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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01936-01

Fecha
29 de junio de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-01936-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de mayo de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia por no superar el requisito de subsidiariedad. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-01936-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

29 de junio de 2023

Demandante: Camilo Zuluaga Bonilla
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01936-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000- 2023-01936-01
Demandante: CAMILO ZULUAGA BONILLA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL

Tema: Tutela contra acto administrativo – Confirma fallo de primera instancia
por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo
de 11 de mayo de 2023, por medio de la cual, la Sección Primera del Consejo de Estado,
declaró la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Camilo Zuluaga Bonilla, en nombre propio, radicó escrito de tutela el 20 de abril
de 2023, con el fin de que le protejan sus derechos fundamentales «al acceso a ocupar
los cargos públicos, carrera judicial, igualdad y debido proceso», los cuales consideró
transgredidos por la parte accionada, dado que «lo rechazó y excluyó» del concurso de
méritos convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, por no
cumplir, al momento de la inscripción, con el requisito mínimo de experiencia para aspirar
al cargo de juez laboral municipal de pequeñas causas.

1.2. Pretensiones

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

1. TUTELAR los derechos fundamentales al acceso a ocupar los cargos públicos, carrera
judicial, igualdad y debido proceso, del cual es titular el señor CAMILO ZULUAGA
BONILLA vulnerados por la RAMA JUDICIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACION DE
CARRERA JUDICIAL y el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, al haber sido
rechazado del Concurso de Jueces y Magistrados de la “CONVOCATORIA 27
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Demandante: Camilo Zuluaga Bonilla
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01936-01

FUNCIONARIOS DE CARRERA DE LA RAMA JUDICIAL-JUEZ LABORAL MUNICIPAL
DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES”.

2. ORDENAR, a la RAMA JUDICIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACION DE CARRERA
JUDICIAL y al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, se admita al señor
CAMILO ZULUAGA BONILLA en el Concurso de Jueces y Magistrados de la
“CONVOCATORIA 27 FUNCIONARIOS DE CARRERA DE LA RAMA JUDICIAL-JUEZ
LABORAL MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES”, permitiéndole
continuar en la FASE III DE LA ETAPA DE SELECCIÓN IX CURSO DE FORMACION
JUDICIAL INICIAL, lo anterior por haber acreditado el requisito de experiencia mínima
conforme los hechos de la demanda de tutela […]

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son
relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

Mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso de méritos para la provisión
de los cargos de funcionarios de carrera de la Rama Judicial, Convocatoria N.º 27.

El actor se inscribió al concurso en cita para el cargo de juez laboral municipal de
pequeñas causas, por lo que presentó las pruebas constitutivas del concurso: aptitudes,
conocimientos generales, conocimientos específicos y psicotécnicos. Al respecto precisó
que obtuvo «un puntaje aprobatorio».

Finalizada la primera etapa concerniente a la prueba de aptitudes y conocimientos, se dio
paso a la fase de verificación de requisitos mínimos de quienes superaron la prueba. En
consecuencia, el 8 de febrero de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial- expidió la Resolución CJR23-0061, mediante la cual
decidió acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos para la provisión de
los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

En lo que respecta al accionante, fue rechazado por no cumplir con el requisito de
«experiencia», contemplada en la causal 3.4.

Inconforme con lo resuelto y dentro del término de los 3 días siguientes a la notificación
de la resolución en comento, el actor presentó solicitud de verificación de la
documentación. Esta etapa fue diseñada para los concursantes que hubiesen sido
rechazados por no acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo.

De manera que, mediante oficio CJO23-1153 de 22 de marzo de 2023 remitido al actor
de manera particular, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrea Judicial le confirmó su rechazo del concurso.

En dicho documento, que reposa en el expediente digital en el aplicativo Samai, se
precisó que para el momento de la inscripción en el proceso administrativo, «[…] se pudo
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constatar que no se acreditó el requisito mínimo de experiencia exigido para el cargo de
aspiración, teniendo en cuenta que solo se acreditaron 693 días de experiencia, que no
satisfacían el número mínimo de 720, contados desde la fecha de la obtención del título
de abogado, que lo fue para el 29 de julio de 2016».

1.4. Fundamentos de la solicitud

El tutelante consideró que la parte demandada vulneró sus derechos fundamentales «al
acceso a ocupar los cargos públicos, carrera judicial, igualdad y debido proceso», porque
a través de la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 fue rechazado como
aspirante al concurso de méritos por no acreditar las calidades señaladas en el Acuerdo
PCJSA-11077 de 2018.

El señor Camilo Zuluaga Bonilla, expresó que la transgresión se presentó porque se
desconoció el tiempo laboral que prestó en la Rama Judicial y que acreditó con antelación
a la fecha de expedición del título profesional de abogado; lapso que, a su juicio, debió
computarse para establecer el cumplimiento del requisito de experiencia profesional, de
conformidad con lo previsto en los artículos 229 del Decreto 019 de 2012 y 3 de la Ley
2043 de 2020.

Advirtió que el requisito mínimo de experiencia debe verificarse al momento del
nombramiento y posesión ante el nominador, etapa en la cual aún no se encuentra el
concurso de méritos, por lo que debe darse prevalencia al derecho al mérito, en tanto ya
cumple con el referido requisito.

Precisó que a la fecha se encuentra excluido del concurso de méritos de la Convocatoria
N.º 27, y que por ende no podrá participar de las etapas subsiguientes del concurso.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 21 de abril de 2023, el magistrado ponente de la decisión de primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte accionada, y vincular
como terceros con interés a la Universidad Nacional de Colombia y «a las personas que
aspiraron al concurso de méritos convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16
de agosto de 2018. También se dispuso notificar al agente del Ministerio Público para lo
de su competencia», para que si lo consideraban del caso intervinieran en el presente
trámite.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

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1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera
Judicial

Mencionó que «el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, es de obligatorio
cumplimiento tanto para la administración como para los concursantes y en el mismo se
señalaron de manera integral todos los requisitos generales y específicos para participar
en el concurso, requisitos cuyo incumplimiento da lugar a ser rechazado del concurso».

Precisó que «no le asiste razón al actor al señalar que es posible acreditar y valorar la
experiencia adquirida luego de la inscripción al concurso de méritos, como quiera que
esta resulta ser extemporánea bajo los parámetros que rigen el proceso de selección al
tratarse de experiencia conseguida con posterioridad al término de inscripción previsto
en la convocatoria».

Además mencionó que la acción de tutela no satisface el requisito adjetivo de
procedibilidad atinente a la subsidiariedad, dado que los motivos de inconformidad del
señor Zuluaga Bonilla se centran en controvertir específicamente «la Resolución CJR23-
0061 de 8 de febrero de 2023 [...] al haberse incluido en el listado de aspirantes
rechazados por la causal de inadmisión prevista en el punto 3.4., por tratarse de un acto
administrativo de carácter general con contenido particular, lo procedente es iniciar el
medio de control de nulidad».

1.6.2. Universidad Nacional de Colombia

Por conducto del director del proyecto contrato 096 de 2028, rindió informe en el que
solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela por las siguientes razones:

En primera medida, sostuvo que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, dado
que lo pretendido por el señor Camilo Zuluaga Bonilla, es controvertir el acto
administrativo que dispuso su rechazo del concurso de méritos, por lo que dispone, para
tal fin, de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho.

Y como segundo argumento, precisó que sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo
anterior, indicó que: «las accionadas no han vulnerado derecho alguno del señor Zuluaga
Bonilla y salta a la vista que la presente acción carece de objeto por cuanto lo pretendido
por ella fue resuelto bajo los parámetros señalados a lo largo del presente informe».

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 11 de mayo de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado,
declaró la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no supera el requisito
de subsidiariedad.

Precisó el a quo constitucional que la acción de tutela resultaba improcedente para
controvertir la legalidad de los actos administrativos, en razón a que los «asociados

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cuentan con medios de defensa ordinarios como lo son los medios de control de nulidad
y restablecimiento del derecho», los cuales son mecanismos idóneos para solicitar la
anulación y la suspensión de los actos de la administración.

Respecto del caso concreto, afirmó que el accionante mencionó que la entidad accionada
vulneró sus derechos fundamentales al haberlo rechazado del concurso de méritos
convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, por no cumplir,
al momento de la inscripción, con el requisito mínimo de experiencia para aspirar al cargo
de juez laboral municipal de pequeñas causas.

Frente al punto, la Sala advirtió que la discusión propuesta por el señor Zuluaga Bonilla
gira en torno a la legalidad del acto administrativo contenido en la Resolución CJR23-
0061 de 8 de febrero de 2023, por medio del cual se dispuso excluirlo del concurso de
méritos.

En ese orden de ideas, el juez de primera instancia indicó que el actor dispone de otro
mecanismo de defensa judicial como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para controvertir la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero
de 2023, comoquiera que dicha actuación administrativa es susceptible de control judicial,
tal como lo precisó en la decisión de 11 de mayo de 2023, a saber:

Cabe precisar que, si bien el actor indicó que, en su sentir, dichos actos administrativos son
de trámite, lo cierto es que en lo que le concierne, en dichas decisiones se definió su
situación jurídica dentro de la Convocatoria núm. 27, en la medida que implicaron su
eliminación para las etapas subsiguientes del concurso y, por ende, cualquier reproche que
dirija para cuestionar esa actuación puede ventilarlo a través del medio de control aludido .

De manera que, concluyó que el actor cuenta con un mecanismo judicial apto para
reprochar la legalidad de la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023,
«instrumento que resulta idóneo y eficaz para la protección de los derechos
fundamentales aquí invocados y en el que, adicionalmente, podrá solicitar el decreto de
las medidas cautelares preventivas que estime pertinentes».

Además recalcó que no se evidencia una afectación grave y significativa de los derechos
fundamentales del señor Zuluaga Bonilla, por lo que no se encuentra configurado un
perjuicio irremediable, en el entendido de que la exclusión del actor del concurso de
méritos obedeció al no cumplimiento del requisito previsto en el artículo 3 - numeral 1.2-
del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, «acto administrativo que, valga
resaltarlo, goza de presunción de legalidad y, por tanto, es de obligatorio cumplimiento».

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1.8. Impugnación1

Por medio de escrito, el señor Camilo Zuluaga Bonilla solicitó que se revoque la sentencia
de 11 de mayo de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, y en su
lugar se declare que este mecanismo constitucional sí es una vía idónea y eficaz «en
procura de la satisfacción de [sus] derechos fundamentales».

Lo anterior con fundamento en que la Corte Constitucional ha avalado la posibilidad de
acudir a la acción de tutela cuando a pesar de que existan otros medios de defensa
judicial, esos no resulten ser idóneos para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.

Mencionó que con la introducción al ordenamiento jurídico de la Ley 1437 de 2011, «se
amplió la posibilidad de solicitar la adopción de medidas cautelares en los procesos
adelantados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al mismo tiempo que
se previó la reducción en la duración de los procesos. De esta manera, el análisis de
procedencia de la acción de tutela también implica tener en cuenta estas nuevas
herramientas».

Y finalmente, complementó lo dicho en el párrafo precedente, indicando que «en la
sentencia SU-691 de 2017, la Corte argumentó que estas nuevas herramientas permiten
materializar la protección de los derechos de forma igual, o incluso superior a la acción
de tutela, en los juicios de carácter administrativo. Sin embargo, advirtió que ello no
significa la improcedencia automática y absoluta del amparo constitucional, ya que los
jueces tienen la obligación de realizar, de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2591
de 1991».

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por el señor Camilo
Zuluaga Bonilla, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015,
modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 11 de mayo de 2023, proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia por no superar el requisito de
subsidiariedad.

1
El fallo fue notificado el viernes 19 de mayo de 2023 y la impugnación se presentó el lunes 29 del mismo
mes y año.
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Para el efecto, se analizarán los siguientes aspectos: (i) naturaleza de la acción de tutela;
(ii) el carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando existan otras
vías judiciales disponibles y eficaces y (iii) caso concreto.

2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de
1991.

Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del
derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un
perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

2.4. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando existen
otras vías judiciales disponibles y eficaces

El inciso 3º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de subsidiariedad
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta acción
sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable»,
precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. 2

La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad, los conflictos
relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en principio, por las
vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que únicamente ante la
inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan idóneas para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible recurrir a esta acción
constitucional.

De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación de
acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para
la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe hacer uso con
diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la
improcedencia de este mecanismo3.

2
«ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:1.
Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada
en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante».
3
Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio,
rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-
000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad. 11001-03-15-000-
2021-04731-00.
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El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las competencias
atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la independencia y
autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben salvaguardar derechos
de rango convencional y constitucional, sin que esta acción pueda convertirse en un
mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los procedimientos judiciales
«diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez constitucional encuentre que se
configura un perjuicio irremediable que exige para el restablecimiento de los derechos
involucrados la adopción de medidas inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela
como mecanismo transitorio mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la
acción correspondiente»4.

2.5. Caso concreto

Según lo expuesto en los antecedentes de esta sentencia, mediante Resolución CJ23-
0061 del 8 de febrero 2023 se rechazó al señor Camilo Zuluaga Bonilla de la Convocatoria
N.º 27 por no acreditar el requisito mínimo de experiencia (causal 3.4.).

De manera que inconforme con lo resuelto y dentro del término de los 3 días siguientes
a la notificación de la resolución en comento, el actor presentó solicitud de verificación de
la documentación. Esta etapa fue diseñada para los concursantes que hubiesen sido
rechazados por no acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo.

Por lo que, a través de oficio CJO23-1153 de 22 de marzo de 2023 remitido al actor de
manera particular, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrea Judicial le confirmó su rechazo del concurso.

En dicho documento, se precisó que para el momento de la inscripción en el proceso
administrativo, «[…] se pudo constatar que no se acreditó el requisito mínimo de
experiencia exigido para el cargo de aspiración, teniendo en cuenta que solo se
acreditaron 693 días de experiencia, que no satisfacían el número mínimo de 720,
contados desde la fecha de la obtención del título de abogado, que lo fue para el 29 de
julio de 2016».

Ahora bien, del escrito tutelar, para esta Sala es claro que la pretensión de la parte actora
consiste en revocar la decisión que lo rechazó como aspirante, para en su lugar, ser
admitido a la fase III del concurso de méritos 27 de 2018, convocado mediante Acuerdo
PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 para la provisión de cargos en la Rama
Judicial.

Lo anterior, tras considerar que los motivos que llevaron a la parte accionada a rechazar
su aspiración, obedecen a formalismos que no persiguen el fin principal de un concurso
de méritos y por el contrario prima lo formal sobre lo sustancial, menoscabando con ello
el derecho a la igualdad.

4
Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 del 2010, T-318 del 2017.
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Unidad de Administración de Carrera Judicial
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Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Sección advierte que no se cumple con el requisito
de subsidiariedad5, como se explicará a continuación:

En relación con la Resolución CJ23-0061 de 2023 de 8 de febrero de 2023 y el oficio
CJO23-1153 de 22 de marzo de 2023 constituyen actos particulares y concretos, que
pueden ser controvertidos a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho del derecho, consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 20116, en el que
el actor podrá plantear los argumentos que trae en sede tutela y poner en tela de juicio
su legalidad.

Sobre el particular, esta colegiatura en ocasiones previas ha señalado «[e]n los
concursos de méritos la jurisprudencia ha sido del criterio que los actos administrativos
que se expiden durante el trascurrir del proceso son preparatorios y de trámite y que solo
la lista de elegibles es el acto definitivo susceptible de ser enjuiciado. Sin embargo,
también se ha dicho que cuando el acto de trámite le impide al aspirante continuar su
participación se convierte en el acto definitivo que definió su situación jurídica y, en
consecuencia, puede ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo»7 (Subrayas propias)

Así es claro, entonces, que tal como lo expuso la Sección Primera de esta corporación,
el 11 de mayo de 2023, el señor Camilo Zuluaga Bonilla cuenta con otro mecanismo de
defensa judicial, idóneo y eficaz, para discutir el acto que cuestiona y lograr la protección
de los derechos fundamentales que considera vulnerados mediante la presente acción.

Con todo, no sobra mencionar que el juez ordinario cuenta con la posibilidad de decretar
medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 20118,

5
Ver al respecto Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 22 de mayo de 2019. Rad. 11001-03-
15-000-2019-01237-00 y Sentencia del 2 de marzo de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-00326-00.
6
«Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el
daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.»
7
Consejo de Estado, sentencia del 5 de noviembre de 2020. Rad: 25000-23-41-000-2012-00680-01(3562-
15).
8
«Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten
ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del
proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en
providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el
presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de
los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.
Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con
las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias
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Demandante: Camilo Zuluaga Bonilla
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01936-01

las cuales representan un medio idóneo y efectivo de protección de los derechos
fundamentales que puedan resultar afectados con el fin de evitar la consumación o
agravación del daño.

Se recuerda entonces, que este mecanismo constitucional se torna improcedente para
suplir mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir términos, de lo contrario, esta
herramienta sería utilizada como un instrumento de reemplazo de las demás acciones
judiciales contempladas en el ordenamiento, lo que de suyo desnaturalizaría esta acción
que es eminentemente protectora de derechos fundamentales.

En los mismos términos ha sido señalado por el alto tribunal constitucional, al indicar que
«en caso de existir un medio judicial principal, el actor tiene la carga de acudir a él toda
vez que es necesario preservar las competencias legales asignadas por el legislador a
cada jurisdicción[96] (…)»9.

Finalmente, para esta Sala de Decisión es importante aclarar que si bien se ha admitido
que la acción de tutela es procedente en casos en los cuales se encuentra de por medio
la ocurrencia de un perjuicio irremediable, lo cierto es que el señor Camilo Zuluaga Bonilla
no acreditó este hecho. Al respecto, valga señalar que el accionante refirió que un
proceso ante la jurisdicción contencioso-administrativa es más dispendioso dada la
congestión judicial existente.

Tales consideraciones no hacen ineficaz la existencia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, o el que corresponda, pues conduce a considerar que la
acción de tutela proceda siempre y en todos los casos bajo la premisa que el proceso
ordinario es más extenso, y aunque si en gracia de discusión se admitiera que en efecto
represente un mayor desgaste, lo cierto es que como fue señalado, los procesos
declarativos involucran la posibilidad del decreto de medidas cautelares con las cuales

de las siguientes medidas: 1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que
se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible. 2. Suspender un
procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el
Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé
lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las
condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el
procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida. 3. Suspender provisionalmente los efectos de
un acto administrativo. 4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición
de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.5. Impartir órdenes
o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer. Parágrafo. Si la
medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el Juez
o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la decisión
correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto
en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios
establecidos para ello en el ordenamiento vigente.
Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto
administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones
invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del
análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del
estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento
del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los
mismos».
9
Corte Constitucional, sentencia T-081 de 2021.
10
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se puede alcanzar la protección del objeto del proceso, ya sea por solicitud de las partes
y/o decretadas de oficio por el juez.

De modo que, con fundamento en lo dicho en párrafos precedentes, esta Sala confirmará
el fallo de 11 de mayo de 2023, en el que la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró la improcedencia de la tutela por no cumplir con uno de los requisitos adjetivos
de procedibilidad, como lo es la subsidiariedad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de mayo de 2023, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia por no superar el requisito
de subsidiariedad.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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