Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02385-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02385-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02385-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
13 de junio de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02385-00
Accionante: María Isabel Arango Secker
Se declara la improcedencia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02385-00
Accionante: María Isabel Arango Secker
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial y otro
Temas: Acción de tutela contra actos administrativos / Concurso de méritos / Convocatoria
27 / Derecho de petición / Información reservada y recurso de insistencia / Requisito de
subsidiariedad / Se niega el amparo frente a las pretensiones relacionadas con el derecho
de petición y se declara la improcedencia por no cumplir con el requisito de subsidiariedad
frente a las demás pretensiones.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por María Isabel Arango Secker
contra la Resolución CJR23-0033 del 16 de enero de 2023, que resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución CJR22-0442 del 1° de noviembre de 2022;
mediante esta resolución se publicó el resultado de las pruebas supletorias de aptitudes y
conocimientos realizadas en el marco de la Convocatoria No. 27.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y en el
Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02385-00
Accionante: María Isabel Arango Secker
Se declara la improcedencia
1.- El 5 de mayo de 20231 María Isabel Arango Secker interpuso acción de tutela contra la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, con el
propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso, petición y acceso a cargos públicos. A su juicio, la autoridad accionada vulneró
esos derechos al no resolver de fondo y a cabalidad el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución CJR22-0442 del 1° de noviembre de 2022, mediante la cual se
publicaron los resultados de las pruebas supletorias realizadas en el marco de la
Convocatoria No. 27 de la Rama Judicial.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se transcriben
textualmente:
<<2.1. Respetuosamente, solicito a su Despacho, que en el trámite de la presente ACCION
DE TUTELA se expidan las siguientes ordenes o por lo menos similares para la vigencia de
los derechos constitucionales desconocidos por las entidades tuteladas así:
2.1.1. Se proteja el derecho constitucional al debido proceso de la Doctora María Isabel
Arango Secker al debido proceso administrativo, vulnerado por las omisiones estatales a que
se refirieron los hechos del capítulo anterior.
2.1.2. Se ordene la protección al derecho a la igualdad de la tutelante en cuanto al derecho
de petición e insistencia no fueron debidamente considerados y mucho menos resueltos por
la administración desconociéndose palmariamente el artículo 13 de la constitución, que de
forma común las autoridades les reconocen al resto de habitantes del país en el trámite
gubernativo de sus peticiones, por lo cual para el caso de la tutelante y de los demás
concursantes que impugnaron los resultados de las pruebas, representan una seria
vulneración al principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la carta.
2.1.3. Se ordene la protección del derecho constitucional de acceso a los cargos públicos en
la administración de justicia por vía del mérito que es la razón de ser de la aplicación de la
norma constitucional que impone la carrera administrativa artículo 125 C.P., extensiva como
carrera especial a la Rama Judicial.
2.1.4. Se expidan las órdenes correspondientes para que el Consejo de la Judicatura la
Unidad de Administración Judicial y la Universidad Nacional en un término razonable,
modifiquen o adicionen los actos administrativos con los que mi poderdante impugnó los
resultados de la prueba de conocimientos aptitudes y destrezas aplicada dentro de la
convocatoria 27 según disposición de la Corte Constitucional y consiguientemente resuelva
de fondo y legalmente la reposición propuesta y los recursos de insistencia que
sustancialmente no fueron atendidos en derecho si no resueltos de manera aparente.
2.1.5. Para Garantizar los derechos fundamentales anteriormente señalados se ordenará al
Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional, la
1 El proceso fue repartido inicialmente al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, que mediante auto del 8 de mayo
de 2023 remitió el expediente a esta Corporación, de conformidad con la regla de reparto prevista en el artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 de 2015.
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Accionante: María Isabel Arango Secker
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suspensión del concurso mientras se subsanan las equivocaciones denunciadas en la
presente demanda de amparo constitucional de tutela.
2.1.6. Se prevenga a las entidades tuteladas para que en lo sucesivo y dentro del trámite
administrativo en curso por la Convocatoria 27 respete el principio de buena fe que se
consagra en el artículo 83 de la Carta, por consiguiente, permita la eficacia de los recursos
gubernativos de reposición e insistencia listados por mi poderdante.
2.1.7. Dada la legalidad de la prueba pericial que acompañan el recurso de reposición e
insistencia se realice y coteja para tenerla como mecanismo de convicción o bien para
descartarla razonablemente valorando la eventualidad del error que hasta ahora no se sabe
en qué escenario ocurrió si en los calificadores o en la impericia de los dictámenes que hacen
parte de esta demanda.
2.1.8. Se haga pública la determinación de suspensión del concurso para que el conocimiento
de todos los inscritos al mismo, la reorganización de los términos cronológicos en desarrollo
permita seguridad jurídica a las fases subsiguientes>>.
B. Hechos
3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones2:
3.1.- La actora se inscribió en el concurso de méritos adelantado por el Consejo Superior
de la Judicatura por medio del acuerdo No. PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, que
dio lugar a la Convocatoria No. 27.
3.2.- La actora presentó las pruebas de aptitudes y conocimientos de forma supletoria. El
resultado de estas pruebas fue publicado en la Resolución CJR22-0442 del 1º de noviembre
de 2022. La accionante no aprobó el examen.
3.3.- El 23 de noviembre de 2022 la accionante presentó derecho de petición para obtener
información sobre la jornada de exhibición del cuadernillo de las pruebas, hoja de preguntas
y clave de respuestas. También solicitó que se le indicara la cantidad de preguntas que
acertó, el promedio de aptitudes, su desviación estándar, la fórmula para obtener la
calificación final para el cargo al que aspiró, el valor asignado a cada pregunta y el tiempo
de presentación del examen. En el mismo escrito presentó recurso de reposición contra la
Resolución CJR22-0442 del 1º de noviembre de 2022, bajo el entendido de que sí aprobó
las pruebas. Añadió que una vez se llevara a cabo la audiencia de exhibición del material
de la prueba, adicionaría argumentos al recurso.
2 El recuento de los antecedentes se complementó con la información suministrada por las autoridades accionadas, dado
que el escrito de tutela es confuso en relación con las fechas y actuaciones realizadas.
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Accionante: María Isabel Arango Secker
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3.4.- El 4 de diciembre de 2022 asistió a la audiencia de exhibición de las pruebas
supletorias.
3.5.- El 15 de diciembre de 2022 presentó un escrito de ampliación del recurso de
reposición. Solicitó la entrega del material de la prueba y reprochó la calificación de las
preguntas 80, 61, 69, 90, 92, 95, 102, 104, 109, 116, 118, 121, 126 y 130. Además, señaló
que junto con el recurso de reposición aportó una prueba pericial.
3.6.- Mediante la Resolución CJR23-0022 del 16 de enero de 2023 la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura resolvió en
conjunto los recursos presentados por los concursantes contra la Resolución CJR22-0442
del 1° de noviembre de 2022, mediante el cual se publicó el resultado de las pruebas
supletorias. En cuanto a la información relacionada con el material empleado en la prueba,
indicó que se trataba de un documento reservado, de conformidad con el artículo 24 de la
Ley 1437 de 2011.
3.7.- La accionante presentó recurso de insistencia, pues la reserva alegada afectaba
directamente su situación particular. Aunque no precisó cuál autoridad judicial atendió el
recurso de insistencia y en qué sentido, señaló que la respuesta no fue satisfactoria, sin dar
mayores explicaciones.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- La accionante alega que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional vulneraron sus derechos
fundamentales. En particular cuestiona la Resolución CJR23-0022 del 16 de enero de 2023,
mediante la cual se resolvió el recurso de reposición que presentó contra la Resolución
CJR22-0442 del 1º de noviembre de 2022.
4.1.- A su juicio, la resolución cuestionada atendió los recursos de los concursantes de
forma genérica y en contravía de los principios de la administración pública, pues no se
tuvieron en cuenta la situación particular de la accionante ni los argumentos concretos y
pruebas que presentó. En consecuencia, no pudo conocer con certeza y claridad la
respuesta a sus inquietudes, por lo que la petición realmente no fue atendida de fondo y no
es posible impugnarla por vía judicial.
4.2.- Por lo anterior, el acto administrativo en cuestión estaría viciado por falta de
motivación, ya que no atendió punto por punto los reparos presentados por cada uno de los
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Accionante: María Isabel Arango Secker
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recurrentes, además de ser contradictorio y ambiguo: se resolvió de forma indiscriminada y
colectiva.
4.3.- Reprocha la forma en la que se notificó el acto administrativo, esto es, mediante fijación
en lista por el término de cinco días, ya que ese medio de notificación no está previsto en
la ley, y la facultad reglamentaria del Consejo Superior de la Judicatura no puede
desconocer las normas superiores. En consecuencia, sostiene que la resolución atacada
realmente no se encuentra en firme.
4.4.- Por otro lado, cuestiona de fondo la realización y contenido de las pruebas de aptitudes
y conocimientos. En su opinión, los enunciados de varias preguntas presentaban
equívocos, había casos con más de un distractor por respuesta correcta, no era posible
atender todas las preguntas en el tiempo previsto, había <<varias respuestas correctas por
información insuficiente para delimitar la respuesta, se tornan de imposible definición en
razón a que el concursante va a computar puntaje doble en las respuestas lo cual contradice
la esencia de la prueba>>, se usaron estándares internacionales inaplicables y contrarios a
las reglas de la convocatoria. Todo lo anterior generó incertidumbre en la selección de la
respuesta correcta, y un método incierto de calificación. Agrega que la exhibición del
material no fue adecuada, careció de transparencia y no permitió ejercer el derecho de
contradicción.
4.5.- Pone de presente que la Convocatoria No. 27 ha sido objeto de varios
pronunciamientos por parte de las Altas Cortes ante los constantes errores en su desarrollo,
con lo cual se pone en duda la institucionalidad del país, el acceso a cargos relevantes en
la judicatura, el principio del mérito y el derecho a la igualdad. Como consecuencia de todas
las inconsistencias, los nombramientos que se realicen carecen de piso jurídico.
4.6.- Por último, sostiene que la acción de tutela es oportuna y procedente, según lo
señalado en la sentencia del 1º de junio de 2016 (radicado No. 76001-23-33-000-2016-
00294-01) proferida por la Sección Segunda de esta Corporación.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
(accionado) solicita que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela. Indica que no
se vulneraron los derechos fundamentales invocados, pues todos los reparos que presentó
la accionante se resolvieron en la Resolución CJR23-0022 de 16 de enero de 2023 y sus
anexos, por lo que se configuró un hecho superado por carencia actual de objeto.
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Accionante: María Isabel Arango Secker
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5.1.- En efecto, esa resolución observa los principios de la función administrativa y en su
anexo 2 abordó cada una de las preguntas de la prueba que la actora cuestiona en el escrito
de tutela y que fueron transcritas, junto con la explicación de cada posible respuesta.
5.2.- Pone de presente que la notificación de esa resolución se llevó a cabo de conformidad
con el acuerdo de la convocatoria y que cualquier reparo frente a su legalidad debe
presentarse mediante los mecanismos ordinarios de defensa judicial.
5.3.- Además, la actora acudió a la sesión de exhibición del material de la prueba, donde
se explicó todo lo atinente a la calificación de la prueba y pudo resolver sus dudas. Reitera
que la prueba se realizó de conformidad con los mayores estándares en la materia y en el
acuerdo de la convocatoria no se previó la posibilidad de que su contenido fuera revisado
por un tercero en calidad de perito. En relación con lo anterior, indica que no se allegó una
prueba pericial y no se demostró que la actora presentara un recurso de insistencia ante la
información objeto de reserva
6.- La Universidad Nacional de Colombia (accionado) se opone a las pretensiones de la
acción de tutela, alega la configuración de un hecho superado por carencia actual de objeto,
la improcedencia de la solicitud de amparo y la falta de vulneración de los derechos
fundamentales alegados.
6.1.- Señala que no es cierto que la accionante presentara recurso de insistencia frente a
la información con carácter reservado, y tampoco presentó un dictamen pericial junto con
el recurso de reposición interpuesto contra la resolución que publicó el resultado de las
pruebas supletorias.
6.2.- De todas formas, indica que se configuró un supuesto de carencia actual de objeto por
hecho superado, ya que mediante los oficios CONV27DP-5421 del 19 de enero de 2023 y
CONV27DP-5421 B del 15 de marzo de 2023 se brindó una respuesta clara, completa y de
fondo frente a los reparos y peticiones planteadas por la accionante. La remisión de los
oficios fue acreditada mediante constancia de envío por correo electrónico a la accionante.
6.3.- En efecto, en esos oficios se respondieron de manera particular las solicitudes
presentadas por la actora en relación con la justificación técnica de los diferentes ítems de
la prueba en sus componentes, vigencia y competencias, de cara a los planteamientos
expuestos por la accionante y la justificación técnico-jurídica de cada opción de respuesta
para efectos del cálculo del puntaje.
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6.4.- Además, la Resolución CJR23-0022 de 2023 agrupó las inquietudes de varios
participantes por grupos temáticos para responder sus inconformidades según los principios
de eficiencia, celeridad y economía. En el anexo 2 de ese acto se aborda en detalle la
justificación de cada opción de respuesta frente a las preguntas objetadas, incluyendo las
preguntas 80, 61, 69, 90, 92, 95, 102, 104, 109, 116, 118, 121, 126 y 130 a las que se refiere
el escrito de tutela.
6.5.- Agrega que las pruebas se realizaron de conformidad con los estándares técnicos
internacionalmente aceptados, de forma que se garantizó el principio del mérito y los
derechos de los concursantes: no se vulneraron los derechos fundamentales alegados,
pues las solicitudes fueron atendidas de conformidad con el debido proceso y el principio
de igualdad frente a todos los aspirantes. Prueba de lo anterior es que la accionante
asistiera a la audiencia de exhibición, en la cual tuvo acceso al material de la prueba y pudo
resolver sus dudas.
6.6.- Finalmente, enfatiza en la improcedencia de la acción de tutela porque no se demostró
sumariamente la existencia de un perjuicio irremediable. Afirma que existen otros
mecanismos judiciales para controvertir la legalidad de los actos administrativos, para lo
cual debe acudirse a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ello, so pena de no
agotar el requisito de subsidiaridad de la tutela. También pone en duda la inmediatez del
mecanismo constitucional, pues habrían transcurrido más de cuatro meses desde que se
publicó el acto administrativo que cuestiona.
II. CONSIDERACIONES
7.- Antes de resolver la solicitud de amparo, y para efectos de establecer una metodología
y dar respuesta adecuada a cada una de las pretensiones de la solicitud de amparo, la Sala
distingue cuatro reparos principales que se presentan en la acción de tutela: (i) se cuestiona
la respuesta al derecho de petición que la actora presentó el 23 de noviembre de 2022,
relacionado con el contenido de la prueba de aptitudes y conocimientos; (ii) se cuestiona la
respuesta obtenida en el recurso de insistencia que se habría presentado frente a la
información reservada; (iii) se cuestiona la Resolución CJR23-0022 de 2023; y (iv) se
cuestiona la falta de valoración de la prueba pericial que acompañó el recurso de reposición
formulado contra la Resolución CJR22-0442 del 1º de noviembre de 2022.
8.- Así las cosas, la Sala (i) negará las pretensiones de la solicitud de amparo relacionadas
con la respuesta al derecho de petición interpuesto el 23 de enero de 2022; y (ii) declarará
la improcedencia de la acción de tutela frente a los reparos por el trámite del recurso de
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insistencia, los argumentos en contra de la Resolución CJR23-0022 de 2023 y la supuesta
falta de valoración de la prueba pericial que la actora echa de menos.
9.- Frente al derecho de petición, la Sala advierte que el Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Administración de Carrera Judicial atendió las inquietudes presentadas
mediante la Resolución CJR23-0022 de 2023, en la cual se abordaron las solicitudes
formuladas por la actora y otros concursantes. La respuesta se vio complementada con los
oficios CONV27DP-5421 y CONV27DP-5421B de la Universidad Nacional, que se
notificaron a la accionante antes de que presentara la solicitud de amparo.
9.1.- En efecto, en el derecho de petición formulado el 23 de noviembre de 2022 se
plantearon las siguientes inquietudes:
<<1- La cantidad de preguntas acertadas por mí en el caso de la prueba de aptitudes y la
prueba de conocimientos.
2- Indicar los puntajes directos de cada uno de los aspirantes al cargo de Magistrado Sala
Laboral – Tribunal Superior, en la prueba de aptitudes y en la de conocimientos.
3- En igual sentido, solicito se me informe si le fue otorgado un valor de puntaje diferente a
cada una de las preguntas, tanto en la prueba de conocimientos como en la prueba de
aptitudes, en caso afirmativo, se señale una a una el valor otorgado a las preguntas y en
este caso se me indique cuáles fueron mis respuestas acertadas con miras a ponderar el
puntaje final asignado a la suscrita.
4- Cuál fue el promedio de aptitudes y su desviación estándar respecto del cargo al que me
presenté, es decir, Magistrado Sala Laboral – Tribunal Superior.
5- Cuál fue el promedio de la prueba de conocimientos y su desviación estándar respecto
del cargo al que me presenté, es decir, Magistrado Sala Laboral – Tribunal Superior.
6- Indicar la(s) fórmula(s) o guarismo(s) que aplicaron para obtener la calificación final en las
pruebas escritas de conocimientos y aptitudes para el Cargo de Magistrado Sala Laboral –
Tribunal Superior. Datos estadísticos que permitieron establecer la medida estándar en las
pruebas de aptitudes y conocimiento.
7- Se me informe si el supletorio es una prueba diferente a la presentada el 24 de julio de
2022.
8- Se me informe, si tal como se evidencia en los resultados al examen supletorio, si sólo
dos personas nos presentamos en este examen para el Cargo de Magistrado Sala Laboral
– Tribunal Superior.
9- De ser afirmativas las respuestas a las preguntas 7 y 8 inmediatamente anteriores, ¿cómo
establecieron las curvas para el supletorio para el Cargo de Magistrado Sala Laboral –
Tribunal Superior?
10- Indicar cuál fue el número de participantes inscritos, el número de ausentes en la
aplicación de la prueba, el número de aprobados y el número de no aprobados con el puntaje
discriminado en aptitudes y conocimientos de cada uno de ellos para el cargo de Magistrado
Sala Laboral – Tribunal Superior.
11- Indicar la justificación de la respuesta correcta para cada una de las preguntas de
aptitudes, conocimientos generales y específicos del examen para el cargo de Magistrado
Sala Laboral – Tribunal Superior.
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Se declara la improcedencia
12- Indicar de manera detallada el peso dentro de la fórmula para las preguntas de aptitudes
y las de conocimientos.
13- Se entregue a mi cargo lo siguiente: Copia del Cuadernillo de la prueba que utilicé el 23
de octubre de 2022, Hoja de Respuestas diligenciadas, Claves de respuestas otorgadas por
la Universidad Nacional en mi respectiva prueba.
14- Solicito se informe sobre la pertinencia del cuestionario realizado para el cargo de
Magistrado Sala Laboral – Tribunal Superior. De igual manera que se informe sobre la
cadena de custodia, fiabilidad, confiabilidad e idoneidad de la prueba, especialmente cuando
en la prueba de conocimientos específicos se presentó, al menos una pregunta de derecho
penal.
15- Pido, además, se me informe, si las claves de respuestas de la Universidad Nacional,
obedecían a lo reseñado en la Ley, o en la jurisprudencia y en caso de ser esta última,
indicará, si es proveniente del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, o de algún
Tribunal de Distrito, especificando de cuál o si lo fue de la Corte Constitucional.
16- Solicito se me informe sobre los índices de confiabilidad y discriminación, así como de
dificultad, y si estos cumplen con los estándares necesarios y objetivos de calificación para
el cargo de Magistrado Sala Laboral – Tribunal Superior.
17- Solicito se me informe sobre el nivel de dificultad de la prueba de conocimientos y
aptitudes, si la prueba de conocimientos generales, conocimientos específicos y aptitudes
se clasifica en un nivel de dificultad alto, medio o bajo, cada una para el cargo de Magistrado
Sala Laboral – Tribunal Superior; y si en general la prueba se puede catalogar como fácil o
difícil.
18- ¿Se me informe de manera específica, si existieron preguntas con más de una respuesta
acertada, de ser cierta precisará cuáles?
19- Se me informe de manera específica cuáles preguntas fueron excluidas del examen por
razones de elaboración, taxonomía, ambigüedad, dualidad de respuestas, etc. y cuáles
fueron asignadas como válidas para todos los aspirantes para el cargo de Magistrado Sala
Laboral – Tribunal Superior.
20- Por último, solicito se me informe a partir de qué razonamientos, cálculos, estudios y
soportes de análisis cuantitativo objetivo se determinó que el tiempo asignado para la
resolución de las pruebas de aptitudes, conocimientos y psicotécnica era el adecuado para
resolver el cuestionario, con relación a la extensión de algunas preguntas (aptitudes) y
taxonomía de cada pregunta>>.
9.2.- A su vez, en la Resolución CJR23-0022 de 2023 se abordaron las siguientes
temáticas:
<<1. Procedencia del recurso de apelación - Término para la interposición del recurso de
reposición.
2. Exhibición - Acceso al material de prueba - Uso de medios tecnológicos en la jornada de
exhibición.
3. Copia - Entrega material o digital de prueba – Copia de actas de sala – Informes o
documentos técnicos - Documentos con carácter reservado.
4. Solicitudes de revisión - Lector óptico.
5. Revisión por parte de terceros, apoderados, peritos, o por segundo calificador.
6. Fórmula y metodología de calificación - Cálculo e información de los datos estadísticos -
Fundamento de la fórmula de calificación - Teoría o modelo estadístico utilizado para calificar
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• Valor de cada pregunta- Aciertos propios - Método para conocer aciertos a partir del
puntaje.
7. Aciertos de otros aspirantes.
8. Calificar usando otras fórmulas aplicadas con anterioridad en la misma convocatoria o en
otras convocatorias - Justificación del uso de una fórmula distinta en este concurso.
9. Índices psicométricos de la prueba (validez, confiabilidad, discriminación, dificultad,
efectividad) -Análisis psicométrico de la prueba.
10. Justificación de la prueba de aptitudes - No tener en cuenta el componente de aptitudes.
11. Verificación previa de requisitos mínimos- Participantes ausentes - Cómo afecta la
calificación.
12. Número de aspirantes en los diferentes cargos y calificación individual.
13. Proceso de construcción de la prueba - Controles de calidad - Diseño de la prueba
Idoneidad y pertinencia de las temáticas e ítems - Inexistencia de errores en el ensamblaje
y diagramación de la prueba.
14. Preguntas capciosas, ambiguas, confusas - Solicita excluir preguntas - Informar si fue
excluido algún ítem – Recalificar.
15. Revocatoria de la calificación – Dejar sin efecto la Resolución CJR22-0442 de 1° de
noviembre de 2022 –- Revocar puntaje – Nulidad – Reponer el resultado o la Resolución.
16. Tiempo de la prueba insuficiente.
17. Responder recurso de manera individual- Notificación personal - Ampliación del término
para interponer recurso.
18. Aplicar los aspectos favorables concedidos a otros participantes en virtud de los recursos
presentados.
19. Fecha de elaboración de prueba - Actualidad de ítems aplicados.
20. Custodia de la prueba y Protocolos de seguridad.
21. Objeciones a preguntas de aptitudes y conocimientos generales y específicos>>.
9.3.- En efecto, todo lo relativo a la calificación de la prueba, la metodología utilizada, la
estadística (número de participantes, preguntas, desviaciones, etc.) fue atendido en la
referida resolución. En los anexos, además, se abordaron los criterios para determinar la
respuesta correcta en cada caso y se explicó cómo podía determinarse el número de
preguntas correctas por cada concursante.
9.4.- Lo anterior fue complementado en los oficios proferidos por la Universidad Nacional,
en los cuales se le informó a la accionante que obtuvo 23 preguntas correctas en el
componente de aptitudes y 48 en el componente de conocimientos, se estableció la media
de la prueba y su desviación según los componentes de la misma y en vista del cargo al
cual aspiró, se indicó que la información relativa a los otros concursantes era reservada, se
determinó la fórmula para atribuir el valor de cada pregunta y se ahondó en la metodología
de elaboración de la prueba y su presentación por parte de los interesados.
9.5.- Como se advierte, la petición fue atendida integralmente y se notificó su respuesta a
la accionante antes de que presentara la acción de tutela, por lo que debe concluirse que
no se vulneró su derecho de petición.
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Accionante: María Isabel Arango Secker
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10.- Por otro lado, la accionante informó que interpuso un recurso de insistencia frente a la
información objeto de reserva. El recurso de insistencia se encuentra regulado en el artículo
26 de la Ley 1437 de 2011 y corresponde a un trámite adelantado en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. No obstante, la actora no precisó cuándo presentó el recurso,
el contenido y alcance del mismo, y a qué autoridad judicial correspondió su conocimiento.
Es decir, no se demostró que efectivamente se agotó ese mecanismo judicial, por lo que la
reserva de la información no puede ser objeto de discusión ante el juez constitucional: es
necesario que primero se agote el medio de defensa judicial ordinario, so pena de que la
solicitud de amparo no cumpla con el requisito de subsidiariedad.
11.- Cabe decir lo mismo de los reparos en contra de la Resolución CJR23-0022 de 2023.
Por tratarse de un acto administrativo cuya legalidad se presume, la accionante debió agotar
los mecanismos de defensa judicial previstos en el CPACA para cuestionar su contenido,
motivación, e incluso la legalidad de los actos administrativos en los cuales se sustenta,
como el acuerdo de la convocatoria que dispone el medio de notificación de las resoluciones
proferidas en el transcurso del concurso.
11.1.- En efecto, la jurisprudencia ha señalado que los actos expedidos en los concursos
de méritos son de trámite, salvo el que publica la lista de elegibles y los que excluyen a los
participantes del concurso. Estos últimos se consideran actos administrativos definitivos, en
la medida que definen la situación jurídica de los participantes del concurso, por lo que
pueden ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
11.2.- En ese sentido, la Sala considera que la resolución cuestionada por la accionante es
susceptible de ser demandada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues
define su situación jurídica particular en tanto no le permite avanzar en las demás fases del
concurso de méritos. La ilegalidad o inconstitucionalidad de ese acto administrativo debe
ser debatida ante el juez ordinario con el fin de mantener la asignación de competencias y
jurisdicciones y la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela.
11.4.- De igual manera, la Sala tampoco advierte la existencia de un perjuicio irremediable,
máxime si se considera que en el proceso ordinario puede solicitar el decreto de las
medidas cautelares que estime idóneas para garantizar eficazmente sus derechos.
11.5.- En el marco del proceso ordinario la accionante puede presentar o solicitar el decreto
de pruebas, como la práctica de dictámenes periciales. Así las cosas, la valoración del
dictamen pericial que la parte echa de menos y cuya existencia ni siquiera se probó, pues
no fue allegado al proceso, corresponde al juez natural del acto administrativo cuestionado.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02385-00
Accionante: María Isabel Arango Secker
Se declara la improcedencia
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela relativas al amparo del
derecho de petición.
SEGUNDO: DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela por incumplir con el
requisito de subsidiariedad frente a los reparos relacionados con el recurso de insistencia,
la legalidad de la Resolución CJR23-0022 de 16 de enero de 2023 y la valoración de
pruebas.
TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: Si la sentencia no fuera impugnada una vez ejecutoriado este fallo, por
Secretaría ENVÍESE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
12
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