Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01196-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01196-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-01196-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
18 de mayo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01196-00
Demandante: Max Rafael Gómez Montejo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-01196-00
Demandante MAX RAFAEL GÓMEZ MONTEJO
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto por
desconocimiento del precedente y fáctico. Contrato realidad.
Elemento subordinación.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Max Rafael Gómez Montejo, de conformidad con lo dispuesto por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 7 de marzo de 20231, Max Rafael Gómez Montejo, interpuso acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Las
pretensiones son las siguientes:
“PRIMERA.- Con fundamento en lo precedente, solicito de los Honorables Consejeros de
Estado, TUTELAR los derechos fundamentales expresados en esta acción y/o los demás
derechos que la Sala encuentre vulnerados al estudiar de fondo el presente asunto.
SEGUNDA.- Ordenar dejar sin efectos la sentencia de Segunda Instancia proferida el 12 de
septiembre de 2022 por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo -
Sección Segunda - Subsección A M.P. Dr. Rafael Francisco Suarez Vargas, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho número 15001233300020150017501 con
Auto de obedecimiento del 19 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
TERCERA.- De acuerdo con los diferentes lineamientos del Consejo de Estado, en casos
como el presente, y como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene a la sala accionada
emita una nueva sentencia tomando en cuenta las motivaciones o los precedentes judiciales
que la Sala de decisión de Tutela determine en el fallo de amparo correspondiente.
CUARTA.- Se profieran las demás órdenes que el Despacho disponga para el cumplimiento
debido del fallo que se profiera”.
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. En vida, la señora Ana María Cecilia Magdalena del Carmen Montejo Niño se
vinculó con la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, a través de la
1 Escrito de tutela radicado por ventanilla virtual.
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Demandante: Max Rafael Gómez Montejo
suscripción de contratos de prestación de servicios suscritos desde el 1º de
enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2011.
2.2. El 6 de agosto de 2014, solicitó el reconocimiento de los derechos laborales a
los que consideró tenía derecho, lo que se negó por la entidad mediante el
Oficio S-2014-000094/DISAN ASJUR 4.22 del 23 de agosto de 2014.
2.3. Por lo anterior, la señora Montejo Niño en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho demandó a la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional Dirección de Sanidad, con el fin de que se declarara
la nulidad del acto administrativo que negó la existencia de la relación laboral
así como el pago de las prestaciones sociales respectivas. En consecuencia,
pidió se declarara la existencia de una relación laboral y el consecuente pago
de las prestaciones sociales y seguridad social a la que consideró tener
derecho.
2.4. En primera instancia conoció el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho
Nro. 01 el proceso con radicación 15001-23-31-000-2015-00175-00. En
sentencia del 9 de abril de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda.
De acuerdo con lo probado en el proceso, encontró que se había configurado
el elemento subordinación y por tanto que existía una relación laboral
encubierta.
2.5. La decisión se apeló por la parte demandante, conoció en segunda instancia
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
2.6. Estando el proceso en segunda instancia, ante el fallecimiento de la
demandante, mediante auto del 21 de octubre de 2021 se dispuso tener como
sucesor procesal al señor Max Rafael Gómez Montejo y de esta manera dar
continuidad al proceso.
2.7. Posteriormente, en providencia del 12 de septiembre de 2022 <<notificada por
correo electrónico el 6 de octubre de 2022>>, se revocó la decisión del tribunal y
en su lugar, se negaron las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que la sola determinación de que la contratista estuviera obligada a
fungir como médico general en los turnos que se señalaban por el director de
la Clínica no resultaba ser prueba suficiente para encontrar configurado el
elemento de subordinación.
3. Fundamentos de la acción
El accionante consideró que la decisión del 12 de septiembre de 2022 proferida por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 15001-23-31-000-2015-
00175-00/01, incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente
horizontal y fáctico.
3.1. Defecto por desconocimiento del precedente. Sostuvo que la accionada
incurrió en desconocimiento del precedente horizontal, toda vez que la
posición sostenida en la providencia cuestionada era opuesta a los criterios y
la posición asumida con anterioridad por la misma sala y despacho ponente
en el fallo de segunda instancia del 7 de julio de 2022 proferido dentro del
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medio de control de Nulidad y Restablecimiento del derecho No. 15001-23-33-
000-2013-00636-01 promovido por la señora Aida Patricia Medina Jiménez
contra la Nación, Ministerio de Defensa, Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional, casos que dijo, guardaban identidad aspectos fácticos, jurídicos y
probatorios. Hizo un cuadro en el que presentó los dos casos.
Señaló que de cara a los criterios que establece la sentencia de unificación
SUJ-025-CE-S2-2021 en materia de indicios de subordinación no se
analizaron con la misma mesura las pruebas ni se hizo el mismo razonamiento
y análisis frente las circunstancias fácticas compartidas en ambos casos para
determinar la consecuencia jurídica y en esa medida aseguró que se
profirieron decisiones opuestas frente al mismo problema (desnaturalización
del contrato de prestación de servicios y existencia de relación laboral), incluso
a pesar de que ambas actoras fueron “compañeras de trabajo” ya que su labor
fue contemporánea en la misma entidad y bajo las mismas condiciones o carga
obligacional como médicos generales.
También se refirió a un desconocimiento de la sentencia de unificación SUJ-
025-CE-S2-2021, pues advirtió que en esta sentencia “se le indica al Juez
Contencioso -Administrativo los parámetros o indicios que debe tener en cuenta para
efectos de determinar la auténtica naturaleza que subyace a cada vinculación contractual”
e hizo hincapié en que se omitió valorar el parámetro consistente en “Que las
actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los servidores
de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación
laboral”, lo que se evidenciaba en su caso de acuerdo con el material probatorio.
3.2. Defecto fáctico. Concretamente por valoración indebida de las pruebas
aportadas al expediente.
En concreto, dijo que el fallo infería a partir de la copia del libro de entrega y
recibo de turnos del personal médico de la Clínica Regional de Tunja del
período comprendido entre el 22 de marzo de 2005 y el 18 de mayo de 2006,
que en ese lapso asistió a cumplir sus obligaciones contractuales en la
institución atendiendo a la coordinación de unos turnos, cuando esto no era un
tema de coordinación.
Que de la revisión del mencionado libro, era evidente que a partir de allí no se
lograba inferir de manera razonable que si existió algún tipo de diálogo o
concertación entre las partes para la fijación de los turnos o de las jornadas,
más aún si se tenía en cuenta el hecho probado de que no era la única
profesional en medicina general, así como tampoco esa prueba tenía la
capacidad per se de desvirtuar la tesis de la demanda en cuanto a que no tenía
ningún grado de autonomía ni inherencia en este aspecto ya que la jornada o
los turnos le habían sido impuestos de manera unilateral por la entidad,
aspectos que por el contrario, en la prueba testimonial si señalaba de manera
coherente e inequívoca, por lo que en su sentir, resultaba errada y arbitraria la
apreciación de la sala.
También dijo que en la sentencia se indicó que los testigos traídos al plenario
indicaron que las actividades encomendadas a la contratista se cumplían a
través de turnos, pero que no indicaron la periodicidad de estos, cuando los
testigos habían suministrado información relevante para tener por probado el
elemento subordinación.
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En ese orden, sostuvo que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta
las demás pruebas documentales que obraban en el expediente tales como
los contratos de prestación de servicios en los cuales se podía verificar entre
otros aspectos, la intensidad horaria semanal que debía necesariamente
cumplir como obligación para el pago de los honorarios, esto es, un tiempo no
inferior a 44 horas semanales y en otros, un tiempo no inferior a 33 horas
semanales.
Aseguró que la autoridad judicial accionada se apartó de lo que lógica y el
material probatorio razonablemente revelaban de cara al parámetro de
subordinación y los 4 indicios que lo componían, frente a los cuales se advertía
que si bien fueron abordados individualmente no fueron considerados en
conjunto, como parte de un todo.
Insistió que debía tenerse en cuenta que:
▪ Por orden de la entidad demandada prestó sus servicios en las instalaciones
físicas de la Clínica de la Policía del Área de Sanidad de Boyacá, con sede en
Tunja desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2011.
▪ Sí debía cumplir una jornada descrita en los contratos, dentro de unos turnos que
eran fijados por la entidad a su arbitrio, sin darle margen de decisión para su
fijación o modificación, sin poder ausentarse a discrecionalidad o incluso llegar
tarde, restándole autonomía.
▪ Que las actividades como Médica General debían llevarse a cabo en estricta
atención a los lineamientos establecidos por la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional, la Clínica de la Policía de Boyacá y sus funcionarios directivos; esto es,
bajo los parámetros, planes, programas y procesos establecidos para el sector
salud, y con sujeción a las directrices de un superior, cual era, en la mayoría de
los casos, el director de la clínica de la policía regional Tunja.
▪ Que de acuerdo al componente obligacional de cada contrato se evidenciaba la
extensión de las actividades desarrolladas más allá de la simple atención del
servicio de medicina general, esto es, a la asistencia en otros trámites
administrativos, de prevención y promoción de salud, capacitación e integración
de comités que eran propios de la misión de la entidad demandada y que, daba
cuenta de la dependencia respecto de la demandada a la hora de ejercer su
profesión, pues que debía solicitar autorización para la prescripción de
medicamentos y para el empleo de instrumentos genéricos de los usuarios.
▪ Que la Resolución 3523 de 2009 “Por la cual se define la estructura orgánica
interna y se determinan las funciones de la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional”, es una norma de la entidad con alcance y aplicación nacional para sus
unidades desconcentradas, por tanto las funciones, lineamiento y demás
consignas eran exigidas y observadas por los funcionarios de la entidad e
implican subordinación, y fueron atendidas por ella.
Frente a este aspecto, manifestó que existió una indebida valoración
probatoria en su dimensión negativa, ya que no se había pronunciado al
respecto en el fallo al no efectuar el análisis que correspondía, pues que había
omitido realizar la valoración de los elementos materiales que daban cuenta
de esta correspondencia de actividades, entre ellos la Resolución 3523 del 05
noviembre de 2009 “Por la cual se define la estructura orgánica interna y se determinan
las funciones de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional” y la Hoja No. 13 de la
Resolución Nro. 385 del 20 de mayo de 2011 “por la cual se adopta el manual
especifico de funciones y requisitos para los empleos públicos de planta de personal civil
y no uniformado del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección de Sanidad Policía
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Nacional de Colombia”, correspondiente a los requisitos y funciones del empleo
denominado servidor misional en sanidad policial código 2-2 grado 21 de 8
horas.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 27 de marzo de 2023, el despacho admitió la demanda de tutela,
ordenó notificar a las partes accionante y accionada y, dispuso la vinculación
como terceros con interés a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional,
Dirección de Sanidad, parte demandada en el proceso ordinario y, al Tribunal
Administrativo de Boyacá, autoridad que dictó el proceso ordinario en primera
instancia.
4.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho Nro. 01, rindió informe en
el que manifestó que, la decisión emitida en esa instancia había sido favorable
a las pretensiones de la demanda y que, la tutela iba dirigida contra el órgano
de cierre quien emitió la sentencia de segundo grado. En ese orden de ideas,
consideró que, en lo que respecta al tribunal, no había vulneración de derechos
fundamentales.
4.3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, se pronunció e
indicó que la decisión estaba soportada en las normas, en la situación fáctica
y en lo probado en el expediente ordinario. Adicional a lo anterior, dijo que no
se cumplían los requisitos de procedencia, concretamente el de inmediatez.
4.4. La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, manifestó, en primer
término, que no se cumplía con el requisito de inmediatez, al haber transcurrido
un tiempo de 5 meses y 25 días, lo que mostraba una falta de interés. Por lo
demás, indicó que la providencia de cierre estaba debidamente sustentada,
conforme a las normas, la jurisprudencia y lo probado en el proceso.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Cuestión previa
Advierte la Sala que tanto la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación
como la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, manifestaron que en el caso
no se cumplía con el requisito de inmediatez.
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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Revisadas las fechas en que se emitió la sentencia cuestionada, esto es, el 12 de
septiembre de 2022, la notificación hecha por correo electrónico el 6 de octubre
de 2022 y, la presentación del escrito de tutela por ventanilla virtual el 7 de marzo
de 2023, se advierte que, haciendo el conteo desde la notificación respectiva y que,
de dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 806 de 20203,
transcurrió un tiempo de 4 meses y 26 días, lo que no excede del lapso de 6 meses
que se ha entendido como razonable para la presentación de la acción de tutela
contra providencia judicial.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala determinar
si en la providencia emitida el 12 de septiembre de 2022 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación 15001-23-31-000-2015-00175-00/01,
incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente horizontal y fáctico que,
a juicio del actor, llevaban a concluir que estaba configurada la subordinación como
elemento relevante para tener por demostrado el contrato realidad, pues en su
sentir, de un lado, dejó de tenerse presente el precedente horizontal en un caso
similar al suyo y de otro, la valoración de las pruebas a su juicio, fue indebida, ya
que con una correcta valoración de las mismas, era posible entender configurado el
elemento subordinación.
4. Defecto por desconocimiento del precedente. Análisis en el caso
concreto.
4.1. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos
semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso. Por lo anterior, la aplicación del
precedente busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y
seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y,
consecuentemente, se garantice el debido proceso del ciudadano.
La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que4“…un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con
el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso
del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido
cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún
supuesto de hecho para su aplicación”.
3 “ARTÍCULO 8. Notificaciones personales. Las notificaciones que deban hacerse personalmente también
podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica
o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación
o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.
El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la
dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la
forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones
remitidas a la persona por notificar.
La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío
del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación”. (subrayado
fuera del texto) (…)”.
4 Corte Constitucional. SU-573 de 2017.
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Para la Sala5, puede plantearse la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación; (ii) que
tales decisiones eran vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto
por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente;
(iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela es contraria al
precedente vinculante, (iv) y que el juez de instancia no presentó una
justificación razonable para apartarse del precedente vinculante.
El desconocimiento del precedente constitucional es una causal autónoma y
específica de procedibilidad, que se configura, entre otros motivos: (i) cuando
se contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o (ii)
cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a
través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando
se trata de sentencias de unificación.
4.2. En el caso, advierte la Sala que el accionante consideró un desconocimiento
del precedente horizontal en relación con dos sentencias, cuyo análisis se hará
a continuación, anticipando desde ya que este defecto no se estructura en la
providencia que se cuestiona:
4.3. Un primer pronunciamiento tiene que ver con la sentencia del 7 de julio de
2022 dentro del caso seguido por la señora Aida Patricia Medina Jiménez,
sentencia frente a la que se observa que si bien se trató de una profesional de
la medicina, como igualmente lo era la ya fallecida señora Ana María Cecilia
Magdalena del Carmen Montejo Niño y además, que se trata de dos
providencias emitidas por la misma Sala de decisión, esto es, por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, lo cierto es que existen ciertos
aspectos que difieren en uno y otro caso, tanto en relación con las situaciones
fácticas que rodearon cada uno de los casos, como de las pruebas que dieron
cuenta de ciertos aspectos que, en el caso de la señora Aida Patricia Medina
dieron claridad a la autoridad judicial en ese momento para acceder a lo
pretendido en la demanda por encontrar acreditada la relación laboral
encubierta en la suscripción de contratos de prestación de servicios.
Es así como de la lectura de los dos fallos, se evidencian estas diferencias que
se advierten en cada una de las decisiones y que, permiten a la Sala concluir
que resultaron relevantes para adoptar decisiones distintas de cara a cada
caso concreto:
Caso Ana María Cecilia Magdalena del
Caso Aida Patricia Medina Jiménez
Carmen Montejo Niño
Se trató de una médico general y médico auditora Se trató de una médico general que prestó sus
que prestó sus servicios en Sanidad Militar de la servicios en Sanidad Militar de la Policía
Policía Nacional, mediante la suscripción de Nacional, mediante la suscripción de contratos de
contratos de prestación de servicios. prestación de servicios.
No solo prestó sus servicios como médico al De acuerdo con lo probado en el expediente,
servicio de sanidad, sino que también tenía a prestó sus servicios brindando atención a
cargo todo lo relacionado con promoción y pacientes, haciendo ronda médica, ayudando en
prevención de salud, capacitación e integración algunas cirugías, apoyo en traslado de pacientes
de comités. y asistencia a reuniones administrativas.
5 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de abril de 2014. Expediente No. 11001-03-15-000-
2013-02625-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
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Caso Ana María Cecilia Magdalena del
Caso Aida Patricia Medina Jiménez
Carmen Montejo Niño
De acuerdo con la prueba testimonial, debía De acuerdo con la prueba documental del libro de
avisar previamente las inasistencias y cumplía un entrega y recibo de turnos, se evidenció que
horario de trabajo. firmaba la entrega de algunos turnos unos días a
la semana sin especificar hora.
Conformaba o integraba las comisiones de salud. Se evidenció de las declaraciones rendidas que
no se refirieron a las condiciones de modo en que
se presentó la relación laboral.
De acuerdo con lo anterior, advierte la Sala que hubo una diferencia en
relación con diversos aspectos, lo que hace que, pese a tratarse de la misma
Sala de decisión, las circunstancias en uno y otro caso llevaran a que se
definiera la controversia de manera distinta.
4.4. Ahora bien, frente a la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, advierte
la Sala que el análisis que se hizo en la sentencia tuvo en cuenta los
parámetros e indicios a los que se refiere la sentencia y, que no se hubiera
detenido sobre el punto concreto relacionado con que “las actividades o tareas a
desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y
cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral”, no implica un
desconocimiento a los parámetros de la sentencia, pues como se anuncia en
este criterio, la revisión de tareas asignadas a los empleos de planta se da al
verificar que se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral, lo
que desde el inicio no se advirtió por el juez natural conforme con el análisis
del material probatorio aportado al expediente.
5. Defecto fáctico. Análisis en el caso concreto.
5.1. El defecto fáctico, es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de
las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En este sentido,
se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario que de las
pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna manera
objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión que se
cuestiona. En otras palabras, que el apoyo probatorio en que se basó el juez
para resolver determinado asunto resulta absolutamente inadecuado para el
caso concreto. Porque si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de
valoración probatoria fundada en los principios científicos de la sana crítica,
dicho poder no puede ejercerse de manera arbitraria.
Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas.
La Corte Constitucional6 reconoce dos dimensiones de este defecto: la
dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como por ejemplo, (i)
por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso7;(ii) por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en
que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo8.
6 Cfr. Sentencia SU-159 de 2002.
7 Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
8 Cfr. Sentencia T-417 de 2008.
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Y la dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión 9;
o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen
a demostrar el hecho en que se basa la providencia10.
El análisis del defecto fáctico debe ser en extremo cauteloso, en procura de
no afectar los principios de autonomía e independencia judicial que adquieren
significado en actos propios e intrínsecos del juez de la causa, como la
valoración de la prueba. Es por ello que la jurisprudencia constitucional ha sido
consistente en indicar que, será viable la acción de tutela por defecto fáctico
cuando el error en el juicio valorativo del juez de la causa sea “ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues
el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia”11
Por esto, la Corte ha hecho énfasis en que las discrepancias respecto de la
valoración de las evidencias, no amerita por sí misma, la revocación por vía
de tutela de la providencia impugnada, pues ello sería tanto como admitir la
superioridad del criterio de valoración del juez de tutela respecto del juez
natural, en directo menoscabo del principio de autonomía judicial. No pueden
reputarse como defecto fáctico, las diferencias en la valoración y apreciación
de la prueba, ya que la competencia del juez de tutela está fijada en clave de
violación de derechos fundamentales, no de diferencias de juicio o de opinión.
5.2. Advierte la Sala que los argumentos propuestos por el accionante reflejan su
desacuerdo con la valoración de las pruebas efectuada por el juez de la causa,
pues censura que a partir de la copia del libro de entrega y recibo de turnos
del personal médico de la Clínica Regional de Tunja del período comprendido
entre el 22 de marzo de 2005 y el 18 de mayo de 2006, se concluyera que no
se probaba la subordinación propia de una relación laboral, dejándolo en un
tema de coordinación. También considera que los testimonios rendidos daban
cuenta de la subordinación.
Al respecto, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en la
providencia que se cuestiona, hizo el siguiente análisis de estas pruebas a las
que se refiere la parte actora:
“[e]n el plenario reposa copia del libro de entrega y recibo de turnos del personal médico
de la Clínica Regional de Tunja del período comprendido entre el 22 de marzo de 2005
y el 18 de mayo de 2006. En dicho documento se lee el nombre de la señora Montejo
Niño cuando firmaba la entrega y el recibo de turnos algunos días a la semana sin
especificar la hora.
(…)
De igual modo, los testigos traídos al plenario indicaron que las actividades
encomendadas a la contratista se cumplían a través de turnos, pero no indicaron la
periodicidad de estos.
Nótese como el señor Carlos Alberto Niño Avendaño, quien trabajó como médico
general en la Clínica Regional de Tunja desde junio de 1997 hasta diciembre de 2011,
en su declaración indicó que también sirvió en el área de urgencias de dicha entidad y
9 Ibidem. Óp. Cit. 10.
10 Cfr. Sentencia SU-226 de 2013.
11 Corte Constitucional. Sentencia SU 949 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
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teniendo en cuenta ello le consta que la accionante cumplía los horarios establecidos
por la dirección de la clínica atendiendo al sistema de turnos de 12 o de 24 horas, los
cuales se programaban en una lista de forma mensual. Asimismo, adujo que debía
darse cumplimiento estricto a los turnos establecidos puesto que los pacientes no
podían quedar en ningún momento sin el servicio médico. Del mismo modo, el señor Rafael Humberto Fajardo Buitrago, quien prestó servicios
como jefe de enfermería en la Clínica Regional de Tunja por más de 20 años hasta 2008
(luego solo le consta lo narrado hasta ese año) hizo énfasis en que todos que cumplir
un horario, una jornada de trabajo orientada específicamente al servicio que era
asignado haciendo turnos, en horario nocturno de 7:00 pm a 7:00 am, y ocasionalmente
los fines de semana de 7:00 am a 7:00 pm y que dicha agenda era manejada por el jefe
de sanidad. Visto todo lo anterior, para la Sala, en este caso, el hecho de que la demandante hubiera
desarrollado sus labores atendiendo el cumplimiento de unos turnos no acredita, per se,
el elemento de la subordinación, en la medida en que dicha circunstancia puede hacer
parte de la necesaria coordinación que ha de existir entre los extremos de un vínculo
contractual, en cuanto a la manera en que deben prestarse los servicios.
(…)
Dicho de otro modo, la sola determinación de que la contratista estuviera obligada a
fungir como médico general en los turnos que se señalaban por el director de la Clínica
no resulta prueba suficiente para encontrar configurado el elemento de Subordinación.
(…)
Los testimonios de los deponentes dan cuenta de que conocieron la relación contractual
que sostuvieron las partes. Sobre las características de dicha relación solo pudieron
señalar que la señora Montejo Niño atendía los pacientes del servicio de urgencias y
hospitalización, ocasionalmente colaboraba en procedimientos quirúrgicos, asistía a
reuniones administrativas, los elementos dispuestos para su actividad eran provistos
por la entidad y debía portar un carné y una bata que la identificaba como médico al
servicio de la institución de Policía. No obstante, más allá de ello, los declarantes no se refirieron en particular a las
condiciones de modo en las que presuntamente se presentó una relación de carácter
laboral, ni mucho menos indicaron cuáles eran las actividades u órdenes que se le
imponían a la señora Montejo Niño que desnaturalizaban el objeto contractual o que le
impedían atender a los pacientes de manera autónoma e independiente, tal como lo
dicta su profesión. Por una parte, el señor Carlos Alberto Niño Avendaño indicó que las labores que aquella
desempeñaba consistían en atención a los pacientes en urgencias y hospitalización,
igualmente hacía traslados en ambulancia, atendía partos y ayudantías quirúrgicas y
que las constancias de dichos servicios quedaban radicadas en los libros de turno,
documento en el que se especificaba cada uno de los pacientes hospitalizados, su
patología, sus pendientes y todo lo pertinente para su tratamiento integral. De igual
modo, adujo que el director de la clínica estaba muy pendiente de todo y por ello «incidía
en algunos» diagnósticos y definiciones que tuvieron con algunos pacientes. Por otra parte, el señor Rafael Humberto Fajardo Buitrago a quien le constan los hechos
narrados únicamente hasta el año 2008 teniendo en cuenta su período de vinculación,
señaló que la señora Ana María Cecilia dentro de sus funciones tenía la atención directa
a los pacientes, hacer la ronda médica, además de otras actividades importantes como
ayudar en cirugías en algunas ocasiones, asistir a las reuniones administrativas que se
realizaban en el comando del departamento, y apoyar el traslado de pacientes. Además de ello señaló que el director de la clínica pasaba revista constantemente,
mirando o verificando cómo se desarrollaban las diferentes actividades en los servicios
de urgencias y hospitalización.
De ese modo, para la Sala las actividades narradas por los deponentes hacen parte de
algunas de las obligaciones contractuales pactadas, a saber:
(…)
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Luego, de las pruebas aportadas al dosier no puede colegirse que se le exigiera a la
demandante que ejecutara el objeto contractual con unas condiciones de modo
impuestas por la entidad y, en tal sentido, no se demostró su inserción en el círculo
rector u organizativo de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional o de la Clínica
Regional de Tunja, pues más allá de las instrucciones que se le impartieron en el
contrato, no se acreditó con suficiencia que la demandada hubiera ejercido una
influencia decisiva sobre la forma en que llevó a cabo el cumplimiento de sus
obligaciones.
De suerte que la Sala no encuentra en el expediente otros medios de prueba con la
suficiente entidad que permitan aseverar que la señora Montejo Niño recibía órdenes e
instrucciones sobre la forma en que debía prestar sus servicios o ejecutar el contrato o
que se hubiera menoscabado la autonomía e independencia que ostentaba como
personal médico para aplicar sus conocimientos científicos específicamente a cada
caso”.
De lo anterior se desprende que el juez natural, encontró demostrado que en
ese lapso que anuncia la señora Montejo Niño asistió a cumplir sus
obligaciones contractuales en la institución en razón a la coordinación de unos
turnos y que en el referido libro se evidenciaba la firma de la actora al momento
de la entrega de los turnos algunos días y sin especificar la hora, de manera
que no podría hablarse de una indebida valoración o ausencia de valoración
de la prueba sino más a un desacuerdo frente al análisis efectuado.
Igual consideración merecen las declaraciones que para el juez natural, no
fueron consistentes y claras en lo que tenía que ver con el elemento
subordinación, debe tenerse en cuenta que en la sentencia quedó establecido
que el elemento coordinación que es relevante para poder tener un manejo y
control de las obligaciones contractuales, no puede tenerse siempre como
subordinación, pues en realidad esto requiere una carga probatoria importante
y de peso que permita al juez de su valoración dentro del marco de la sana
crítica, entender que sin lugar a dudas, se trataba de una relación laboral.
5.3. De otro lado, en relación con los contratos de prestación de servicios cuyo
análisis dice debió hacerse, tampoco encuentra la Sala que esta fuera una
prueba dejada de tener en cuenta pues fue relacionada en la sentencia dentro
de lo probado en el expediente, como elemento clave para determinar la
vinculación de la actora, los periodos, pero se observa que lo que el actor
pretende se demostrara con la prueba era la subordinación por el número de
horas pactadas para así recibir sus honorarios, lo que para el juez debía ser
objeto de valoración junto con otros elementos de prueba.
Al respecto, además de tener como prueba los contratos para entender la
génesis de la vinculación que tuvo la señora Montejo Niño, se indicó por el juez
ordinario, lo siguiente:
“Al revisar el contenido de cada contrato se tiene que el objeto que debía desarrollar la
demandante era prestar servicios profesionales como médico general, actividad que
requería de sus conocimientos, sin que de ello se pueda concluir que el ejercicio de su
labor no se dio de manera independiente o que estuvo sometida al cumplimiento de
órdenes, máxime cuando la medicina se caracteriza por ser una profesión de carácter
liberal”.
Con lo que, en criterio de la Sala, quedó analizado por la Sección Segunda,
Subsección A, las razones por las que los contratos pese a ser analizados, no
podían dar cuenta de una subordinación, además, dada la naturaleza de la
profesión ejercida por la actora en la institución.
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Por lo demás, los criterios de la sentencia de unificación como quedó dicho,
fueron atendidos en conjunto por el juez ordinario, pues para entrar a revisar
las labores de las personas de planta era necesario determinar previamente la
existencia de una posible relación laboral, razón por la que, no puede hablarse
de una ausencia de valoración probatoria en este sentido.
Por las razones que han quedado expuesta, la Sala concluye que este defecto
no está llamado a prosperar.
4. Conclusión
En ese orden de ideas, la Sala negará la presente acción de tutela, por no estar
configurados los defectos por desconocimiento del precedente y fáctico en la
providencia cuestionada.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la demanda presentada por el señor Max Rafael
Gómez Montejo, por las razones expuestas en la presente providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRON
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