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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00326-00

Fecha
2 de marzo de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
14 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00326-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: TENER como coadyuvantes de la parte accionante, en el trámite de la referencia a los señores Miguel Ángel Uribe Becerra y Dan Matías González García. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, presentada por la señora Andrea del Pilar Martínez Correa, según lo expuesto en la parte motiva. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00326-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

2 de marzo de 2023

Demandante: Andrea del Pilar Martínez Correa
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad Administrativa de la Carrera Judicial y otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-00326-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., dos (02) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00326-00
Demandante: ANDREA DEL PILAR MARTÍNEZ CORREA
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE LA CARRERA JUDICIAL Y OTRO

Tema: Tutela contra acto administrativo – Convocatoria 27 – Concurso
de méritos

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por
la señora Andrea del Pilar Martínez Correa, contra el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad
Nacional de Colombia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

1. Con escrito enviado el 24 de enero de 2023 al buzón web de la Secretaría
General de esta Corporación y remitido al despacho ponente el 26 del mismo mes
y año, la señora Andrea del Pilar Martínez Correa, actuando en nombre propio,
instauró acción de tutela con solicitud de medida cautelar, contra el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la
Universidad Nacional de Colombia, con el fin de que le sean protegidos sus
“derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y al trabajo .”

2. La accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con
ocasión del presunto error que se presentó en la calificación de su prueba de
conocimientos, en el marco del concurso de méritos para la provisión de los
cargos de funcionarios de carrera de la Rama Judicial - Convocatoria N.° 27.

3. Lo anterior, por cuanto en la Resolución CJR22-0351 de 1.°de septiembre
de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso para la provisión del cargo de Juez
Promiscuo Municipal de la Rama Judicial, no se tuvo en cuenta el puntaje real de
su prueba, debido a que se incurrió en un error al momento de calificarla, lo que
no permitió que su puntaje subiera a 802,157, y por ende, no tiene el mérito para
ser admitida en el curso de formación judicial.

1

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4. De igual manera, por la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023,
que resolvió el recurso de reposición interpuesto por la accionante.

1.2. Pretensiones

5. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó la protección de los
derechos fundamentales invocados, y como consecuencia pidió:

“PRINCIPALES

1. Se me aplique la misma justicia que se ha aplicado a otros participantes en los
procesos de selección y se apliquen los mismos parámetros que la Directora de la Unidad de
Carrera aplica en sus actos administrativos pero que ahora de forma arbitraria y contra la ley
pretende omitir.

2. Se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad y se apliquen las
mismas consideraciones y argumentos con los cuales anteriormente por casos análogos se
han protegido los derechos de los accionantes.

3. Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura que se realice CONTEO MANUAL DE
LOS ACIERTOS, Comedidamente solicito se realice una calificación manual a mi hoja de
repuestas, es decir, que el conteo de aciertos los haga un calificador humano y no la
máquina que ya lo realizó, por cuanto al contrastar mi hoja de repuestas y la hoja de las
claves de respuestas brindadas por la Universidad, pude evidenciar que tuve 67 aciertos en
total, y que al aplicar la fórmula de calificación, se encuentra un error en el componente de
conocimientos, donde se evidencia que se dejó de contar uno de mis aciertos en ese
componente. Por lo anterior, se hace prioritario el reconteo manual de los aciertos obtenidos
en el componente de conocimientos, debido a que con los 67 aciertos que tuve en total (29
en aptitudes y 38 en conocimientos), y aplicando la fórmula de calificación, obtendría el
puntaje total de 802,157, con lo cual tendría un resultado aprobatorio del examen.

4. Solicito se ordene en caso de no ampararseme mis derechos fundamentales y por
presentarse mayores equivocaciones a las que llevaron a repetir la prueba de conocimientos
en la primera oportunidad, repetir la prueba de conocimientos de la convocatoria 27 fue
practicada el 24 de julio de 2022.

5. Se vincule al presente tramite a todos los participantes del grupo Jueces Promiscuos
Municipales de la Convocatoria 27 para que aporten los demás errores que fueron
encontrados.

6. Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura que responda de forma congruente
los argumentos que le fueron puestos de presente en los recursos de reposición respetando
así el principio de congruencia.

7. Se compulsen copias a la Fiscalía General de la Nación para que se estudie la posible
comisión de las conductas prevaricadoras de la Doctora Claudia Marcela Granados Romero
• Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura.

8. Se compulsen copias a la Comisión Judicial de Disciplina Nación para que se estudie la
posible comisión de faltas disciplina en que incurre la Doctora Claudia Marcela Granados
Romero - Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura.
SUBSIDIARIAS

1. Que se orden al Consejo Superior de la Judicatura que corrija las preguntas cuyas
respuestas consideradas correctas por la universidad no coinciden con el ordenamiento
legal, la jurisprudencia y el orden constitucional.

2. Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura que las preguntas que fueron
incluidas en la prueba de conocimientos que le fueron formuladas a los participantes para el
cargo de Juez Promiscuo Municipal y que no corresponden a su competencia, sean tenidas
en cuenta como validas parta todos los participantes.

2

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3. Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura que dado que el resultado de la
prueba corresponde a una valoración general de todos los participantes (curva geométrica)
se realice una corrección de las preguntas formuladas y se emita una nueva calificación para
todos los participantes.

4. Que se realice una calificación manual a mi hoja de repuestas, es decir, que el conteo de
aciertos los haga un calificador humano y no la máquina que ya lo realizó, por cuanto al
contrastar mi hoja de repuestas y la hoja de las claves de respuestas brindadas por la
Universidad, pude evidenciar que tuve 67 aciertos en total, y que al aplicar la fórmula de
calificación, se encuentra un error en el componente de conocimientos, donde se evidencia
que se dejó de contar uno de mis aciertos en ese componente. Por lo anterior, se hace
prioritario el reconteo manual de los aciertos obtenidos en el componente de conocimientos,
debido a que con los 67 aciertos que tuve en total (29 en aptitudes y 38 en conocimientos), y
aplicando la fórmula de calificación, obtendría el puntaje total de 802,157, con lo cual tendría
un resultado aprobatorio del examen”. (Sic a toda la cita)1

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

6. Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso de
méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de carrera de la Rama
Judicial - Convocatoria N.° 27.

7. La actora se inscribió al concurso en cita para el cargo de juez promiscuo
municipal, por lo que el 2 de diciembre de 2018 presentó las pruebas constitutivas
del concurso: aptitudes, conocimientos generales, conocimientos específicos y
psicotécnicos.

8. El 23 de octubre de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura y la
Universidad Nacional emitieron un comunicado en el que informaban que todas las
pruebas practicadas el 2 de diciembre de 2018, debían ser repetidas.

9. El 27 de octubre de 2020 mediante Resolución CJR20-0202 de 20202, el
Consejo Superior de la Judicatura resolvió “CORREGIR la actuación administrativa
contenida en las resoluciones CJR19-0679 y CJR19-0877 de 2019; CJR20-0185, CJR20-
0187, CJR20-0188, CJR20-0189 y CJR20-0200 de 2020, junto con los demás actos
administrativos expedidos durante el procedimiento que se corrige, desde la citación a las
pruebas de conocimientos generales y específicos, de aptitudes y psicotécnicas, para
ajustar todo el trámite a derecho, de conformidad con lo señalado en la parte
considerativa de esta resolución, y en consecuencia, CONTINUAR el trámite de la
convocatoria, para lo cual, oportunamente se publicarán las citaciones y se aplicarán las
pruebas”.

10. Por lo anterior, la accionante presentó nuevamente las pruebas de aptitudes
y conocimientos, correspondientes al concurso para la provisión del cargo de Juez
promiscuo municipal de la Rama Judicial.

1
Folio 33 de la demanda de tutela. Índice 2 del aplicativo SAMAI.
2
Prueba # 10 allegada con el escrito de tutela.
3

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11. Por medio de la Resolución CJR22-0351 de 1. ° de septiembre de 2022, se
publicaron los resultados, la accionante obtuvo en la de aptitudes un puntaje de
222,10 y 575,18 en la de conocimientos, lo que dio un total de 797,28, motivo por
el cual no aprobó.

12. La señora Martínez Correa interpuso recurso de reposición3 en contra de la
Resolución CJR22-0351 de 1. ° de septiembre de 2022, con el fin de que se
modificara o reformara para que se generara una calificación satisfactoria.

13. Lo anterior, por cuanto la actora observó que tuvo 67 aciertos en total y, a
su juicio, la Universidad Nacional de Colombia al momento de calificar cometió un
error al aplicar la formula en el componente de conocimientos, pues dejó de contar
uno de sus aciertos, por lo que si se hubiera hecho el cálculo de forma manual,
con la pregunta que, en su sentir, dimitieron, automáticamente su resultado del
examen sería aprobatorio, pues de un total de 797,28 hubiera pasado a un puntaje
real de 802,15.

14. Mediante la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 20234, se resolvió
el anterior recurso confirmando las decisiones contenidas en la Resolución
CJR22-0351 de 1º de septiembre de 2022 y, en consecuencia, no se modificaron
los puntajes obtenidos por los recurrentes relacionados en el “Anexo 1” del acto
administrativo mencionado, para el cargo de juez promiscuo municipal.

1.4. Fundamentos de la solicitud

15. La accionante señaló que las autoridades demandadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo por lo
siguiente:

16. Sostuvo que en el examen realizado se evaluaron asuntos que por
disposición legal no son competencia de los jueces promiscuos municipales y que,
por tal razón, no podían preguntar según el mismo instructivo dado por la
Universidad Nacional de Colombia.

17. Arguyó que, la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023, mediante
la cual se resolvió el recurso de reposición por ella interpuesto, contenía errores
de redacción, además, desconoció la Constitución, la ley y los precedentes de las
máximas corporaciones judiciales.

18. Agregó que, en su caso particular, es evidente que tiene una respuesta
acertada que no le fue contabilizada por el lector óptico, y que, si se hubiera

3
ED_PRUEBA_24_1_20234_(.pdf) Nr oActua 2.
4
"Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución
CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la
prueba de aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del
cargo de Juez Promiscuo Municipal de la Rama Judicial".
4

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realizado un conteo manual como lo dispone el numeral 7 de dicho acto
administrativo, el error en su calificación se evidenciaría y se resolvería su recurso
de forma favorable.

19. Explicó que mediante la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023
se vulneró su derecho fundamental al debido proceso ya que la Unidad
Administrativa de Carrera Judicial intentó solucionar su situación particular de
manera general como a los demás recurrentes, así mismo, desconoció que si se
hubiera calificado manualmente la prueba su resultado sería aprobatorio.

20. Del mismo modo, consideró que se trasgredieron sus derechos por cuanto
en el mencionado acto administrativo se indicó que no procedían recursos contra
la decisión allí adoptada

21. De igual manera, manifestó que los reparos concretos que planteó en el
recurso de reposición interpuesto no fueron resueltos en su totalidad, pues la
Universidad Nacional de Colombia se limitó a decir que la respuesta por ellos
aceptada era la correcta, sin tener en cuenta sus argumentos.

22. Aseguró que uno de los puntos manifestados en el recurso, con relación a
que las preguntas 100, 102, 103 y 130 del examen practicado corresponden a
temas que no son de conocimiento de los jueces promiscuos municipales, razón
por la cual debían excluirse de la prueba para jueces de esta categoría, el acto
administrativo se limitó a decir que las preguntas eran “pertinentes”, sin dar
respuesta de fondo.

1.5. Trámite de la acción de tutela

23. Mediante auto del 30 de enero de 20235, se admitió la acción de tutela y se
dispuso su notificación6 a la parte actora, así como a al Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial y a la Universidad
Nacional de Colombia, como autoridades accionadas, para que se refirieran a sus
argumentos y pudieran allegar y rendir los informes que consideraran pertinentes.

24. Ordenó, además, publicar dicho auto en la página web del concurso para
que los sujetos que consideraran tener algún interés en las resultas del proceso,
pudieran intervenir en la actuación.

25. Finalmente, se negó la medida provisional solicitada por la parte accionante
la cual consistía en que se ordenara, hasta tanto no se resolviera de manera
definitiva la presente tutela, la suspensión provisional de la notificación de la
Resolución, mediante la cual se publicará la relación de admitidos de la
Convocatoria N.° 27 que se tenía programada para el próximo 8 de febrero de
2023.

26. Lo anterior, por cuanto el despacho ponente consideró que la parte
accionante no argumentó ni allegó prueba que acreditara que en ese momento

5
Índice 4 del expediente digital en el aplicativo SAMAI.
6
Actuación realizada el 9 de febrero de 2023.
5

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procesal existiera la necesidad exigida por el ordenamiento, por lo menos, sin
realizar el previo análisis de fondo de los argumentos expuestos por las partes
accionadas y la valoración de los medios de convicción allegados.

1.6. Intervenciones

27. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital del expediente7, se presentaron las
siguientes contestaciones:

1.6.1. Andrea del Pilar Martínez Correa

28. Mediante correo electrónico remitido el 6 de febrero de 2023 la accionante
solicitó que a pesar de que existen acciones de tutela con similares supuestos
fácticos y jurídicos se tenga en cuenta que únicamente ella es perjudicada de la
indebida calificación de la prueba, pues al contrastar su hoja de respuestas y las
claves de respuestas brindadas por la Universidad Nacional de Colombia se
evidencia que tuvo 67 aciertos en total, pero que al aplicar la fórmula de
calificación, se encuentra un error en el componente de conocimientos, por cuanto
se dejó de contar una de sus respuestas correctas en ese componente.

29. Por lo anterior insiste en que, si hubieran calificado manualmente, con este
punto que se dejó de contabilizar, automáticamente obtendría un resultado
aprobatorio del examen, pues de 797,28 (puntaje otorgado por la institución
educativa) se pasaría a 802,15, siendo este el resultado real y que le permitiría
pasar a la siguiente etapa del proceso.

30. De igual manera, solicitó que se incorporen al proceso, se valoren y tengan
en cuenta al momento de decidir la tutela, las pruebas documentales que anexó,
los cuales son comunicados que dejan claro que la Universidad Nacional de
Colombia no decidió de manera completa y de fondo los recursos interpuestos
contra los resultados del examen de conocimientos y aptitudes publicados
mediante la Resolución CJR22-0351- Convocatoria 27, para el cargo de juez
promiscuo municipal.

31. El 15 de febrero de 2023 la accionante presentó una nueva petición en la
cual señaló que la revisión del puntaje de 29 aciertos en el componente de
aptitudes y 37 aciertos en el componente de conocimientos generales y
específicos fue con base de datos, y de ninguna manera fue el conteo manual que
está exigiendo, pues en la jornada de exhibición de las calificaciones al contrastar
su hoja de respuestas y la hoja de las claves de respuestas brindadas por la
Universidad Nacional de Colombia, evidenció que tuvo 67 aciertos en total (29 en
aptitudes y 38 en conocimientos), por lo que alegó que el ente educativo al
calificarla dejó de contabilizar uno de sus aciertos válidos y es por eso que insiste
en lo peticionado.

7
De conformidad con las notificaciones obrantes en el expediente digital de la acción de tutela,
Índice 10, 11 y 12, Oficio No. 9702, 9706, 9708, 9711, 9749, 9750, 9752, 9753, 9755 y 9756 del 8 y
9 de febrero de 2023.
6

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1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la
Carrera Judicial

32. Con escrito enviado el 10 de febrero del 2023 al correo electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado, la directora de la Unidad de Carrera
Judicial indicó que se debía declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado en atención a que la pretensión de la accionante se encuentra
encaminada a que se resuelvan las solicitudes presentadas en el recurso de
reposición interpuesto contra los resultados obtenidos en la prueba aplicada el 24
de julio de 2022 en las objeciones presentadas en el escrito de adición del recurso
de reposición, que fueron atendidas mediante la Resolución CJR23-0042 de 16 de
enero de 2023 en debida forma.

33. Así mismo, explicó que frente a las preguntas 100, 102,103 y 130 se
adoptaron las medidas pertinentes por parte de la Unidad requiriendo al operador
técnico, para así evitar la vulneración o amenaza de vulneración del derecho
fundamental alegado; sin embargo, la Universidad Nacional de Colombia afirmó
que las respuestas se encuentran en el Anexo 2 de la citada resolución.

1.6.3. Miguel Ángel Uribe Becerra

34. Con escrito remitido el 12 de febrero de 2023 al buzón web de la Secretaría
General de la Corporación, solicitó se le reconociera como coadyuvante de la
parte accionante, a su vez requirió acceder al amparo deprecado por considerar
que se violaron los derechos fundamentales de la actora.

35. Señaló que se encuentra con interés legítimo en el resultado por tener la
calidad de aspirante para el cargo de juez promiscuo municipal dentro de la
Convocatoria 27 realizada en virtud del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018. Por lo
anterior, solicitó que la sentencia que se profiera dentro del presente proceso
tenga efectos “ínter comunís” y, por tal razón, se extienda el amparo y las órdenes
para ello, a todas las personas aspirantes que presentaron recurso de reposición
dentro de la Convocatoria 27 para proveer cargos de funcionarios en la Rama
Judicial.

1.6.4. Dan Matías González García

36. Por medio de memorial presentado el 24 de febrero de 2023 por correo
electrónico, requirió se deje sin efectos la Convocatoria N. ° 27 realizada a través
del Acuerdo PCSJA18- 11077 del 16 de agosto de 2018 y, en consecuencia, se
convoque nuevamente a todos los interesados a inscribirse en un proceso de
méritos con respeto de las garantías constitucionales.

37. De igual manera, señaló que en su caso particular la Universidad Nacional
asignó un puntaje aproximado, previamente registrado en su base de datos de
concursos públicos, de tal manera que, calificó los últimos tres exámenes que ha
presentado con un promedio de 735 puntos, lo cual denota fraude de dicha
institución educativa pues le volvió a calificar con un puntaje previamente
asignado, situación a todas luces cuestionable y contraria al mérito, porque una
prueba totalmente distinta no podría conllevar al mismo resultado.
7

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38. A pesar de que la Universidad Nacional de Colombia fue debidamente
notificada, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

39. Esta Sala es competente para conocer de la petición de amparo
constitucional presentada por la parte accionante, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y
el numeral 8.° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 1983 de 2017 y por el Decreto 333 de 2021.

40. Lo anterior, por cuanto se precisó que una de las autoridades contra la que
dirige la acción de tutela es el Consejo Superior de la Judicatura, y le corresponde
a la Corte Suprema de Justicia y a esta Corporación conocer de las solicitudes de
amparo que se promuevan contra la referida entidad.

2.2. De la coadyuvancia presentada

41. La coadyuvancia de la acción de tutela se encuentra expresamente prevista
en el inciso 2º del artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual señala que
“Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho
la solicitud”.

42. Sobre esta figura jurídico procesal, la Corte Constitucional, en la sentencia
T-269 de 20128, reiterada en la T-269 del 29 de marzo de 20189, consideró que los
terceros con interés legítimo pueden intervenir en el proceso como coadyuvantes,
apoyando las razones presentadas por el actor o por persona o autoridad
demandada, armonizando el papel de los terceros con los principios de
informalidad y prevalencia de lo sustancial que rigen el proceso.

43. Cabe destacar que los ciudadanos intervinientes sustentaron el interés en el
resultado del proceso, apoyando y nutriendo la argumentación para lograr el
reconocimiento de los derechos fundamentales considerados conculcados. En
consecuencia, la Sala tendrá como coadyuvantes, a los señores Miguel Ángel
Uribe Becerra y Dan Matías González García.

2.3. Problema jurídico

44. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

 ¿Se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y al
trabajo, por parte de los accionados, en virtud de la expedición de la

8
Corte Constitucional, Sentencia T-269, 29.03.2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-070, 1.03.2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
8

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Resolución CJR22-0351 de 1. ° de septiembre de 2022 y la Resolución
CJR23-0042 de 16 de enero de 2023?

45. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) Panorama general de la acción de tutela; (ii) Naturaleza
subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la misma cuando existen
otras vías judiciales disponibles y eficaces; y (iii) Caso concreto.

2.4. Razones jurídicas de la decisión

2.4.1. Panorama general de la acción de tutela

46. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.
47. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la
subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del
derecho fundamental que se dice vulnerado o amenazado.

48. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental.

2.4.2. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la
misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces.

49. Al respecto, la Sala reitera el criterio expresado en ocasiones anteriores 10,
el cual se expone a continuación.

50. El inciso 3. º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1. º del artículo 6.º
del Decreto 2591 de 1991.

51. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros
mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe
recurrir a estos y no a la tutela.

52. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones

10
Ver entre otras las sentencias del Consejo de Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P.
Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23-33-000-2015-00440-01 y del 21 de julio de 2016. C.P.
Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-000-2016-00293-01
9

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paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia11.

53. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se
colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un
asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los
mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos.

54. Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son
de la esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2°
del artículo 2. ° de la Constitución, de ahí que la garantía de los derechos
fundamentales de las personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que
es vinculante para cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado
y en cualquiera de los ámbitos funcionales del mismo.

2.5. Caso concreto

55. De conformidad con las consideraciones expuestas, es claro que la señora
Andrea del Pilar Martínez Correa consideró vulneradas sus garantías
constitucionales con ocasión del presunto error que se presentó en la calificación
de su prueba de conocimiento, en el marco del concurso de méritos para la
provisión de los cargos de funcionarios de carrera de la Rama Judicial -
Convocatoria N. °. 27.

56. Lo anterior, por cuanto en la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre
de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso para la provisión del cargo de Juez
Promiscuo Municipal de la Rama Judicial, no se tuvo en cuenta el puntaje real de
su prueba, debido a que se incurrió en un error al momento de calificarla, lo que
no permitió que su puntaje subiera a 802,157, y por ende, no tiene el mérito para
ser admitida en el curso de formación judicial.

57. De igual manera, por la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023,
por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la
accionante contra el acto administrativo anteriormente mencionado, pues alegó
que contenía errores de redacción, además, desconoció la Constitución, la ley y
los precedentes de las máximas corporaciones judiciales.

58. Explicó que mediante la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023
se vulneró su derecho fundamental al debido proceso, pues se intentó solucionar
su situación particular de manera general como a los demás recurrentes,
desconociendo que si le hubieran calificado manualmente su resultado de la
prueba sería aprobatorio, así mismo, sintió trasgredidos sus derechos al momento

11
En sentencia T-313 del primero de abril de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En
efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos
judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos
constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el
artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el
requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de
protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
10

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en que dicho acto administrativo le negó la posibilidad de acceder a otros recursos
como el de apelación.

59. Igualmente, manifestó que los reparos concretos que planteó en el recurso
de reposición interpuesto no fueron resueltos en su totalidad, pues la Universidad
Nacional de Colombia se limitó a decir que la respuesta por ellos aceptada era la
correcta, sin tener en cuenta sus argumentos y tampoco que las preguntas 100,
102, 103 y 130 del examen practicado corresponden a temas que no son de
conocimiento de los jueces promiscuos municipales razón por la cual debían
excluirse de la prueba.

60. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito de subsidiariedad12, como se explicará:

61. En relación con la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022 y
la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023, las mismas constituyen actos
particulares y concretos, que pueden ser controvertidos a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138
de la Ley 1437 de 201113, en el que la actora podrá plantear los argumentos que
trae en sede tutela.

62. Así es claro, entonces, que la señora Martínez Correa cuenta con otro
mecanismo de defensa judicial, idóneo y eficaz, para discutir el acto que cuestiona
y lograr la protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados
mediante la presente acción.

63. Esta Sección estima necesario aclarar que el juez ordinario cuenta con la
posibilidad de decretar medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y
230 de la Ley 1437 de 201114, las cuales representan un medio idóneo y efectivo

12
Ver al respecto la Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta del 22 de mayo de 2019.
M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 11001-03-15-000-2019-01237-00
13
“Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la
reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se
presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe
un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a
partir de la notificación de aquel.”
14
Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se
adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en
cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o
Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere
necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y
protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y
podrán ser decretadas de oficio.
Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y
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de protección de los derechos fundamentales que puedan resultar afectados por la
administración. Así las cosas, la tutelante cuenta con la posibilidad de pedir que se
decreten medidas cautelares con el fin de evitar la consumación o agravación del
daño

64. Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir
mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir términos, una interpretación
contraria nos llevaría a que ésta fuera empleada como un instrumento para
desplazar las competencias ordinarias, lo que de suyo desnaturalizaría esta acción
que es eminentemente protectora de derechos fundamentales.

65. Conforme a la jurisprudencia de la Corporación15, para concluir si un acto
administrativo es susceptible de control judicial, es dable tener en cuenta que su
clasificación es en tres tipos a saber:

i) Preparatorios, accesorios o de trámite que se expiden como parte del
procedimiento administrativo con el fin de darle curso, son instrumentales y
no encierran declaraciones de la voluntad ni crean relaciones jurídicas y solo
sirven de impulso a la continuidad de la actuación de la administración. 21

ii) Definitivos que el artículo 43 de la Ley 1437 de 2011 define como «…los
que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible
continuar la actuación». La jurisprudencia advierte que son “…aquellos que
concluyen la actuación administrativa, en tanto que deciden directa o indirectamente
el fondo del asunto y producen efectos jurídicos definitivos, ya sea porque crearon,
modificaron o extinguieron una situación jurídica en particular…”.

necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá
decretar una o varias de las siguientes medidas:
1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba
antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta
medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o
superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el
Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la
parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la
medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra
con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no
hacer.
Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de
índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en
la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro
del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con
arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.
Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de
un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado,
cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas
superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.
Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de
perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Sentencia de 5 de noviembre de 2020, Rad. 25000-23-41-000-2012-00680-01(3562-15), M.P.
Rafael Francisco Suarez Vargas.
12

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Es decir, son los que resuelven de fondo una situación jurídica o impiden la
continuación del procedimiento administrativo, en razón a que contienen la
esencia del tema a decidir y tienen la potestad para modificar la realidad con
su contenido.

iii) Los actos administrativos de ejecución que se limitan a dar
cumplimiento a una decisión judicial o administrativa.

66. Por regla general son los actos definitivos los únicos que son susceptibles
de control ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dado que a través
de estos la administración crea, modifica o extingue situaciones jurídicas a los
asociados.

67. En los concursos de méritos la jurisprudencia 16 ha sido del criterio que los
actos administrativos que se expiden durante el trascurrir del proceso son
preparatorios y de trámite y que solo la lista de elegibles es el acto definitivo
susceptible de ser enjuiciado. Sin embargo, también se ha dicho que cuando el
acto de trámite le impide al aspirante continuar su participación se convierte en el
acto definitivo que determinó su situación jurídica y, en consecuencia, puede ser
demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.17

68. Al respecto, esta Corporación ha explicado en relación con los actos
administrativos de calificación que eliminan a los participantes que, al igual que la
lista de elegibles “son actos típicamente definitorios de situaciones jurídicas, en la
medida en que al asignar un puntaje o establecer la ubicación de los convocados para
efectos de proveer un cargo en propiedad, otorgan un estatus al participante y afectan su
interés de acceder a la carrera administrativa”.18

69. Del mismo modo, la jurisprudencia del Consejo de Estado19 ha señalado, en
relación con los actos administrativos de calificación que eliminan a los
participantes:

“…al igual que la lista de elegibles «son actos típicamente definitorios de
situaciones jurídicas, en la medida en que al asignar un puntaje o establecer la
ubicación de los convocados para efectos de proveer un cargo en propiedad,
otorgan un estatus al participante y afectan su interés de acceder a la carrera
administrativa». En el presente caso, se demanda la nulidad del artículo 7.° de
la Resolución 749 del 20 de junio de 2012 que señaló los resultados totales de
las diferentes pruebas dentro del Concurso de Méritos y conformó la lista de
elegibles para los cargos de curador urbano 2 y 3. En él se declaró que la
señora (…) no superó la prueba de conocimientos y que, por ende, no podía
ser incluida en dicha lista. También se enjuició el artículo 1.° de la Resolución

16
Ibidem.
17
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A, MP:
Luis Rafael Vergara Quintero. Bogotá D.C. 1 de septiembre de 2014. Radicación: 05001-23-31-
000-2008-01185-01(2271-10).
18
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00794-01(2162-18), MP. Carmelo Perdomo Cuéter. 2 de
octubre de 2019.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Sentencia de 5 de noviembre de 2020, Rad. 25000-23-41-000-2012-00680-01(3562-15), M.P.
Rafael Francisco Suarez Vargas.
13

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0896 del 9 de julio de 2012 que decidió el recurso de reposición interpuesto en
contra del primer acto administrativo. En los actos referidos se calificaron
todas las pruebas adelantadas en el concurso, incluida la de conocimientos.
También se sumaron los resultados y se definió la lista de elegibles. En
consecuencia, sí son demandables, en la medida que excluyeron a la señora
(…) de la posibilidad de ocupar esta y definieron su situación jurídica.”

70. Teniendo en cuenta lo anteriormente citado, los actos administrativos que
contengan puntajes y los resultados de los participantes que tengan la vocación de
excluirlos del concurso de méritos son susceptibles de control por la jurisdicción.

71. En el presente caso, se ataca la Resolución CJR22-0351 de 1. ° de
septiembre de 2022 que señaló los resultados totales de las diferentes pruebas
dentro del concurso de méritos. En dicho acto se declaró que la señora Martínez
Correa no superó el puntaje para aprobar el examen de aptitudes y conocimientos
y, por ende, no podía continuar en el proceso de selección. También se enjuició la
Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 que decidió el recurso de
reposición interpuesto en contra del primer acto administrativo.

72. Puntualmente, en la Resolución CJR22-0351 de 1. ° de septiembre de 2022
y la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 se calificaron y se publicaron
los resultados de las pruebas adelantadas en el concurso, incluida la de
conocimientos. También se sumaron los resultados y se definió qué participantes
aprobaban y quiénes no. En consecuencia, los actos referidos sí son
demandables, en la medida que excluyeron a la señora Martínez Correa de
continuar en la siguiente etapa del proceso y definieron su situación jurídica.

73. En relación con el cargo del perjuicio irremediable alegado por la
demandante consistente en que esta es la última posibilidad de evitar que las
entidades accionadas la perjudiquen por no incluirla en el registro de personas
admitidas al curso de formación judicial contando con el mérito para hacerlo, se le
reitera, que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, cuenta con la
posibilidad de decretar medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y
230 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de evitar la consumación o agravación del
daño, medio idóneo y efectivo para la protección de los derechos fundamentales
que estima han sido conculcados por la parte accionada.

74. Por las razones expuestas, se considera que no se acreditó el cumplimiento
del requisito de subsidiariedad al existir otro medio de defensa judicial distinto a la
acción de tutela al cual puede acudir, como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de
2011, en el que podrán solicitar el decreto de las medidas cautelares en los
términos de los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011, las cuales
representan un medio idóneo para el fin que persigue.

2.6. Conclusión

75. En virtud de lo anterior, considera la Sección Quinta del Consejo de Estado
que en el caso concreto debe declararse la improcedencia del amparo por cuanto
no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, al contar con otro mecanismo

14

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judicial idóneo y efectivo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: TENER como coadyuvantes de la parte accionante, en el trámite de la
referencia a los señores Miguel Ángel Uribe Becerra y Dan Matías González
García.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela,
presentada por la señora Andrea del Pilar Martínez Correa, según lo expuesto en
la parte motiva.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

15

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