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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01433-01

Fecha
30 de junio de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01433-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 8 de mayo de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la señora Elda Inés Martínez Rodríguez por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01433-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

30 de junio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01433-01
Accionante: Elda Inés Martínez Rodríguez
Se confirma la sentencia de primera instancia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. treinta (30) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01433-01
Accionante: Elda Inés Martínez Rodríguez
Accionados: Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura y otro

Temas: Acción de tutela contra acto administrativo / Traslado de auxiliar judicial /
Se confirma la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia de la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 8 de
mayo de 2023 por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado
mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela presentada por
Elda Inés Martínez Rodríguez contra la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la
Judicatura de Boyacá, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01433-01
Accionante: Elda Inés Martínez Rodríguez
Se confirma la sentencia de primera instancia

1.- El 17 de marzo de 2023 Elda Inés Martínez Rodríguez presentó, en nombre
propio, una acción de tutela contra la Unidad de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la salud, a
la vida, al trabajo y a la seguridad social, con ocasión del Acuerdo PCSJA22-12028
de 19 de diciembre de 2022, que en su artículo 38 ordenó trasladar, a partir del 11
de enero de 2023 el cargo de auxiliar judicial grado 4 del Juzgado Primero de Familia
de Tunja (el cual desempeñaba la accionante) al Centro de Servicios
Administrativos para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bogotá.

2.- Como pretensiones, la accionante formuló las siguientes (se transcribe):

<< 1. Que se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, de salud en
conexidad con el derecho a la vida y el derecho al trabajo en conexidad con el derecho
a la seguridad social, que han sido vulnerados por la accionada.

2. Solicito como medida provisional SUSPENDER Y/O DEJAR SIN EFECTOS
LEGALES, el art. 38 del Acuerdo PCSJA22-12028 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE
DE 2022 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, específicamente en el
ítem donde dispuso el traslado del cargo de AUXILIAR JUDICIAL GRADO 4 DEL
JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE TUNJA, al CENTRO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS PARA LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA, mientras se acude y/o falla el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. La medida es necesaria y urgente, toda vez
que, si las condiciones actuales se mantienen, como lo retiero, mi salud puede seguir
deteriorándose con consecuencias irremediables mientras se decide la controversia
por el juicio o proceso que para el efecto debe adelantarse.

3. Que en el término improrrogable de CUARENTA Y OCHO (48) horas, se me
reintegre definitivamente al cargo que ostentaba en propiedad y en carrera
administrativa como AUXILIAR JUDICIAL GRADO 4 DEL JUZGADO PRIMERO DE
FAMILIA DE TUNJA.

4. Teniendo en cuenta la grave afectación de los derechos que invoco y el perjuicio
irremediable de conformidad con lo expuesto, de ser pertinente, solicito la viabilidad
sin renunciar a la medida provisional, se amparen los derechos de forma definitiva>>.

B. Hechos

3.- La accionante se desempeñaba, en carrera administrativa, en el cargo de auxiliar
judicial grado 4 en el Juzgado Primero de Familia de Tunja desde el 1º de junio de

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2013.

3.1.- El 19 de diciembre de 2022 el Consejo Superior de la Judicatura profirió el
Acuerdo PCSJA22-120281, en cuyo artículo 38 dispuso el traslado con carácter
permanente y a partir de 11 de enero de 2023, entre otros, del cargo de auxiliar
judicial grado 4 del Juzgado 001 de Familia de Tunja al Centro de Servicios
Administrativos para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bogotá, y, en reemplazo, la creación de un cargo de escribiente para el Juzgado
de Familia.

3.2.- En el referido acuerdo, el Consejo Superior de la Judicatura señaló que se
evidenció la necesidad de adoptar medidas permanentes para el mejoramiento de
la prestación del servicio de justicia en la Rama Judicial.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- La accionante afirma que:

4.1.- El Acuerdo PCSJA22-12028 de 19 de diciembre de 2022 vulneró sus derechos
fundamentales, en tanto (i) no se le notificó de manera personal; (ii) no se motivaron
las razones por las cuales se ordenó el traslado de su cargo, ni se evidenció que se
realizara un estudio que justificara dicha decisión; (iii) el Consejo Superior de la
Judicatura ordenó el traslado de manera arbitraria y sin observancia de las reglas
propias del asunto, por lo que se desmejoró el cargo para el cual concursó en
carrera administrativa.

4.2.- Su salud se ha visto deteriorada con ocasión del traslado, puesto que se
encuentra en condiciones de hacinamiento, no se le asignó de manera formal un
puesto de trabajo, no le es posible conservar una postura adecuada frente al
computador. Particularmente, señala que (se transcribe):

<<El olor, la impresión visual, el ambiente, el bullicio me empezaron a generar
emociones negativas, tampoco tuve una inducción adecuada, toda vez que los
compañeros que fueron asignados para que me indicaran mis labores tienen gran
cantidad de trabajo, que no permitía que me dedicaran el tiempo suficiente para
enseñarme>>.

1 <<Por el cual se crean cargos permanentes en algunos tribunales y juzgados de la Jurisdicción Ordinaria en

el territorio nacional y se dictan otras disposiciones>>.

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4.3.- El desarrollo de las labores asignadas requiere un conocimiento específico en
materia penal; además, para el cargo de auxiliar judicial grado 4 de los Juzgados de
Familia no se exigía el título de formación técnica en sistemas, mientras que para
dicho cargo en los Juzgados de Ejecución de Penas sí se requiere.

4.4.- El acuerdo cuestionado fue proferido el 19 de diciembre de 2022, es decir, un
día antes de iniciar la vacancia judicial, y los traslados se ordenaron a partir del 11
de enero de 2023, por lo que se desconoció el principio de publicidad.

4.5.- El hecho de no poder cumplir con las tareas asignadas le ha generado estrés
y ansiedad, por lo que fue incapacitada por el término de 10 días, prorrogado por
otros 20 días, tras haber sido diagnosticada con trastorno depresivo recurrente por
motivos de estrés y ansiedad laboral.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la
Judicatura (accionada) solicita declarar la improcedencia de la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues no es el mecanismo idóneo
para solicitar la suspensión de los efectos del artículo 38 del Acuerdo PCSJA22-
12028 de 2022, ni para reintegrar de manera definitiva al cargo que ostentaba la
accionante.

5.1.- Indica que el Consejo Superior de la Judicatura, en atención a las necesidades
originadas a partir de las dinámicas judiciales y previo al estudio técnico
correspondiente, tomó la decisión de adoptar las medidas establecidas en el artículo
38 del Acuerdo PCSJA22-12028 de 2022 con la finalidad de nivelar la planta de
personal de los Juzgados de Familia de Tunja.

5.2.- Señala que la pretensión de la accionante referente a que se le reintegre de
manera definitiva al cargo que ostentaba en propiedad y en carrera administrativa
como auxiliar judicial grado 4, podría generar un desequilibrio de la planta de
personal respecto de sus homólogos y se conformaría el Juzgado 001 de Familia
de Tunja con cargos cuyos perfiles no responden a las actuales necesidades de
esta especialidad, sin responder a un estudio técnico.

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Accionante: Elda Inés Martínez Rodríguez
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6.- El Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare (accionado) solicita
su desvinculación de la presente acción de tutela, en tanto no es la autoridad
competente frente a lo pretendido por la accionante.

E. Actuaciones previas

7.- Durante el trámite de la acción de tutela en primera instancia, la accionante
expuso que si bien el Consejo Superior de la Judicatura tiene la facultad de crear,
suprimir y trasladar cargos de la administración de justicia, ello debe obedecer a
criterios objetivos, por lo que se debe estudiar tanto el interés general de la
institución como las condiciones del trabajador afectado con tales decisiones.
7.1.- Agregó que pese a que la asignación salarial del cargo al que fue trasladada
es igual al que ostentaba, las funciones, requisitos y afinidad funcional no se
cumplen, por lo que <<se vulneró el derecho que otorga la carrera y se desconoció
el principio de no desmejoramiento>>.
7.2.- Señaló que el estudio técnico que indicó el Consejo Superior de la Judicatura
que realizó en la contestación de la acción de tutela no se ha dado conocer y que
no es cierto que las plantas de personal de los juzgados de familia hayan quedado
niveladas con los traslados que se ordenaron.

7.3.- Por otra parte, allegó otras dos incapacidades médicas que se otorgaron con
posterioridad a la acción de tutela, bajo el diagnóstico de trastorno depresivo
recurrente. En estas, se recomendó la reubicación laboral, en tanto la persistencia
de la sintomatología tiene su causa por estrés y ansiedad originados en el trabajo.

F. Sentencia impugnada
8.- Mediante sentencia del 8 de mayo de 2023 la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad. En primer lugar, frente a las pruebas
aportadas por la accionante junto con el escrito a través del cual se opuso a los
argumentos expuestos en el informe del Consejo Superior de la Judicatura, indicó
que para efectos de garantizar los derechos al debido proceso, defensa y
contradicción de la parte accionada, únicamente se pronunciaría sobre lo
manifestado en el escrito inicial de tutela, que fue sobre el cual tuvieron oportunidad
de ejercer su derecho de contradicción tales sujetos procesales.
8.1.- Señaló que la accionante puede iniciar un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el cual tiene la posibilidad de discutir la legalidad
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del Acuerdo PCSJA22-12028 de 19 de diciembre de 2022 y solicitar medidas
cautelares, incluso desde antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda.

8.2.- Indicó que si bien la accionante manifestó acudir al juez constitucional como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable en
razón de su estado de salud mientras acude y/o se decide la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, no demostró haber hecho uso de dicho instrumento
jurídico. Tampoco expresó alguna justificación para prescindir del mismo, pese a
que ha transcurrido un tiempo considerable desde que tuvo conocimiento de la
decisión que estima vulneratoria de sus derechos fundamentales.
8.3.- Agregó que la accionante tampoco acreditó la configuración de un perjuicio
irremediable, pues si bien alegó la afectación a su salud física y mental por razones
laborales, no se evidenció que tal situación revistiera el carácter de urgencia que
habilita al juez constitucional a intervenir como mecanismo transitorio en asuntos
que no son de su competencia.
8.4.- Sostuvo que si bien la afectación ocasionada a la salud de la accionante se
demostró con las pruebas allegadas al expediente <<esta no se advierte inminente
así como tampoco irreparable>>, pues actualmente se encuentra ausente de sus
labores debido a las incapacidades médicas y de igual forma está siendo tratada
médicamente con el fin de superar el estado de salud en que se encuentra.

8.5.- Agregó que la accionante también cuenta con la posibilidad de presentar una
solicitud de traslado por razones de salud ante su empleador o ante el Consejo
Seccional de la Judicatura, conforme a lo previsto en el artículo 134 de la Ley 270
de 1996.
8.6.- Señaló que, si el ejercicio de las funciones que le corresponde ejercer le generó
afectaciones en su desempeño, debe poner esa situación en conocimiento de su
empleador y de las autoridades administrativas encargadas de velar por su
<<salubridad laboral>>, para que se adopten las medidas administrativas que su
caso puntual amerite.

G. Impugnación
9.- La accionante impugna la anterior decisión2. Señala que (se transcribe):

2 Se advierte que, junto con el escrito de impugnación la accionante allegó poder conferido a la abogada Sandra

Patricia González Guerrero. La Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación reconoció personería
a la abogada mediante auto de 24 de mayo de 2023.

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<<Se estableció que la acción se presentaba como mecanismo transitorio mientras
se demanda mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
la nulidad de los correspondientes actos administrativos, pero ante la urgencia de
obtener el amparo inmediato de sus derechos fundamentales ya que actualmente
mi mandante se encuentra INCAPACITADA laboralmente por su enfermedad de tipo
laboral que ha sido producto de este traslado tan intempestivo e irregular a un cargo
para el cual ella no tiene el perfil profesional y vulnerándole sus derechos
fundamentales, ya que pese al contenido concreto y particular que tuvo el Acuerdo
PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022 sobre su cargo, JAMÁS fue notificada
de manera personal de dicho traslado>>.
9.1.- Agrega que se ocasionó un perjuicio irremediable debido a que su salud mental
se ha deteriorado y que, de conformidad con el último diagnóstico, <<existe
persistencia de sintomatología depresiva causada por estrés y ansiedad
desencadenada del trabajo, incluso con ideas de muerte>>, por lo que los otros
medios de defensa judicial no son idóneos o eficaces para evitar su ocurrencia.

9.2.- Señala que <<se pasan por alto>> las consecuencias derivadas de la
enfermedad que ha sido ocasionada por su entidad empleadora, pues su estado de
salud mental se encuentra gravemente afectado por lo que no ha podido laborar.

9.3.- Alega que el mecanismo judicial ordinario ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo no es idóneo ni eficaz para la protección de sus derechos
fundamentales, debido a las condiciones de salud generadas por el traslado a un
cargo <<para el cual no tiene el perfil profesional, sin que se le haya respetado el
debido proceso>>.

9.4.- Solicita que se estudie la última incapacidad laboral otorgada, en la que se
determinó que se recomienda su reubicación laboral.

II. CONSIDERACIONES

10.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela por no encontrar satisfecho el requisito de
subsidiariedad.

11.- Según el artículo 86 de la Constitución Política, la tutela no puede ser
interpuesta de manera directa cuando existan otros mecanismos ordinarios de
defensa de los derechos fundamentales.
11.1.- La Sala coincide con lo expuesto en la sentencia de primera instancia. Si la

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accionante se encuentra inconforme con el acuerdo mediante el cual se trasladó su
cargo al Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y lo que pretende es el restablecimiento
del derecho violado o la reparación del daño causado, puede acudir a las vías
jurisdiccionales ordinarias dispuestas en la Ley 1437 de 2011. Tales medios de
control resultan idóneos para cuestionar el contenido de la decisión mediante la cual
se ordenó el traslado del cargo.

11.2.- Además, como expuso el fallador de primera instancia, en el marco de un
eventual proceso contencioso administrativo la accionante puede solicitar las
medidas cautelares que considere pertinentes, entre estas la suspensión provisional
de los efectos del Acuerdo PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022.

11.3.- Tal como lo ha establecido esta Sala en providencias anteriores3, la Corte
Constitucional, en sentencia T-468 de 2002 estableció que, de manera excepcional,
la tutela puede convertirse en el mecanismo idóneo para controvertir una orden de
traslado, siempre que se evidencie que dicho acto es ostensiblemente arbitrario, es
decir, que carezca de fundamento alguno en su expedición. Sin embargo, el
Acuerdo PCSJA22-12028, cuestionado en la presente acción de tutela, no es
ostensiblemente arbitrario, pues el acto administrativo se fundó en el concepto
favorable de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y en los <<estudios
técnicos que sustentan el fortalecimiento permanente de la oferta justicia en la
Rama Judicial>>.

11.4.- Si bien la accionante allegó distintas incapacidades, lo cierto es que, en todo
caso, puede solicitar su traslado por razones de salud. El Consejo Superior de la
Judicatura ha establecido que los servidores judiciales en carrera tienen derecho a
ser trasladados a otro despacho judicial por razones de salud que se encuentren
debidamente comprobadas, cuando las mismas le hagan imposible continuar en el
cargo4.

11.5.- A su vez, el artículo 134 de la Ley 270 de 1996 establece que la solicitud de
traslado procede cuando el interesado lo solicite por razones de salud que le hagan
imposible continuar en el cargo.

3 Sentencia del 27 de febrero de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-00051-00, C.P. Alberto Montaña

Plata.
4 Acuerdo PCSJA17-10754 de 18 de septiembre de 2017.

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Accionante: Elda Inés Martínez Rodríguez
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 8 de mayo de 2023 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró la improcedencia
de la acción de tutela interpuesta por la señora Elda Inés Martínez Rodríguez por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

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