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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01723-00

Fecha
4 de mayo de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01723-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor Edwin Rodrigo Pardo Marconi. TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01723-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

4 de mayo de 2023

Demandante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura -Unidad
de Administración de Carrera Judicial
Rad: 11001-03-15-000-2023-01723-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01723-00
Demandante: EDWIN RODRIGO PARDO MARCONI
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL

Tema: Tutela contra acto administrativo – Convocatoria 27 – Concurso
de méritos

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

1. Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela
formulada por el señor Edwin Rodrigo Pardo Marconi contra el Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad
Nacional de Colombia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

2. La parte actora, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra la autoridad referenciada porque considera que le vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y «el acceso a cargos y funciones
públicas».

3. En criterio del accionante tales garantías constitucionales resultaron
quebrantadas con ocasión de las resoluciones CJR 23-0061 del 8 de febrero del
2023 y CJR 23-0110 del 21 de marzo del 2023. En el primer acto administrativo se
excluyó al actor de continuar con el proceso de selección de la Convocatoria 27 de
la Rama Judicial por no haber aportado en formato PDF la declaración
juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades. Así mismo, en la
segunda Resolución se rechazó el recurso de reposición y se dejó en firme la
decisión de excluirlo del concurso.

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
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Demandante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura -Unidad
de Administración de Carrera Judicial
Rad: 11001-03-15-000-2023-01723-00

PRIMERA: SE TUTELEN mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
cargos y funciones públicas e igualdad vulnerados por el Consejo Superior de la
Judicatura y la Unidad de Administración de la Carrera Judicial.

SEGUNDA: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS parcialmente la Resolución
CJR23-0061 del 8 de febrero en donde se publicaron los anexos 1 y 2 de admitidos
e inadmitidos expedida por la directora de la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto a mi inadmisión del
concurso de méritos convocado a través del Acuerdo PCSJA18-1077 de 2018.

TERCERO: ORDENAR a la directora de la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, que en el término de cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación del fallo, profiera una nueva decisión
admitiéndome en el concurso de méritos convocado a través del Acuerdo PCSJA18-
1077 de 2018, de tal manera que me permita continuar en las siguientes etapas del
proceso de selección.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan,
los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso de
méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de carrera de la Rama
Judicial, Convocatoria No. 27.

6. El actor se inscribió al concurso en cita para el cargo de juez civil municipal
de pequeñas causas y ejecución de sentencias, por lo que presentó las pruebas
constitutivas del concurso: aptitudes, conocimientos generales, conocimientos
específicos y psicotécnicos. Obtuvo un puntaje de 831,80.

7. Finalizada la primera etapa concerniente a la prueba de aptitudes y
conocimientos, se dio paso a la fase de verificación de requisitos mínimos de
quienes superaron la prueba. En consecuencia, el 8 de febrero de 2023, el
Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial-
expidió la Resolución CJR23-0061, mediante la cual decidió acerca de la admisión
de aspirantes al concurso de méritos para la provisión de los cargos de
funcionarios de la Rama Judicial.

8. En lo que respecta al accionante, fue rechazado por no cumplir con el
requisito de aportar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades para el cargo (causal 3.5.).

9. Inconforme con lo resuelto y dentro del término de los 3 días siguientes a la
notificación de la Resolución en comento, el actor presentó solicitud de verificación
de la documentación. Esta etapa fue diseñada para los concursantes que
hubiesen sido rechazados por no acreditar el cumplimiento de los requisitos
exigidos para el cargo.

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10. El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Carrera Judicial- expidió la
Resolución CJR23-0110 de 21 de marzo de 20231, mediante la cual resolvió de
manera colectiva las solicitudes de verificación de la documentación aportada por
los concursantes en la inscripción, contra los resultados señalados en la
Resolución CJR23-0061.

11. En el acto administrativo citado se revocó la decisión de inadmisión
contenida en el artículo 2 de la Resolución CJR23-0061, para en su lugar, admitir
a determinados participantes al concurso de méritos destinado a la conformación
de los Registros Nacionales de Elegibles para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial.

12. En lo que atañe al señor Pardo Marconi, se confirmó la decisión de rechazo.
En dicho documento se precisó que una vez revisada la documentación cargada
por el actor en el sistema «KACTUS» durante el término de inscripción, se verificó
que no aportó en formato PDF la declaración juramentada de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades, como fue señalado en el acuerdo de
convocatoria.

1.4. Fundamentos de la solicitud

13. El accionante consideró que las entidades demandadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y «el acceso a cargos y
funciones públicas». Esto, porque mediante la Resolución CJR23-0061 de 8 de
febrero de 2023 fue rechazado como aspirante al concurso de méritos por no
acreditar las calidades señaladas en el Acuerdo PCJSA-11077 de 2018.

14. Sostuvo que, la postura de la Unidad de Administración de Carrera Judicial
constituye una violación a las reglas propias del concurso, por extralimitación en la
interpretación de las causales de rechazo e incurrir en un defecto material que
afecta el debido proceso reglado en la convocatoria.

15. Consideró que la forma en la cual fue interpretada la causal de rechazo
constituye un formalismo, en el entendido que finalmente cumplió con el requisito
manifestando a través de este aplicativo que no se encontraba incurso de
inhabilidades e incompatibilidades. En ese sentido, arguyó que la exigencia
concerniente a que debía hacerse en un documento PDF constituye un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.

16. Indicó que la tutela era el mecanismo idóneo para la protección de sus
derechos fundamentales, toda vez que se observa la necesidad de proceder con
una orden de protección inmediata, en el sentido de revocar la decisión de
rechazo para en su lugar ser admitido. Máxime cuando una demanda ante la
jurisdicción, dado el alto flujo de procesos, podría tardarse en resolver

1
«Por medio de la cual se modifica la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, para
efectos de incluir los aspirantes que resultaron admitidos con base en las solicitudes por ellos
presentadas».

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ocasionándole un perjuicio irremediable consistente en la exclusión del concurso
de méritos pese haber superado la etapa más difícil.

1.5. Trámite de la acción de tutela

17. Mediante auto del 12 de abril de 2023, el magistrado sustanciador en esta
instancia admitió la presente acción de tutela. En consecuencia, ordenó notificar
como entidad accionada al Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de
Administración de Carrera Judicial. Igualmente, vinculó como tercera con interés
en las resultas del proceso a la Universidad Nacional de Colombia

18. Asimismo, con el fin de que todos los sujetos a quienes les asiste interés en
este proceso se enteraran del mismo, ordenó a la autoridad accionada y al centro
universitario vinculado como tercero que informaran sobre la existencia de esta
acción de tutela a quienes participaron en el concurso de méritos para la provisión
de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial. Lo anterior, para que si lo
consideraban pertinente intervinieran en el proceso o aportaran las pruebas que
pretendieran hacer valer. Es importante resaltar que esta orden fue atendida y la
constancia de su cumplimiento fue allegada al expediente de este proceso.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Universidad Nacional de Colombia

19. Luego de realizar un recuento exhaustivo de los principales hechos y
actuaciones que se han surtido en el trámite de la Convocatoria 27, la institución
universitaria señaló en primer término que todos los reparos del actor han sido
contestados; a través de la Resolución CSJ23-0110 del 21 de marzo de 2023
mediante la cual se modificó la decisión adoptada en la Resolución CSJ23 0061
del 8 de febrero de 2023, y mediante el oficio CJO 23-1684 del 21 de marzo del
2023.

20. En segundo lugar, señaló que la tutela no es el mecanismo idóneo para
atacar actos administrativos, toda vez que se encuentran cobijados por la
presunción de legalidad y para ello el accionante debe acudir a los medios
jurídicos propios dispuestos para dicho fin, pues tampoco se advierte un perjuicio
irremediable.

21. Finalmente, expuso que la Universidad Nacional de Colombia, no ha
vulnerado los derechos fundamentales del actor, comoquiera que ha atendido
todos sus requerimientos, le ha extendido la posibilidad de formular reparos, su
participación en el concurso de méritos constituye una mera expectativa de
derechos subjetivos, y en últimas, el debate que plantea se centra en la legalidad
de actos administrativos.

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1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial

22. Por intermedio de la directora de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial manifestó que, en el caso en concreto, la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para atacar actos administrativos que por su propia naturaleza
se encuentran amparados por el principio de legalidad. En ese orden de ideas,
para desvirtuar dicha presunción se debe acudir a los medios jurídicos propios,
pues el control judicial corresponde a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, quien deberá revisar si el acto administrativo se apartó sin
justificación alguna del ordenamiento que regula su expedición.

23. Mencionó que, como la inconformidad del accionante es con la condición
establecida en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 que sirvió de soporte jurídico
a la Resolución CSJ23-0061 de 8 de febrero de 2023, por tratarse de un acto
administrativo de carácter general, lo procedente es el medio de control de
nulidad. Esto, toda vez que la tutela no es el escenario para controvertir actos que
se presumen legalmente emitidos por ser expedidos en desarrollo de funciones
legales y reglamentarias.

24. Aunado a ello, precisó que el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 estableció
todos los requisitos generales y específicos para participar en el concurso, y su
incumplimiento da lugar al rechazo o exclusión del concurso. En ese sentido,
precisó que los aspirantes manifestaban estar conformes con las normas del
acuerdo de convocatoria con su inscripción.

25. Por ello, recalcó que en el artículo 3 numeral 1.1., y 2.4 del Acuerdo, se
estableció la obligación de anexar la declaración de inhabilidad e incompatibilidad
en formato PDF. Aunado a ello, el artículo 3 numeral 3, sub numeral 3.5. señaló
como causal de rechazo, no presentar lo referido. Igualmente, en el instructivo de
inscripción que también tiene carácter de obligatorio, se reiteró la necesidad de
aportar tal manifestación.

26. Por lo anterior, señaló que siempre estuvo claramente establecido que uno
de los documentos que se debía aportar al momento de la inscripción al concurso
era la declaración juramentada de no encontrarse incurso en inhabilidades o
incompatibilidades para ejercer el cargo, en formato PDF. Con la anterior carga
cumplieron más de 3.389 aspirantes que pasaron la prueba de aptitudes y
conocimientos. En ese sentido, no se vulneraron los derechos fundamentales del
accionante, toda vez que las condiciones fueron previamente fijadas y los
participantes manifestaron su conformidad.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

27. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela
presentada por el señor Edwin Rodrigo Pardo Marconi. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
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2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa

31. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

32. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
tutelante es la titular de los derechos fundamentales que reclama, en
consideración a que fue quien presentó la solicitud de verificación de la
documentación aportada en la inscripción al concurso de méritos, tras haber sido
rechazado como aspirante al mismo.

33. Por otro lado, se observa que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad
de Administración de Carrera Judicial se encuentra legitimada en la causa por
pasiva en atención a que de ella se predica la expedición de los actos
administrativos objeto de controversia.

2.3. Problema jurídico

34. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados, el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:

• ¿Se vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, al acceso a cargos
públicos, al debido proceso, de petición e igualdad del señor Edwin Rodrigo
Pardo Marconi, en virtud de la expedición de las Resoluciones CSJ23-0061
del 8 de febrero de 2023 y CJR23-0110 del 21 de marzo de 2023, así como
el oficio CJO 23-1684 del 21 de marzo del 2023, por medio de los cuales
fue rechazado del concurso?

35. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) naturaleza de la acción de tutela; (ii) el carácter subsidiario
de la acción de tutela e improcedencia de la misma cuando existen otras vías
judiciales disponibles y eficaces; y (iii) caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

36. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.

37. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
6

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evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la
tutela como mecanismo transitorio.

2.5. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia de la
misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

38. El inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.2.

39. La jurisprudencia estableció que en razón del principio de subsidiariedad,
los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos,
en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera
que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no
resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible recurrir a esta acción constitucional.

40. De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de
los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo3.

41. El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se
deben salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta
acción pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario
de los procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando
el juez constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que
exige para el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de
medidas inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo
transitorio mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción
correspondiente»4.

2
«ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante.»
3
Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad.
11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad.
11001-03-15-000-2021-04731-00.
4
Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao, T-130 del
23.02.2010, M.P. Juan Carlos Henao, T-318 del 12.05. 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo, entre
otras.
7

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2.6. Caso en concreto

42. Según lo expuesto en los antecedentes de esta sentencia, mediante
Resolución CJ23-0061 de 2023, se rechazó al señor Edwin Rodrigo Pardo
Marconi como aspirante a los cargos ofertados en el del concurso de méritos
que participó por no cumplir con el requisito de aportar la declaración juramentada
de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para el cargo (causal 3.5). Por
esta razón allegó una solicitud de verificación de requisitos mínimos dentro del
término correspondiente.

43. En virtud de ello, el 21 de marzo de 2023 el Consejo Superior de la
Judicatura profirió la Resolución CJR23-0110, a través de la cual modificó la
Resolución CJ23-0061 de 2023 a efectos de incluir a los aspirantes que resultaron
admitidos una vez efectuada la respectiva verificación de requisitos, sin que en la
misma se refiriera de manera individual a la solicitud elevada por cada uno de los
aspirantes rechazados.

44. No obstante, mediante oficio CJO 23-1684 del 21 de marzo del 2023, le fue
resuelto de manera particular al accionante su solicitud. En dicho documento se
precisó que la declaración de inhabilidades e incompatibilidades debía ser
aportada mediante un documento PDF conforme a los parámetros establecidos en
el Acuerdo PCSJA18-11077 y la cartilla de inscripción en la plataforma «Kactus»,
pues ese requisito fue convalido con la declaración prevista en el cuadernillo de la
prueba de aptitudes y conocimientos suscrita por los aspirantes al momento de la
presentación de la misma.

45. Ahora bien, del escrito tutelar la Sala advierte que la pretensión de la parte
actora consiste en revocar la decisión de rechazo como aspirante, para en su
lugar, ser admitido a la fase III del concurso de méritos 27 de 2018, convocado
mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 para la provisión
de cargos en la Rama Judicial.

46. Lo anterior, tras considerar que los motivos que llevaron a las autoridades
accionadas a rechazar su aspiración obedecen a formalismos que conllevan a un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en contravía de sus garantías
constitucionales.

47. Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito de subsidiariedad5, como se explicará:

48. En relación con las Resoluciones CJ23-0061 de 2023 de 8 de febrero de
2023 y la Resolución CJR23-0110 de 21 de marzo de 2023, las mismas
constituyen actos particulares y concretos. Así las cosas, son decisiones que
pueden ser controvertidas a través del medio de control de nulidad y

5
Ver al respecto Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 22 de mayo de 2019. Rad.
11001-03-15-000-2019-01237-00 y Sentencia del 2 de marzo de 2023. Rad. 11001-03-15-000-
2023-00326-00.
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restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de
20116, en el que el actor podrá plantear los argumentos que trae en sede de tutela
y poner en tela de juicio la legalidad de dichos.

28. Sobre el particular, esta Colegiatura en ocasiones previas ha señalado que,
«[e]n los concursos de méritos la jurisprudencia ha sido del criterio que los actos
administrativos que se expiden durante el trascurrir del proceso son preparatorios
y de trámite y que solo la lista de elegibles es el acto definitivo susceptible de ser
enjuiciado. Sin embargo, también se ha dicho que cuando el acto de trámite le
impide al aspirante continuar su participación se convierte en el acto definitivo que
definió su situación jurídica y, en consecuencia, puede ser demandado ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo»7 (Subrayas propias).

29. Así es claro, entonces, que el señor Edwin Rodrigo Pardo Marconi cuenta
con otro mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para discutir el acto que
cuestiona y lograr la protección de los derechos fundamentales que considera
vulnerados mediante la presente acción.

30. Con todo, no sobra mencionar que el juez ordinario cuenta con la
posibilidad de decretar medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y
230 de la Ley 1437 de 20118, las cuales representan un medio idóneo y efectivo

6
«Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la
reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se
presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe
un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a
partir de la notificación de aquel.»
7
Consejo de Estado, sentencia del 5 de noviembre de 2020. Rad: 25000-23-41-000-2012-00680-
01(3562-15).
8
«Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se
adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en
cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o
Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere
necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y
protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y
podrán ser decretadas de oficio.
Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y
necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá
decretar una o varias de las siguientes medidas:
1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba
antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta
medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o
superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el
Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la
parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la
medida.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura -Unidad
de Administración de Carrera Judicial
Rad: 11001-03-15-000-2023-01723-00

de protección de los derechos fundamentales que puedan resultar afectados con
el fin de evitar la consumación o agravación del daño.

31. La anterior apreciación también es posible realizarla en lo que respecta al
oficio CJO 23-1684 del 21 de marzo del 2023, por medio del cual las accionadas
dieron respuesta a la solicitud de revisión de documentos presentada por la parte
actora, pues la misma finalmente reviste las características de acto administrativo
definitorio y pasible de ser demandado ante la jurisdicción contenciosa
administrativa.

32. Se recuerda entonces, que este mecanismo constitucional se torna
improcedente para suplir mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir
términos. De lo contrario, esta herramienta sería utilizada como un instrumento de
remplazo de las demás acciones jurídicas contempladas en el ordenamiento, lo
que de suyo desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora de
derechos fundamentales.

33. En los mismos términos ha sido señalado por el alto Tribunal Constitucional,
al indicar que, «en caso de existir un medio judicial principal, el actor tiene la carga
de acudir a él toda vez que es necesario preservar las competencias legales
asignadas por el legislador a cada jurisdicción[96] (…)»9.

34. Finalmente, valga aclarar que si bien se ha admitido que la acción de tutela
es procedente en casos en los cuales se encuentra de por medio la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, lo cierto es que el actor no acreditó este hecho. Al
respecto, valga señalar que el accionante refirió que un proceso ante la
jurisdicción contencioso-administrativa es más dispendioso dada la congestión
judicial existente.

35. Tales consideraciones no hacen ineficaz la existencia de la acción de
nulidad y restablecimiento de derecho, o la que corresponda, pues conduce a
considerar que la acción de tutela proceda siempre y en todos los casos bajo la
premisa que el proceso ordinario es más extenso, y aunque en gracia de discusión
se admitiera que en efecto represente un mayor desgaste, lo cierto es que como

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra
con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no
hacer.
Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de
índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en
la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro
del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con
arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.
Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de
un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado,
cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas
superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.
Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de
perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.»
9
Corte Constitucional, sentencia T-081 de 2021.
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fue señalado, los procesos declarativos involucran la posibilidad del decreto de
medidas cautelares con las cuales se puede alcanzar la protección del objeto del
proceso, ya sea por solicitud de las partes y/o decretadas de oficio por el juez.

2.4. Conclusiones

49. De conformidad con lo reseñado, se considera que no se acreditó el
cumplimiento del requisito de subsidiariedad al existir otro medio de defensa
judicial distinto a la acción de tutela al cual puede acudir, como lo es el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138
de la Ley 1437 de 2011. A través de dicho proceso, el actor que podrá solicitar el
decreto de las medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 de la
Ley 1437 de 2011, las cuales representan un medio idóneo para el fin que
persigue, por lo que la acción de tutela impetrada por el señor Edwin Rodrigo
Pardo Marconi deviene en improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el
señor Edwin Rodrigo Pardo Marconi.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con
lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012
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