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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02282-00

Fecha
4 de julio de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02282-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-02282-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

4 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., cuatro (04) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02282-00
Accionante: Horacio Ernesto Enríquez Delgado
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO – Improcedencia
/ SUBSIDIARIEDAD – el accionante no agotó el mecanismo judicial idóneo y eficaz
• medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para debatir la legalidad
de actos administrativos de carácter definitivo expedidos en el marco de un concurso
de méritos - Convocatoria 27.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por Horacio Ernesto Enríquez
Delgado contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El señor Horacio Ernesto Enríquez Delgado presentó acción de tutela contra la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura,
con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, defensa, así como el acceso a cargos públicos, y en consecuencia se
ordenara revocar o modificar la Resolución CJR23-0028 del 16 de enero de 2023. El
objeto de esta acción es que se resuelva de fondo el recurso que presentó contra la
Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022 según la cual no aprobó la
prueba de aptitudes y conocimientos realizada en el marco del concurso de méritos
adelantado por dicha entidad para la provisión de los cargos de funcionarios de la
Rama Judicial, denominado -Convocatoria 27- , al cual se inscribió el accionante,
con el fin de concursar por el cargo de Juez Penal Municipal.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02282-00
Accionante: Horacio Ernesto Enríquez Delgado
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

2.- Como fundamento fáctico de su solicitud, indicó que en el marco de dicho
concurso, el 24 de julio de 2022 presentó la prueba de aptitudes, conocimientos y
psicotécnica diseñada por la Universidad Nacional de Colombia. Surtidas las etapas
respectivas, mediante Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
determinó que no había aprobado la misma, en tanto obtuvo un puntaje de 786,12.

3.- En desacuerdo con la decisión anterior, el accionante interpuso recurso de
reposición, a través del cual cuestionó la realización de las preguntas de
razonamiento numérico y aquellas relacionadas con las áreas de sistemas, ofimática
y matemáticas, así como la formulación de algunas preguntas ambiguas, imprecisas
y con errores ortográficos. Con fundamento en ello, el actor solicitó la recalificación
de la prueba, a fin de que se le otorgara una puntuación mayor y, en consecuencia,
se declarara que superó el puntaje mínimo dispuesto en el Acuerdo de la
convocatoria. También pidió la exhibición del cuadernillo de preguntas y respuestas
de la prueba practicada.

4.- Luego de asistir a la jornada de exhibición, la parte actora presentó escrito de
ampliación del recurso de reposición, a través del cual manifestó su inconformidad
respecto a la estructuración de algunas preguntas, así como la forma de calificación
de las mismas, concretamente, las preguntas 4,7, 9, 18, 23, 28, 30, 32, 39, 52, 68,
69, 86, 87, 106, 108, 120 y 122. Además, reprochó que no se le hubiese permitido la
utilización de medios tecnológicos durante la jornada de exhibición.

5.- El 16 de enero de 2023, a través de la Resolución CJR23-0028, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial resolvió de manera conjunta los recursos de
reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de
2022, por aquellos concursantes que optaron para la provisión del cargo de Juez
Penal Municipal. Para tal efecto, indicó que, previo a un análisis de las solicitudes
presentadas por los recurrentes, las mismas fueron agrupadas por temáticas y así
serían resueltas, precisando, a su vez, que se tomaron en cuenta las peticiones
principales, no sin antes referir que los demás argumentos serían aplicables para
todos los recurrentes sin excepción alguna2.

6.- Entre los mencionados criterios se destacan: acceso al material de prueba, uso
de medios tecnológicos en la jornada de exhibición, fórmula y metodología de
calificación, preguntas capciosas, ambiguas o confusas y reponer el resultado o la
Resolución.

7.- Como fundamento de sus pretensiones, el accionante sostuvo que las
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al expedir la Resolución CJR23-

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En archivos anexos se relacionaron los recurrentes enmarcados dentro de las categorías de criterios que fueron
fijadas.
2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02282-00
Accionante: Horacio Ernesto Enríquez Delgado
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

0028 del 16 de enero de 2023, toda vez que, a su juicio, el citado acto no resolvió de
forma clara, congruente y de fondo, cada uno de los argumentos plasmados en el
recurso de reposición que interpuso, ni en el escrito de ampliación del mismo,
limitándose a “enunciar justificaciones sin realizar un análisis jurídico profundo y
válido”.

8.- En lo atinente al requisito de subsidiariedad, manifestó que la Corte Constitucional
ha señalado que cuando se cuestionan actos administrativos de trámite expedidos
en el marco de un concurso de méritos, la acción de tutela procede de forma definitiva
cuando el afectado no cuente con algún otro mecanismo de defensa judicial para
lograr la continuidad en el concurso, siempre que se constate la flagrante violación
de un derecho fundamental.

9.- En ese sentido, señaló que el acto administrativo que se reprocha en la solicitud
de amparo no es susceptible de control ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, comoquiera que no se trata de un acto de carácter definitivo, sino de
trámite, por lo que la acción de tutela resulta ser el único medio que tiene a su alcance
para obtener la protección de sus derechos.

10.- Aunado a lo anterior, solicitó como medida provisional la suspensión de las
demás etapas del concurso de mérito en cuestión, hasta que se resolviera la
presente acción constitucional, alegando la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
puesto que con la expedición del acto cuestionado “se generan efectos sustanciales
negativos de connotación constitucional, pues se desconocen flagrantemente los
resultados del examen legítimamente ya obtenidos y la expectativa legítima -y no
mera expectativa- de los concursantes que lo aprobaronpor obtener 800 puntos o más,
a continuar a la siguiente fase del concurso”.

11.- A su vez, señaló que el perjuicio alegado es urgente e impostergable, pues
acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo “no tiene la misma eficacia
en la rapidez”.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

12.- Inicialmente, el señor Horacio Ernesto Enríquez Delgado allegó un escrito través
del cual solicitó “vincularse como accionante” a la acción de tutela tramitada con
número de radicado 11001-03-15-000-2023-00448-003. Mediante auto del 26 de abril
de 2023, el Consejero Hernando Sánchez Sánchez resolvió remitir el asunto a la
Secretaría General del Consejo de Estado para que efectuara el reparto
correspondiente al interior de la Corporación. Ello, teniendo en cuenta que en el
escrito allegado por el solicitante no se manifestó interés alguno en vincularse como

3
Expediente que fue acumulado al proceso con radicado número 11001-03-15-000-2023-00230-00, cuyo
conocimiento le correspondió al Consejero Hernando Sánchez Sánchez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02282-00
Accionante: Horacio Ernesto Enríquez Delgado
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

tercero interesado al referido proceso, sino que lo que se pretende es que se tramite
como una acción de tutela independiente.

13.- En virtud de lo anterior, el 5 de mayo de 2023, el expediente de la referencia fue
asignado por reparto al Despacho sustanciador, el cual, por auto del 8 de mayo
siguiente, inadmitió la demanda de tutela ante la falta de claridad en relación con los
hechos que se estiman transgresores de las prerrogativas iusfundamentales
invocadas. En consecuencia, requirió a la parte accionante para que precisara cuál
es el acto administrativo que cuestiona en sede de tutela, así como para que
remitiera copia del mismo.

14.- En respuesta a dicho requerimiento, el demandante aclaró que, por error
involuntario, en el escrito de tutela indicó que, mediante Resolución CJR23-0042 del
16 de enero de 2023, se resolvieron los recursos de reposición que presentaron los
aspirantes que optaron al cargo de Juez Penal Municipal contra la Resolución
CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, pero, en realidad, el acto administrativo
por el cual se decidieron los citados recursos fue la Resolución CJR23-0028,
expedida en esa misma fecha, decisión que es la que se reprocha en la presente
acción constitucional.

15.- Subsanada en debida forma, a través de auto del 24 de mayo de 2023, se
dispuso: (i) admitir la demanda; (ii) notificar de su presentación al Consejo Superior
de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Universidad
Nacional de Colombia; (iii) vincular a los aspirantes al cargo de Juez Penal Municipal,
en el marco de la Convocatoria 27, en calidad de terceros con interés; (iv) comunicar
la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para lo de su cargo
y; (v) negar la medida provisional deprecada.

(i) Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial4

16.- La Unidad sostuvo que no vulneró en forma alguna los derechos fundamentales
invocados por la parte actora, comoquiera que los argumentos esgrimidos por el
demandante en el recurso de reposición y el escrito de adición, fueron resueltos de
forma clara, precisa y de fondo, a través de la Resolución CJR23-0028 de 16 de
enero de 2023, concretamente, lo relacionado con la calificación de la prueba, la
construcción, redacción y formulación de las preguntas, así como las opciones de
respuesta, múltiples claves de respuesta y la justificación de las claves de respuesta
correctas.

17.- De esta manera, sostuvo que los cuestionamientos esgrimidos por el accionante
fueron atendidos en debida forma, sin que la inconformidad respecto a la respuesta

4 Intervención digital contenida en 17 folios.

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y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

suponga la violación de los derechos objeto de reclamo. Por lo anterior, solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela ante la carencia actual de objeto por
hecho superado.

18.- Por su parte, precisó que los reproches concernientes a las preguntas 40, 51,
59, 61, 62, 63, 82, 104, 111 y 124 no fueron expuestos en el escrito de adición del
recurso de reposición que presentó el actor, por lo que no se realizó la marcación de
dichos ítems en la fila correspondiente al aspirante dentro del Anexo 2 del acto en
cuestión. En ese sentido, resaltó que la acción de tutela no es el escenario para
efectuar nuevos reparos frente a los resultados que obtuvo el actor en la prueba de
aptitudes y conocimientos.

19.- Adicionalmente, señaló que el acto administrativo cuestionado se profirió en
atención a los principios de eficiencia, celeridad y economía. Por ese motivo, los
recursos de reposición interpuestos contra la Resolución CJR22-0351 del 1° de
septiembre de 2022, por los concursantes al cargo de Juez Penal Municipal, fueron
resueltos en un solo acto administrativo mediante categorías numeradas que
agruparon cada uno de los temas planteados y con un análisis particular sobre cada
escrito.

20.- Por último, adujo que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
controvertir actos administrativos que, por su propia naturaleza, se encuentran
amparados por el principio de legalidad.

(ii) Universidad Nacional de Colombia5

21.- La institución educativa precisó que si bien en el escrito de tutela el demandante
manifestó que sus reproches están orientados a cuestionar la Resolución CJR23-
0042 del 16 de enero de 2023, lo cierto es que los efectos derivados de dicho acto
únicamente aplican para los aspirantes al cargo de Juez Promiscuo Municipal.

22.- Con todo, señaló que en el presente asunto se configura la carencia actual de
objeto por hecho superado, toda vez que mediante la Resolución CJR23-0028 del 16
de enero de 2023, se brindó una contestación clara, completa y de fondo frente a
cada uno de los reparos planteados por el accionante en el recurso de reposición y
el escrito de adición a que se hizo referencia. Además, indicó que, a través del Oficio
CONV27MS-001 del 21 de septiembre de 2022, el demandante tuvo acceso
anticipado a información sobre varios asuntos de naturaleza similar a los reclamados
en el recurso de reposición.

23.- A su turno, manifestó que la acción de tutela se torna improcedente al no cumplir
los requisitos de: (i) subsidiariedad, en la medida que el accionante tiene a su

5 Intervención digital contenida en 20 folios.

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y otro
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alcance otros mecanismos judiciales idóneos y eficaces para debatir la legalidad del
acto administrativo objeto de reproche, máxime cuando no se acreditó la ocurrencia
de un perjuicio irremediable; y (ii) inmediatez, puesto que se presentó cuatro meses
después de haberse publicado el acto enjuiciado.

24.- Finalmente, destacó que durante toda la actuación administrativa, las entidades
demandadas han garantizado los derechos fundamentales al debido proceso e
igualdad del accionante, pues aquel ha contado con la posibilidad de ejercer los
correspondientes recursos, así como solicitar información en el marco de la
convocatoria 27, en igualdad de condiciones a los demás aspirantes.

II. CONSIDERACIONES

C. Análisis del caso concreto

25.- De entrada, la Sala advierte que la solicitud de amparo se torna improcedente
por no satisfacer el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que el accionante no
agotó el mecanismo idóneo y eficaz que tenía a su alcance para obtener la protección
de los derechos invocados, a saber, el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.

26.- En virtud de su carácter subsidiario, la acción de tutela procede cuando el
accionante no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Es
decir, los interesados deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y
extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la situación
que amenaza o lesiona sus derechos, de modo que se impida el uso indebido de
este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de
protección, pues eso implicaría desconocer abiertamente que la Constitución y la ley
determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

27.- Lo anterior, de conformidad con el artículo 866 de la Constitución Política y el
numeral 1° del artículo 67 del Decreto 2591 de 1991, los cuales prevén como causal
de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa
para la protección de los derechos invocados.

6 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca).
7“Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. “Cuando existan otros recursos o

medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”.
6

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28.- Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tutela, el
interesado debió haber agotado los recursos –idóneos y eficaces– que tenía a su
disposición para lograr el amparo de sus derechos, pues, de lo contrario, la tutela
deviene improcedente.

29.- Tratándose de la acción de tutela contra actos administrativos, la Corte
Constitucional ha indicado que la excepcionalidad del recurso de amparo se torna
especialmente estricta, en tanto no es el mecanismo idóneo para atacarlos ya que,
por su propia naturaleza, se encuentran amparados por el principio de legalidad,
pues se parte del presupuesto de que la administración, al momento de manifestarse
a través de un acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las
que se encuentra subordinada. De allí que la legalidad de un acto administrativo se
presuma, obligando a demostrar a quien pretende controvertirlo que aquel se apartó,
sin justificación alguna, del ordenamiento jurídico, debate que se debe adelantar ante
la Jurisdicción Contencioso Administrativa8.

30.- En esa línea, la jurisprudencia constitucional 9 ha señalado que, por regla
general, la improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos obedece
a: (i) la existencia de mecanismos judiciales ordinarios previstos por el legislador
para controvertir las actuaciones de la administración; (ii) la presunción de legalidad
que las cobija; y (iii) la posibilidad de adoptar medidas cautelares a fin de proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

31.- Sin perjuicio de lo anterior, también cabe reconocer que, aún en los casos en
que concurran otros medios de defensa, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que existen dos excepciones que justifican la procedibilidad de la acción
de tutela. Tales son: (i) la falta de idoneidad y eficacia del medio de defensa judicial
ordinario; o (ii) en aquellas hipótesis en las que pese a existir un medio de defensa
judicial que cumple con las mencionadas características, éste no impide la ocurrencia
de un perjuicio irremediable 10 , caso en el cual la acción de tutela procede como
mecanismo transitorio11.

32.- En el caso objeto de estudio, la parte actora le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del

8 Corte Constitucional, Sentencia T -332 de 2018.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-253 de 2020, MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10 La noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la

amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera
de ser reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, ante tales hipótesis, es
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela. Sobre la condición anotada, a Corte
Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el perjuicio irremediable; así ha indicado que “es
aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente;
(iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos
es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela
11 Corte Constitucional, Sentencia T-375 de 2018.

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Consejo Superior de la Judicatura, al proferir la Resolución CJR23-0028 del 16 de
enero de 2023, por medio de la cual se resolvieron los recursos de reposición que
presentaron los aspirantes al cargo de Juez Penal Municipal contra la Resolución
CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022.

33.-En ese contexto, es claro que lo que pretende el accionante es desvirtuar la
legalidad de la Resolución CJR23-0028 del 16 de enero de 2023, y para ello tiene a
su disposición el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

34.-Vale recordar que sobre la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso
administrativa para enjuiciar actos administrativos proferidos en el marco de
concursos de méritos, esta Subsección12, acogiendo la tesis de la Sección Segunda
del Consejo de Estado13, ha considerado que el carácter definitivo de un acto, no
depende necesariamente de hallarse situado en el final del trámite (como sucede
con el registro de elegibles), sino de los efectos que el mismo genere de manera
concreta en cada participante. En ese sentido cuando un acto administrativo impide
a una persona continuar en el concurso, se considera de carácter definitivo con
respecto a ella y en esa medida es susceptible de control ante la jurisdicción
contencioso administrativa14.

35.-En el presente caso, esa condición se predica de la Resolución CJR23-0028 del
16 de enero de 2023 en tanto la misma resolvió de forma definitiva la situación
jurídica del señor Horacio Ernesto Enríquez Delgado, como participante de la
Convocatoria 27, pues si bien no es propiamente el acto inicial de evaluación -la
Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022-15, lo cierto es que el acto
tiene la vocación de excluirlo definitivamente del concurso de méritos16.

36.- Lo anterior, teniendo en cuenta que en el recurso de reposición interpuesto
contra el acto de evaluación, el demandante solicitó la recalificación del puntaje que
obtuvo inicialmente en las pruebas de aptitudes y conocimientos, por lo que es a
partir del acto administrativo que resolvió el citado recurso y que es objeto de
reproche constitucional, que se consolidó la situación jurídica del concursante en el
marco de la actuación administrativa, pues le otorgó un estatus al participante y
afectó directamente su interés de acceder a la carrera judicial. Por esa razón, no sólo
es susceptible de ser objeto de control por parte del juez contencioso administrativo,

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 3 de marzo de 2023, acción de tutela,

Rad.11001-03-15-000-2023-00415-00.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 8 de marzo de 2012, medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, Rad. 11001-03-25-000-2010-00011-00(0068-10); Consejo de Estado, Sección
Segunda, Sentencia del 5 de noviembre de 2020, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
Rad. 25000-23-41-000-2012-00680-01(3562-15).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 2 de octubre de 2019, medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho, Rad. 66001-23-33-000-2016-00794-01(2162-18).
15 Mediante la cual se publicó el puntaje que obtuvo el actor en las pruebas de aptitudes y conocimientos.
16
En ese mismo sentido, ver sentencia del 2 de marzo de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado al interior de la acción de tutela identificada con número de rad. 11001-03-15-000-2023-00326-00.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

sino que tal y como se mencionó con anterioridad, debido a su naturaleza, las
controversias relacionadas con este tipo de actos, deben ser tramitadas a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo de defensa
idóneo y eficaz, dispuesto por nuestro sistema jurídico para resolver estos asuntos.

37.-Finalmente, la Sala observa que no se acreditó la configuración de un perjuicio
irremediable que amerite la intervención del juez constitucional, como mecanismo
transitorio, en asuntos que no son de su competencia, teniendo en cuenta que, para
sustentar la ocurrencia de un perjuicio de tal naturaleza el accionante se limitó a
cuestionar la eficacia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
reprochando el tiempo en el que eventualmente tardaría en resolverse el asunto, sin
fundamentar su alegato en los términos que ha establecido la Corte Constitucional
para tales efectos y que fueron previamente mencionados. Obviando además la
posibilidad que tiene de solicitar, en ese trámite ordinario, la adopción de las medidas
cautelares que considere necesarias con el fin de garantizar -provisionalmente- el
objeto del proceso y, de esta manera, evitar la consumación o agravación de los
daños que estima provienen de la presunta transgresión de los derechos invocados,
hasta tanto se profiriera una decisión definitiva.

38.-Así las cosas, teniendo en cuenta que la acción de tutela que se examina no
cumple con el requisito general de subsidiariedad, la Sala la declarará improcedente.

39.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los
términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE17
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

17 VF

9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02282-00
Accionante: Horacio Ernesto Enríquez Delgado
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
y otro
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Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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