RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-02400-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02400-00

Fecha
22 de junio de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02400-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACEPTAR la coadyuvancia solicitada por el señor Daniel Cadavid Bernal. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de acción de tutela instaurada por el señor Wilfredo Cadena Castillo. TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02400-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

22 de junio de 2023

Demandante: Wilfredo Cadena Castillo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración Carrera Judicial
Rad: 11001-03-15-000-2023-02400-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02400-00
Demandante: WILFREDO CADENA CASTILLO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL

Tema: Tutela contra acto administrativo – Convocatoria 27 – Concurso
de méritos

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por
el señor Wilfredo Cadena Castillo contra el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

1. El accionante, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra
el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial1. Con la interposición de este mecanismo de amparo pretende que se le
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y
al acceso a cargos públicos.

2. En criterio de la parte actora, tales garantías constitucionales resultaron
quebrantadas con ocasión de los siguientes actos administrativos:

a) La Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023 mediante la
cual se decidió acerca de la admisión de aspirantes al concurso de
méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
En dicha disposición el actor fue rechazado del concurso.
b) El oficio CJO23-1228 del 14 de marzo de 2023 que mantuvo la
decisión de rechazo.

1 La tutela fue radicada el 9 de mayo de 2023.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Wilfredo Cadena Castillo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración Carrera Judicial
Rad: 11001-03-15-000-2023-02400-00

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

PRIMERO, CON CARÁCTER URGENTE: Se ordene como medida
cautelar provisional la suspensión del concurso de méritos para proveer
las vacantes de la Rama Judicial – Convocatoria 27.

SEGUNDO: Se declare la violación de los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO e IGUALDAD de WILFREDO
CADENA CASTILLO.

TERCERO: Se declare la cesación de efectos jurídicos de la
PROVIDENCIA -RESOLUCIÓN N° CJR23-0061 del 08 de febrero de
2023, “Por medio de la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes
al concurso de méritos destinado a la conformación del Registro Nacional
de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama
Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18- 11077 de 16 de agosto
de 2018”, y de la Providencia CJO23-1228 de 14 de marzo de 2023,
“Respuesta solicitud de revisión de documentos convocatoria 27”,
proferidas por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. CUARTO,
se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL-,

CUARTO: ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
UNIDAD DE CARR (SIC y negritas del texto original).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan,
los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso de
méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de carrera de la Rama
Judicial, Convocatoria 27.

6. El señor Cadena Castillo se inscribió al concurso en cita para el cargo de
juez Promiscuo Municipal, por lo que, el 24 de julio de 2022 presentó la prueba
escrita de conocimiento y aptitudes básicas.

7. El 1 de septiembre de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad
de Administración de Carrera Judicial- expidió la resolución CJR22-0351.
Mediante este acto se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

8. El actor obtuvo un puntaje de 846,27, esto es aprobatorio para el paso a la
fase II del mencionado concurso, correspondiente a la verificación de requisitos
mínimos.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Wilfredo Cadena Castillo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración Carrera Judicial
Rad: 11001-03-15-000-2023-02400-00

9. En consecuencia, el 8 de febrero de 2023, el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial, expidió la Resolución
CJR23-0061, mediante la cual decidió acerca de la admisión de aspirantes al
concurso de méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama
Judicial.

10. En lo que respecta al actor, fue rechazado por las causales 3.4. y 3.5., las
cuales correspondían a no acreditar el requisito mínimo de experiencia y no
presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades, respectivamente.

11. Inconforme con el resultado, el 16 de febrero de 2023, el actor presentó
solicitud de verificación de la documentación, etapa dispuesta para los
concursantes que hubiesen sido rechazados por no acreditar el cumplimiento de
los requisitos exigidos para el cargo.

12. Mediante oficio CJO23-1228 del 14 de marzo de 2023, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial se mantuvo en la decisión de rechazo por las
causales 3.4. y 3.5. En dicha oportunidad indicó que no se acreditó el término
mínimo requerido para el cargo al que aspiraba y que no aportó el documento -
formato PDF- contentivo de la declaración juramentada de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades.

13. El 23 de marzo de 2023, el accionante elevó petición en la cual manifestó
que no se encontraba satisfecho con la respuesta ofrecida y solicitó:

• Que se le allegara información y pruebas acerca del paso a paso de
su inscripción para la Convocatoria 27.
• Se le allegara pantallazo de los documentos cargados para dicha
convocatoria.
• Se revisara y se entregara los logs de registro del cargue de sus
documentos al momento de realizar la inscripción.

14. Mediante oficio CJ023-2669 del 26 de abril de 2023 se resolvió de manera
colectiva inquietudes elevadas por diferentes participantes, en el cual se señaló a
manera general lo siguiente:

• El Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 era de
obligatorio cumplimiento y aplicación para el proceso de selección, en ese
sentido, los participantes al inscribirse se obligaban a cumplir con los
lineamientos del citado acuerdo, dentro de lo cual se encontraban
estipuladas las reglas generales y específicas por las que se conduciría el
concurso.

• En el acuerdo se establecieron taxativamente las causales de
rechazo, dentro de las cuales se encontraba no cumplir con el requisito
mínimo de experiencia y no presentar la declaración juramentada de
ausencia de inhabilidades e incompatibilidades.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Wilfredo Cadena Castillo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración Carrera Judicial
Rad: 11001-03-15-000-2023-02400-00

• El aplicativo KACTUS habilitado por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial para los concursos de méritos de la Rama Judicial
no contaba con la configuración de logs de auditoría, en tanto que la
información diligenciada para las convocatorias quedaba grabada en base
de datos.

• El aplicativo KACTUS dio la oportunidad a cada una de las personas
inscritas de generar un resumen de la documentación aportada, tal como
fue informado en el instructivo de inscripción en el que se señaló e ilustró
que se podía obtener el listado de documentos subidos por los
participantes.

1.4. Fundamentos de la solicitud

15. El accionante consideró que la entidad demandada le vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y al acceso a cargos
públicos, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

16. Sostuvo que para la fecha de inscripción a la Convocatoria 27, cumplía con
el requisito de experiencia mínima de dos años exigida. Esto por cuanto obtuvo su
tarjeta profesional de abogado el 24 de diciembre de 2014 y que:

• Laboró en la empresa Izquierdo & Elejalde S.A.S. del 7 de enero de
2015 al 15 de enero de 2016.
• Fungió como personero municipal de Puerto Parra (Santander) del
1.º de marzo de 2016 al 29 de febrero de 2020.

17. Teniendo en cuenta lo anterior, afirmó que estaba seguro de que aportó los
documentos correspondientes que acreditaban su experiencia, tal como lo eran las
certificaciones, tanto de la empresa privada y como la de servidor público.

18. Afirmó que, haciendo analogía a los concursos para la selección objetiva en
los procesos contractuales, en lo que se permite subsanar requisitos no
habilitantes, es decir aquellos que no otorgan puntaje, solicitó poder subsanar los
yerros y aportó los respectivos documentos, lo que, a su juicio, no afectaría a los
demás participantes. Adicionalmente en virtud del derecho de igualdad, debería
ser viable subsanar, tal como se permitió con los rechazados por la causal 3.8.

19. Respecto al juramento de no estar incurso en inhabilidades e
incompatibilidades, sostuvo que la misma se ha realizado en varias etapas del
concurso2 y que incluso fue presentada en un concurso anterior en el cual
participó, lo que permite haber subsanado dicho pedimento. Además, al tratarse
de una manifestación desprovista de rito alguno, su ausencia resulta
intrascendental ante la verificación del requisito en los demás documentos,
información o etapas del proceso. Adicionalmente, este requisito sería exigido
para tomar posesión en el cargo judicial.

2 Manifestó que el juramento se realizó en el proceso de registro e inscripción, en el formulario de

datos personales y en la prueba de conocimiento.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Wilfredo Cadena Castillo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración Carrera Judicial
Rad: 11001-03-15-000-2023-02400-00

20. Arguyó que ni en la convocatoria ni en las providencias que se atacan, se
precisó la forma como debía aportarse la declaración juramentada.

21. Aunado a lo anterior, consideró que se incurría en una violación a la ley y a
la constitución, imponer la presentación de una declaración juramentada de no
estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad al momento de la
inscripción y no como requisito para posesionarse.

22. Manifestó que la Unidad de Carrera Judicial estaba siendo discriminatoria
con algunos participantes rechazados, como era su caso, y no estaba teniendo en
cuenta el fin principal del concurso de mérito, que se podía probar materialmente
por los participantes que aprobaron la prueba de conocimiento y que, por razones
formales o inconvenientes con la plataforma, no pudieron cumplir con ciertos
requisitos de fácil comprobación y subsanabilidad, como lo han hecho otros
participantes.

23. Puso de presente que se encontraba ante un perjuicio irremediable y que, si
bien existen otros mecanismos de defensa, en este escenario, la tutela es el
medio más idóneo y eficiente para proteger sus derechos fundamentales.

24. Finalmente, mediante escrito de 23 de mayo de 2023 el accionante aportó
oficio CJO23-3103 del 18 de mayo de 2023 elevado por el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial, que a su juicio es de
interés para el trámite de la acción de tutela.

25. Respecto al oficio relacionado anteriormente, realizó una serie de
precisiones que recayeron en reiterar acerca del cumplimiento de los requisitos de
experiencia mínimos exigidos y de la necesidad que se habilite la posibilidad de
subsanar el yerro de la causal 3.5 tal como se permitió con los participantes que
incumplieron con la causal 3.8.

1.5. Trámite de la acción de tutela

26. Mediante auto del 11 de mayo de 2023, el magistrado sustanciador en esta
instancia admitió la presente acción de tutela. En consecuencia, ordenó notificar
como entidad accionad al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial y dispuso vincular como tercero con interés a la
Universidad Nacional de Colombia. Además, se ordenó notificar de la presente
acción a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del
artículo 610 del CGP.

27. Asimismo, con el fin de que todos los sujetos a quienes les asiste interés en
este proceso se enteraran del mismo, se le ordenó a la Universidad Nacional de
Colombia y al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial que
informaran, a quienes participaron en el concurso de méritos para la provisión de
los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, sobre la existencia de esta acción
de tutela. Lo anterior, para que si lo consideraran pertinente intervinieran en el
proceso o aportaran las pruebas que pretendieran hacer valer. Es importante
resaltar que esta orden fue atendida y la constancia de su cumplimiento fue
allegada al expediente de este proceso.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Wilfredo Cadena Castillo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración Carrera Judicial
Rad: 11001-03-15-000-2023-02400-00

28. Finalmente, se negó la medida provisional solicitada por la parte accionante
consistente en que se ordenara la suspensión del concurso de méritos mientras
que subsanaban las equivocaciones denunciadas en la presente tutela.

29. Lo anterior, por cuanto a criterio del despacho ponente no se acreditó hasta
ese momento procesal una situación de vulneración o indefensión que
constituyera un perjuicio irremediable que ameritara la protección inmediata a
partir del decreto de una medida cautelar.

30. Así, consideró que el tema objeto de debate debía resolverse en la
sentencia de la presenta acción de tutela, una vez se haya vinculado a la totalidad
de sujetos que pudieran verse afectados con las resultas de este trámite
constitucional.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Daniel Cadavid Bernal

31. El ciudadano mediante escrito manifestó su voluntad de coadyuvar y de
tener interés en el resultado de la presente acción de tutela.

32. Sostuvo que al igual que el accionante fue rechazado bajos las mismas
causales de la Convocatoria 27.

33. Consideró que el rechazo se debió a los errores generados con el tráfico de
información a lo largo de los casi cinco años que ha durado la convocatoria 27,
pues el convenio o contrato con KACTUS para el registro y almacenamiento de
información de la Rama Judicial cesó hace dos años y la documentación que
reposaba en sus bases debió ser trasladada entre servidores, o que según se
demuestra dio lugar a que se eliminaran y/o sobrescribieran archivos, como a su
juicio, ocurrió en su caso.

34. Adicionalmente agregó que la Unidad de Carrera Judicial ha readmitido a
varias personas permitiéndoles subsanar el yerro de la causal 3.5.

1.6.2. Universidad Nacional de Colombia

35. Luego de realizar un recuento exhaustivo de los principales hechos y
actuaciones que se han surtido en el trámite de la Convocatoria 27, la institución
universitaria solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela por
carencia actual de objeto y subsidiariedad.

36. En relación con la carencia actual de objeto, señaló que el ente universitario
ya había brindado respuesta clara, completa y de fondo a todos los reparos y
solicitudes invocadas por el accionante.

37. Señaló que, se puso de presente al accionante que el alcance de la
verificación de requisitos mínimos estaba limitado a verificar aquellos documentos
allegados en debida forma y en su oportunidad mediante el aplicativo KAKTUS,
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Wilfredo Cadena Castillo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración Carrera Judicial
Rad: 11001-03-15-000-2023-02400-00

esto es, dentro del término de la inscripción y en el formato solicitado, por parte de
cada uno de los aspirantes inscritos.

38. Adicionalmente mediante oficio del 14 de marzo, se informó a la parte
actora sobre las razones concretas de su exclusión una vez efectuado el
procedimiento de verificación de requisitos mínimos respecto de su situación
particular, y en concordancia con los actos administrativos que lo regulan.

39. En cuanto a la subsidiariedad, consideró que la tutela no era el mecanismo
para atacar los actos administrativos, que por lo demás, se encuentran cobijados
por el principio de legalidad. De igual manera consideró, que no hay prueba de la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.

40. En lo que atañe a la inmediatez, consideró que la tutela fue interpuesta más
de cuatro meses después de la publicación del acto administrativo cuestionado por
la parte accionante, espacio de tiempo que excede el considerado como razonable
para alegar la existencia de una violación de derechos fundamentales.

41. Sostuvo que no hubo vulneración de los derechos de acceso a cargos
públicos, al trabajo, al debido proceso y a la igualdad, toda vez que se atendieron
los diferentes inquietudes y argumentos presentados por el señor Cadena Castillo
al interior de su escrito de verificación, de petición y de acción de tutela.

42. Respecto al requisito contenido en la causal 3.5. manifestó:

• El Consejo Superior de la Judicatura revisó los documentos
cargados en el sistema KAKTUS en debida forma y dentro del término
previsto para la inscripción, verificando que el tutelante no aportó el
documento de declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades en el formato digital requerido (PDF) conforme a lo
establecido en el Instructivo de Inscripción, parámetro que hace parte
integral del Acuerdo de Convocatoria, tiene carácter obligatorio, y además,
figura como una carga con la cual cumplieron más de 3367 aspirantes en
similares condiciones a las del tutelante, por lo que no se trata de un obrar
desproporcionado o imposible de satisfacer por parte de los aspirantes.

• Si bien el aspirante afirma que participó en un concurso con similar
naturaleza a la Convocatoria 27, ambos gestionados por el Consejo
Superior de la Judicatura, los concursos de méritos están regidos por
condiciones y cuerpos normativos autónomos que pueden fijar criterios de
participación diferentes.

• El Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 no contempló la posibilidad de
subsanar la causal 3.5. de exclusión, y el objeto de la verificación
solicitada solo se extiende al acervo documental aportado en el término
previsto para ello.

• Confunde las causales de exclusión 3.5 y 3.8, pues la primera hace
referencia a la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades y, la segunda a la declaración bajo juramento del
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Wilfredo Cadena Castillo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración Carrera Judicial
Rad: 11001-03-15-000-2023-02400-00

cumplimiento y acreditación de los requisitos mínimos exigidos para el
cargo.

43. Respecto al requisito contenido en el causal 3.4. indicó:

• En el mismo sentido, se pone de presente que en el oficio CJ023-
1228 del 14 de marzo de 2023 el Consejo Superior de la Judicatura revisó
y exhibió las certificaciones cargadas por el accionante en el sistema
KAKTUS en debida forma y dentro del término previsto para la inscripción,
verificando que aportó algunos documentos sobre su experiencia laboral,
pero los mismos no le permitieron satisfacer el requisito temporal previsto
en el artículo 3 numeral (1.2) del acuerdo de la convocatoria, esto es, que
con ellos se logren acreditar la experiencia profesional requerida con
posterioridad a la obtención del título de abogado (equivalentes a 720 días
de ejercicio profesional).

• El tutelante solo acreditó 593 días de experiencia, siendo la única
certificación debidamente aportada y verificada al momento de la
inscripción digital, aquella expedida por la Alcaldía de Puerto Parra
(Santander) para el cargo de personero.

1.6.3. Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial

44. Por intermedio de la directora de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial manifestó que, en el caso en concreto, la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para atacar actos administrativos que por su propia naturaleza
se encuentran amparados por el principio de legalidad. En ese orden de ideas,
para desvirtuar dicha presunción se debe acudir a los medios jurídicos propios,
pues el control judicial corresponde a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, la cual deberá revisar si el acto administrativo se apartó sin
justificación alguna del ordenamiento que regula su expedición.

45. Mencionó que, como la inconformidad del accionante es con la condición
establecida en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 que sirvió de soporte jurídico
a la Resolución CSJ23-0061 de 8 de febrero de 2023, por tratarse de un acto
administrativo de carácter general, lo procedente es el medio de control de
nulidad, toda vez que la tutela no es el escenario para controvertir actos que se
presumen legalmente emitidos por ser expedidos en desarrollo de funciones
legales y reglamentarias.

46. Aunado a ello, precisó que el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 estableció
todos los requisitos generales y específicos para participar en el concurso, y su
incumplimiento da lugar al rechazo o exclusión de este. En ese sentido, precisó
que los aspirantes con su inscripción manifestaban estar conforme con las normas
del acuerdo de convocatoria.

47. Por ello, recalcó que en los artículos 3° numeral 1.1., y 2.4. del Acuerdo,
establecieron la obligación de anexar la declaración de inhabilidad e
incompatibilidad en formato PDF. Aunado a ello, el artículo 3 numeral 3, sub
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Wilfredo Cadena Castillo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración Carrera Judicial
Rad: 11001-03-15-000-2023-02400-00

numeral 3.5. señaló como causal de rechazo, no presentar lo referido. Igualmente,
en el instructivo de inscripción que también tiene carácter de obligatorio, se reiteró
la necesidad de aportar tal manifestación, la cual no se subsana por haberla
presentado en un concurso anterior, toda vez que cada uno es autónomo y se rige
por su propio reglamento.

48. Así mismo pone de presente que en la primera vista de reclutamiento y
selección de la plataforma KAKTUS, se encuentra parametrizada una ventana en
la que se hace referencia a los términos y condiciones, y para poder continuar con
el ingreso de datos personales y demás información, se debe seleccionar la casilla
“aceptar” a una declaración juramentada de no encontrarse incurso en ninguna
causal legal o constitucional de inhabilidad para el reclutamiento o de
incompatibilidad para el ejercicio del cargo, así como aceptar que la información
suministrada es veraz y auténtica. Lo anterior, es sustancialmente diferente a una
declaración juramentada de ni estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades.

49. Respecto de la causal 3.4., resaltó que ya se la había informado al
accionante que la experiencia laboral exigida para el cargo se contabilizó a partir
de la obtención del título de abogado, que en este caso es 26 de noviembre de
2014 y que la sumatoria de los tiempos de las certificaciones que cumplían con los
parámetros definidos en la convocatoria, es decir las expedidas por la Alcaldía de
Puerto Parra Santander, teniendo en cuenta los extremos temporales allí
indicados y debidamente demostrados, no acreditaban el término mínimo
requerido para el cargo de aspiración equivalente a 720 días, advirtiendo que con
los documentos allegados certificó un tiempo total de 593 días.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

50. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela
presentada por el señor Wilfredo Cadena Castillo. Lo anterior de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa

51. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

52. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
tutelante es el titular de los derechos fundamentales que reclama, en
consideración a que fue quien se presentó al concurso de méritos y fue rechazado
como aspirante por no demostrar la experiencia mínima y el certificado de
inhabilidades e incompatibilidades.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Wilfredo Cadena Castillo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración Carrera Judicial
Rad: 11001-03-15-000-2023-02400-00

53. Por otro lado, se observa que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad
de Administración de Carrera Judicial se encuentra legitimado en la causa por
pasiva por ser la entidad que le corresponde adelantar el concurso de jueces y
magistrados de carrera de la Rama Judicial de conformidad con lo establecido en
el artículo 164 de la Ley 270 de 1996.

2.3. Cuestión previa

2.3.1. De la coadyuvancia presentada

54. La coadyuvancia de la acción de tutela se encuentra expresamente
prevista en el inciso 2º del artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual
señala que “Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá
intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública
contra quien se hubiere hecho la solicitud”.

55. Sobre esta figura jurídico procesal, la Corte Constitucional, en la sentencia
T-269 de 20123, reiterada en la T-269 del 29 de marzo de 20184, consideró que
los terceros con interés legítimo pueden intervenir en el proceso como
coadyuvantes, apoyando las razones presentadas por el actor, por persona o
autoridad demandada, armonizando el papel de los terceros con los principios de
informalidad y prevalencia de lo sustancial que rigen el proceso.

56. Cabe destacar que el ciudadano interviniente sustentó su interés en el
resultado del proceso, apoyando y complementando la argumentación para lograr
el reconocimiento de los derechos fundamentales considerados conculcados por
el actor. En consecuencia, la Sala lo tendrá como coadyuvante.

2.4. Problema jurídico

57. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados, se procederá a
determinar si en efecto se consolidó una vulneración al debido proceso, a la
igualdad, al trabajo y al acceso a cargos públicos de la parte actora, que ameriten
el ejercicio de una acción constitucional en sacrificio del requisito de
subsidiariedad. Se establece para tales efectos el siguiente problema jurídico:

• ¿El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al trabajo y al acceso a cargos públicos del señor Wilfredo
Cadena Castillo, en virtud de la expedición de la Resolución CSJ23-0061
del 8 de febrero de 2023 y el oficio CJO23-1228 del 14 de marzo de 2023,
por medio de los cuales fue rechazado del concurso de méritos
Convocatoria 27?

58. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) naturaleza de la acción de tutela; (ii) el carácter subsidiario de

3 Corte Constitucional, Sentencia T-269 de 2012.
4 Corte Constitucional, Sentencia T-070 de 2018.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Wilfredo Cadena Castillo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración Carrera Judicial
Rad: 11001-03-15-000-2023-02400-00

la acción de tutela e improcedencia cuando existan otras vías judiciales
disponibles y eficaces y (iii) caso concreto.

2.5. Naturaleza de la acción de tutela

59. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.

60. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la
tutela como mecanismo transitorio.

2.6 . Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando
existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

61. El inciso 3º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.5.

62. La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad,
los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos,
en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera
que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no
resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible recurrir a esta acción constitucional.

63. De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de
los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo6.

64. El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la

5 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá:1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante».
6Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno

Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad.
11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad.
11001-03-15-000-2021-04731-00.
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Wilfredo Cadena Castillo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración Carrera Judicial
Rad: 11001-03-15-000-2023-02400-00

independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se
deben salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta
acción pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario
de los procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el
juez constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para el
restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas inmediatas,
imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio mientras la autoridad
judicial competente decide de fondo la acción correspondiente»7.

2.7. Caso concreto

65. Según lo expuesto en los antecedentes de esta sentencia, mediante
Resolución CJ23-0061 del 8 de febrero 2023 se rechazó al señor Wilfredo Cadena
Castillo del concurso de méritos por no acreditar el requisito mínimo de
experiencia (causal 3.4.) y no cumplir con el requisito de aportar declaración
juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para el cargo
(causal 3.5).

66. Inconforme con la decisión, el actor presentó en término, una solicitud de
verificación de requisitos mínimos. En virtud de ello, mediante oficio CJO23-1228
del 14 de marzo de 2023 notificado el 22 de marzo de 2023, le fue resuelto de
manera particular al accionante su solicitud. En dicho documento se precisó que:

• No acreditó que requisito mínimo de experiencia exigido para el
cargo de aspiración, toda vez que no acredita el término mínimo requerido
para el cargo de aspiración equivalente a 720 días.
• La declaración de inhabilidades e incompatibilidades debía ser
aportada mediante un documento PDF conforme a los parámetros
establecidos en el Acuerdo PCSJA18-11077 y la cartilla de inscripción en
la plataforma KACTUS, pues ese requisito fue convalidado con la
declaración prevista en el cuadernillo de la prueba de aptitudes y
conocimientos suscrita por los aspirantes al momento de la presentación
de la misma.

67. Ahora bien, del escrito tutelar la Sala advierte que la pretensión de la parte
actora consiste en revocar la decisión de rechazo como aspirante, para en su
lugar, ser admitido a la fase III del concurso de méritos 27 de 2018, convocado
mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 para la provisión de
cargos en la Rama Judicial.

68. Lo anterior, tras considerar que los motivos que llevaron a las autoridades
accionadas a rechazar su aspiración, obedecen a formalismos que no persiguen el
fin principal de un concurso de méritos y por el contrario priman lo formal sobre lo
sustancial, menoscabando con ello el derecho a la igualdad.

7 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 del 2010, T-318 del 2017.

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Wilfredo Cadena Castillo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración Carrera Judicial
Rad: 11001-03-15-000-2023-02400-00

69. Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito de subsidiariedad8, como se explicará:

70. En relación con la Resolución CJ23-0061 de 2023 de 8 de febrero de 2023
y el oficio CJO23-1228 del 14 de marzo de 2023, constituyen actos particulares y
concretos, que pueden ser controvertidos a través del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho del derecho, consagrado en el artículo 138 de la
Ley 1437 de 20119, en el que el actor podrá plantear los argumentos que trae en
sede tutela y poner en tela de juicio su legalidad.

71. Sobre el particular, esta colegiatura en ocasiones previas ha señalado «[e]n
los concursos de méritos la jurisprudencia ha sido del criterio que los actos administrativos
que se expiden durante el trascurrir del proceso son preparatorios y de trámite y que solo
la lista de elegibles es el acto definitivo susceptible de ser enjuiciado. Sin embargo,
también se ha dicho que cuando el acto de trámite le impide al aspirante continuar su
participación se convierte en el acto definitivo que definió su situación jurídica y, en
consecuencia, puede ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo»10 (Subrayas propias).

72. Así es claro, entonces, que el señor Wilfredo Cadena Castillo cuenta con
otro mecanismo de defensa judicial, idóneo y eficaz, para discutir el acto que
cuestiona y lograr la protección de los derechos fundamentales que considera
vulnerados mediante la presente acción.

73. Con todo, no sobra mencionar que el juez ordinario cuenta con la
posibilidad de decretar medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y
230 de la Ley 1437 de 201111, las cuales representan un medio idóneo y efectivo

8 Ver al respecto Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 22 de mayo de 2019. Rad.

11001-03-15-000-2019-01237-00 y Sentencia del 2 de marzo de 2023. Rad. 11001-03-15-000-
2023-00326-00.
9 «Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un

derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la
reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se
presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe
un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a
partir de la notificación de aquel.»
10 Consejo de Estado, sentencia del 5 de noviembre de 2020. Rad: 25000-23-41-000-2012-00680-

01(3562-15).
11«Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se

adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en
cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o
Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere
necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y
protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y
podrán ser decretadas de oficio.
Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y
necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá
decretar una o varias de las siguientes medidas: 1. Ordenar que se mantenga la situación, o que
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Wilfredo Cadena Castillo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración Carrera Judicial
Rad: 11001-03-15-000-2023-02400-00

de protección de los derechos fundamentales que puedan resultar afectados con
el fin de evitar la consumación o agravación del daño.

74. Se recuerda entonces, que este mecanismo constitucional se torna
improcedente para suplir mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir
términos, de lo contrario, esta herramienta sería utilizada como un instrumento de
remplazo de las demás acciones jurídicas contempladas en el ordenamiento, lo
que de suyo desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora de
derechos fundamentales.

75. En los mismos términos ha sido señalado por el alto tribunal constitucional,
al indicar que «en caso de existir un medio judicial principal, el actor tiene la carga de
acudir a él toda vez que es necesario preservar las competencias legales asignadas por el
legislador a cada jurisdicción[96] (…) »12.

76. Finalmente, valga aclarar que si bien se ha admitido que la acción de tutela
es procedente en casos en los cuales se encuentra de por medio la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, lo cierto es que el actor no acreditó este hecho. Al
respecto, valga señalar que el accionante refirió que un proceso ante la
jurisdicción contencioso-administrativa es más dispendioso dada la congestión
judicial existente.

77. Tales consideraciones no hacen ineficaz la existencia del medio de control
de nulidad y restablecimiento de derecho, o el que corresponda, pues conduce a
considerar que la acción de tutela proceda siempre y en todos los casos bajo la
premisa que el proceso ordinario es más extenso, y aunque si en gracia de
discusión se admitiera que en efecto represente un mayor desgaste, lo cierto es
que como fue señalado, los procesos declarativos involucran la posibilidad del
decreto de medidas cautelares con las cuales se puede alcanzar la protección del
objeto del proceso, ya sea por solicitud de las partes y/o decretadas de oficio por
el juez.

se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante,
cuando fuere posible. 2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de
carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista
otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en
cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las
pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o
actuación sobre la cual recaiga la medida. 3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto
administrativo. 4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición
de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.5. Impartir
órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.
Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de
índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en
la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro
del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con
arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.
Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de
un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado,
cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas
superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.
Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de
perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos».
12 Corte Constitucional, sentencia T-081 de 2021.

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Wilfredo Cadena Castillo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración Carrera Judicial
Rad: 11001-03-15-000-2023-02400-00

2.8. Conclusiones

78. De conformidad con lo reseñado, se considera que no se acreditó el
cumplimiento del requisito de subsidiariedad al existir otro medio de defensa
judicial distinto a la acción de tutela al cual el actor puede acudir, como lo es el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, en el que podrá solicitar el decreto de las
medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de
2011. Estas representan un medio idóneo para el fin que persigue, por lo que la
acción de tutela impetrada por el señor Wilfredo Cadena Castillo deviene en
improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: ACEPTAR la coadyuvancia solicitada por el señor Daniel Cadavid
Bernal.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de acción de tutela instaurada
por el señor Wilfredo Cadena Castillo.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con
lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Wilfredo Cadena Castillo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración Carrera Judicial
Rad: 11001-03-15-000-2023-02400-00

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.