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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01196-01

Fecha
21 de julio de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01196-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 18 de mayo de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-01196-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

21 de julio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01196-01
Accionante: Max Rafael Gómez Montejo
Se confirma la sentencia que negó el amparo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01196-01
Accionante: Max Rafael Gómez Montejo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho /
Contrato realidad / Desconocimiento del precedente y defecto fáctico / Se confirma la
sentencia de primera instancia que negó el amparo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada contra la sentencia proferida
el 18 de mayo de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la
cual se negaron las pretensiones de la acción de tutela presentada por Max Rafael
Gómez Montejo contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado. El accionante considera que la autoridad judicial vulneró sus derechos
fundamentales al proferir la sentencia del 12 de septiembre de 2022, mediante la
cual revocó la sentencia del 9 de abril de 2019, en la cual el Tribunal Administrativo
de Boyacá había accedido a las pretensiones de nulidad y restablecimiento del
derecho de Ana María Cecilia Magdalena del Carmen Montejo Niño (madre del
accionante) contra la Nación – Ministerio de Defensa – Dirección de Sanidad de
Policía Nacional y, en su lugar, las negó. Esto, en el marco del proceso con radicado
No. 15001-23-33-000-2015-00175-00/01.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer de la impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86
de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de
2017 y 333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 7 de marzo de 2023, mediante apoderado judicial, Max Rafael Gómez Montejo
presentó acción de tutela contra Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado porque estimó vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso e igualdad.

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Accionante: Max Rafael Gómez Montejo
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2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:

<<PRIMERA. Con fundamento en lo precedente, solicito de los Honorables
Consejeros de Estado, TUTELAR los derechos fundamentales expresados en esta
acción y/o los demás derechos que la Sala encuentre vulnerados al estudiar de
fondo el presente asunto.

SEGUNDA. Ordenar dejar sin efectos la sentencia de segunda Instancia proferida
el 12 de septiembre de 2022 por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Segunda - Subsección A, M.P. Dr. Rafael Francisco Suarez
Vargas, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
número 15001233300020150017501 con auto de obedecimiento del 19 de enero de
2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

TERCERA. De acuerdo con los diferentes lineamientos del Consejo de Estado, en
casos como el presente, y como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene a la
sala accionada emita una nueva sentencia tomando en cuenta las motivaciones o
los precedentes judiciales que la Sala de decisión de tutela determine en el fallo de
amparo correspondiente.

CUARTA. Se profieran las demás órdenes que el Despacho disponga para el
cumplimiento debido del fallo que se profiera>>.

B. Hechos

3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- Desde el 1º de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2011, Ana María
Cecilia Magdalena del Carmen Montejo Niño estuvo vinculada como médica general
a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional mediante contratos de prestación
de servicios. Fue asignada por la jefatura del Área de Sanidad de Boyacá y la
jefatura de la Clínica Regional de Tunja a los servicios de urgencias y hospitalización
y, ocasionalmente, al servicio de consulta externa en la referida clínica.

3.2.- El 6 de agosto de 2014 solicitó el reconocimiento de los derechos laborales a
los que consideró tenía derecho, lo cual fue negado el 23 de agosto de 2014 por el
director de Sanidad de la Policía Nacional mediante el oficio S-2014-000094/DISAN
ASJUR 4.22.

3.3.- La señora Montejo Niño presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Dirección de Sanidad de Policía
Nacional para que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó la
existencia de la relación laboral, se declarara que esta existió desde 2003 hasta
2011 y se ordenara el pago de las prestaciones sociales. Sostuvo que cumplió
funciones bajo condiciones de subordinación, recibía órdenes, debía acatar un
horario de trabajo a través del sistema de turnos y seguía las indicaciones
impartidas. Añadió que las labores fueron realizadas directamente, de manera
personal y exclusiva ante la entidad demandada, y nunca se le cancelaron las

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prestaciones sociales a las que tenían derecho aquellos quienes ocupaban el cargo
de médico general en la planta de personal de la entidad.

3.4.- Mediante sentencia del 9 de abril de 2019, el Tribunal Administrativo de Boyacá
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Encontró que se había
configurado el elemento de subordinación y por tanto existía una relación laboral.
Sostuvo que la demandante se encontraba sometida al cumplimiento de horarios
por un tiempo no inferior a 44 horas semanales. Consideró, además, que la labor
de médico no puede ser delegada o realizarse en sitios diferentes a las instalaciones
adecuadas para desarrollar esa clase de actividades.

3.4.1.- Recordó que en los contratos de prestación de servicios se estipuló una
cláusula denominada <<control en la ejecución del encargo por parte del
supervisor>>, control que no se refiere a la mera coordinación de actividades, pues
el director de la clínica supervisaba las actividades desplegadas por la demandante
y también le exigía el cumplimiento de obligaciones en cualquier momento1.

3.4.2.- Encontró que la entidad demandada utilizó los contratos de prestación de
servicios para satisfacer objetivos de la institución, lo que desvirtúa la vinculación
contractual para dar lugar a una de carácter laboral, aunque no pueda tener la
misma connotación de una relación legal y reglamentaria2. Declaró la nulidad del
acto demandado y la existencia de la relación laboral; ordenó a la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional reconocer y pagar las prestaciones sociales de
conformidad con el Decreto 1042 de 1978 y realizar los aportes para pensión3; y
negó las demás pretensiones de la demanda.

3.5.- La Nación – Ministerio de Defensa – Dirección de Sanidad de Policía Nacional
apeló al considerar que en los contratos de prestación de servicios se pactaron dos
aspectos: el servicio a prestar y la forma como ello ocurriría. Sin embargo, de esa
circunstancia no se deriva la subordinación.

3.5.1.- De las obligaciones contractuales de la señora Montejo Niño tampoco se
infiere la subordinación, pues es natural que sea la entidad contratante la que
organice la forma como debe prestarse el servicio o diseñe los protocolos de
atención médica, pues ello hace parte de las relaciones de coordinación presentes
en la ejecución de un contrato estatal.

3.5.2.- Reconoció que la demandante atendía turnos dispuestos por la institución,
situación normal en este tipo de vinculación contractual y que reafirma la presencia

1 Y también le pedía presentación de informes, estadísticas, asistencia a reuniones, la utilización de carnet y

elementos de la institución para la atención del servicio de salud, y, aunado a ello, le hacía llamados de atención.
2 Respecto de la prescripción, no encontró interrupción superior a 15 días hábiles y, por lo tanto, no halló la

ocurrencia de este fenómeno. Así mismo, negó las pretensiones de reconocimiento de las cotizaciones
efectuadas a la Caja de Compensación Familiar; los valores cancelados por concepto de retención en la fuente
y pólizas de cumplimiento; las vacaciones; y la sanción moratoria.
3 Pero solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

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del principio de colaboración, el cual no fue tenido en cuenta en la sentencia de
primera instancia. En síntesis, consideró que la entidad demandada obró de
acuerdo con las normas que le permitían acudir a ese tipo de contratación.

3.6.- Ante el fallecimiento de la señora Montejo Niño, mediante auto del 21 de
octubre de 2021 la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
dispuso tener como sucesor procesal a Max Rafael Gómez Montejo.

3.7.- Mediante sentencia del 12 de septiembre de 2022, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la decisión del tribunal y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda. Sostuvo que la sola determinación de
que la contratista estuviera obligada a fungir como médico general en los turnos
señalados por el director de la clínica no resultaba ser prueba suficiente para
encontrar configurado el elemento de subordinación.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- El accionante considera que la autoridad judicial accionada incurrió en defectos
por desconocimiento del precedente horizontal y fáctico.

4.1.- Sobre el desconocimiento del precedente, aduce que la posición sostenida en
el fallo atacado es opuesta a la asumida con anterioridad por la misma sala y
despacho ponente en otro fallo del 7 de julio de 20224, caso que guarda identidad
fáctica, jurídica y probatoria con el presente.

4.1.1.- Por otra parte, señala que con base en los criterios previstos en la sentencia
de unificación SUJ-025-CE-S2-20215 en materia de indicios de subordinación, la
autoridad judicial accionada no analizó con debida mesura las pruebas del proceso,
como sí ocurrió en el precedente citado. Asegura que se profirieron decisiones
opuestas frente al mismo problema (desnaturalización del contrato de prestación de
servicios y existencia de relación laboral), a pesar de que ambas demandantes
fueron <<compañeras de trabajo>>, ya que su labor fue contemporánea en la misma
entidad y bajo las mismas condiciones como médicos generales.

4.1.2.- Alega el desconocimiento de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-
2021, pues advirtió que en esta sentencia <<se le indica al [juez] los parámetros o
indicios que debe tener en cuenta para efectos de determinar la auténtica naturaleza
que subyace a cada vinculación contractual>> e insiste en que se omitió valorar el
parámetro consistente en <<[q]ue las actividades o tareas a desarrollar
correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta>>.

4 Proceso con radicado No. 15001-23-33-000-2013-00636-01, promovido por Aida Patricia Medina Jiménez

contra la Nación – Ministerio de Defensa – Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.
5 Proceso con radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-01, promovido por Gloria Luz Manco Quiroz contra

el Municipio de Medellín - Personería de Medellín y otro. Sentencia proferida el 9 de septiembre de 2021.

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4.2.- En cuanto al defecto fáctico, afirma que la autoridad judicial accionada se
equivocó al concluir que, a partir de la copia del libro de entrega y recibo de turnos
del personal médico de la clínica, ella asistió a cumplir sus obligaciones en la
institución atendiendo a la coordinación de unos turnos, cuando en realidad los
turnos no eran coordinados.

4.2.1.- Aduce que del mencionado libro no se lograba inferir que existió concertación
entre las partes para la fijación de los turnos, máxime al considerar que no era la
única profesional en medicina general. Añade que esa prueba tampoco permitía
acreditar la autonomía, pues la jornada le había sido impuesta de manera unilateral
por la entidad. Sostiene que en la sentencia se afirmó que los testigos indicaron que
las actividades encomendadas a la contratista se cumplían a través de turnos, pero
que no indicaron la periodicidad de estos; sin embargo, el accionante considera que
los testigos sí suministraron información relevante para probar la subordinación.

4.2.2.- Precisa que autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta las demás
pruebas6, como los contratos de prestación de servicios, en los cuales se podía
verificar la intensidad horaria que debía cumplir, esto es, no menos de 44 horas
semanales y, en otros casos, no menos de 33 horas semanales. Asegura que la
autoridad judicial valoró de forma equivocada los cuatro indicios de subordinación
fijados en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, pues si bien fueron
abordados individualmente, no fueron considerados en conjunto7.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado (accionada)
indica que la decisión atacada está soportada en las normas, la situación fáctica y

6 Señala que tampoco se tuvo en cuenta lo siguiente. Por orden de la entidad demandada, prestó sus servicios

en las instalaciones físicas de la Clínica de la Policía del Área de Sanidad de Boyacá, con sede en Tunja, desde
el 1º de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2011. Debía cumplir la jornada descrita en los contratos,
dentro de unos turnos que eran fijados por la entidad a su arbitrio, sin darle margen de decisión para su fijación
o modificación, sin poder ausentarse a discrecionalidad o incluso llegar tarde, restándole autonomía. Las
actividades como médica general debían llevarse a cabo en estricta atención a los lineamientos establecidos
por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, la Clínica de la Policía de Boyacá y sus funcionarios
directivos; esto es, bajo los parámetros, planes, programas y procesos establecidos para el sector salud, y con
sujeción a las directrices de un superior, el cual era, en la mayoría de los casos, el director de la clínica de la
policía regional Tunja. De acuerdo al componente obligacional de cada contrato, se evidenciaba la extensión
de las actividades desarrolladas más allá de la simple atención del servicio de medicina general, esto es, a la
asistencia en otros trámites administrativos, de prevención y promoción de salud, capacitación e integración de
comités que eran propios de la misión de la entidad demandada y que daba cuenta de la dependencia respecto
de la demandada a la hora de ejercer su profesión, pues debía solicitar autorización para la prescripción de
medicamentos y para el empleo de instrumentos genéricos de los usuarios. La Resolución 3523 de 2009, <<[p]or
la cual se define la estructura orgánica interna y se determinan las funciones de la Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional>>, es una norma de la entidad con alcance y aplicación nacional para sus unidades
desconcentradas, por tanto, las funciones, lineamientos y demás consignas eran exigidas y observadas por los
funcionarios de la entidad e implican subordinación.
7 Añade la autoridad judicial omitió valorar, entre otras pruebas, la Resolución No. 3523 del 5 noviembre de

2009, <<[p]or la cual se define la estructura orgánica interna y se determinan las funciones de la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional>> y la página 13 de la Resolución No. 385 del 20 de mayo de 2011 <<por la cual
se adopta el manual especifico de funciones y requisitos para los empleos públicos de planta de personal civil
y no uniformado […] [de la] Dirección de Sanidad Policía Nacional […]>>, correspondiente a los requisitos y
funciones del empleo <<servidor misional en sanidad policial código 2-2 grado 21, de 8 horas>>.

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lo probado en el expediente ordinario. Añade que no se cumplen los requisitos de
procedencia, en especial, el de la inmediatez.

6.- El Tribunal Administrativo de Boyacá (tercero con interés) envió copia digital del
expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No.
15001-23-33-000-2015-00175-00/01. Aduce que la decisión de primera instancia
fue favorable a las pretensiones de la demanda y que la tutela va dirigida contra el
órgano de cierre que emitió la sentencia de segundo grado. Sostiene que, en lo que
respecta al tribunal, no hay vulneración de derechos fundamentales.

7.- La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional (tercero con interés) considera
que no se cumple con el requisito de inmediatez, pues transcurrieron 5 meses y 25
días entre el fallo atacado y la presentación de la acción de tutela. Indica que la
providencia de cierre estaba debidamente sustentada.

E. Fallo impugnado

8.- En sentencia del 18 de mayo de 2023 la Sección Cuarta del Consejo de Estado
negó la solicitud de amparo. En cuanto al precedente horizontal de la autoridad
judicial accionada del 7 de julio de 2022, precisó que no se configuraba su
desconocimiento, pues si bien allí se analizó el caso de una profesional de la
medicina, como igualmente lo es la aquí demandante, ciertos hechos y pruebas son
diferentes8. Sostuvo que tampoco se desconoció la sentencia de unificación SUJ-
025-CE-S2-2021 proferida el 9 de septiembre de 2021, pues la sentencia atacada
tuvo en cuenta los parámetros e indicios allí fijados.

8.1.- En relación con el defecto fáctico, recordó que el juez natural encontró
demostrado que la señora Montejo Niño asistió a cumplir sus obligaciones
contractuales en la institución en razón a la coordinación de turnos y que en el libro
de entrega y recibo de turnos del personal médico se evidenciaba su firma al
momento de la entrega de los turnos algunos días y sin especificar la hora, de
manera que no podría hablarse de una indebida valoración o ausencia de valoración
de la prueba, sino de un desacuerdo frente al análisis efectuado.

8 En el fallo de primera instancia del proceso de tutela se identificaron las siguientes diferencias entre el caso

analizado y aquel del precedente horizontal invocado. (i) En el primero <<se trató de una médico general que
prestó sus servicios en Sanidad Militar de la Policía Nacional, mediante la suscripción de contratos de prestación
de servicios>>, mientras que en el segundo <<se trató de una médico general y médico auditora que prestó sus
servicios en Sanidad Militar de la Policía Nacional, mediante la suscripción de contratos de prestación de
servicios>>. (ii) En el primero, la accionante <<prestó sus servicios brindando atención a pacientes, haciendo
ronda médica, ayudando en algunas cirugías, apoyo en traslado de pacientes y asistencia a reuniones
administrativas>>, mientras que en el segundo <<no solo prestó sus servicios como médico al servicio de
sanidad, sino que también tenía a cargo todo lo relacionado con promoción y prevención de salud, capacitación
e integración de comités>>. (iii) En el primero, <<de acuerdo con […] el libro de entrega y recibo de turnos, se
evidenció que firmaba la entrega de algunos turnos unos días a la semana sin especificar hora>>, mientras que
en el segundo <<de acuerdo con la prueba testimonial, debía avisar previamente las inasistencias y cumplía un
horario de trabajo>>. (iv) En el primero <<se evidenció de las declaraciones rendidas que no se refirieron a las
condiciones de modo en que se presentó la relación laboral>>, mientras que en el segundo la allí accionante
<<conformaba o integraba las comisiones de salud>>.

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8.2.- Lo mismo concluyó con respecto a los testimonios del proceso, pues el juez
natural encontró que sus declaraciones no fueron consistentes y claras en relación
con el elemento subordinación. Recordó que en la sentencia quedó establecido que
el elemento coordinación, relevante para el manejo y control de las obligaciones
contractuales, no puede tenerse siempre como subordinación, pues esto requiere
una carga probatoria importante que permita al juez apreciar una relación laboral.

8.3.- En relación con los contratos de prestación de servicios, sostuvo que estos no
fueron ignorados por la autoridad judicial accionada, pues fueron relacionados en la
sentencia como elemento para determinar la vinculación de la demandante. Sostuvo
que el accionante pretende que con esa prueba se entienda acreditada la
subordinación por el número de horas pactadas; sin embargo, la autoridad judicial
accionada concluyó que estos no daban cuenta de ese elemento por sí mismos.

F. Impugnación

9.- El accionante impugna la sentencia proferida el 18 de mayo de 2023 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. Con respecto al desconocimiento del
precedente, replica el mismo cuadro y argumentación contenido en el escrito de
tutela9. Sostiene que si bien el precedente horizontal invocado no es igual al caso
concreto, sí es similar. Cita algunas sentencias de la Corte Constitucional10 para
insistir en que la autoridad judicial accionada violó su derecho al acceso a la
administración de justicia e incurrió en exceso ritual manifiesto por haber valorado
indebidamente las pruebas del proceso, esto es, por incurrir en un defecto fáctico.

II. CONSIDERACIONES

10.- La Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó la solicitud de
amparo, pues no encuentra configurados el desconocimiento del precedente y el
defecto fáctico que alega el accionante, en tanto la decisión de la autoridad judicial
accionada no desconoció el precedente horizontal ni la sentencia de unificación
invocada y se basó en un análisis probatorio adecuado.
G. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

11.- Los requisitos se cumplen pues: i) el accionante indicó de manera clara los
hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el asunto es de evidente
relevancia constitucional porque se afirma la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad, y se explican los defectos en los que
habría incurrido la providencia acusada (desconocimiento del precedente y

9 El escrito de impugnación tiene 45 páginas y las páginas 4 a 37 son una reproducción literal de las páginas

14 a 50 del escrito de tutela.
10 Sentencia SU-573 de 2017, T-429 de 2011, T-264 de 2009, T-091 de 2008, T-974 de 2003, entre otras.

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fáctico)11; iii) se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad porque el
accionante utilizó todos los mecanismos judiciales a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales antes de acudir al juez de tutela; iv) la solicitud se
presentó en un término prudencial (inmediatez), puesto que la providencia
cuestionada se profirió el 12 de septiembre de 2022, se notificó el 6 de octubre de
2022 y la tutela se presentó el 7 de marzo de 2023, es decir, dentro del término de
los seis meses precisado tanto por esta Corporación12 como por la Corte
Constitucional13; y v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela.

H. No se configura el desconocimiento del precedente alegado porque la
autoridad judicial accionada no desconoció el precedente horizontal ni la
sentencia de unificación invocada

12.- La Sala comparte la conclusión del juez de tutela de primera instancia en cuanto
a que no se desconoció el precedente horizontal contenido en la sentencia del 7 de
julio de 2022, donde se analizó el caso de Aida Patricia Medina Jiménez14, pues la
regla jurídica conforme a la cual se decidió ese caso no altera el sentido del fallo
aquí atacado. En su escrito de impugnación, el accionante señala que no es
necesario que los casos sean idénticos, sino que basta que sean similares. Al
respecto, se aclara que no es suficiente con que exista algún grado de similitud,
sino que es necesario que exista una regla jurídica relevante para los supuestos de
hecho del caso concreto, lo cual no ocurre, según se pasa a explicar.

12.1.- La regla jurídica aplicada en el precedente horizontal fue la siguiente: si bajo
el ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se encuentran
acreditados los requisitos de prestación personal del servicio, remuneración y
subordinación continuada, deberá declararse la existencia de una auténtica relación
de trabajo. Conforme a esta regla jurídica, la autoridad judicial encontró acreditados
los tres requisitos en el caso de la señora Medina Jiménez.

11 Además, de acuerdo con la posición mayoritaria de la Sala, el asunto es de evidente relevancia constitucional

porque los cargos no fueron objeto de análisis en el proceso ordinario, pues los reparos se originan en la
providencia de segunda instancia en tanto allí fue donde la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
Adicionalmente, la demandante no apeló la sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues fue favorable a sus intereses.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-

01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
14 En el precedente horizontal invocado se precisó: <<El anterior componente obligacional permite evidenciar la

extensión de las actividades desarrolladas por la demandante más allá de la simple atención del servicio de
medicina general y de auditoría médica, esto es, a la asistencia en otros trámites administrativos, de
prevención y promoción de salud, capacitación e integración de comités que son propios de la misión
de la entidad demandada […] Lo anterior, aunado a que la señora Medina Jiménez debía conformar o integrar
las comisiones de salud, comprueba nuevamente que la entidad se apoyaba en la experticia y cualidades
profesionales de la convocante, a efectos de satisfacer sus necesidades misionales, por lo que la vinculaba
a procesos y procedimientos internos de gestión. En otras palabras, la demandante estaba inserta en el
circulo rector y organizativo de la entidad, pues el cumplimiento de directrices impartidas por la Policía
Nacional en la prestación de sus servicios médicos demuestra que sobre ella se ejerció una influencia decisiva
sobre las condiciones en las cuales cumplió el objeto contractual>> (negrilla fuera de texto).

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12.2.- En cuanto al requisito de subordinación, asunto discutido en el fallo aquí
atacado, en el precedente horizontal se encontró acreditado que las actividades de
médica general y auditora, desarrolladas por la señora Medina Jiménez, debían
llevarse a cabo en estricta atención a los lineamientos establecidos por el
empleador; esto es, bajo los parámetros, planes, programas y procesos
establecidos y con sujeción a las directrices de un superior. Por el contrario, en el
proceso aquí atacado no se allegaron suficientes pruebas para alcanzar la
misma conclusión.

12.3.- De acuerdo con los testimonios, la señora Medina Jiménez debía avisar
previamente las inasistencias y cumplía un horario de trabajo, mientras que en el
caso de la aquí accionante solo se probó que, según el libro de entrega y recibo de
turnos, ella firmaba la entrega de algunos turnos unos días a la semana sin
especificar hora, lo que impedía acreditar el efectivo cumplimiento de turnos
impuestos unilateralmente por la clínica demandada. Por otra parte, en el caso
aquí analizado se evidenció que las declaraciones rendidas no se refirieron a las
condiciones de modo en que se presentó la relación laboral, mientras que en el caso
de la señora Medina Jiménez ello sí ocurrió. En síntesis, la regla jurídica del
precedente horizontal invocado no modifica la decisión atacada, pues la diferencia
entre uno y otro fallo consistió en la suficiente o insuficiente acreditación del
elemento de subordinación.

13.- La Sala también está de acuerdo con la conclusión del juez de tutela de primera
instancia, según la cual no se desconoció la sentencia de unificación SUJ-025-CE-
S2-2021. El accionante sostiene que la autoridad judicial accionada no se pronunció
de forma expresa sobre la correspondencia de actividades desempeñadas por la
demandante y las asignadas a los servidores de planta, criterio fijado como indicio
de subordinación en la citada sentencia de unificación.

13.1.- La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado reconoció la
existencia de este indicio como criterio de análisis en la página 16 del fallo atacado;
sin embargo, no lo analizó de forma expresa al estudiar los hechos del caso. Al
respecto, se recuerda que la sentencia de unificación señaló que un indicio
subordinación es <<que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral>> (negrilla fuera de texto). Se
observa que este es solo uno de los cuatro indicios identificados en la sentencia de
unificación15 y que la autoridad judicial accionada sí analizó los otros tres16. Además,
el mismo criterio se refiere a la necesidad de que se reúnan los elementos de la
relación laboral, lo cual no encontró acreditado la Subsección A en el fallo atacado.

15 Los otros tres indicios son: lugar de trabajo, horario de labores y dirección y control efectos de las actividades

a ejecutar.
16 Ver páginas 30 a 35 del fallo atacado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01196-01
Accionante: Max Rafael Gómez Montejo
Se confirma la sentencia que negó el amparo

13.2.- La sentencia de unificación en discusión precisó cuatro indicios de
subordinación, pero ello no implica que la configuración de uno de ellos conduzca
indefectiblemente a la acreditación de ese elemento de la relación laboral. En otras
palabras, aun cuando la Subsección A hubiese analizado de forma explícita ese
indicio y lo encontrara configurado, ello no implica que las pretensiones debieran
concederse. En efecto, y como se analizará a continuación en el marco del defecto
fáctico, la autoridad judicial accionada se valió de un análisis probatorio adecuado
para negar las pretensiones de la demanda al no encontrar acreditado el elemento
subordinación.

I. No se configura el defecto fáctico alegado porque la autoridad judicial
accionada valoró adecuadamente las pruebas del proceso, incluidas aquellas
señaladas por el accionante

14.- Como lo indicó el juez de tutela de primera instancia, la Subsección A valoró
adecuadamente las pruebas que el accionante citó en su escrito de tutela, esto es,
la copia del libro de entrega y recibo de turnos del personal médico, y los testimonios
del proceso. En cuanto al primero, la autoridad judicial accionada sostuvo que en
ese libro se lee el nombre de la señora Montejo Niño cuando firmaba la entrega y el
recibo de turnos algunos días a la semana, pero sin especificar la hora. En
relación con los testimonios, la Subsección A reconoció que ellos indicaron que las
actividades de la contratista se cumplían a través de turnos, pero no precisaron la
periodicidad de estos17.

14.1.- La Subsección A consideró que los testimonios dan cuenta de que conocieron
la relación contractual entre las partes; sin embargo, sobre las características de
esa relación solo pudieron señalar que la demandante <<atendía los pacientes del
servicio de urgencias y hospitalización, ocasionalmente colaboraba en
procedimientos quirúrgicos, asistía a reuniones administrativas, los elementos
dispuestos para su actividad eran provistos por la entidad y debía portar un carné y
una bata que la identificaba como médico al servicio de la institución>>. Es decir, la
autoridad judicial accionada sí tuvo en cuenta los testimonios y con base en ellos
encontró probados los hechos descritos en la cita atrás trascrita.

14.2.- No obstante, sostuvo que los declarantes no se refirieron a las condiciones
de modo en las que se presentó la relación ni indicaron cuáles eran las

17 <<Nótese como el señor Carlos Alberto Niño Avendaño, quien trabajó como médico general en la Clínica

Regional de Tunja desde junio de 1997 hasta diciembre de 2011, en su declaración indicó que también sirvió
en el área de urgencias de dicha entidad y teniendo en cuenta ello le consta que la accionante cumplía los
horarios establecidos por la dirección de la clínica atendiendo al sistema de turnos de 12 o de 24 horas, los
cuales se programaban en una lista de forma mensual. Asimismo, adujo que debía darse cumplimiento estricto
a los turnos establecidos puesto que los pacientes no podían quedar en ningún momento sin el servicio médico.
Del mismo modo, el señor Rafael Humberto Fajardo Buitrago, quien prestó servicios como jefe de enfermería
en la Clínica Regional de Tunja por más de 20 años hasta 2008 (luego solo le consta lo narrado hasta ese año)
hizo énfasis en que todos [tenían] que cumplir un horario, una jornada de trabajo orientada específicamente al
servicio que era asignado haciendo turnos, en horario nocturno de 7:00 pm a 7:00 am, y ocasionalmente los
fines de semana de 7:00 am a 7:00 pm y que dicha agenda era manejada por el jefe de sanidad>>.

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Accionante: Max Rafael Gómez Montejo
Se confirma la sentencia que negó el amparo

actividades u órdenes que se le imponían a la señora Montejo Niño que
desnaturalizaban el objeto contractual o que le impedían atender a los pacientes de
manera autónoma e independiente, como lo dicta su profesión18.

14.3.- Conforme a lo anterior, la Subsección A sostuvo que el hecho de que la
demandante hubiera desarrollado sus labores atendiendo el cumplimiento de unos
turnos no acredita, per se, el elemento de la subordinación, pues esa circunstancia
puede hacer parte de la coordinación sobre la manera en que deben prestarse los
servicios19. En otras palabras, concluyó que la sola determinación de que la
contratista estuviera obligada a fungir como médica general en los turnos que se
señalaban por el director de la clínica no resultaba prueba suficiente para encontrar
configurado el elemento de subordinación, conclusión que es consecuente con la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, pues allí se fijaron cuatro indicios
de subordinación, mas no se estableció que la configuración de solo uno de ellos
sea suficiente para encontrar acreditada la relación laboral.

14.4.- De igual forma, la autoridad judicial accionada valoró los contratos de
prestación de servicios, conforme a los cuales encontró acreditada la existencia de
una relación jurídica entre las partes y la prestación personal del servicio. Sin
embargo, esa prueba no permitió encontrar acreditado el elemento de
subordinación, pues la autoridad judicial accionada indicó que <<[a]l revisar el
contenido de cada contrato se tiene que el objeto que debía desarrollar la
demandante era prestar servicios profesionales como médico general, actividad que
requería de sus conocimientos, sin que de ello se pueda concluir que el ejercicio de
su labor no se dio de manera independiente […]>>.

15.- Conforme a este análisis probatorio, la Subsección A no encontró acreditado
que se le exigiera a la demandante la ejecución del objeto contractual con
condiciones de modo impuestas por la entidad. También sostuvo que <<no se
demostró su inserción en el círculo rector u organizativo de la Dirección de Sanidad
de la Policía Nacional o de la Clínica Regional de Tunja>>, pues no se probó que la
demandada hubiera ejercido una influencia decisiva sobre la forma en que llevó a
cabo el cumplimiento de sus obligaciones.

18 <<Por una parte, el señor Carlos Alberto Niño Avendaño indicó que las labores que aquella desempeñaba

consistían en atención a los pacientes en urgencias y hospitalización, igualmente hacía traslados en
ambulancia, atendía partos y ayudantías quirúrgicas y que las constancias de dichos servicios quedaban
radicadas en los libros de turno, documento en el que se especificaba cada uno de los pacientes hospitalizados,
su patología, sus pendientes y todo lo pertinente para su tratamiento integral. De igual modo, adujo que el
director de la clínica estaba muy pendiente de todo y por ello «incidía en algunos» diagnósticos y definiciones
que tuvieron con algunos pacientes. Por otra parte, el señor Rafael Humberto Fajardo Buitrago a quien le
constan los hechos narrados únicamente hasta el año 2008 teniendo en cuenta su período de vinculación,
señaló que la señora Ana María Cecilia dentro de sus funciones tenía la atención directa a los pacientes, hacer
la ronda médica, además de otras actividades importantes como ayudar en cirugías en algunas ocasiones,
asistir a las reuniones administrativas que se realizaban en el comando del departamento, y apoyar el traslado
de pacientes. Además de ello señaló que el director de la clínica pasaba revista constantemente, mirando o
verificando cómo se desarrollaban las diferentes actividades en los servicios de urgencias y hospitalización>>.
19 Respaldó esta tesis en el fallo del 31 de mayo de 2016, expediente 3867-14. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01196-01
Accionante: Max Rafael Gómez Montejo
Se confirma la sentencia que negó el amparo

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 18 de
mayo de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó el amparo
solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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