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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01158-01

Fecha
25 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01158-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 8 de mayo de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que amparó el derecho fundamental al debido proceso del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin8. TERCERO: Por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-01158-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

25 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 25 de septiembre de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01158-01
Demandante: Servicio Nacional de Aprendizaje, Regional Caldas
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto sustantivo |
prescripción | contrato realidad

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia que negó
las pretensiones en un proceso de nulidad y restablecimineto del derecho en el que se
reclamó el reconocimiento de una relación laboral encubierta a través de contratos de
prestación de servicios (contrato realidad).

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 8 de
mayo de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante la cual se concedió la solicitud de amparo2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 6 de marzo de 2023, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
presentó acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad, así como de los principios de
confianza legítima y seguridad jurídica, con ocasión de la Sentencia
proferida el 23 de junio de 20223, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 17001-23-33-000-2015-00113-00/01 (3988-
2017).

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO. - AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA,

por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. // SEGUNDO. - Como consecuencia, se dispone, dejar
sin efectos la sentencia del 23 de junio de 2022, proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 17001-23-33-000-2015-
00113-01, para que en el término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación de la presente
providencia, dicte una nueva decisión, en los términos señalados en la parte motiva de esta sentencia.”.
3 Notificada el 25 de octubre 2022 (el mensaje de datos fue enviado el 21 de octubre de 2022).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01158-01
Demandante: Servicio Nacional de Aprendizaje – Regional Caldas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
_____________________________________________________________________________________________________________

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“1. Se tutelen los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, LA CONFIANZA LEGITIMA, Y LA SEGURIDAD JURÍDICA vulnerados al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA por- el CONSEJO DE ESTADO - SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
conforme a la forma de establecer la prescripción en el fallo de segunda
instancia dentro del proceso

DEMANDANTE RADICADO FECHA FALLO NOTIFICADO
HERNANDO 170012333000201500 23/06/22 09/11/22
CARDONA 11301
CASTAÑO

2. Ordenar al CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A emitir nueva sentencia
en el proceso en la cual se estudie nuevamente la prescripción del tercer
periodo contractual reconocido y con el fin de establecer que la reclamación
se efectuó por fuera del término de los 3 años, por lo que deberá aplicársele
el fenómeno de la prescripción a los derechos reclamados con anterioridad
al 19 de noviembre de 2010.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1) El 22 de enero de 1996, Hernando Cardona Castaño ingresó al
Centro de Automatización Industrial del SENA para prestar sus servicios
como docente en los programas de formación de tecnólogos. Labor que
desempeñó durante 16 años de forma continua e ininterrumpida.

5. 2) El 24 de septiembre de 2014, el señor Cardona Castaño, mediante
derecho de petición, solicitó el reconocimiento de una relación laboral, así
como el pago de los emolumentos prestacionales adeudados. Dicha
petición fue resuelta desfavorablemente a través de Oficio No. 2-
2014009466 de 1 de octubre de 2014.

6. 3) El 20 de marzo de 2015, Hernando Cardona Castaño, por medio
de apoderado judicial, presentó demanda contra el SENA, orientada
obtener la nulidad del Oficio 2-2014009466 de 1 de octubre de 2014 y, a
título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento de la existencia
de una relación laboral dependiente (contrato realidad) y el pago,
debidamente indexado, de las prestaciones sociales dejadas de percibir,
así como los aportes a seguridad social que tuvo que asumir los años de
servicio que prestó.

7. 4) El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante Sentencia de 29 de
junio de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda. Dicha autoridad
consideró que, de acuerdo con el material probatorio allegado al proceso,
se encontraban demostrados los 3 elementos de una verdadera relación
laboral, por lo que declaró la nulidad del acto administrativo demandado

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01158-01
Demandante: Servicio Nacional de Aprendizaje – Regional Caldas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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y ordenó el reconocimiento y pago del equivalente a las prestaciones
sociales, así como la devolución de los aportes que hubiese consignado el
actor al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.

8. 5) Inconforme con la anterior decisión, el SENA presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, quien, mediante Sentencia de 23 de junio de 2023,
confirmó parcialmente la decisión del juez de primera instancia, al estimar
que se encontraban plenamente acreditados los elementos esenciales de
una relación laboral entre el demandante y la entidad demandada, y
modificó el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, de la
siguiente manera (se trascribe):

“SEGUDO: A título de restablecimiento del derecho condénase al Sena a
pagar el señor Hernando Cardona Castaño el equivalente a las prestaciones
sociales que un instructor de planta de personal tiene, por el período
comprendido entre el 17 de noviembre de 2004 y el 8 de junio de 2012, salvo
las interrupciones presentadas, tomando como base el valor de los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios. Los valores por pagar
deberán ser reajustados conforme a la formula señalada en la parte motiva
de esta providencia.

DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción trienal
propuesta por la entidad demandada respecto de los derechos laborales
reclamados frente a los contratos de prestación de servicios suscritos y
ejecutados con anterioridad al 16 de junio de 2004.”

9. Para la mencionada autoridad judicial existieron 4 períodos
contractuales a lo largo de la relación laboral: (a) del 22 de enero de 1996
al 16 de octubre de 2002, (b) del 30 de enero de 2003 al 16 de junio de
2004, (c) del 17 de noviembre de 2004 al 19 de noviembre de 2010 y, (d)
del 28 de enero de 2011 al 8 de junio de 2012. Sobre esa base, consideró
que, comoquiera que el demandante presentó la reclamación
administrativa hasta el 24 de septiembre de 2014, operó la prescripción
trienal de los 2 primeros períodos.

10. Como fundamento de la vulneración, la parte actora indicó que, en
la Sentencia de 23 de junio de 2023, la autoridad accionada omitió
estudiar y/o contabilizar en debida forma la prescripción extintiva de los
derechos salariales y prestaciones del tercer período contractual. En ese
orden, alegó la configuración de (1) un defecto fáctico, pues no existía
material probatorio que indicara que entre las interrupciones contractuales
existiera prestación de servicio alguno para reconocer el pago de las
prestaciones sociales por dichos períodos; (2) un defecto sustantivo, al no
apoyarse en la regla según la cual, cuando existen vinculaciones
contractuales consecutivas, se hace necesario estudiar sus interrupciones,
con el fin de establecer si se presentó o no solución de continuidad y,
posteriormente, aplicar la prescripción extintiva; (3) desconocimiento del
precedente, concretamente las subreglas jurisprudenciales de la Sentencia

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01158-01
Demandante: Servicio Nacional de Aprendizaje – Regional Caldas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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de Unificación No. 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16
de 25 de agosto de 2016, el término de prescripción trienal cuando existe
interrupción contractual; y (4) decisión sin motivación, al no haber
analizado en debida forma cada contrato para determinar si existió o no
interrupción y así concluir si operaba la prescripción trienal.

1.2. Fallo de primera instancia e impugnación

11. Mediante Sentencia de 8 de mayo de 2023, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado accedió a las pretensiones de la
acción de tutela. Consideró que la autoridad judicial accionada incurrió
en un defecto sustantivo, al interpretar indebidamente el término de
prescripción de los derechos laborales del tercer período contractual, pues
a pesar de haber indicado cuáles eran las normas aplicables y el alcance
dado a través de las Sentencias de unificación CESUJ2 de 25 de agosto de
2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, al momento de
aplicar dichas reglas al tercer período contractual, lo hizo de forma
errada4. En consecuencia, dispuso dejar sin efectos la Sentencia de 23 de
junio de 2022, Rad. 17001-23-33-000-2015-00113-01, y ordenó que se dictara
una nueva decisión.

12. Inconforme con la decisión anterior, Hernando Cardona Castaño,
presentó escrito de impugnación, en el que indicó que:

13. (1) El juez de primera instancia se inmuscuyó en asuntos que única y
exclusivamente le competían estudiar al juez natural de la causa y no
valoró las pruebas relacionadas con los contratos de prestación de
servicios del tercer período contractual, lo cual lo llevó a tomar una
decisión errada que lesionó sus intereses como trabajador y afectó los
principios de seguridad jurídica, autonomía e independencia judicial.

4 “45.- Por otra parte, adujo que el tercer período contractual, corrió entre el 17 de noviembre de 2004 y el 19 de

zoviembre de 2010, pero estableció que, aun cuando se presentó una interrupción considerable que suspendió
la continuidad del vínculo, esto es, de 2 meses y 7 días, entre el tercer y cuarto período, “como la petición de
reconocimiento y pago de las acreencias laborales ante la entidad fue presentada el 24 de septiembre de 2014,
no se superó el término de prescripción de tres años para reclamar”. // 46.- Como se aprecia, el término de
prescripción trienal realizado sobre tal período contractual está equivocado, pues entre la fecha de finalización
de aquel, es decir, 19 de noviembre de 2010, y el 24 de septiembre de 2014, fecha de la reclamación
administrativa, transcurrieron 3 años 10 meses y 5 días, por ende, no era plausible llegar a la conclusión que arribó
el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A en el fallo de 23 de junio de 2022, toda vez que,
evidentemente aquel período contractual también estaba prescrito.
(…)
49.- Vale aclarar que este defecto se verifica, únicamente al definir la prescripción trienal del tercer período
contractual establecido en la sentencia, pues como se explicó, aunque en la sentencia cuestionada se fijaron
las reglas que debían regir el estudio del caso, según la normatividad y la jurisprudencia de la Sección Segunda,
al momento de aplicarlas y analizar el aludido período, se apartó del alcance dado a este tipo de asuntos,
arribando a una conclusión contraevidente. // 50.- En definitiva, la Sala estima que la determinación de declarar
que el tercer período contractual no estaba prescrito, estuvo basada en una aplicación que supera los
márgenes que alinderan la valoración, criterio y aplicación de la ley y jurisprudencia a cargo del juez que
conoce del asunto, presentándose de tal manera como indebida y en contraposición de las bases y
fundamentos de la ley y jurisprudencia que dice aplicar. En ese sentido, se procederá a otorgar amparo
solicitado en la demanda de tutela de la referencia, respecto al presente aspecto reclamado a través de esta
acción constitucional.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01158-01
Demandante: Servicio Nacional de Aprendizaje – Regional Caldas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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14. (2) La acción de tutela no cumplió con los requisitos generales de
procedencia de inmediatez, relevancia constitucional y subsidiariedad.

15. (3) El simple desacuerdo con el criterio y/o interpretación realizada
por el juez natural no generaba una vulneración automática del derecho
al debido proceso del SENA.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Verificación de defectos alegada y/o afectación a derechos
fundamentales. 2.4. Conclusión.

2.1. Fijación de la controversia

16. Determinar, luego de verificados los requisitos generales de
procedencia de la acción de la acción de tutela, si la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, como juez de segunda instancia,
erró al establecer que sobre el período contratual comprendido entre el 17
de noviembre de 2004 y el 19 de noviembre de 2010 no operó el fenómeno
de la prescripción extintiva. En consecuencia, se procederá a revocar,
modificar o confirmar la decisión de primera instancia.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial5

17. La Sala advierte que el presente caso, se cumplieron los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, porque: (1) no existe
recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora alegar los reparos
planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho presuntamente
vulnerado. (2)Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la
providencia enjuciada (25/10/2022)6 y la interposición de la presente
acción de tutela (6/3/2023)7. (3) No se enjuició un fallo de tutela, pues la
controversia se relacionó con una Sentencia de segunda instancia dictada
en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. (4)
Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la
presunta vulneración derivada de ellos. (5) Por último, se advierte que la
controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta
afectación del derecho fundamental al debido proceso de la entidad
demandante, con ocasión de un providencia judicial respecto de la cual
se alegó una indebida aplicación normativa en materia de prescripción de
derechos laborales en el marco de un pleito por el reconocimiento de un
contrato realidad. Asimismo, no se advierte que los argumentos planteados
fueran una reiteración de aquellos presentados en el proceso ordinario.

5 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la

Sentencia T-66 de 2019.
6Al consultar SAMAI, se constató que el mensaje de datos se envío el 21 de octubre 2022. Ver índice No. 21 del

expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 17001-23-33-000-2015-00113-01.
7 Según acta Individual de reparto.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01158-01
Demandante: Servicio Nacional de Aprendizaje – Regional Caldas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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2.3. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales

18. La Sala confirmará la decisión de acceder a las pretensiones de la
acción de tutela por las razones que se exponen a continuación:

19. En el caso bajo estudio, la parte actora alegó que la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la Sentencia de 23 de
junio de 2022, incurrió en un defecto sustantivo, al determinar que el tercer
período contractual que se dio entre el señor Cardona Castaño y el SENA
no había operado el fenómeno de la prescripcicon extintiva de derechos
laborales y prestacionales.

20. Sobre el particular es preciso señalar que, en Sentencia de
Unificación CESUJ2 de 25 de agosto de 2016, la Sección Segunda del
Consejo de Estado dispuso (se trascribe):

“Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un
interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de
interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a
partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la
existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de
permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar
si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de
reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las
autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de
prestación de servicios.

(…) (i) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado
y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas dé esta, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades,
deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la
terminación de su vínculo contractual (…)”

21. Adicionalmente, en la Sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de
septiembre de 2021, se delimitó el término de solución de continuidad en
los contratos estatales de prestación de servicios que ocultaron la
existencia de una relación laboral a efectos de determinar la prescripción
extintiva de derechos y el momento a partir del cual se incia. En ese
sentido, es estableció como regla jurisprudencial (se trascribe):

“(…)En ese sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este,
se itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en
cada caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del
plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se
reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán
atenderse las siguientes recomendaciones:

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01158-01
Demandante: Servicio Nacional de Aprendizaje – Regional Caldas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2
de la Ley 80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma
sucesiva con una misma persona natural, en los que concurran todos los
elementos constitutivos de una auténtica relación laboral, se entenderá que
no hay solución de continuidad entre el contrato anterior y el sucedáneo, si
entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie la ejecución del otro,
no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y cuando se
constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades.

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de
continuidad, los efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de
concluir que, a pesar de haberse presentado interrupciones entre uno y otro
contrato, no se configura la prescripción de los derechos que pudiesen
derivarse de cada vínculo contractual. En el evento contrario, el juez deberá
definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto de algunos de los
contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos
hubiesen podido generarse.”

22. De acuerdo con lo anterior, dentro de la Sentencia objeto de
reproche, una vez se confirmó la existencia de la relación laboral entre el
señor Cardona Castaño y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la
autoridad judicial demandada analizó las interrupciones que se dieron a lo
largo del vínculo contractual, aplicando la regla de unificación (SUJ-025-
CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021) relacionada con la configuración
de la no solución de continuidad (30 días hábiles). Fue así que se
estableció que existieron 4 períodos contractuales a lo largo de la relación
laboral:

Primero Segundo Tercero Cuarto
Inicio 22/1/1996 30/1/2003 17/11/2004 28/1/2011
Fin 16/10/2002 16/6/2004 19/11/2010 8/6/2012

23. En consideración a que el demandante presentó la reclamación
administrativa el 24 de septiembre de 2014, en la sentencia se estableció
que en los 2 primeros períodos operó la prescripción trienal, pero en los 2
últimos no.

24. En ese orden, resulta importante mencionar que, tal y como lo indicó
en su momento el juez de tutela de primera instancia, si bien es cierto que
la autoridad judicial accionada previamente hizo un estudio del marco
normativo y jurisprudencial concerniente a la existencia de las relaciones
laborales encubiertas o subyacentes e hizo referencia a las reglas
plasmadas en las Sentencias de Unificación CESUJ2 de 25 de agosto de
2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, al momento de aplicar la primera de
estas providencias para determinar la prescripción extintiva de los
derechos laborales y prestacionales derivados del tercer período
contratual, lo hizo de forma incorrecta, pues concluyó que, (se trascribe):

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01158-01
Demandante: Servicio Nacional de Aprendizaje – Regional Caldas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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“(…)El tercer período contractual, corrió entre el 17 de noviembre de 2004 y el
19 de noviembre de 2010, teniendo en cuenta que entre la terminación del
contrato 07 de 2010 y el inicio de ejecución del contrato 043 de 2011,
trascurrió un término de 2 meses y 7 días

Luego, aun cuando se presentó una interrupción considerable que suspendió
la continuidad del vínculo, como la petición de reconocimiento y pago de las
acreencias laborales ante la entidad fue presentada el 24 de septiembre de
2014, no se superó el término de prescripción de tres años para reclamar.”

25. La Sala advierte que, al realizar la lectura del fallo cuestionado, salta
a la vista el error cometido por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, al indicar que, si bien para el tercer período
contractual se había presentado una interrupción considerable que
suspendió la continuidad del vínculo, con un lapso de 2 meses y 7 días
(entre la terminación del contrato No. 7 de 2010 y el inicio de la ejecución
del contrato No. 43 de 2011), se contabilizó de forma incorrecta el
momento en que operaba la prescripción, ya que, tras haber finalizado el
contrato No. 7 el 19 de noviembre de 2010, el accionante tenía tres años a
partir de esta fecha, es decir, hasta el 19 de noviembre de 2013, para
reclamar ante la administración el reconocimiento de la relación laboral
encubierta para que las prestaciones sociales deprecadas no fueran
objeto de prescripción.

26. En ese orden, la Sala encuentra que la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo, por
apartarse del alcance dado a la regla jurisprudencial fijada en la
sentencia de unificación CESUJ2 de 25 de agosto de 2016, pues contabilizó
de forma errónea e involuntaria el término de prescripción trienal, toda vez
que, entre la fecha de finalización del tercer período contractual (19 de
noviembre de 2010) y la reclamación administrativa (24 de septiembre de
2014) transcurrieron 3 años, 10 meses y 5 días después de su finalización. Por
lo tanto, es claro que se superó el plazo razonable para exigir el
reconocimiento de una relación laboral con el Estado y el pago de
prestaciones laborales derivadas del contrato realidad, pues la
prescripción para el tercer período se debió aplicar a partir del 19 de
noviembre de 2013.

27. En consecuencia, existen motivos suficientes para confirmar el
amparo del derecho al debido porceso del SENA. En todo caso, tal como
lo señaló en su momento el juez de tutela de primera instancia, el amparo
se circunscribe exclusivamente al tema de la prescripción sobre el tercer
período contractual. Siendo la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la autoridad encargada de definir lo pertinente y en
derecho, como juez natural de esa causa.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01158-01
Demandante: Servicio Nacional de Aprendizaje – Regional Caldas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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2.4. Conclusión

28. Con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de
esta Sentencia, la Sala confirmará el amparo de la acción de tutela contra
providencia judicial.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 8 de mayo de 2023, proferida por
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que amparó
el derecho fundamental al debido proceso del Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin8.

TERCERO: Por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

8 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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