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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06442-00

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06442-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 13 Ver sentencias de Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. 11001-03-15-000- 2018-02154-01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Actores: Libardo Sucre García Nassar. y Rad. 11001-03-15-000-2018- 04304-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Actor Seditrans 14 Artículo 250. Causales de Revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: (…) 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. 15 Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez producido, es irreversible y por tanto no puede ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio irremediable cuando concurran los siguientes requisitos: (1) el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial transitoria; (2) las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de ser grave, esto es, que una vez que aquel se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997). 9 Radicación: 11001-03-15-000-2022-06442-00 Accionante: Hernán Ramírez Galeano SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06442-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

26 de enero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06442-00
Accionante: HERNÁN RAMÍREZ GALEANO
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con
el requisito de la subsidiariedad

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada, por conducto de apoderado judicial,
por el ciudadano Hernán Ramírez Galeano en contra de la sentencia de 13 de
mayo de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Hernán Ramírez Galeano, a través de apoderado judicial, presentó
acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales
«[…] a LA SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA Y MINIMO VITAL DE LAS
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN CONSONANCIA CON EL PRINCIPIO
DE MOVILIDAD PENSIONAL E INTANGIBILIDAD, DERECHOS ADQUIRIDOS Y
EXPECTATIVAS LEGITIMAS, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA,
FAVORABILIDAD LABORAL E INESCINDIBILIDAD DE LA LEY, PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE FABORABILIDAD, PRINCIPIO DE INTERÉS EN
LA PRETENSIÓN U OPOSICIÓN, PARA LA SENTENCIA DE FONDO O MÉRITO
Y DEBIDO PROCESO […]», cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 13 de
mayo de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 17001-33-
33-003-2017-00479-01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relatóque presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de Colpensiones, con el propósito que le fuera reliquidada su pensión de
vejez, con la inclusión de la «[…] totalidad de los factores salariales devengados
en el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro (último año) e indexando la
primera mesada pensional de manera subsidiaria […]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06442-00
Accionante: Hernán Ramírez Galeano

2.2. Señalóque el conocimiento del referido proceso le correspondió al Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, despacho judicial que, mediante
sentencia de 13 de diciembre de 2018, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Indicó que la anterior decisión fue revocada por el Tribunal accionado, mediante
sentencia de 13 de mayo de 2022 y, como consecuencia de ello, declaró la
nulidad de las resoluciones acusadas en lo relacionado con la indexación de la
primera mesada pensional, ordenando «[…] actualizar la base de liquidación de la
pensión del año 2003 al año 2012 […]».

2.4. Refirió
que solicitó la adición y/o aclaración de la decisión anterior, con el
propósito de que se indicara «[…] que el derecho reconocido no puede ser menor
a lo ya percibido por el demandante, es decir, que los efectos de la providencia
serán por el mayor valor o el más favorable, solicitud que fue negada en
providencia del 27 de mayo de 2022, notificada el 1 de julio de 2022 […]».

2.5. Manifestó que en la decisión enjuiciada se incurrió en violación directa de la
Constitución Política, dado que: «[…] el Tribunal Administrativo de Caldas se
extralimitó y decidió sobre algo no pedido por el actor, pues la única pretensión
que hacía referencia a indexación fue la del numeral 6 que se refería a la
indexación de la condena que solo se daría en caso de acceder a las pretensiones
principales. De allí que, se evidencia la incongruencia del fallador […]».

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

«[…] 1. AMPARAR los derechos de, LA SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA Y
MINIMO VITAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN
CONSONANCIA CON EL PRINCIPIO DE MOVILIDAD PENSIONAL E
INTANGIBILIDAD, DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS
LEGITIMAS, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA, FAVORABILIDAD
LABORAL E INESCINDIBILIDAD DE LA LEY, PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE FABORABILIDAD, PRINCIPIO DE
INTERÉS EN LA PRETENSIÓN U OPOSICIÓN, PARA LA SENTENCIA DE
FONDO O MÉRITO Y DEBIDO PROCESO del Señor HERNAN RAMIREZ
GALEANO.

2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, en amparo a los
derechos enunciados, revocar su providencia o aclara indicando que se
protegerá conforme a lo más favorable.

3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los
derechos aquí tutelados […]».

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 5 de diciembre de 2022, el consejero sustanciador del
presente proceso inadmitió el mecanismo de amparo, al observar que el abogado

3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06442-00
Accionante: Hernán Ramírez Galeano

que había presentado la acción carecía de poder especial que lo facultara para
actuar en representación del señor Hernán Ramírez Galeano.

5. Posteriormente,a través de auto de 15 de diciembre de 2022, el consejero
sustanciador del presente proceso admitió la acción de tutela de la referencia, y
vinculó como terceros con interés directo en los resultados del proceso a
Colpensiones y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales.

V. INTERVENCIONES

6. Realizadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a las vinculadas,
se allegó el siguiente informe:

6.1. El Tribunal Administrativo de Caldas, por intermedio del magistrado ponente
de la providencia aquí cuestionada, rindió informe en el que advirtió que «[…] las
razones y argumentos expuestos por la parte accionante constituyen una
instancia adicional o un nuevo debate respecto de lo que ya se decidió por el juez
natural respetando el debido proceso, la doble instancia y demás garantías
superiores […]», motivo por el cual considera que la solicitud de amparo deviene
improcedente.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591
del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto
333 de 6 de abril de 20213.

VI.2. Problemas jurídicos

8. A partir de la situación fáctica planteada la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá determinar:

b) Si la sentencia de 13 de mayo de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo de Caldas, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 17001-33-33-003-2017-
1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06442-00
Accionante: Hernán Ramírez Galeano

00479-01, vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante,
al haber incurrido en violación directa de la Constitución.

9. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

10. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20124, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

11. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.

13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial5, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución6.

4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
5
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
6
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación
fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06442-00
Accionante: Hernán Ramírez Galeano

14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»7 que encaje en
dichos parámetros.

15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

16. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

17. El ciudadano Hernán Ramírez Galeano, a través de apoderado judicial, presentó
acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales
«[…] a LA SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA Y MINIMO VITAL DE LAS
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN CONSONANCIA CON EL PRINCIPIO
DE MOVILIDAD PENSIONAL E INTANGIBILIDAD, DERECHOS ADQUIRIDOS Y
EXPECTATIVAS LEGITIMAS, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA,
FAVORABILIDAD LABORAL E INESCINDIBILIDAD DE LA LEY, PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE FABORABILIDAD, PRINCIPIO DE INTERÉS EN
LA PRETENSIÓN U OPOSICIÓN, PARA LA SENTENCIA DE FONDO O MÉRITO
Y DEBIDO PROCESO […]», cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 13 de
mayo de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 17001-33-
33-003-2017-00479-01.

Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
7
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06442-00
Accionante: Hernán Ramírez Galeano

VI.4.1. De la subsidiariedad

18. Sobre el particular, cabe recordar que dado el carácter subsidiario, excepcional y
residual de la acción de tutela consignada en el artículo 86 de la Carta Política, la
regla general es que tal mecanismo de protección de derechos fundamentales no
puede reemplazar a los medios ordinarios de defensa judicial. Este carácter
excepcional y residual está previsto en el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de
19918, que expresamente prescribe: «[…] La acción de tutela no procederá: 1.
Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]».

19. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo, el interesado
debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza9); lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

20. a Corte Constitucional, se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:

«[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber
agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]».10

21. En ese sentido, se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25 de abril
de 2019, en la que expuso lo siguiente: «[…] la tutela no puede ser utilizada como
acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que estos
medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos

8
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
9
Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencia T-890-11 y T-580-06.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06442-00
Accionante: Hernán Ramírez Galeano

fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]»11.

22. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Lo que significa que no es necesario, bajo este
supuesto excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la
acción de tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

23. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

24. La jurisprudencia ha expuesto el alcance interpretativo del concepto de perjuicio
irremediable en los términos siguientes:

«[…] En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este
exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo
lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un
bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea
susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva:
como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como
respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las
medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a
criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño
antijurídico irreparable […]».12

25. Precisado lo anterior, la Sala pone de presente que, en el caso de autos, la
parte accionante consideró que el Tribunal accionado, al proferir la sentencia de
13 de mayo de 2022, vulneró sus derechos fundamentales invocados, por cuanto
«[…] se extralimitó y decidió sobre algo no pedido por el actor, pues la única
pretensión que hacía referencia a indexación fue la del numeral 6 que se refería a
la indexación de la condena que solo se daría en caso de acceder a las
pretensiones principales. De allí que, se evidencia la incongruencia del fallador
[…]».

26. En atención a lo anterior, la Sala advierte que cualquier pronunciamiento que se
emita en el presente trámite constitucional estará dirigido a determinar si la
autoridad judicial accionada se extralimitó al resolver el recurso de apelación, lo
que significa que los motivos de inconformidad se encuentran

11
Consejo de Estado, Sección Primera, Radicación 11001-03-15-000-2018-04033-01(AC), Sentencia de 25 de abril de
2019. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.
12
Sentencia T-1316 de 2001.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06442-00
Accionante: Hernán Ramírez Galeano

intrínsecamente relacionados con el desconocimiento del principio de
congruencia.

27. En ese sentido, es pertinente señalar que, tal como en otras oportunidades lo
ha admitido esta Corporación13, el desconocimiento del principio de
congruencia puede dar lugar a la interposición del recurso extraordinario de
revisión, con apoyo en la causal contenida en el ordinal 5º del artículo 250 del
CPACA14, relacionada con la nulidad originada en la sentencia, asociada a la falta
de congruencia de la decisión.

28. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que en el caso sub examine existe
otro mecanismo de defensa judicial para garantizar la protección de los derechos
fundamentales de la parte accionante y controvertir lo decidido en la sentencia
objeto de tutela, como lo es el recurso extraordinario de revisión.

29. Por los anteriores razonamientos, para la Sala resulta forzoso concluir que, en
el sub lite, ante la existencia de un mecanismo judicial de defensa de los intereses
de la parte accionante, el juez de tutela no puede pronunciarse sobre el fondo de
la pretensión de amparo y efectuar un análisis de los argumentos presentados, en
la medida en que ello implicaría reemplazar al juez natural de la causa, a lo que se
agrega que en el asunto de la referencia no se demostró la configuración de un
perjuicio irremediable para que la solicitud de amparo procediera como
mecanismo transitorio15.

30. Por lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de
tutela, por incumplimiento del requisito general de procedibilidad atinente a la
subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

13
Ver sentencias de Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. 11001-03-15-000-
2018-02154-01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Actores: Libardo Sucre García Nassar. y Rad. 11001-03-15-000-2018-
04304-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Actor Seditrans
14
Artículo 250. Causales de Revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de
revisión: (…) 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
15
Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de
acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez producido, es irreversible y por tanto
no puede ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio irremediable cuando concurran los siguientes
requisitos: (1) el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial
transitoria; (2) las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de
ser grave, esto es, que una vez que aquel se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la
urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997).

9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06442-00
Accionante: Hernán Ramírez Galeano

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del
Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

P:(18) CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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