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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 15001-23-33-000-2013-00636-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2013-00636-01

Fecha
7 de julio de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2013-00636-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Revocar el numeral primero de la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, de 22 de octubre de 2015, por las razones antes expuestas. 37 Se puede ver, entre otras, la sentencia de 14 de julio de 2016, radicado 2013-00270-03 (3869-2014). 38 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:( ... )» Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27 Radicado: 15001-23-33-000-2013-00636-01 Demandante: Aída Patricia Medina Jiménez Segundo. Modificar los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, de 22 de octubre de 2015, los cuales quedarán así: SEGUNDO. DECLARAR LA NULIDAD del oficio S-2013-020854/COMN-GRUSA-22, de 25 de abril de 2013, expedido por el comandante departamental de la Policía de Boyacá, que negó el reconocimiento y pago de los derechos laborales causados en virtud de la relación laboral que se configuró entre las partes. TERCERO. En consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Policía Nacional a reconocer, liquidar y pagar a Aída Patricia Medina Jiménez, el valor equivalente a la prima de navidad, prima de servicios, cesantías, intereses de la cesantías, y demás prestaciones que perciban los médicos generales y auditores de planta del Área de Sanidad de la Policía Nacional, respectivamente, causados en la ejecución de los contratos celebrados entre el 1 de julio de 2003 y el 30 de junio de 2011. Para el efecto, se tomará como base para la liquidación el valor pactado por concepto de honorarios en los distintos contratos. CUARTO. ORDENAR a la Policía Nacional a liquidar y girar al fondo de pensiones al cual está afiliada la demandante, el valor de la cotización que le correspondía como empleador […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2013-00636-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

7 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)

Asunto: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicado: 15001-23-33-000-2013-00636-01 (0746-2016)
Demandante: Aída Patricia Medina Jiménez
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral subyacente o
encubierta, solución de continuidad, prescripción

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia
del Tribunal Administrativo de Boyacá, de 22 de octubre de 2015, por medio de la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138
de la Ley 1437 de 2011), la ciudadana Aída Patricia Medina Jiménez, mediante
apoderado, formuló demanda para que se declarara la nulidad del oficio S-2013-
020854/COMN-GRUSA-22, de 25 de abril de 2013,1 expedido por el comandante
departamental de la Policía Nacional, a través del cual se le negó el reconocimiento de la
existencia de una relación laboral, así como el pago de las respectivas acreencias
laborales derivadas de esta.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i)
declarar que entre ella y la demandada existió una relación laboral entre el 1 de junio de
2003 y el 30 de junio de 2011; ii) ordenar a la entidad accionada a reconocer y pagar los
salarios y prestaciones sociales que recibían los empleados de planta; iii) ordenarle el
pago de los aportes al sistema de Seguridad Social, así como la licencia de maternidad

1
Aunque en la demanda y en la sentencia se consiga como año de expedición del documento el 25 de abril de 2012, lo cierto es que
este data del 25 de abril de 2013, como se observa en el folio 44 del cuaderno de pruebas.
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Radicado: 15001-23-33-000-2013-00636-01
Demandante: Aída Patricia Medina Jiménez

causada del 20 de agosto al 11 de noviembre de 2006; iv) ordenarle la devolución de los
valores pagados por concepto de las pólizas que adquirió para la ejecución de los
contratos y sus adiciones; v) ordenar el reconocimiento y pago de la indemnización de
que trata el artículo 2 de la Ley 244 de 1995; vi) declarar, para todos los efectos salariales
y prestacionales, la no solución de continuidad durante el tiempo de la prestación de sus
servicios; vii) ordenar su reintegro a un cargo de igual o superior jerarquía; viii) ordenar la
indexación de los valores causados; ix) ordenar el pago de los aportes por concepto de
salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales; y, x) condenar en costas a la
demandada.

1.1.2. Hechos:

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) La señora Aída Patricia Medina Jiménez prestó sus servicios como médico especialista
en auditoria médica, de manera ininterrumpida, en la Policía Nacional – Área de Sanidad
de Boyacá, desde el 1 de junio de 2003 hasta el 30 de junio de 2011, a través de
sucesivos contratos de prestación de servicios que tuvieron una interrupción máxima de
15 días calendario «para darles la apariencia de solución de continuidad».

ii) La labor ejecutada por la demandante se realizó según las instrucciones y bajo el
control exclusivo de la Jefatura de la Clínica de la Policía Regional de Tunja y la Jefatura
del Área de Sanidad de Boyacá, las cuales, permanentemente, le impartían directrices
sobre sus actividades profesionales.

iii) Las actividades desarrolladas por la señora Medina Jiménez eran misionales y debían
ejecutarse dentro de un horario de nueve horas diarias, de lunes a viernes, determinado
por la entidad demandada, el cual, además, era de obligatorio cumplimiento, pues se le
exigía laborar de forma continua y estar con plena disponibilidad cuando las
circunstancias lo requerían.

iv) Durante la ejecución del contrato 18-7-20008 de 2006, la demandante presentó una
licencia de maternidad por 84 días, según acta suscrita el 7 de julio de 2006; sin embargo,
esta nunca le fue reconocida por la entidad demandada.

v) El 11 de abril de 2013,2 presentó derecho de petición ante la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional- Departamento de Policía de Boyacá – Área de Sanidad,
donde solicitó el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las respectivas
prestaciones sociales.

vi) El 25 de abril de 2013, a través del oficio S-2013-020854/COMN-GRUSA-22, el
comandante departamental (Boyacá) de la Policía Nacional negó sus peticiones.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Se citan como normas violadas los artículos 13, 25, 53 y 209 de la Constitución; 32 de la
Ley 80 de 1993; 2 del Decreto 165 de 1997; 48 de la Ley 734 de 2002; y las sentencias

2
De acuerdo con el documento en cita, que obra folios 47 al 58 del cuaderno de pruebas, este fue radicado el 11 de abril de 2013.

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Radicado: 15001-23-33-000-2013-00636-01
Demandante: Aída Patricia Medina Jiménez

0056 de 2010 del Consejo de Estado y C-171 de 2012 de la Corte Constitucional.

Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado de la parte demandante sostuvo lo
siguiente:

i) Con el acto administrativo demandado se incurrió en desviación de poder, porque la
demandante tuvo que terminar su vinculación contractual por «motivos personales»
ocasionados por «presiones de su superior, al no dejar que realizara sus labores como
auditora médica de calidad del departamento de Boyacá (…) [con lo cual] desconoció sus
derechos emanados de la relación laboral».

ii) Se han vulnerado las normas citadas, porque fueron utilizados los servicios personales
de la señora Medina Jiménez para el desarrollo de una actividad misional, en el servicio
público de salud prestado por la Clínica de la Policía Nacional – Seccional Boyacá, y en
las mismas condiciones que los demás empleados públicos de sus mismas calidades.

iii) Aunque el objeto de los contratos haya sido la prestación de servicio como auditora
médica, no se puede descartar la existencia de una relación laboral encubierta, pues no
existió autonomía o independencia de la demandante, las cuales son características de
ese negocio jurídico.

iv) Por todo lo anterior, la realidad que subyace entre la señora Medina Jiménez y la
demandada es la de una auténtica relación laboral, la cual se extendió por un periodo
continuo de ocho años; razones suficientes para que se acceda a las pretensiones de la
demanda.

1.2. Contestación de la demanda3

La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por conducto de apoderado, se opuso
a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se resumen a continuación:

i) Entre la demandante y la demandada no se configuró una relación de tipo laboral, por lo
que no existe prueba siquiera sumaria de la presunta subordinación. En todo caso, lo que
hubo fue una simple coordinación entre las partes, para articular la forma y el tiempo en
que la entidad iba a recibir el servicio contratado.

ii) No es cierto que se le impusiera el cumplimiento de horarios o condiciones que
limitaran su autonomía; prueba de ello es que la actora suscribió otros contratos con otras
entidades del Estado durante el mismo lapso en que ejecutó los celebrados con la Policía
Nacional.

iii) El acto administrativo demandado goza de plena legalidad, pues tuvo fundamento en el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 10 de 1990, según las cuales, para garantizar
la continuidad en la prestación de los servicios públicos, en este caso, el de salud, la
Administración, en función de su objeto social y a la estructura de la planta de personal,
puede contratar la ejecución de procesos especializados en razón de la ausencia de
personal que los asuma.

3
Folios 61 al 73 del cuaderno 4.

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Radicado: 15001-23-33-000-2013-00636-01
Demandante: Aída Patricia Medina Jiménez

iv) Con base en la citada Ley 80 de 1993, los contratos de prestación de servicios
celebrados con la demandada no generan relación laboral o prestaciones sociales, razón
por la cual no fue posible acceder a las solicitudes que aquella presentó en vía
administrativa.

v) En definitiva, no puede concluirse que la demandante haya sido sujeto de una relación
de dependencia con la Policía Nacional; en cambio, dicha relación puede entenderse a
partir de una necesidad de organización de actividades, para la correcta ejecución de las
obligaciones de la contratista como médico especialista en auditoría médica.

v) En ese orden de ideas, propuso como excepciones las de legalidad del acto
administrativo, inexistencia del derecho reclamado, coordinación de actividades,
inexistencia de causales de anulación del acto y, la genérica.

1.3. La sentencia apelada4

El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia proferida el 22 de octubre de
2015, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se
pronunció en estos términos:

i) Está demostrado que la demandante prestó sus servicios como médico general y
médico auditor, en la Policía Nacional, mediante los respectivos contratos estatales, entre
el 1 de julio de 2003 y el 30 de marzo de 2011.

ii) Al analizar las pruebas, se pudo establecer que, si bien la demandante suscribió con la
Policía Nacional distintos contratos de prestación de servicios, durante el período
contractual se vio inmersa en una relación laboral por la configuración de los siguientes
elementos:

a) Prestación personal del servicio y remuneración, comoquiera que reposan en el
expediente las actas de liquidación de cada uno de los contratos que dan cuenta del pago
del valor pactado en ellos, así como distintas constancias suscritas por parte del jefe o la
jefe del Área de Sanidad del Departamento de Policía de Boyacá que demuestran el
«cabal cumplimiento del objeto contractual por parte de la médico Aída Patricia Medina
Jiménez».

b) Subordinación, la cual queda probada a partir de los testimonios de las señoras Martha
Elena Correa Chaparro, Sandra Yadira Monroy Vargas y Luz Mila Parra Mantilla, quienes
afirmaron que la demandante realizaba idénticas labores que el personal de planta de la
entidad; debía cumplir con un horario de 8 horas diarias de lunes a viernes; que tanto las
instalaciones como el material que utilizaba para prestar su servicio era propiedad de la
demandada; y que, para ausentarse de su lugar de trabajo, debía informar al jefe de
Sanidad y luego recuperar ese tiempo. Además, la documental aportada confirma que a la
actora le realizaban llamados de atención y le imponían funciones adicionales a las
pactadas en los contratos.

4
Folios 228 al 245.

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Demandante: Aída Patricia Medina Jiménez

c) Continuidad o ánimo de permanencia de las funciones desempeñadas por la
demandante, toda vez que la prestación del servicio de salud es la actividad misional de la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y de las diferentes áreas de Sanidad
establecidas en el territorio nacional; por lo que «requieren permanentemente de médicos
que atiendan en consulta por medicina general y de especializados en otras áreas que
garanticen la calidad del servicio».

iii) Las razones anteriores llevan a concluir que la demandante no desarrolló funciones
meramente temporales, pues duró vinculada por ocho años, prestando servicios
necesarios e inherentes al objeto misional de la entidad; y si bien es cierto que la
normativa nacional prevé la contratación de personas naturales para atender funciones
propias de los empleados de planta, también lo es que esta prerrogativa es excepcional y
solo puede llevarse a cabo de manera temporal.

iv) Configurados los elementos de la relación laboral, debe declararse la nulidad del acto
demandado y ordenarse, a título indemnizatorio, el pago de los salarios y prestaciones
sociales reclamados entre el 1 de julio de 2003 y el 30 de junio de 2011 «(salvo la
prestación de servicios del 16 de marzo de 2007 al 31 de marzo de 2008, que sí lo fue
como contratista del Estado)», tomando como base de liquidación el valor pactado en los
contratos y el consecuente cómputo de ese tiempo para efectos pensionales, para lo cual
la entidad hará las respectivas cotizaciones y, de la suma a pagar, realizar los respectivos
descuentos de ley que correspondan al trabajador.

v) Por su parte, corresponde declarar de oficio la prescripción extintiva para los derechos
prestacionales y sociales anteriores al 11 de abril de 2010, toda vez que entre la
celebración del contrato que finalizó el 1 de diciembre de 2009 y la del siguiente, hubo
solución de continuidad.

vi) Por último, deben negarse las demás pretensiones de la demanda y no condenarse en
costas.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. De la parte demandante5

La señora Aída Patricia Medina Jiménez, a través de su apoderado judicial, formuló la
alzada contra la sentencia de primer grado, al considerar erróneas la declaración oficiosa
de la prescripción y la negativa sobre la existencia de la relación laboral para el período
comprendido entre el 16 de marzo de 2007 al 31 de marzo de 2008. Al respecto, precisó
lo siguiente:

i) En cuanto a la prescripción, esta no tuvo lugar, pues el tribunal «omitió incluir en su
listado el contrato No. 18-7-20344 de 2009, celebrado el 23 de noviembre de 2009 y cuyo
plazo de ejecución fue de 6 meses 29 días, iniciando el 2 de diciembre de 2009». Por lo
tanto, no es cierto que la señora Medina no hubiese prestado sus servicios entre el 1 de
diciembre de 2009 y el 16 de julio de 2010, razón por la cual el término de prescripción

5
Folios 249 al 258.

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debió computarse a partir del 30 de junio de 2011, fecha en la cual concluyó el último de
los contratos.

ii) Respecto de la inexistencia de la relación laboral entre el 16 de marzo de 2007 al 31 de
marzo de 2008, soportada, según el tribunal, en que la demandante también prestaba sus
servicios para el Ejército Nacional en horas de la tarde, debe considerarse que «el
cumplimiento de sus funciones no puede determinarse ni medirse únicamente con el
cumplimiento de un horario», pues existen otras circunstancias que sí lo prueban.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que: «tanto los médicos de contrato, como los de
planta, debían atender funciones similares, tales como la emisión de conceptos técnicos
cuando lo solicitaran sus superiores, participar en equipos interdisciplinarios por orden de
la institución, prescribir únicamente con nombres genéricos los medicamentos que se
encontraban incluidos en el manual de medicamentos y solicitar autorización previa al
comité técnico-científico del área de Sanidad (…)»; todo lo cual demuestra la falta de
autonomía y la subordinación de la demandante.

iii) En razón de lo anterior, solicitó declarar no probada la excepción de prescripción, la
nulidad total del acto administrativo demandado, ordenar a la demandada el
reconocimiento y pago de las prestaciones laborales y sociales entre el 1 de julio de 2003
y el 30 de junio de 2011 y condenarla al pago de costas y agencias de derecho.

1.4.2. De la parte demandada6

La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por conducto de apoderado,
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y solicitó revocarla
en su totalidad, con base en los siguientes argumentos:

i) Las declaraciones de los testigos no resultan concluyentes sobre la existencia de
subordinación entre las partes, pues de ellas no es posible determinar con grado de
certeza si, efectivamente, la señora Medina Jiménez cumplía órdenes de la entidad
demandada; solo dan cuenta de que las actividades desarrolladas por la actora estaban
sujetas a las directrices generales para la prestación del servicio, lo cual es «una situación
normal en este tipo de vinculación contractual».

ii) De igual manera, los testimonios no ofrecen claridad respecto del cumplimiento de un
horario, ya que las deponentes «tampoco prestaban sus servicios todos los días y todo el
día como para que afirmen, con la precisión que lo hicieron, tal situación».

iii) No se comparte la manifestación efectuada por el a quo según la cual las actividades
desarrolladas por la demandante eran permanentes o del objeto misional de la entidad,
pues no tuvo en cuenta que «cada uno de los contratos contaba con un tiempo de
ejecución determinado y que la contratación de esta clase de servicios profesionales se
encuentra legalmente autorizada».

6
Folios 430 al 439.

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iv) Por último, debe considerarse que en la ejecución de los contratos se respetó la
autonomía de la demandante, comoquiera que «las actividades exigidas no abarcaban
una jornada de las que normalmente se cumple en otro tipo de relaciones contractuales».

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. De la demandante7

A través de memorial presentado el 10 de febrero de 2017, la señora Aída Patricia Medina
Jiménez, por conducto de apoderado, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y
en el recurso de apelación. En ese sentido, insistió en la existencia de una relación de
trabajo continuada «por más de 7 años», donde la demandante recibía una remuneración
mensual, prestaba sus servicios de forma personal y estuvo sometida a subordinación al
igual que «un funcionario de planta de la entidad». Por todo ello, solicitó modificar el fallo
de primera instancia, no declarar la prescripción y, en consecuencia, reconocer el vínculo
laboral desde el 1 de julio de 2003 hasta el 30 de junio de 2011.

1.5.2. De la demandada8

Mediante memorial de fecha 17 de febrero de 2017, la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, a través de su apoderado, insistió en los mismos argumentos que
presentó con el recurso de apelación, al considerar inexistente la subordinación y,
consecuente con ello, la legalidad de los contratos de prestación de servicios suscritos
entre las partes.

1.5.3. El ministerio público guardó silencio, según constancia secretarial visible en el
folio 370.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Conforme al artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer
del presente litigio, en segunda instancia. Por su parte, en atención al contenido del
artículo 328 del Código General del Proceso, cuando ambas partes hayan apelado, el
superior resolverá sin limitaciones, como ocurre en el presente caso.

2.2. Problema jurídico

En esta instancia, corresponde a la Sala resolver las siguientes cuestiones: i) si entre la
señora Aída Patricia Medina Jiménez y la parte demandada existió una relación laboral
encubierta o subyacente. De ser así, si tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones laborales y sociales que solicita; y, ii) en caso de comprobarse la relación
laboral, determinar, de acuerdo con los lineamientos de la sentencia SUJ-025-CE-S2-
2021 de 9 de septiembre de 2021, si debe declararse la prescripción extintiva frente a
alguno o todos los periodos de vinculación del demandante.

7
Folios 328 al 360.
8
Folios 367 al 369.

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2.3. Marco normativo y jurisprudencial

De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de septiembre
de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco normativo y
jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes es el siguiente:

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo
que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los artículos 13 y 25
ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y el trabajo digno:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades,
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de
oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar sobre derechos
inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; y, vii) primacía de la
realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales.

Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales sobre el
trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la legislación interna
(bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el ámbito del derecho
internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo -OIT-9 a través del principio de «salario igual por un trabajo de
igual valor», el cual fue desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma
organización10, en cuya virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor
se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier
discriminación a este respecto».

Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador:
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos

9
Aprobada el 11 de abril de 1919.
10
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

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9

Radicado: 15001-23-33-000-2013-00636-01
Demandante: Aída Patricia Medina Jiménez

económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de
1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al trabajo como «(...) la
oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del
desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada», de manera que todos
los Estados parte deben garantizar, como mínimo, «(...) unas condiciones justas,
equitativas y satisfactorias (...)», y, en particular «una remuneración que asegure como
mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos
y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas
garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos 1 y 2
del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los Estados parte de
adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno, para efectivizar los derechos
que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni
mucho menos los contratos, los acuerdos o los convenios laborales pueden menoscabar
la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores en Colombia.

Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar que
«no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para
proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva
planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente», define una
característica esencial de las relaciones laborales de naturaleza legal y reglamentaria y
constituye fundamento constitucional para prohibir la suscripción de contratos de
prestación de servicios para vincular personas en el desempeño de funciones propias o
permanentes de las entidades estatales.

A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a nivel legal,
como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la actividad personal
del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador; y, iii) un salario como retribución del servicio.

Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la existencia del
vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta de un estatuto del
trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto con los
principios fundamentales del artículo 53 superior, para hacer efectiva la garantía de los
derechos de las personas que se relacionan laboralmente con el Estado.

2.3.1. El contrato estatal de prestación de servicios

El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de gestión
pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para satisfacer
sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, es un tipo de negocio
jurídico que expresamente recoge el estatuto general de contratación pública; se trata, por
tanto, de un contrato típico, pues está definido en el numeral tercero del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, que establece lo siguiente:

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos

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contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán
por el término estrictamente indispensable.

Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales
destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios 855 de
1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de 2008, 2025 de
2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas, subrogadas, derogadas
e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015,11 cuyo Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne,
hoy en día, la mayor parte de las disposiciones reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y
1150 de 2007.

Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario que
complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta corporación,
se pueden considerar como características del contrato estatal de prestación de servicios
las siguientes:

i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para desarrollar
«actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», y no cabe
su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes de esta.

ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos casos, la
entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».12

iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que «En
ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».13

A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y contratista es
una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a
las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede
ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus
superiores, o tener que reportar informes.

2.3.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente por contratos de prestación de servicios

Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos de
prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la obligación
de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de esta corporación y de

11
«Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional»,
12
Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un apoyo externo por exceso
de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento especializado necesario para llevar a buen término la
actividad encomendada a la entidad.
13
Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que en la práctica se configure
una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo rige el principio de prevalencia de la realidad
sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo
inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles,
salvo que se acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».

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la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es aplicable cuando se
demuestran los elementos configurativos de un contrato de trabajo.

Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la prevalencia de la
realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que, si bajo el ropaje externo
de un contrato de prestación de servicios se esconde una auténtica relación de trabajo,
esta da lugar al surgimiento del deber de retribución de las prestaciones sociales a cargo
de la Administración. No obstante, aun cuando se acrediten los mencionados elementos
del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una relación
laboral, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado publico a
quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el articulo 122 de
la Carta Política.14

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones como
parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada vinculación
contractual.

2.3.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de servicios
profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del objeto del contrato y
de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten contratar a la persona
natural o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo. No obstante, al ser un contrato
temporal, el término por el cual se celebra debe estar consignado en los estudios previos
dentro del objeto contractual.

Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:

(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con un
mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos inequívocos de
identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos ellos forman parte de una
misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y permanente, que desborda el
«término estrictamente indispensable» del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los demandantes
deberán demostrar, con fundamento en los estudios previos y demás documentos
precontractuales y contractuales, que el objeto de dichos contratos, las necesidades que se
querían satisfacer, las condiciones pactadas al momento de su celebración y las
circunstancias que rodearon su ejecución, develan la subyacencia de una verdadera relación
laboral encubierta y el consiguiente desconocimiento de sus derechos laborales y
prestacionales, por haber fungido, en la práctica, no como simples contratistas, autónomos e
independientes, sino como verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de
raigambre funcionarial.

2.3.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo
del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de servicios,
pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de
órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos de
organización y someterlo a su poder disciplinario. No obstante, la subordinación es un

14
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-05650-01(0924-
09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez

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concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el
modo de prestación del servicio.15

A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las siguientes
circunstancias:

i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad para
que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva
realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena estimó necesario
matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe valorarla, en cada caso concreto,
atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada de
trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación, y, por
consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) habitualmente
requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien
la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la
existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función
del objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de la
exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de
disciplina o del ius variandi,16 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento
de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción en el
círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta
ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de
su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un
ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio
claro de subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas
los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de
la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado consista en el
cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes
a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad,
puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre
y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la
relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

2.3.2.3. Prestación personal del servicio. La labor encomendada al presunto contratista
debe ser prestada de forma personal y directamente por este;17 pues, gracias a sus
capacidades o cualificaciones profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo
que, dadas las condiciones para su ejecución, el contratista no pudo delegar el ejercicio
de sus actividades en terceras personas.18

2.3.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha debido
recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad contratante

15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado 08001-23-33-000-2013-00074-
01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.
16
A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y 55.
17
Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo] «La actividad
personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
18
Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1 de marzo de 2018;
radicado 2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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fue la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo o periódico de la
remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el nombre de honorarios,
los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que, por dicho concepto, enseñen
los montos que correspondan a la prestación del servicio contratado.

2.3.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021

2.3.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude el
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase precontractual, pues
es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para su
ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo necesario
para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto al principio de
planeación, que encuentra su manifestación práctica «en la elaboración de los estudios
previos a la celebración del negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar
motivadas con suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un
contrato de prestación de servicios».19

En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta del
contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos contenidos en
los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera que el contratista
cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan, sin
perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para garantizar su
cumplimiento.

Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está relacionado
directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la formulación de los
documentos que conforman la etapa precontractual, en cada proceso de selección
pública, es manifestación de una correcta y trasparente planeación. En este sentido, la
exigencia de introducir un «término estrictamente indispensable» para la ejecución del
objeto convenido en la etapa precontractual no es un requisito de forma; es un elemento
esencial del principio de planeación –y en consecuencia del de legalidad- en cuanto
determina la duración del negocio jurídico.20

2.3.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un periodo de treinta
(30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre
contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una
«camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los
elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o
no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las siguientes
recomendaciones:

Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de
1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una misma

19
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013; radicado 11001-03-26-000-2011-00039-
00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
20
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.

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persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una auténtica
relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el contrato anterior
y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie la ejecución del
otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y cuando se constate
que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares
y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades.

Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los efectos
jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de haberse
presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de los
derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el evento contrario, el
juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto de algunos de los
contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el reconocimiento de los
derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen podido generarse.

Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre periodos
contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia de Unificación
del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P. Carmelo Perdomo
Cuéter], la cual estableció, a efectos de declarar probada la excepción de prescripción en
los contratos de prestación de servicios», lo siguiente:

(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización,
puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la
vocación de permanencia en el servicio.

[...]

(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de
la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término
de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas
fuera del texto)

En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral encubierta o
subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando no se presenta la
reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los 3 años siguientes a la
terminación del vínculo develado como laboral.21

2.3.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró
«improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud
efectuados por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes obligatorios de
naturaleza parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista debe sufragar dicha
contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, y, por lo tanto, no es
procedente ordenar su devolución, aunque se haya declarado la existencia de una
relación laboral encubierta.

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos de los
artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270 y 271
ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial y

21
En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el término de la solución de
continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración deba ser examinada.

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administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
parámetros.

2.4. Hechos probados

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:

2.4.1. Sobre la relación que alega la demandante

i) Entre la señora Aída Patricia Medina Jiménez y la Policía Nacional – Departamento de
Policía de Boyacá se celebraron los siguientes contratos de prestación de servicios:

Contrato núm. Inicio Finalización Objeto Folios
«La contratista prestará sus servicios profesionales
como médico general, en el Área de Sanidad a los 23-26 y 38-
18-7-20128+AD 01/07/2003 31/12/2003
usuarios y beneficiarios de la Policía Nacional – C322
Departamento de Policía Boyacá (…)».
18-7-20040+AD 15/01/2004 28/02/2005 Ibídem
66-67-C3
18-7-20029 02/03/2005 31/05/2005 Ibídem
108-111-C3
18-7-20246 14/06/2005 30/11/2005 Ibídem 121-126-C3

18-7-20445 01/12/2005 28/02/2006 Ibídem
134-140-C3
18-7-20008 01/03/2006 09/02/2007 Ibídem
144-149-C3
18-7-20006 16/03/2007 11/08/2007 Ibídem
174-177-C3
18-7-20197 15/08/2007 31/03/2008 Ibídem
194-197-C3
18-7-20089 16/04/2008 31/09/2008 Ibídem
226-229-C3
«La contratista se compromete con la Dirección de
Sanidad Área Sanidad Boyacá, a prestar sus
servicios profesionales como médico auditor en
garantía de calidad para el desarrollo de las
actividades descritas en la justificación hecha por
parte de la dependencia que requiere los servicios, 261-264-C3
18-7-20231 01/10/2008 28/02/2009
en los formatos establecidos para tal fin, los cuales
forman parte integrante del presente contrato, con
oportunidad, eficiencia, eficacia en la Clínica de la
Policía Regional de Tunja, en las condiciones que
determine el contratante, de acuerdo con sus
necesidades y programación establecida.
18-7-20055 12/03/2009 01/12/2009 Ibídem
286-289-C3
18-7-20344 23/11/2009 30/06/2010 Ibídem
222-227-C2
18-7-20142+AD 08/07/2010 28/02/2011 Ibídem
320-323-C3
18-7-20120 11/03/2011 30/06/2011 Ibídem
347-350-C3

ii) El 31 de octubre de 2004, el jefe de Sanidad «DEBOY», a través del oficio 341
YGRUSA, solicitó lo siguiente:

22
Cuaderno de antecedentes administrativos.

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16

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Comedidamente solicito a la señora intendente coordine con la Doctora Aída Patricia
Medina, el jefe Rafael Fajardo, para realizar concepto de experiencia, documentos,
disponibilidad y conocimientos de los profesionales seleccionados, para ingresar a laborar
en el Área de Comité Interdisciplinario (Trabajo Social), área de hospitalización (dos
auxiliares de enfermería) y para el área de urgencias (un médico), lo anterior se requiere
con un plazo de 041104, para tomar decisiones y exponer ante el comando de
Departamento.23

iii) El 14 de febrero de 2005, la jefe de Sanidad «DEBOY», mediante oficio 062 dirigido a
la señora Medina Jiménez, señaló lo siguiente:

Comedidamente, me permito recordar a la señora profesional que el Comando y el
Subcomando de Departamento definen plazos para dar cumplimiento en pro de nuestros
usuarios, el hecho de no cumplir con los mismos acarrea anotaciones en el respectivo folio
de vida. Lo anterior para conocimiento y cumplimiento.24

iv) El 24 de agosto de 2006, la señora Aída Patricia Medina Jiménez solicitó la suspensión
del contrato vigente 18-7-20008-06, por licencia de maternidad, del 20 de agosto al 11 de
noviembre de 2006.25

v) El 10 de noviembre de 2006, entre el comandante del Departamento de Policía de
Boyacá y la señora Medina Jiménez se suscribió «acta de reiniciación del contrato de
prestación de servicios número 18-7-20008-06», a partir del 14 de noviembre de 2006.26

vi) El 30 de junio de 2011, se suscribió entre las partes la terminación anticipada, por
mutuo acuerdo, del contrato de prestación de servicios 18-7-20120-11, a partir del 1 de
julio de 2011.27

vii) El 5 de mayo de 2014, en la celebración de la audiencia de pruebas,28 se recibieron
los testimonios de las señoras Martha Elena Correa Chaparro, Sandra Yadira Stella
Monroy Vargas y Luz Mila Parra Mantilla, quienes, en lo relevante para el caso,
declararon lo siguiente:

a) Martha Elena Correa Chaparro, médico general, especialista en salud ocupacional y,
al momento de la declaración, labora en el Sena Regional Boyacá. Afirmó conocer a la
demandante porque trabajó en el Área de Sanidad de la Policía Nacional de Boyacá,
donde aquella «los visitaba más o menos cada dos o tres meses» (años 2007 a 2008)
para realizar la auditoría médica de calidad (les daba capacitaciones). Posteriormente,
cuando entró a trabajar en la Clínica de la Policía Nacional, laboró conjuntamente con la
señora Medina Jiménez «en la misma oficina», donde cumplían un horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., de lunes a viernes. Sostuvo que el control de la
Clínica estaba a cargo del jefe del Área de Sanidad de Boyacá y el comandante de
Departamento, los cuales hacían cumplir los lineamientos que establecía la Policía
Nacional y les supervisaban el cumplimiento de sus obligaciones de forma escrita y
verbal. Asimismo, indicó que en el Área de Sanidad existían funcionarios de planta que
debían atender las mismas directrices que les impartían a los contratistas.

23
Folio 78 del C3.
24
Folio 65 del C3.
25
Folio 162.
26
Folio 163.
27
Folios 357-358 del C3.
28
CD folio 121.

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17

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En este punto de la diligencia, la apoderada de la parte demandada solicitó la tacha de la
testigo, por cuanto esta tiene adelantado un proceso contra la entidad con idénticas
pretensiones.

b) Sandra Yadira Stella Monroy Vargas, médico cirujana, especializada en
epidemiología. Adujo conocer a la actora, porque laboró con ella en la Clínica de la Policía
(Tunja) desde el año 2004. Asimismo, sostuvo que la señora Medina Jiménez comenzó
como médico general en el área de Urgencias y Consulta Externa de la Clínica, donde
cumplía un horario («de tiempo completo») de «8 a 12 y de 2 a 6». Luego, que la
demandante inició a laborar como médico auditora, servicio que también desarrollaba
sujeto a un horario de «8 a 12 y de 2 a 6», el cual era obligatorio, pues debía registrarse
«en la guardia la hora de entrada y de salida»; además, que frecuentemente (de forma
verbal o escrita) se les advertía que su incumplimiento acarreaba la no renovación del
contrato.

En cuanto a si recibían órdenes de la entidad, afirmó que la demandante las recibía de la
Dirección de la Clínica y del Área de Sanidad, las cuales estaban relacionadas con «todas
las actividades interdisciplinarias» que tenía a cargo. Además, que la actora debía
desplazarse a varios distritos por requerimiento de las directivas, en la mayoría de las
veces, asumiendo el costo del transporte. Asimismo, cuando por fuerza mayor tenía que
ausentarse de su trabajo, debía «avisar inmediatamente» a las directivas y explicar el
motivo por el cual se ausentaba.

Finalmente, indicó que tanto las instalaciones físicas como el material que utilizaban para
ejercer sus labores pertenecían a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

c) Luz Mila Parra Mantilla, enfermera jefe, fue la coordinadora de Promoción y
Prevención en la Clínica de la Policía, donde trabajó desde el 2005 hasta 2011. Sostuvo
conocer a la demandante, porque laboró con ella en la Clínica, en la cual la señora
Medina ejerció como auditora médica.

En cuanto a las funciones de la actora, señaló que estas dependían de «un plan de
trabajo» que debían elaborar según unas «órdenes de servicio», sin las cuales «no
podían salir de su lugar de trabajo» y previo el visto bueno de las directivas de la Clínica.
Además, indicó que para los desplazamientos les concedían unos viáticos, pero no les
facilitaban el transporte. Todo ello le consta, porque acompañaba a la señora Medina en
sus diligencias de auditora a otros distritos.

Por su parte, en cuanto al cumplimiento de un horario, sostuvo que la demandante, como
todos los contratistas, debían acatar un horario de 7:30 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:00 p.m. a
6:00 p.m., y que incluso «les tocaba pasar un plan de a las 8 tal cosa (sic) a las 10 tal otra
(sic)», cuya vigilancia estaba a cargo de la jefe de la Clínica.

Finalmente, precisó que en la Clínica de la Policía existían médicos generales y
especialistas de planta, todos los cuales tenían las mismas obligaciones que los
contratistas.

2.4.2. En relación con la reclamación en sede administrativa

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Demandante: Aída Patricia Medina Jiménez

i) El 11 de abril de 2013, la señora Aída Patricia Medina Jiménez presentó derecho de
petición ante el comandante de la Policía de Boyacá, donde solicitó el reconocimiento de
la relación laboral y el pago de las correspondientes prestaciones sociales.29

ii) El 25 de abril de 2013, a través del oficio S-2013-020854/COMN-GRUSA-22,30 el
comandante departamental de la Policía Nacional negó sus peticiones.

2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

Los recursos de apelación se formulan contra la sentencia del Tribunal Administrativo de
Boyacá, de 22 de octubre de 2015, a través de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada contra
el oficio S-2013-020854/COMN-GRUSA-22, de 25 de abril de 2013, que negó a la
demandante el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, así como el pago
de las respectivas acreencias laborales derivadas de esta.

Teniendo en cuenta que ambas partes presentaron el recurso de apelación, para resolver
la alzada, se debe contestar a los siguientes interrogantes.

2.5.1. Primero: ¿Existió entre la demandante y la Policía Nacional – Área de Sanidad
Boyacá una relación laboral encubierta que permita el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales que no devengó durante el tiempo en que permaneció
vinculada contractualmente?

Pues bien, para el análisis de los elementos constitutivos de una relación laboral, se tiene
lo siguiente:

2.5.1.1. Prestación personal del servicio. De acuerdo con los objetos contractuales
citados en precedencia, la demandante se desempeñó entre los años 2003 a 2011 como
médica general y médica auditora al servicio de la Clínica de la Policía de Boyacá, de lo
cual se infiere que la prestación de sus servicios fue personal, pues, de acuerdo con las
reglas de la experiencia, dicha actividad debe ser prestada por sujetos cualificados, es
decir, por personal que hubiese acreditado las condiciones profesionales requeridas para
llevar a cabo la labor. En tal sentido, y dados los requisitos de ejecución de los contratos
de prestación de servicios, se observa que se trata de actividades que no podían ser
delegadas o encomendadas a un tercero por parte de quien las ejecutaba.

2.5.1.2. Remuneración. A la señora Aída Patricia Medina Jiménez se le cancelaban
periódicamente las sumas reconocidas a título de honorarios en los diferentes contratos
de prestación de servicios. Ello se advierte, principalmente, de las cláusulas relacionadas
con: i) el valor de los contratos; y ii) la forma de pago en la cual se estipulaban los montos
mensuales que recibiría la demandante por los servicios prestados, luego de cumplir con
determinado número de horas mensuales.

29
Folios 47 al 58 del C2.
30
Folios 44 al 46 del C2.

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Demandante: Aída Patricia Medina Jiménez

2.5.1.3. Subordinación continuada. Siguiendo los lineamientos consolidados en la
mencionada sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, en el presente caso
son indicios de la subordinación continuada los siguientes:

i) El lugar de trabajo. De conformidad con los testimonios recibidos, así como con el
objeto de los contratos de prestación de servicios celebrados entre la actora y la entidad
demandada, eran las instalaciones físicas de la Clínica de la Policía y del Área de
Sanidad de Boyacá, con sede en Tunja.

ii) El horario de labores. Según los testimonios recibidos de Martha Elena Correa
Chaparro, Sandra Yadira Stella Monroy Vargas y Luz Mila Parra Mantilla, era de ocho
horas diarias («jornada completa»), de lunes a viernes, con un horario de 8:00 a.m. a
12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., cuyo cumplimiento era condición para los pagos
mensuales e, incluso, sobre este debía presentarse un informe con las actividades
realizadas en cada hora. En el mismo sentido, en la cláusula cuarta de los contratos se
consignaba, como obligación para el pago de los honorarios, «un tiempo no inferior a 44
horas semanales».

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. La parte demandada
sustentó su recurso de apelación sobre la base de que, entre otros, en el plenario no
obran elementos de juicio suficientes para determinar una relación de dependencia con la
entidad; además, que la señora Medina Jiménez desarrolló actividades en el marco de
contratos de prestación de servicios avalados por la ley, que las entidades pueden utilizar
para el cumplimiento de los fines estatales.

Pues bien, sobre el particular vale la pena señalar que aunque la de médico es una
profesión de las denominadas liberales, a partir del análisis de los oficios relacionados en
los hechos probados segundo y tercero, así como de las declaraciones de las testigos, la
Sala observa que las actividades de médica general y médica auditora, desarrolladas por
la demandante a lo largo de ocho años, debían llevarse a cabo en estricta atención a los
lineamientos establecidos por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, la Clínica de
la Policía de Boyacá y sus funcionarios; esto es, bajo los parámetros, planes, programas y
procesos establecidos para el sector salud, y con sujeción a las directrices de un superior,
cual era, en la mayoría de los casos, el comandante de Departamento.

De igual manera, se advierte que la señora Medina Jiménez ejerció funciones como
médica general contratista al servicio de la Dirección de Sanidad – Área Sanidad Boyacá,
en el marco de, entre otras, las siguientes obligaciones contractuales:

1) Atender consulta en cualquier establecimiento de sanidad policial donde le sea
programada, con los estándares mínimos establecidos por la Dirección de Sanidad. 2)
prescribir los medicamentos en forma genérica incluidos en el plan de salud del subsistema
de salud de la Policía Nacional. Cuando un paciente requiera un medicamento que no se
encuentra en el vademécum vigente, el profesional debe solicitar autorización previa al
comité técnico-científico de autorización para medicamentos de la Dirección de Sanidad
para su prescripción en el formato vigente para tal fin. 3) solicitar en forma genérica los
elementos requeridos por los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional con
base en los cuadros básicos adoptados por la Dirección de Sanidad para su compra. 4)
llevar los registros de atención diaria de procedimientos, actividades e intervenciones, así
como aquellos registros necesarios para el cumplimiento de los procesos de costos y
facturación. 5) cumplir con las exigencias legales y éticas para el adecuado manejo de la

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Demandante: Aída Patricia Medina Jiménez

historia clínica de los pacientes. 6) realizar las actividades y procedimientos diagnósticos y
terapéuticos señalados para el manejo de patologías establecidos dentro del plan integral
del subsistema de salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (Acuerdo 002 de
2001 y subsiguientes), observando las normas propias de su profesión, activada u oficio. 7)
colaborar y propender por el cuidado de los recursos de la entidad (físicos, técnicos,
económicos, incluida la propia intelectual y derechos de autor), y elementos entregados por
la Dirección de Sanidad para la debida ejecución de las actividades convenidas y a no
utilizarlos para fines y lugares diferentes a los contratados y devolverlos a la institución a la
terminación del presente contrato (…). 8) contribuir con el desarrollo del establecimiento de
sanidad policial donde presta sus servicios, revisando y mejorando los procesos de
atención a fin de ofrecer un servicio eficiente de calidad los usuarios (…). 10) participar en
la definición estandarización y actualización de los protocolos instrumentos metodológicos
de manejo y atención de pacientes en las áreas de atención, promoción, prevención y
rehabilitación, con el fin de garantizar la calidad de la presión de los servicios. 11) rendir los
informes que la Dirección de Sanidad requiera en los plazos determinados (…). 14)
participar en los programas docentes asistenciales que desarrolle la Dirección de Sanidad
mediante convenios con centros educativos o de formación (universidades, institutos, EPS,
IPS, etc.). 15) emitir los conceptos que se le requieran, incluidos los solicitados por el área
de medicina laboral sobre patologías y posibles secuelas de los usuarios del subsistema
de salud de la Policía Nacional, incluyendo incorporación ascenso o retiro. 16) hacer parte
de los comités académicos, administrativos, de casos especiales, de juntas médico-
quirúrgicas, estructuradores y de evaluación de las contrataciones administrativas que lleva
a cabo la Dirección de Sanidad – Área Sanidad Boyacá, para los cuales se ha designado,
asumiendo las obligaciones establecidas en el acto de designación, sin perjuicio del
cumplimiento de sus obligaciones contractuales (…). 18) participar en el diseño,
implantación, ejecución y evaluación de los programas en salud ocupacional, salud
operacional, medicina del trabajo, atención, promoción, prevención, protección,
recuperación y rehabilitación en el ámbito nacional, según sus competencias y área de
desempeño (…).

Asimismo, la demandante también ejerció funciones como médica auditora contratista al
servicio de la Dirección de Sanidad – Área Sanidad Boyacá, cumpliendo, entre otras, las
siguientes obligaciones contractuales:

1) contribuir con el desarrollo del establecimiento de sanidad policial donde presta sus
servicios, revisando y mejorando los procesos de atención, a fin de ofrecer un servicio
eficiente de calidad de los usuarios. 2) colaborar y propender por el cuidado de los
recursos de la entidad (físicos, técnicos, económicos, incluida la propia intelectual y
derechos de autor) y elementos entregados por la Dirección de Sanidad - Área Sanidad
Boyacá, para la debida ejecución de la actividades convenidas, y a no utilizarlos para fines
en lugares diferentes a los contratados y devolverlos a la institución a la terminación del
presente contrato. Asimismo, se responsabiliza de los daños o perdidas que sufran estos,
a excepción del deterioro natural por el uso, de acuerdo con lo estipulado en los artículos
2202, 2203 y 2204 del Código Civil (…). 5) hacer parte de los comités académicos,
administrativos, de casos especiales, de juntas médico-quirúrgicas, estructuradores y de
evaluación de las contrataciones administrativas que lleva a cabo la Dirección de Sanidad
– Área Sanidad Boyacá, para los cuales se ha designado, asumiendo las obligaciones
establecidas en el acto de designación, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales (…).

El anterior componente obligacional permite evidenciar la extensión de las actividades
desarrolladas por la demandante más allá de la simple atención del servicio de medicina
general y de auditoría médica, esto es, a la asistencia en otros trámites administrativos,
de prevención y promoción de salud, capacitación e integración de comités que son
propios de la misión de la entidad demandada. Además, da cuenta de la dependencia de
la actora respecto de la demandada a la hora de ejercer su profesión, pues debía solicitar
autorización para la prescripción de medicamentos y para el empleo de instrumentos
genéricos de los usuarios.
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Demandante: Aída Patricia Medina Jiménez

Sumado a ello, coinciden los testigos en afirmar que la señora Medina Jiménez estaba
sujeta a las directrices o lineamientos que establecía la Policía Nacional; en particular,
resulta diciente la declaración de la señora Luz Mila Parra Mantilla, compañera de
actividades de la demandante, que, con claridad meridiana, sostuvo que aquella dependía
de «un plan de trabajo» que debía elaborar según unas «órdenes de servicio», sin las
cuales «no podían salir de su lugar de trabajo», previo el visto bueno de las directivas de
la Clínica de la Policía Nacional.

De las declaraciones recibidas por el a quo también se extrae que, para ausentarse por
cualquier motivo, la demandante debía informar «inmediatamente» a sus superiores y
justificar su inasistencia, lo que permite concluir que la entidad demandada era quien
determinaba los turnos u horarios de los médicos y, a su vez, sustenta que existió
subordinación o dependencia, en tanto que la contratista no podía disponer de su tiempo
en el cumplimiento de las actividades acordadas.

Por su parte, la necesidad de la prestación del servicio en las instalaciones de la
Institución comporta necesariamente la materialización de la misión y del deber funcional
del Área de Sanidad de la Policía Nacional de Boyacá, cual es el servicio de salud, pues
no de otro modo podría requerirse la asistencia permanente del personal médico, en este
caso de la demandante, quien debía atender dicho servicio en las diferentes áreas
asistenciales y en distintos distritos sujetos a su auditoría.

Lo anterior, aunado a que la señora Medina Jiménez debía conformar o integrar las
comisiones de salud, comprueba nuevamente que la entidad se apoyaba en la experticia
y cualidades profesionales de la convocante, a efectos de satisfacer sus necesidades
misionales, por lo que la vinculaba a procesos y procedimientos internos de gestión. En
otras palabras, la demandante estaba inserta en el circulo rector y organizativo de la
entidad, pues el cumplimiento de directrices impartidas por la Policía Nacional en la
prestación de sus servicios médicos, demuestra que sobre ella se ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en las cuales cumplió el objeto contractual.

Ello también se observa de la facultad otorgada a la señora Medina Jiménez para la
administración de los recursos e implementos médicos suministrados por el Área de
Sanidad de Boyacá, de los que, además, le era solicitada la gerencia adecuada y la
reparación o reemplazo, en caso de malgasto o deterioro por causa a ella atribuible.

Las circunstancias hasta aquí descritas dejan entrever que, al margen de otras
obligaciones como las definidas en párrafos anteriores, la entidad demandada ampliaba
sus instrucciones al personal no vinculado legal y reglamentariamente con ella, lo que
encuentra eco en lo narrado por las testigos, quienes indicaron que, pese a existir
médicos generales y especialistas en la planta global de la Institución, se contrataron
profesionales con cualidades similares, sin que en el ejercicio de sus actividades se
evidenciara alguna diferenciación.

Por último, conviene recordar que la subordinación comprende un conjunto de situaciones
que limitan la independencia propia de los contratos de prestación de servicios, como lo
es el sometimiento a instrucciones para la ejecución de las actividades objeto del contrato,
que sobrepasan la relación de simple coordinación para el cumplimiento obligacional; el
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Demandante: Aída Patricia Medina Jiménez

acatamiento de horarios y turnos; la restricción al uso de implementos de oficina o puesto
de trabajo; la limitación para la ejecución de las actividades a las instalaciones de la
entidad o a las designadas por ella; la imposibilidad de gestionar documentación por fuera
de ella; y la necesidad de tramitar permisos o solicitudes para ausentarse, ante
autoridades administrativas o superiores, entre otras.

En ese orden de ideas, para la Sala resulta claro que, contrario a lo aducido por la entidad
demandada, las pruebas allegadas en el curso del proceso permiten dilucidar que si bien
las funciones desempeñadas por la señora Aída Patricia Medina se encontraban
enmarcadas dentro del alcance de los objetos de los contratos de prestación de servicios
suscritos con la Policía Nacional de manera directa, también debió cumplir y acatar
instrucciones y directrices a instancias de esta última, por superiores que determinaban su
desempeño, así como horarios y trámites administrativos que suprimieron el carácter
autónomo e independiente de los contratos de esa naturaleza.

iv) Las actividades o tareas a desarrollar corresponden a las que tienen asignadas
los servidores de planta. Ahora bien, dentro de los argumentos expuestos en el recurso
de apelación, la entidad demandada refirió que la vinculación contractual de la
demandante se debió a la falta de personal para hacer frente a los requerimientos del
servicio de salud; sin embargo, esta necesidad lo que reitera es la desnaturalización del
contrato de prestación de servicios, pues las actividades desarrolladas por la actora son
misionales a la institución y corresponden a aquellas que difícilmente pueden ser
consideradas como actividades esporádicas, en tanto que son necesarias para la
prestación eficiente del servicio público esencial de salud.31

En ese sentido, en la sentencia C-171 de 2012, la Corte Constitucional, respecto de la
potestad de las Empresas Sociales del Estado para contratar la prestación de servicios
por fuera de la planta de personal de las entidades, reiteró los límites constitucionales
trazados sobre la protección de las relaciones laborales y la prohibición de que se
contraten, mediante prestación de servicios, funciones permanentes o propias de
Administración que se puedan desarrollar con personal de planta o que no requieran de
conocimientos especializados, principios que constituyen el marco de referencia para la
celebración de dichos negocios jurídicos.

Así las cosas, no es de recibo para la Sala que la entidad demandada justifique la
vinculación permanente de personal, bajo la modalidad de contratos de prestación de
servicios, al amparo del cumplimiento de su deber constitucional en la prestación del
servicio de salud, o de su situación financiera que, por otro lado, debe ser estructurada y
planeada de conformidad con los lineamientos legales, sin que, de ninguna manera, se
conculquen las prerrogativas de rango superior, como son las garantías laborales.

Bajo las anteriores circunstancias, esta Sala encuentra plenamente acreditados los
elementos esenciales de una relación laboral (subyacente) entre la parte demandante y la
entidad demandada; en consecuencia, considera que la decisión del Tribunal
Administrativo de Boyacá debe ser confirmada en este aspecto.

31
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 5 de julio de 2018.
Radicado:23001-23-33-000-2013-00300-01(2396-16).

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Radicado: 15001-23-33-000-2013-00636-01
Demandante: Aída Patricia Medina Jiménez

2.5.2. Segundo: ¿Se debe declarar la prescripción respecto de alguno o algunos de
los contratos?

Una vez se ha comprobado la existencia de la relación laboral entre la contratista
demandante y la entidad pública demandada, en tanto se ha desvirtuado la naturaleza de
los contratos de prestación de servicios pactados, corresponde determinar si se trató de
una única relación laboral o, por el contrario, se presentó solución de continuidad; es
decir, si fue interrumpida en algún momento.

A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre
de 2021, se estableció que para efectos de la prescripción del derecho solo se tienen en
cuenta los períodos acreditados a través de las vinculaciones o contratos de prestación de
servicios y se aplica el término de 30 días hábiles para determinar la no solución de
continuidad.

2.5.2.1. Existencia de una relación laboral continuada

De acuerdo con los argumentos expuestos por la parte demandante en la apelación, el
tribunal «omitió incluir en su listado el contrato No. 18-7-20344 de 2009, celebrado el 23
de noviembre de 2009 y cuyo plazo de ejecución fue de 6 meses 29 días, iniciando el 2 de
diciembre de 2009»; por lo que no es cierto que no hubiese prestado sus servicios entre el
1 de diciembre de 2009 y el 16 de julio de 2010, razón por la cual el término de
prescripción debió computarse a partir del 30 de junio de 2011, fecha en la cual concluyó
el último de los contratos.

Pues bien, en atención al material probatorio allegado con el expediente, se tiene que,
efectivamente, obra en los folios 222 al 227 del cuaderno 2, el contrato de prestación de
servicios número 18-7-20344-09, con fecha de inició el 23 de noviembre de 2009 y
terminación el 30 de junio de 2010; por lo que, contrario a lo afirmado por el a quo, la
señora Medina Jiménez sí prestó sus servicios al ente demandado para tal período.

Bajo estas circunstancias y siguiendo el criterio acogido en la sentencia de unificación del
9 de septiembre de 2021, se concluye que entre la fecha del primer contrato celebrado,
esto es, el 1 de julio de 2003 y la finalización del último, el 30 de junio de 2011, no se
presentó ninguna interrupción que superara el término de los 30 días hábiles para
considerar configurada la solución de continuidad en el presente caso.

En consecuencia, la Sala revocará el numeral primero de la sentencia del Tribunal
Administrativo de Boyacá, que declaró probada de oficio la prescripción para las
acreencias salariales y sociales anteriores al 11 de abril de 2010, y modificará los
numerales segundo, para declarar la nulidad total del acto administrativo demandado; y
tercero y cuarto para precisar que el reconocimiento de la relación laboral se extiende
para los períodos comprendidos entre el 1 de julio de 2003 y el 30 de junio de 2011.

2.5.3. Tercero: ¿le asiste el derecho a la demandante de la devolución de las sumas
pagadas por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud y
pensiones?

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Radicado: 15001-23-33-000-2013-00636-01
Demandante: Aída Patricia Medina Jiménez

De conformidad con la precitada sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, el
reconocimiento al que hay lugar en materia de seguridad social, específicamente, frente a
los aportes a salud y pensión, comprende únicamente el pago de los porcentajes que
debieron haber sido cotizados por el empleador al fondo de pensión respectivo, durante el
tiempo en que se acreditó la relación laboral.

En efecto, en la mencionada providencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, esta
corporación estableció, en materia de devolución de aportes a salud y pensión, lo
siguiente:

163. En atención a la naturaleza parafiscal de los recursos de la Seguridad Social, el
parágrafo del artículo 182 de la Ley 100 de 1993 ordena a las empresas promotoras de
salud (EPS) manejar los recursos provenientes de las cotizaciones de los afiliados «en
cuentas independientes del resto de rentas y bienes de la entidad». Esto, porque tales
dineros únicamente pueden ser previstos y empleados para garantizar la prestación de los
servicios sanitarios en los dos regímenes (subsidiado y contributivo), sin que quepa
destinarlos para otros presupuestos. Asimismo, estos recursos ostentan la condición de
ingresos no gravados fiscalmente, pues su naturaleza parafiscal (establecida en la Ley 100
de 1993, en desarrollo del artículo 48 constitucional) prohíbe su destinación y utilización
para fines distintos a los consagrados en ella.
164. Las anteriores razones han conducido a esta Sección32 a considerar improcedente la
devolución de los aportes a salud realizados por el contratista, a pesar de que se haya
declarado a su favor la existencia de una relación laboral encubierta. Como se ha indicado,
en función de su naturaleza parafiscal,33 estos recursos son de obligatorio pago y recaudo
para un fin específico y, por tanto, independientemente de que se haya prestado o no el
servicio de salud, no constituyen un crédito a favor del interesado, pues su finalidad era
garantizar la prestación de los servicios sanitarios para los dos regímenes que integran el
sistema, «lo que excluye la posibilidad de titularidad que sobre los mismos pretenda el
actor ejercer».34
165. Por consiguiente, dado que corresponde al contratista sufragar dicha contribución, en
tanto está obligado por la ley a efectuarla,35 no es procedente ordenar su devolución,
aunque se haya declarado la existencia de una relación laboral encubierta. Además,
reembolsar estos aportes implicaría contradecir al legislador, cuya voluntad, como se
expuso, buscaba que su recaudo fuera directamente a las administradoras de servicios de
salud, por tratarse, se itera, de contribuciones de pago obligatorio con una destinación
específica y con carácter parafiscal.
166. En ese orden de ideas, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de precisar que,
frente al hecho consumado de la no afiliación a las contingencias de salud y riesgos
laborales por parte de la Administración, es improcedente el reembolso de los
aportes que el contratista hubiese realizado de más, por constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal».

Así pues, la actual jurisprudencia unificada de esta Sección considera improcedente el
traslado de montos reconocidos por concepto de salud, a favor de la persona beneficiaria
de una relación laboral encubierta o subyacente.

32
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
33
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 28 de septiembre de 2016. Radicación 76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681
2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
34
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
35
Situación que también cambia y amerita mención especial con la entrada en vigor del Decreto 1273 de 2018 « Por el cual se
modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector
Salud y Protección Social, en relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los
trabajadores independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Trabajo»

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25

Radicado: 15001-23-33-000-2013-00636-01
Demandante: Aída Patricia Medina Jiménez

Por su parte, en cuanto al pago de las cotizaciones realizadas al sistema de Seguridad
Social en pensiones, este aspecto de retribución, originado en la declaración de la
existencia de la relación laboral, se acompasa con la imprescriptibilidad de los derechos
pensionales en los términos definidos en la sentencia de unificación del 26 de agosto de
2016, y a los que se aluden en acápite precedente.

Ahora bien, dicha prerrogativa no ampara la devolución de los dineros pagados por
concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, sino las cotizaciones
adeudadas que podrían afectar la liquidación del monto pensional, y que se derivan de la
relación de trabajo comprobada, que comprende la obligación, a cargo del empleador, de
efectuar los correspondientes aportes al sistema. De manera que no hay lugar a la
reclamación de devolución de los aportes efectuados por este concepto por parte del
contratista, sino al efectivo pago del porcentaje de cotización al sistema pensional que le
correspondía al contratante por virtud de la mencionada relación de trabajo.

En esa medida, el beneficio derivado de la declaratoria de existencia de una relación
laboral encubierta entre un particular y una entidad pública, en materia de seguridad
social, solo abarca la obligación de la Administración de determinar, mes a mes, si existe
diferencia entre los porcentajes de cotización que se debieron efectuar por ésta y los
realizados por el contratista, para entonces cotizar al respectivo fondo la suma faltante por
concepto de aportes a pensión, en el porcentaje que le concernía como empleador.

Siendo así las cosas, en aplicación de las reglas de unificación aludidas, no resulta
procedente la devolución de los valores pagados por la demandante por concepto de
salud; y el reconocimiento a que hay lugar, en materia pensional, solo comprende el
traslado de los aportes al fondo respectivo, en el porcentaje que le correspondía a la
contratante, conforme quedó suficientemente aclarado en líneas que anteceden.

De igual manera, comoquiera que los pagos a ICBF, SENA y cajas de compensación
familiar también son parafiscales en virtud de su naturaleza, al tenor de lo establecido en
las Leyes 21 de 198241, 27 de 197442, 7 de 197943, 119 de 199444 y demás concordantes,
debe negarse su reconocimiento.

En ese sentido, la Sala también modificará el numeral cuarto de la sentencia apelada, en
el sentido de aclarar que no resulta procedente la devolución de los valores pagados por
la demandante por concepto de salud; y el reconocimiento a que hay lugar, en materia
pensional, solo comprende el traslado de los aportes al fondo respectivo, en el porcentaje
que le correspondía a la contratante.

2.6. De la condena en costas

Esta Subsección, en sentencia del 7 de abril de 2016,36 respecto de la condena en costas
en vigencia del CPACA, concluyó que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 señala que
«salvo en los procesos en los que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
36
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco
Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

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26

Radicado: 15001-23-33-000-2013-00636-01
Demandante: Aída Patricia Medina Jiménez

Código de Procedimiento Civil», hoy Código General del Proceso, y expuso las siguientes
conclusiones:

• La legislación varió del C.P.C. al CPACA para la condena en costas de un criterio
subjetivo a uno objetivo.
• Toda sentencia «dispondrá» sobre costas, bien sea con condena total o parcial o con
abstención.
• Se requiere que en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso).
• La cuantía de la condena en agencias en derecho se hará atendiendo el criterio de la
posición en la relación laboral, pues varía según sea parte vencida, si es el empleador
o si es el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura), la complejidad e intensidad de la participación procesal.
• Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas.

Conforme a esa orientación y de acuerdo con la posición fijada por esta Subsección,37 la
Sala considera que en este caso debe imponerse la condena en costas de segunda
instancia a favor de la demandante, toda vez que la parte demandada resultó vencida en
su apelación. Las costas serán liquidadas por el a quo.38

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos,
fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es objeto de estudio, y en el acervo
probatorio, la Sala concluye que entre la parte demandante y la demandada existió una
relación laboral subyacente continuada, razón por la cual hay lugar confirmar parcialmente
la sentencia de primera instancia.

En consecuencia, se revocará el numeral primero que declaró de oficio la prescripción; se
modificarán los numerales segundo, para declarar la nulidad del acto administrativo,
tercero y cuarto, para precisar que el período a reconocer es el comprendido entre el 1 de
julio de 2003 y el 30 de junio de 2011, y aclarar que no resulta procedente la devolución
de los valores pagados por la demandante por concepto de salud; además de que el
reconocimiento a que hay lugar, en materia pensional, solo comprende el traslado de los
aportes al fondo respectivo, en el porcentaje que le correspondía a la contratante. Por
último, se confirmará la sentencia en todo lo demás. Se condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la
autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Revocar el numeral primero de la sentencia del Tribunal Administrativo de
Boyacá, de 22 de octubre de 2015, por las razones antes expuestas.

37 Se puede ver, entre otras, la sentencia de 14 de julio de 2016, radicado 2013-00270-03 (3869-2014).
38
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que
haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso
o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:( ... )»

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27

Radicado: 15001-23-33-000-2013-00636-01
Demandante: Aída Patricia Medina Jiménez

Segundo. Modificar los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia del Tribunal
Administrativo de Boyacá, de 22 de octubre de 2015, los cuales quedarán así:

SEGUNDO. DECLARAR LA NULIDAD del oficio S-2013-020854/COMN-GRUSA-22, de 25 de
abril de 2013, expedido por el comandante departamental de la Policía de Boyacá, que
negó el reconocimiento y pago de los derechos laborales causados en virtud de la relación
laboral que se configuró entre las partes.

TERCERO. En consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, ORDENAR a la Policía Nacional a reconocer, liquidar y pagar a Aída Patricia
Medina Jiménez, el valor equivalente a la prima de navidad, prima de servicios, cesantías,
intereses de la cesantías, y demás prestaciones que perciban los médicos generales y
auditores de planta del Área de Sanidad de la Policía Nacional, respectivamente, causados
en la ejecución de los contratos celebrados entre el 1 de julio de 2003 y el 30 de junio de
2011. Para el efecto, se tomará como base para la liquidación el valor pactado por
concepto de honorarios en los distintos contratos.

CUARTO. ORDENAR a la Policía Nacional a liquidar y girar al fondo de pensiones al cual está
afiliada la demandante, el valor de la cotización que le correspondía como empleador
sobre el valor total mensual que se pactó en cada uno de los contratos, en el porcentaje
indicado en la Ley 100 de 1993, causados en la ejecución de los contratos suscritos y
celebrados entre el 1 de julio de 2003 y el 30 de junio de 2011. Se tomará como base para
la liquidación el valor pactado por concepto de honorarios en los contratos. Asimismo, no
es procedente la devolución de los valores pagados por la demandante por concepto de
salud.

Tercero. Confirmar en todo lo demás la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá,
de 22 de octubre de 2015, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido la señora Aída Patricia
Medina Jiménez contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cuarto. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada, las cuales
deben ser liquidadas por el a quo.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes
en el aplicativo SAMAI.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

CBT

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