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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01227-00

Fecha
13 de abril de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01227-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Manuel Rivas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-01227-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

13 de abril de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01227-00
Demandante: Luis Manuel Rivas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01227-00
Demandante: LUIS MANUEL RIVAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA
Temas: Contra providencia judicial.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Manuel Rivas contra
el Consejo de Estado – Sección Quinta, de conformidad con lo establecido en el
artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Luis Manuel Rivas, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el
Consejo de Estado – Sección Quinta, por considerar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad ante la Constitución y la ley, «por
violación de los Derechos fundamentales, derecho de protección de los Derechos e
Intereses Colectivos, representados por el Movimiento Séptima Papeleta, derecho
a crear Partidos o Movimientos Políticos, derecho a elegir y ser elegido, derecho a
participación de la decisiones políticas de la Nación, dentro del concepto de
Pluralismo, Libertad e igualdad ante la Constitución Política y la Ley». En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Se nos conceda el amparo Constitucional invocado al DEBIDO PROCESO,
AL DERECHO A LA IGUALDAD, con el fin de que sea Revocada la Sentencia de única
instancia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que NEGÓ las
Pretensiones de la Demanda, y que en Derecho se dicte el fallo que corresponda, de
acuerdo al Petitum de la Demanda.

SEGUNDO: Se nos conceda el DERECHO A AL RECONOCIMIENTO DE LA
PERSONERÍA JURÍDICA Y LEGITIMACIÓN A SÉPTIMA PAPELETA COMO
MOVIMIENTO POLÍTICO, derechos Fundamentales que nos han sido Vulnerados al no
haberse dado el trámite que Constitucional y Legalmente le Corresponde dar a La
Demanda, de acuerdo con los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y Normas
Concordantes Aplicables, con el fin de evitar un Perjuicio Irremediable, por no amparar
los Derechos Fundamentales, que el Demandante considera vulnerados por los
Honorables Magistrados del Consejo Nacional Electoral – CNE -,

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Demandante: Luis Manuel Rivas

TERCERO: Ordenando Los Honorables Magistrados del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, que dentro de las cuarenta y ocho horas
(48) siguientes al fallo que así lo disponga, se REVOQUE la Sentencia Atacada.

CUARTO: Se disponga que la Registraduría Nacional del Estado Civil, dentro de las
cuarenta y ocho horas (48) siguientes al fallo que así lo ordene, debe permitir al
Movimiento Séptima Papeleta, sea Inscrito Formalmente como Movimiento Político
Colombiano, con base en la Personería Jurídica al Movimiento Séptima Papeleta, con
pleno Derecho a Participar en las Elecciones Regionales a celebrarse el día 29 de
Octubre de 2023.

QUINTO: Se ordene que la Registraduría Nacional del Estado Civil, y al Consejo
Nacional Electoral- CNE. debe tomar los correctivos necesarios para evitar situaciones
futuras como la que actualmente afecta al suscrito Movimiento Político, organizando sus
funciones y competencias.”

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El Consejo Nacional Electoral reconoció personería jurídica al Movimiento Séptima
Papeleta, mediante Resolución nro. 0085 de 4 de febrero del 1998. Posteriormente,
dicho atributo le fue retirado con Resolución nro. 0791 de julio del mismo año.

El 9 de diciembre de 2020, el señor Luis Manuel Rivas, como miembro y militante
activo del referido movimiento político presentó derecho de petición ante el Consejo
Nacional Electoral con el fin de que se les restableciera la personería jurídica a esa
organización.

El argumento principal de la solicitud se centró en que, según lo previsto en el
artículo 35 transitorio de la Constitución Política1, es procedente el reconocimiento
de la personería jurídica al movimiento político, en atención a la participación y
representación que este último obtuvo en la Asamblea Nacional Constituyente que
culminó con la adopción del actual texto fundamental.

El Consejo Nacional Electoral, mediante Resolución nro. 1061 del 24 de marzo del
2021, confirmada por Resolución nro. 8674 del 25 de noviembre del mismo año,
negó la solicitud, al considerar que las normas que se invocaban como infringidas
no se encontraban vigentes. Que, adicionalmente, reconocer la personería jurídica
a una organización política, sin contar con el requisito del apoyo popular, conduciría
a un desconocimiento del sistema democrático y participativo que caracteriza el
sistema constitucional colombiano.

El señor Luis Manuel Rivas promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el Consejo Nacional Electoral, con el fin de que se dejaran sin efecto
los anteriores actos administrativos y, como consecuencia, se ordenara el
reconocimiento de la personería jurídica del movimiento político Séptima Papeleta.

El Consejo de Estado – Sección Quinta, mediante sentencia de única instancia del
8 de septiembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que

1 ARTICULO TRANSITORIO 35. El Consejo Nacional Electoral reconocerá automáticamente personería
jurídica a los partidos y movimientos políticos representados en la Asamblea Nacional Constituyente que se lo
soliciten.
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Demandante: Luis Manuel Rivas

los actos administrativos demandados no desconocen las previsiones de artículo 35
transitorio de la Constitución, toda vez que, a la fecha en que profirió la providencia,
no se puede predicar la vigencia de dicha norma, porque ya cumplió su finalidad.

Adicionalmente, indicó que no se evidenciaba la configuración de una vulneración
del derecho a la igualdad, en la medida en que, bajo dicho argumento, el
demandante pretende la aplicación de una norma que no se encuentra vigente, y
no se observa que las colectividades Movimiento Unión Cristiana y el Movimiento
Séptima Papeleta, se encuentren en iguales circunstancias jurídicas.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes defectos:
(i) sustantivo, al no dar cumplimiento al artículo 35 transitorio, vigente, de la
Constitución Política Colombiana; (ii) fáctico, por errada interpretación del artículo
35 transitorio, vigente, de la Constitución Política; y (iii) procedimental absoluto,
al no dar aplicación a los mandatos del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo y normas concordantes aplicables.

Afirmó que en la providencia acusada se concluyó que el artículo 35 de la
Constitución no se encontraba vigente a la fecha en que se profería la decisión. Sin
embargo, no se tuvo en cuenta que, cualquier artículo de la Constitución Política
Colombiana solo puede ser derogado expresamente a través de acto legislativo y
no de manera tácita como lo pretende la autoridad judicial accionada.

Que se omitió resolver de fondo la controversia, dejando en firme una decisión del
Consejo Nacional Electoral que vulnera sus derechos fundamentales. Que aún
continúan sin poder ejercer los derechos políticos como movimiento
constitucionalmente legitimado, de acuerdo a la sustentación fáctica y jurídica de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

4. Trámite Previo

En auto del 9 de marzo de 2023, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela de la referencia, ordenó notificar a las partes, la Comisión Nacional Electoral
y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, como terceros interesados y publicar
en la página web del Consejo de Estado el proveído para el conocimiento de los
terceros interesados.

5. Oposición

El Consejo de Estado, Sección Quinta, pidió que no se accediera a las
pretensiones de la acción de tutela, porque no se cumple con el requisito de
relevancia constitucional.

Al respecto, afirmó que el tutelante pretende utilizar la acción de tutela como una
tercera instancia en la que se realice un nuevo estudio sobre los aspectos que
fueron debatidos al momento de dictar el fallo cuestionado.

Precisó que, al analizar una providencia judicial, el juez de tutela tiene una labor
restringida, pues no se trata de un juicio de corrección de la actuación impugnada,
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sino un juicio de validez, es decir, que para que haya lugar a la revisión de una
providencia judicial, es necesario que se demuestre que esta es incompatible con
el ordenamiento superior.

Adujo que no se configuró el defecto sustantivo por no dar aplicación al artículo 35
transitorio de la Constitución, porque justamente uno de los puntos que se analizó
en la sentencia acusada fue la vigencia de esa disposición, para efectos de estudiar
los reparos presentados en la demanda.

Que, en esa medida, le «corresponde al juez contencioso electoral, determinar si la
disposición jurídica de naturaleza transitoria que se aduce desconocida resultaba
exigible a la autoridad administrativa que dictó el acto demandado, en tanto, es el
primer parámetro de confrontación que se debe tener en cuenta el operador judicial
cuando se alega que una decisión desconoce la norma en que debe fundarse, esto
es, le compete verificar si debía aplicarse al caso concreto para lo cual debe
empezar por hacer un estudio de su vigencia.»

Que no es dable entrar a analizar los defectos fáctico y procedimental absoluto,
porque carecen de la carga argumentativa necesaria para ser analizados en esta
instancia constitucional.

Precisó que la decisión cuestionada tiene una interpretación razonable, que
responde a la finalidad buscada por la norma transitoria, sin que con ello haya una
valoración totalmente desproporcionada o caprichosa por parte del juez contencioso
electoral, por lo que, la acción de tutela no tiene vocación de prosperar.

6. Tercero con interés

La Registraduría Nacional del Estado Civil pidió que se declarara su falta de
legitimación en la causa por pasiva y, como consecuencia, se le desvinculara del
trámite de la presente acción de tutela.

Señaló que las pretensiones del señor Luis Manuel Rivas están encaminadas a que
se deje sin efecto la decisión proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
quien, en uso de autonomía judicial, decidió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Que, en esa medida, no tiene competencia para pronunciarse sobre lo pretendido
por el tutelante, porque no existe conexión entre la situación fáctica que dio origen
a la solicitud de amparo constitucional y las competencias otorgadas a la
Registraduría. Insistió en que la protección de los derechos deprecados por el actor
está en cabeza de la autoridad judicial accionada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
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Demandante: Luis Manuel Rivas

actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

2. Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
2
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
3 4
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la sentencia del 8 de septiembre de 2022,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en los defectos
deprecados por el señor Luis Manuel Rivas, al negar las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta contra los actos
administrativos en los cuales el Consejo Nacional Electoral negó el reconocimiento
de la personería jurídica del movimiento político Séptima Papeleta.

4. Caso concreto

2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después

del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se
destaca)
3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia

judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judi cial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4 La configuración de una causal especial de procedibilidad supone que la providencia controvertida haya

incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Demandante: Luis Manuel Rivas

El señor Luis Manuel Rivas promovió la presente acción de tutela, con el fin de que
se deje sin efecto la sentencia del 8 de septiembre de 2022, en la cual la Sección
Quinta del Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Consejo Nacional Electoral, tendiente a que
se ordenara el reconocimiento de la personería jurídica del movimiento político
Séptima Papeleta.

Según el actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defectos sustantivo,
fáctico y procedimental absoluto, además, desconoció el procedimiento previsto en
la Ley 1437 de 2011 y un “desconocimiento del derecho”. Sin embargo, todos los
alegatos de la parte actora se dirigen a invocar la vulneración al derecho
fundamental al debido proceso, por la interpretación hecha en la sentencia sobre la
aplicación del artículo 35 transitorio de la Constitución Política, que prevé:

ARTICULO TRANSITORIO 35. El Consejo Nacional Electoral reconocerá
automáticamente personería jurídica a los partidos y movimientos políticos
representados en la Asamblea Nacional Constituyente que se lo soliciten.

En ese contexto, los cargos formulados se enmarcan en la presunta configuración
de un defecto sustantivo, razón por la cual la Sala procederá a hacer su análisis en
conjunto, desde esa óptica.

En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho el actor señaló que debían
dejarse sin efecto los actos administrativos mediante los cuales el Consejo Nacional
Electoral le negó el reconocimiento de la personería jurídica al movimiento político
Séptima Papeleta, porque conforme con lo previsto en el artículo 35 transitorio de
la Constitución, tiene derecho a su otorgamiento, en atención a la participación y
representación que obtuvo en la Asamblea Nacional Constituyente.

Para resolver los cargos de la demanda, la Sección Quinta del Consejo de Estado
estableció dos problemas jurídicos, así:

«Primer problema jurídico: aplicabilidad del artículo 35 transitorio constitucional frente
al Movimiento Séptima Papeleta.

(…)
Segundo problema jurídico: vulneración del derecho la igualdad del artículo 13
constitucional.»

Respecto al primer problema jurídico, señaló que las normas transitorias tienen una
función temporal, ya que están previstas para regular el proceso de cambio, por lo
que puede concluirse que su eficacia se pierde una vez se cumple dicha finalidad.
Que, además, dichas disposiciones no tienen autonomía en su aplicación, toda vez
que para su comprensión es necesario estudiarlas en conjunto con otras
disposiciones constitucionales. En concreto, refirió:
«(…)
112. Bajo estas consideraciones, es claro entonces que una vez se llevaron a cabo
ejercicios democráticos de elección popular bajo la Constitución Política de 1991,
entraron a regir plenamente las exigencias del artículo 108 constitucional, en tanto que
las reglas que se derivan de esta última disposición, buscan que el reconocimiento de
la personería jurídica tenga como fundamento último el apoyo ciudadano y, en

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consecuencia, una representatividad considerable en el ejercicio de la política por parte
del partido o movimiento.

113. En consecuencia, se concluye, sin asomo de duda, que el artículo 35 transitorio
constitucional agotó su vigencia, en la medida en que se fueron desarrollando las
elecciones para la renovación de las instituciones de representación democrática,
elegidas mediante voto popular, y, por lo tanto, entró en plena aplicación la regulación
de reconocimiento de la personería jurídica

114. Por lo dicho, para esta Sección, es razonable señalar que esta disposición
normativa mantuvo su vigencia mientras se consolidaba la total aplicación, en condición
de igualdad, de las nuevas reglas del juego democrático en Colombia, específicamente,
en cuanto hace al reconocimiento de la personería jurídica de los partidos y movimientos
políticos.

(…)
126. Así las cosas, del presente apartado se concluye:

(i) El artículo 35 transitorio, desde el punto de vista de su finalidad y su análisis frente
al régimen general y permanente de reconocimiento de la personería jurídica
consagrado en el artículo 108 constitucional, perdió su vigencia de manera tácita,
una vez se llevaron a cabo los procedimientos democráticos bajo los cuales, dicha
prerrogativa sólo se reconoce tras verificar el cumplimiento de los requisitos allí
determinados.

(ii) No resulta procedente dar aplicación a las consideraciones de la sentencia SU-
257 del 2021, en tanto en dicha oportunidad la Corte Constitucional estudió la
aplicación del artículo 108 superior en un contexto determinado, más no del
artículo 35 transitorio del texto fundamental, siendo que, además, se trata de una
situación que está pendiente de ser resuelta por el Consejo Nacional Electoral

2.5.1.3. Cumplimiento de los presupuestos normativos del artículo 35 transitorio
constitucional respecto del movimiento Séptima Papeleta.

127. Sobre las consideraciones que soportan el segundo de los problemas jurídicos
planteados en esta decisión, la Sala observa que carece de objeto efectuar un análisis
sobre dicho particular, en la medida en que, como se puso de presente en el acápite
que precede, la norma constitucional que soporta la pretensión del demandante, no se
encuentra vigente y por lo tanto no se puede aplicar.

128. Sin embargo, en gracia de discusión, se debe señalar que los elementos de
convicción obrantes en el plenario permiten corroborar que el Movimiento Séptima
Papeleta, bajo dicha denominación, no participó en la elección de dignatarios a la
Asamblea Nacional Constituyente y por lo tanto no tuvo representación en la misma, así
como se observa que la constitución de dicha organización política sólo se llevó a cabo
hasta el año 1997.

129. Por ello, si la conclusión sobre la vigencia de la norma hubiere sido diferente, lo
cierto es que tampoco se acreditó, conforme al material probatorio, que el Movimiento
Séptima Papeleta se encuentre en los supuestos de esta.»

Además, al resolver este cargo, en la sentencia se precisó que, según las pruebas
aportadas, en el año 1997, el movimiento político Séptima Papeleta obtuvo el
reconocimiento de la personería jurídica, bajo los parámetros previstos en las
normas ordinarias. Sin embargo, en el año 1998, el Consejo Nacional Electoral
decretó la pérdida de la personería jurídica, en atención a los resultados obtenidos
en las elecciones presidenciales de esa anualidad.
Frente al segundo problema jurídico, esto es, la vulneración del derecho a la
igualdad, la providencia acusada concluyó:

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«(…)
141. En primer lugar, se observa que el demandante pretende, mediante la exigencia
de un trato igualitario, la aplicación de una norma respecto de la cual no se puede
predicar su vigencia. Sin desconocer que, en su momento, el Consejo Nacional
Electoral efectuó unas consideraciones en torno de la atemporalidad del artículo 35
transitorio constitucional, lo cierto es que, como se expuso en las líneas que preceden
a este apartado, tal disposición no se encuentra vigente y por lo tanto no resulta
aplicable en la actualidad, pues su finalidad, de permitir la transición ante mayores
exigencias para el reconocimiento de la personería jurídica, ya se cumplió.

142. Bajo esta perspectiva, la Sala considera que so pretexto de la aplicación del
derecho a la igualdad, no es procedente derivar consecuencias, en situaciones
particulares y concretas, que resultan contrarias al ordenamiento jurídico.

143. De otra parte, también se debe señalar que, de todas maneras, no se puede
predicar un juicio de igualdad en el presente caso, pues como fue puesto de presente,
respecto del Movimiento Unión Cristiana se tiene comprobado el cumplimiento de los
presupuestos establecidos en el artículo 35 transitorio constitucional, mientras que, por
el contrario, en relación con el Movimiento Séptima Papeleta, ello no fue establecido de
las pruebas aportadas al proceso.»

Conforme con lo anterior, la Sala estima que el estudio hecho por la autoridad
judicial accionada es adecuado, pues en atención a los cargos formulados por el
actor, debía determinar si era posible predicar la vigencia del artículo 35 transitorio
de la Constitución, para lo cual era necesario analizar su finalidad y efectuar una
lectura de este en contexto con todo el régimen constitucional establecido para el
reconocimiento de la personería jurídica por la vía ordinaria.

Además, resulta razonable que se haya concluido que el artículo 35 transitorio
perdió vigencia, toda vez que una disposición transitoria rige para situaciones
temporales que son existentes antes de la entrada en vigor de una ley o disposición,
o creada en virtud de la misma.

Como se observa, la autoridad judicial accionada, determinó la norma en la cual el
actor fundó la solicitud de reconocimiento de la personería jurídica del movimiento
Séptima Papeleta – artículo 35 transitorio de la Constitución Política-, perdió
vigencia al haberse consolidado los procedimientos democráticos bajo los cuáles se
instituyó. Es decir, que solo es viable el reconocimiento de la personería jurídica
para el movimiento político, si se cumplen los presupuestos establecidos en el
artículo 108 Superior.

Así, en la sentencia cuestionada se previó que, desde la Constitución Política de
1991, se cambiaron las reglas electorales sobre el otorgamiento de personería
jurídica que se habían previsto en la Ley 58 de 1985, razón por la que concluyó que
«(…) el artículo 108 constitucional (i) subió la exigencia respecto del número del
número de ciudadanos que soportan al partido o movimiento político que busca este
reconocimiento, pasando de 10.000 a 50.000; (ii) en el caso de elecciones
anteriores, igualmente sujetó la cantidad de sufragios obtenidos a esta última cifra
(50.000); y estableció (iii) el haber alcanzado representación en el Congreso de la
República como causal específica para ello.»

El actor insiste en la vigencia del artículo 35 transitorio de la Constitución, con el
argumento de que la derogatoria de un artículo de la Constitución solo es viable
mediante acto legislativo.

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Demandante: Luis Manuel Rivas

Al respecto, lo primero que debe indicarse es que la Corte Constitucional en
sentencia C-025 de 1993, al analizar el contenido de algunos artículos transitorios
de la Constitución, precisó que:

«La razón de ser de las normas transitorias, esta Corporación lo reitera, es la de servir
de puente hacia la instauración del régimen constitucional ordinario al cual ellas se
refieren y que se encuentra en suspenso hasta su agotamiento. La instrumentalidad del
régimen transitorio explica su carácter eminentemente temporal y precario, llamado a
ser superado y sustituido por el régimen ordinario tan pronto sea ello posible jurídica y
materialmente. La interpretación, consecuentemente, debe favorecer cuando sea del
caso el advenimiento del régimen ordinario, pues sólo a partir de él adquieren vigencia
sus disposiciones y mayor contenido de legitimación los actos del estado.»

En ese orden, la Sala considera que la conclusión a la cual llegó la Sección Quinta
del Consejo de Estado es razonable, pues en efecto se trata de un artículo
transitorio, en esa medida no se está declarando una derogatoria de la norma
referida, lo que se advierte, es que la autoridad judicial accionada hizo un estudio
de interpretación respecto de la vigencia del artículo para efectos del reconocimiento
de la personería jurídica de los movimientos políticos.

Es necesario tener en cuenta que la simple discrepancia sobre la interpretación que
pueda surgir en el debate jurídico y probatorio en un caso no puede constituir por sí
misma una irregularidad o defecto que amerite infirmar la decisión judicial mediante
acción de tutela. Ello debido a que, de proceder así, implicaría “admitir la
superioridad en el criterio valorativo del juez constitucional respecto del juez
ordinario, con clara restricción del principio de autonomía judicial. Cuando se está
frente a interpretaciones diversas y razonables, el juez del conocimiento debe
establecer, siguiendo la sana crítica, cuál es la que mejor se ajusta al caso
analizado5”.

Por lo tanto, la Sala encuentra que la decisión cuestionada fue debidamente
motivada y sustentada de acuerdo con el análisis de las pruebas allegadas al
proceso y las normas que lo regulan, la cual, en todo caso, resulta razonable y
ajustada a derecho, de conformidad con las circunstancias específicas del caso
concreto, distinto es, que la parte actora no se encuentre de acuerdo con las
conclusiones a las que llegó el juez natural de conocimiento, porque no coinciden
con sus intereses.

En cuanto al defecto procedimental, la Sala no entrará a hacer ningún análisis,
porque carece de la carga argumentativa mínima, pues el actor no identificó qué
disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo u otras normas concordantes fueron desconocidas por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, al tramitar el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que se cuestiona.

Así, la Sala no advierte que la autoridad judicial accionada haya incurrido en los
defectos deprecados por la parte actora. En consecuencia, negará las pretensiones
de la acción de tutela.

5 Sentencia T-008 de 1998, reiterada en la sentencia T-636 de 2006.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01227-00
Demandante: Luis Manuel Rivas

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Luis
Manuel Rivas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

10
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