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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01179-00

Fecha
14 de abril de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01179-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 24 Núm. único de radicación: 110010315000202301179-00 Actora: Celina Esther Rondón Guerra SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01179-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

14 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202301179-00
Actora: Celina Esther Rondón Guerra
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) dignidad humana, iii)
vida, iv) mínimo vital, v) salud, y vi) seguridad social

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra el Tribunal
Administrativo del Cesar.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Cesar, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 3 de
noviembre de 2022, en el proceso ejecutivo identificado con el número único de

2

Núm. único de radicación: 110010315000202301179-00
Actora: Celina Esther Rondón Guerra

radicación 200013333003201800228-03, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda ejecutiva contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, con el fin de que se diera cumplimiento a lo resuelto en la sentencia
de 17 de agosto de 2017, proferida dentro del proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 200013333003201500267-01, por medio de las cuales
se ordenó la reliquidación de su pensión de jubilación, con base en el 75% de lo
devengado en el último año de servicio.

31. Indicó que, mediante la Resolución núm. RDP 042186 de 9 de noviembre de
2017, la UGPP ordenó el descuento de la suma de $18.894.632, por concepto de
aportes no realizados a pensión, lo cual, a su juicio, implicó que la UGPP aplicó el
descuento a toda la vida laboral, tomando “[…] cálculos actuariales del monto
pensional y con un año venidero […]”, y, no tomó los factores a los que se les debía
aplicar el porcentaje que la ley ordena con indexación, debiendo el pensionado
pagar el 25% y el empleador el 75%, por lo cual no se ha dado cumplimiento a lo
resuelto en dicho medio de control, a lo que se suma los intereses de mora desde
la ejecutoria de la sentencia mencionada supra.

4. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar, mediante
sentencia de 24 de febrero de 2022, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de pago de la obligación
propuesta por la demandada, conforme lo expuesto.

SEGUNDO: DECLARAR de oficio probada la excepción de pago parcial de la
obligación conforme lo expuesto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202301179-00
Actora: Celina Esther Rondón Guerra

TERCERO: SEGUIR adelante la ejecución contra la Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social – UGPP- y a favor de CELINA ESTHER
RONDON GUERRA, conforme a lo expuesto.

CUARTO: Practíquese la liquidación del crédito, la cual deberá ceñirse a las reglas
establecidas en el artículo 446 del C.G. P. […]”.

5. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 3 de noviembre
de 2022, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la providencia apelada, esto es, la proferida en
audiencia inicial, de instrucción y juzgamiento por el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Valledupar, de fecha 24 de febrero de 2022, por medio de la
cual declaró no probada la excepción de “pago de la obligación”, declaró probada de
oficio la excepción de pago parcial, y, ordenó seguir adelante con la ejecución, pero
en los términos indicados en la parte considerativa de este proveído, esto es,
únicamente en cuanto al saldo insoluto por concepto de capital e intereses […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] De conformidad con lo transcrito, atisba la Sala de Decisión, contrario a lo
indicado por el a quo en la providencia apelada, que en cuanto a la discordia sobre
las deducciones efectuadas por la entidad, por concepto de aportes pensionales
sobre los nuevos factores salariales incluidos en la mesada, tal como indicó el
Contador Liquidador, le asiste razón a la UGPP en la suma que fue descontada, como
quiera que el cálculo actuarial para el cobro de aportes pensionales insolutos, es la
metodología que fue implementada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
para tales cobros, cuyo fin es mantener la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, lo que significa que la formula aplicada fue la correcta.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, el Contador procedió a corroborar la
liquidación sobre el cálculo de la reserva matemática, evidenciando que
efectivamente, la suma que la UGPP debía descontar a la actora por aportes
pensionales, sí era $18.894.632,13, tal como se evidencia en el informe arriba
transcrito.

Por lo tanto, con relación a las deducciones de los aportes a pensión los cuales según
la ejecutante fueron excesivos, no era procedente que el a quo declarara probada la
excepción de pago parcial, pues se repite, la suma que fue descontada por tal
concepto se encuentra acorde a los parámetros legales, no adeudándose suma
alguna al respecto.

De otro lado, como la demanda ejecutiva también va encaminada al saldo insoluto
por concepto de capital (reliquidación pensional) e intereses moratorios, los cuales
según la ejecutante no fueron liquidados correctamente, argumento que consistió el
juez y que sirvió para considerar que la entidad había efectuado un pago parcial con
los actos administrativos emitidos, la Sala advierte que según el primer informe del
Contador Liquidador, la UGPP a la fecha del mismo, presentaba un saldo pendiente
por tales conceptos, siendo liquidados por el experto en la suma de $69.976.95 por
concepto de capital y por intereses de mora la suma de $44.386.04, para un total de
$114.362.99.

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Núm. único de radicación: 110010315000202301179-00
Actora: Celina Esther Rondón Guerra

En consecuencia, sobre lo reclamado por concepto de capital más intereses
moratorios, asiente esta Sala de Decisión con lo decidido por el juez de primera
instancia, por lo que por tal tópico, sí es procedente declarar probada la excepción de
pago parcial de la obligación.

Finalmente, la Sala no puede pasar por alto la solicitud que fue incoada por la
apoderada de la parte ejecutante, en la cual descorre traslado del informe presentado
por el Contador Liquidador de esta Corporación, como de su aclaración, radicados IC
No. 2022 – YD-062 de fecha 12 de agosto de 2022 e IC No. 2022-YD087 del 14 de
octubre de 2022, solicitando que sean desestimados, por cuanto en el plenario ya
reposaban dos anteriores informes aportados por el Profesional Universitario Grado
12 de este Tribunal, en donde se daba por cierto la liquidación que fue efectuada por
la ejecutante, concluyendo que los descuentos efectuados a aportes pensionales
fueron exagerados, informes que no fueron objetados. La anterior petición, fue
remitida por Secretaría el día 1° de noviembre del presente año, y, se encuentra
visible en el archivo 36 del expediente digital […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Que se tutelen a mi favor los DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA JUSTICIA, IGUALDAD, MÍNIMO VITAL, SEGURIDAD
JURÍDICA, en conexidad con afectación a la estabilidad jurídica, falta de aplicación
de la norma general, por la aplicación errónea de un formato del Ministerio de
Hacienda; falta de verificación de correcta liquidación, y demás conexos violados con
la sentencia objeto de la presente tutela.

2. Como consecuencia de los derechos constitucionales fundamentales vulnerados,
se deje sin efecto alguno la sentencia proferida por el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR, Magistrado Ponente: […], fechada del tres (03) de
noviembre de dos mil veintidós (2022), que en el parágrafo tercero de la página
dieciséis del fallo determina que el descuento es legalmente acorde y que por lo tanto
el Juez de primera instancia no debió declarar probada parcialmente la excepción de
pago, y que por lo tanto no existe suma adeudada por concepto de descuentos por
reintegros a la nación; apartándose de todo razonamiento jurídico.

2. (sic) Por lo anterior, dejar sin efecto o en su lugar, ordene a la UGPP dejar sin
efecto, la Resolución 042186 del 09 de noviembre de 2017 y reconozca y pague los
descuentos desproporcionados en suma de $19.589.371 y los respectivos intereses
de mora, mismos que para el 25 de mayo de 2021 correspondían a la suma de
$18.502.402.

3. (sic) Se aplique la indemnización moratoria del artículo 141 de la ley 100 de 1993.

6. (sic) Las demás disposiciones que a bien tenga el juez Constitucional. […]”.

7. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló lo siguiente:

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Núm. único de radicación: 110010315000202301179-00
Actora: Celina Esther Rondón Guerra

“[…] Ello atención a que como se ha indicado, los contadores que para otro tipo de
casos similares al mío, han liquidado de manera correcta la obligación, y han reconocido
que la entidad UGPP realiza erradamente el cálculo de estos valores que han de ser
reiterados a la nación, en tanto si bien es cierto han de descontarse de los factores
salariales lod aportes a pensión, también es cierto que ya laboré más de 20 años para
la naión, cumpli con la edda requerida y no soo me reconocen mal mi mesada pensional,
sino también tengo que acudir a una instancia judicial para que me sea reconocida mi
correcta mesada pensional, esperando años en un trámite de primera y segunda
instancia, para que la entidad UGPP reconozca un retroactivo pensional de
aproximadamente 30 millones, de los cuales descuentan casi 20 millones por supuestos
reintegros a la nación, como si no fuera suficiente todos los años que laboré y que
espere mi reconocimiento para que me vulneren mis derechos nuevamente por parte
de la entidad y ahora por el Tribunal Administrativo del Cesar […]”.

[…]

“[…] Mi vida se ha visto gravemente afectada ya que como ya mencione, mi calidad de
vida durante trece (13) años aproximadamente, fue carente de recursos, porque
evidentemente la mesada pensional que me fue reconocida era muy inferior a la
correcta, que solo hasta el año 2017 me fue reliquidada mi mesada pensional y al
esperar sufragar las múltiples deudas que obtuve en vista de mi carencia de recursos,
me encontré con el arrebato de mi dinero por parte de la entidad UGPP, a la cual no le
bastó reconocer mal mi pensión, sino también quitarme más del 70% de mi retroactivo
pensional, as así que evidentemente no sufrague mis deudas, que como bien es cierto,
a la fecha tengo 71 años de edad y múltiples patologías que la edad acarrea, por tanto
al usurpar más de la mitad de mi retroactivo pensional, no solo emiten una decisión
contraria a la ley sino que también quebranta en gran manera el derecho a la vida digna
de un adulto mayor que usa sus pocos esfuerzos restantes para solicitar el amparo a
sus derechos fundamentales con el objetivo de justicia […]”.1

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 8 de marzo de 2023; i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo
del Cesar; y iii) vinculó, como terceros con interés, al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Valledupar y a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. El Tribunal Administrativo del Cesar solicitó negar la acción de tutela.

9.1. Al respecto, señaló que:

1 Transcripción literal del texto.

6

Núm. único de radicación: 110010315000202301179-00
Actora: Celina Esther Rondón Guerra

“[…] Al respecto me permito manifestar que no se avizora arbitrariedad o
contrariedad con el derecho en la decisión atacada por vía constitucional, como para
asumir la vulneración del derecho fundamental invocado por el actor, que permita
hacer prosperar sus pretensiones, toda vez que según criterio reiterado de la Corte
Constitucional, la procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencia está
supeditada a la configuración de ciertas hipótesis que han sido desarrolladas
jurisprudencialmente por esa Alta Corporación […]”.

[…]

“[…] La Corporación valoró en conjunto los documentos allegados con la demanda
para establecer si constituyen una prueba idónea de la existencia de una obligación
clara, expresa y exigible a favor del ejecutante, tal como lo establece el artículo 422
del Código General del proceso, determinando que contrario a lo indicado por la
apoderada de la UGPP, el título ejecutivo en el proceso cumple con los requisitos
señalados en la normatividad señalada anteriormente, porque las sentencias
contienen una obligación clara, expresa y exigible, en la medida en que la obligación
está contenida nítidamente en las providencias de primera y segunda instancia
señaladas en párrafo anterior, en las cuales se detalló con claridad la forma en la
cual procedería la reliquidación pensional de vejez a favor de la hoy accionante,
cuáles factores salariales devengados en el último año deberían ser incluidos en la
liquidación pensional, la fórmula que debería aplicarse para el reajuste, y, autorizó
que si sobre los nuevos factores incluidos, no se había efectuado las deducciones
legales, se procediera a ello. Consignándose, además, cuándo sería exigible la
obligación […]”.

[…]

“[…] Decisión que fue apelada por la ejecutada, manifestando que la UGPP canceló
la diferencia pensional, la indexación y se hicieron los descuentos en salud,
liquidación que estaba acorde con la ley, conforme a las sentencias que servían de
título ejecutivo. Agregando que los intereses moratorios, los cuales fueron echados
de menos por el Juez de primera instancia, fueron reconocidos a través de la
Resolución SFO 002515 de 2019, cancelados junto con las agencias en derecho y
costas, por la suma de $570.810 pesos, dinero abonado a la cuenta bancaria de la
actora y que lo señalado por el contador, fundamento del a quo para dictar su
sentencia, no hacía parte de la obligación del presente título ejecutivo, que la señora
CELINA ESTHER RONDÓN GUERRA en su demanda expresa es su descontento
con los descuentos efectuados, no en relación con la liquidación de los factores
salariales.

Así las cosas, este Tribunal en aras de verificar si la liquidación realizada por la
ejecutada para dar cumplimiento a la obligación, estuvo o no acorde con las
providencias que sirven de título ejecutivo, si se efectuaron correctamente las
deducciones de ley, y, para conocer si existía o no pago total de la obligación,
requirió al Contador Liquidador de esta Corporación mediante auto de fecha 28 de
julio de 2022, el cual rindió informe que reposa en el expediente y se transcribió
apartes del mismo en el fallo de esta Corporación […]”.

10. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP solicitó declarar la improcedencia de
la acción de tutela.

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Núm. único de radicación: 110010315000202301179-00
Actora: Celina Esther Rondón Guerra

10.1. Al respecto, señaló que:

“[…] Descendiendo al caso en concreto me permito informar a su Señoría que la
acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para revocar las decisiones
proferidas por el juez natural de la causa, máxime si tenemos en cuenta que se le
utiliza como una tercera instancia del trámite ordinario en el que se pretende el
reintegro de los dineros que le corresponden a la Nación por aportes de pensión no
realizados por reliquidación de la pensión de Vejez en cumplimiento a fallo judicial y
de lo cual media un deber de recaudo, por lo que es necesario realizar las siguientes
precisiones […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, es claro que la UGPP en virtud de la Constitución y la Ley debe
garantizar la Sostenibilidad Financiera del Sistema Pensional y realizar el cobro de
los aportes para pensión que no se hicieron tanto por el empleado como por su
empleador […]”.

[…]

“[…] Por lo anterior, es pertinente manifestar que la entidad no se encuentra
vulnerando derecho fundamental alguno, debido a que ha dado respuesta a todas y
cada una de las peticiones por el elevadas, y ha acatado las providencias judiciales
de conformidad en lo en ella establecido, así como, dando aplicación a la
normatividad aplicable al caso objeto de estudio […]”.

[…]

“[…] Como puede observarse, en el presente caso no se presenta ninguno de los
requisitos generales y menos específicos para que proceda la acción de tutela que
ahora incoa la parte accionante aduciendo vulneración a sus derechos
fundamentales al precedente jurisprudencial vertical, por cuanto las decisiones
adoptadas dentro de la acción ejecutiva seguido en la jurisdicción contencioso
administrativa se ciñeron tanto a las normas como a la jurisprudencia que regulan el
tema de la LIQUIDACION Y TERMINACION DEL PROCESO […]”

11. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar allegó el
expediente del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación
200013333003201800228-03.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 2, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20184
y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, que asigna a
esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

14. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción
de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si
se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

15. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental a la dignidad humana; v) marco normativo y jurisprudencial
del derecho fundamental a la vida; vi) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al mínimo vital; vii) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental a la salud; viii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la seguridad social; procediendo posteriormente a ix) resolver el
caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se
satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

16. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena6, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

17. Esta Sección adoptó7 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 20058, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

18. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
8 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”9 que encaje en dichos parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

22. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,

9 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito
general de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

23. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 201411, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo
lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [12]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [13].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [14].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [15].

11 Ut supra página 6.

[12] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[13] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial

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Actora: Celina Esther Rondón Guerra

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [16]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [17].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [18]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,

trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[16] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[17] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[18] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).

24. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado19:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”20

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”21

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

25. En ese orden de ideas, el requisito de la relevancia constitucional se acredita
cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se involucra la

19 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
20Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
21 Ibidem.

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amenaza o vulneración de derechos fundamentales, y esa presunta afectación no
tiene su origen en un debate estrictamente legal y económico, ii) cuando el actor en
su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales; y iii) cuando se demuestra que el amparo
presentado no se utiliza como una instancia procesal adicional.

26. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202222
precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

22
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

27. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

28. Atendiendo a que, la Corte Constitucional23 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación

23 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad
humana

29. Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general […]”. (Resaltado por la Sala).

30. Atendiendo a que la Corte Constitucional24 ha establecido que el derecho a
la dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su
objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En
relación con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad
humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y
iii) la dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante o humillante.

24 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este
Tribunal ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un
valor fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un
principio constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental
autónomo […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
vida

31. Visto el preámbulo y los artículos 2 y 11 de la Constitución Política de
Colombia de 1991, sobre el derecho fundamental a la vida.

32. Atendiendo a que en reiterada jurisprudencia Constitucional25, se ha
sostenido que el derecho fundamental a la vida supone la garantía de una existencia
digna, que implica impedir la realización de cualquier circunstancia que lleve a la
extinción de la persona como tal, que la ponga en peligro de desaparecer o que
incomoden su existencia hasta el punto de hacerla insoportable.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital

33. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de
otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en
ellos […]”.

34. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado
al mínimo vital, ha dicho26:

“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".

25 Corte Constitucional, Sentencia T-444 de 10 de junio de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
26 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.

18

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99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud

35. Visto el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el
artículo 2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 201527 sobre el derecho
fundamental a la salud.

36. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional28, ha definido este derecho
como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica
funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su
ser, que además debe ser garantizado bajo condiciones de oportunidad,
continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de integralidad.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social

37. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

27 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
28 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 15 de enero de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

19

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El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.

38. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:29

“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad
social bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un
servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación
y control del Estado30.

Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”31. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”32 […]”.

Análisis del caso concreto

39. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

40. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y

29 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
30 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la

dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
31 Sentencia T-173 de 2016.
32 Ibídem.

20

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aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

41. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

41.1. Copia del expediente del proceso ejecutivo identificado con el número único
de radicación 200013333003201800228-03.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de la relevancia
constitucional

42. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La actora en su escrito de tutela indicó que el Tribunal demandado
desconoció que no se “[…] han (sic) liquidado de manera correcta la obligación
[…]”, en la medida en que se “[…] realizó erradamente el cálculo […]” de lo
ordenado en la sentencia de 17 de agosto de 2017, proferida dentro del proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 200013333003201500267-
01.

43. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por la actora ya
fue objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el
debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad
accionada incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.

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44. Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate
estrictamente legal y económico, el cual ya fue expuesto dentro del proceso
ejecutivo y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde
al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello
implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.

45. Al respecto, la Corte Constitucional33 ha considerado:

“[…] en el caso planteado se tiene que el asunto que se discute tiene un
marcado carácter patrimonial, pues lo que está discusión es el pago de un
derecho de crédito que se deriva a la imposición de una sanción pecuniaria
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a la sociedad
comercial Ponce León S. A. Ingenieros Consultores-en liquidación, lo que
excluiría de plano la relevancia constitucional del asunto y, por lo tanto, la
posibilidad de acudir a la tutela para proteger los derechos que la entidad tutelante
considera afectados. […]”. (Resaltado por la Sala).

46. Asimismo, es preciso indicar que, en ese mismo sentido, la Sección Primera
de esta Corporación, en reiterados pronunciamientos34, y en especial, en la
sentencia proferida el 3 de mayo de 2019 consideró lo siguiente:

“[…] La Sala comparte dicho enfoque, en atención a que en el caso sub judice no se
cumplió con el requisito atinente a la relevancia constitucional de la controversia;
motivo por el cual, no es posible ni mucho menos procedente estudiarla de fondo.

Ello toda vez que lo pretendido por la parte actora es reabrir nuevamente el
debate y la discusión jurídica sobre cuestiones estrictamente legales y, de
índole económica, que por cierto ya fueron discutidas y falladas en el trámite del
proceso ejecutivo con radicado 47001-33-33-006-2015-00370-0135, por parte de los
jueces naturales de conocimiento de la acción ejecutiva correspondiente.

Sin embargo, no se puede olvidar que el instituto de la tutela contra providencias
judiciales no busca proporcionar a los sujetos procesales de un juicio ordinario una
tercera instancia, sino un mecanismo de protección y garantía de sus derechos
33 Corte Constitucional, sentencia T-136 de 27 de marzo de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de diciembre
de 2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03770-00 (AC). Actor: Ariel Ramiro Novoa Vargas.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de noviembre de
2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03772-00 (AC). Actor: María Eugenia García Chaparro y otro.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de 2018,
exp. No. 11001-03-15-000-2018-00808-00 (AC). Actor: Jaime Alfonso Castro Martínez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 15 de junio de 2018,
exp. No. 11001-03-15-000-2018-01143-00 (AC). Actor: E.S.E. Hospital María Inmaculada.
35 Accionante: Francisco Rafael Palacio Valle. Accionado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
(Magdalena).

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fundamentales, eventualmente lesionados por un pronunciamiento judicial. De aquí
que su procedencia sea excepcional36, toda vez que lo contrario atentaría contra la
autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el principio de cosa
juzgada, sin más37.

En ese orden de ideas, con base en las consideraciones expuestas, y ante la
inobservancia del requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia
constitucional de la controversia, ésta Sala de Decisión confirmará en su totalidad la
sentencia de tutela impugnada del 18 de marzo de 201938, mediante la cual la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió declarar
improcedente la acción de amparo interpuesta por el señor Francisco Rafael Palacio
Valle […]”.

47. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal de lo
Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad de
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se
“[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

48. Así las cosas, esta Sección, siguiendo el precedente precisado por la Corte
en la sentencia SU – 215 de 2022, considera que la controversia que nos ocupa
carece de relevancia constitucional porque la discusión planteada por la actora no
gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental; a lo
que se agrega que la actora no justificó el motivo por el cual dicha decisión
constituye una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.

49. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la actora aduce que fueron
desconocidos sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida, al

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre

de 2016, radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas
Ayala).
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre

de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P.
Dr. Guillermo Vargas Ayala).
38 Visible a folios 160 a 164 de la causa constitucional.

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mínimo vital, a la salud, al debido proceso y a la seguridad social, lo cierto es que
no existe una mayor explicación acerca de las razones por las cuales se afectó, en
forma desproporcionada, el núcleo esencial de los derechos fundamentales de la
actora con ocasión de la sentencia de 3 de noviembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar.

50. Asimismo, la Sala considera que la discusión que se expone a través del
escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
antes transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la
controversia se encuentra limitado a asuntos meramente legales y económicos cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

51. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente económico, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad de
protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica de la actora y, con ello, acceda a las pretensiones de la demanda, sin que
de esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia
constitucional.

Conclusiones de la Sala

52. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

24

Núm. único de radicación: 110010315000202301179-00
Actora: Celina Esther Rondón Guerra

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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