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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06507-01

Fecha
19 de mayo de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06507-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 6 de febrero de 2025, por medio de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo promovida por Nazly Patricia de Arco Cáceres, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 13 “ARTÍCULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo”. 14 “ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete.” 7 de 8 Radicación: 11001-03-15-000-2024-06507-01 Demandante: Nazly Patricia de Arco Cáceres Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Segunda instancia Decisión: Confirma improcedencia _____________________________________________________________________________________________________________ SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta. TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: ORDENAR a la Secretaría General de la Corporación que proceda a efectuar la respectiva compensación en el reparto a cargo de del despacho ponente, en atención a la presente decisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06507-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

19 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 19 de mayo de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06507-01
Demandante: Nazly Patricia de Arco Cáceres
Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA |
Subsidiariedad – confirma

Síntesis del caso: La parte actora presentó acción de tutela para que, en amparo de sus
derechos fundamentales, la autoridad accionada dispusiera su inclusión definitiva o
transitoria en la subfase especializada del curso-concurso de la Convocatoria 27, luego de
tener como acertadas ciertas preguntas de la evaluación de la subfase general.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 6 de
febrero de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo por no
superar el requisito de subsidiariedad2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación. 1.3. Trámite en segunda instancia.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 27 de noviembre de 2024, Nazly Patricia de Arco Cáceres presentó
una acción de tutela contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (EJRLB),
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a cargos públicos, y de los principios de confianza legítima
y buena fe, con ocasión de su exclusión de la subfase especializada del IX
Curso de Formación Judicial Inicial de la Convocatoria No. 27, para la
provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, tras no obtener una
calificación aprobatoria de la subfase general.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el

Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “Primero. - DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Nazly Patricia de Arco

Cáceres, quien actúa en nombre propio, contra la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, por las razones aquí
expuestas.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06507-01
Demandante: Nazly Patricia de Arco Cáceres
Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
_____________________________________________________________________________________________________________

“PRIMERO - CONDECER LA MEDIDA PROVISIONAL solicitada por las razones y los
argumentos expuestos.

SEGUNDO - TUTELAR DE FORMA TRANSITORIA y hasta que el juez ordinario de la
jurisdicción contencioso administrativa se pronuncie, mis derechos
fundamentales al debido proceso, la confianza legitima, la buena fe y el
acceso a cargos públicos, vulnerados por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”.

TERCERO - ORDENAR a la accionada que en un término improrrogable de 48
horas -EXPIDA un acto administrativo en el que: i) reconozca como acertadas
las respuestas que di a las preguntas referidas en los argumentos esbozados en
mi recurso de reposición a la resolución inicial que me calificó como reprobada,
el cual anexo a la presente acción ii) DISPONGA mi inclusión definitiva o
transitoria en la subfase especializada del curso concurso de formación judicial
(IX curso de formación judicial).

CUARTO - Subsidiariamente y en el evento de no considerase la anterior orden,
pido que se DISPONGA mi inclusión provisional en la subfase especializada del
curso concurso de formación judicial (IX curso de formación judicial), hasta que
un juez ordinario resuelva la demanda que, en ese evento, presentaré contra
los resultados de la subfase general del mencionado curso de formación
judicial.

Para ello, pido tener en cuenta las misma razones que expuse frente a la medida
provisional solicitada, pues lo pedido no resulta oneroso para la autoridad
accionada, dado que ya tiene contratada la subfase especializada para la
totalidad de los dicentes que iniciamos la subfase general; es decir, incluirme
provisionalmente en la subfase especializada, no implica para la accionada
realizar una contratación diferente a la existente ni un desembolso o afectación
presupuestal distinto a lo ya previsto.

Además, si mis reclamos se llegaren a descartar en un eventual proceso
ordinario, la autoridad accionada no vería afectado su patrimonio por lo aquí
pedido; situación que no ocurriría si mis reclamos son aceptados —como estoy
convencido que son— y para ese momento no he realizado la subfase
especializada, pues me causaría un perjuicio, dada la posición desigual y
desventajosa en la que quedaría frente a los concursantes que iniciaron dicha
subfase el 16/11/2024, dadas las consecuencia que ello trae frente a la
conformación del registro de elegibles. Téngase en cuenta que, la subfase
especializada será evaluada a más tardar el 30 de julio de 2025, término que,
conforme a las reglas de la experiencia es muy inferior al de duración razonada
del proceso ordinario que instauraría si no se accede a mi pretensión principal.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
extraen los siguientes:

4. 1) Mediante el Acuerdo PCSJA18-1107 de 16 de agosto de 2018, el
Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el concurso de méritos para
la provisión de cargos de jueces y magistrados de la Rama Judicial
(Convocatoria No. 27), en el cual Nazly Patricia de Arco Cáceres se inscribió
al cargo de juez laboral.

5. 2) A través del Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019 se regló el IX Curso de
Formación Judicial Inicial. Los resultados de las evaluaciones aplicadas en la
subfase general fueron publicados en la Resolución No. EJR24-298 de 21 de

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06507-01
Demandante: Nazly Patricia de Arco Cáceres
Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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junio de 2024, en la cual la accionante obtuvo un puntaje final de 753,360
(reprobado).

6. 3) Nazly Patricia de Arco Cáceres presentó recurso de reposición
contra el acto administrativo anterior3 y la EJRLB, por medio de la Resolución
No. EJR24-1073 de 5 de noviembre de 2024, decidió reponerlo parcialmente,
en el sentido de ajustar la calificación de la evaluación de la subfase
general a 765 (reprobado), en aplicación de la regla para la aproximación
prevista en el acuerdo pedagógico.

7. Como fundamento de la vulneración, la parte accionante indicó que
la demandada ejecutó el IX Curso de Formación Judicial Inicial en contra
de lo fijado en el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, el
documento maestro del IX Curso de Formación Judicial y el Plan de
formación de la Rama Judicial 2022 porque: a) aplicó arbitrariamente la
forma de calificar u otorgar puntajes a preguntas mal elaboradas o con
errores en la evaluación de la fase general e b) incluyó preguntas con base
en textos no obligatorios y fuera del syllabus.

8. Hizo alusión a la pregunta 79, para indicar que en las opciones de
respuesta había palabras (criterio y parámetro) que, en la práctica judicial
y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional se usan sin distingo, de
manera que elegir una u otra no variaban el sentido y comprensión del texto
y, por ende, se debía aceptar como doble clave y tener como correctas.
Sin embargo, no se evaluó eso sino la capacidad de memorizar.

9. Expuso que lo anterior desconoció la garantía de ser evaluados de
forma transparente y trasgredió las legítimas expectativas de proseguir en
las fases subsiguientes de la convocatoria, concretamente, de la subfase
especializada que empezó el 16 de noviembre de 2024, sin que exista ningún
proceso ordinario efectivo e idóneo para prevenir o suspender la
materialización de dicho perjuicio irremediable.

10. También manifestó que la accionada no se pronunció frente a la
totalidad de argumentos presentados en el recurso de reposición que
formuló4. Adicionalmente, expresó su desacuerdo, por un lado, con el

3 En el cual reprochó: 1) el incumplimiento de los acuerdos y documentos soporte del desarrollo del IX Curso de

Formación Judicial Inicial, 2) la aplicación de preguntas memorísticas, 3) la metodología de la calificación y el no
tener en cuenta los syllabus en la evaluación, 4) el sistema de evaluación del acuerdo pedagógico, entre otros.
Por lo anterior, solicitó: Syllabus de cada programa, el registro audiovisual individual y el pronunciamiento sobre
cada uno de los motivos de inconformidad específicos frente al contenido del cuestionario aplicado en las
jornadas de evaluación de la subfase general del curso concurso y el anexo técnico de planeación del diseño de
las pruebas que indique los aspectos psicométricos a considerar como número de ítems construidos, el nivel
cognitivo de cada ítem construido, el nivel de dificultad de cada ítem, justificación de la medición de la
competencia en términos de relevancia y pertinencia temática, justificación de la clave de respuesta y de los
distractores, y demás aspectos proyectados en la planeación de la prueba. De no tener nada de lo anterior,
certificar dicho hecho.
4 “1°. Trae señaladas como correctas algunas opciones de respuestas con exclusión de otras que contextualmente

aplican por completo como respuesta correcta.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06507-01
Demandante: Nazly Patricia de Arco Cáceres
Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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cambio de evaluaciones parciales a evaluaciones acumuladas de los 8
módulos o programas del curso de formación judicial en un único examen
escrito y, por el otro, sobre la forma en la que se calculó el total de las
preguntas reprochadas en el recurso de reposición5 en contra de la
Resolución No. EJR24-298 de 21 de junio de 2024, pues, a su juicio, incurrió en
un “error aritmético”.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación

11. En Sentencia de 6 de febrero de 20256, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado declaró improcedente la tutela por no superar el requisito de
subsidiariedad.

12. Para tal efecto, indicó que la motivación de la solicitud de amparo
era discutir la legalidad de las resoluciones proferidas con ocasión del curso-
concurso. Aunado a lo anterior, precisó que la señora de Arco Cáceres
podía acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
por ser este el mecanismo idóneo y eficaz para que se deje sin efectos los
actos administrativos enjuiciados.

13. Advirtió que la solicitud de amparo tampoco era procede como
mecanismo transitorio, porque la accionante no demostró la existencia de
un perjuicio irremediable, pues, muy a pesar de que en el escrito de tutela
se pusiera de presente que (se trascribe) “no ingresar prontamente, así sea
de manera transitario al Subfase especializada del IX Curso de Formación
Judicial, perderé la oportunidad de acceder al servicio público en las cargos
ofertados porque un proceso ordinario demoraría más de una año y esta
subfase terminaría en agosto del año entrante”, lo cierto era que el proceso
contencioso administrativo preveía medidas cautelares que permitían evitar
la posible vulneración de los derechos fundamentales. Aunado a lo anterior,
precisó que no se constituyó una actuación por parte de la entidad
accionada que ocasionara un riesgo cierto y real que ameritara la
intervención urgente del juez de tutela.

14. La parte actora impugnó7 la anterior decisión, sin embargo, la misma
carecía de carga argumentativa, luego entonces, no se expusieron reparos
concretos en contra de la sentencia de primera instancia que permitieran
comprender los motivos de inconformidad de la accionante.

2°. El absurdo abuso de la sinonimia para confundir no desvirtúa la certeza de las respuestas, más cuando lo que
se pide esa dar sentido a una idea o un párrafo.
3°. La memorización inmisericorde de normas legales y de citas aleatorias de lecturas extensas, e incluso pies de
páginas, no puede ser jamás parámetro (o criterio) de valoración respecto de lo que es y no es correcto. Los jueces
en su desempeño al igual que los litigantes tenemos a disposición el tenor literal de cada norma para ser
consultada cuantas veces sean necesario, por cuanto lo que se espera es que se comprenda y se aplique de
manera correcta no que se recite.”
5 Las preguntas 2, 3, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 75, 77 y 84.
6 Índice 28 en el aplicativo SAMAI dentro de la acción de tutela de primera instancia No.2024-06507-00.
7 Índice 32 en el aplicativo SAMAI dentro de la acción de tutela de primera instancia No.2024-06507-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06507-01
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Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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1.3. Trámite en segunda instancia

15. Dado el impedimento que manifestó el magistrado Fredy Ibarra
Martínez el 17 de marzo de 2025, el ponente de esta decisión, en Auto de 26
de marzo de 2025, lo declaró fundado8 y, en consecuencia, ordenó a la
Secretaría General de esta Corporación el sorteo de 2 conjueces para
integrar la Sala de Decisión en la acción de tutela de la referencia. Dicha
diligencia se llevó a cabo el 28 de marzo siguiente y, en ella, resultaron
designados los consejeros Nicolás Yepes Corrales y Adriana Polidura Castillo.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia 2.2 Procedencia de la acción de tutela. 2.3.
Conclusión

2.1. Fijación de la controversia

16. Le corresponde a la Sala verificar si la presente acción de tutela
satisfizo, o no, el requisito de subsidiariedad. En el evento en el que la
respuesta a este interrogante sea afirmativa, se procederá a establecer, una
vez verificados los demás requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, si la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla vulneró los
derechos fundamentales de la accionante. Como consecuencia de lo
anterior, se confirmará, modificará o revocará la decisión de primer grado.

2.2 Procedencia de la acción de tutela

17. La Sala confirmará la Sentencia impugnada, en vista de que la
accionante pretende que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla dé por
acertadas ciertas preguntas9 de la evaluación de la subfase general del IX
Curso de Formación Judicial Inicial de la Convocatoria 27, respecto de la
cual exteriorizó varios reparos frente a la calificación contenida en la
Resolución No. EJR24-298 de 21 de junio de 2024, y, con ello, la incluya
definitiva o provisionalmente en la subfase especializada; la Sala considera,
al igual que el juez de tutela de primera instancia, que no se satisface el
requisito de subsidiariedad10, habida cuenta de que: 1) existe otro medio de
control idóneo y eficaz para que la accionante cuestione la Resolución
EJR24-298 de 21 de junio de 2024, y la No. EJR24-1073 de 5 de noviembre de
2024 que resolvió el recurso de reposición formulado en contra de la primera,

8 Tras encontrar configurada la causal de impedimento invocada y contemplada en el numeral 1 del artículo 56

del Código de Procedimiento Penal.
9 Además de la 79 enunciada indicó las 4, 34, 39, 41, 45, 47, 57, 63 y 77, así como las enjuiciadas en el recurso de

reposición contra la Resolución No. EJR24-298 de 21 de junio de 2024: 2, 3, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 36, 38,
39, 40, 41, 42, 44, 75, 77 y 84.
10 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86 constitucional, señaló que la tutela resulta

improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

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Demandante: Nazly Patricia de Arco Cáceres
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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y 2) no se acreditó un perjuicio irremediable que hiciere procedente la tutela
como mecanismo transitorio.

18. 1) Para la Sala, la Resolución No. EJR24-298 de 21 de junio de 2024 y la
No. EJR24-1073 de 5 de noviembre de 2024 que resolvió el recurso de
reposición presentado por la señora de Arco Cáceres, constituyen actos
administrativos susceptibles de ser demandados ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho11, por estar ante manifestaciones de la
voluntad de la administración que, para el caso concreto, definen la
situación jurídica del actor en el concurso de méritos.

19. Sumado a lo anterior, y en virtud de los reparos de la accionante, la
Sala considera que, en el presente caso, no se está ante ninguna de las
excepciones a la regla general de improcedencia de la acción de tutela
en el campo de los concursos de méritos, fijadas en la Sentencia SU-67 de
2022 de la Corte Constitucional12, comoquiera que: a) como se indicó
anteriormente, existe un mecanismo judicial que permite demandar la
Resolución No. EJR24-298 de 21 de junio de 2024 y la que resolvió el recurso
de reposición contra aquella, dada la inconformidad de la accionante con
el puntaje que obtuvo en la subfase general del curso-concurso y, con ello,
la pretensión de protección de sus derechos fundamentales , b) no se
configuró un perjuicio irremediable, como enseguida se desarrollará, y c) no
se planteó un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo, comoquiera que las pretensiones de
la accionante se dirigen a determinar la legalidad de los actos
administrativos expedidos en desarrollo de la convocatoria.

20. 2) Para la Sala no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que torne procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio, pues, a partir del análisis del acervo probatorio no es posible
establecer que la demandante se encuentre en una situación de debilidad
manifiesta que implique adoptar medidas urgentes, impostergables,
improrrogables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.

11 Esta Sala ha reiterado esa posición en Sentencias de tutela de 24 de abril de 2023, radicado No. 11001-03-15-

000-2023-00215-00, radicado No. 11001-03-15-000-2023-00316-01; 8 de mayo de 2023, radicado No. 11001-03-15-
000-2023-00326-01; 13 de junio de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-02385-00; y 25 de octubre de 2024,
radicado No. 11001-03-15-000-2024-04444-00, 16 de diciembre de 2024, radicado No. 11001-03-15-000-2024-06479-
00, 7 de febrero de 2025, radicados No. 11001-03-15-000-2024-06255-00 - 11001-03-15-000-2024-06228-00 y, 14 de
febrero de 2025, radicado No. 11001-03-15-000-2024-6861-00.
12 Ver párrafo 96 de esa providencia. (se trascribe) “(…) la jurisprudencia constitucional ha instaurado tres

excepciones a la regla general de improcedencia de la acción de tutela, en el campo específico de los concursos
de mérito. Los actos administrativos que se dicten en el curso de estas actuaciones administrativas podrán ser
demandados por esta vía cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un mecanismo
judicial que permita demandar la protección del derecho fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio
irremediable y iii) planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de competencias del juez
administrativo.“

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06507-01
Demandante: Nazly Patricia de Arco Cáceres
Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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21. Si bien, la accionante invocó que el perjuicio se concretaba en la
imposibilidad de cursar la fase especializada del curso de formación judicial
que inició el 16 de noviembre de 2024, lo cierto es que tal consecuencia
derivó del resultado que ella obtuvo en la evaluación de la subfase general,
que se publicó en la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024, y con el
cual no superó la aludida etapa. De manera que al juez de tutela no le
corresponde cuestionar la legalidad de dicha actuación administrativa
surtida en el aludido concurso de méritos.

22. Además, la Sala advierte que, si la accionante, en realidad, considera
que dichos actos administrativos le causaron un perjuicio irremediable, con
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho puede solicitar el
decreto de medidas cautelares13, incluso, con carácter de urgencia14.

23. Por lo expuesto, no le es dado al juez de tutela pronunciarse sobre el
fondo del asunto ni siquiera con miras a adoptar un amparo transitorio, toda
vez que el mecanismo constitucional no es un medio judicial alternativo,
adicional o complementario de los establecidos por la ley.

2.3 Conclusión

24. Para la Sala, existen razones suficientes para tener por no cumplido el
requisito de subsidiariedad y, en consecuencia, se abstendrá de estudiar los
demás requisitos y confirmará la decisión de tutela de primera instancia que
declaró la improcedencia de la acción de tutela.

3 DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 6 de febrero de 2025, por medio de
la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la
solicitud de amparo promovida por Nazly Patricia de Arco Cáceres, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

13 “ARTÍCULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos declarativos que se adelanten

ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso,
a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto
del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo”.
14 “ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la solicitud y sin previa

notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos
los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el
artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá
comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en el auto que la
decrete.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06507-01
Demandante: Nazly Patricia de Arco Cáceres
Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
_____________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría General de la Corporación que
proceda a efectuar la respectiva compensación en el reparto a cargo de
del despacho ponente, en atención a la presente decisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Firmado electrónicamente

8 de 8

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