Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01227-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01227-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-01227-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
22 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01227-01
Demandante: Luis Manuel Rivas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho para cuestionar acto administrativo que negó el
reconocimiento de personería jurídica del movimiento político
Séptima Papeleta / Vigencia del artículo 35 transitorio de la
Constitución Política / Defectos sustantivo y fáctico
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación formulada por Luis Manuel Rivas, en contra de la
sentencia proferida el 13 de abril de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Luis Manuel Rivas promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2022 por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-03-28-000-2021-
00081-00.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) Luis Manuel Rivas, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, presentó demanda en contra del Consejo Nacional Electoral, con el fin
de cuestionar la legalidad de los actos administrativos a través de los cuales se negó
el reconocimiento de la personería jurídica del movimiento político Séptima
Papeleta.
1 Ver índice 2 de SAMAI expediente 11001031500020230122700. Archivo denominado
«ED_TUTELA(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01227-01
Demandante: Luís Manuel Rivas
ii) El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia proferida el 8 de
septiembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda al considerar que los
actos administrativos demandados no desconocen las previsiones de artículo 35
transitorio de la Constitución Política, ya que, a la fecha en que se profirió la
providencia, no se puede predicar la vigencia de esa norma porque ya cumplió su
finalidad.
iii) En relación con esa decisión, la parte actora considera que la corporación judicial
demandada vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso
al incurrir en los defectos sustantivo, fáctico y procedimental. El primero, al no dar
cumplimiento al artículo 35 transitorio2, vigente, de la Constitución Política; el
segundo, por errada interpretación de dicha normativa; y el último, por la no
aplicación de las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y normas concordantes.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] PRIMERO: Se nos conceda el amparo Constitucional invocado al DEBIDO
PROCESO, AL DERECHO A LA IGUALDAD, con el fin de que sea Revocada la
Sentencia de única instancia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
NEGÓ las Pretensiones de la Demanda, y que en Derecho se dicte el fallo que
corresponda, de acuerdo al Petitum de la Demanda.
SEGUNDO: Se nos conceda el DERECHO A AL RECONOCIMIENTO DE LA
PERSONERÍA JURÍDICA Y LEGITIMACIÓN A SÉPTIMA PAPELETA COMO
MOVIMIENTO POLÍTICO, derechos Fundamentales que nos han sido Vulnerados al no
haberse dado el trámite que Constitucional y Legalmente le Corresponde dar a La
Demanda, de acuerdo con los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y Normas
Concordantes Aplicables, con el fin de evitar un Perjuicio Irremediable, por no amparar
los Derechos Fundamentales, que el Demandante considera vulnerados por los
Honorables Magistrados del Consejo Nacional Electoral – CNE -,
TERCERO: Ordenando Los Honorables Magistrados del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, que dentro de las cuarenta y ocho horas
(48) siguientes al fallo que así lo disponga, se REVOQUE la Sentencia Atacada.
CUARTO: Se disponga que la Registraduría Nacional del Estado Civil, dentro de las
cuarenta y ocho horas (48) siguientes al fallo que así lo ordene, debe permitir al
Movimiento Séptima Papeleta, sea Inscrito Formalmente como Movimiento Político
Colombiano, con base en la Personería Jurídica al Movimiento Séptima Papeleta, con
pleno Derecho a Participar en las Elecciones Regionales a celebrarse el día 29 de
Octubre de 2023.
2 ARTICULO TRANSITORIO 35. El Consejo Nacional Electoral reconocerá automáticamente
personería jurídica a los partidos y movimientos políticos representados en la Asamblea Nacional
Constituyente que se lo soliciten.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01227-01
Demandante: Luís Manuel Rivas
QUINTO: Se ordene que la Registraduría Nacional del Estado Civil, y al Consejo
Nacional Electoral- CNE. debe tomar los correctivos necesarios para evitar situaciones
futuras como la que actualmente afecta al suscrito Movimiento Político, organizando sus
funciones y competencias. […]».
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. El Consejo Nacional Electoral3 se opuso a la prosperidad del amparo
constitucional solicitado, en tanto no se presentó vulneración o amenaza de derecho
fundamental alguno por parte de esa corporación, lo cual configura una falta de
legitimación en la causa por pasiva.
1.2.2. La Registraduría Nacional del Estado Civil4 pidió que se declarara su falta de
legitimación en la causa por pasiva y, como consecuencia, se le desvinculara del
trámite de la presente solicitud de tutela.
Señaló que la protección de los derechos invocados por el actor está en cabeza de
la autoridad judicial demandada, esto en atención a la falta de competencia para
pronunciarse al respecto, porque no existe conexión entre la situación fáctica que
dio origen a la solicitud de amparo constitucional y las competencias otorgadas a
esa entidad.
1.2.3. El Consejo de Estado, Sección Quinta5, afirmó que no fue satisfecho el
presupuesto de procedibilidad de relevancia constitucional, pues, la solicitud de
tutela no podía convertirse en una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales. Señaló que no se advirtió la configuración de algún defecto,
ya que la decisión fue proferida conforme al debido proceso y las normas vigentes.
Precisó que no se configuró el defecto sustantivo por no dar aplicación al artículo
35 transitorio de la Constitución Política, el cual fue uno de los puntos analizados en
la decisión acusada, para efectos de estudiar los reparos presentados en la
demanda; por lo que le «corresponde al juez contencioso electoral, determinar si la
disposición jurídica de naturaleza transitoria que se aduce desconocida resultaba exigible
a la autoridad administrativa que dictó el acto demandado, en tanto, es el primer parámetro
de confrontación que se debe tener en cuenta el operador judicial cuando se alega que una
decisión desconoce la norma en que debe fundarse, esto es, le compete verificar si debía
aplicarse al caso concreto para lo cual debe empezar por hacer un estudio de su vigencia.»
1.3 Sentencia de primera instancia6
3 Ver índice 10 de SAMAI expediente 11001031500020230122700. Archivo denominado
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_RV_RESPUESTADEACC(.zip) NroActua
10.
4 Ver índice 11 de SAMAI expediente 11001031500020230122700. Archivo denominado
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_CORREO_LORENACARMO(.pdf )
NroActua 11.
5 Ver índice 12 de SAMAI expediente 11001031500020230122700. Archivo denominado
CONTESTACIONDEMANDA_4170323DIE GORA(.pdf) NroActua 12.
6 Ver índice 16 de SAMAI expediente 11001031500020230122700
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01227-01
Demandante: Luís Manuel Rivas
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 13 de abril de 2023
negó el amparo solicitado, al considerar que la decisión cuestionada fue
debidamente motivada y sustentada de acuerdo con el análisis de las pruebas
allegadas al proceso y las normas que lo regulan. Por su parte, no se pronunció
respecto al defecto procedimental, por falta de sustentación.
1.4. Escrito de impugnación7
Luis Manuel Rivas impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual reiteró
los argumentos expuestos en el escrito de tutela inicial, además de manifestar que
el estudio realizado por el juez de tutela resulta equivocado.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) problema jurídico y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20008 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20199, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.11 Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
7 Ver índice 20 de SAMAI.
8 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01227-01
Demandante: Luís Manuel Rivas
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala]. […]»
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena,12 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se
cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar
improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,14 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.15
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Luís Manuel Rivas
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿El Consejo de Estado, Sección Quinta, vulneró los
derechos fundamentales de Luis Manuel Rivas con ocasión de la sentencia del 8 de
septiembre de 2022 que negó las pretensiones de nulidad de los actos
administrativos a través de los cuales se negó el reconocimiento de personería
jurídica al movimiento político Séptima Papeleta, al incurrir, presuntamente, en
defectos sustantivo, fáctico y procedimental con ocasión de la indebida valoración
artículo 35 transitorio de la Constitución Política?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Defecto sustantivo o material
En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda
del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto16. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que
este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta
no es una facultad absoluta17, para lo cual precisó que los límites se encuentran en
el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho.
El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que
hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
16 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
17 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018
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Demandante: Luís Manuel Rivas
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales18.
2.5.3. Defecto fáctico
El defecto fáctico de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, 19 tiene una
dimensión negativa y otra positiva. La primera se configura cuando en desarrollo de
la actividad probatoria el juez omite la «valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez»,20 «o cuando sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente».21 La segunda, se acredita cuando el operador judicial
«aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron
indebidamente recaudadas».22
Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.6. Sobre el caso concreto
Luis Manuel Rivas acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia del 8
de septiembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en
cuanto negó las pretensiones de la demanda al considerar que los actos
administrativos a través de los cuales se negó el reconocimiento de personería
jurídica del movimiento político Séptima Papeleta no desconocen las previsiones de
artículo 35 transitorio de la Constitución, pues esta perdió vigencia.
Lo anterior, según insistió en el escrito de impugnación, al considerar que la referida
decisión judicial incurrió en defectos sustantivo, fáctico y procedimental. El primero,
al no dar cumplimiento al artículo 35 transitorio, vigente, de la Constitución Política;
el segundo, por errada interpretación de dicha normativa; y el último, por la no
aplicación de las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y normas concordantes. El citado artículo dispone:
18 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
19 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
20 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
21 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
22 Sentencia T-538 de 1994.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01227-01
Demandante: Luís Manuel Rivas
ARTICULO TRANSITORIO 35. El Consejo Nacional Electoral reconocerá
automáticamente personería jurídica a los partidos y movimientos políticos
representados en la Asamblea Nacional Constituyente que se lo soliciten.
Ahora bien, al descender a la situación particular planteada por Luis Manuel Rivas,
se observa que la corporación judicial demandada, mediante providencia del 8 de
septiembre de 2022, señaló:
«[…] 112. Bajo estas consideraciones, es claro entonces que una vez se llevaron a cabo
ejercicios democráticos de elección popular bajo la Constitución Política de 1991,
entraron a regir plenamente las exigencias del artículo 108 constitucional, en tanto que
las reglas que se derivan de esta última disposición, buscan que el reconocimiento de la
personería jurídica tenga como fundamento último el apoyo ciudadano y, en
consecuencia, una representatividad considerable en el ejercicio de la política por parte
del partido o movimiento.
113. En consecuencia, se concluye, sin asomo de duda, que el artículo 35 transitorio
constitucional agotó su vigencia, en la medida en que se fueron desarrollando las
elecciones para la renovación de las instituciones de representación democrática,
elegidas mediante voto popular, y, por lo tanto, entró en plena aplicación la regulación
de reconocimiento de la personería jurídica.
114. Por lo dicho, para esta Sección, es razonable señalar que esta disposición
normativa mantuvo su vigencia mientras se consolidaba la total aplicación, en condición
de igualdad, de las nuevas reglas del juego democrático en Colombia, específicamente,
en cuanto hace al reconocimiento de la personería jurídica de los partidos y movimientos
políticos.
(...)
126. Así las cosas, del presente apartado se concluye:
(i) El artículo 35 transitorio, desde el punto de vista de su finalidad y su análisis frente al
régimen general y permanente de reconocimiento de la personería jurídica consagrado
en el artículo 108 constitucional, perdió su vigencia de manera tácita, una vez se llevaron
a cabo los procedimientos democráticos bajo los cuales, dicha prerrogativa sólo se
reconoce tras verificar el cumplimiento de los requisitos allí determinados.
(ii) No resulta procedente dar aplicación a las consideraciones de la sentencia SU- 257
del 2021, en tanto en dicha oportunidad la Corte Constitucional estudió la aplicación del
artículo 108 superior en un contexto determinado, más no del artículo 35 transitorio del
texto fundamental, siendo que, además, se trata de una situación que está pendiente de
ser resuelta por el Consejo Nacional Electoral
2.5.1.3. Cumplimiento de los presupuestos normativos del artículo 35 transitorio
constitucional respecto del movimiento Séptima Papeleta.
127. Sobre las consideraciones que soportan el segundo de los problemas jurídicos
planteados en esta decisión, la Sala observa que carece de objeto efectuar un análisis
sobre dicho particular, en la medida en que, como se puso de presente en el acápite que
precede, la norma constitucional que soporta la pretensión del demandante, no se
encuentra vigente y por lo tanto no se puede aplicar.
128. Sin embargo, en gracia de discusión, se debe señalar que los elementos de
convicción obrantes en el plenario permiten corroborar que el Movimiento Séptima
Papeleta, bajo dicha denominación, no participó en la elección de dignatarios a la
Asamblea Nacional Constituyente y por lo tanto no tuvo representación en la misma, así
como se observa que la constitución de dicha organización política sólo se llevó a cabo
hasta el año 1997.
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Demandante: Luís Manuel Rivas
129. Por ello, si la conclusión sobre la vigencia de la norma hubiere sido diferente, lo
cierto es que tampoco se acreditó, conforme al material probatorio, que el Movimiento
Séptima Papeleta se encuentre en los supuestos de esta.
[…]
141. En primer lugar, se observa que el demandante pretende, mediante la exigencia de
un trato igualitario, la aplicación de una norma respecto de la cual no se puede predicar
su vigencia. Sin desconocer que, en su momento, el Consejo Nacional Electoral efectuó
unas consideraciones en torno de la atemporalidad del artículo 35 transitorio
constitucional, lo cierto es que, como se expuso en las líneas que preceden a este
apartado, tal disposición no se encuentra vigente y por lo tanto no resulta aplicable en la
actualidad, pues su finalidad, de permitir la transición ante mayores exigencias para el
reconocimiento de la personería jurídica, ya se cumplió.
142. Bajo esta perspectiva, la Sala considera que so pretexto de la aplicación del derecho
a la igualdad, no es procedente derivar consecuencias, en situaciones particulares y
concretas, que resultan contrarias al ordenamiento jurídico.
143. De otra parte, también se debe señalar que, de todas maneras, no se puede
predicar un juicio de igualdad en el presente caso, pues como fue puesto de presente,
respecto del Movimiento Unión Cristiana se tiene comprobado el cumplimiento de los
presupuestos establecidos en el artículo 35 transitorio constitucional, mientras que, por
el contrario, en relación con el Movimiento Séptima Papeleta, ello no fue establecido de
las pruebas aportadas al proceso. […]»
Vista la motivación efectuada en la providencia judicial cuestionada y en
concordancia con lo expuesto por el a quo, es pertinente recordar que la Corte
Constitucional en sentencia C-025 de 1993, respecto al contenido de los artículos
transitorios de la Constitución Política, precisó que:
«[…] La razón de ser de las normas transitorias, esta Corporación lo reitera, es la de
servir de puente hacia la instauración del régimen constitucional ordinario al cual ellas
se refieren y que se encuentra en suspenso hasta su agotamiento. La instrumentalidad
del régimen transitorio explica su carácter eminentemente temporal y precario, llamado
a ser superado y sustituido por el régimen ordinario tan pronto sea ello posible jurídica y
materialmente. La interpretación, consecuentemente, debe favorecer cuando sea del
caso el advenimiento del régimen ordinario, pues sólo a partir de él adquieren vigencia
sus disposiciones y mayor contenido de legitimación los actos del estado. […]»
Así las cosas, de acuerdo con lo expuesto y lo probado en el proceso cuestionado,
se entiende que el artículo 35 transitorio perdió vigencia, esto debido a que una
disposición transitoria rige para situaciones temporales que son existentes antes de
que una ley o disposición entre en vigencia, por lo que hasta este punto no se
presenta la configuración del defecto sustantivo alegado.
En este orden de ideas, se evidencia que el Consejo de Estado, Sección Quinta,
realizó una interpretación razonable al concluir que la norma en la cual el
demandante fundó la solicitud de reconocimiento de la personería jurídica del
movimiento Séptima Papeleta, es decir, el artículo 35 transitorio de la Constitución
Política, perdió vigencia al haberse consolidado los procedimientos democráticos
bajo los cuáles se creó, en consecuencia, solo es posible el reconocimiento de la
personería jurídica para el movimiento político, una vez cumplidos los presupuestos
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01227-01
Demandante: Luís Manuel Rivas
establecidos en el artículo 108 superior.
Por su parte, tampoco es posible concluir la configuración de un defecto fáctico, en
tanto la parte actora no menciona la omisión o indebida valoración de alguna prueba
en específico que pudiera variar lo resuelto por el juez natural y, por el contrario, se
observa que analizó de manera integral todas aquellas aportadas al expediente,
cuyo estudio se efectuó en el marco de la normativa aplicable al asunto, de tal
manera, esta Sala de decisión no observa una valoración caprichosa o arbitraria por
el Consejo de Estado, Sección Quinta, en perjuicio de los intereses de la parte
demandante.
De otro lado, pese a que la parte demandante insistió en los argumentos expuestos
inicialmente, se evidencia que continúa la ausencia de motivación respecto del
defecto procedimental alegado, por lo que no hay mérito para pronunciarse al
respecto.
Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró
probado.
En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una instancia adicional.
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala confirmará la decisión
del a quo que negó el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y al
debido proceso de Luís Manuel Rivas, en la solicitud de tutela presentada contra el
Consejo de Estado, Sección Quinta.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 13 de abril de 2023 por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, mediante la cual que negó el amparo de los derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso de Luís Manuel Rivas, en la
solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Quinta, de
conformidad con las precisas razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01227-01
Demandante: Luís Manuel Rivas
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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