Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-01250-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-01250-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-01250-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
16 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01250-01
Accionante: MARPICO S.A.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN CUARTA –
SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – se confirma el fallo impugnado – la solicitud
de amparo no cumple con el requisito general de procedibilidad
atinente a la subsidiariedad
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado judicial de la parte
accionante en contra de la sentencia 20 de abril de 2023, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La sociedad MARPICO S.A., por conducto de apoderado judicial, presentó acción
de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya vulneración
le atribuyó a las sentencias de 21 de mayo de 2021 y de 1° de septiembre de 2022,
proferidas, respectivamente, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Cuarta – Subsección B y por el Consejo de Estado – Sección Cuarta,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
número 25000-23-37-000-2016-01111-01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y de
Contribuciones Parafiscales – UGPP adelantó en contra de la sociedad
MARPICO S.A., un proceso de determinación de obligaciones, por la presunta
inexactitud y mora en las liquidaciones y los pagos de los aportes al sistema de
protección social, en el período comprendido entre enero y diciembre de los años
2011 y 2013.
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Accionante: MARPICO S.A.
2.2. Aseguró que dentro del mencionado proceso se profirió la Resolución N° RDO
019 de 3 de enero de 2015, mediante la cual se determinó que la sociedad
MARPICO S.A. adeudaba «[…] la suma SESENTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS
M/CTE ($62.573.156) [por concepto de capital], más una deuda por concepto de
sanción por la conducta de inexactitud por valor de DIEZ MILLONES CIENTO
VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($10.120.902). […]». La anterior
decisión fue confirmada a través de la Resolución N° RDC 369 de 7 de diciembre
de 2015.
2.3. Señalóque, con base en lo anterior, promovió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho N° 25000-23-37-000-2016-01111-01 en contra de la
Unidad Administrativa de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales
– UGPP, orientada a que se declarara la nulidad de las Resoluciones N° RDO 019
de 3 de enero de 2015 y RDC 369 de 7 de diciembre de 2015.
2.4. Refirió que el conocimiento del aludido proceso le correspondió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B, autoridad
judicial que, mediante sentencia de 21 de mayo de 2021, declaró la nulidad parcial
de los actos administrativos demandados.
2.5. Indicó que apeló la decisión de primera instancia y que, mediante sentencia de
1° de septiembre de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado modificó el
fallo de primera instancia, para, en su lugar, disponer, a título de restablecimiento
del derecho, lo siguiente: «[…] se le ORDENA a la UGPP practicar una nueva
liquidación en la que: (i) se eliminen los ajustes determinados en aquellos casos en
los que se integró al IBC los pagos no constitutivos de salario por viáticos
permanentes de transporte, por no integrar la base de aportes al sistema de
seguridad social, (ii) se reliquiden los aportes de los trabajadores que disfrutaron
vacaciones y a su vez recibieron viáticos permanentes de transporte, en el sentido
de excluirlos del IBC y, en todo caso, se deberá atender el IBC del período anterior
al inicio del descanso, (iii) se eliminen los ajustes al sistema de pensiones de Gladys
Rosas Rodríguez (agosto a noviembre de 2011) y Álvaro Pedraza (junio a diciembre
de 2011), (iv) se tengan en cuenta los pagos probados en las planillas de corrección
posteriores a la liquidación oficial, aportadas con el recurso de reconsideración y (v)
se disminuya la sanción por inexactitud de forma proporcional a los aportes […]».
2.6. Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo,
procedimental absoluto y de desconocimiento del precedente. Como fundamento
de lo anterior expuso lo siguiente:
2.7. En cuanto al defecto sustantivo, indicó que la autoridad judicial accionada debía
pronunciarse sobre el cargo relacionado con la «irretroactividad de la Ley 1607 de
2012 y a la firmeza de las planillas PILA del año 2011» y no abstenerse de abordar
ese estudio en razón a que no fue propuesto como cargo de nulidad dentro de la
demanda, toda vez que se observa que: «[…] desde la presentación de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, se ha manifestado, en sentido amplio,
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Accionante: MARPICO S.A.
que la UGPP violó el debido proceso de la sociedad que represento, MARPICO
S.A., pues no tenía la competencia para llevar a cabo el proceso administrativo de
fiscalización, que previamente había agotado, a lo sumo para los periodos de 2011.
[…]».
2.8. Frente al desconocimiento del precedente judicial, señaló que se desconoció la
sentencia C-549 de 1993, proferida por la Corte Constitucional, en la que se abordó
lo concerniente al principio de irretroactividad de la ley tributaria.
2.9. Sobre el defecto procedimental absoluto por exceso ritual aseguró que: «[…] se
observa que en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la
sociedad demandante, expreso [sic] dentro de los cargos procesales lo referente a
la irretroactividad de la Ley 1607 de 2012 y la consecuencia directa sobre la firmeza
de las declaraciones, en el sentido de ampliar los cargos de violación del escrito de
la demanda, que en busca de orientar a su Honorable Despacho, como una
observación expresamente respetuosa al Juzgador en segunda instancia, se
describía adicional una manifestación con la particularidad de ser una excepción a
la justicia rogada y que bajo ese criterio, se estudiara de fondo el argumento bajo
una inclusión de oficio por parte del Despacho. Lo anterior, a fin de materializar la
verdad jurídica y la justicia material […]».
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] PRIMERO: Se ordene dejar sin efectos la sentencia de primera
instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, de fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno
(2021).
SEGUNDO: Se ordene dejar sin efectos la sentencia de segunda
instancia, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, de fecha primero (1o) de septiembre de
dos mil veintidós (2022).
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior se declare la nulidad de
los Actos Administrativos, Resolución No. RDC 369 del siete (07) de
diciembre de dos mil quince (2015) y Resolución No. RDO 019 del trece
(13) de enero de dos mil quince (2015), proferidos por la UGPP, conforme
lo expuesto anteriormente, en lo que deviene al cargo no estudiado por
el Ad Quem, y se tenga de presente la jurisprudencia frente a la firmeza
de las declaraciones privadas y la irretroactividad de la norma en materia
tributaria. […]. (sic en toda la cita)
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través del
magistrado de a cargo de la sustanciación del proceso y mediante auto de 14 de
marzo de 2023, admitió la acción de tutela de la referencia. Asimismo, vinculó a la
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Accionante: MARPICO S.A.
Unidad Aministrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, como tercero con interés en los resultados de este proceso.
V. INTERVENCIONES
5. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a la vinculada, se
advierte que se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, por conducto de la consejera
ponente de la providencia que motivó la interposición de este mecanismo
constitucional, rindió informe en el que advirtió que dicha autoridad judicial no
vulneró los derechos fundamentales de la actora, habida cuenta que: «[…] el asunto
planteado en esta oportunidad carece de relevancia constitucional y que no puede
utilizarse la acción de tutela como una instancia adicional del proceso ordinario en
el cual fue expedida la providencia acusada, pues este mecanismo está previsto
para resguardar derechos fundamentales, no para discutir la discrepancia que la
parte actora tenga frente a una decisión judicial […]».
5.2. Además, explicó que a través de la presente acción de amparo se buscaba
revivir el debate jurídico que se adelantó dentro del medio del control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
5.3. La UGPP manifestó, por intermedio del Subdirectora Jurídica de Parafiscales,
que las providencias judicial objeto de tutela se ajustaban al ordenamiento jurídico
y no fueron proferidas vulnerando derechos fundamentales de la parte actora, por
lo que lo que solicitó que se desestimaran las pretensiones de la presente acción
de tutela.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 20 de abril de 2023, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado resolvió denegar el mecanismo de amparo de la
referencia, luego de considerar que no se configuraron los defectos alegados por la
parte accionante.
7. En tal sentido, el juez de primera instancia expuso lo siguiente:
[…] la Sala advierte que la autoridad judicial accionada, de manera previa,
explicó que si bien la parte demandante en los alegatos de conclusión de
primera instancia y en el recurso de apelación hizo referencia a la
irretroactividad de la Ley 1607 de 2012 y a la firmeza de las planillas PILA del
año 2011 y, en ese sentido, explicó que a esas autoliquidaciones les aplica el
término de dos años previsto en el artículo 714 del Estatuto Tributario, porque
para la fecha en que se presentaron estaba en vigor la Ley 1151 de 2007, lo
cierto era que esos desacuerdos no habían sido propuestos como cargo de
nulidad en la demanda.
Además, precisó que esa situación impidió que la entidad demandada pudiera
contradecirlo y el Tribunal a quo tuviera la oportunidad de analizarlo. Por lo
anterior, concluyó que no era posible abordar el estudio de los disensos
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Accionante: MARPICO S.A.
planteados por el recurrente, ya que, aunque, conforme con el artículo 328 del
Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse
sobre todos los argumentos planteados en la apelación, el análisis en esa
instancia debe guardar consonancia con lo expuesto en la demanda, en aras
de garantizar el derecho de defensa y contradicción de la contraparte y atender
el principio de congruencia definido en el artículo 320 ejusdem.
(…)
Conforme lo expuesto, no es válido el argumento esgrimido por la parte
accionante para configurar los defectos invocados, puesto que el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, en la sentencia objeto de litis, explicó las
razones por las cuales no podía analizar los desacuerdos propuestos por
la sociedad MARPICO S.A. en la segunda instancia del proceso ordinario.
En efecto, la Sala destaca que la autoridad judicial accionada advirtió,
antes de iniciar con el análisis del caso concreto, que la demandante, en
los alegatos de conclusión de primera instancia y en el recurso de
apelación, planteó, de un lado, que la entidad demandada aplicó de
manera retroactiva de la Ley 1607 de 2012 y, de otro, que no atendió la
firmeza de las planillas PILA del año 2011, sin que tales desacuerdos
coincidieran con lo planteado en la demanda, de manera que, no podía
abordarse su estudio, so pena de lesionar el derecho de defensa y
contradicción de la contraparte y desconocer el principio de congruencia
que debe atender una decisión judicial […]. (negrillas fuera de texto)
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. La tutelante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, con sustento en
los siguientes argumentos:
9. En primer lugar, sostuvo que se configuró el defecto sustantivo denunciado
porque, en su criterio, la autoridad judicial accionada «[...] debió pronunciarse
respecto del cargo que relaciono como “irretroactividad de la Ley 1607 de 2012 y a
la firmeza de las planillas PILA del año 2011”, pues si observamos el trámite
desarrollado dentro del proceso, desde la presentación de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, se ha manifestado, en amplio sentido,
que la UGPP violó el debido proceso de la sociedad que represento, MARPICO
S.A., toda vez que no tenía la competencia para llevar a cabo el proceso
administrativo de fiscalización, que previamente había agotado, a lo sumo para
los periodos de 2011. Ampliando el criterio de la falta de competencia, se advierte
que el Consejo de Estado, ha establecido en amplia jurisprudencia que “la ley 1607
de 2012 no puede ser aplicada retroactivamente para los años anteriores a su
expedición”, cabe recordar entonces que la Ley 1607 entro en vigencia a partir del
26 de diciembre de 2012, por ende, para los periodos de fiscalización anteriores a
esta temporalidad se debía plena aplicación de la Ley 1151 de 2007, que por
remisión expresa nos transporta a algunos apartes del Estatuto Tributario (…) [L]a
consecuencia inmediata es la perdida de competencia temporal de la
Administración para fiscalizar los periodos, lo anterior atendiendo a los límites
que impone el principio de irretroactividad de las normas, en congruencia con
el postulado constitucional de igualdad y seguridad jurídica [...]».
10. En cuanto al desconocimiento del precedente jurisprudencial, reiteró que se violó
la sentencia C – 549 de 1993, proferida por la Corte Constitucional, y las sentencias
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Accionante: MARPICO S.A.
de 10 de septiembre de 2014 y de 30 de junio de 2022, dictadas por la Sección
Cuarta de esta Corporación; providencias que se pronunciaron sobre el principio de
irretroactividad de las normas tributarias.
11. Por último, insistió que se incurrió en un defecto procedimental absoluto porque
«[...] en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la sociedad
demandante, expreso [sic] dentro de los cargos procesales lo referente a la
irretroactividad de la Ley 1607 de 2012 y la consecuencia directa sobre la firmeza
de las declaraciones, en el sentido de ampliar los cargos de violación del escrito de
la demanda, que en busca de orientar a su Honorable Despacho, como una
observación expresamente respetuosa al Juzgador en segunda instancia, se
describía adicional una manifestación con la particularidad de ser una excepción a
la justicia rogada y que bajo ese criterio, se estudiara de fondo el argumento bajo
una inclusión de oficio por parte del Despacho. Lo anterior, a fin de materializar la
verdad jurídica y la justicia material [...]».
12. Con fundamento en las anteriores premisas, la actora solicitó revocar el fallo
impugnado y que, como consecuencia de ello, se acceda al amparo deprecado.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20173.
VIII.2. Problemas jurídicos
14. Previamente a la definición de los problemas jurídicos que deberá resolver la Sala
de Decisión, se debe precisar que, aunque el extremo accionante atribuyó la
vulneración de sus derechos fundamentales a las sentencias dictadas en primera
y segunda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado número 25000-23-37-000-2016-01111-01; se advierte que el presente
análisis sólo se centrará en determinar si la providencia de segunda instancia, esto
es la sentencia de 1° de septiembre de 2022, incurrió en los defectos invocados,
dado que esta decisión fue la que finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa juzgada.
15. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que le
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer lo siguiente:
1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Accionante: MARPICO S.A.
A) Si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de
procedibilidad contra providencia judicial. Si ello es así se deberá determinar:
B) Si la sentencia de 1° de septiembre de 2022, proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 25000-23-37-000-2016-
01111-01, vulneró los derechos fundamentales de la actora, al haber
incurrido presuntamente en defecto sustantivo, desconocimiento del
precedente y procedimental por exceso ritual manifiesto.
16. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
17. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20125, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
18. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
19. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01250-01
Accionante: MARPICO S.A.
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución7.
21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»8 que se encaje en
dichos parámetros.
22. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
23. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
24. La sociedad MARPICO S.A., por conducto de apoderado judicial, presentó acción
de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya vulneración
le atribuyó a las sentencias de 21 de mayo de 2021 y de 1° de septiembre de 2022,
proferidas, respectivamente, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Cuarta – Subsección B y por el Consejo de Estado – Sección Cuarta,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
número 25000-23-37-000-2016-01111-01
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Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
8
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Accionante: MARPICO S.A.
VIII.4.1. Del requisito general de la subsidiariedad en el caso sub examine
25. Sobre el particular, cabe recordar que dado el carácter subsidiario, excepcional y
residual de la acción de tutela consignada en el artículo 86 de la Carta Política, la regla
general es que tal mecanismo de protección de derechos fundamentales no puede
reemplazar a los medios ordinarios de defensa judicial. Este carácter excepcional y
residual está previsto en el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991 9, que
expresamente prescribe: «[…] La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan
otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]».
26. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo, el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza10); lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
27. La Corte Constitucional, se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:
[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto. Exigencia
que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito, que pretende
asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí misma una
instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que
reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un camino
excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los procesos
judiciales […]11.
28. En ese sentido, se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25 de abril
de 2019, en la que expuso lo siguiente: «la tutela no puede ser utilizada como acción
judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que estos medios
ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos fundamentales
controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable»12.
9
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
10
Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencia T-890-11 y T-580-06.
12
Consejo de Estado, Sección Primera, Radicación 11001-03-15-000-2018-04033-01(AC), Sentencia de 25 de abril de
2019. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01250-01
Accionante: MARPICO S.A.
28.1. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la parte accionante
puso de relieve que la sentencia de 1° de septiembre de 2022 había incurrido en un
defecto sustantivo, en un desconocimiento del precedente jurisprudencial y un
defecto procedimental absoluto. Vale la pena destacar que el fundamento de los
tres defectos referidos consistió en que la autoridad judicial accionada omitió
estudiar el cargo relacionado con la presunta nulidad de los actos administrativos
demandados por la aplicación retroactiva de la Ley 1607 de 2012, planteado en el
recurso de apelación.
29. En efecto, la Sala pone de relieve que los fundamentos de los tres defectos
enunciados tratan sobre el mismo tema, como se puede apreciar:
29.1. En cuanto al defecto sustantivo, la actora adujo que la Sección Cuarta del Consejo
de Estado «[…] debió pronunciarse respecto del cargo que relaciono [sic] como
“irretroactividad de la Ley 1607 de 2012 (…) pues si observamos el trámite
desarrollado dentro del proceso, desde la presentación de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, se ha manifestado, en amplio sentido,
que la UGPP violó el debido proceso de la sociedad que represento, MARPICO
S.A., toda vez que no tenía la competencia para llevar a cabo el proceso
administrativo de fiscalización»; lo que a su vez constituía «[…] la perdida de
competencia temporal de la Administración para fiscalizar los periodos, lo
anterior atendiendo a los límites que impone el principio de irretroactividad de
las normas, en congruencia con el postulado constitucional de igualdad y
seguridad jurídica […]».
29.2. Sobreel desconocimeinto del precedente, sostuvo que se violaron las
sentencias C – 549 de 1993, proferida por la Corte Constitucional, y las sentencias
de 10 de septiembre de 2014 y de 30 de junio de 2022, dictadas por la Sección
Cuarta de esta Corporación; las cuales versan sobre el principio de irretroactividad
de las normas tributarias.
29.3. Frente al defecto procedimental absoluto, alegó que «[…] en el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, la sociedad demandante,
expreso [sic] dentro de los cargos procesales lo referente a la irretroactividad de la
Ley 1607 de 2012 y la consecuencia directa sobre la firmeza de las declaraciones,
en el sentido de ampliar los cargos de violación del escrito de la demanda, que en
busca de orientar a su Honorable Despacho, como una observación expresamente
respetuosa al Juzgador en segunda instancia, se describía adicional una
manifestación con la particularidad de ser una excepción a la justicia rogada y que
bajo ese criterio, se estudiara de fondo el argumento bajo una inclusión de oficio por
parte del Despacho. Lo anterior, a fin de materializar la verdad jurídica y la justicia
material [...]».
30. Desde esta perspectiva, y habida cuenta que los fundamentos de la presente
acción de tutela versan sobre un mismo asunto, la Sala colige que el fondo de la
controversia planteada en el caso de autos radica en determinar si se violó el
principio de congruencia de la sentencia dictada en segunda instancia por la
11
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01250-01
Accionante: MARPICO S.A.
Sección Cuarta del Consejo de Estado. Ello es así porque la discusión que se puso
de relieve en el presente caso consiste, básicamente, en que en el recurso de
apelación se expusieron unos cargos de nulidad que no fueron estudiados de fondo
por la autoridad judicial accionada, bajo el argumento de que dichos planteamientos
no fueron esbozados en la demanda.
31. Vistolo anterior, para la Sala es claro que los motivos de inconformidad
esgrimidos por el actor están intrínsecamente asociados con el desconocimiento
del principio de congruencia; y por ello el presente mecanismo de amparo
deviene improcedente, en la medida que, tal como en otras oportunidades lo ha
admitido esta Corporación13, el desconocimiento del principio de congruencia14
da lugar a la interposición del recurso extraordinario de revisión, con apoyo en
la causal contenida en el ordinal 5º del artículo 250 del CPACA 15, relacionada con
la nulidad originada en la sentencia.
32. Así las cosas, para la Sala resulta forzoso concluir que, en el sub lite, ante la
existencia de un mecanismo judicial de defensa de los intereses de la accionante,
el juez de tutela no puede pronunciarse sobre el fondo de la pretensión de
amparo y efectuar un análisis de los argumentos presentados en el escrito de
tutela, en la medida en que ello implicaría reemplazar al juez ordinario de la
causa y, además, en el asunto de la referencia no se demostró la configuración de
un perjuicio irremediable para que la solicitud de amparo procediera como
mecanismo transitorio16.
33. Por los razonamientos anteriormente expuestos, se concluye que la solicitud de
amparo deviene improcedente en tanto que no satisface el requisito general de
procedibilidad atinente a la subsidiariedad.
34. Por ende, la Sala revocará el fallo impugnado que negó las pretensiones de la
presente acción de tutela, para en su lugar declarar que la presente acción
constitucional es improcedente.
13
Ver sentencias de Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. 11001-03-15-000-
2018-02154-01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Actores: Libardo Sucre García Nassar. y Rad. 11001-03-15-000-2018-
04304-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Actor Seditrans
14
A propósito de este principio, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 25 de enero de 2018, explicó que:
[…] El pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse al petitum elevado sino además, a los hechos que sirven de
soporte aducidos por quien entabla la demanda, y en tratándose de las acciones incoadas ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, es menester señalar que el quebranto normativo endilgado en el capítulo del libelo que contenga
el concepto de violación, constituye un límite que no puede traspasar el Juzgador, sobre todo si se tiene en cuenta que en
este campo la justicia es rogada; por lo cual la contienda no puede desatarse sino dentro de las pautas fijadas en el libelo
incoativo del proceso. (…)” .
15
Artículo 250. Causales de Revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de
revisión: (…) 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
16
Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de acciones
u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez producido, es irreversible y por tanto no puede
ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio irremediable cuando concurran los siguientes requisitos: (1)
el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial transitoria; (2) las
medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de ser grave, esto es,
que una vez que aquel se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia y la
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01250-01
Accionante: MARPICO S.A.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela de 20 de abril de 2023, proferido por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar
DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (30)
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