Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08154-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08154-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-08154-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08154-01
Demandante: Celina Esther Rondón Guerra
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Nulidad y
restablecimiento del derecho. Caducidad. Ausencia de los
defectos invocados.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.
La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 12 de febrero de 2026 por la Sección Cuarta de esta corporación,
mediante la cual negó el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 18 de diciembre de 2025, Celina Esther Rondón Guerra presentó acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, seguridad social, mínimo vital y vida digna; así como los principios de
primacía del derecho sustancial sobre el formal, confianza legítima, favorabilidad y
pro actione.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos la sentencia
proferida el 11 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 20001-33-33-
001-2024-00338-01, para, en su lugar, ordenar a aquella autoridad dictar una nueva
providencia, en la que se abstenga de declarar la caducidad y, por tanto, realice un
estudio de fondo de la controversia pensional, haga control de convencionalidad y
aplique el principio pro actione.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, del escrito de tutela y
demás documentos obrantes en el expediente, se observa que la accionante
instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), con el fin de que se declarara la nulidad de las
Resoluciones No. RDP 042186 del 9 de noviembre de 2017 y RDP 003705 del 01
de febrero de 2018, respecto de los descuentos realizados, en su criterio, de forma
indebida. Adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, solicitó devolver
los valores descontados y corregir la base de cálculo de la pensión.
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Demandante: Celina Esther Rondón Guerra
4. El 2 de septiembre de 2025, el Juzgado 1 Administrativo de Valledupar negó
las pretensiones de la demanda, al considerar que los actos demandados
constituían actos de ejecución de la sentencia de reliquidación pensional y no
decisiones autónomas susceptibles del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
5. Adicionalmente, expuso que dichas providencias ya habían autorizado los
descuentos por aportes pensionales respecto de los nuevos factores salariales, por
lo que su cuestionamiento implicaría desconocer la cosa juzgada. Asimismo, indicó
que si la demandante no estaba de acuerdo con la liquidación realizada por la
entidad demandada en los actos cuestionados, debió interponer la acción ejecutiva
con base en el título de recaudo (sentencias del 17 de noviembre de 2016 y 17 de
agosto de 2017)1, de manera que ese medio de control no era idóneo para estudiar
sus discrepancias e inconformidades respecto de la devolución de los valores
descontados y la corrección de la base de cálculo de la pensión.
6. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, para lo cual afirmó que la UGPP aplicó descuentos sobre períodos
prescritos y excedió lo ordenado en el fallo de reliquidación al extenderlos a toda la
vida laboral, lo que afectó su mínimo vital y vulneró los principios de
proporcionalidad y razonabilidad. Añadió que los actos administrativos
desconocieron decisiones judiciales previas, en particular la sentencia de tutela del
6 de junio de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la
acción con radicado 11001-03-15-000-2024-00705-002.
7. El 11 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar determinó
que el debate se circunscribía a la legalidad del descuento ordenado en la
Resolución RDP 042186 de 2017 y no al reconocimiento del derecho pensional, por
lo que se trataba de una obligación consolidada sujeta al término de caducidad de
cuatro meses previsto en el artículo 164 del CPACA. En ese sentido, indicó que el
acto fue notificado el 5 de diciembre de 2017, lo que hacía extemporánea la
demanda presentada el 13 de junio de 2024, y que frente a la Resolución RDP
003705 de 2018 operó la notificación por conducta concluyente desde 2018.
Además, esclareció que el fallo de tutela invocado no incidía en el análisis de la
caducidad, comoquiera que este se limitaba a ordenar que se brindara respuesta a
unas peticiones.
1 Providencias dictadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 20001-33-33-003-
2015-00267-00, en las cuales el Juzgado 3 Administrativo de Valledupar ordenó a la UGPP reliquidar la pensión
de vejez de la señora Celina Esther Rondón Guerra basándose en el 75% de lo devengado en el último año de
servicio, y el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó esta decisión y agregó que la entidad mencionada podía
descontar posteriormente los aportes faltantes conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado,
respectivamente.
2 En la referida sentencia, la Sección Quinta revocó la sentencia de 11 de abril de 2024 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda, y en su lugar, amparó el derecho fundamental de petición de la señora
Celina Esther Rondón Guerra. En consecuencia, ordenó lo siguiente:
«(i) A la UGPP, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
providencia remita a «la SUBDIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL UGPP» copia del auto ADP 005979
de 5 de octubre de 2023, para que se pronuncie respecto del punto tres de la petición que radicó la señora
Rondón Guerra el 28 de agosto de 2023.
(ii) Al INVÍAS, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
providencia le notifique a la señora Celina Esther Rondón Guerra la respuesta contenida en el oficio con
radicado número 2023E-VUVR-009668 de 25 de septiembre de 2023, al correo electrónico
axiomadatacinfin@gmail.com.»
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8. Como fundamentos de derecho, la parte accionante afirmó que la sentencia
dictada el 11 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió
en defecto sustantivo, al aplicar de manera aislada y restrictiva el artículo 164 del
CPACA, sin considerar que el asunto trata de un descuento pensional ilegal que
afecta una prestación periódica y el mínimo vital. Además, señaló que la
jurisprudencia constitucional ha establecido que, en casos de prestaciones de tracto
sucesivo, debe prevalecer el principio pro actione para evitar que formalismos
procesales anulen la protección del derecho sustancial.
9. Adicionalmente, manifestó que en la providencia cuestionada se configuró un
defecto fáctico, debido a que se omitió valorar pruebas determinantes que
demostraban su actuación diligente desde 2017, incluyendo peticiones y acciones
de tutela previas. Resaltó que la falta de valoración de estas pruebas dio lugar a
que se concluyera erróneamente la configuración del fenómeno jurídico de
caducidad.
10. Por último, indicó que la decisión cuestionada se apartó del precedente
constitucional que exige un análisis estricto de proporcionalidad en los descuentos
pensionales y la prevalencia de la justicia material sobre el ritualismo. También
señaló que desconoció el bloque de constitucionalidad, especialmente, la
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores, que exige remover barreras procesales para garantizar un
acceso efectivo a la justicia, lo cual resulta incompatible con la aplicación estricta y
oficiosa de la caducidad en este caso.
Intervenciones3
11. El Tribunal Administrativo del Cesar manifestó que se remite a los
argumentos de orden constitucional, legal y jurisprudencial expuestos en la
providencia del 11 de diciembre de 2025. Igualmente, señaló que atenderá los
lineamientos que, dentro del marco de esta acción, llegue a adoptar el juez
constitucional. Adicionalmente, remitió copia digital del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en segunda instancia.
12. El Juzgado 1 Administrativo de Valledupar indicó que los fundamentos
fácticos y jurídicos que sustentaron la decisión de negar las pretensiones de la
demanda se encuentran consignados en la sentencia del 2 de septiembre de 2025,
de los cuales se desprende que no vulneró los derechos fundamentales invocados
por la parte actora. De igual forma, allegó copia del expediente mencionado.
13. La UGPP afirmó que la presente acción no cumple con el requisito general
de subsidiariedad, por cuanto la demandante omitió agotar el mecanismo ordinario
de defensa judicial que tenía a su disposición, esto es, el recurso extraordinario de
revisión. En su criterio, acudir a la tutela con el único propósito de eludir los trámites
ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico desnaturaliza este mecanismo
constitucional y desconoce el diseño de competencias establecido por la
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El 14 de enero de 2026, la Sección Cuarta de esta corporación admitió la acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo del Cesar y vinculó al Juzgado 1 Administrativo de Valledupar y a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
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Constitución y la ley, el cual atribuye funciones específicas a las distintas
autoridades judiciales conforme a sus especialidades. Asimismo, indicó que no se
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.
14. De otra parte, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, al
considerar que no le corresponde pronunciarse sobre las pretensiones dirigidas
contra el Tribunal Administrativo del Cesar, pues su resolución compete
exclusivamente a la autoridad judicial accionada.
15. Sin perjuicio de lo anterior, afirmó que la providencia cuestionada no incurrió
en los defectos sustantivo y fáctico alegados, en la medida en que la autoridad
judicial accionada no desconoció las normas legales aplicables al caso ni efectuó
una interpretación errónea de estas; por el contrario, aquella decisión se fundó en
los preceptos legales relacionados con el tema y en la jurisprudencia tanto de
Consejo de Estado como de la Corte Constitucional y tuvo en cuenta el material
probatorio obrante en el expediente, quedando así sin piso los argumentos dados
por la accionante para obtener la prosperidad de esta acción de tutela. En
consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de la referencia o, en su
defecto, negar el amparo de los derechos fundamentales reclamados.
Sentencia impugnada
16. El 12 de febrero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó
las pretensiones de la demanda, por no haberse configurado los defectos alegados
por la parte accionante. Para el efecto, indicó que la autoridad accionada aplicó
correctamente el artículo 164 del CPACA, en tanto la Resolución RDP 042186 del
9 de noviembre de 2017 fue notificada personalmente a la demandante el 5 de
diciembre de 2017, por lo que el término de caducidad vencía el 6 de abril de 2018;
sin embargo, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se radicó el 13
de junio de 2024, lo que evidenciaba su carácter extemporáneo frente a dicho acto.
17. Adicionalmente, en relación con la Resolución RDP 003705 del 1 de febrero
de 2018, indicó que la autoridad accionada explicó que se configuró la notificación
por conducta concluyente, pues la demandante hizo referencia expresa a su
contenido en la demanda ejecutiva presentada el 28 de abril de 2018. En tal medida,
el término de caducidad también había transcurrido ampliamente al momento de
interponerse la demanda en 2024.
18. Asimismo, señaló que le asistía razón a la autoridad accionada al concluir
que la controversia no recaía sobre una prestación periódica, sino sobre una suma
única y determinada, correspondiente a descuentos por aportes no cotizados,
supuesto en el cual resulta aplicable el término de cuatro meses previsto en el
artículo 164 del CPACA, conforme a la jurisprudencia reiterada del Consejo de
Estado, sin que procediera la excepción de prestaciones periódicas ni la
imprescriptibilidad de la acción. En ese orden de ideas, concluyó que debían
negarse las pretensiones por no haberse estructurado las causales invocadas y por
ajustarse la decisión cuestionada a la normativa y jurisprudencia aplicable.
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Impugnación
19. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual
insistió en que la providencia censurada incurrió en defecto sustantivo, al aplicar de
manera rígida el artículo 164 del CPACA, sin tener en cuenta que la controversia
versa sobre un descuento pensional ilegal y desproporcionado que afecta una
prestación periódica y el mínimo vital. Además, señaló que se configuró la causal
de defecto fáctico porque no se valoraron las pruebas que acreditaban las gestiones
adelantadas de manera diligente desde el año 2017 para reclamar sus derechos.
20. De igual forma, sostuvo que se desconoció el precedente constitucional,
consistente en que los descuentos pensionales deben superar el test estricto de
proporcionalidad, el mínimo vital del pensionado no puede sacrificarse por
formalismos y la justicia material debe prevalecer. Adicionalmente, indicó que no se
tuvo en cuenta la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores (Ley 2055 de 2020), la cual impone a las
autoridades judiciales el deber de remover obstáculos procesales que restrinjan el
acceso efectivo a la justicia de las personas mayores. Agregó que la aplicación
estricta de la figura de la caducidad contraviene los artículos 17 y 31 de dicha
Convención, así como el artículo 25 de la Convención Americana, que exige la
existencia de recursos judiciales efectivos, no meramente formales.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
21. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
22. Antes de plantear el problema jurídico que aquí se desarrollará, la Sala
aclara que el cargo relacionado con el desconocimiento de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores se analizará a la
luz de la causal de violación directa de la Constitución Política por ser la que mejor
se adecua a este argumento de disenso.
Problema jurídico
23. Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse la sentencia de
primera instancia. En ese sentido, procederá a resolver, una vez verificados los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, si la sentencia proferida el 11 de
diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en los defectos
sustantivo; fáctico y violación directa de la Constitución Política.
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Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
24. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad
social, mínimo vital y vida digna; así como los principios de primacía del derecho
sustancial sobre el formal, confianza legítima, y favorabilidad y pro actione; se
argumentaron adecuadamente los reparos alegados, los cuales fueron
encuadrados en los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución
Política; y no se trata de un asunto de mera legalidad o carácter eminentemente
económico; (2) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva, puesto
que la accionante es la titular de las garantías constitucionales que se invocan como
vulneradas, y el Tribunal Administrativo del Cesar fue la autoridad judicial que
profirió la decisión que se cuestiona en el escrito de amparo; (3) no existe otro
mecanismo judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus
derechos constitucionales; (4) la acción de tutela se presentó el 18 de diciembre de
2025, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la sentencia del
11 de diciembre de 20254; (5) no se cuestionó una irregularidad procesal; (6) se
identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los
cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (7) la tutela no se
interpone contra una providencia de igual naturaleza.
25. Así las cosas, al encontrarse satisfechos los requisitos antes mencionados,
en el mismo sentido que lo determinó el juez de primera instancia, la Subsección
procederá a realizar un análisis de fondo frente a los cargos formulados por la parte
actora en el escrito de impugnación y que fueron delimitados en precedencia.
Análisis de la vulneración alegada: Estudio de los defectos
26. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, por no haberse
estructurado ninguno de los defectos invocados por la parte actora, de acuerdo con
las razones que pasan a exponerse:
27. La accionante afirmó, en el escrito de impugnación, que el Tribunal
Administrativo del Cesar, al expedir la sentencia del 11 de diciembre de 2025,
incurrió en defecto sustantivo, al aplicar de manera aislada y restrictiva el artículo
164 del CPACA, sin considerar que el asunto trata de un descuento pensional ilegal
que afecta una prestación periódica y el mínimo vital; y en defecto fáctico, por no
valorar las pruebas que acreditaban las gestiones adelantadas de manera diligente
desde el año 2017 para reclamar sus derechos.
28. Pues bien, en la sentencia cuestionada la autoridad judicial accionada
revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró probada de oficio la
excepción de caducidad. Para soportar su decisión, explicó que el objeto del
proceso no recaía sobre el derecho pensional de la actora, sino la decisión de la
entidad de descontar del retroactivo pensional una suma de dinero por concepto de
aportes no realizados, contenida en la Resolución RDP 042186 del 9 de noviembre
4 La providencia fue notificada por mensaje de datos el 15 de diciembre de 2025.
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de 2017, por lo que, esa suma, en su criterio no tiene carácter periódico, sino que
corresponde a una obligación determinada y consolidada en un valor único, de ahí
que la actora no estaría habilitada para presentar la demanda en cualquier tiempo.
29. Así, explicó que el término para demandar la legalidad de los actos
acusados mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
conforme al literal (d) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, es de
cuatro meses contados desde la notificación, comunicación, ejecución o publicación
del acto. En ese sentido, indicó que, frente a la Resolución RDP 042186 del 9 de
noviembre de 2017, obra en el expediente constancia de notificación personal
efectuada a la demandante el 5 de diciembre de 2017, por lo que la demanda debió
presentarse a más tardar el 6 de abril de 2018. No obstante, fue radicada el 13 de
junio de 2024, lo que evidencia su extemporaneidad.
30. Igualmente, en cuanto a la Resolución RDP 003705 del 1 de febrero de
2018, precisó que si bien no existe constancia de su notificación, se acreditó su
conocimiento por parte de la demandante, con base en los documentos aportados,
los cuales demostraban que conocía su contenido años antes de presentar la
demanda, lo que implica que su notificación se realizó por conducta concluyente,
pues obra copia de una demanda ejecutiva radicada el 28 de abril de 2018 en la
que se menciona expresamente dicho acto y su contenido, de manera que la
demanda se interpuso de manera extemporánea.
31. Finalmente, aclaró que el argumento expuesto por el demandante,
consistente en que la sentencia de tutela del Consejo de Estado del 6 de junio de
2024 dispuso la correcta notificación de las resoluciones acusadas, aquel
argumento resultaba irrelevante para el análisis de caducidad, pues del análisis de
dicha providencia se advierte que su objeto fue exclusivamente ordenar la respuesta
a las peticiones radicadas el 9 y 28 de agosto de 2023.
32. Al respecto, explicitó que en la solicitud del 28 de agosto de 2023 la
demandante requirió información sobre los pagos efectuados por INVÍAS a la
UGPP, explicaciones respecto de aportes no realizados y la devolución de valores
descontados. Por su parte, en la petición del 9 de agosto de 2023 solicitó acceso al
expediente de tutela número 11001-03-15-000-2023-01179-00. En consecuencia,
la sentencia de tutela se limitó a ordenar a las entidades accionadas dar respuesta
a dichas solicitudes, sin pronunciarse sobre la notificación de los actos acusados.
33. Analizadas las consideraciones expuestas por el Tribunal Administrativo del
Cesar, la Sala estima que la corporación accionada no desconoció o aplicó de forma
aislada el contenido del artículo 164 del CPACA ni omitió las reglas aplicables a las
prestaciones periódicas, sino que, por el contrario, analizó la naturaleza de la
controversia sometida a su consideración y concluyó que el objeto del litigio no
recaía sobre el reconocimiento, reliquidación o pago de la pensión de vejez de la
demandante, sino sobre la legalidad del descuento efectuado por la UGPP sobre el
retroactivo pensional mediante la Resolución RDP 042186 del 9 de noviembre de
2017, por concepto de aportes pensionales no cotizados.
34. A partir de dicha premisa, determinó que la suma descontada no constituía
una prestación periódica ni un pago de tracto sucesivo, sino una obligación única,
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determinada y consolidada en un valor específico, circunstancia que impedía aplicar
la excepción prevista para las prestaciones periódicas y hacía procedente la
aplicación del término general de caducidad previsto en el numeral 2, literal (d), del
artículo 164 del CPACA.
35. Así las cosas, la interpretación acogida por el Tribunal se encuentra
sustentada en la naturaleza jurídica del acto administrativo demandado y en el
alcance de las pretensiones formuladas en el proceso ordinario, sin que pueda
afirmarse que la autoridad judicial hubiera aplicado de forma restrictiva la
disposición mencionada. En realidad, la inconformidad de la accionante se dirige
contra la conclusión jurídica alcanzada por el juez natural, lo cual resulta insuficiente
para estructurar un defecto sustantivo susceptible de ser corregido mediante la
acción de tutela.
36. En el mismo sentido, del examen de la providencia cuestionada, tampoco
se configuró el defecto fáctico invocado, puesto que el Tribunal analizó el alcance
de la sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado el 6 de junio de 2024 y
explicó que dicha decisión constitucional únicamente ordenó a las entidades
accionadas dar respuesta a las peticiones radicadas por la demandante en agosto
de 2023, relacionadas con la entrega de información y el acceso a determinados
documentos. A partir de lo anterior, concluyó que la referida providencia no efectuó
pronunciamiento alguno sobre la legalidad de las resoluciones demandadas, ni
dispuso su notificación, ni modificó el momento a partir del cual debía contabilizarse
el término de caducidad del medio de control; de manera que dicha tutela no tenía
la entidad para desvirtuar la ocurrencia de la figura procesal mencionada.
37. Por tanto, no le asiste razón a la parte actora de afirmar que la corporación
accionada omitió valorar una prueba determinante o hubiera ignorado una actuación
procesal relevante, ya que lo que se evidencia es que, luego de examinar la acción
de tutela y las demás actuaciones invocadas por la demandante, les otorgó un
alcance jurídico distinto al pretendido por esta, conclusión que hace parte del
ejercicio interpretativo y valorativo propio del juez de conocimiento, el cual debe ser
respetado por el juez constitucional, salvo se advierta un yerro en la apreciación del
material probatorio ostensible, flagrante y manifiesto, lo cual no ocurre en el
presente asunto.
38. Finalmente, en lo que concierne a la causal de violación directa de la
Constitución Política, la Subsección estima que el Tribunal no desconoció el
principio pro actione o el bloque de constitucionalidad, en particular la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores.
39. Sobre el particular, se precisa que la caducidad constituye una institución
procesal establecida por el legislador en desarrollo de los principios de seguridad
jurídica, certeza y estabilidad de las relaciones jurídicas. Por tal razón, opera de
pleno derecho y, en consecuencia, puede y debe ser declarada de oficio por el juez
cuando advierta su configuración, de manera que el ejercicio de dicha facultad no
constituye, por sí mismo, una actuación arbitraria ni una restricción
desproporcionada del derecho de acceso a la administración de justicia, sino el
cumplimiento de un mandato legal que vincula a todas las autoridades judiciales.
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Demandante: Celina Esther Rondón Guerra
40. En el asunto bajo examen el Tribunal, antes de declarar probada de oficio
dicha excepción examinó los argumentos expuestos por la demandante para
justificar la oportunidad de la demanda y analizó el alcance de la acción de tutela
invocada, pero determinó que aquella no tenía la virtualidad de alterar el
presupuesto de caducidad, toda vez que su objeto se limitó a la protección del
derecho de petición y no incidía sobre la legalidad o la notificación de los actos
administrativos demandados.
41. Por tanto, si bien los instrumentos internacionales invocados por la parte
actora imponen el deber de remover obstáculos irrazonables que impidan el acceso
efectivo a la justicia, ello no significa que las normas procesales pierdan
obligatoriedad o que los jueces puedan prescindir de instituciones como la
caducidad cuando estas resulten plenamente aplicables al caso concreto. La
protección reforzada de las personas mayores no elimina los presupuestos
procesales establecidos por el legislador, sino que exige que estos sean
interpretados de manera razonable y proporcionada, evitando formalismos
excesivos.
42. En ese sentido, el razonamiento efectuado por Tribunal Administrativo del
Cesar atiende a ese parámetro, comoquiera que la autoridad judicial no declaró
probada la excepción de caducidad por un criterio meramente formal ni desconoció
la situación particular de la demandante, sino que explicó de manera suficiente por
qué la controversia no recaía sobre una prestación periódica, dado que el descuento
discutido correspondía a una obligación única y determinada, y por qué la acción de
tutela promovida en el año 2024 no tenía la aptitud jurídica para modificar el término
de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA. Además, se precisa que la
ocurrencia de ese fenómeno no fue consecuencia de la falta de certeza sobre el
cumplimiento de las condiciones para emitir un pronunciamiento de fondo, lo que
descarta la inobservancia del principio pro actione.
43. En ese orden de ideas, la Sala concluye, en el mismo sentido que lo
determinó el juez de primera instancia, que no se estructuraron las causales
específicas de procedencia invocadas por la parte actora, sino que sus reparos
reflejan es un desacuerdo con la interpretación jurídica y la valoración probatoria
efectuadas por el juez natural. Por tanto, se confirmará la sentencia proferida el 12
de febrero de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual
negó el amparo solicitado por Celina Esther Rondón Guerra.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de febrero de 2026 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con los argumentos
expuestos en precedencia.
9
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08154-01
Demandante: Celina Esther Rondón Guerra
SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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