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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-02154-01

Improcedencia de la acción de tutela contra providencia judicial: incumplimiento del requisito de subsidiariedad

Fecha
27 de septiembre de 2018
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez
Citada por
24 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-02154-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 9 de agosto de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio del cual negó las pretensiones del amparo. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2018-02154-01

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

27 de septiembre de 2018

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Incumplimiento del requisito de subsidiariedad / RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – En trámite / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Mecanismo judicial idóneo para controvertir la congruencia como causal de nulidad de la sentencia

En el caso sub examine, los actores presentaron en término el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia sustentado en debida forma y admitido mediante auto de 27 de julio de 2018 por la Sección Tercera del Consejo de Estado y que actualmente se encuentra en trámite, porque, a su juicio se desconoció la sentencia de unificación referente a los elementos constitutivos de la responsabilidad por falla en el servicio. Por tanto, como lo ha señalado esta Corporación por este aspecto se advierte que el accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, para la protección de los derechos fundamentales que considera transgredidos, el cual se encuentra actualmente en trámite, máxime si se tiene en cuenta que la resolución del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia podría afectar considerablemente la sentencia accionada (…) Sobre el recurso extraordinario de revisión El actor en su escrito de tutela adujo que el Tribunal profirió la sentencia de forma incongruente al resolver sobre aspectos que no fueron objeto del recurso de apelación. Ahora, la Sala al revisar el presente caso, considera que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que el actor contaba con otro medio idóneo y eficaz de defensa judicial para controvertir la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que es el recurso extraordinario de revisión

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 270 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 250 – NUMERAL 5

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02154-01(AC)

Actor: LIBARDO SUCRE GARCÍA NASSAR Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Tema: Tutela contra providencia judicial por defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y defecto fáctico

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 9 de agosto de 2018 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio del cual declaró la improcedencia de la solicitud de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. Los actores obrando mediante apoderado especial, presentaron solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 31 de enero de 2018 dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 47001 33 33 007 2014 00019 01, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:

3. La parte actora señaló que el señor Libardo Sucre García Nassar fue elegido como Alcalde del Municipio de Fundación, Magdalena para el periodo comprendido entre 2008 – 2011.

4. Afirmó que la Defensoría del Pueblo, por intermedio de la Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil como consecuencia del conflicto armado, mediante comunicado de julio de 2011, expresó que se tenía conocimiento del alto riesgo para el desarrollo de la campaña electoral en varios Municipios del Departamento del Magdalena, incluido Fundación.

5. El 30 de octubre de 2011, se realizaron las elecciones, pero en el Municipio de Fundación se presentó una revuelta que ocasionó el destrozo de la residencia del Alcalde, quien había informado a la Policía las amenazas en su contra.

6. El 31 de octubre de 2013, los actores presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente responsables a los demandados por los daños y perjuicios de orden material y moral causados por la quema y destrucción en la residencia del Alcalde Municipal de Fundación.

Sentencia de 7 de octubre de 2016 proferida en primera instancia por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 47001 33 33 007 2014 00019 00

6. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta, mediante providencia de 7 de octubre de 2016, decidió:

“[…] 1. DECLÁRASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional administrativa y patrimonialmente responsables de los perjuicios causados a los señores Libardo Sucre García Nassar, Delcy Guerrero Nassis, Libardo Enrique García Guerrero, Gladis Victoria Nassar, Yidi Nassis Pérez y Aura María Nassis Pérez, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. CONDÉNESE a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales a los señores Libardo Sucre García Nassar, Delcy Guerrero Nassis, Libardo Enrique García Guerrero, Gladis Victoria Nassar, Yidi Nassis Pérez y Aura María Nassis Pérez la suma de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes por dicho concepto para cada uno de los demandantes.

3. CONDÉNESE a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar por concepto de reparación del daño reconocido como alteración de las condiciones de existencia a favor de los señores Libardo Sucre García Nassar, Delcy Guerrero Nassis, Libardo Enrique García Guerrero, Gladis Victoria Nassar, Yidi Nassis Pérez y Aura María Nassis Pérez la suma de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes por dicho concepto para cada uno de los demandantes.

4. CONDÉNESE a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar por concepto de reparación de perjuicios materiales en la modalidad del daño emergente a favor de los demandantes en las siguientes sumas de dinero:

4.1. Por concepto de los daños irrogados a la vivienda de propiedad de la demandante Delcy Guerrero Nassis, la condena será la suma de $289.786.089,24.

4.2. Por concepto de los daños irrogados por concepto de gastos de arrendamiento a los demandantes, la condena será la suma de $61.156.149,24.

5. CONDÉNASE en costas a la parte demandada […]”.

7. Consideró que el daño antijurídico había sido demostrado, teniendo en cuenta que la residencia de los demandantes había sido destruida el día 30 de octubre de 2011, fecha en la cual se llevó a cabo una jornada electoral “[…] sin que se desplegaran conductas positivas por parte de la Policía Nacional tendientes a la salvaguarda de la integridad y los bienes de la familia del Alcalde pese al riesgo que suponía la realización de los comicios en dicha municipalidad […]”.

8. Asimismo, indicó que se demostró el nexo de causalidad, por cuanto se probó la omisión de la Policía Nacional en sus funciones de protección y prevención a la residencia del entonces Alcalde del Municipio de Fundación, teniendo en cuenta que no se realizó la vigilancia permanente y no se normalizó el orden público, una vez trascurridos los comicios, lo que permitió la ocurrencia del daño.

Recurso de apelación interpuesto contra la providencia proferida en primera instancia

9. La parte demandada presentó recurso de apelación contra la providencia proferida en primera instancia. Expresó que la decisión debía ser revocada al haberse demostrado el eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, pues de conformidad con las declaraciones rendidas se probó que la incineración de la residencia de la parte demandante se produjo por el actuar vandálico de una muchedumbre cuyo control se tornó imposible dada la multitud que protestaban por los resultados electorales que eran imprevisibles, hechos que el juez de primera instancia encontró probados, pero que al momento de la decisión la misma no tuvo en cuenta el principio de congruencia.

10. Asimismo, se dio valor probatorio al informe presentado por la Defensoría del Pueblo, cuando lo cierto es que del mismo no podía inferirse que la residencia del entonces Alcalde iba a ser atacada.

Sentencia de 31 de enero de 2018 proferida en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo del Magdalena dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 47001 33 33 007 2014 00019 01

11. El Tribunal Administrativo del Magdalena, dispuso en la parte resolutiva:

“[…] Primero: Revocar la sentencia de fecha 7 de octubre de 2016, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Denegar las súplicas de la demanda.

[…]”:

12. Dicha Corporación consideró que el daño antijurídico fue probado, pero que a pesar de que en los testimonios rendidos se refirió que el señor Libardo Sucre García Nassar al momento de tener conocimiento de los hechos vandálicos que se estaban cometiendo en el Municipio de Fundación requirió protección y vigilancia entre las 5:00 y 6:30 de la tarde, no obra prueba que sustente lo dicho por los testigos que, además eran muy cercanos a los demandantes y resultan ser contradictorios con las documentales que se aportaron en las que se indicó que los incendios en la Registraduria Civil, el Concejo Municipal y la residencia del demandante se iniciaron a las 20:30 de la noche hasta la 1:30 de la madrugada.

13. Además indicó que, revisado el libro de bitácora de la Policía Nacional se informó que desde las 00:04 del 30 de octubre de 2011 los agentes dieron cumplimiento a las órdenes impartidas dentro de las instrucciones de la orden de servicio. Por lo anterior, el Tribunal consideró que:

“[…] la Policía Nacional cumplió con su debido obligacional que le impone la Constitución Nacional, por lo que, además de haber logrado que la jornada electoral concluyera sin novedades, reaccionaron, con los medios y el personal con que contaba para repeler la revuelta provocada por manifestantes en los sitios donde se presentaron.

Lo anterior quiere decir que no se le puede exigir, a las entidades estatales hoy demandadas responsabilidad, cuando de los hechos narrados y no probados no se evidencia que su actuación no haya sido acorde con las circunstancias en que se desarrollaron los hechos y que exigieran su intervención sin que ella haya sido prestada […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

14. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:

“[…] Por lo anterior, en protección de los derechos fundamentales de mis clientes, respetuosamente solicito se declare la prosperidad de la presente acción de tutela y, en consecuencia, se deje sin efecto la providencia de 31 de enero de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena dentro del medio de control de reparación directa con radicado 47001333300720140001900 por la cual se determinó “(…) revocar la sentencia de fecha 7 de octubre de 2017, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta.

En consecuencia, declarar acorde a la Constitución, plenamente válida y vigente la sentencia de 7d e octubre de 2016 proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta, con la cual se desató la primera instancia dentro del proceso que cursó bajo el radicado 47001333300720140001900 […]”.

15. Señalaron que el Tribunal incurrió en: i) defecto fáctico en la medida que desconoció las pruebas practicadas en el proceso de reparación directa al no tenerse en cuenta que la parte demandada omitió su función de cuidado y protección a la residencia del demandado; ii) vulneración del principio de congruencia, por cuanto el Tribunal se pronunció sobre puntos que no fueron discutidos en el recurso de apelación y iii) desconocimiento del precedente judicial de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Actuación

16. La Sección Quinta, por auto de 9 de julio de 2018, admitió la acción de tutela y dispuso notificar a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena, y les concedió el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

17. De igual manera, dispuso notificar al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta y a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional concediéndoles el mismo término de tres (3) días para rendir el informe.

Informes de la parte demandada y de la parte vinculada

18. La doctora Elsa Mireya Reyes Castellanos, Magistrada del Tribunal Administrativo del Magdalena solicitó negar la solicitud de tutela, por cuanto de los argumentos expuestos no se vislumbra la vulneración de sus derechos fundamentales, toda vez que el trámite de apelación se ajustó a la normativa vigente y que: “[…] Por el contrario, se advierte que la verdadera intención de los actores con la presente solicitud de amparo está dirigida a revivir el debate ya precluido dentro del proceso referenciado, pretendiendo convertir el trámite tutelar en una instancia adicional, sin aceptar el fallo impartido por los jueces naturales en el curso del proceso regulado por el Código Contencioso Administrativo, razón por la cual se debe desestimar esta solicitud de amparo […]”.

19. La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto en los casos de discutirse un defecto fáctico se deben indicar las razones por las cuales se considera la existencia de una errada valoración probatoria, pero en la solicitud no se realizó un análisis individual ni particular de las pruebas que no fueron valoradas.

20. Asimismo, afirmó que contrario a los argumento de la acción de tutela, en la providencia proferida por el Tribunal se concluyó que la entidad, de acuerdo a sus deberes, reaccionó y atendió simultáneamente los diversos altercados que se presentaron en la jornada electoral en el Municipio de Fundación, incluso en la residencia del demandante en el proceso de reparación directa.

La sentencia impugnada

21. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 9 de agosto de 2018, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO. Declarar la improcedencia del amparo deprecado por los ciudadanos Libardo Sucre García Nassar, Delcy Guerreo Nassis, Libardo Enrique García Guerrero, Moisés David García Guerrero, Julio Andrés García Guerrero, Gladis Victoria Nassar, Yidi Nassis Pérez y Aura María Nassis Pérez, por no superar el requisito de procedibilidad adjetiva de subsidiariedad, conformidad (sic) con la parte motiva de la presente decisión […]”.

22. La Sección Quinta al momento de realizar la revisión de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela consideró que no se cumplía con el de subsidiariedad, por cuanto los actores tenían a su disposición otros medios de defensa judicial como los recursos extraordinarios de unificación de la jurisprudencia y el de revisión contra la providencia de 31 de enero de 2018

23. En efecto, señaló que los actores en los antecedentes de la solicitud de tutela mencionaron que habían presentado el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, el cual fue admitido mediante auto de 27 de julio de 2018, por la Sección Tercera del Consejo de Estado y actualmente se encuentra en trámite y los argumentos planteados en dicho recurso están estrechamente ligado con la solicitud de tutela respecto a los defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente y fáctico alegados, pues consideró que en el presente caso, están debidamente probados los elementos que estructuran la responsabilidad por falla del servicio por omisión, por actos violentos cometidos por terceros, a la luz de la jurisprudencia unificada de dicha Sección.

24. Atendiendo a lo anterior, la Sección Quinta consideró que para determinar si se desconoció o no la jurisprudencia alegada por los actores, será la Sección Tercera quien deberá establecer si se probaron los elementos de responsabilidad extracontractual por actos violentos de terceros.

25. Finalmente, con relación a los argumentos relacionados con la extralimitación de la decisión del Tribunal al pronunciarse sobre puntos que no fueron alegados en el recurso de apelación, la Sección Quinta consideró que dicha causal se debía alegar con la presentación del recurso extraordinario de revisión, de conformidad con el numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para efectos de discutir un vicio por incongruencia.

La impugnación

26. La parte actora impugnó la sentencia proferida el 9 de agosto de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por cuanto afirmaron que de conformidad con el artículo 258 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia se puede presentar paralelamente con la acción de tutela.

27. Con relación al recurso extraordinario de revisión mencionó que “[…] vale subrayar que el mismo se estructura sobre yerros meramente formales; aspectos procesales estos, disímiles a los incoados en la acción de amparo constitucional […]”. Por lo que afirmó que la acción de tutela sí cumplía con el requisito de subsidiariedad y que los actores no disponían de otro medio de defensa judicial para debatir la decisión judicial acusada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

28. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

29. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

30. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si el Tribunal Administrativo del Magdalena al proferir la sentencia de 9 de febrero de 2018 incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial, dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 47001 33 33 007 2014 00019 01.

31. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

32. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales

33. Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

34. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

35. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.

36. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

37. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.

38. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

39. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

40. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de la subsidiariedad como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuesto por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial el de subsidariedad.

Acerca del requisito de agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales

41. Uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para controvertir la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y solo procede cuando el peticionario se encuentra en presencia de un perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto que dichos mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los derecho fundamentales. Frente al tema la Corte Constitucional ha dicho:

“ […] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 2009 precisó al menos cuatro razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez que recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia. Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega el principio de especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve el amparo de manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la decisión del juez constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá que adoptar una decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del proceso.

En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.

Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle.

Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales, cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad jurídica.”

7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del requisito de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii) la protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.

42. En ese orden de ideas, quien interponga una acción de tutela contra providencias judiciales, debe agotar previamente todos los recursos ordinarios y extraordinarios.

Análisis del caso en concreto

43. El actor, pretende mediante el ejercicio de la presente acción de tutela que se deje sin efectos jurídicos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magadalena, el 31 de enero de 2018.

44. En ese orden de ideas, la Sala estudiará si en el presente caso se cumple con el requisito de agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios

45. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

Acervo y análisis probatorio

46. Dentro del expediente está acreditado que el Tribunal Administrativo del Magdalena mediante la sentencia accionada, revocó la sentencia proferida en primera instancia, por medio de la cual se había accedido a las pretensiones de la demanda presentada por el actor en el ejercicio del medio de control de reparación directa en la cual se había declarado administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación –Ministerio de Defensa –Policía Nacional por los daños y perjuicios de orden material y moral causados por la quema y destrucción en la residencia del Alcalde Municipal de Fundación y en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.

47. La parte actora, señaló que el Tribunal incurrió en: i) defecto fáctico en la medida que desconoció las pruebas practicadas en el proceso de reparación directa al no tenerse en cuenta que la parte demandada omitió su función de cuidado y protección a la residencia del demandado; ii) vulneración del principio de congruencia, por cuanto el Tribunal se pronunció sobre puntos que no fueron discutidos en el recurso de apelación y iii) desconocimiento del precedente judicial de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por lo cual, indicó que presentó recurso extraordinario de unificación de jurispriudencia por falta de aplicación de la sentencia de 20 de junio de 2017 dentro del proceso identificado con número único de radicación 25000 23 26 000 1995 00595 01, Consejero Ponente Ramiro Pazos Guerrero, que fue admitido por dicha Sección y que actualmente se encuentra en trámite.

48. La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la solicitud de tutela por falta de agotamiento de los recursos extraordinarios de unificacón de jurisprudencia y de revisión por incongruencia de la sentencia.

Sobre el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

49. El recurso extraordinario de unificación jurisprudencial fue creado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo con el objetivo de respetar el valor normativo y obligatorio de las sentencias de unificación de jurisprudencia proferidas por el Consejo de Estado, al respecto el artículo 270 dispone:

“[…] Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009 […]”.

50. Para efectos de la identificación de una sentencia de unificación de jurisprudencia se debe reconocer: i) un pronunciamiento del Consejo de Estado o de alguna de sus Salas de Decisión; ii) que resuelva una cuestión de importancia jurídica, trascendencia económica o social o de relevancia para unificar o sentar jurisprudencia; un recurso extraordinario de revisión o de extensión de jurisprudencia; o una decisión de revisión de sentencias en materia de acciones populares o de grupo.

51. Teniendo en cuenta la condición de órgano de cierre de la justicia contenciosa administrativa, el legislador estatuyó este mecanismo como herramienta para proteger a los ciudadanos del desconocimiento injustificado por parte de los tribunales administrativos de los criterios jurisprudenciales establecidos en las sentencias de unificación de la Corporación, con la finalidad de garantizar los principios de confianza legítima y la seguridad jurídica y, el derecho fundamental a la igualdad que podría verse afectado con los cambios injustificados de las providencias por parte de los jueces.

52. Para tal efecto, si un tribunal administrativo se aparta sin justificación alguna de las sentencias de unificación de jurisprudencia proferidas por esta Corporación, la ley prevé que las partes pueden interponer el recurso extraordinario de unificación para que sea el Consejo de Estado quien determine si fue o no desconocida dicha sentencia. Al respecto, esta Sección ha considerado lo siguiente:

“[…] Desde el punto de vista judicial, las sentencias de unificación emergen como el fallo que brinda certeza y seguridad sobre la regla de derecho que se debe aplicar a un caso que presenta una hipótesis semejante de decisión.

Son providencias que al identificar de manera clara y uniforme el precedente aplicable, se imponen de manera forzosa por razón de la obligatoriedad del mandato de unificación que les asiste a los órganos de cierre, en este caso, al Consejo de Estado como máximo tribunal de lo contencioso administrativo.

En este sentido, las sentencias de unificación producen, de un lado, unos efectos inter partes o subjetivos, que alcanzan a las personas involucradas en el proceso de origen, sin que dicho propósito concrete la operatividad de este mecanismo, pues el mismo se enfoca, fundamentalmente, en la consolidación de unos efectos vinculantes para todos los casos semejantes, brindado un carácter objetivo al respectivo fallo, ya que introduce una subregla o criterio de decisión judicial que deviene en obligatorio para todos los jueces que integran la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
En todo caso, cabe aclarar que la obligatoriedad que tienen las sentencias de unificación, no excluye el deber genérico de seguir el precedente, respecto de las decisiones del Consejo de Estado que no tienen dicha condición […]”.

53. En el caso sub examine, los actores presentaron en término el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia sustentado en debida forma y admitido mediante auto de 27 de julio de 2018 por la Sección Tercera del Consejo de Estado y que actualmente se encuentra en trámite, porque, a su juicio se desconoció la sentencia de unificación referente a los elementos constitutivos de la responsabilidad por falla en el servicio.

54. Por tanto, como lo ha señalado esta Corporación por este aspecto se advierte que el accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, para la protección de los derechos fundamentales que considera transgredidos, el cual se encuentra actualmente en trámite, máxime si se tiene en cuenta que la resolución del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia podría afectar considerablemente la sentencia accionada, puesto que de concluirse que dicha providencia contrarió o se opuso a la sentencia de unificación citada como desconocida por la parte accionante, la misma sería anulada y la autoridad judicial demandada tendría que dictar una nueva en su reemplazo, de conformidad con lo previsto en los artículos 258 y 267 de la Ley 1437 de 2011.

Sobre el recurso extraordinario de revisión

55. El actor en su escrito de tutela adujo que el Tribunal profirió la sentencia de forma incongruente al resolver sobre aspectos que no fueron objeto del recurso de apelación.

56. Ahora, la Sala al revisar el presente caso, considera que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que el actor contaba con otro medio idóneo y eficaz de defensa judicial para controvertir la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que es el recurso extraordinario de revisión.

57. En efecto, esta Sección al resolver un asunto en el que se discutía el desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia, señaló:

“[…]

En efecto de acuerdo con la decisión adoptada por la Sala 22 Especial de Revisión de esta Corporación, y acogida por esta Corporación en posteriores providencias, el desconocimiento del principio de congruencia da lugar a la nulidad originada en la sentencia, situación que se encuentra prevista como una de las causales que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, en los términos del numeral 5º del artículo 250 del CPACA.

Señala la providencia en mención lo siguiente:

“[…] 2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de la sentencia

Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.

Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los límites impuestos en la causa petendi.

Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica una actuación sin competencia.

[…]

En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar”

[…]”

58. En ese orden de ideas, encuentra la Sala que era obligatorio por parte del actor presentar el recurso extraordinario de revisión para controvertir lo decidido en la sentencia accionada, antes de acudir a la acción de tutela.

Estudio del perjuicio irremediable

59. Ahora bien, debe preguntarse la Sala si en el presente caso se configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
60. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional:

“[…]

A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.

[…]”

61. En ese orden de ideas, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el accionante se encuentre en una situación de debilidad manifiesta o que se le genere un perjuicio irremediable que implique adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.

Conclusión de la Sala

62. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia impugnada, por falta del cumplimiento del requisito de agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 9 de agosto de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio del cual negó las pretensiones del amparo.

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Delcy Guerrero Nassis, Libardo Enrique García Guerrero, Moisés David García Guerrero, Julio Andrés García Guerrero, Gladis Victoria Nassar, Yidi Nassar Pérez y Aura Marina Nassar Pérez.
Cfr. Folios 63 a 78
Cfr. Folios 79 a 84 (expediente enviado en copia simple)
Cfr. Folios 204 a 219 (expediente enviado en copia simple)
Cfr. Folio 51
Cfr. Folio 80
Cfr. Folios 82 a 91
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Con ponencia del magistrado Jaime Córdoba Triviño.
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el mismo sentido, puede consultarse la sentencia T-649 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la jurisdicción contencioso administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio de defensa judicial.
Artículos 256 a 268 de la Ley 1437 de 2011.
Artículo 271 de la ley 1437
Artículo 248 y siguientes ibidem
Artículo 256 y siguientes ibidem
Artículo 36 A de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de mayo de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001 03 15 000 2013 01570 01
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 15 000 2017 03477 01
Cfr. Folios 230 a 249 (expediente en copia simple)
Cfr. Folio 89
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1 de febrero de 2018, Consejero Ponente Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación 11001 03 15 000 2017 03037 00
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 2 de febrero de 2016,C.P. Alberto Yepes Barreiro, Número único de radicación: 11001-03-15-000-2015-02342-00
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 4 de octubre de 2017,C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-02229-00(AC).

Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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