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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06479-00

Fecha
16 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06479-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06479-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

16 de diciembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06479-00
Accionante: Viviana Vélez Gil
Se declara la improcedencia de la acción

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06479-00
Accionante: Viviana Vélez Gil
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la
Judicatura

Temas: Acción de tutela por acción u omisión de autoridad pública / Concurso de méritos /
IX Curso de Formación Judicial Inicial / Debido proceso / Derecho de petición /
Subsidiariedad / Se declara la improcedencia de la acción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sala resuelve la acción de tutela presentada por Viviana Vélez Gil contra la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la Judicatura para
obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y
acceso a cargos públicos.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 26 de noviembre de 2024 Viviana Vélez Gil interpuso, en nombre propio, una
acción de tutela contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior
de la Judicatura. La accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso, petición y acceso a cargos públicos debido a que no obtuvo una
respuesta de fondo al recurso de reposición que presentó contra la Resolución

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06479-00
Accionante: Viviana Vélez Gil
Se declara la improcedencia de la acción

EJR24-298 del 21 de junio de 2024, por medio de la cual se asignó su calificación de
la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial.

2.- En la acción de tutela se formularon las pretensiones que se transcriben a
continuación:

<< TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, la confianza legítima,
la buena fe y el acceso a cargos públicos, vulnerados por la Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla” y, en consecuencia, ORDENAR a la accionada que en un término
improrrogable de 48 horas:

EXPIDA un acto administrativo en el que:

i) RECONOZCA COMO ACERTADAS LAS RESPUESTAS que di a las preguntas
referidas en el RECURSO DE REPOSICIÓN las que A LA FECHA NO HAN SIDO
DESVIRTUADAS EFECTIVAMENTE POR LA EJRLB, teniendo en cuenta que los
argumentos esbozados por esta, se derivan de una FALSA MOTIVACIÓN,
proveniente del uso indiscriminado de la IA, y no cuentan con un sustento
psicotécnico adecuado.

ii) DISPONGA mi inclusión definitiva o transitoria en la subfase especializada del
curso concurso de formación judicial (IX curso de formación judicial).

En caso de NO ACCEDER a mi solicitud de RECONOCIMIENTO DE LAS
RESPUESTAS DE MANERA ACERTADA, SOLICITO, se ORDENE a la EJRLB, que:

EXPIDA un acto administrativo en el que:

i) RESUELVA DE MANERA EFECTIVA, CLARA, SUFICIENTE Y CONGRUENTE
con los argumentos esbozados por mi persona en el recurso de reposición
presentado en contra de la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024, las
objeciones planteados por mi en contra de la referida resolución, indicando si para
resolver mi recurso fue utilizada inteligencia artificial, y ANEXE a la misma el
programa o aplicación de IA utilizado, las preguntas realizadas a la misma para emitir
la respuesta, y si fue también consultados nuestros reparos frente a las preguntas y
cuáles fueron sus resultados,

ii) Anule la variación de las reglas del concurso de méritos a través de actos
administrativos de trámite sin la debida motivación para ello, en vulneración de los
derechos a la Buena, fé, debido proceso y confianza legítima y

iii) REHAGA LAS PREGUNTAS FORMULADAS sin el uso indiscriminado de la IA,
con acatamiento de las reglas previstas en la T-323 de 2024>>.

B. Hechos

3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

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Accionante: Viviana Vélez Gil
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3.1.- Fue discente del IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos
de magistrados y jueces de la República.

3.2.- El 21 de junio de 2024, en la Resolución EJR24-298, la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla del Consejo Superior de la Judicatura publicó los resultados de la
evaluación de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial. La
accionante reprobó la evaluación con un puntaje de 781,68.

3.3.- Presentó recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298 de 2024;
mediante la Resolución EJR24-672 del 30 de octubre de 2024 la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la Judicatura repuso parcialmente la
Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y ajustó la calificación de la
accionante a 793 puntos.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- La accionante alega que la Resolución EJR24-672 del 30 de octubre de 2024 de
la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la Judicatura vulnera
sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso a cargos públicos.

4.1.- Indica que en la mencionada resolución no se expresaron las razones por las
cuales se modificó su puntaje y que solo se justificaron las razones por las que cada
respuesta era correcta y las demás opciones eran incorrectas <<de manera genérica
y con el uso de Inteligencia Artificial>>, por lo que no hubo en ella una debida
motivación.

4.2.- Sostiene que la resolución <<no se ajusta a los propósitos de la evaluación
indicados en el acuerdo pedagógico que rige el IX curso de formación judicial>> y
que la autoridad accionada <<no respetó las reglas que rigen el concurso de méritos
en la fase de curso de formación judicial […] ni el documento guía sobre el desarrollo
del curso>>, por lo que el proceso de formación incurrió en <<vicios de legalidad>>.

4.3.- Por otra parte, señala que las preguntas de evaluación del curso <<tienen vicios
técnicos en los conceptos que miden, en las competencias que miden, en la
redacción>>. Afirma que se trató de una <<prueba robótica>> realizada y evaluada
con inteligencia artificial <<sin criterio, sin ponderación y sin suficiencia
académica>>.

D. Oposiciones e intervenciones

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Accionante: Viviana Vélez Gil
Se declara la improcedencia de la acción

5.- La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la Judicatura
(accionada) solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Afirmó que el mecanismo idóneo para
cuestionar la legalidad de la Resolución EJR24-672 de 2024 es la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, y que no se acreditó la presencia de un perjuicio
irremediable o alguna circunstancia excepcional que habilitara la procedencia de la
tutela como mecanismo transitorio.

5.1.- En todo caso, señaló que no vulneró los derechos fundamentales de la
accionante, pues la evaluación se ajustó a lo dispuesto en los Acuerdos PCSJA18-
11077 de 2018 y PCSJA19-11400 de 2019 del Consejo Superior de la Judicatura y
se ha garantizado la publicidad, defensa y contradicción de los actos.

5.2.- Informó que no utilizó ninguna herramienta de inteligencia artificial para expedir
las resoluciones relacionadas con los discentes del IX Curso de Formación Judicial
Inicial y que, por el contrario, las inquietudes de los discentes fueron atendidas de
manera individual y <<los motivos de inconformidad fueron resueltos con los insumos
proporcionados por la UT, aliado estratégico encargado de los aspectos técnicos de
las pruebas y cuyos suministros fueron incluidos tal como fueron suministrados sin
modificaciones en el cuerpo del documento por parte de la Escuela Judicial>>.

5.3.- Finalmente, en relación con el supuesto incumplimiento del acuerdo de
convocatoria, sostuvo que se trataba de <<apreciaciones subjetivas>> de la
accionante y que los motivos específicos de su inconformidad frente a las pruebas
de la subfase general del curso fueron resueltos a través de la Resolución EJR24-
672 del 30 de octubre de 2024. Afirmó que la accionante pretende utilizar la tutela
<<como un nuevo recurso frente a la resolución que resolvió su recurso de
reposición, lo cual va en contravía de la naturaleza del recurso de amparo>> y
desconoce la competencia del juez contencioso administrativo.

II. CONSIDERACIONES

6.- La sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por incumplimiento
del requisito de subsidiariedad.

7.- Se advierte que la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad
porque la accionante tiene a su alcance otros mecanismos judiciales para hacer
efectivos sus derechos fundamentales. Puntualmente, para cuestionar la legalidad
de los actos que le asignaron la calificación de reprobado en la evaluación de la
subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial, puede acudir a la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 del CPACA.

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Accionante: Viviana Vélez Gil
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7.1.- En la sentencia SU-067 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la acción
de tutela procede como mecanismo definitivo de protección contra actos
administrativos expedidos en el marco de un concurso de méritos, siempre y cuando
no exista un mecanismo judicial que permita demandar la protección del derecho
fundamental infringido. Al respecto, la sala evidencia que los reproches de la
accionante se dirigen estrictamente a controvertir la motivación fáctica y jurídica de
las Resoluciones No. EJR24-298 y No. EJR24-672 de 2024 de la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla, que contienen una manifestación plena de la voluntad de la
Administración y definen su situación jurídica en el concurso de méritos. Por lo tanto,
constituyen actos administrativos susceptibles de control por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

7.2.- Adicionalmente, se constata que la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho es un mecanismo idóneo y eficaz porque: (i) es el instrumento destinado por
la ley para controvertir la legalidad de actos administrativos; (ii) la accionante puede
formular una solicitud de medida cautelar de urgencia para suspender los efectos de
los actos, de conformidad con el artículo 229 del CPACA; (iii) en el proceso se
decretarán y practicarán las pruebas que resulten conducentes, pertinentes y útiles
para determinar si los actos adolecen de una falsa motivación y (iv) si encuentra
configurada la nulidad, el juez contencioso administrativo adoptará las medidas de
restablecimiento que correspondan.

8.- Por otra parte, si bien los actos enjuiciados impiden que la accionante continúe
con la subfase especializada del curso, la sala no advierte motivos para habilitar su
procedencia como mecanismo transitorio. Lo anterior, en virtud de que la accionante
no demostró una vulneración flagrante a sus derechos fundamentales que justifique
la adopción de medidas transitorias ni se encuentra en una circunstancia de amenaza
inminente e impostergable que no pueda ser conjurada a través de los mecanismos
judiciales ordinarios anteriormente mencionados. Además, si la situación así lo
ameritaba, la accionante podía formular una solicitud de medida cautelar de urgencia
dentro del proceso ordinario para suspender los efectos de los actos administrativos
que cuestiona.

9.- Si bien la actora cuestiona el contenido de las preguntas de la evaluación de la
subfase general del Curso de Formación Judicial y su calificación porque considera
que <<fueron calificadas sin tener en cuenta la apropiación del contenido académico
enfocado a la práctica judicial ni el desarrollo de competencias sobre la función
judicial, ni la interpretación de textos jurídicos ni la lógica del razonamiento para la
solución de problemas jurídicos ni los rangos de lecturas obligatorias>>, lo cierto es
que en el escrito de tutela no incluyó las preguntas específicas cuya evaluación

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Accionante: Viviana Vélez Gil
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cuestiona ni su fundamento. Aunque afirma que <<se remite a los argumentos
esbozados en el recurso de reposición>>, la señora Vélez Gil no adjuntó –como lo
afirma– el escrito del recurso de reposición que presentó contra la Resolución EJR24-
298 del 21 de junio de 2024. La accionante tan solo adjuntó un documento en formato
pdf del correo electrónico que envió a la autoridad accionada con la <<constancia de
la radicación del recurso>> que no permite visualizar los archivos adjuntos a ese
correo.

9.1.- No obstante lo anterior, de la revisión de la Resolución EJR24-672 del 30 de
octubre de 2024 la sala advierte que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del
Consejo Superior de la Judicatura informó, entre otros aspectos: (i) el carácter
eliminatorio de la Fase III del concurso; (ii) que se dio cumplimiento al tiempo
establecido para la realización de la evaluación; (iii) que sí se cumplieron los
acuerdos y documentos soporte para el desarrollo del curso; (iv) los objetivos de la
evaluación y su relación con la metodología del curso; y (v) que se cumplieron los
criterios psicométricos, lingüísticos, técnicos y jurídicos para la elaboración de los
enunciados. Para ello, la autoridad accionada hizo referencia a reparos concretos
aparentemente presentados por la accionante en el recurso de reposición.

9.2.- Además, la sala encuentra que, en la referida resolución, la autoridad accionada
justificó la respuesta correcta para cada uno de los ítems objetados por la accionante.
Así mismo, accedió a la solicitud de recalificación, ajustó el puntaje de la accionante
a 793 puntos y negó las peticiones relacionadas con el registro fílmico, la exhibición
de la prueba, la reanudación de la subfase general del curso y la repetición de la
evaluación. Por lo tanto, se observa que la autoridad accionada presentó una
respuesta completa y aparentemente congruente con lo solicitado.

10.- Finalmente, no se logró demostrar que la autoridad accionada hubiese
transgredido las garantías del debido proceso y de petición de la accionante por un
uso irresponsable de una herramienta de inteligencia artificial. La accionante alega
que <<la argumentación esbozada por la escuela solo se concentra en justificar, de
manera genérica y con el uso de Inteligencia Artificial, las razones del por qué, para
cada pregunta, se encuentra bien seleccionada la clave de respuesta escogida por
la escuela y el operador privado y por qué las demás opciones, les resultan
incorrectas>>. Sin embargo, en el trámite de la acción de tutela no se demostró que
la autoridad accionada hubiese desplazado el razonamiento lógico, empírico y
humano con una inteligencia artificial para adoptar y motivar la decisión contenida en
el acto. Tampoco se acreditó que la respuesta a estos ítems fuese falsa, equivocada
o inconsistente con los reproches formulados en el recurso.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06479-00
Accionante: Viviana Vélez Gil
Se declara la improcedencia de la acción

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela por incumplimiento
del requisito de subsidiariedad.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: Si la sentencia no fuera impugnada una vez ejecutoriado el fallo, por
Secretaría ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Ausente con permiso
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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