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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01761-01

Fecha
29 de junio de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01761-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de mayo de 2023 dictada por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la subsidiaridad. 14 Corte Constitucional, sentencia T-081 de 2021. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Wanny Elizabeth Hinestroza Ramírez Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01761-01 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01761-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

29 de junio de 2023

Demandante: Wanny Elizabeth Hinestroza Ramírez
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01761-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01761-01
Demandante: WANNY ELIZABETH HINESTROZA RAMÍREZ
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y OTRO

Temas: Tutela de fondo – confirma improcedencia – requisito de
subsidiariedad1.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia de primera instancia del 23 de mayo de 2023 proferida por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En esta providencia se declaró
improcedente la acción de tutela porque no se encontró acreditado el requisito
general de procedibilidad de la subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 24 de marzo de 2023, la señora Wanny Elizabeth
Hinestroza Ramírez interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad
Nacional. La accionante consideró que la entidad demandada desconoció su
derecho fundamental «a ocupar cargos públicos».

2. La accionante adjudicó la trasgresión de la supuesta garantía constitucional
debido a la Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023 suscrita por la
directora de la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, por
medio de la cual se decidió acerca de la admisión de aspirantes al concurso de

1
En idéntico sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias del 27 de abril de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-01562-00; y 22 de junio de 2023.
Rad. 11001-03-15-000-2023-02400-00.

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Demandante: Wanny Elizabeth Hinestroza Ramírez
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01761-01

méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial. En dicha
disposición la accionante no fue admitida del concurso.

1.2. Pretensiones

3. La accionantes solicitó:

1. Que se declare que la rama judicial mediante resolución CJR23-0061 del 08
de febrero de 2023 anexo 2, donde me rechaza del concurso de funcionarios de la
Rama Judicial, está vulnerando mi derecho fundamental al acceso a un cargo de
carrera administrativa y le está dando mayor prevalencia al derecho formal que al
sustancial.
2. Que se modifique la resolución CJR23-0061 del 08 de febrero de 2023, su
anexo 2 y por lo tanto sea admitida en el concurso de funcionarios judiciales y
continuar con la siguiente etapa que es el curso concurso para jueces, debido a que
la causal de exclusión, no se aplica a mi caso, dado que como lo indiqué en
precedencia, bajo la gravedad de juramento en la inscripción, manifesté que no
tenía inhabilidades, ni incompatibilidades para desarrollar el cargo de juez penal,
donde gané el examen de conocimientos. (Sic a toda la cita).

3. De otro lado, la peticionaria solicitó como medida provisional, la suspensión
de la convocatoria 27 de funcionarios de la Rama Judicial.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan,
los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso de méritos
para la provisión de los cargos de funcionarios de carrera de la Rama Judicial,
Convocatoria 27.

6. La accionante se inscribió al concurso en cita para el cargo de juez penal
municipal, por lo que, presentó las pruebas constitutivas del concurso: aptitudes,
conocimientos generales, conocimientos específicos y psicotécnicos.

7. Finalizada la primera etapa concerniente a la prueba de aptitudes y
conocimientos, se dio paso a la siguiente fase, consistente en la verificación de
requisitos mínimos de quienes superaron la prueba. En consecuencia, el 8 de
febrero de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración
de Carrera Judicial- expidió la Resolución CJR23-0061, mediante la cual decidió
acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

8. En lo que respecta a la accionante, fue inadmitida por no cumplir con el
requisito de aportar declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades para el cargo (causal 3.5.).

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1.4. Fundamentos de la vulneración

9. La accionante consideró que las entidades demandadas le vulneraron su
derecho fundamental «a ocupar cargos públicos».

10. Sostuvo que, la postura de la Unidad de Administración de Carrera Judicial
constituye una violación a las reglas propias del concurso, por extralimitación en la
interpretación de las causales de rechazo e incurrir en un defecto material que
afecta el debido proceso reglado en la convocatoria.

11. Consideró que la forma en la cual fue interpretada la causal de inadmisión
constituye un formalismo, en el entendido que finalmente cumplió con el requisito
manifestando a través del mismo aplicativo, afirmando bajo juramento que no se
encontraba en curso de inhabilidades e incompatibilidades. En ese sentido, arguyó
que la exigencia concerniente a que debía hacerse en un documento PDF no puede
ser una razón para no ser admitida en el concurso.

12. Además de lo anterior, señaló que el requisito en cuestión también se debe
verificar a la hora de posesión del cargo y más cuando se trata de un concurso que
dura un largo periodo de tiempo, en el que puede ocurrir que una persona cambie
el estado de inhabilidad e incompatibilidad, es decir se trata de una situación que
esta sujeta a variar, lo que obliga a la administración a actualizar la información en
el momento de la posesión –etapa en la que se tiene que mostrar que no se está
incurso en aquellas–.

13. Indicó que la tutela era el mecanismo idóneo para la protección de sus
derechos fundamentales, toda vez que se observa la necesidad de proceder con
una orden de protección inmediata, en el sentido de revocar la decisión de rechazo
para en su lugar ser admitido, máxime cuando una demanda ante la jurisdicción
contencioso administrativo, podría tardarse en resolver, ocasionándose un perjuicio
irremediable consistente en la exclusión del concurso de méritos pese haber
superado la etapa más difícil.

1.5. Trámite de la acción de tutela

14. En auto del 14 de abril de 2023, la magistrada ponente de la decisión de
primera instancia admitió la acción de tutela y dispuso la notificación de la Unidad
de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional. Además, se ordenó
notificar de la presente acción a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
en los términos del artículo 610 del CGP.

15. Por otro lado, negó la medida provisional solicitada por la parte actora. Esto,
porque no se cumplió el requisito consistente en que exista una vocación aparente
de viabilidad, por cuanto la parte actora no respaldó su solicitud mediante hechos
fácticos o jurídicos que demuestren la necesidad y urgencia de la medida provisional
para proteger sus derechos fundamentales.

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1.6. Intervenciones e informes

16. Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Universidad Nacional de Colombia

17. Luego de realizar un recuento exhaustivo de los principales hechos y
actuaciones que se han surtido en el trámite de la Convocatoria 27, la institución
universitaria señaló que la tutela no es el mecanismo idóneo para atacar el acto
administrativo CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, toda vez que se encuentran
cobijados por la presunción de legalidad y para ello la accionante debe acudir a los
medios jurídicos propios dispuestos para dicho fin, pues tampoco se advierte un
perjuicio irremediable.

18. Luego, señaló que, en el caso concreto, no se encuentra acreditado el
requisito general de procedibilidad de inmediatez. Esto, porque pese a que la
accionante se encuentra al tanto del Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de
2018 y conoce todos los requisitos exigidos para aplicar al cargo deseado,
incluyendo la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades; presenta el amparo constitucional más de 4 años después de la
publicación del citado acto administrativo que fija las reglas del proceso de selección
y convoca al concurso de méritos.

19. Finalmente, expuso que la Universidad Nacional de Colombia, no ha
vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, comoquiera que ha
atendido todos sus requerimientos, le ha extendido la posibilidad de formular
reparos, su participación en el concurso de méritos constituye una mera expectativa
de derechos subjetivos, y en últimas, el debate que plantea se centra en la legalidad
de actos administrativos.

1.6.2. Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura

20. Por intermedio de la directora de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial manifestó que, en el caso en concreto, la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para atacar actos administrativos que por su propia naturaleza
se encuentran amparados por el principio de legalidad. En ese orden de ideas, para
desvirtuar dicha presunción se debe acudir a los medios jurídicos propios, pues el
control judicial corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual
deberá revisar si la Resolución reprochada se apartó sin justificación alguna del
ordenamiento que regula su expedición.

21. Mencionó que, como la inconformidad de la accionante es con la condición
establecida en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 que sirvió de soporte jurídico a
la Resolución CSJ23-0061 de 8 de febrero de 2023, por tratarse de un acto

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administrativo de carácter general, lo procedente es el medio de control de nulidad,
toda vez que la tutela no es el escenario para controvertir actos que se presumen
legalmente emitidos por ser expedidos en desarrollo de funciones legales y
reglamentarias.

22. Aunado a ello, precisó que el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 estableció
todos los requisitos generales y específicos para participar en el concurso, y su
incumplimiento da lugar a la exclusión del mismo. En ese sentido, precisó que los
aspirantes con su inscripción manifestaban estar conforme con las normas del
acuerdo de convocatoria.

23. Por ello, recalcó que en los artículos 3° numeral 1.1. y 2.4. del Acuerdo,
establecieron la obligación de anexar la declaración de inhabilidad e
incompatibilidad en formato PDF. Aunado a ello, el artículo 3 numeral 3, sub numeral
3.5. señaló como causal de exclusión del concurso, no presentar lo referido.
Igualmente, en el instructivo de inscripción que también tiene carácter de obligatorio,
se reiteró la necesidad de aportar tal manifestación.

24. Por lo anterior, señaló que siempre estuvo claramente establecido que uno
de los documentos que se debían aportar al momento de la inscripción al concurso
era la declaración juramentada de no encontrarse incurso en inhabilidades o
incompatibilidades para ejercer el cargo, en formato PDF. Carga con la que
cumplieron más de 3.389 aspirantes que pasaron la prueba de aptitudes y
conocimientos. En ese sentido, no se vulneraron los derechos fundamentales de la
accionante, toda vez que las condiciones fueron señaladas y los participantes
manifestaron su conformidad.

25. Por otro lado, junto con el informe, la entidad demandada presentó la
constancia de publicación en su página web de la acción de tutela presentada por
Wanny Elizabeth Hinestroza Ramírez2.

1.7. Sentencia de tutela de primera instancia

26. En sentencia del 23 de mayo de 20233, la Subsección A de la Sección
Tercera de esta Corporación declaró improcedente el amparo solicitado por no
superar el requisito general de subsidiariedad. Esta determinación por los siguientes
motivos:

27. El juez de tutela de primera instancia encontró que lo pretendido por la parte
actora era controvertir la Resolución No. CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, por

2
Esto, pese a que, en el auto admisorio de la demanda, la magistrada ponente precisó que lo
pretendido por la parte actora es que se ordene su admisión en el concurso de méritos para la
provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial – Convocatoria 27 y, en ese sentido, dado
que se trata un aspecto preciso y particular, se advirtió que no era necesaria la vinculación como
terceros con interés de los demás participantes de la referida convocatoria.
3
Esta decisión fue notificada el 30 de mayo de 2023.

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medio de la cual la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura estableció los aspirantes admitidos y excluidos del
concurso de méritos destinado a la conformación del registro de elegibles para la
provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

28. Por lo anterior, el juez de tutela de primera instancia señaló que, frente a
dichos cuestionamientos, la acción de tutela resulta improcedente por no cumplir
con el requisito de subsidiariedad. Esto, porque al tratarse de un acto administrativo
de carácter particular, su legalidad debe discutirse en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.8. Impugnación

29. La accionante presentó escrito de impugnación4 contra la decisión de primera
instancia. Para la accionante, pese a que existe el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, señaló que en su caso particular era procedente la
acción de tutela, debido a que el primero no era eficaz por las siguientes razones:

1.- Oportuno: El asunto en estudio versa sobre el rechazo de Wanny Elizabeth
Hinestroza Ramírez del concurso para seleccionar funcionarios judiciales. Este
concurso tiene etapas perentorias y constancia de un curso que implica, recibir
clases ya programadas y efectuar pruebas de conocimiento para continuar
participando. No es desconocido para todos que los trámites ordinarios en
Colombia se extienden en el tiempo y por ende se extendería en el tiempo la
vulneración a mi derecho de acceder a cargos públicos de carrera. Así, atendiendo
a la realidad de la justicia en nuestro país, cuando un juez ordinario resuelva mi
demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo más
seguro es que todas las etapas del concurso hayan finalizado y exista una lista de
elegibles y las plazas ofertadas se provean. Y de fallar a mi favor corresponda
adelantar por fuera de tiempo la realización de todas las etapas que me perdí, lo
que implica per se, muchos más retrasos en el acceso a un cargo público por
mérito y el concerniente PERJUICIO IRREMEDIABLE, que se pretende evitar
mediante la acción de tutela.

30. Por lo anterior, solicitó la revocatoria de la decisión de primer grado y en su
lugar, que se acceda a las pretensiones de la demanda.

31. Mediante auto del 8 de junio de 2023, la magistrada ponente de la decisión
de primera instancia concedió la impugnación presentada por la accionante contra
la decisión del 23 de mayo de 2023.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

32. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela
del 23 de mayo de 2023 dictado por la Subsección A de la Sección Tercera del

4
El escrito de impugnación fue presentado 31 de mayo de 2023.

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Consejo de Estado. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86
de la Constitución Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

33. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

34. Sea lo primero advertir que la señora Wanny Elizabeth Hinestroza Ramírez
alega que le fue desconocido su aparente derecho fundamental a ocupar un cargo
público. Sin embargo, la Sala entiende que la accionante considera desconocida la
garantía de acceso a cargos públicos que tiene como fundamento el derecho a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político en igualdad de
condiciones5. Esto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40
constitucional6.

35. Así, realizada la anterior precisión, la Sala advierte que la señora Wanny
Elizabeth Hinestroza Ramírez se encuentra legitimada en la causa por activa, pues
es la titular del derecho fundamental de acceso a cargos públicos, que considera
desconocido. Esto, porque presentó al concurso de méritos y no fue admitida como
aspirante por no adjuntar el certificado de inhabilidades e incompatibilidades.

36. Por otro lado, se observa que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad
de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia están
encuentran legitimadas en la causa por pasiva en atención a que a su cargo se
encuentra la elaboración y coordinación del concurso de méritos conforme al
contrato N.º 096 de 2018 y la expedición de los actos administrativos objeto de
controversia.

2.3. Problemas jurídicos y metodología de la decisión

37. Le corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta
Corporación, el 23 de mayo de 2023.

38. Para ello, se deberá resolver si la acción de tutela es procedente y en caso
afirmativo dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Se vulneró el derecho

5
Sobre el derecho de acceso a cargos públicos y su carácter fundamental ver: Corte Constitucional.
Sentencia C- 393 de 2019.
6
El artículo 40 constitucional establece que «todo ciudadano tiene derecho a participación en la
conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: (…) 7.
Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos».

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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fundamental de acceso a cargos públicos de la señora Wanny Elizabeth Hinestroza
Ramírez, en virtud de la expedición de la Resolución CSJ23-0061 del 8 de febrero
de 2023 por medio de la cual no fue admitida en el concurso de méritos -
convocatoria 27?

39. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) el carácter subsidiario de la
acción de tutela e improcedencia cuando existen otras vías judiciales disponibles y
eficaces; y (iii) caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

40. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o excepcionalmente,
de particulares.

41. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

42. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo
demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son
inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia
de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional
inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes
subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.

43. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este
mecanismo, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del
ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el
constituyente le confirió.

2.5. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando
existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

44. El inciso 3º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º

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del Decreto Ley 2591 de 19917.

45. La jurisprudencia estableció que en razón del principio de subsidiariedad, los
conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en
principio, por las vías ordinarias judiciales y administrativas, de manera que
únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan
idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible
recurrir a esta acción constitucional.

46. De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de
los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo8.

47. El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben
salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción
pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los
procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez
constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para
el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas
inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio
mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción
correspondiente»9.

2.6. Caso en concreto

48. Según lo expuesto en los antecedentes de esta sentencia, mediante
Resolución CJ23-0061 de 2023 se excluyó a la señora Wanny Elizabeth Hinestroza
Ramírez del concurso de méritos por no cumplir con el requisito de aportar
declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para el
cargo (causal 3.5.).

7
«ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante.»
8
Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad.
11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad.
11001-03-15-000-2021-04731-00.
9
Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao, T-130 del
23.02.2010, M.P. Juan Carlos Henao, T-318 del 12.05. 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo, entre
otras.

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49. Ahora bien, del escrito tutelar la Sala advierte que la pretensión de la parte
actora consiste en revocar la decisión de excluir a la demandante como aspirante,
para en su lugar, ser admitido a la fase III del concurso de méritos 27 de 2018,
convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 para la
provisión de cargos en la Rama Judicial.

50. Lo anterior, tras considerar que los motivos que llevaron a las autoridades
accionadas a rechazar su aspiración, obedecen a formalismos que no persiguen el
fin principal de un concurso de méritos y por el contrario priman lo formal sobre lo
sustancial, menoscabando con ello sus garantías fundamentales.

51. Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito de subsidiariedad10, como se explicará:

52. En relación con la Resolución CJ23-0061 de 2023 de 8 de febrero de 2023,
constituye acto particular y concreto, que puede ser controvertido a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho del derecho, consagrado en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 201111, en el que la accionante podrá plantear los
argumentos que trae en sede tutela y poner en tela de juicio su legalidad.

53. Sobre el particular, esta colegiatura en ocasiones previas ha señalado «[e]n
los concursos de méritos la jurisprudencia ha sido del criterio que los actos
administrativos que se expiden durante el trascurrir del proceso son preparatorios y
de trámite y que solo la lista de elegibles es el acto definitivo susceptible de ser
enjuiciado. Sin embargo, también se ha dicho que cuando el acto de trámite le
impide al aspirante continuar su participación se convierte en el acto definitivo que
definió su situación jurídica y, en consecuencia, puede ser demandado ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo»12. (Subrayas propias)

54. Así es claro, entonces, que la señora Wanny Elizabeth Hinestroza Ramírez
cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, idóneo y eficaz, para discutir el acto
que cuestiona y lograr la protección de los derechos fundamentales que considera
vulnerados mediante la presente acción.

10
Ver al respecto Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 22 de mayo de 2019. Rad.
11001-03-15-000-2019-01237-00. Sentencias del 2 de marzo de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-
00326-00; del 27 de abril de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-01562-00; del 25 de mayo de 2023.
Rad. 11001-03-15-000-2023-01929-00; y 22 de junio de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-02400-
00.
11
«Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado
a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.»
12
Consejo de Estado, sentencia del 5 de noviembre de 2020. Rad: 25000-23-41-000-2012-00680-
01(3562-15).

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Demandante: Wanny Elizabeth Hinestroza Ramírez
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01761-01

55. Con todo, no sobra mencionar que el juez ordinario cuenta con la posibilidad
de decretar medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 de la Ley
1437 de 201113, las cuales representan un medio idóneo y efectivo de protección
de los derechos fundamentales que puedan resultar afectados con el fin de evitar la
consumación o agravación del daño.

56. Se recuerda entonces, que este mecanismo constitucional se torna
improcedente para suplir mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir términos,
de lo contrario, esta herramienta sería utilizada como un instrumento de remplazo
de las demás acciones jurídicas contempladas en el ordenamiento, lo que de suyo
desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora de derechos
fundamentales.

57. En los mismos términos ha sido señalado por el alto Tribunal Constitucional,
al indicar que «en caso de existir un medio judicial principal, el actor tiene la carga

13
«Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se
adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en
cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o
Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere
necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección
de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas
de oficio.
Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y
necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá
decretar una o varias de las siguientes medidas:
1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes
de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta
medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o
superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez
o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte
demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con
el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no
hacer.
Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de
índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la
adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del
plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo
a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.
Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un
acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando
tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores
invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando
adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá
probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.»

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Demandante: Wanny Elizabeth Hinestroza Ramírez
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de acudir a él toda vez que es necesario preservar las competencias legales
asignadas por el legislador a cada jurisdicción (…) »14.

58. Finalmente, es preciso aclarar que si bien se ha admitido que la acción de
tutela es procedente en casos en los cuales se encuentra de por medio la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, lo cierto es que la accionante no acreditó este hecho.
Al respecto, valga señalar que la peticionaria refirió que un proceso ante la
jurisdicción contencioso-administrativo es más dispendioso dada la congestión
judicial existente.

59. Tales consideraciones no hacen ineficaz la existencia del medio de control
de nulidad y restablecimiento de derecho, o el que corresponda, pues conduce a
considerar que la acción de tutela proceda siempre y en todos los casos bajo la
premisa que el mecanismo ordinario es más extenso, y aunque en gracia de
discusión se admitiera que en efecto represente un mayor desgaste, lo cierto es que
como fue señalado, los procesos declarativos involucran la posibilidad del decreto
de medidas cautelares con las cuales se puede alcanzar la protección del objeto del
proceso, ya sea por solicitud de las partes y/o decretadas de oficio por el juez.

2.7. Conclusiones

60. De conformidad con lo reseñado, se considera que no se acreditó el
cumplimiento del requisito de subsidiariedad al existir otro medio de defensa judicial
distinto a la acción de tutela al cual la accionante puede acudir, como lo es el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138
de la Ley 1437 de 2011, en el que podrá solicitar el decreto de las medidas
cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011, las
cuales representan un medio idóneo para el fin que persigue, por lo que la acción
de tutela impetrada por la señora Wanny Elizabeth Hinestroza Ramírez deviene en
improcedente.

61. Así las cosas, la Sala confirmará la de la decisión del juez de tutela de primera
instancia, que declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de cumplimiento
del requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de mayo de 2023 dictada por la
Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación que declaró improcedente
la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la subsidiaridad.

14
Corte Constitucional, sentencia T-081 de 2021.

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Demandante: Wanny Elizabeth Hinestroza Ramírez
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01761-01

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080”

13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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