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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01626-00

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01626-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor Luis Carlos Rincón Amézquita. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01626-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

11 de mayo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01626-00
Demandante: Luis Carlos Rincón Amézquita
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01626-00
Demandante: LUIS CARLOS RINCÓN AMÉZQUITA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL

Tema: Tutela contra acto administrativo – Convocatoria 27 – Concurso
de méritos

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la solicitud de amparo presentada por el señor Luis
Carlos Rincón Amézquita contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

El señor Luis Carlos Rincón Amézquita1, en nombre propio, con escrito enviado a
través de correo electrónico el 29 de marzo de 2023, presentó acción de tutela con
el fin de que se le ampare su derecho fundamental a la igualdad.

La referida garantía constitucional la consideró vulnerada por la autoridad
demandada, con ocasión a que por medio de la Resolución CJR23 0061 de
febrero de 2023 fue rechazado del concurso de aspirantes «para juez civil
municipal, juez de pequeñas causas y competencia múltiple, juez civil municipal de
ejecución de sentencias, con base en la causal 3.5., esto es no presentar la
declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades».

Adicionalmente adujo que a través del Oficio CJO23-1450 de 16 de marzo de
20232, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial confirmó el rechazo.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

1
Precisó que actualmente se desempeña como Juez 1º de Pequeñas Causas y Competencias
Múltiples del Circuito Judicial de Cali.
2
Notificado el 22 de marzo de 2023.
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01626-00
Demandante: Luis Carlos Rincón Amézquita
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial

Solicito Honorables magistrados, que se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL que yo
sea ADMITIDO para continuar con las etapas subsiguientes del concurso de méritos
correspondiente a la convocatoria 27 llevada a cabo por la Rama Judicial ya que lo
que acá acontece no comporta una causal de una situación objetiva de tal magnitud
que afecte de manera grave mi idoneidad para el cargo.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

Mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso de
méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de carrera de la Rama
Judicial, Convocatoria N.° 27.

El actor se inscribió al concurso en cita para el cargo de juez civil municipal de
pequeñas causas y ejecución de sentencias, por lo que presentó las pruebas
constitutivas del concurso: aptitudes, conocimientos generales, conocimientos
específicos y psicotécnicos. Obtuvo un puntaje de 828,95.

Finalizada la primera etapa concerniente a la prueba de aptitudes y conocimientos,
se dio paso a la fase de verificación de requisitos mínimos de quienes superaron
la prueba. En consecuencia, el 8 de febrero de 2023, el Consejo Superior de la
Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial- expidió la Resolución
CJR23-0061, mediante la cual decidió acerca de la admisión de aspirantes al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial.

En lo que respecta al accionante, fue rechazado por no cumplir con el requisito de
aportar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades para el cargo (causal 3.5.).

Inconforme con lo resuelto y dentro del término de los 3 días siguientes a la
notificación de la resolución en comento, el actor presentó solicitud de verificación
de la documentación. Esta etapa fue diseñada para los concursantes que
hubiesen sido rechazados por no acreditar el cumplimiento de los requisitos
exigidos para el cargo.

De manera que, el 16 de marzo de 2023 mediante Oficio CJO23-1450 remitido al
actor de manera particular, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrea Judicial le confirmó su rechazo del concurso.

En dicho documento, que reposa en el expediente digital en el aplicativo SAMAI,
se precisó que la declaración de inhabilidades e incompatibilidades debió ser
aportada mediante un documento PDF conforme a los parámetros establecidos en
el Acuerdo PCSJA18-11077 y la cartilla de inscripción en la plataforma «Kactus»,
pues ese requisito fue convalido con la declaración prevista en el cuadernillo de la
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Demandante: Luis Carlos Rincón Amézquita
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial

prueba de aptitudes y conocimientos suscrita por los aspirantes al momento de la
presentación de la misma.

De manera que, la parte accionada revisó la documentación cargada por el actor
en el sistema «KACTUS» durante el término de inscripción, y verificó que no
aportó en formato PDF la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades, como fue señalado en el acuerdo de convocatoria, razón por la
cual, se confirmó la decisión de rechazo del señor Rincón Amézquita.

1.4. Fundamentos de la solicitud

El accionante consideró que las entidades demandadas vulneraron su derecho
fundamental a la igualdad, porque a través de la Resolución CJR23-0061 de 8 de
febrero de 2023 fue rechazado como aspirante al concurso de méritos por no
acreditar las calidades señaladas en el Acuerdo PCJSA-11077 de 2018.

El señor Rincón Amézquita expresó que desde hace más de ocho años se ha
desempeñado como juez, y que siempre ha cumplido con todos los requisitos
constitucionales y legales exigidos, los cuales año tras años los actualiza.

Adujo que dicho rechazo se traduce en un exceso ritual manifiesto, dado que
transgrede de manera flagrante su derecho a la igualdad, puesto que, en las
convocatorias pasadas «no se hacía esta exigencia porque el Consejo Superior de
la Judicatura siempre tuvo claro que la declaración juramentada de inhabilidades e
incompatibilidades es un requisito indispensable para posesionarse y
desempeñarse como funcionario judicial, no para concursar».

Para sustentar lo anterior, mencionó algunas sentencias del Consejo de Estado y
de la Corte Constitucional en las que según el accionante «se ha establecido que
se produce un EXCESO RITUAL MANIFIESTO cuando la autoridad administrativa
utiliza o concibe los procedimientos como obstáculo para la eficiencia del derecho
sustancial, por ejemplo, al incurrir en un exceso de severidad procedimental en la
apreciación de las pruebas».

Precisó que a la fecha se encuentra excluido del concurso de méritos de la
Convocatoria N.° 27, y que por ende no podrá participar de las etapas
subsiguientes del concurso.

Finalmente adujo que «[una] acción ordinaria no resulta efectiva para la garantía
de protección efectiva de mis derechos fundamentales, lo cual me generaría de
forma inevitable un perjuicio irremediable, ya que el quedar por fuera del concurso
implica que en los años venideros deba salir de la Rama Judicial, perder mi
condición de Juez de la República y perder mi sustento económico y el de mi
familia».

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto de 10 de abril de 2023, notificado por correo electrónico el 12 del
mismo mes y año, el magistrado sustanciador en esta instancia admitió la

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Demandante: Luis Carlos Rincón Amézquita
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
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presente acción de tutela. En consecuencia, ordenó notificar como entidad
accionada al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial; y negó la medida provisional que solicitó el accionante.

1.6. Intervención

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial

El 13 de abril de 2023, la directora de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial adujo que, en el caso en concreto, la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para atacar actos administrativos que por su propia naturaleza se
encuentran amparados por el principio de legalidad. En ese orden de ideas, para
desvirtuar dicha presunción se debe acudir a los medios jurídicos propios, pues el
control judicial corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, quien
deberá revisar si el acto administrativo se apartó sin justificación alguna del
ordenamiento que regula su expedición.

Mencionó que, como la inconformidad del señor Luis Carlos Rincón Amézquita
radica en la condición contemplada en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 que
sirvió de soporte jurídico a la Resolución CSJ23-0061 de 8 de febrero de 2023, por
tratarse de un acto administrativo de carácter general, lo procedente es el medio
de control de nulidad. Esto, toda vez que la tutela no es el escenario para
controvertir actos que se presumen legalmente emitidos por ser expedidos en
desarrollo de funciones legales y reglamentarias.

Adicionalmente, precisó que el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 estableció todos
los requisitos generales y específicos para participar en el concurso, y su
incumplimiento da lugar al rechazo o exclusión del concurso. En ese sentido,
precisó que los aspirantes manifestaban estar conformes con las normas del
acuerdo de convocatoria con su inscripción.

Por ello, recalcó que en el artículo 3 numeral 1.1. y 2.4 del Acuerdo, se estableció
la obligación de anexar la declaración de inhabilidad e incompatibilidad en formato
PDF. Aunado a ello, el artículo 3.º, numeral 3.º, sub numeral 3.5. señala como
causal de rechazo, no presentar lo referido. Igualmente, en el instructivo de
inscripción que también tiene carácter de obligatorio, se reiteró la necesidad de
aportar tal manifestación.

De manera que, explicó que siempre estuvo claramente establecido que uno de
los documentos que se debía aportar al momento de la inscripción al concurso era
la declaración juramentada de no encontrarse incurso en inhabilidades o
incompatibilidades para ejercer el cargo, en formato PDF. Con la anterior carga
cumplieron más de 3.389 aspirantes que pasaron la prueba de aptitudes y
conocimientos. En ese sentido, no se vulneró la garantía fundamental del actor,
pues las condiciones fueron previamente fijadas y los participantes manifestaron
su conformidad.

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Demandante: Luis Carlos Rincón Amézquita
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
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2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela
presentada por el señor Luis Carlos Rincón Amézquita contra el Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial. Lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio corresponde establecer si el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial, transgredió el derecho
fundamental a la igualdad del actor, con ocasión a que por medio de la Resolución
CJR23 0061 de febrero de 2023 fue rechazado del concurso de aspirantes «para
juez civil municipal, juez de pequeñas causas y competencia múltiple, juez civil
municipal de ejecución de sentencias, con base en la causal 3.5., esto es no
presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades».

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) el carácter subsidiario de la acción de
tutela e improcedencia de la misma cuando existen otras vías judiciales
disponibles y eficaces; y (iii) el caso concreto.

2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.

Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión
del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.

2.4. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia de la
misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

El inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del

5

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artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.3.

La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad, los
conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en
principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que
únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan
idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible
recurrir a esta acción constitucional.

De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe
hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos
legales deviene en la improcedencia de este mecanismo4.

El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se
deben salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta
acción pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario
de los procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando
el juez constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que
exige para el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de
medidas inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo
transitorio mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción
correspondiente»5.

2.5. Caso en concreto

Según lo expuesto en los antecedentes de esta sentencia, mediante Resolución
CJ23-0061 de 2023, se rechazó al señor Luis Carlos Rincón Amézquita como
aspirante a los cargos ofertados en el del concurso de méritos que participó por no
cumplir con el requisito de aportar la declaración juramentada de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades para el cargo (causal 3.5). Por esta razón allegó
una solicitud de verificación de requisitos mínimos dentro del término
correspondiente.

3
«ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante.»
4
Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad.
11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad.
11001-03-15-000-2021-04731-00.
5
Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao, T-130 del
23.02.2010, M.P. Juan Carlos Henao, T-318 del 12.05. 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo, entre
otras.
6

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En virtud de ello, el 16 de marzo de 2023, mediante oficio CJO23-1450 remitido al
actor de manera particular, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial le confirmó su rechazo del concurso.

En dicho documento se precisó que la declaración de inhabilidades e
incompatibilidades debía ser aportada mediante un documento PDF conforme a
los parámetros establecidos en el Acuerdo PCSJA18-11077 y la cartilla de
inscripción en la plataforma «Kactus», pues ese requisito fue convalidado con la
declaración prevista en el cuadernillo de la prueba de aptitudes y conocimientos
suscrita por los aspirantes al momento de la presentación de la misma.

Ahora bien, del escrito tutelar la Sala advierte que la pretensión de la parte actora
consiste en revocar la decisión de rechazo como aspirante, para en su lugar, ser
admitido a la fase III del concurso de méritos 27 de 2018, convocado mediante el
Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 para la provisión de cargos en
la Rama Judicial.

Lo anterior, tras considerar que el rechazo se traduce en un exceso ritual
manifiesto, dado que transgrede de manera flagrante su derecho a la igualdad,
puesto que, en las convocatorias pasadas «no se hacía esta exigencia porque el
Consejo Superior de la Judicatura siempre tuvo claro que la declaración
juramentada de inhabilidades e incompatibilidades es un requisito indispensable
para posesionarse y desempeñarse como funcionario judicial, no para concursar».

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito de subsidiariedad6, como se explicará:

En relación con las comunicaciones por medio de las cuales excluyeron al actor de
la Convocatoria 27, las mismas constituyen actos particulares y concretos. Así las
cosas, son decisiones que pueden ser controvertidas a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 de la Ley
1437 de 20117, en el que el actor podrá plantear los argumentos que trae en sede
de tutela y poner en tela de juicio la legalidad de dichos.

Sobre el particular, esta Colegiatura en ocasiones previas ha señalado que, «[e]n
los concursos de méritos la jurisprudencia ha sido del criterio que los actos
administrativos que se expiden durante el trascurrir del proceso son preparatorios
y de trámite y que solo la lista de elegibles es el acto definitivo susceptible de ser

6
Ver al respecto Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 22 de mayo de 2019. Rad.
11001-03-15-000-2019-01237-00 y Sentencia del 2 de marzo de 2023. Rad. 11001-03-15-000-
2023-00326-00.
7
«Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la
reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se
presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe
un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a
partir de la notificación de aquel.»
7

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enjuiciado. Sin embargo, también se ha dicho que cuando el acto de trámite le
impide al aspirante continuar su participación se convierte en el acto definitivo que
definió su situación jurídica y, en consecuencia, puede ser demandado ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo»8 (Subrayado propio)

Así es claro, entonces, que el señor Rincón Amézquita cuenta con otro
mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para discutir el acto que cuestiona
y lograr la protección de su derecho fundamental a la igualdad.

Con todo, no sobra mencionar que el juez ordinario cuenta con la posibilidad de
decretar medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 de la Ley
1437 de 20119, las cuales representan un medio idóneo y efectivo de protección
de los derechos fundamentales que puedan resultar afectados con el fin de evitar
la consumación o agravación del daño.

La anterior apreciación también es posible realizarla en lo que respecta al oficio
CJO 23-1684 del 21 de marzo del 2023, por medio del cual las accionadas dieron
respuesta a la solicitud de revisión de documentos presentada por la parte actora,

8
Consejo de Estado, sentencia del 5 de noviembre de 2020. Rad: 25000-23-41-000-2012-00680-
01(3562-15).
9
«Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se
adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en
cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o
Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere
necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y
protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y
podrán ser decretadas de oficio.
Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y
necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá
decretar una o varias de las siguientes medidas:
1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba
antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta
medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o
superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el
Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la
parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la
medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra
con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no
hacer.
Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de
índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en
la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro
del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con
arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.
Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de
un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado,
cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas
superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.
Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de
perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.»
8

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pues la misma finalmente reviste las características de acto administrativo
definitorio y pasible de ser demandado ante la jurisdicción contenciosa
administrativa.

Se recuerda entonces, que este mecanismo constitucional se torna improcedente
para suplir mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir términos. De lo
contrario, esta herramienta sería utilizada como un instrumento de remplazo de las
demás acciones jurídicas contempladas en el ordenamiento, lo que de suyo
desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora de derechos
fundamentales.

En los mismos términos ha sido señalado por el alto Tribunal Constitucional, al
indicar que, «en caso de existir un medio judicial principal, el actor tiene la carga
de acudir a él toda vez que es necesario preservar las competencias legales
asignadas por el legislador a cada jurisdicción [96] […]»10.

Finalmente, para esta Sala de Decisión es importante aclarar que si bien se ha
admitido que la acción de tutela es procedente en casos en los cuales se
encuentra de por medio la ocurrencia de un perjuicio irremediable, lo cierto es que
el actor no acreditó este hecho. Al respecto, valga señalar que el accionante refirió
que un proceso ante la jurisdicción contencioso-administrativa es más dispendioso
dada la congestión judicial existente.

Tal manifestación no torna ineficaz la existencia de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, o la que corresponda, pues conduce a considerar
que la acción de tutela proceda siempre y en todos los casos bajo la premisa que
el proceso ordinario es más extenso, y aunque en gracia de discusión se admitiera
que en efecto represente un mayor desgaste, lo cierto es que como fue señalado,
los procesos declarativos involucran la posibilidad del decreto de medidas
cautelares con las cuales se puede alcanzar de manera preventiva la protección
del objeto del proceso, ya sea por solicitud de las partes y/o decretadas de oficio
por el juez.

2.6. Conclusiones

Conforme lo explicado en líneas anteriores, esta Sección considera que no se
acreditó el cumplimiento del requisito de subsidiariedad al existir otro medio de
defensa judicial distinto a la acción de tutela al cual puede acudir, como lo es el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

De modo que, a través de dicho proceso, el actor que podrá solicitar el decreto de
las medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 de la Ley 1437
de 2011, las cuales representan un medio idóneo para el fin que persigue, por lo
que la acción de tutela impetrada por el señor Luis Carlos Rincón Amézquita
deviene en improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

10
Corte Constitucional, sentencia T-081 de 2021.
9

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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01626-00
Demandante: Luis Carlos Rincón Amézquita
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial

Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

3. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el
señor Luis Carlos Rincón Amézquita.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con
lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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