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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01360-00

Fecha
8 de mayo de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01360-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-01360-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

8 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01360-00
Accionante: Alicia Calderón Gutiérrez
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia
/ RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - la parte actora pretende reabrir un debate
probatorio y crear una instancia adicional al no estar de acuerdo con lo decidido por
el juez natural

Surtido el trámite de ley, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional formulado por Alicia Calderón Gutiérrez contra
el Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 15 de marzo de 2023, Alicia Calderón Gutiérrez, presentó acción de tutela
contra el Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B, con el fin de que se
dejara sin efectos la sentencia de 22 de septiembre de 2022 proferida en el marco
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 1 que promovió la señora
Cecilia Díaz de Bernal contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL,
en su calidad de cónyuge supérstite del Teniente Coronel del Ejército Nacional Efraín
Bernal Ángel.

2.- Dicho proceso fue iniciado por la señora Díaz de Bernal con el propósito de que
se declarara la nulidad de 3 actos administrativos a través de los cuales CREMIL (i)
reconoció la asignación de retiro en favor de la señora Alicia Calderón Gutiérrez
como con compañera permanente supérstite del señor Bernal Ángel; (ii) negó tal
prestación a la señora Díaz de Bernal, y (iii) resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la anterior decisión, confirmándola.

1
Identificado con número de radicado: 25000-23-42-000-2016-00351-00/01.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01360-00
Accionante: Alicia Calderón Gutiérrez
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

3.- En primera instancia el conocimiento de este asunto le correspondió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C, que en fallo
del 27 de junio de 2018, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados
y a título de restablecimiento del derecho (i) ordenó a CREMIL reconocer y pagar la
sustitución de asignación de retiro a las señoras Cecilia Díaz de Bernal y Alicia
Calderón Gutiérrez, en partes iguales (50% cada una) a partir del 10 de octubre de
2014 (fecha de fallecimiento del causante); (ii) precisó que aunque la señora
Calderón Gutiérrez venía disfrutando el 100% de la prestación no estaba obligada a
devolver las sumas percibidas porque las recibió de buena fe; e, (iii) indicó que en
caso de fallecimiento de alguna de las beneficiarias, dicha prestación acrecerá en
favor de la sobreviviente hasta completar el 100%.

4.- CREMIL apeló la decisión y solicitó modificar la condena, en el sentido de (i)
reconocer la sustitución de asignación de retiro a favor de la señora Díaz de Bernal
(cónyuge supérstite) a partir de la fecha en que se suspendió el pago del 50% de la
prestación a la señora Calderón Gutiérrez (compañera permanente), pues ordenar
el pago desde la muerte del causante genera una doble erogación; y (ii) disponer
que en caso de fallecimiento de alguna de las beneficiarias no habrá ningún
acrecimiento.

5.- En sentencia del 22 de septiembre de 2022, el Consejo de Estado - Sección
Segunda - Subsección B modificó la decisión del A quo, accediendo a lo solicitado
por CREMIL en su recurso de apelación, esto es, modificar la fecha a partir de la cual
se reconoce la prestación a la cónyuge supérstite y negar el acrecimiento.

6.- En el escrito de tutela, la parte actora sostuvo que: (i) en la sentencia atacada
se negó el derecho de acrecimiento que había reconocido el a quo, y (ii) a pesar de
que la señora Cecilia Díaz de Bernal (cónyuge supérstite) falleció el 04 de junio de
2021 el Consejo de Estado en decisión del 22 de septiembre de 2022 resolvió privar
a la accionante de recibir el 50% de la prestación, porque el apoderado de la señora
Díaz no informó sobre su deceso.

7.- Con fundamento en ello pretende que en el referido proceso ordinario se dicte
una sentencia de reemplazo en la que se ordene a CREMIL “el reconocimiento y
pago del 100% de la sustitución pensional que venía devengando (…) la señora
ALICIA CALDERON GUTIERREZ (…) por el derecho al acrecimiento pensional del
50% debido al fallecimiento de la señora CECILIA DÍAZ DE BERNAL (…)”.

8.- Según la accionante, la autoridad judicial accionada vulneró los siguientes
derechos fundamentales: (i) debido proceso, porque negó el acrecimiento entre
cónyuge y compañera permanente aun cuando la primera había fallecido el día 04
de junio del 2021; (ii) mínimo vital, porque es una persona de 74 años desempleada
2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01360-00
Accionante: Alicia Calderón Gutiérrez
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

cuyo ingreso depende exclusivamente de la prestación discutida, (iii) a la seguridad
social porque se le privó de la posibilidad de disfrutar al 100% de la prestación que
le reconoció CREMIL, (iv) dignidad humana, por la demora en pagar oportunamente
las mesadas, (v) a la pensión sustitutiva, porque se desatendieron los requisitos
legales establecidos para acceder a la misma, y (vi) a la igualdad, porque se
desconoce que la compañera permanente goza de iguales garantías que la cónyuge,
pues ambas figuras derivan de dos tipos de familia que gozan de igual protección
constitucional.

9.- Igualmente sostiene que la tutela se utiliza como un mecanismo transitorio para
evitar la configuración de un perjuicio irremediable, y que se cumplen los
presupuestos para que esta acción proceda contra providencia judicial.

10.- Finalmente sostiene que la decisión cuestionada desconoce el precedente
fijado por la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado, en la sentencia
del 21 de mayo de 2020, proferida dentro del proceso con radicado 25000 23 42000
2015 06230 01 (3463-18).

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

11.- Mediante auto de 21 de marzo de 2023, se dispuso admitir la acción de tutela,
notificar de su presentación a la autoridad judicial demandada, así como vincular a
los herederos indeterminados de la señora Cecilia Díaz de Bernal y a CREMIL, como
terceros interesados en las resultas del proceso. Adicionalmente, se comunicó la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

12.- También, se requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda para que remitiera, en medio magnético, copia del expediente identificado
con el radicado número 25000-23-42-000-2016-00351-00/01.

(i) CREMIL2

13.- La entidad solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, por cuanto
esta sólo procede cuando no existe otro instrumento de protección judicial. Así
mismo puntualizó que la parte actora no logró acreditar la existencia de una
vulneración a sus derechos y lo que pretende es que el juez de tutela revise la
decisión del juez ordinario.

14.- Igualmente, sostuvo que la discusión que plantea la accionante ya es cosa
juzgada, por lo que no es viable reabrir el debate sobre el mismo asunto.

2 Intervención digital contenida en 7 folios.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01360-00
Accionante: Alicia Calderón Gutiérrez
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

15.- Finaliza indicando que la entidad no puede entrar a apoyar a ninguna de las
partes en la litis, y se limita a reconocer la prestación en los términos que
corresponde legalmente.

(ii) Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
C3

16.- La autoridad judicial remitió copia del expediente ordinario solicitado.

II. CONSIDERACIONES

C. La acción de tutela contra providencias judiciales

17.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales, son los siguientes 4 : (i) que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique de manera
razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos y que
hubiere alegado tal afectación en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido
posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

18.- Interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, supone la
presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez
constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un
efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen
temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional5.

19.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la

3 Intervención digital contenida en 7 folios.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017,

exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
5 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01360-00
Accionante: Alicia Calderón Gutiérrez
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

20.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
examinar dos elementos6: (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa dicha
relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de
derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole
constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya
fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada.

D. Análisis del caso concreto

21.- Revisado en su totalidad el escrito de tutela, las pruebas y el expediente
contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala no
encuentra que los argumentos que presenta la accionante se proyecten como
trasgresión de los derechos fundamentales que invoca. Por el contrario, se advierte
que la solicitud de amparo no cumple con los requisitos de (i) relevancia
constitucional, porque además de carecer de suficiencia argumentativa, pretende
reabrir el debate judicial que se surtió ante el juez natural de la causa; y (ii)
subsidiariedad, en tanto la parte accionante omitió ejercer otro recurso judicial que
tiene a su alcance.

22.- En la tutela, la señora Alicia Calderón Gutiérrez censura la sentencia del 22 de
septiembre de 2022 porque, en su consideración, el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección B (i) negó el derecho de acrecimiento, desconociendo la
sentencia proferida por la Sección Segunda – Subsección A el 21 de mayo de 20207,
y (ii) no tuvo en cuenta que la señora Cecilia Díaz de Bernal (cónyuge supérstite)
falleció el 04 de junio de 2021, antes de que se adoptara la decisión.

23.- La Sala advierte que la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de
Estado, en su sentencia, hizo un estudio serio y detallado de la legislación aplicable
al caso, y a partir de la misma adoptó la posición que la parte accionante no
comparte. Así mismo se evidencia que la discusión planteada en torno al derecho de
acrecimiento en caso de fallecer la otra persona beneficiaria de la prestación,
constituyó uno de los 2 puntos que CREMIL puso de presente en su recurso de

6 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
7 Proceso con radicado 25000 23 42000 2015 06230 01 (3463-18).

5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01360-00
Accionante: Alicia Calderón Gutiérrez
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

apelación. Y sobre el mismo, la autoridad judicial accionada se pronunció de manera
clara y razonada, en los siguientes términos:

<<(…) debe precisarse que el acrecimiento es el derecho que tiene el sustituto de una
pensión compartida con otros beneficiarios de solicitar el aumento de la mesada
pensional cuando fallezca, expire o se pierda el derecho de otro de los beneficiarios.

Por disposición del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, la porción del cónyuge
acrecerá a la de los hijos y la de estos entre sí y a la del cónyuge, y la de los padres
entre sí y a la del cónyuge. En los demás casos no habrá lugar a acrecimiento.

Es decir que no es del caso ordenar que, al fallecimiento de alguna de las beneficiarias,
dicha prestación acrecerá en favor de la sobreviviente por expresa prohibición de la
ley.

La norma llamada a definir el reconocimiento de un acrecimiento pensional no es la
vigente para la fecha en la que se verifica la pérdida del derecho de alguno de los
beneficiarios, sino la que tiene vigencia para la fecha del fallecimiento del pensionado
o afiliado, de manera tal que, con arreglo a la misma, tanto para los beneficiarios como
para la entidad de seguridad social que tiene a su cargo el reconocimiento de la
prestación, se genera una situación jurídica que en sus condiciones esenciales no es
susceptible de modificación, como es el caso estudiado cuando por orden del artículo
11 del Decreto 4433 de 2004, no se permite el acrecimiento entre cónyuge y
compañera permanente.>> (Subrayado propio)

24.- En su escrito de tutela, la parte accionante se limita a indicar que la decisión
objeto de reproche vulnera sus garantías constitucionales sin presentar una carga
argumentativa que por sí misma revele la importancia constitucional del asunto y por
ende la necesidad de intervención del juez de tutela. De esta manera, reprocha que
el Consejo de Estado no haya reconocido el derecho de acrecimiento, aunque no
expone cuál es el fundamento normativo de esa pretensión ni explica en qué forma
se configura una de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial.

25.- Adicional a lo anterior, el extracto de la sentencia del 22 de septiembre de 2022
citado anteriormente, permite concluir que el juez natural de la causa efectuó un
análisis consecuente con lo expuesto en la demanda ordinaria, que tuvo en cuenta
los elementos fácticos del caso, y a partir de los mismos definió las disposiciones
legales aplicables, de cara a la decisión que debía adoptar.

26.- De esta manera, la Sala considera que la acción que se propone carece de
relevancia constitucional, en la medida que pretende prolongar un debate ya definido
por el juez de instancia, sin que lo que se alega ante el juez constitucional revele la
presencia de un real defecto, pues más allá de su simple enunciado, lo que muestra
es la discrepancia de criterios de quien no resultó favorecido con la decisión del juez
natural.
6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01360-00
Accionante: Alicia Calderón Gutiérrez
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

27.- En lo que se refiere al cargo por desatender el precedente fijado por la Sección
Segunda – Subsección A del Consejo de Estado en la 21 de mayo de 2020 8, se
advierte que el mismo carece igualmente de la carga argumentativa mínima
necesaria para dar por cumplido el requisito de relevancia constitucional.

28.- El desconocimiento del precedente se configura cuando el fallador judicial al
resolver asuntos que presentan una situación fáctica similar a los decididos en las
sentencias proferidas por las altas cortes o dictadas por ellos mismos, se aparta de
dichas providencias sin exponer las razones jurídicas que justifiquen su decisión, es
decir, el juzgador se aparta del precedente cuando no aplica una misma
consecuencia jurídica ante un supuesto fáctico similar.

29.- En el caso que nos ocupa la parte accionante se limitó a citar la sentencia del
21 de mayo de 20209, pero no explicó de manera clara por qué la misma es un
precedente que vinculaba a la Sección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado. Ante la ausencia de este análisis, la Sala advierte una carencia
argumentativa, que se hace más evidente si se tiene en cuenta que: (i) la sentencia
citada no unificó la postura de la Sección Segunda del Consejo de Estado, ya que
simplemente es una providencia proferida por la Subsección A que no determina las
posiciones que pueda adoptar sobre el mismo punto la Subsección B de esa
corporación, y (ii) a pesar de que en dicha providencia se estudia una situación
fácticamente similar a la que nos ocupa, la parte accionante omite considerar que en
aquella ocasión el caso se resolvió a la luz de una interpretación garantista de los
decretos 95 de 1989 y 1211 de 1990 que resultaban aplicables, mientras que en el
presente caso, la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado estableció
que la legislación que regulaba el asunto era el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004.

30.- En ese sentido, contrario a lo indicado por la parte accionante, ni la legislación
ni la jurisprudencia han establecido una suerte de derecho genérico al acrecimiento
entre cónyuge y compañera permanente. Y la sentencia atacada fue clara en indicar
que la normatividad que resulta aplicable al caso, no solo no consagra esa
posibilidad, sino que la prohíbe.

31.- Por último, en lo que se refiere al reproche de la parte accionante, orientado a
cuestionar que en su decisión del 22 de septiembre de 2022 la Sección Segunda –
Subsección B del Consejo de Estado, no tuvo en cuenta que la señora Cecilia Díaz
de Bernal (cónyuge supérstite) falleció el 04 de junio de 2021, la Sala reitera la
improcedencia de la acción de tutela por lo siguiente: (i) la autoridad judicial estaba
obligada a resolver los asuntos puestos a su consideración con fundamento en el

8
Proceso con radicado 25000 23 42000 2015 06230 01 (3463-18).
9 Ibidem

7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01360-00
Accionante: Alicia Calderón Gutiérrez
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

acervo probatorio allegado al expediente, de manera que no se puede considerar
una omisión dejar de valorar un certificado de defunción que nunca fue aportado por
las partes; y (ii) si la parte actora considera que tal certificado es un documento
decisivo, con el cual se hubiera podido adoptar una decisión diferente y está en
capacidad de acreditar que no lo pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria, se estaría ante la primera hipótesis de
procedencia del recurso extraordinario de revisión (artículo 250 CPACA), y en esa
medida la solicitud de amparo resulta improcedente por falta de subsidiariedad.

32.- Para finalizar se debe recordar que la jurisprudencia constitucional no ha
considerado factible la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, cuando quiera que estas se fundamentan en un determinado criterio
jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la causa
y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así,
habría una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera
grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los
cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal.

33.- Visto lo anterior, la Sala estima que las presuntas deficiencias alegadas
respecto de la decisión adoptada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho corresponden, en realidad, a una mera discrepancia valorativa sobre el
resultado desfavorable del proceso que no es susceptible de admitirse como una
causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de interpretaciones
diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste
al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su
autonomía e independencia.

34.- Aunado a ello, de manera pacífica, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha sido enfática en señalar que cuando la providencia cuestionada fue proferida por
una alta corte, el examen de procedencia que debe adelantar el juez de tutela debe
ser más estricto, pues el papel de órganos de cierre que la Constitución asignó a
estas corporaciones en sus respectivas jurisdicciones, les dota de competencias
hermenéuticas de mayor alcance y exige “aceptar las interpretaciones y valoraciones
probatorias, aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del
caso y hubiera llegado a otra conclusión”10. En ese sentido, para este tipo de
situaciones la procedencia del amparo está supeditada no sólo al cumplimiento de
los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial, sino también a que el accionante acredite “la configuración de
una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez

10 Sentencias SU-917 de 2010, SU-050 de 2017 y SU-573 de 2017 de la Corte Constitucional.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01360-00
Accionante: Alicia Calderón Gutiérrez
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

constitucional”11, esto es, que “la decisión riña de manera abierta con la Constitución
y se torne definitivamente incompatible con el alcance y límites de los derechos
fundamentales que han sido desarrollados por la jurisprudencia constitucional”12.
Presupuesto que, en el caso bajo estudio no fue acreditado.

35.- Por todo lo anterior, habrá de declararse improcedente la solicitud de amparo.

36.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

11 Sentencias SU-917 de 2010, SU-050 de 2017 y SU-573 de 2017 de la Corte Constitucional.
12
Sentencia SU-397 de 2019 de la Corte Constitucional.
13 VF

9

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