Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07215-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07215-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07215-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07215-01
Accionante: MELBA LUCÍA RAMÍREZ GARCÍA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
Temas: Confirma la improcedencia por no superar el requisito de
procedibilidad por falta de relevancia constitucional1. Acrecimiento
de la sustitución de la asignación de retiro.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Esta Sección es competente para asumir el conocimiento de la impugnación presentada
por la parte actora en contra del fallo de 19 de enero de 2026, proferido por la
Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio del cual declaró la
improcedencia del amparo deprecado. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los
decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799
de 2025, así como en el Acuerdo 080 de 20192 de la Sala Plena de esta corporación.
Por auto del 18 de noviembre de 20253, el a quo la admitió, y mediante la providencia
del 9 de marzo de 20264 concedió la impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La señora Melba Lucía Ramírez García, por medio de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela5 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
1 Sobre la falta de relevancia constitucional de tutelas que buscan reabrir el debate resuelto por los jueces
naturales de la causa, resulta pertinente consultar, entre otras, las siguientes decisiones del Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencias del 12 de marzo de 2026,
expediente 11001-03-15-000-2025-06314-01, MP. Pedro Pablo Vangas Gil. Expediente 11001-03-15-
000-2026-00508-00, MP. Gloria María Gómez Montoya. Expediente 11001-03-15-000-2026-00407-00,
MP. Omar Joaquín Barreto Suárez. Expediente 11001-03-15-000-2026-00586-00, MP. Luis Alberto
Álvarez Parra.
2 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
3 Índice 5 Samai. En esta providencia, se admitió la demanda contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C. Así mismo, se ordenó la vinculación del Juzgado
Veintitrés Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional y a
la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
4 Índice 25 Samai.
5 Índice 2 Samai.
1
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Accionante: Melba Lucia Ramírez García
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07215-01
Segunda, Subsección C, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales «a la familia, igualdad de trato entre cónyuge y compañera permanente,
dignidad, la vida, el mínimo vital, la seguridad social a favor de una mujer de la tercera
edad con 73 años de edad, la salud, el debido proceso, defensa y seguridad jurídica».
2. La accionante le atribuyó la vulneración de sus garantías a la sentencia de 30 de
julio de 2025, proferida por la autoridad judicial accionada, en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 11001-33-35-023-
2023-00414-01. En dicha providencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C revocó la decisión del Juzgado Veintitrés
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá del 6 de septiembre de 2024, que había
accedido a las pretensiones y, en su lugar, las negó, al concluir que el régimen especial
aplicable (Decreto 1211 de 1990) prohíbe el acrecimiento entre cónyuge y compañera
permanente, de modo que la demandante no tenía derecho a aumentar su mesada
pensional, y por ello los actos demandados conservaban presunción de legalidad.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones6:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la familia, igualdad de trato entre
cónyuge y compañera permanente, dignidad, la vida, el mínimo vital, la seguridad social a
favor de una mujer de la tercera edad con 73 años de edad, la salud, el debido proceso,
defensa y seguridad jurídica en la modalidad de tutela judicial efectiva, violentados por las
autoridades públicas accionadas a la señora MELBA LUCIA RAMIREZ GARCÍA.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO o INFIRMAR la sentencia expedida EL 30 de julio de
2025 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA
– SUBSECCIÓN “C” - radicado número 11001-33-35-023-2023-00414-01, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra de la
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – CAJA DE RETIRO DE LAS
FUERZAS MILITARES - CREMIL.
TERCERO: ORDENAR al Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “C” que en el término que
disponga el fallador de tutela, proceda a confirmar la decisión de primer nivel o dictar un
nuevo fallo de segunda instancia en el cual se establezca de manera favorable el
acrecimiento en el 100% de la asignación de retiro a favor de la señora MELBA LUCIA
RAMÍREZ GARCÍA, en calidad de compañera permanente, con arreglo a lo considerado
por el juez colegiado en sede de tutela.
CUARTO: Que la orden impartida sea de inmediato cumplimiento. [Énfasis del texto y sic
a toda la transcripción].
1.2. Hechos
4. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (en adelante CREMIL) reconoció una
asignación de retiro al sargento Hugo Emiro Mahecha Carpintero, quien falleció en 2001.
Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Tolima ordenó repartir esa pensión entre
su cónyuge, María de Jesús Ramírez de Mahecha, y su compañera permanente, Melba
Lucía Ramírez García, otorgando a cada una el 50%. Tras el fallecimiento de María de
Jesús en 2022, la tutelante solicitó que se le aumentara su porcentaje de pensión, pero
la entidad negó la petición y extinguió la parte correspondiente a la cónyuge fallecida,
6 Índice 2 Samai.
2
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Accionante: Melba Lucia Ramírez García
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
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decisión que fue confirmada en 2023.
5. La accionante señaló que, contra los anteriores actos administrativos, promovió
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el Juzgado Veintitrés
Administrativo de Circuito Judicial de Bogotá accedió a las pretensiones, con sentencia
del 6 de septiembre de 2024. Sin embargo, la entidad la apeló y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, a través de
providencia del 30 de julio de 2025, la revocó y, en su lugar, las negó, al sostener que
el régimen especial aplicable (Decretos 1211 de 19907 y 4433 de 20048) prohíbe el
acrecimiento entre cónyuge y compañera permanente, de modo que la demandante no
tenía derecho a aumentar su cuota pensional, y por ello los actos demandados
conservaban la presunción de legalidad.
1.3. Sustento de la vulneración
6. La accionante adujo que la providencia de 30 de julio de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, afectó sus
derechos fundamentales «a la familia, igualdad de trato entre cónyuge y compañera
permanente, dignidad, la vida, el mínimo vital, la seguridad social a favor de una mujer
de la tercera edad con 73 años de edad, la salud, el debido proceso, defensa y seguridad
jurídica».
7. Lo anterior, al sostener que dicha autoridad judicial vulneró sus derechos
fundamentales al aplicar normas inadecuadas (defecto sustantivo) y desconocer
precedentes9 sobre la materia. Según el reclamo, esto afectó directamente el derecho
pensional, así como la igualdad entre cónyuge y compañera permanente y la dignidad
humana, especialmente en el caso de una persona mayor, sujeta a especial protección
constitucional.
8. Explicó que la decisión cuestionada no aplicó los principios de favorabilidad y pro
homine, lo que provocó un trato discriminatorio entre cónyuge y compañera permanente,
e introdujo requisitos que no existen en la ley ni en la jurisprudencia. Además, omitió
aplicar la excepción de inconstitucionalidad, lo que perjudicó los derechos reforzados de
protección a la mujer reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.
9. Finalmente, destacó que existían fallos previos que reconocieron el derecho al
acrecimiento pensional entre cónyuge y compañera permanente, pero con fundamento
en el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004. Por ello, solicitó dejar sin efectos la sentencia
cuestionada y que se ordene el pago del 100% de la sustitución pensional a favor de la
señora Melba Lucía Ramírez García, con efectos retroactivos y con los reajustes legales
correspondientes.
7 «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares».
8 «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública».
9 Como sustento, identificó las siguientes decisiones judiciales: -Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Sentencia del 10 de Julio de 2020. Radicado Nº.110013335013201600413-01. -Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 24 de agosto de 2017, radicado No.
25000-23-42-000-2013- 00823-01(0717-14) y -Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Segunda. Sentencia del 30 de julio de 2009, radicado Nº68001-23-15-000-2001-02594- 01(0638-
08). De dichas decisiones transcribió ciertos apartes.
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1.4. Intervenciones
10. El Juzgado Veintitrés Administrativo de Circuito Judicial de Bogotá10 solicitó
ser desvinculado del trámite actual, debido a que las pretensiones no estaban dirigidas
en su contra. Además, proporcionó el enlace web para acceder al expediente ordinario.
11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
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C solicitó que se nieguen las pretensiones de la tutela, en tanto la sentencia
cuestionada se basó en un análisis adecuado de las pruebas, las normas y la
jurisprudencia aplicable. Por tanto, concluyó que la persona solicitante no tenía derecho
al aumento de su mesada pensional.
12. CREMIL12 afirmó que la tutela no procede porque la demandante no probó la
vulneración de derechos ni un perjuicio irremediable.
1.5. Sentencia de primera instancia
13. La Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, el 19 de enero de
13
2026 , declaró la improcedencia por no superar el requisito de relevancia constitucional.
14. Para lo anterior, explicó que la acción de tutela contra decisiones judiciales solo
procede de manera excepcional cuando el caso plantea un problema verdaderamente
constitucional y no simplemente una inconformidad con lo decidido por el juez natural.
En este caso, la tutelante no demostró que la sentencia cuestionada afectara de manera
directa y grave sus derechos fundamentales, ni que existiera una actuación arbitraria del
tribunal accionado. Por ello, el asunto no trascendía el ámbito legal propio del proceso
ordinario que ya se había agotado.
1.6. Impugnación
15. El apoderado de la accionante sostuvo14 que la decisión que declaró
improcedente la tutela incurrió en un exceso de formalismo, pues se centró en requisitos
técnicos sin considerar que el caso sí planteaba un problema constitucional real. Explicó
que la acción de amparo no buscaba reabrir el debate legal ordinario, sino denunciar
vulneraciones graves a derechos fundamentales de una mujer de 73 años, sujeto de
especial protección constitucional, lo cual por sí mismo otorga relevancia constitucional
a la solicitud.
16. También afirmó que el fallo de primera instancia ignoró el defecto sustantivo
alegado, consistente en la aplicación de normas contrarias a la Constitución,
especialmente del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, que, según la tutelante, afectó
la igualdad y la protección a la familia. Asimismo, señaló que el tribunal debió aplicar la
excepción de inconstitucionalidad y privilegiar normas más favorables a la mujer, lo cual
10 Índice 9 Samai.
11 Índice 11 Samai.
12 Índice 12 Samai.
13 Índice 15 Samai.
14 Índices 22 y 23 Samai. Se radicó dos veces el mismo escrito de impugnación.
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demostraba que el asunto trascendía la mera legalidad y sí requería un estudio de fondo.
17. La impugnante también argumentó que la sentencia restó importancia al
desconocimiento del precedente, exigiendo una carga argumentativa exagerada para
demostrarlo. A su juicio, existió una evidente tensión dentro del propio Consejo de
Estado sobre el acrecimiento pensional en regímenes especiales, lo que evidenció que
no hay claridad jurisprudencial y que sí era necesario analizar el caso en profundidad,
en vez de declararlo improcedente con base en formalidades.
18. Finalmente, el apoderado explicó que la tutela sí cumple con relevancia
constitucional porque busca evitar un perjuicio irremediable y proteger derechos
fundamentales como la igualdad, el mínimo vital y la dignidad humana. Por ello, solicitó
revocar la decisión y estudiar el fondo del asunto, para garantizar que los regímenes
especiales no restrinjan derechos constitucionales superiores, especialmente cuando se
trata de una persona mayor que depende de su pensión para subsistir.
II. CONSIDERACIONES
19. La Sala confirmará la decisión proferida el 19 de enero de 2026 por la Subsección
C, Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró la
improcedencia de la acción de tutela por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional, como pasa a explicarse.
2.1. Cuestión previa
20. Al revisar el trámite de instancia de la tutela, la Sala advirtió que la Subsección C,
Sección Tercera del Consejo de Estado no se pronunció sobre la solicitud de
desvinculación elevada por el Juzgado Veintitrés Administrativo de Circuito Judicial de
Bogotá15.
21. La Sala no accederá a la anterior petición, pues dicha autoridad judicial no fue
tenida como la entidad accionada, sino que fue vinculada como un tercero con interés
en la presente acción constitucional por haber dictado la sentencia de primera instancia,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-
35-023-2023-00414-01.
2.2. Caso concreto
22. El Consejo de Estado16 y la Corte Constitucional17 han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento de
15 Índice 9 Samai.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio
Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
17 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388
de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
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ciertos requisitos generales18 y a la configuración de algún defecto especial19 en el que
puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y
determinar si se configura el defecto invocado, la Sala determinará si se superan los
presupuestos generales de procedencia.
23. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos
esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los
defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
24. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple con
todos los requisitos de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales, como pasa
a explicarse.
25. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en que
quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra, en que el accionado
sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
26. La señora Melba Lucía Ramírez García está legitimada en la causa por activa,
comoquiera que fue la parte demandante en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió la Nación - Ministerio de Defensa Nacional
y CREMIL, en el que se expidió la sentencia aquí reprochada. Del mismo modo, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C está
legitimado en la causa por pasiva, por ser la autoridad judicial que adoptó la decisión de
30 de julio de 2025, que se cuestiona en esta oportunidad.
27. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la Corte
Constitucional20, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que la actora
cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus derechos
fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el debate propuesto
no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está dispuesto para resolver las
inconformidades del accionante frente a la decisión judicial; y, (iii) que no se trate de
asuntos puramente económicos en los que no se evidencie tensión alguna entre la
providencia reprochada y las garantías constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta
que el presente mecanismo se desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates
jurídicos zanjados por el juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional
se tratase.
28. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que la acción de tutela no cumple
18 A saber: (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez;
(v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores
del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia
de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
19 Estos son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto
material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
20 Sentencia SU-215 de 2022.
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con el requisito de relevancia constitucional, puesto que la parte actora presentó
argumentos tendientes a buscar una instancia adicional del proceso y, con ello, reabrir
el debate normativo y probatorio zanjado por el juez natural de la causa. Además, el
asunto gira en torno a una cuestión meramente legal, respecto de la aplicación o no del
Decreto 4433 de 2004 para resolver su caso.
29. En el proceso ordinario, el tribunal determinó que el régimen jurídico aplicable
para resolver la solicitud de acrecimiento era el Decreto 1211 de 1990, por ser la norma
especial vigente al momento del fallecimiento del causante (23 de agosto de 2001). Este
decreto regula la extinción de pensiones y permite el acrecimiento únicamente entre
cónyuge e hijos, entre hijos entre sí y entre padres y cónyuge, indicando expresamente
que «en los demás casos no habrá acrecimiento». Como consecuencia, la ley especial
no contempla el acrecimiento entre cónyuge y compañera permanente, motivo por el
cual, los actos administrativos demandados estaban ajustados a derecho.
30. Para la autoridad judicial demandada, tampoco era posible aplicar el artículo 8
del Decreto 1889 de 1994 (propio del régimen general de pensiones) porque los
miembros de la Fuerza Pública están excluidos del Sistema General de Seguridad Social
(artículo 279 de la Ley 100 de 1993). En particular, señaló que, acudir por analogía a
este régimen implicaría mezclar normas de esquemas incompatibles, lo cual vulneraría
el principio de inescindibilidad, que prohíbe tomar de distintos regímenes las reglas más
favorables para construir uno nuevo no previsto por el legislador.
31. También concluyó que no había lugar a aplicar la excepción de
inconstitucionalidad (art. 4 de la Constitución Política), porque la actora no demostró que
la negativa del acrecimiento configurara una medida discriminatoria contra ella por su
condición de mujer o compañera permanente. Explicó que la prohibición de acrecimiento
es general y simétrica para cónyuge y compañera permanente, y que el régimen
especial, considerado en su conjunto, no genera un trato menos favorable que el del
régimen general. Por tanto, no existía contradicción con los artículos constitucionales
invocados por la demandante.
32. Finalmente, respaldó su decisión en la jurisprudencia del Consejo de Estado,
especialmente en la sentencia del 22 de septiembre de 2022 21, que reiteró que: i) la
norma relevante para definir el acrecimiento es la vigente al fallecimiento del
pensionado, y ii) el Decreto 4433 de 2004 (coincidente con el Decreto 1211 de 1990)
prohíbe expresamente el acrecimiento entre cónyuge y compañera permanente. Con
fundamento en este marco normativo y jurisprudencial, decidió revocar la sentencia de
primera instancia y negar las pretensiones al no existir derecho legal al acrecimiento
solicitado, bajo las siguientes consideraciones:
Respecto de las sentencias que se invocan en la demanda, se debe destacar que la
legislación aplicable o la jurisprudencia no han establecido una suerte de derecho genérico
21«Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 22 de septiembre de 2022.
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00351-01. Número interno: 5547-2018. Demandante: Cecilia Díaz de
Bernal. Consejero ponente: César Palomino Cortés».
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al acrecimiento entre cónyuge y compañera permanente22, por el contrario, la prohibición
en ese sentido se mantiene vigente en el ordenamiento a través del Decreto 4433 de 2004.
Además, para el examen del caso actual, no se ha demostrado ruptura con las
disposiciones constitucionales que amerite recurrir a la excepción de inconstitucionalidad.
Adicionalmente, no existe una sentencia de unificación jurisprudencial que, en la materia,
consolide el precedente aplicable con fuerza vinculante.
Inclusive, el Consejo de Estado en providencia más reciente de 22 de septiembre de
202223, que aquellas citadas por la parte actora, en relación con la posibilidad de
acrecimiento de la cuota parte de la sustitución de la asignación de retiro entre cónyuge y
compañero o compañera permanente, consideró lo siguiente:
«Resalta la entidad accionada que tampoco se debió disponer en la sentencia impugnada que
al fallecimiento de alguna de las beneficiarias dicha prestación acrecerá en favor de la
sobreviviente hasta completar el 100% de la misma.
Frente a lo planteado, debe precisarse que el acrecimiento es el derecho que tiene el sustituto
de una pensión compartida con otros beneficiarios de solicitar el aumento de la mesada
pensional cuando fallezca, expire o se pierda el derecho de otro de los beneficiarios.
Por disposición del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, la porción del cónyuge acrecerá a la
de los hijos y la de estos entre sí y a la del cónyuge, y la de los padres entre sí y a la del cónyuge.
En los demás casos no habrá lugar a acrecimiento.
Es decir que no es del caso ordenar que, al fallecimiento de alguna de las beneficiarias,
dicha prestación acrecerá en favor de la sobreviviente por expresa prohibición de la ley.
La norma llamada a definir el reconocimiento de un acrecimiento pensional no es la vigente para
la fecha en la que se verifica la pérdida del derecho de alguno de los beneficiarios, sino la que
tiene vigencia para la fecha del fallecimiento del pensionado o afiliado, de manera tal que, con
arreglo a la misma, tanto para los beneficiarios como para la entidad de seguridad social que
tiene a su cargo el reconocimiento de la prestación, se genera una situación jurídica que en sus
condiciones esenciales no es susceptible de modificación, como es el caso estudiado cuando
por orden del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, no se permite el acrecimiento entre cónyuge
y compañera permanente.» (Se destaca)
En línea con esta decisión del órgano de cierre y con base en lo expuesto, se concluye
que el artículo 188 del Decreto 1211 de 1990 impide acoger la pretensión de acrecimiento,
lo que significa que la cuota parte pensional de la cónyuge se extinguió en virtud de la ley.
[Énfasis del original y sic a toda la transcripción].
33. Como se observa de la lectura de las anteriores consideraciones, el tribunal
concluyó que el régimen especial aplicable (Decreto 1211 de 1990) prohíbe el
acrecimiento entre cónyuge y compañera permanente, de modo que la demandante no
tenía derecho a aumentar su cuota pensional, y por ello los actos demandados
conservaban presunción de legalidad.
34. De lo expuesto anteriormente, esta Sala evidencia que los reproches formulados
por la parte actora, más allá de pretender demostrar los presuntos defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente, en los que, a su juicio, incurrió el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, reflejan una mera
inconformidad con la decisión a la que llegó el juez ordinario, la cual se fundamentó en
22 «Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de 8 de mayo de 2023. Radicado:
11001-03-15-000-2023-01360-00. Accionante: Alicia Calderón Gutiérrez. Consejero ponente: José
Roberto Sáchica Méndez, (sic)».
23 «Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 22 de septiembre de 2022.
Radicado: 25000-23-42-000-2016-00351-01. Número interno: 5547-2018. Demandante: Cecilia Díaz de
Bernal. Consejero ponente: César Palomino Cortés».
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Accionante: Melba Lucia Ramírez García
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07215-01
las normas y jurisprudencia que estimó eran aplicables al caso y las pruebas obrantes
en el proceso.
35. Ahora bien, en relación con el presunto desconocimiento del precedente 24, es
preciso resaltar que esta Sala ha considerado que la parte que lo invoca debe cumplir
con la carga mínima, como es la de identificar: i) la decisión que considera desatendida;
ii) la ratio aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la
analogía con la litis anterior y iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el
fallador de instancia.
36. Sin embargo, aunque la tutelante identificó unas providencias que alude como
desconocidas en la sentencia objeto de análisis, de las que transcribió unos apartes25,
no esbozó los argumentos que permitan demostrar por qué esas decisiones resultaban
aplicables a su situación particular. Entonces, es claro que el presunto desconocimiento
del precedente no cumple con la carga argumentativa exigida para adelantar su estudio.
37. En virtud de lo anterior, las razones presentadas por la accionante no
corresponden a una disputa en la que se advierta a priori una verdadera cuestión de
derechos fundamentales. Esto, porque todos sus reparos dan cuenta de una
controversia en la que pretende que se imponga su criterio sobre el del tribunal
accionado acerca del derecho a acrecentar26 la asignación de retiro por sustitución que
recibió por el fallecimiento de su compañero permanente.
38. En efecto, la intención de la parte actora es que el juez de tutela lleve a cabo un
juicio de corrección sobre el proceder valorativo del tribunal, lo cual desnaturaliza la
finalidad para la que fue previsto este mecanismo constitucional. Lo anterior, en la
medida en la que en el escrito de tutela la señora Ramírez García expuso cómo, en su
criterio, debió darse solución al problema jurídico planteado en el proceso ordinario, lo
que evidencia que lo buscado es simplemente manifestar la forma en la que, desde su
perspectiva, debieron aplicarse las normas, la jurisprudencia que utilizó aquel y las
pruebas valoradas por este, para resolver el proceso ordinario.
39. Se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado
al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces naturales de
la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos de
raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela, toda
vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones judiciales desfavorables, sin
el contraste de un indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial, se
atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas, se convertiría el
mecanismo constitucional en una tercera instancia.
24 Como sustento, identificó las siguientes decisiones judiciales: -Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Sentencia del 10 de Julio de 2020. Radicado Nº.110013335013201600413-01. -Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 24 de agosto de 2017,
radicado No. 25000-23-42-000-2013- 00823-01(0717-14) y -Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 30 de julio de 2009, radicado Nº68001-23-15-000-2001-
02594- 01(0638-08). De dichas decisiones transcribió ciertos apartes.
25 Índice 2 Samai, ver folios 26 a 31 del escrito de tutela.
26 Para abordar este asunto, resulta pertinente consultar, entre otras, las siguientes decisiones del Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 27 de marzo de 2025,
expediente 11001-03-15-000-2025-00597-00, MP. Gloria María Gómez Montoya.
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40. En consecuencia, la Sala confirmará la providencia de primera instancia proferida
el 19 de enero de 2026 por la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado,
por medio de la cual declaró la improcedencia por no haberse superado el requisito de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de enero de 2026 de la Subsección C,
Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia por falta de
relevancia constitucional, por las razones indicadas en esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Juzgado Veintitrés
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, conforme a las razones dadas en la
presente sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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