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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01673-00

Fecha
4 de mayo de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01673-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por el la señora Quimberly Ninoska Trujillo Lugo contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad Administrativa de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01673-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

4 de mayo de 2023

Demandante: Quimberly Ninoska Trujillo Lugo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Carrera Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01673-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación n.º: 11001-03-15-000-2023-01673-00
Demandante: QUIMBERLY NINOSKA TRUJILLO LUGO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
CARRERA JUDICIAL Y OTRO

Tema: Acción de tutela contra la convocatoria 27 de la Rama Judicial.
Se cuestionan las decisiones proferidas en el marco del
concurso para jueces y magistrados de la Rama Judicial.
Improcedencia de la acción porque se incumple con el
requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por la señora Quimberly
Ninoska Trujillo Lugo contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
Administrativa de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito recibido el 10 de abril de 2023 en el despacho1, la señora Quimberly
Ninoska Trujillo Lugo instauró una acción de tutela en contra del Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad Administrativa de Carrera Judicial y la Universidad
Nacional, con el objetivo de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a cargos públicos.

2. De acuerdo con la accionante, participó en la convocatoria 27 del Consejo
Superior de la Judicatura y presentó la prueba de aptitudes y conocimientos del
concurso, las cuales fueron diseñadas por la Universidad Nacional de Colombia.
Afirmó que superó dicho examen con 831 puntos. Sin embargo, mediante la
Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, fue excluida del proceso de
selección porque no acreditó el requisito mínimo de experiencia, equivalente a 1440
días, exigido para el cargo de juez administrativo del circuito.

1 La demanda de tutela fue presentada el 31 de marzo de 2023, mediante correo electrónico.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Edwin Gonzalo Cano Arboleda
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Carrera Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00818-00

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora pidió lo siguiente:

TERCERO: Que se ordene a la entidad accionada Universidad Nacional realizar una nueva
valoración del tiempo de experiencia profesional acreditado por la suscrita aspirante a través
de los certificados laborales aportados al momento de efectuar la inscripción a la convocatoria
27, esta vez realizando de manera adecuada el ejercicio de cómputo, esto es, efectuando el
conteo día a día de acuerdo al calendario de cada anualidad.

CUARTO: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la entidad accionada Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial, modificar el artículo 2° de la Resolución
CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, en el sentido de revocar el rechazo de la suscrita
aspirante para en su lugar proceder a admitirme al concurso de méritos destinado a la
conformación de los Registros Nacionales de Elegibles para los cargos de funcionarios de la
Rama Judicial.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. Mediante el Acuerdo n.° PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el
Consejo Superior de la Judicatura dio inicio a la convocatoria 27, “[p]or medio del
cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para
la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial”. La demandante se
inscribió, presentó la prueba de aptitudes y conocimientos y superó el puntaje
mínimo, por lo que aprobó dicho examen.

5. Sin embargo, con la Resolución n.° CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023,
las accionadas le notificaron que fue excluida del concurso por “[n]o acreditar el
requisito mínimo de experiencia”. Según la señora Trujillo Lugo, al momento de la
inscripción allegó la documentación exigida, por lo que les solicitó a las entidades
que la verificaran.

6. El 22 de marzo de 2023, las demandadas le informaron que no cumplía con
el requisito de experiencia mínima para el cargo al que aspiraba, ya que “al realizar
la sumatoria de los tiempos de las certificaciones que cumplen con los parámetros
definidos en la convocatoria, se observa que no acredita el término mínimo
requerido para el cargo de aspiración equivalente a 1440 días”.

7. La señora Quimberly Ninoska afirma que las demandadas la excluyeron del
concurso por no haber acreditado “1440 días de experiencia profesional”, pero en
su criterio, los certificados que aportó suman un total de 1427, es decir, “13 días
menos de los requeridos como término mínimo”.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

8. La señora Trujillo Lugo afirmó que si se realizara un ejercicio minucioso de
cómputo de términos, partiendo de los extremos temporales de vinculación entre el
año 2010 y el año 2014, se podría constatar que el total de días acreditados como

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experiencia profesional es de 1446 días (y no 1427 como dicen las entidades), por
lo que superaría en seis días el tiempo mínimo exigido para el cargo de juez
administrativo.

9. Para la demandante, el cómputo de los tiempos de experiencia profesional
que realizaron la Unidad Administrativa de Carrera Judicial y la Universidad
Nacional afecta sus derechos al debido proceso y de acceso a cargos públicos,
pues expidieron un acto administrativo “bajo una falsa motivación en el entendido
que para tomar su decisión la accionada se valió de argumentos que no son acordes
con la realidad fáctica y probatoria”.

10. Finalmente, la demandante señaló que está expuesta a un perjuicio
irremediable porque perderá “definitivamente la oportunidad de participar en el
curso de formación judicial, lo que me llevará a quedar relegada del concurso, pues
no habrá opciones de que el proceso de formación se ofrezca en otro momento
dirigido únicamente a esta aspirante”.

1.5. Trámite de la acción de tutela

11. Mediante auto del 14 de abril de 2023, en primer lugar, la magistrada ponente
de esta decisión, admitió la demanda de tutela y negó la medida de suspensión
provisional solicitada. En segundo lugar, se ordenó la notificación a la parte
accionada. En tercer lugar, se ordenó la publicación del escrito de tutela y de esta
providencia en la página web del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad Administrativa de Carrera Judicial.

1.6. Intervenciones

12. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
obrantes en el expediente digital de tutela, las accionadas contestaron la demanda,
cuya síntesis se presenta en la tabla n.º 1, inserta a continuación:
Tabla n.º 1
Síntesis de las respuestas
Entidad Síntesis
accionada
La Unidad de La directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial
Administración del Consejo Superior de la Judicatura presentó escrito de
de Carrera oposición, en el que solicitó que se declarara la improcedencia de
Judicial del la acción porque existe otro medio de defensa judicial. En
Consejo Superior cualquier caso, también pidió que negaran las pretensiones.
de la Judicatura En primer lugar, explicó que la convocatoria es ley para las partes
y los aspirantes deben cumplir con los requisitos allí consignados,
so pena de ser excluidos del proceso de selección. En este caso,
para el cargo de juez de circuito se exige acreditar experiencia
profesional por un lapso no inferior a cuatro años y, se especifica
que aquella debe ser adquirida con posterioridad al título. Esta

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exigencia debía cumplirse al momento de la inscripción al
concurso.
En segundo lugar, informó que la accionante aspiró al cargo de
juez administrativo dentro de la convocatoria 27 de la Rama
Judicial, pero mediante la Resolución n.° CJR23-0061 de 8 de
febrero de 2023, fue rechazada por no acreditar el requisito
mínimo de experiencia para ejercer el empleo. Esta decisión fue
confirmada el 22 de marzo del mismo año, bajo el argumento de
que la señora Trujillo Lugo no acreditó 1440 días de experiencia
profesional.
En tercer lugar, explicó que, con la solicitud de verificación de
documentos, la accionante allegó una nueva certificación laboral,
la cual no puede ser tenida en cuenta porque es extemporánea.
Finalmente, la entidad informó que la verificación de requisitos se
realizó con los documentos cargados en el sistema Kactus,
dentro del término previsto en la inscripción, “sin que exista error
en el cómputo del tiempo de experiencia acreditado”.
Universidad El director del Proyecto Contrato 096 de 2018 contestó la tutela.
Nacional de Afirmó que no vulneró el derecho al debido proceso
Colombia administrativo de la demandante puesto que le ha permitido
ejercer los recursos de ley y ha atendido sus peticiones.
Consideró que no desconoció la garantía de acceso a cargos
públicos porque respecto de aquella, la señora Trujillo Lugo
solamente tenía una mera expectativa, la cual se concretaría con
el registro de elegibles, que es una etapa posterior en la
convocatoria 27.
En primer lugar, informó que la actora pretende cuestionar a
través de la acción de tutela el acto administrativo que la inadmitió
en el concurso, cuando fue ella la que incumplió con las
condiciones del cargo. En esa medida, la señora Quimberly
Ninoska cuenta con otro medio de defensa judicial ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, la
acción debe declararse improcedente
En segundo lugar, afirmó que no se está en presencia de un
perjuicio irremediable porque no se acredita ninguna de las
circunstancias previstas por la jurisprudencia: “(i) se produce de
manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) de
ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iii) su
ocurrencia es inminente; (iv) resulta urgente la medida de
protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en
la que se encuentra; y, (v) la gravedad de los hechos, es de tal
magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela
como mecanismo necesario para la protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales”.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

13. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por
la señora Quimberly Ninoska Trujillo Lugo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991

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y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

14. La demandante formuló la presente acción de tutela con el objetivo de
obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a cargos públicos.

15. La Sala observa que los cuestionamientos de la actora apuntan a cuestionar
el contenido de la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, mediante la
cual la Unidad Administrativa de Carrera Judicial y la Universidad Nacional,
resolvieron inadmitir del concurso de jueces y magistrados (convocatoria 27 de la
Rama Judicial) a la demandante por “[n]o acreditar el requisito mínimo de
experiencia”.

16. A partir de los argumentos plasmados en el escrito inicial, la Sección Quinta
encuentra que la señora Trujillo Lugo planteó cuestionamientos relacionados con
una falsa motivación del acto administrativo que la excluyó del proceso de selección,
es decir, que la acción apunta a controvertir la actuación administrativa. Bajo esos
parámetros se analizará el caso concreto.

2.3. Problemas jurídicos

17. Corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos. En primer
lugar, debe determinar si, ¿es procedente la acción de tutela contra la Resolución
CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, proferida por las accionadas, mediante la cual
se inadmitió a la demandante de la convocatoria 27 de la Rama Judicial por no
cumplir los requisitos mínimos del cargo de juez administrativo?

18. En segundo lugar, en el evento de que se habilitara el estudio de las
pretensiones del presente amparo, le correspondería a la Sala analizar si: ¿las
accionadas vulneraron los derechos fundamentales de la accionante en la
verificación de antecedentes?

19. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) panorama general de la acción de tutela; (ii) la procedencia excepcional
del recurso de amparo frente a actos administrativos pasibles de control ante el juez
contencioso administrativo; (iii) la acción de tutela en concurso de méritos; y (iv) el
análisis del caso concreto.

2.4. Panorama general de la acción de tutela

20. El artículo 86 de la Constitución Política, estableció que las personas pueden
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de

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sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos
previstos en el Decreto 2591 de 1991.

21. Conforme a la disposición constitucional, el Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia, la procedencia de esta acción está determinada por la inexistencia
de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar frente a un perjuicio
irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

2.5. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su procedencia
excepcional frente a actos administrativos susceptibles de control ante el juez
contencioso administrativo

22. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del
Decreto Ley 2591 de 1991.

23. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de
cada proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la
jurisprudencia.

24. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales establecidas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un asunto de su competencia2.

25. El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991,
de donde se deriva que la protección de los derechos fundamentales no es un
asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, ya que todos los
mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos y todos
los operadores judiciales deben cumplir su función jurisdiccional como jueces de
convencionalidad, de constitucionalidad y de legalidad.

2 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley

estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común
garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás
fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela,
que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección
de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”

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26. Por tanto, esta Sala reitera su posición en el sentido de que la jurisdicción de
lo contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las
controversias que se puedan suscitar frente a un acto administrativo, en atención a
la existencia de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del
derecho, en los cuales se pueden solicitar medidas cautelares en los términos de
los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 20113.

27. Ahora bien, lo expuesto no desconoce que, en determinadas oportunidades,
el mecanismo de defensa judicial principal no resulta idóneo ni eficaz para otorgar
la protección solicitada, toda vez que puede emitirse una decisión administrativa
que, pese a encontrarse protegida por la presunción de legalidad, esta resulte
absolutamente arbitraria, discriminatoria o que su aplicación práctica vulnere el
núcleo esencial de los derechos fundamentales. En esos casos, el recurso de
amparo se torna procedente y desplaza al mecanismo principal para conjurar la
afectación de las garantías superiores.

Finalmente, es preciso mencionar que, esta acción constitucional podría ser
procedente, de manera transitoria, para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable. En este evento, le corresponde al juez de tutela verificar que concurran
los elementos identificados por la Corte Constitucional, así se requiere que: i) el
daño sea inminente, esto descarta la mera posibilidad de que se va a producir el
perjuicio; (ii) el perjuicio sea grave, esto implica que la afectación sea de gran
intensidad sobre la persona afectada; (iii) se requiera la adopción de medidas
urgentes para evitar que ocurra; y (iv) que sean impostergables, pues si se
aplazaran la protección sobre los derechos se tornaría ineficaz por inoportuna.4

2.6. La acción de tutela en los concursos de méritos

28. Para determinar la procedencia de la acción de tutela contra actuaciones
ocurridas en el marco de un concurso de méritos, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que le corresponde al juez determinar la naturaleza del acto que se
acusa de vulnerar las garantías ius fundamentales, con el objetivo de establecer si
existe o no un mecanismo judicial idóneo y eficaz para intervenir la problemática
identificada por el ciudadano.

29. En ese contexto, es preciso identificar la etapa en que se encuentra el proceso
de selección y, a partir de ello, establecer el carácter general o particular de los
actos administrativos que, eventualmente, podrían ser susceptibles de control por
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de los medios de control de
nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, respectivamente.

3 La posesión contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P. Lucy

Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del Consejo de
Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23-33-000-2015-00440-01
y del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-000-2016-00293-01.
4 Corte Constitucional. Sentencias T-003 de 2022, SU-508 de 2020, T-190 de 2020 y T-235 de 2018, entre

muchas otras.

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30. En cualquier caso, le corresponde al juez de tutela valorar la idoneidad y
eficacia del mecanismo judicial ordinario para conjurar la posible afectación de los
derechos fundamentales, lo cual debe valorarse en cada asunto particular y, a la
vez, implica verificar si las herramientas de la jurisdicción contencioso administrativa
otorgan una protección real del derecho cuyo amparo se reclama. En la sentencia
T-081 de 2022, la Corte Constitucional explicó que las medidas cautelares del
artículo 230 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 exigen examinar: “(i) el contenido
de la pretensión y (ii) las condiciones de los sujetos involucrados”.

31. Tanto la Corte Constitucional5 como el Consejo de Estado6 han sostenido que,
por regla general, el amparo no es el dispositivo judicial apto para controvertir los
actos proferidos en el marco de un concurso de méritos, cuando estos son
susceptibles de ser demandados ante los jueces administrativos al involucrar un
debate de legalidad y el cumplimiento de actos normativos (como leyes,
reglamentos o la misma convocatoria). Por ejemplo, este aspecto ha tomado
protagonismo cuando se acciona en contra de los actos proferidos en las fases
eliminatorias o de la lista de elegibles.

32. En la misma línea de lo anterior, el Consejo de Estado7 ha señalado que los
actos administrativos de calificación que eliminan a los participantes definen la
posición jurídica del aspirante, por lo que son susceptibles de ser controvertidos
ante los jueces administrativos. Sobre el particular, se ha dicho lo siguiente:

“…al igual que la lista de elegibles «son actos típicamente definitorios de situaciones
jurídicas, en la medida en que al asignar un puntaje o establecer la ubicación de los
convocados para efectos de proveer un cargo en propiedad, otorgan un estatus al
participante y afectan su interés de acceder a la carrera administrativa». En el presente
caso, se demanda la nulidad del artículo 7.° de la Resolución 749 del 20 de junio de
2012 que señaló los resultados totales de las diferentes pruebas dentro del Concurso
de Méritos y conformó la lista de elegibles para los cargos de curador urbano 2 y 3. En
él se declaró que la señora (…) no superó la prueba de conocimientos y que, por ende,
no podía ser incluida en dicha lista. También se enjuició el artículo 1.° de la Resolución
0896 del 9 de julio de 2012 que decidió el recurso de reposición interpuesto en contra
del primer acto administrativo. En los actos referidos se calificaron todas las pruebas
adelantadas en el concurso, incluida la de conocimientos. También se sumaron los
resultados y se definió la lista de elegibles. En consecuencia, sí son demandables, en
la medida que excluyeron a la señora (…) de la posibilidad de ocupar esta y definieron
su situación jurídica.”

33. No obstante, la Corte Constitucional ha identificado algunas excepciones a la
anterior regla, cuando: (i) el empleo ofertado en el proceso de selección cuenta con

5 Corte Constitucional, sentencias T-388 de 1998, T-095 de 2002, SU-913 de 2009, T-556 de 2010, T-169 de

2011, T-156 de 2012, T-604 de 2013, T-180 de 2015, T-610 de 2017, T-438 de 2018, T-227 de 2019, T-425 de
2019, entre otras.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B. Radicación número: 23001-23-33-000-2012-00067-01,

Sentencia del 29 de noviembre de 2012.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 5

de noviembre de 2020, Rad. 25000-23-41-000-2012-00680-01(3562-15), M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas.

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un periodo fijo determinado por la Constitución o por la ley8; (ii) se imponen trabas
para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles9; (iii)
el caso presenta elementos que podrían escapar del control del juez de lo
contencioso administrativo, por lo que tiene una marcada relevancia
constitucional10; y, finalmente, (iv) cuando por las condiciones particulares del
accionante (edad, estado de salud, condición social, entre otras), a este le resulta
desproporcionado acudir al mecanismo ordinario.

34. Bajo los anteriores derroteros jurisprudenciales, se estudiarán las
pretensiones del presente amparo con el objetivo de determinar si se acredita el
requisito de la subsidiariedad.

2.7. La acción de tutela promovida por la señora Quimberly Ninoska Trujillo
Lugo es improcedente

35. Para verificar la procedencia de la acción en el caso concreto, en primer
lugar, la Sala realizará un recuento de las actuaciones administrativas y de los
argumentos del recurso amparo. En segundo lugar, verificará si en el presente
asunto concurre alguna situación excepcional que habilite el estudio por parte de
esta corporación. Con base en los anteriores elementos, se establecerá si hay lugar
a estudiar el fondo del asunto.

36. En primer lugar, en el presente caso, la Sección encuentra que mediante el
Acuerdo n.° PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la
Judicatura dio inicio a la convocatoria 27, “[p]or medio del cual se adelanta el
proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial”.

37. La señora Quimberly Ninoska Trujillo Lugo se inscribió para el cargo de juez
administrativa y el 24 de julio de 2022 presentó la prueba de aptitudes y
conocimientos.

38. Mediante la Resolución n.° CJR22-0351 del 1.° de septiembre de 2022, la
Unidad Administrativa de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia
dieron a conocer la calificación del examen. Al demandante se le asignó un puntaje
de 831.00, por lo que aprobó la evaluación al haber superado los 800 puntos
mínimos para continuar en la siguiente fase de la convocatoria (valoración de
antecedentes y curso-concurso).

39. A través de la Resolución CJR-0061 de 8 de febrero de 2023, las
demandadas le notificaron que fue inadmitida del proceso de selección, bajo la

8 Corte Constitucional, sentencias T-509 de 2011, T-604 de 2013, T-748 de 2013, SU-553 de 2015, T-551 de

2017, T-610 de 2017 y T-059 de 2019.
9 Corte Constitucional, sentencias SU-136 de 1998, T-455 del 2000, T-102 de 2001, T-077 de 2005, T-521 de

2006, T-175 de 2009, T-556 de 2010, T-156 de 2012, entre otras.
10 Corte Constitucional, sentencias T-785 de 2013, T-160 de 2018, entre otras.

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causal referida a “[n]o acreditar el requisito mínimo de experiencia”. En
consecuencia, la accionante solicitó la verificación de la documentación, la cual fue
atendida el 22 de marzo de 2023, que decidió confirmar la exclusión de la
peticionaria de la convocatoria.

40. Para la actora, las accionadas le vulneraron sus derechos fundamentales
porque a través de la citada resolución rechazaron su aspiración a ocupar el cargo
de juez administrativa bajo una falsa motivación, porque a su modo de ver,
contabilizaron mal los tiempos de experiencia profesional.

41. En segundo lugar, la Sala observa que la acción de tutela contra actos
administrativos proferidos en el marco del concurso de méritos, por regla general,
es improcedente, en la medida que definieron la posición jurídica de la aspirante
frente a la Convocatoria 27. Dicho de otro modo, la exclusión de la señora Trujillo
Lugo del proceso de selección por no acreditar la experiencia mínima del cargo, no
es un acto administrativo de trámite, sino que contiene una decisión de la
administración pasible de control.

42. Para esta corporación, las inconformidades de la accionante frente a la
Resolución n.º CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, deberían plantearse ante el
juez de lo contencioso administrativo, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011:

ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que
se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá
pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto,
y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad
procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la
reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda
se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación.
Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior
se contará a partir de la notificación de aquel. (resaltado y subrayado fuera del texto).

43. Para la Sección, el escenario descrito es idóneo y eficaz para formular el
cargo de falsa motivación, presentado en esta acción constitucional, y por medio de
estos controvertir la decisión de la administración.

44. En ese contexto, es preciso mencionar que la accionante puede solicitar las
medidas cautelares previstas en los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011. Es
decir que, junto con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, podría
solicitar, como medida cautelar, la suspensión de los efectos de la Resolución n.º
CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023.

45. Lo anterior se refuerza si se tiene en cuenta que, pese a que la peticionaria
formuló esta acción en clave de vulneración de sus derechos fundamentales, para

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la Sala, los argumentos que plantea corresponden a cuestiones legales que prima
facie, no involucran la grave afectación de una garantía de naturaleza constitucional.

46. Finalmente, es preciso señalar que, en este caso, tampoco se acreditó
ninguna de las circunstancias excepcionales que la jurisprudencia ha admitido como
válidas para superar el requisito de la subsidiariedad. Esto es así porque:

(i) El cargo al que aspira la señora Trujillo Lugo es el de juez administrativa,
es decir, no se trata de un cargo de periodo fijo determinado por la
Constitución o por la ley.

(ii) En este caso no se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien
ocupó el primer lugar en la lista de elegibles, puesto que aún no se ha
llegado a esa etapa de la convocatoria 27.

(iii) Aunque se exhiben circunstancias que podrían afectar los derechos
fundamentales de los concursantes, no hay evidencia de que los
fundamentos de las pretensiones y la afectación puedan escapar del
control del juez de lo contencioso administrativo, es decir, no se acreditó
que este asunto contenga “una marcada relevancia constitucional”.

(iv) La demandante no advirtió ni en el proceso se demostró que se
encontrara bajo condiciones particulares de edad, estado de salud,
condición social u otras, por las cuales resultase desproporcionado
exigirle acudir al mecanismo ordinario ante los jueces administrativos.

47. En consecuencia, al existir un medio principal y no acreditarse ninguna
situación excepcional, le corresponde a la Sala concluir que el mecanismo principal
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es idóneo y eficaz para obtener
la protección de los derechos fundamentales de quien se considere afectado con el
acto administrativo que lo excluyó de la Convocatoria 27 de la Rama Judicial. Esto
porque en ese escenario judicial pueden presentarse los argumentos para invalidar
los actos e, incluso, solicitarse medidas cautelares para evitar la ocurrencia de un
perjuicio que pudiere tornarse irreparable.

48. En atención a lo anterior, la Sala de Decisión concluye que la accionante tiene
a su alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
controvertir la Resolución n.º CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023 proferida por la
Unidad Administrativa de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.

49. En ese orden de ideas, la acción promovida no satisface el requisito de la
subsidiariedad, razón por la cual debe ser declarada improcedente.

50. Finalmente, no sobra advertir que la demandante señaló que se encuentra
ante un perjuicio irremediable, pero no acreditó ninguna circunstancia inminente que

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exija la adopción de medidas urgentes para conjurar un posible daño, por lo que
debe, en cualquier caso, exponer su situación ante el juez ordinario.

2.8 Conclusión

51. La acción de tutela que ejerció la señora Quimberly Ninoska Trujillo Lugo es
improcedente, comoquiera que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta
por el la señora Quimberly Ninoska Trujillo Lugo contra el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad Administrativa de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de
Colombia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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