RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02547-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02547-01

Fecha
8 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02547-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 16 de julio de 2026, por medio de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el requisito de subsidiariedad y negó el amparo solicitado respecto de los reparos relacionados con el derecho fundamental de petición, para, en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Fabián Eduardo Mendoza Pulido, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la 8 de 9 Radicación: 11001-03-15-000-2026-02547-01 Demandante: Fabián Eduardo Mendoza Pulido Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad Administrativa de Carrera Judicial - CARDUJ Decisión: Modifica _____________________________________________________________________________________________________________ decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin11. TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02547-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

8 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 8 de septiembre de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02547-01
Demandante: Fabián Eduardo Mendoza Pulido
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad Administrativa
de Carrera Judicial - CARDUJ
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA |
Subsidiariedad y niega– modifica

Síntesis del caso: La parte actora presentó acción de tutela para que, en amparo de sus
derechos fundamentales, la parte accionada recalificara y aumentara el puntaje obtenido
en el factor de “capacitación adicional”.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 16 de
julio de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo respecto
del derecho de petición, por no superar el requisito de subsidiariedad, y la
negó en relación con los derechos al debido proceso y acceso a cargos
públicos2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 1 de abril de 2026, Fabián Eduardo Mendoza Pulido presentó, en
nombre propio, una acción de tutela en contra del Consejo Superior de la
Judicatura - Unidad de Carrera Judicial -CARDUJ-, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, petición,
acceso a cargos públicos, así como de los principios de confianza legítima
y buena fe, con ocasión de la Resolución No. CJR26-0158 de 26 de marzo
de 2026 que decidió confirmar el puntaje obtenido en el factor de

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el

Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Índice 41 del aplicativo SAMAI de la acción de tutela No. 2026-02547-00 (se trascribe):

“1. Rechazar de plano la solicitud de nulidad propuesta por Víctor Andrés Balcárcel Guzmán y César Eduardo
Yaruro Ortega.
2. Negar la protección del derecho fundamental de petición del actor, por las razones expuestas.
3. Declarar improcedente el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a cargos
públicos a través del mérito del señor Fabian Eduardo Mendoza Pulido, por las razones expuestas.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02547-01
Demandante: Fabián Eduardo Mendoza Pulido
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad Administrativa de Carrera Judicial - CARDUJ
Decisión: Modifica
_____________________________________________________________________________________________________________

“capacitación adicional”, en el marco del IX Curso de Formación Judicial
Inicial de la Convocatoria No. 27, para la provisión de cargos de funcionarios
de la Rama Judicial.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“- AMPARE mis derechos fundamentales al debido proceso, en su faceta de la
confianza legítima, buena fe, respecto del acto propio, al acceso a los cargos
públicos, y de petición, vulnerados por la Unidad de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial.

En consecuencia,

• ORDENE a esa misma autoridad que en el plazo perentorio de cuarenta y ocho
horas (48) horas siguientes a la notificación del fallo, MODIFIQUE y/o CORRIJA
las Resoluciones N.º CJR26-0021 de 13 de enero de 2026 y CJR26-0158 de 26 de
marzo de 2026, en lo que corresponde al puntaje del factor de “Capacitación
Adicional” que me fue otorgado erróneamente, el cual ahora debe ser de 20,00
puntos, según lo explicado en este escrito. Y que, como consecuencia de lo
anterior,

• ORDENE a la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
• Rama Judicial, que MODIFIQUE y/o CORRIJA el puntaje “Total” que me fue
asignado en las Resoluciones N.º CJR26-0021 de 13 de enero de 2026 y CJR26-
0158 de 26 de marzo de 2026, para agregar los puntos que no fueron
contabilizados correctamente en el factor de “Capacitación Adicional”, antes
mencionado.

De manera subsidiaria solicito que se:

• AMPARE TRANSITORIAMENTE, mis derechos fundamentales al debido proceso,
en su faceta de la confianza legítima, buena fe, respecto del acto propio, al
acceso a los cargos públicos, y de petición, vulnerados por la Unidad de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial.

• Y que, en consecuencia, profiera las mismas órdenes señaladas anteriormente,
pero por el periodo que dure el correspondiente proceso ordinario.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
extraen los siguientes:

4. 1) Mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, el
Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el concurso de méritos para
la provisión de cargos de jueces y magistrados de la Rama Judicial
(Convocatoria No. 27), en el cual Fabián Eduardo Mendoza Pulido se
inscribió al cargo de juez administrativo.

5. 2) A través del Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019 se regló el IX Curso de
Formación Judicial Inicial. Los resultados de la etapa clasificatoria fueron
publicados en la Resolución No. CJR26-0021 de 13 de enero de 2026, en la
cual el accionante obtuvo un puntaje total de 705,25, de los cuales 15
correspondían al componente de “capacitaciones adicionales”.

2 de 9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02547-01
Demandante: Fabián Eduardo Mendoza Pulido
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad Administrativa de Carrera Judicial - CARDUJ
Decisión: Modifica
_____________________________________________________________________________________________________________

6. 3) Fabián Eduardo Mendoza Pulido presentó recurso de reposición
contra el acto administrativo anterior3 y el Consejo Superior de la Judicatura
• Unidad de Administración de la Carrera Judicial -CARDUJ-, por medio de
la Resolución No. CJR26-0158 de 26 de marzo de 2026, decidió confirmar la
decisión4.

7. Como fundamento de la vulneración, el accionante advirtió que la
autoridad accionada incurrió en un error sustancial al asignarle únicamente
15 puntos en el factor de capacitación adicional, pese a que, conforme al
Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, le correspondían 20
puntos.

8. Explicó que, al momento de la inscripción, acreditó dos títulos de
posgrado, el de especialista en Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social,
expedido por la Universidad Nacional de Colombia el 4 de octubre de 2011,
con un valor de 5 puntos, y el de Magíster en Derecho, otorgado por la
misma institución el 7 de abril de 2016, equivalente a 15 puntos. No obstante,
sostuvo que la autoridad accionada omitió el reconocimiento de uno de
esos títulos sin ofrecer una motivación suficiente, omisión que incidió
directamente en el resultado del concurso.

9. Señaló, además, que la decisión obedeció a una interpretación
arbitraria y restrictiva del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018,
el cual, si bien no incluyó de manera expresa dicha especialización dentro
del listado correspondiente a la especialidad contencioso-administrativa, sí
estaba previsto el reconocimiento de los posgrados afines al cargo.

10. Sostuvo que la seguridad social integraba el ámbito competencial de
la jurisdicción de lo contencioso administrativa, conforme con el artículo 104,
numeral 4, del CPACA, relación que, a su juicio, además de contar con
sustento normativo, tenía reconocimiento institucional y funcional dentro de
la estructura de la Rama Judicial.

3 Índice 2 del aplicativo SAMAI. En el cual reprochó lo siguiente (se trascribe): “El puntaje que me asignó la citada

resolución tiene un error, debido a que el puntaje del ítem de “Capacitación Adicional” es de 15,00 puntos,
cuando debería ser de 20,00 puntos. Lo anterior, debido a que al inscribirme a la Convocatoria 27, adjunté los
documentos de los 2 posgrados con los que contaba en dicho momento (…)
6. El error parece consistir en que el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 (y los demás acuerdos que
regulan la Convocatoria 27) no incluye expresamente el título de “Especialista en Instituciones Jurídicas de la
Seguridad Social” (equivalente a 5 puntos), dentro de aquellos de la especialidad “Contencioso Administrativa”.
Sin embargo, el mismo Acuerdo señala al final de la tabla que relaciona los posgrados objeto de puntaje en el
factor de “Capacitación Adicional” (adjunta en el Hecho 2), que dentro de esos postgrados que “permitirán a los
aspirantes obtener puntaje en el factor de capacitación adicional, [y que] deberán relacionarse directamente
con la especialidad del cargo de aspiración”, se incluyen también: “los demás posgrados afines a la especialidad
del cargo a que se aspire”.
7. Pues bien, los asuntos de la seguridad social están expresamente incluidos dentro del objeto de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.”
4 Índice 2 del aplicativo SAMAI. (se trascribe) “ARTÍCULO 1. ° CONFIRMAR la Resolución CJR26-0021 de 13 de enero

de 2026, para el cargo de Juez Administrativo código (270011), en cuanto al puntaje otorgado al doctor FABIAN
EDUARDO MENDOZA PULIDO, identificado con cédula de ciudadanía 1049616598, respecto del factor de
capacitación adicional, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.”

3 de 9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02547-01
Demandante: Fabián Eduardo Mendoza Pulido
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad Administrativa de Carrera Judicial - CARDUJ
Decisión: Modifica
_____________________________________________________________________________________________________________

11. Con fundamento en lo anterior, alegó que la CARDUJ vulneró su
derecho fundamental de petición, pues no se pronunció de fondo sobre los
argumentos normativos y funcionales expuestos y se limitó a negar el
reconocimiento del título, sin analizar la afinidad acreditada ni las
disposiciones invocadas. Agregó que esa actuación también desconoció el
debido proceso, en particular en lo relacionado con la motivación
suficiente, la confianza legítima y la buena fe, pues la autoridad se apartó
de las reglas del concurso y desatendió un hecho que consideró
plenamente demostrado. Por último, afirmó que esa decisión frustró
injustificadamente sus expectativas legítimas y afectó el principio del mérito
que rige el acceso a la función pública.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación5

12. En Sentencia de 16 de julio de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, por un lado, declaró improcedente la tutela por no superar el
requisito de subsidiariedad frente a los reparos relacionados con la presunta
vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a cargos públicos y, por el otro, negó las pretensiones relacionadas por la
presunta vulneración a su derecho fundamental de petición.

13. Para tal efecto, indicó que la motivación de la solicitud de amparo
era discutir la legalidad de las resoluciones proferidas con ocasión del curso-
concurso. Aunado a lo anterior, precisó que el señor Mendoza Pulido podía
acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por
ser este el mecanismo idóneo y eficaz para que se dejara sin efectos los
actos administrativos enjuiciados, escenario en el que el accionante podía
solicitar las medidas cautelares previstas en el CPACA para obtener una
protección oportuna de sus derechos. Asimismo, señaló que no se acreditó
la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la procedencia
excepcional del amparo constitucional.

14. De cara a la presunta vulneración del derecho de petición, negó el
amparo tras advertir que la CARDUJ dio una respuesta de fondo al recurso
presentado por la parte actora en contra de la Resolución No. CJR26-0021
de 13 de enero de 2026. Señaló que, frente a la solicitud de reconocimiento
del título de especialización en Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social,
dentro del factor de capacitación adicional, la entidad emitió un
pronunciamiento claro en el que explicó las razones por las cuales dicho
título no sería tenido en cuenta para sumar calificación en el cargo de juez
administrativo para el cual se inscribió, conforme con las reglas de la
Convocatoria 27.

5 Mediante Auto de 10 de abril de 2026, ubicado en el índice 4 del aplicativo SAMAI, el despacho sustanciador de

primera instancia decidió 1) admitir la acción de tutela de la referencia y 2) tener como accionado al Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial -CARDUJ-.

4 de 9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02547-01
Demandante: Fabián Eduardo Mendoza Pulido
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad Administrativa de Carrera Judicial - CARDUJ
Decisión: Modifica
_____________________________________________________________________________________________________________

15. La parte actora impugnó la anterior decisión. Sostuvo que la Sección
Cuarta incurrió en un error al concluir que la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial había emitido una respuesta de fondo, pues, a su juicio, la
entidad nunca respondió materialmente el argumento central planteado
en el recurso de reposición, consistente en explicar por qué su
especialización en Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social no se
consideró afín al cargo de juez administrativo, pese a que el artículo 104 de
la Ley 1437 de 2011 atribuye a la jurisdicción de lo contencioso administrativa
el conocimiento de asuntos de seguridad social.

16. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional sobre el núcleo
esencial del derecho de petición, afirmó que la respuesta debía ser clara,
congruente y consecuente con lo solicitado, requisitos que estimó
incumplidos, y solicitó revocar el fallo para que se ordenara a la autoridad
accionada emitir una contestación material y, de encontrar fundados sus
planteamientos, modificar las resoluciones que definieron su puntaje en la
Convocatoria 27.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia 2.2 Procedencia de la acción de tutela. 2.3.
Conclusión

2.1. Cuestión previa y fijación de la controversia

17. El juez de primera instancia consideró que se debía realizar un estudio
de fondo respecto del derecho fundamental de petición; sin embargo, se
considera pertinente aclarar que, pese a que el accionante advirtió una
presunta vulneración del mencionado derecho, la Sala encuentra que sus
reparos encuadran en la presunta vulneración del derecho al debido
proceso administrativo, por las siguientes razones:

18. a) El accionante alegó que la accionada no dio una respuesta de
fondo al recurso presentado por la parte actora en contra de la Resolución
No. CJR26-0021 de 13 de enero de 2026, de manera que lo reprochado no
es respecto de una petición aislada, sino del recurso administrativo que
presentó en contra de la Resolución No. CJR26-0021 de 13 de enero de 2026,
en el marco de la Convocatoria No. 27, y el cual fue resuelto en la Resolución
CJR26-0158 de 26 de marzo de 2026. De manera que el mencionado
reproche recae sobre el contenido y la motivación de esta última resolución.

19. b) La inconformidad del accionante, entonces, está dirigida a
cuestionar la interpretación realizada por la autoridad accionada sobre las
reglas de la Convocatoria 27, Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de
2018, al haber concluido que su especialización en Instituciones Jurídicas de
la Seguridad Social no era afín al cargo de juez administrativo. De esta

5 de 9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02547-01
Demandante: Fabián Eduardo Mendoza Pulido
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad Administrativa de Carrera Judicial - CARDUJ
Decisión: Modifica
_____________________________________________________________________________________________________________

manera, el debate propuesto se circunscribió a enjuiciar el contenido de la
mencionada resolución y al presunto error sustancial en la valoración de sus
credenciales académicas, aspectos que se enmarcan en el análisis de la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso administrativo. En
consecuencia, dicho reparo debía analizarse en su integridad dentro del
estudio de la presunta vulneración al derecho fundamental aludido, y no
como una controversia autónoma sobre el derecho fundamental de
petición

20. Aclarado lo anterior, le corresponde a la Sala verificar si la presente
acción de tutela satisfizo, o no, el requisito de subsidiariedad. En el evento
en el que la respuesta a este interrogante sea afirmativa, se procederá a
establecer, una vez verificados los demás requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, si la CARDUJ vulneró el derecho
fundamental del accionante al debido proceso administrativo. Como
consecuencia de lo anterior, se confirmará, modificará o revocará la
decisión de primer grado.

2.2 Procedencia de la acción de tutela

21. La Sala modificará la sentencia impugnada, en vista de que el
accionante pretende que la CARDUJ modifique la calificación obtenida en
la Resolución No. CJR26-0021 de 13 de enero de 2026, confirmada por la
Resolución CJR26-0158 de 26 de marzo de 2026, respecto de la cual
exteriorizó varios reparos frente a la calificación obtenida en el apartado de
“capacitación adicional”, y la Sala considera que no se satisface el requisito
de subsidiariedad6, habida cuenta de que: 1) existe otro medio de defensa
judicial idóneo y eficaz para que el accionante cuestione la Resolución No.
CJR26-0021 de 13 de enero de 2026, y la Resolución No. CJR26-0158 de 26
de marzo de 2026 que resolvió el recurso de reposición formulado en contra
de la primera, y 2) no se acreditó un perjuicio irremediable que hiciere
procedente la tutela como mecanismo transitorio.

22. 1) Para la Sala, la Resolución No. CJR26-0021 de 13 de enero de 2026,
y la Resolución No. CJR26-0158 de 26 de marzo de 2026 que resolvió el
recurso de reposición presentado por el señor Mendoza Pulido en contra de
la primera, constituyen actos administrativos susceptibles de ser
demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho7,

6 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86 constitucional, señaló que la tutela resulta

improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
7 Esta Sala ha reiterado esa posición en Sentencias de tutela de 24 de abril de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-

2023-00215-00, radicado No. 11001-03-15-000-2023-00316-01; 8 de mayo de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-
2023-00326-01; 13 de junio de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-02385-00; y 25 de octubre de 2024, radicado
No. 11001-03-15-000-2024-04444-00, 16 de diciembre de 2024, radicado No. 11001-03-15-000-2024-06479-00, 7 de
febrero de 2025, radicados No. 11001-03-15-000-2024-06255-00 - 11001-03-15-000-2024-06228-00 y, 14 de febrero de
2025, radicado No. 11001-03-15-000-2024-6861-00.

6 de 9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02547-01
Demandante: Fabián Eduardo Mendoza Pulido
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad Administrativa de Carrera Judicial - CARDUJ
Decisión: Modifica
_____________________________________________________________________________________________________________

por estar ante manifestaciones de la voluntad de la administración que,
para el caso concreto, definen la situación jurídica del actor en el concurso
de méritos.

23. Sumado a lo anterior, y en virtud de los reparos del accionante, la Sala
considera que, en el presente caso, no se está ante ninguna de las
excepciones a la regla general de improcedencia de la acción de tutela
en el campo de los concursos de méritos, fijadas en la Sentencia SU-67 de
2022 de la Corte Constitucional8, comoquiera que: a) como se indicó
anteriormente, existe un mecanismo judicial que permite demandar las
Resoluciones No. CJR26-0021 de 13 de enero de 2026 y No. CJR26-0158 de
26 de marzo de 2026, dada la inconformidad del accionante con el puntaje
que obtuvo en el apartado de “capacitación adicional” del curso-concurso
y, con ello, la pretensión de obtener la protección de sus derechos
fundamentales , b) no se configuró un perjuicio irremediable, como
enseguida se desarrollará, y c) no se planteó un problema constitucional
que desborde el marco de competencias del juez administrativo,
comoquiera que las pretensiones del accionante se dirigen a determinar la
legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de la
convocatoria.

24. 2) Para la Sala no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que torne procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio, pues, a partir del análisis del acervo probatorio no es posible
establecer que el demandante se encuentre en una situación de debilidad
manifiesta que implique adoptar medidas urgentes, impostergables,
improrrogables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.

25. Además, la Sala advierte que, si el accionante, en realidad, considera
que dichos actos administrativos le causaron un perjuicio irremediable, con
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho puede solicitar el
decreto de medidas cautelares9, incluso, con carácter de urgencia10.

8 Ver párrafo 96 de esa providencia. (se trascribe) “(…) la jurisprudencia constitucional ha instaurado tres
excepciones a la regla general de improcedencia de la acción de tutela, en el campo específico de los concursos
de mérito. Los actos administrativos que se dicten en el curso de estas actuaciones administrativas podrán ser
demandados por esta vía cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un mecanismo
judicial que permita demandar la protección del derecho fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio
irremediable y iii) planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de competencias del juez
administrativo. “
9 “ARTÍCULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos declarativos que se adelanten

ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso,
a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto
del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo”.
10 “ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la solicitud y sin previa

notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos
los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el
artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá
comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en el auto que la
decrete.”.

7 de 9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02547-01
Demandante: Fabián Eduardo Mendoza Pulido
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad Administrativa de Carrera Judicial - CARDUJ
Decisión: Modifica
_____________________________________________________________________________________________________________

26. Por lo expuesto, no le es dado al juez de tutela pronunciarse sobre el
fondo del asunto ni siquiera con miras a adoptar un amparo transitorio, toda
vez que el mecanismo constitucional no es un medio judicial alternativo,
adicional o complementario de los establecidos por la ley.

27. Contrario a lo expuesto por el juez de primera instancia, no había lugar
a pronunciarse de fondo sobre la presunta vulneración del derecho
fundamental de petición, comoquiera que los argumentos expuestos por el
accionante no estaban dirigidos a cuestionar la ausencia de una respuesta
material y de fondo por parte de la autoridad accionada, sino a que se
corrigiera la motivación contenida en la Resolución No. CJR26-0158 de 26
de marzo de 2026 y, con ello, a que a través de la acción de tutela se
estudiara si la autoridad accionada realizó una interpretación acertada de
las reglas de la Convocatoria 27, Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto
de 2018, al concluir que su especialización en Instituciones Jurídicas de la
Seguridad Social no era afín al cargo de juez administrativo y, en esa
medida, le correspondía un puntaje de 15 puntos en el factor de
"capacitación adicional".

2.3 Conclusión

28. Para la Sala, existen razones suficientes para tener por no cumplido el
requisito de subsidiariedad, en consecuencia, se abstendrá de estudiar los
demás requisitos y modificará la decisión de tutela de primera instancia que
declaró la improcedencia de la acción de tutela y además negó el amparo
solicitado de cara al derecho fundamental de petición.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 16 de julio de 2026, por medio de la
cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la
solicitud de amparo por no cumplir el requisito de subsidiariedad y negó el
amparo solicitado respecto de los reparos relacionados con el derecho
fundamental de petición, para, en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la
acción de tutela presentada por Fabián Eduardo Mendoza Pulido, por las
razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la

8 de 9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02547-01
Demandante: Fabián Eduardo Mendoza Pulido
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad Administrativa de Carrera Judicial - CARDUJ
Decisión: Modifica
_____________________________________________________________________________________________________________

decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin11.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

11 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

9 de 9

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.