Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-04304-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-04304-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2018-04304-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
26 de marzo de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Medio de control idóneo para controvertir la nulidad originada en la sentencia por el quebrantamiento del principio de congruencia / DEFECTOS POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE Y DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN - Inexistencia / FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA / DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO NO DEBIDO - Término de prescripción
[E]ncuentra la Sala que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, pues la entidad accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, concretamente, el recurso extraordinario de revisión, dado los reparos (…) consistentes en haberse desconocido el derecho al debido proceso por falta de motivación e incongruencia en la sentencia. (…). en el sub judice se comprobó que, al encontrarse en firme las declaraciones del impuesto de industria y comercio presentadas por la demandante, no habrá lugar a devolver suma alguna por los conceptos solicitados, por cuanto la misma goza de validez y se resume su veracidad en aplicación del artículo 746 del E.T., ya que la misma no se presentó ninguna discusión ante la administración ni comercio presentadas por y se sobre fue modificada por la demandante. (…) Los anteriores planteamientos conducen a la Sala a establecer que la Sección Cuarta no incurrió en el desconocimiento de su propio precedente, dado que adoptó la postura fijada en la sentencia de 15 de febrero de 2007, expediente 14508, consejero ponente Hugo Fernández Bastidas Bárcenas y concretamente la consistente en considerar que si no se hace las correcciones antes del término de firmeza que establece el artículo 714 del Estatuto Tributario, la sociedad está imposibilitada para presentar cualquier corrección en relación con las mismas declaraciones, regla aplicable al caso. Ante la ausencia de un precedente jurisprudencial unificado a la fecha en que fue proferida la decisión objeto de estudio, no puede formularse reproche alguno (…) por el hecho de revocar la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, negar la solicitud de devolución de pago de lo no debido, pues dicho fallo se ajustó a uno de los criterios interpretativos existente en la Sección Cuarta del Consejo de Estado (…). En conclusión, la Sala considera que en el caso bajo estudio la decisión judicial cuestionada no incurre en el defecto de desconocimiento del precedente.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 32 / DECRETO 1069 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. / DECRETO 1983 DE 2017 - ARTÍCULO 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-04304-01(AC)
Actor: SERVICIOS DIVERSOS DE TRANSPORTE S.A.S. – SEDITRANS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA
Sentencia de Segunda Instancia.
La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado judicial de la sociedad Servicios Diversos de Transporte S.A.S. - SEDITRANS-, en contra de la sentencia de 14 de diciembre de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo.
LA SOLICITUD DE TUTELA
La sociedad Servicios Diversos de Transporte S.A.S. -en adelante SEDITRANS-, por intermedio de apoderado judicial, promovió acción de tutela en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado con miras a obtener la protección de sus derechos fundamentales al «[…] debido proceso, igualdad y buena fe […]», los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia de 9 de agosto de 2018, proferida por esa Corporación judicial, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-23-33-000-2015-00032-01, promovido por la sociedad, en contra del municipio de Itagüí (Antioquia).
HECHOS
De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
El objeto social de SEDITRANS S.A.S. es la prestación de servicio de transporte, cuyo domicilio está en el municipio de Itagüí (Antioquia), es decir que posee la calidad de sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio en ese territorio.
Manifestó que, en cumplimiento de su obligación tributaria, se presentaron las declaraciones para los períodos gravables 2008 y 2009, y «[…] se pagó el impuesto teniendo en cuenta como base gravable la totalidad de los ingresos percibidos por la prestación de servicios de transporte a nivel nacional, sin haberse discriminado los prestados en otras jurisdicciones municipales, entre estos, el municipio de Medellín […]».
Señaló que el municipio de Medellín, mediante liquidación de «Aforó» correspondiente a los citados años gravables, profirió las Resoluciones 603 de 4 de junio y 604 de 13 de julio de 2012, en las que determinó como base gravable para la anualidad 2008 de $3.403.929.00 y para la anualidad de 2009 de $4.734.388.000.
Refirió que «[…] aplicando la tarifa correspondiente del diez por mil (10x1000), arrojó un impuesto pagado en exceso por la suma de $39.146.000 por el año 2008 y $54.446.000 por el año 2009, generándose un enriquecimiento sin causa a favor del Municipio de Itagüí por valor de $93.592.000, y un correlativo empobrecimiento a la Sociedad […]».
El 27 de noviembre de 2012, la sociedad accionante elevó solicitud de devolución por el pago de lo no debido ante el municipio, decisión que fue resuelta de forma desfavorable mediante Resolución 35875 de 22 de agosto de 2013 y que fue confirmada a través de la Resolución 62702 de 13 de agosto de 2014.
Inconforme con la anterior decisión, la parte actora ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo conocimiento correspondió, en primera instancia, al Tribunal Administrativo de Antioquia, autoridad judicial que, en sentencia de 23 de noviembre de 2017, declaró la nulidad de las citadas resoluciones.
El Tribunal efectuó las siguientes consideraciones para fallar a favor de la sociedad: (i) que era indebida la inclusión de los ingresos percibidos por la sociedad demandante en el municipio de Medellín, como base gravable para el pago del impuesto de industria y comercio en Itagüí; (ii) que no resulta necesaria la corrección de la declaración privada para que proceda su reintegro; y (iii) que sin importar la firmeza de las declaraciones, los contribuyentes pueden solicitar la devolución de los pagos.
El municipio de Itagüí apeló la decisión, y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia de 9 de agosto de 2018, revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que las declaraciones de los años gravables 2008 y 2009 no fueron objetadas dentro del término de los 2 años siguientes a su presentación, por tanto «[…] se encuentran en firme y no [son] susceptibles de discusión que vaya en contra de la seguridad jurídica […]».
Adujo el actor que el fallo controvertido incurrió en un defecto por decisión sin motivación, toda vez que el problema jurídico fue planteado en razones que no eran objeto del litigio y, además, cuestionó que la decisión de fondo no se pronunció sobre los temas objeto discusión y respecto de lo indicado en el problema jurídico.
Alego que no existió «[…] ningún tipo de motivación valida en la providencia discutida y el único apoyo jurisprudencial utilizado alude a una sentencia expedida por el consejo de estado en el año 2013 la cual refiere a la firmeza de las declaraciones cuando no se presenta ninguna clase de solicitud de corrección de conformidad con los artículos 588 y 589 del ET., lo que resulta contrario y diferente a lo estudiado en la sentencia de primera instancia, y a lo sostenido por el consejo de estado en su línea jurisprudencial [….]».
Indicó que la autoridad judicial accionada, al proferir el fallo, desconoció el precedente jurisprudencial, el cual ha sostenido que el pedimento de corrección de las declaraciones privadas no resultaba necesario para elevar solicitud de devolución del pago de lo no debido.
Consideró que la autoridad judicial demandada, al exigir el pedimento previo de corrección de la declaración, desconociendo el precedente fijado en las siguientes sentencias:
Sentencia del 30/09/2010, Expediente 16576 (procedencia de la devolución del pago de lo no debido).
Sentencia del 13/08/2009, Expediente 16569 (inexigibilidad de la corrección de la declaración para la procedencia de la solicitud de pago de lo no debido del pago de lo no debido).
Sentencia del 27/08/2009, Expediente 16881 (inexigibilidad de la corrección de la declaración para la procedencia de la solicitud de pago de lo no debido del pago de lo no debido).
Sentencia del 23/09/2010, Expediente 17669 (procedencia de la devolución del pago de lo no debido).
Sentencia del 03/09/2010, Expediente 16347 (inexigibilidad de la corrección de la declaración para la procedencia de la solicitud de pago de lo no debido del pago de lo no debido).
Sentencia del 11/11/2009, Expediente 16567 (inexigibilidad de la corrección de la declaración para la procedencia de la solicitud de pago de lo no debido del pago de lo no debido).
Sentencia del 16/07/2009, Expediente 16655 (inexigibilidad de la corrección de la declaración para la procedencia de la solicitud de pago de lo no debido del pago de lo no debido).
Sentencia del 13/08/2009, Expediente 16569 (inexigibilidad de la corrección de la declaración para la procedencia de la solicitud de pago de lo no debido del pago de lo no debido).
Sentencia del 06/08/2008, Expediente 17403 (inexigibilidad de la corrección de la declaración para la procedencia de la solicitud de pago de lo no debido del pago de lo no debido).
Sentencia del 01/06/2010, Expediente 17669 (procedencia de la devolución del pago de lo no debido).
Sentencia del 23/09/2010, Expediente 17669 (procedencia de la devolución del pago de lo no debido).
Finalmente, manifestó que la autoridad judicial cuestionada no cumplió con los estándares mínimos para apartarse de esta línea jurisprudencial, establecidos en la sentencia T–292 de 2006 de la Corte Constitucional.
II. PRETENSIONES
El apoderado judicial de la sociedad accionante formuló las siguientes pretensiones:
«[…] 1. Se Tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y buena fe de la sociedad SEDITRANS S.A., que le han sido vulnerados por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, cuando expidió la sentencia de segunda instancia de fecha 09 de agosto de 2018 proferida dentro del proceso iniciado por SEDITRANS contra el Municipio de Itagüí – Antioquia, identificado con el radicado No. 05001-23-33-00-2015-00032-01 (23637).
2. Como consecuencia de lo anterior, se sirva a (sic) dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia de fecha 09 de agosto de 2018 proferida dentro del proceso iniciado por SEDITRANS contra el Municipio de Itagüí – Antioquia, identificado con el Radicado N° 05001-23-33-00-2015-00032-01 (23637); y en su lugar;
3. Se ordene a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, se sirva a proferir nuevamente sentencia de segunda instancia lo más pronto posible, dentro del proceso iniciado por SEDITRANS contra el Municipio de Itagüí – Antioquia, identificado con el Radicado N° 05001-23-33-00-2015-00032-01 (23637) […]».
III. TRÁMITE DE LA TUTELA
El Magistrado sustanciador del proceso, mediante auto de 21 de noviembre de 2018, admitió la acción de tutela promovida por la sociedad SEDITRANS, por intermedio de apoderado judicial, en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, y vinculó como terceros con interés en los resultados del proceso al municipio de Itagüí (Antioquia) y al Tribunal Administrativo de Antioquia..
IV. INTERVENCIONES
IV.1. Mediante escrito de 3 de diciembre de 2018, el Consejero Ponente de la decisión cuestionada solicitó que se niegue el amparo invocado, al estimar que la parte actora reitera los mismos argumentos esbozados en el proceso ordinario, empleando la acción de tutela como «[…] una nueva instancia para solucionar temas ya resueltos por autoridades judiciales […]».
Adujo que de la lectura del fallo proferido por la Sala se identifica que ella responde a los argumentos que sustentaron el recurso de apelación formulado por el municipio de Itagüí. A su vez, manifestó que el problema jurídico no es diferente al analizado en la sentencia de primera instancia.
Refirió que el recurso de amparo carece del requisito de relevancia constitucional, pues el tema que subyace a la demanda ordinaria se relaciona con el impuesto de industria y comercio, «[…] es un tema relacionado con tributos que le corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado como especialidad para su análisis […]».
IV.2. El secretario de Hacienda del municipio de Itagüí, en escrito de 6 de diciembre de 2019, solicitó que se deniegue el amparo impetrado en la medida en que los derechos fundamentales de la sociedad no fueron vulneraros o, en su defecto, se declare improcedente por no cumplir con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Para tal efecto, indicó que la solicitud de devolución del pago de lo no debido requería de la corrección previa de la declaración privada de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 589 del Estatuto Tributario, circunstancia que no tuvo lugar en el asunto.
Señaló que ninguna de las sentencias citadas en la demanda de tutela constituye un precedente judicial aplicable al caso, en razón a que ninguna tiene connotación de sentencia de unificación.
Manifestó que «[…] el juez de segunda instancia solo resuelve los puntos esgrimidos por las partes y no hace un control de legalidad de toda la providencia, por lo tanto, fue así como el magistrado ponente resolvió el proceso de segunda instancia ciñéndose solamente a lo controvertido por el apelante, y debió hacerlo así, porque actuar contrario a lo expuesto por el aplánate seria violatorio del derecho fundamental y garantía procesal del debido proceso de las partes […]»
IV.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia guardó silencio.
EL FALLO IMPUGNADO
Mediante sentencia proferida el 14 de diciembre de 2018, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo deprecado en relación con la presunta omisión en que incurrió la autoridad judicial al no pronunciarse sobre el término de prescripción que se tiene para formular la solicitud de devolución del pago de lo no debido, circunstancia que da lugar a la interposición del recurso extraordinario de revisión, con apoyo en la causal contenida en el ordinal 5º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. - CPACA, «[...] relativo a la nulidad originada en la sentencia por el quebrantamiento del principio de congruencia externa del que deben, en principio, estar imbuidos los fallos [...]».
En lo que respecta al defecto de decisión sin motivación, el a quo consideró que «[…] la firmeza de las declaraciones, tratado en el fallo de 1° de agosto de 2013, como exigencia para la solicitud de devolución fue uno de los ejes de la demanda ordinaria formulada por la sociedad como se desprende de los antecedentes de la providencia acusada, por lo que se predica la existencia de correspondencia entre el acto de parte –libelo introductorio- y la base argumentativa de la decisión de 9 de agosto de 2018 […]”.
Ahora bien, en lo que respecta al desconocimiento del precedente, la autoridad judicial accionada exigió la presentación de la solicitud de corrección voluntaria, dentro del término de los dos años siguientes al vencimiento de la fecha para declarar, como presupuesto previo al pedimento de devolución del pago de lo no debido. La Sala en el fallo de tutela, consideró que:
«[…] cuando la devolución de los pagos realizados tiene como explicación los equívocos en que incurrió el contribuyente al liquidar el impuesto, el presupuesto de la corrección resulta exigible dentro del término de los dos años siguientes a la fecha para presentar la declaración, como preludio para formular la solicitud de restitución de valores. En estos casos, el contribuyente sí es sujeto pasivo del gravamen, respecto del cual se sufragó un mayor gasto.
Este último supuesto era aquel aplicable al caso de la sociedad demandante, pues obligaba a sufragar el impuesto de industria y comercio en el municipio de Itagüí, incluyendo actividades desarrolladas en Medellín, que supo un aumento en la base gravable y, por ende, un incremento en el monto del gravamen a cancelar […]».
Con base en lo anterior, la Sección Quinta consideró que no están llamado a prosperar los cargos alegados por la parte accionante.
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El apoderado de la sociedad comercial SEDITRANS solicitó que se revoque la sentencia de 14 de diciembre de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en consecuencia, se amparen los derechos fundamentales invocados.
Manifestó que «[…] yerra la Sección Quinta al determinar que en el sub lite se debatía la ocurrencia de un pago en exceso y no de un pago de lo no debido, cuando los problemas jurídicos y conclusiones de primero y segunda instancia siempre concluyeron que el asunto de marras consistía en un pago de lo no debido, y por tanto, el término con que contaba la Sociedad para solicitar lo devolución era el previsto en el artículo 2536 del Código Civil.
Alegó que la sentencia recurrida asumió funciones propias de una tercera instancia y, consecuentemente, cambió el alcance de los problemas jurídicos y de las conclusiones debatidas tanto en primera como en segunda instancia, desatendiendo los planteamientos realizados en torno a la necesidad de argumentar suficientemente el motivo por el cual la sentencia del 9 de agosto de 2018 se apartó de la línea jurisprudencial existente del mismo Consejo de Estado respecto a la no necesidad de presentar escrito de corrección de la declaración así como del término prevalente en cuanto a las solicitudes de devolución por pago de lo no debido
Por otra parte, indicó que no comparte la decisión de declarar improcedente el amparo en el sentido de indicar que se debe acudir al recurso extraordinario de revisión, en tanto que el causal establecido en el numeral 5º se trata de un vicio formal que se configura en el momento procesal a dictar sentencia, pero no da cabida para interponerla sobre asuntos de fondo tratados en la sentencia.
Finalmente, reiteran los argumentos esbozados en el escrito de tutela en la que sustentan los defectos en los que incurrió la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la sentencia de 9 de agosto de 2018.
VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VII.1. Competencia de la Sala
Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la sociedad SEDITRANS, mediante apoderado judicial, en contra de la sentencia de 14 de diciembre de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.
VII.2. Problema Jurídico
De acuerdo a la situación fáctica planteada y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela en segunda instancia verificar si el fallo impugnado carece de fundamento, la Sala debe establecer:
Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Si de la sentencia de 23 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó solicitud de devolución por pago de lo no debido del impuesto de industria y comercio reclamada por la sociedad accionante, configuran los defectos de decisión sin motivación y desconocimiento de precedente jurisprudencial, respecto del previo agotamiento de la corrección de la declaración tributaria.
Con el fin de resolver estos problemas jurídicos se efectuarán previamente algunos planteamientos en relación: i) con los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela presentada en contra de providencias judiciales, procediendo posteriormente a ii) resolver el caso concreto adentrándose al fondo del asunto siempre y cuando se satisfagan los requisitos generales.
VII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad
En sentencia de 31 de julio de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
VII.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
La Sala encuentra que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, en razón a que: i) la situación planteada reviste relevancia constitucional porque pretende la protección inmediata de los derechos fundamentales a la igualdad, y al debido proceso; ii) respecto al presupuesto de inmediatez, la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, pues este amparo se radicó el 15 de noviembre de 2018 y la decisión del Tribunal accionado fue adoptada el 8 de agosto del mismo año y notificada el 3 de septiembre de 2018, es decir, menos de 6 meses después de haber sido proferida; y iii) no se trata de una providencia contentiva de una sentencia de tutela.
En cuanto a la subsidiariedad cabe precisar que el juez constitucional de primera instancia al estudiar este requisito, indicó lo siguiente:
– La acción de tutela supera el citado requisito de cara a los recursos ordinarios, a pesar de que la parte actora no hizo uso de la apelación contra la sentencia de 23 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, ya que al haberle sido favorable, no pesaba sobre ella la carga de cuestionarla a través de ese medio de impugnación.
– En principio, los cuestionamientos que sustentan la acción constitucional cumplen con el mencionado presupuesto en relación con los mecanismos extraordinarios de defensa. No obstante, no se trata de una conclusión que pueda ser extendida a la totalidad de ellos.
En efecto, la sociedad demandante acusa la decisión de 9 de agosto de 2018 de haber omitido pronunciarse, entre otros temas, sobre el término de prescripción que se tiene para formular la solicitud de devolución del pago de lo no debido, circunstancia que, como en otras oportunidades lo ha admitido esta Judicatura, puede dar lugar a la interposición del recurso extraordinario de revisión, con apoyo en la causal contenida en el ordinal 5º del artículo 250 del CPACA, relativo a la nulidad originada en la sentencia por el quebrantamiento del principio de congruencia externa del que deben, en principio, estar imbuidos los fallos.
Ahora bien, el apoderado de la sociedad accionante en el escrito de impugnación alegó su desacuerdo en torno a la improcedencia de la acción de tutela ante la posibilidad de acudir al recurso extraordinario de revisión, la Sala encuentra que el juez de tutela se refirió sobre el término de prescripción que se tiene para formular la solicitud de devolución del pago de lo no debido posición que ha sido asumida por esta Corporación, cargo que fue presentado en la tutela.
Falta de subsidiariedad respecto del cargo por falta de motivación de la sentencia cuestionada
En este sentido, la Sala advierte que la parte accionante contaba con otro medio ordinario de defensa, por lo que la acción de tutela resulta improcedente, de conformidad con lo previsto en el artículo 6, numeral 1°, del Decreto 2591 de 1991, el cual establece lo siguiente:
«Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante […]».
En ese orden de ideas, en la medida en que existan otras instancias judiciales que resultaren eficaces para alcanzar la protección que se reclama, el interesado debe acudir a ellas y agotarlas, antes de pretender el amparo por vía de tutela; puesto que la acción constitucional no puede desplazar los mecanismos específicos previstos en la correspondiente regulación común o suplirlos cuando se han dejado de ejercer los medios ordinarios de defensa.
La parte accionante aduce que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, i) se apartó del problema jurídico sobre el cual se había propuesto el litigio y revocó la decisión con argumentos que no fueron objeto de la apelación, y ii) no existió ninguna motivación valida en la providencia toda vez que sustento jurisprudencial fue la sentencia de 1º de agosto de 2013 la cual contiene una ratio decidendi que no es aplicable al caso.
Adicionalmente, sostuvo que la corporación judicial accionada no revisó: «[…] (i) la existencia de un pago de lo no debido; (ii) la necesidad de la corrección de la declaración para la procedencia de la devolución por pago de lo no debido; […]; y (iv) la capacidad de la devolución de saldos con independencia de la firmeza de las declaraciones, lo cual deja en evidencia la carencia de motivación con la que cuenta esa providencia […]”
A partir de lo anterior, encuentra la Sala que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, pues la entidad accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, concretamente, el recurso extraordinario de revisión, dado los reparos expuestos en sede de tutela frente a la decisión que se acusa como vulneratoria de derechos fundamentales, consistentes en haberse desconocido el derecho al debido proceso por falta de motivación e incongruencia en la sentencia.
En este sentido, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han considerado que el recurso extraordinario de revisión, es un mecanismo idóneo y eficaz para proteger el presunto desconocimiento de los derechos fundamentales originados en un fallo judicial, tal como se observa a continuación:
La Corte Constitucional en la sentencia SU-263 de 7 de mayo de 2015, Magistrado Ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio, indicó lo siguiente:
«3.2.2.2. El recurso extraordinario de revisión como mecanismo defensa judicial idóneo y eficaz.
“… el recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de cosa juzgada de las sentencias ejecutoriadas y que su finalidad es permitir enmendar los errores o irregularidades que se presentan en una providencia. Esas anomalías otorgan la potestad de proferir una nueva decisión que constituya una aplicación de la justicia material y resulte acorde al ordenamiento jurídico [48].
(…)
Bajo esas condiciones, en varias oportunidades la Corte ha examinado la idoneidad y eficacia del recurso extraordinario de revisión como medio de defensa respecto al desconocimiento de derechos fundamentales originado en un fallo judicial. En esta medida, ha establecido que el hecho de tratarse de un recurso extraordinario no descarta mecánicamente su eficacia. Además la idoneidad del recurso debe valorarse teniendo en cuenta el derecho fundamental que el accionante considera vulnerado y las causales de revisión previstas en el ordenamiento legal.
En ese orden de ideas, se concluye que la acción de tutela se torna improcedente cuando al interior de un proceso contencioso administrativo se alega la vulneración al debido proceso y este derecho fundamental es susceptible de ser protegido mediante el trámite del recurso extraordinario de revisión».
En relación con la causal 5ª de procedencia del recurso extraordinario de revisión, la Sala recuerda que esta Corporación ha considerado lo siguiente:
«IV. La nulidad originada en la sentencia como causal de revisión
La nulidad originada en la sentencia, como causal de revisión, está instituida para atacar las irregularidades procesales generadas en ella, ya que se trata de un acto jurídico sujeto al cumplimiento de precisas ritualidades que de ser desoídas y “ante la improcedencia de recursos ordinarios contra ella subsistirían groseramente”.
Para la configuración de esta causal, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado algunos requisitos. El primero es que el vicio se presente en la sentencia y no durante el trámite del proceso, pues en tal caso debe alegarse por el interesado durante las oportunidades previstas en el artículo 140 del C.P.C., “sin perjuicio del deber que el artículo 145 ibídem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes de dictar sentencia”.
La regla precedente no excluye, claro está, “la posibilidad de alegar como nulidad originada en la sentencia aquella que, aunque ocurrida en momento anterior a la emisión del fallo definitivo no apelable, no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso del proceso”.
En este último caso, sin embargo, como también lo ha advertido la Sala Plena de esta Corporación, “el afectado tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad. De lo contrario, la causal de revisión se convertiría en un mecanismo para que las partes subsanen las omisiones en el proceso ordinario y aleguen nulidades que pudieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 142 C.P.C.”.
El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio grave o insaneable que afecte su validez. La jurisprudencia de esta Corporación ha identificado los siguientes defectos como causantes de nulidad en la sentencia:
Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por desistimiento, transacción o perención, porque revive un proceso legalmente concluido.
Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.
Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la firma de más o menos jueces de los requeridos legalmente.
Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso […]» (resaltado fuera del texto).
A su turno, la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, definió el principio de congruencia procesal como, «el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y contencioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas”, es decir, que el alcance y contenido de una providencia está delimitado por las pretensiones, existiendo una correspondencia entre ésta y los hechos que se esgrimen en la demanda.
Así las cosas, para la Sala resulta forzoso concluir que en el sub lite, ante la existencia de un mecanismo judicial de defensa de los intereses de la entidad accionante, el juez de tutela no puede pronunciarse sobre el fondo de la pretensión de amparo y efectuar un análisis de los argumentos presentados por la accionante en el escrito de tutela, en la medida en que ello implicaría reemplazar al juez ordinario de la causa, toda vez que alega la falta de coherencia en el fallo cuestionado.
Por lo anterior la acción de tutela promovida en contra de la sentencia de 23 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, resulta improcedente frente al cargo alegado, en razón a que SEDITRANS S.A.S., tenía otro mecanismo procesal a través del cual podía reclamar un pronunciamiento sobre las razones en que se fundamentó su defensa, que para el caso era el recurso extraordinario de revisión.
Ahora bien, la Sala analizará el defecto invocado por la parte accionante.
V.5. Análisis de los requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela
V.5.1. El desconocimiento del precedente
La jurisprudencia ha entendido por precedente, la sentencia o el conjunto de sentencias proferidas con anterioridad al asunto que debe resolverse, que presentan similitudes con un caso nuevo materia de escrutinio en relación con: i) patrones fácticos y ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla general para resolver la controversia, que también sirve para solucionar el nuevo caso.
Hace distinción entre el precedente horizontal y el vertical teniendo en cuenta la autoridad que profiere la providencia, para explicar que el primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por las autoridades de la misma jerarquía o por el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar la jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción. Un juez individual o colegiado no puede separarse, sin una explicación suficientemente sustentada, del precedente fijado en sus propias sentencias, ni tampoco del establecido por las autoridades superiores, específicamente del emanado de las Altas Cortes.
De una forma más específica sostiene que el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades a saber: i) como causal autónoma contra providencia judicial cuando se trata de precedente constitucional, y ii) como defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, la cual se configura cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo cual conduce a concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo.
En la sentencia T-309 de 22 de mayo de 2015, la Corte Constitucional precisa que el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente, la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela.
En síntesis, según la Corte Constitucional, para determinar si una sentencia constituye precedente aplicable se deben satisfacer los siguientes requisitos: i) que los hechos relevantes del caso se asemejen a los del caso a decidir, ii) que la regla de la decisión fijada en la providencia que se invoca como precedente se mantenga vigente, esto es, que no haya variado o evolucionado en otra sentencia más específica, y iii) que la consecuencia jurídica del caso resulte aplicable al caso actual.
La jurisprudencia constitucional también ha diferenciado los conceptos de antecedente y precedente, así:
“[…] El antecedente se refiere a una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de derecho (e.g. conceptos, interpretaciones, preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad […] ”
[…]
Por su parte, el precedente, por regla general, es aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso” […]”.
Ahora bien, en la sentencia de 9 de agosto de 2018, proferida por autoridad judicial accionada, se revocó la decisión adoptada por el a quo, con base en los siguientes argumentos:
«En el presente caso, la actora solicitó la devolución por pago de lo no debido, sin realizar las correcciones de las declaraciones del impuesto de industria y comercio por los periodos 2008 y 2009 en el municipio de Itagüí. Alegó que por error incluyó los ingresos obtenidos en el municipio de Medellín, dentro de las declaraciones enunciadas.
Adicionalmente, la actora no realizó las correcciones antes del término de firmeza que establecía el artículo 714 del Estatuto tributario, que para la fecha de la ocurrencia de los hechos era de 2 años.
Respecto al término de firmeza de las declaraciones tributarias, esta Sección se pronunció en los siguientes términos:
“El artículo 714 del Estatuto Tributario establece un término máximo para que la autoridad tributaria pueda ejercer válidamente la facultad de revisar las declaraciones tributarias una vez presentadas. Sin embargo, dicho plazo no afecta únicamente a la administración tributaria, ya que si bien limita el ejerció en cabeza de la entidad oficial, también cierra la posibilidad al declarante para modificar el contenido de declaración presentada.
De acuerdo con el artículo 714 E.T., por regla general, las declaraciones tributarias adquieren firmeza si dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar o de la fecha en que presentó extemporáneamente, no se ha notificado requerimiento especial al contribuyente o agente retenedor.
El artículo 588 E.T. indica que cuando el contribuyente pretende corregir la declaración, aumentando el impuesto a pagar o disminuyendo el saldo a favor, puede hacerlo voluntariamente dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se le haya notificado el requerimiento especial. Y el artículo 589 E.T. fija el término de 1 año, siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración, para que el contribuyente pueda corregirla disminuyendo el valor a pagar o fecha de presentación de aumentando el saldo a favor, o desde la fecha de presentación de la solicitud, cuando verse sobre una declaración de corrección.
Como se advierte, tanto el artículo 588 E.T. como el 714 E.T. son coincidentes en fijar el término de dos años, siguientes al vencimiento del plazo para declarar, para que, en el primer caso, el contribuyente o agente retenedor pueda corregir la declaración, y, en el segundo caso, para que la declaración tributaria adquiera firmeza.
Conforme a lo expuesto, los artículos 714, 588 y 589 del Estatutario Tributario preveían un plazo de dos años de manera coincidente para que la declaración del tributo quede en firme, esto es, que la inmodificable e incontrovertible tanto por la administración como contribuyente, responsable o agente retenedor.
En virtud de la norma mencionada se entiende que las declaraciones privadas adquieren firmeza, generalmente, (i) cuando notificado requerimiento especial dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar; (ii) cuando se presenta declaración extemporánea, cuando no se haya notificado requerimiento especial dentro de los dos años siguientes a la fecha de presentación de la declaración; (iii) en las declaraciones que presenten saldo a favor, cuando no se haya notificado requerimiento especial dentro de los dos siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de devolución compensación y; (iv) si vencido el término para practicar la liquidación de revisión, la misma no se notificó.
Así las cosas, el término de firmeza prevalece sobre la posibilidad que tiene la administración para discutir y modificar la declaración privada, en virtud del principio de seguridad jurídica, que convierte en indiscutible la misma ante cualquiera de las partes.
En este caso, se encuentra probado en el expediente que las declaraciones del impuesto de industria y comercio de los periodos 2008 y 2009, fueron presentadas el 13 de abril de 2009 y 16 de abril de 2010.
Sobre dichas declaraciones no se inició ningún proceso de fiscalización tributaria, por lo que, tampoco se derivó requerimiento especial ni liquidación oficial alguna.
Tampoco se verifica que la demandante haya solicitado corrección de las declaraciones del impuesto de industria y comercio por los periodos 2008 y 20091 en virtud de los artículos 588 y 589 del E.T., en la que disminuyera el impuesto a pagar.
En ese orden, la Sala advierte que el término de firmeza de la declaración tributaria presentada el 13 de abril de 2009 se cumplía el 30 de abril de 2011, y de la presentada el 16 de abril de 2010 se cumplía el 30 de abril de 2012, y como no se presentó ninguna de las causales para que se interrumpiera dicho término, y ninguna de las partes adelantó actuación alguna para modificarla, la misma se encuentra en firme y no es susceptible de discusión que vaya en contra de la seguridad jurídica que protege esta figura jurídica.
Conforme con las anteriores consideraciones, en el sub judice se comprobó que, al encontrarse en firme las declaraciones del impuesto de industria y comercio presentadas por la demandante, no habrá lugar a devolver suma alguna por los conceptos solicitados, por cuanto la misma goza de validez y se resume su veracidad en aplicación del artículo 746 del E.T., ya que la misma no se presentó ninguna discusión ante la administración ni comercio presentadas por y se sobre fue modificada por la demandante.
En consecuencia, prospera el cargo propuesto por la demandada, por lo que la Sala procederá a revocar la sentencia apelada».
En criterio de la Sala, la discusión no giró en torno a establecer si la devolución dineraria podía efectuarse, a pesar de la firmeza de las declaraciones privadas de los tributos, por lo que no puede predicarse como un precedente para la decisión censurada.
En el caso sub examine, la parte actora estima que la Sección Cuarta de esta Corporación, en la sentencia de 9 de agosto de 2018, incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento de las siguientes providencias del Consejo de Estado, las cuales refiere como precedentes aplicables para resolver le medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho:
Sentencia de 15 de febrero de 2007, expediente 14508. En esta oportunidad, la Sala se centró en la determinación del plazo para elevar la solicitud de devolución del pago en exceso y del pago de lo no debido, fijada en 5 años, de conformidad con el artículo 2356 del Código Civil.
En criterio de la Sección Cuarta, la discusión no giró en torno a establecer si la devolución dineraria podía efectuarse, a pesar de la firmeza de las declaraciones privadas de los tributos, en tanto que no puede predicarse como un precedente para la decisión censurada.
Sentencia de 6 de agosto de 2008, expediente 17403. En dicha ocasión, la Sala trató un asunto que difiere de los cuestionamientos abordados en el fallo objetado, pues las consideraciones expuestas se relacionan, principalmente, con los efectos de la nulidad de los actos administrativos de carácter general respecto de las situaciones jurídicas no consolidadas.
Igualmente, se examina el argumento según el cual, para la devolución del pago de lo no debido, en tratándose del campo aduanero, resulta exigible la solicitud previa de liquidación oficial de corrección, sin que, al respecto, se hubiese consagrado alguna regla jurisprudencial, ya que fue una consideración nueva, que no fue propuesta en etapas anteriores del trámite.
Sentencias de 16 de julio de 2009, expediente 16655; 13 de agosto de 2009, expediente 16569; 27 de agosto de 2009, expediente 16881; 11 de noviembre de 2009, expediente 16567. Tales providencias, eximen del requisito de la corrección voluntaria a la sociedades demandantes, con base en el argumento de que, respecto de las Unidades de Pago por Capitación recibidas por éstas, producto de sus actividades, no existía causa legal para el cobro del tributo, de conformidad, entre otras razones, a la inexequibilidad decretada por la Corte Constitucional respecto del artículo 111 de la Ley 788 de 2002.
Contrario a lo anterior, la devolución del pago de lo no debido en el asunto que motivó la expedición de la sentencia de 9 de agosto de 2018, no tuvo como fundamento la ausencia de causa legal para el pago del gravamen, sino los errores en la liquidación efectuada por la sociedad demandante, caso en el que se hacía necesaria la corrección voluntaria de las declaraciones.
Sentencia de 3 de septiembre de 2009, expediente 16347. Dicha providencia desarrolla el pago en exceso que la compañía demandante efectuó por concepto del impuesto de industria y comercio y, por consiguiente, el derecho que le asistía a la devolución; sin embargo, no establece pautas relativas a la solicitud previa de corrección de la declaración, como requisito previo para la restitución de valores, punto nodal del fallo de 9 de agosto de 2018, proferido por la Sección Cuarta.
Sentencia de 24 de septiembre de 2009, expediente 16370. Esta sentencia no consagra regla jurisprudencial alguna que se ajuste a la temática tratada en la decisión censurada, pues se circunscribe a demostrar el porqué, en el caso concreto, el cobro del impuesto de industria y comercio disponía de causa legal, motivo por el que no resultaba procedente la devolución deprecada por la actora. La providencia no se refiere entonces al problema jurídico tratado en la sentencia objeto de cuestionamiento.
Los anteriores planteamientos conducen a la Sala a establecer que la Sección Cuarta no incurrió en el desconocimiento de su propio precedente, dado que adoptó la postura fijada en la sentencia de 15 de febrero de 2007, expediente 14508, consejero ponente Hugo Fernández Bastidas Bárcenas y concretamente la consistente en considerar que si no se hace las correcciones antes del término de firmeza que establece el artículo 714 del Estatuto Tributario, la sociedad está imposibilitada para presentar cualquier corrección en relación con las mismas declaraciones, regla aplicable al caso.
Ante la ausencia de un precedente jurisprudencial unificado a la fecha en que fue proferida la decisión objeto de estudio, no puede formularse reproche alguno a la autoridad judicial accionada, por el hecho de revocar la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, negar la solicitud de devolución de pago de lo no debido, pues dicho fallo se ajustó a uno de los criterios interpretativos existente en la Sección Cuarta del Consejo de Estado, órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa.
En conclusión, la Sala considera que en el caso bajo estudio la decisión judicial cuestionada no incurre en el defecto de desconocimiento del precedente. En ese orden, la Sala confirmará la decisión del juez constitucional de primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
Primero.- CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia
Segundo.- REMITIR el expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
La declaración del impuesto de industria y comercio de 2008 fue presentada el 13 de abril de 2009 y la correspondiente al periodo gravable 2009 lo fue el 16 de abril de 2010.
De conformidad con los artículos 588, 589 y 714 del Estatuto Tributario.
«Sentencia del 1 de agosto de 2013, exp. 18571. CP: Hugo Fernández Bastidas Bárcenas».
Cuaderno acción de tutela, folio 19.
Ibíd., folios 44 y 45.
Doctor Milton Chaves García
Ibíd., folios 56 al 65.
ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html" \l "20" 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. […]
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Se hace referencia a los argumentos de tutela. Igualmente mencionó como argumentos carentes de pronunciamiento la existencia o no de pago de lo no debido en relación con el asunto puesto a consideración de la Sección Cuarta y la capacidad de la devolución de saldos con independencia de la firmeza de las declaraciones privadas. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Rad. 11001-03-15-000-2018-02154-00. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Actores: Libardo Sucre García Nassar y otros. Artículo 250. Causales de Revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: (…) 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. Respecto de los conceptos de congruencia externa e interna, ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2013-00358-00(REV). C.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 7 de abril de 2015. En punto de la procedencia del recurso extraordinario de revisión y no de la solicitud de adición, consultar: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-15-000-2018-01382-01. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 21 de noviembre de 2018. Véase Corte Constitucional, sentencia T-106 de 1993, en la cuales e expuso lo siguiente: «[…] No puede existir concurrencia de medios judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no es un medio adicional o complementario, pues su carácter y esencia es ser único medio de protección que, al afectado en sus derechos fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico […]”». Expediente 18571, Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Sombreado fuera de texto
Artículo 250. Causales de Revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión. «[…] 5.
Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación»
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia del 5 de abril del 2016. C.P. Danilo Rojas Betancourt. Radicación: 110010315000 2008 00320 00
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 3 de abril de 1999, expediente 6390, C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora, reiterada en las sentencias de 17 de abril de 2013, expediente 1164-08, C.P. Gustavo Gómez Aranguren y de 20 de octubre de 2009, rad. 2003-00133-00(REV), C.P. Enrique Gil Botero. Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de marzo 2 de 2010, rad. 2001-0091-01. C.P. Mauricio Torres Cuervo, reiterada en las sentencias 15 de mayo de 2014, rad. 2004-01432-01(18740), C.P. Hugo Fernando Bastidas y de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez. Ibíd. Consejo de Estado. Sala Plena, sentencia de agosto 6 de 2013, rad. 2009-00687-00, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, reiterada en la sentencia de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00 (REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 11 de mayo de 1998, rad. REV-093; de 18 de octubre de 2005 rad. 2000-00239, de 20 de octubre de 2009, rad. REV-2003-00133; y de sentencia de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00 (REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez; Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 11 de junio de 2009, rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, rad. 2006-00123. Sentencia de primero (1º) de marzo de dos mil dieciocho (2018), Radicado: 11001-03-25-000-2013-00838-00, consejero Ponente: César Palomino Cortés
T-102 de 25 de febrero de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. T-292 de 6 de abril de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Vargas. Texto tomado de la sentencia de 27 de noviembre de 2015, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. La Sala reiterará los extractos de las sentencias que señaló el juez de primera instancia, toda vez que reitera los mismos argumentos del escrito de tutela. Figura que dista de la corrección voluntaria a la que hace referencia la sentencia censurada. Ver, artículo 513 del Decreto 2685 de 1999
En ese sentido, el fallo explica: “Finalmente, sobre la afirmación de que no es procedente la devolución del IVA implícito por no haberse solicitado previamente la liquidación oficial de corrección, la Sala precisa que se trata de un argumento nuevo el cual, no ha sido discutido en las etapas anteriores.”
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