Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02113-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02113-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02113-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
3 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 3 de junio de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02113-00
Demandante: Manuel Isidro Rodríguez Castelblanco
Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA |
Subsidiariedad
Síntesis del caso: La parte actora presentó acción de tutela para que, en amparo de sus
derechos fundamentales, la parte accionada dispusiera su inclusión en la subfase
especializada del curso-concurso de la Convocatoria 27 y le permitiera presentar la
evaluación correspondiente, luego de tener como correctas ciertas preguntas de la
evaluación de la subfase general.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala2 a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Manuel Isidro
Rodríguez Castelblanco en contra de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
y la Unión Temporal Formación Judicial 2019.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados. 1.3. Trámite posterior a la admisión de la acción de tutela.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 9 de abril de 20253, Manuel Isidro Rodríguez Castelblanco presentó
una acción de tutela contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (EJRLB)
y la Unión Temporal Formación Judicial 2019, por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso administrativo,
petición y acceso a cargos públicos, junto con los principios de buena fe y
confianza legítima, con ocasión de su exclusión de la subfase especializada
del IX Curso de Formación Judicial Inicial de la Convocatoria No. 27 de la
Rama Judicial, tras no obtener una calificación aprobatoria de la subfase
general.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo
80 de 2019 de esta Corporación.
2 De manera preliminar, se pone de presente que, en el auto admisorio de la presente tutela, proferido el 28 de
abril de 2025, el magistrado ponente declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado
Fredy Ibarra Martínez y, en consecuencia, decidió separarlo de su conocimiento.
3 Cabe precisar que luego de esa fecha, se dieron las siguientes actuaciones: 1) El 10 de abril de 2025, el
expediente ingresó al despacho del Magistrado Fredy Ibarra Martínez, quien, 2) el 11 de febrero de 2025, manifestó
su impedimento para conocer de este, razón por la cual, 3) pasó al despacho del ponente y este se pronunció,
como se indicó previamente, el 28 de abril de 2025.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02113-00
Demandante: Manuel Isidro Rodríguez Castelblanco
Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“PRIMERO: Sean estudiadas pormenorizadamente las razones por las que solicito
esta tutela como mecanismo transitorio y que la decisión corresponda con lo
solicitado.
SEGUNDO: TUTELAR mis derechos fundamentales a la igualdad, el acceso a
cargos públicos a través del mérito, el debido proceso, la garantía de aportar y
controvertir pruebas y el derecho de petición, vulnerados por la ESCUELA
JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA y la UNIÓN TEMPORAL DE FORMACIÓN
JUDICIAL 2019.
TERCERO: ORDENAR a la ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA, de forma
transitoria, mi inclusión en el proceso de selección de la Convocatoria No 27
para elegir funcionarios judiciales y que pueda cursar las siguientes etapas del
proceso: realizar la fase especializada del curso de formación judicial, presentar
la evaluación correspondiente a esa fase e integrar la lista de elegibles, mientras
se resuelve por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, sobre la
nulidad del acto de calificación que me otorgó una calificación no aprobatoria
y me excluyó de la sub fase general del curso, con violación de mis derechos
fundamentales.
CUARTO: ORDENAR, de manera transitoria, que se contabilicen las preguntas
HABILIDADES HUMANAS 2, 4, 36, 39 y 41 - INTERPRETACIÓN JUDICIAL Y
ESTRUCTURA DE LA SENTENCIA 65 y 80 - ARGUMENTACIÓN JUDICIAL Y
VALORACIÓN PROBATORIA 47, 56 ,57 - DERECHOS HUMANOS Y GENERO 56, 58
y 63 - GESTIÓN JUDICAL Y TIC'S 6, 14, 38 - FILOSOFÍA DEL DERECHO E
INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL 79, como aprobadas para evitar futuras
exclusiones injustificadas de la lista de elegibles que no tengan que ver con el
mérito4.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
extraen los siguientes:
4. 1) Mediante el Acuerdo PCSJA18-1107 de 16 de agosto de 2018, el
Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el concurso de méritos para
la provisión de cargos de jueces y magistrados de la Rama Judicial
(Convocatoria No. 27), en el cual el señor Rodríguez Castelblanco se
inscribió al cargo de juez penal municipal.
5. 2) A través del Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019 se regló el IX Curso de
Formación Judicial Inicial. Los resultados de las evaluaciones aplicadas en la
subfase general fueron publicados en la Resolución No. EJR24-298 de 21 de
junio de 2024, en la cual el accionante obtuvo un puntaje final de 770,860
(reprobado).
6. 3) Manuel Isidro Rodríguez Castelblanco recurrió el acto administrativo
anterior5 y la EJRLB, por medio de la Resolución No. EJR24-966 de 5 de
4
Páginas 76 y 77 del escrito de tutela que obra en el índice 2 de SAMAI.
5 En el cual reprochó: 1) el carácter eliminatorio de la fase III de la Convocatoria 27, 2) el incumplimiento de los
acuerdos y documentos soporte del desarrollo del IX Curso de Formación Judicial Inicial, 3) la ausencia de una
evaluación objetiva que cumpliera con criterios psicométricos, lingüísticos, técnicos y jurídicos y el tiempo de su
duración, 4) la aplicación de preguntas memorísticas, 5) la metodología de la calificación y el no tener en cuenta
los syllabus en la evaluación, 6) el sistema de evaluación del acuerdo pedagógico, entre otros. Por lo anterior,
solicitó: Syllabus de cada programa, el registro audiovisual individual y el pronunciamiento sobre cada uno de los
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Demandante: Manuel Isidro Rodríguez Castelblanco
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Decisión: Declara improcedencia
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noviembre de 2024, decidió reponerlo parcialmente, en el sentido de ajustar
la calificación de la evaluación de la subfase general a 785 (reprobado),
tras realizar una recalificación del componente evaluativo y determinar que
el puntaje total en la subfase general era de 784.19, respecto del cual se
aplicó una regla de aproximación.
7. Como fundamento de la vulneración, la parte accionante indicó que
las demandadas ejecutaron el IX Curso de Formación Judicial Inicial en
contra de lo fijado en el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de
2019, el documento maestro del IX Curso de Formación Judicial, en el
“Anexo técnico especificaciones técnicas para la realización del IX curso de
formación judicial inicial” y el Plan de formación de la Rama Judicial 2022
porque: a) aplicaron arbitrariamente la forma de calificar u otorgar puntajes
a preguntas mal elaboradas o con errores en la evaluación de la fase
general; b) incluyeron preguntas con base en textos no obligatorios y fuera
del syllabus y; c) modificaron el material de estudio.
8. Hizo alusión a que lo anterior desconoció la garantía de ser evaluados
de forma transparente y trasgredió las legítimas expectativas de proseguir
en las fases subsiguientes de la convocatoria, concretamente, de la subfase
especializada que empezó el 16 de noviembre de 2024, sin que exista ningún
proceso ordinario efectivo e idóneo para prevenir o suspender la
materialización de dicho perjuicio irremediable.
9. También manifestó que la accionada no se pronunció
congruentemente sobre los argumentos que planteó en el recurso de
reposición que formuló y que lo resolvió con el uso de inteligencia artificial,
toda vez que no realizó un estudio serio a los reparos de ciertas preguntas6.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados7
10. La Unidad de Administración de Carrera Judicial8 alegó su falta de
legitimación pasiva en la causa por no tener competencia para decidir o
motivos de inconformidad específicos frente al contenido del cuestionario aplicado en las jornadas de evaluación
de la subfase general del curso concurso y anexo técnico de planeación del diseño de las pruebas que indique
los aspectos psicométricos a considerar como número de ítems construidos, el nivel cognitivo de cada ítem
construido, el nivel de dificultad de cada ítem, justificación de la medición de la competencia en términos de
relevancia y pertinencia temática, justificación de la clave de respuesta y de los distractores, y demás aspectos
proyectados en la planeación de la prueba. Con fundamento en lo anterior, reprochó, por ejemplo, las preguntas
2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14,15, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43,45, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 6062, 6365, 71, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, y pidió tener como aciertos o excluir todas las preguntas que tienen
problemas de construcción y aquellos que no miden la competencia que debían medir.
6 “2,4,15,23,23,24, 25, 27, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 48, 49, 54, 62, 65, 71, 80, 91, 96, 97, 98, 101, 102, 120, 123, 129,
131, 132, 140, 143, 147, 160, 161, 167, 168, 178, 181, 203, 205, 208, 211, 218, 222, 223, 224 ,225, 226, 227, 228, 231, 233,
246, 254, 256, 257, 258, 259, 263, 264, 266, 269, 271, 272, 273, 275, 282, 283, 289, 290, 294, 295, 296, 297 ,298 ,301, 302,
308, 309, 310 ,313, 314, 316, 317, 322,324 ,325, 328, 331, 332, 333 y 335.”
7 Mediante Auto de 28 de abril de 2025, el despacho ponente resolvió (1) declarar fundado el impedimento del
magistrado Fredy Ibarra Martínez, (2) avocar conocimiento y admitir la acción de tutela de la referencia, (3) tener
como demandada a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a la Unión Temporal Formación Judicial 2019, (4)
vincular al Consejo Superior de la Judicatura y a la Unidad de Administración de Carrera Judicial, como terceros
con interés en el asunto y (5) negar la medida provisional solicitada.
8 Índice 16 en el aplicativo SAMAI dentro del proceso de la referencia.
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Decisión: Declara improcedencia
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pronunciarse sobre las pretensiones y porque con su actuar administrativo
no ha vulnerado ni afectado los derechos fundamentales enlistados. Adujo
que no ha intervenido en el desarrollo del Curso de Formación Judicial ni
tiene relación alguna con la aplicación del instrumento evaluativo a cargo
de la Escuela Judicial. En esa medida, solicitó su desvinculación y la
negación del amparo solicitado
11. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla9 solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela porque el accionante contaba con otros
recursos o medios de defensa judicial, concretamente el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, para invocar los reparos aquí
expuestos y atacar la Resolución No. EJR24-298 de 21 de junio de 2024, aún
más cuando en el marco de este podía solicitar medidas cautelares.
Además, señaló que no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable
ni alguna de las circunstancias excepcionales que la jurisprudencia ha
admitido como válidas para superar el requisito de subsidiariedad.
12. Por otra parte, manifestó que no existía vulneración porque su
actuación se ha enmarcado en el respeto al debido proceso del
accionante y porque la Resolución No. EJR24-966 de 5 de noviembre de
2024, que resolvió el recurso de reposición, se ajustó a lo previsto en los
acuerdos de la convocatoria y atendió las inconformidades del accionante
frente a las preguntas de las jornadas de evaluación de la subfase general10.
En esa medida, enfatizó en que la discrepancia frente a la forma o
contenido del acto atacado no ameritaba la intervención del juez
constitucional y una interpretación distinta implicaría desconocer las
competencias del juez de lo contencioso administrativo. Razones por las
cuales, solicitó que se negara el amparo.
13. La Unión Temporal Formación Judicial 201911 también invocó su falta
de legitimación pasiva en la causa, por no haber vulnerado los derechos
fundamentales invocados y por no ser la competente para expedir un acto
administrativo en el que se disponga la inclusión provisional del accionante
en la subfase especializada del curso de formación judicial, ya que la única
entidad con la facultad para ello es la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
En consecuencia, solicitó su desvinculación del presente trámite.
14. Agregó que, en el presente caso, la acción de tutela no era el medio
adecuado para reclamar la protección y la inclusión pretendida, máxime
9 Índice 17 en el aplicativo SAMAI dentro del proceso de la referencia
10 Al respecto, adujo que (se trascribe) “supone arrebatar la competencia del juez de lo contencioso administrativo
para controvertir asuntos de la evaluación de la subfase general, relacionados con el contexto de las preguntas,
los elementos psicométricos, la coherencia y cohesión de los ítems, lo relativo a los componentes de formación
integral, a las fuentes de cada una de estas preguntas y la conclusión de la elaboración de cada ítem,
concluyendo con la retroalimentación de cada opción de respuesta, en aras de valorar integralmente su
solicitud.”
11 Índice 18 en el aplicativo SAMAI dentro del proceso de la referencia
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cuando el accionante no cumplió con los requisitos exigidos para continuar
su participación en el curso-concurso. En concordancia con lo anterior,
señaló que existían medios de control contenidos en la Ley 1437 de 2011
para demandar la legalidad del acto que resolvió el recurso de reposición
interpuesto en contra de la Resolución EJR-298 del 21 de junio de 2024, y que
la acción constitucional no podía ser empleada como un mecanismo
alterno o complementario.
15. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)12
manifestó que la tutela era improcedente por la carencia actual de objeto
y por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Aunado a la
inexistencia de un perjuicio irremediable y de la ausencia de vulneración del
debido proceso, habida cuenta de que las actuaciones se han desplegado
con observancia de las normas de orden constitucional y legal, los acuerdos
pedagógicos y los posteriores comunicados que reglan la convocatoria y el
IX Curso de Formación Judicial Inicial.
16. El Consejo Superior de la Judicatura, pese a haber sido debidamente
notificado13, guardó silencio.
1.3. Trámite posterior a la admisión de la acción de tutela
17. Dado el impedimento del magistrado Fredy Ibarra Martínez, el
ponente, en Auto de 28 de abril de 202514, ordenó a la Secretaría General
de esta Corporación el sorteo de 2 conjueces para integrar la Sala de
Decisión en la acción de tutela de la referencia. Dicha diligencia se llevó a
cabo el 30 de abril siguiente y, en ella, resultaron designados los consejeros
Nicolás Yepes Corrales y Adriana Polidura Castillo.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitudes de desvinculación. 2.2. Procedencia de la acción de tutela. 2.3.
Conclusión.
2.1. Solicitudes de desvinculación
18. La Sala negará las solicitudes de desvinculación de la Unidad de
Administración de Carrera Judicial y de la Unión Temporal Formación
Judicial 2019, en la medida que se les vinculó como terceros, dado el interés
e injerencia que podrían llegar a tener en el asunto por estar relacionado
con la Convocatoria No. 27 de la Rama Judicial, dentro de la cual, de
alguna u otra manera, han actuado.
12 Índice 22 en el aplicativo SAMAI dentro del proceso de la referencia,
13 Mediante mensaje de datos enviado el 30 de abril de 2024. Ver índices 12 y 13 en el aplicativo SAMAI.
14 Índice 9 en el aplicativo SAMAI dentro del proceso de la referencia
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2.2. Procedencia de la acción de tutela
19. En vista de que el actor pretende que la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla tenga como correctas ciertas preguntas15 de la evaluación de la
subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial de la
Convocatoria 27, respecto de la cual exteriorizó varios reparos frente a su
calificación contenida en la Resolución No. EJR24-298 de 21 de junio de
2024, y, con ello, lo incluya definitiva o provisionalmente en la subfase
especializada, la Sala considera que no se satisface el requisito de
subsidiariedad16, habida cuenta de que: 1) existe otro medio judicial idóneo
y eficaz para que el accionante cuestione la Resolución EJR24-298 de 21 de
junio de 2024 y la Resolución No. EJR24-966 de 5 de noviembre de 2024 que
resolvió el recurso de reposición formulado en contra de la primera, y 2) no
se acreditó un perjuicio irremediable que hiciere procedente la tutela como
mecanismo transitorio.
20. 1) Para la Sala, la Resolución No. EJR24-298 de 21 de junio de 2024 y la
No. EJR24-966 de 5 de noviembre de 2024 que resolvió el recurso de
reposición presentado por el señor Rodríguez Castelblanco, constituyen
actos administrativos susceptibles de ser demandados ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho17, por estar ante manifestaciones de
la voluntad de la administración que, para el caso concreto, definen la
situación jurídica del actor en el concurso de méritos.
21. Sumado a lo anterior, y en virtud de los reparos del accionante, la Sala
considera que, en el presente caso, no se está ante ninguna de las
excepciones a la regla general de improcedencia de la acción de tutela
en el campo de los concursos de méritos, fijadas en la Sentencia SU-67 de
2022 de la Corte Constitucional18, comoquiera que: a) como se indicó
15 Las preguntas 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84 91, 96, 97,
98, 101, 102, 120, 123, 129, 131, 132, 140, 143, 147, 160, 161, 167, 168, 178, 181, 203, 205, 208, 211, 218, 222, 223, 224
,225, 226, 227, 228, 231, 233, 246, 254, 256, 257, 258, 259, 263, 264, 266, 269, 271, 272, 273, 275, 282, 283, 289, 290, 294,
295, 296, 297 ,298 ,301, 302, 308, 309, 310 ,313, 314, 316, 317, 322,324 ,325, 328, 331, 332, 333 y 335, fueron enjuiciadas
en el recurso de reposición, cuya resolución cuestiona la parte actora en la presente acción de tutela, y,
concretamente en el escrito de tutela enjuició las siguientes,2, 4, 6, 14, 35, 36, 38, 39, 41, 47, 50, 56, 57, 58, 63, 65, 79,
80, 143, 275, 295.
16 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86 constitucional, señaló que la tutela resulta
improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
17 Esta Sala ha reiterado esa posición en Sentencias de tutela de 24 de abril de 2023, radicado No. 11001-03-15-
000-2023-00215-00, radicado No. 11001-03-15-000-2023-00316-01; 8 de mayo de 2023, radicado No. 11001-03-15-
000-2023-00326-01; 13 de junio de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-02385-00; 25 de octubre de 2024,
radicado No. 11001-03-15-000-2024-04444-0,16 de diciembre de 2024, radicado No. 11001-03-15-000-2024-06479-00,
7 de febrero de 2025, radicados No. 11001-03-15-000-2024-06255-00 - 11001-03-15-000-2024-06228-00, 14 de febrero
de 2025, radicado No. 11001-03-15-000-2024-6861-00, 31 de marzo, radicado No. 11001-03-15-000-2024-06493-00 y,
11 de abril de 2025, radicado No. 2025-00717-00.
18 Ver párrafo 96 de esa providencia. (se trascribe) “(…) la jurisprudencia constitucional ha instaurado tres
excepciones a la regla general de improcedencia de la acción de tutela, en el campo específico de los concursos
de mérito. Los actos administrativos que se dicten en el curso de estas actuaciones administrativas podrán ser
demandados por esta vía cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un mecanismo
judicial que permita demandar la protección del derecho fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio
irremediable y iii) planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de competencias del juez
administrativo. “
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anteriormente, existe un mecanismo judicial que permite demandar la
Resolución No. EJR24-298 de 21 de junio de 2024 y la que resolvió el recurso
de reposición contra aquella, dada la inconformidad del accionante con el
puntaje que obtuvo en la subfase general del curso-concurso y, con ello,
obtener la protección de los derechos fundamentales invocados, y b) no se
configuró un perjuicio irremediable, como enseguida se desarrollará.
22. 2) Asimismo, para la Sala no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que torne procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio, pues, a partir del análisis del acervo probatorio no es posible
establecer que el actor se encuentre en una situación de debilidad
manifiesta que implique adoptar medidas urgentes, impostergables,
improrrogables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.
23. Si bien, el accionante invocó que el perjuicio se concretaba en la
imposibilidad de cursar la fase especializada del curso de formación judicial
que iniciaba el 16 de noviembre de 2024, lo cierto es que, tal consecuencia
derivó del resultado que él obtuvo en la evaluación de la subfase general,
que se publicó en la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024, y con el
cual no superó la aludida etapa. De manera que al juez de tutela no le
corresponde cuestionar la legalidad de dicha actuación administrativa
surtida en el aludido concurso de méritos.
24. Además, la Sala advierte que si el demandante, en realidad,
considera que dichos actos administrativos le causaron un perjuicio
irremediable, con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
puede solicitar el decreto de medidas cautelares19, incluso, con carácter de
urgencia20.
25. Por lo expuesto, no le es dado al juez de tutela pronunciarse sobre el
fondo del asunto ni siquiera con miras a adoptar un amparo transitorio, toda
vez que el mecanismo constitucional no es un medio judicial alternativo,
adicional o complementario de los establecidos por la ley.
19 “ARTÍCULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos declarativos que se adelanten
ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso,
a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto
del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo”.
20 “ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos
los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el
artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá
comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en el auto que la
decrete.”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02113-00
Demandante: Manuel Isidro Rodríguez Castelblanco
Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
_____________________________________________________________________________________________________________
2.3. Conclusión
26. Para la Sala, existen razones suficientes para tener por no cumplido el
requisito de subsidiariedad y, en consecuencia, se abstendrá de estudiar los
demás requisitos y declarará la improcedencia de la tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo promovida
por Manuel Isidro Rodríguez Castelblanco, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Unidad de Administración de Carrera Judicial y de la Unión Temporal
Formación Judicial 2019, por los motivos dados.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta deberán dirigirlo, dentro del término legal,
al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello21.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
21 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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