Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02365-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-02365-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02365-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02365-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
1 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., primero (1º) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02365-00
Accionante: MARIA CECILIA IBARRA CASTILLO
Accionado: SUBSECCIÓN B – SECCION TERCERA - CONSEJO DE ESTADO
Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con
el requisito general de subsidiariedad
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada, a través de apoderado judicial, por la
ciudadana María Cecilia Ibarra Castillo en contra de las sentencias de 2 de
septiembre de 2015 y de 14 de septiembre de 2022, proferidas por, respectivamente,
por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La ciudadana María Cecilia Ibarra Castillo, a través de apoderado judicial, presentó
acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la reparación integral y al acceso a la administración de justicia,
cuya vulneración le atribuyó a las sentencias de 2 de septiembre de 2015 y de 14 de
septiembre de 2022, proferidas, respectivamente, por la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa
con radicado número 25000-23-36-000-2012-00718-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que, mediante sentencia 28 de julio de 2005, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil, condenó a Bancolombia S.A. al pago de «[…]
MIL DIECISEIS (1016) ACCIONES DEL BAVARIA S.A., OCHOCIENTAS
NOVENTA Y UN (891) ACCIONES DEL BANCO DE COLOMBIA Y
CUATROCIENTAS DOCE (412) ACCIONES DE COLTABACO, (…) junto con los
2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02365-00
Accionante: María Cecilia Ibarra Castillo
dividendos decretados por las sociedades emisoras en cada uno de los periodos de
causación, (…) [los] Intereses corrientes sobre los dividendos, desde su causación,
contados a partir inclusive del primer periodo y hasta el día 22 de abril de 1998, (…)
[y los] Los intereses moratorios sobre dichos dividendos, desde abril 23 de 1998
inclusive […]», en favor de la accionante.
2.2. Señaló que Bancolombia S.A. liquidó unilateralmente la sentencia y constituyó
un depósito judicial por la suma de $78.038.328, a efectos de satisfacer la
obligación.
2.3. Relató que la suma del depósito judicial constituido por el banco no correspondía
al monto de la condena proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, motivo por el cual inició un proceso ejecutivo que fue decidido por el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 18 de
noviembre de 2009, en la que se liquidó la obligación por la suma de $96.837.466,95
y, en consecuencia, se ordenó seguir adelante con la ejecución por la suma
pendiente de pago correspondiente a $18.799.138,95.
2.4. Puntualizó que la decisión anterior fue apelada y anotó que, mediante sentencia
de 5 de noviembre de 2010, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá –
Sala Civil modificó la orden de seguir adelante con la ejecución, ajustándola a la
suma de $712.561,09.
2.5. Señaló que, con base en lo anterior, instauró demanda de reparación directa en
contra de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
«[…] por ERROR JUDICIAL, al no corresponder la sentencia ejecutiva de primera y
segunda instancia, con el título ejecutivo a cancelar (la sentencia de segunda
instancia del proceso ordinario) […]».
2.6. Indicó que la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante sentencia de 2 de septiembre de 2015, negó las
pretensiones de la demanda.
2.7. Relató que contra la decisión de primera instancia presentó recurso de apelación
y que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 14 de septiembre de 2022, confirmó la decisión de primera instancia.
2.8. Manifestóque las decisiones proferidas por los jueces de lo contencioso
administrativo incurrieron en un defecto sustantivo y en una violación directa de la
Constitución «[…] en la medida que no existe una razonabilidad en su interpretación
que encaja dentro de su autonomía judicial, que permita que dicha decisión sea
avalada por un Estado de Derecho […]». Como fundamento de lo anterior
señalaron:
3
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02365-00
Accionante: María Cecilia Ibarra Castillo
[…] El punto central radica en que hubo un error judicial de los jueces civiles en
el proceso ejecutivo de ROSITA MARIA CASTILLO DE IBARRA contra
BANCOLOMBIA, al no respetar la literalidad de la sentencia civil ordinaria
proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, error que se procura
sea declarado mediante el medio de control de reparación directa, por tanto
son dos cosas totalmente distintas; ello hace que no haya una congruencia
entre las motivaciones en las sentencias contencioso administrativas y las
decisiones que al respecto se han tomado, por lo que se configura un defecto
sustantivo que amerita ser declarado en las decisiones del proceso de
reparación directa y en consecuencia se solicita se tutele el derecho al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de la accionante y se ordene
que se profiera un fallo que respete estos derechos teniendo en cuenta que
debe existir una congruencia entre los fundamentos de la nueva sentencia que
se expida, con la decisión que se tome acorde con las pretensiones exactas del
medio de control de Reparación Directa ejercido y su sustentación jurídica […].
III. PRETENSIÓN
3. La parte accionante formuló la siguiente pretensión:
[…] [S]e tutele el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de la accionante y se ordene que se profiera un fallo que respete estos
derechos teniendo en cuenta que debe existir una congruencia entre los
fundamentos de la nueva sentencia que se expida, con la decisión que se tome
acorde con las pretensiones exactas del medio de control de Reparación Directa
ejercido y su sustentación jurídica […] (sic en toda la cita)
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 10 de mayo de 2023, el magistrado a cargo de la sustanciación
del presente proceso admitió la acción de tutela de la referencia y vinculó como
terceros con interés directo en los resultados del proceso a la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración de Carrera Judicial y a la
señora Rosita María Castillo de Ibarra. También se ordenó notificar al Ministerio
Público para lo de su competencia.
V. INTERVENCIONES
5. Realizadas las notificaciones a las autoridades judiciales accionadas y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por intermedio de la magistrada ponente, rindió informe en el que
se limitó a señalar lo siguiente: «[…] no me es posible emitir juicio o concepto frente
a las consideraciones que motivaron la enunciada decisión de instancia, por lo que
solicito tener en cuenta los argumentos expuestos en la decisión tutelada […]».
5.2. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por intermedio
del magistrado ponente de la providencia aquí enjuiciada, rindió informe en el que
4
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02365-00
Accionante: María Cecilia Ibarra Castillo
señaló los siguiente: «[…] que no participar[á] en la acción de tutela de la referencia
como parte ni como tercero y acatar[á] estrictamente las disposiciones que se
adopten en ella […]».
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril
de 20213.
VI.2. Problemas jurídicos
7. Previamente a la definición de los problemas jurídicos que deberá resolver la Sala
de Decisión, se debe precisar que, aunque el extremo accionante atribuyó la
vulneración de sus derechos fundamentales tanto a la sentencia proferida en
primera instancia como a aquella dictada en segunda instancia dentro del medio de
control de reparación directa con radicado número 25000-23-36-000-2012-00718-
00/01; se advierte que el presente análisis se centrará en determinar si en esta
última providencia, esto es, la sentencia de 14 de septiembre de 2022, se incurrió
en los defectos invocados, dado que esta decisión fue la que finiquitó la litis e hizo
tránsito a cosa juzgada4.
8. A partir de lo anterior y teniendo en cuenta la situación fáctica planteada la Sala
debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la sentencia de 14 de septiembre de 2022, dictada por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del medio de control de
reparación directa con radicado número 25000-23-36-000-2012-00718-01,
vulneró los derechos fundamentales invocados por la actora, al haber
incurrido presuntamente en defecto sustantivo y violación directa de la
Constitución.
1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, sentencia
de 3 de junio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01119-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02365-00
Accionante: María Cecilia Ibarra Castillo
9. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
10. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20125, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
11. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución7.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
7
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02365-00
Accionante: María Cecilia Ibarra Castillo
14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»8 que se encaje en
dichos parámetros.
15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
16. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
17. Laciudadana María Cecilia Ibarra Castillo, a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la reparación integral y al acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a las sentencias de 2 de
septiembre de 2015 y de 14 de septiembre de 2022, proferidas, respectivamente, por
la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, dentro del proceso de reparación directa con radicado número 25000-23-36-
000-2012-00718-00/01.
VI.4.1. Del requisito general de la subsidiariedad en el caso sub examine
18. Sobre el particular, cabe recordar que dado el carácter subsidiario, excepcional y
residual de la acción de tutela consignada en el artículo 86 de la Carta Política, la regla
general es que tal mecanismo de protección de derechos fundamentales no puede
reemplazar a los medios ordinarios de defensa judicial. Este carácter excepcional y
residual está previsto en el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991 9, que
expresamente prescribe: «[…] La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan
otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]».
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
8
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
9
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02365-00
Accionante: María Cecilia Ibarra Castillo
19. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo, el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza10); lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
20. La Corte Constitucional, se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:
[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto. Exigencia
que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito, que pretende
asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí misma una
instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que
reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un camino
excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los procesos
judiciales […]11.
21. En ese sentido, se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25 de abril
de 2019, en la que expuso lo siguiente: «la tutela no puede ser utilizada como acción
judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que estos medios
ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos fundamentales
controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable»12.
22. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la parte accionante puso
de relieve que en la sentencia de 14 de septiembre de 2022 se había configurado
un defecto sustantivo y una violación directa de la Constitución. Como fundamento
de lo anterior precisó que «[…] no existe una razonabilidad en su interpretación que
encaja dentro de su autonomía judicial, que permita que dicha decisión sea avalada
por un Estado de Derecho […]»; por tal motivo adujo lo siguiente:
[…] El punto central radica en que hubo un error judicial de los jueces
civiles en el proceso ejecutivo de ROSITA MARIA CASTILLO DE IBARRA
10
Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencia T-890-11 y T-580-06.
12
Consejo de Estado, Sección Primera, Radicación 11001-03-15-000-2018-04033-01(AC), Sentencia de 25 de abril de
2019. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02365-00
Accionante: María Cecilia Ibarra Castillo
contra BANCOLOMBIA, al no respetar la literalidad de la sentencia civil
ordinaria proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, error que
se procura sea declarado mediante el medio de control de reparación directa,
por tanto son dos cosas totalmente distintas; ello hace que no haya una
congruencia entre las motivaciones en las sentencias contencioso
administrativas y las decisiones que al respecto se han tomado, por lo
que se configura un defecto sustantivo que amerita ser declarado en las
decisiones del proceso de reparación directa y en consecuencia se
solicita se tutele el derecho al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la accionante y se ordene que se profiera un
fallo que respete estos derechos teniendo en cuenta que debe existir una
congruencia entre los fundamentos de la nueva sentencia que se expida,
con la decisión que se tome acorde con las pretensiones exactas del
medio de control de Reparación Directa ejercido y su sustentación
jurídica […]. [Negrillas fuera de texto]
23. Vistolo anterior, para la Sala es claro que los motivos de inconformidad
planteados por el actor están asociados con el desconocimiento del principio de
congruencia; y por ello el presente mecanismo de amparo deviene improcedente,
en la medida que, tal como en otras oportunidades lo ha admitido esta
Corporación13, el desconocimiento del principio de congruencia14 da lugar a la
interposición del recurso extraordinario de revisión, con apoyo en la causal
contenida en el ordinal 5º del artículo 250 del CPACA15, relacionada con la nulidad
originada en la sentencia.
24. Así las cosas, para la Sala resulta forzoso concluir que, en el sub lite, ante la
existencia de un mecanismo judicial de defensa de los intereses de la accionante,
el juez de tutela no puede pronunciarse sobre el fondo de la pretensión de
amparo y efectuar un análisis de los argumentos presentados en el escrito de
tutela, en la medida en que ello implicaría reemplazar al juez ordinario de la
causa y, además, en el asunto de la referencia no se demostró la configuración de
un perjuicio irremediable para que la solicitud de amparo procediera como
mecanismo transitorio16.
13
Ver sentencias de Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. 11001-03-15-000-
2018-02154-01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Actores: Libardo Sucre García Nassar. y Rad. 11001-03-15-000-2018-
04304-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Actor Seditrans
14
A propósito de este principio, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 25 de enero de 2018, explicó que:
[…] El pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse al petitum elevado sino además, a los hechos que sirven de
soporte aducidos por quien entabla la demanda, y en tratándose de las acciones incoadas ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, es menester señalar que el quebranto normativo endilgado en el capítulo del libelo que contenga
el concepto de violación, constituye un límite que no puede traspasar el Juzgador, sobre todo si se tiene en cuenta que en
este campo la justicia es rogada; por lo cual la contienda no puede desatarse sino dentro de las pautas fijadas en el libelo
incoativo del proceso. (…)” .
15
Artículo 250. Causales de Revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de
revisión: (…) 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
16
Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de acciones
u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez producido, es irreversible y por tanto no puede
ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio irremediable cuando concurran los siguientes requisitos: (1)
el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial transitoria; (2) las
medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de ser grave, esto es,
que una vez que aquel se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia y la
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997).
9
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02365-00
Accionante: María Cecilia Ibarra Castillo
25. Por los razonamientos anteriormente expuestos, se concluye que la solicitud de
amparo deviene improcedente en tanto que no satisface el requisito general de
procedibilidad atinente a la subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del
Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
P:(28) CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.