planteó el demandante en el recurso de
reposición presentado en contra de la Resolución no. CJR22-0351 de 2022 respecto de
las preguntas 100, 129 y 130 del componente de conocimientos específicos del examen
de la Convocatoria no. 27, así como frente a la pregunta no. 63 relacionada con la
desestimación de la declaración como prueba de confesión.

En la sentencia de primera instancia la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
la carencia actual de objeto superado frente a la supuesta vulneración del derecho
fundamental de petición por la ausencia de una respuesta clara y concreta a los
cuestionamientos hechos sobre las preguntas 100, 129 y 130, y negó el amparo respecto
de la pregunta no. 63, porque se expusieron los motivos por los que no era válida la
opción marcada por el demandante.

En el escrito de impugnación el demandante reiteró que no se han contestado de fondo
los reparos formulados frente a la pregunta no. 63, relacionados con las dos opciones de
respuesta válidas que existían en ese numeral y que debían tenerse en cuenta al
momento de calificar la prueba, e insistió en que en ese numeral del examen no se
preguntó por los requisitos de la confesión sino cuál era uno de los casos en el que se
debía desestimar la declaración como prueba de confesión, por lo que el numeral 3 del
artículo 191 del Código General del Proceso no podía ser usado como sustento de la
respuesta a las inconformidades formuladas.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala modificará la decisión
impugnada, pues, por un lado, confirmará el numeral primero de la sentencia de primera
instancia que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado frente a los
planteamientos presentados en contra de las preguntas 100, 129 y 130 del componente

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de conocimientos específicos, y, por el otro, revocará el numeral segundo de la decisión
que negó el amparo invocado respecto de la pregunta no. 63 para, en su lugar, declarar
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad,
por las razones que procederán a exponerse:

1. Sobre las preguntas 100, 129 y 130 del componente de conocimientos
específicos

1.1 El demandante manifestó que mediante la Resolución no. CJR23-0042 del 16 de
enero de 2023 las autoridades demandadas no emitieron ninguna respuesta en la que
explicaran la pertinencia de las preguntas 100, 129 y 130 de la prueba de conocimiento
y aptitudes y porqué consideraban que dichos asuntos eran del resorte de los Jueces
Promiscuos Municipales y no de los Jueces Civiles y Penales del Circuito.

1.2 Revisado el expediente observa la Sala que efectivamente la parte demandante en
el recurso de reposición promovido en contra de la Resolución no. CJR22-0351 de 1 de
septiembre de 2022 efectuó reparos en contra de las preguntas 100, 129 y 130 del
formulario, en el sentido de indicar que estas aludían a asuntos que no eran del ámbito
de competencia de los Jueces Promiscuos Municipales, aspecto que no fue resuelto en
la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023.

1.3 Sin embargo, encontrándose en curso la acción de tutela de la referencia presentada
el 24 de enero de 2023, la autoridad accionada profirió la Resolución no. CJR23-0056 de
2 de febrero del presente año, mediante la cual adicionó la Resolución CJR23-0042 del
16 de enero del año en curso y dispuso, respecto de los reparos presentados frente a las
preguntas 100, 129 y 130 del componente de conocimientos específicos, lo siguiente:

“No obstante lo anterior y en atención a que, respecto de las preguntas 100,
129 y 130 del componente de conocimientos específicos, objetadas por el
concursante PABLO ALEJANDRO ZÚÑIGA RECALDE, identificado con la
cédula de ciudadanía 1.061.747.606, se evidenció que no se dió (sic)
respuesta al argumento relacionado con que para ser tenidas como
válidas, deben corresponder al cargo al cual concursó, es preciso adicionar
la actuación administrativa en este sentido.

Los soportes para resolver las objeciones planteadas respecto de las
preguntas 100, 129 y 130 del componente de conocimientos, fueron
proporcionados por la Universidad Nacional de Colombia, como operador
técnico de la prueba y, en cumplimiento de las obligaciones contractuales en el
marco del contrato 096 de 2018 - convocatoria 27, mediante la comunicación
CI096/CONV27-006-23 de 1 de febrero de 2023; así las cosas, los textos

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suministrados por la Universidad fueron incorporados textualmente y se señalan
entre comillas, así:

“Con respecto a la pregunta 100 la justificación literalmente establece que
busca auscultar "...una articulación entre el uso de los métodos de
interpretación y la integración de la ley" de "...vital importancia para el juez
en su praxis judicial".

Con respecto a la pregunta 129, la pregunta es pertinente porque indaga
sobre el conocimiento del operador jurídico con respecto a la conversión de
la acción penal, literalmente explica que "es necesario que los operadores
judiciales reconozcan los casos en los que procede o no la conversión de la
acción penal para evitar que se configuren nulidades que podría viciar el
procedimiento...", cuestión que es de básico conocimiento del juez,
independientemente de si la cuantía mencionada no fuera mínima. La
pregunta está orientada a aspectos transversales del área previamente
informada a los aspirantes, así́como (sic) con base en la estructuración de la
prueba que tiene su origen en el anexo técnico del contrato 096.

En el mismo sentido va orientada la pregunta 130, cuya justificación está
también contemplada dentro del ANEXO 2 de marras, pues su pertinencia
radica en que "... evalúa que el aspirante conozca las reglas específicas que
aplican a la conciliación en el trámite del procedimiento penal abreviado y
que pueda aplicarlas en un caso concreto".

Se trata entonces de asuntos que hacen parte de las áreas específicas
del conocimiento del cargo y que debe conocer cualquier aspirante que
pretenda ser Juez Promiscuo Municipal de nuestra república.”. (archivo
disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas de la
Sala y mayúsculas del original).

1.4 De conformidad con lo anterior, para la Sala resulta claro que, tal como lo consideró
el a quo, en el caso concreto se encuentra configurado el fenómeno de la carencia actual
de objeto por tratarse de un hecho superado, ya que, mediante la Resolución no. CJR23-
0056 del 2 de febrero de 2023, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura se pronunció acerca de los reparos efectuados a las
preguntas 100, 129 y 130 del componente de conocimientos específicos correspondiente
al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Promiscuo Municipal de la
Rama Judicial.

1.5 En esa medida, es razonable y se ajustó a los hechos y argumentos expuestos la
decisión de primera instancia, por cuanto es evidente que durante el trámite de la acción
de tutela el Consejo Superior de la Judicatura puso fin a la situación que motivó la
interposición de la demanda, esto es, la falta de pronunciamiento frente a los reparos
presentados por el demandante en relación con algunas de las preguntas del examen, lo
que da lugar a que sea procedente confirmar la declaratoria de hecho superado.

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1.6 De esta manera, como el fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza
principalmente por hacer que la orden impartida por el juez en la sentencia tutela se torne
inocua, resulta intrascendente que este se pronuncie de fondo frente a la amenaza de
derechos fundamentales cuando esta situación ha desaparecido en el transcurso de la
acción de tutela.

1.7 En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado, frente a la presunta falta de respuesta a
las inconformidades esbozadas en contra de las preguntas 100, 129 y 130 del
componente de conocimientos específicos, puesto que con ocasión de la presentación
de la tutela la petición fue efectivamente contestada y notificada al interesado.

2. En relación con la pregunta 63

2.1 El demandante indicó que la respuesta brindada por las autoridades demandadas,
respecto a los cuestionamientos formulados frente a la pregunta no. 63, no se encuentra
acorde con la realidad y el ordenamiento jurídico, porque para sustentar que la opción B
no era la correcta se limitaron a indicar que ese presupuesto enunciado (“recaiga sobre
hechos respecto de los cuales el cuerpo legal exija otro medio de prueba”) era un requisito
de la confesión establecido en el numeral 3 del artículo 191 del Código General del
Proceso, sin advertir que la norma establece lo contrario, es decir, que la confesión
requiere “que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley NO exija otro medio de
prueba”.

2.2 El objeto del numeral 63 del examen no era identificar los requisitos de la confesión,
sino cuáles eran los presupuestos en los cuales se debía desestimar la declaración como
prueba de confesión, por lo que el numeral 3 del artículo 191 del Código General del
Proceso no podía ser usado como sustento de la respuesta a las inconformidades
formuladas.

2.3 Así las cosas, la Sala observa que, si bien el demandante invocó el amparo de su
derecho fundamental de petición presuntamente vulnerado con ocasión de la falta de
pronunciamiento de fondo frente a los reparos que presentó en contra de la pregunta no.
63 del examen del concurso, lo cierto es que lo que en realidad cuestiona a través de la
acción de tutela es el contenido de la respuesta que se le brindó en la Resolución no.
CJR23-0042 de 16 de enero de 2023, en la que se indicó que la opción B no resolvía de

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Acción de tutela – Impugnación fallo

manera adecuada el enunciado y, por ende, no podía ser la correcta.

2.4 En efecto, de la revisión de los documentos allegados al expediente, se advierte que
en el anexo 2 de la Resolución no. CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura se pronunció de
fondo acerca de la inconformidad formulada por el demandante en el sentido de indicar
que no era posible tener cómo válida la opción B de la pregunta no. 63, fundamentos que
no fueron favorables a su pretensión.

2.5 Así las cosas, la Sala encuentra que si lo que pretende el demandante es atacar el
contenido de la respuesta brindada frente a los reparos formulados contra una de las
preguntas del examen del concurso de méritos para la provisión de los cargos de
funcionarios de la Rama Judicial, la acción de tutela es improcedente en los términos
previstos por el ordinal 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, en razón a que, a
pesar de que se invoca la vulneración de derechos fundamentales, la parte demandante
no agotó todos los medios de defensa judicial que tenía a su alcance y tampoco se
demostró la existencia de un perjuicio irremediable que imponga la imperiosa necesidad
de que el juez constitucional intervenga y adopte medidas urgentes, improrrogables y
suficientes en aras de evitar su inminente materialización o mitigarlo.

2.6 La Resolución no. CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022, por medio de la cual se
publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial,
entre ellos, el juez promiscuo municipal, y las Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de
2023 y CJR23-0056 del 2 de febrero de 2023, por medio de las cuales se resolvieron los
recursos de reposición contra la primera resolución, dan cuenta de que el demandante
no aprobó el examen de aptitudes y conocimiento, pues obtuvo un puntaje de 798.22
puntos y la prueba se superaba con 800 puntos.

2.7 Así pues, como las mencionadas resoluciones le impidieron al demandante seguir
participando en el concurso de méritos, por no haber superado la primera fase del
proceso de selección, estas constituyen actos administrativos definitivos 1 pues definieron
su situación jurídica particular, por lo que son susceptibles de ser demandados ante la

1 Artículo 43 del CPACA. Actos definitivos. <<Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo

del asunto o hagan imposible continuar la actuación>> (se destaca).

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00316-01
Demandante: Pablo Alejandro Zúñiga Recalde
Acción de tutela – Impugnación fallo

jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.

2.8 Se pone de presente que en el caso particular no se está frente a meros actos de
trámite proferidos en el marco de un proceso de selección, frente a los cuales la Corte
Constitucional excepcionalmente ha avalado la procedencia de la acción de tutela 2, sino
que se trata de manifestaciones de la voluntad de la administración que, para el caso
concreto, definieron la situación jurídica del actor, pues dispusieron su exclusión del
concurso de méritos.

2.9 Asimismo, para la Sala no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que
torne procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues, a partir del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el demandante se encuentre
en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables, improrrogables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales, más aún cuando no allegó prueba siquiera sumaria que permitiera
establecer su configuración.

2.10 Además, si en realidad considera que dichos actos administrativos le causaron un
perjuicio grave y ostensible junto con la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho puede solicitar el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional con
carácter de urgencia en los términos del artículo 234 de la Ley 1437 de 20113, medida
que sí es un medio de defensa ágil y efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar,
de manera provisional, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

2.11 En ese orden de ideas, no le es dado al juez de tutela pronunciarse sobre el fondo
del asunto ni siquiera con miras a adoptar un amparo transitorio, pues el interesado
cuenta con medios de defensa judiciales efectivos e idóneos que debió emplear, toda vez
que el mecanismo constitucional no es un medio judicial alternativo, adicional o

2 Sobre el particular consultar la sentencia SU 617 de 5 de septiembre de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

3 “ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la solicitud y sin

previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando
cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite
previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la
caución señalada en el auto que la decrete.”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00316-01
Demandante: Pablo Alejandro Zúñiga Recalde
Acción de tutela – Impugnación fallo

complementario de los establecidos por la ley.

2.12 Por consiguiente, se declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad respecto de este punto, por las razones
hasta aquí expuestas.

2.13 En consecuencia, la Sala modificará la decisión impugnada, pues, por un lado,
confirmará el numeral primero de la sentencia de primera instancia que declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado frente a los planteamientos presentados
en contra de las preguntas 100, 129 y 130 del componente de conocimientos específicos,
y, por el otro, revocará el numeral segundo de la decisión que negó el amparo invocado
respecto de la pregunta no. 63 para, en su lugar, declarar improcedente la acción de
tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Modifíquese la sentencia de primera instancia que negó el amparo pretendido. En su
lugar:

1°) Confírmase su numeral primero que declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado frente a los planteamientos presentados en contra de las preguntas 100, 129 y
130 del componente de conocimientos específicos, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

2º) Declárase improcedente el amparo por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad respecto de los reparos formulados en contra de la pregunta no. 63.

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

4º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00316-01
Demandante: Pablo Alejandro Zúñiga Recalde
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5º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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