Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00051-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00051-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00051-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
27 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 27 de febrero de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00051-00
Demandante: Servidores judiciales del Juzgado 26 Civil Municipal de
Bucaramanga
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA/ Traslado
de juzgados civiles municipales/ Subsidiariedad
Síntesis del caso: El demandante enjuició un acuerdo, por medio del cual el Consejo
Superior de la Judicatura dispuso el traslado de un juzgado civil municipal de
Bucaramanga a Piedecuesta.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por los servidores
judiciales del Juzgado 26 Civil Municipal de Bucaramanga contra el
Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura
de Santander, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada.
1.3. Actuaciones adicionales.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 23 de diciembre de 20222, los servidores judiciales del Juzgado 26
Civil Municipal de Bucaramanga3 presentaron acción de tutela contra el
1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333
de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Cabe precisar que, en principio, la tutela, con el radicado No. 68001-31-87-006-2022-0095-00, le correspondió al
Juzgado 6 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, el cual, el 26 de diciembre de
2022, procedió a remitirla por competencia al correo electrónico del área de tutelas del Centro de Servicios
Administrativos de esos juzgados - Seccional Bucaramanga y esta, a su vez, la envío a los correos electrónicos de
la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Posteriormente, la Corte Suprema
de Justicia, mediante Auto de 12 de enero de 2022, dispuso que el conocimiento de esa tutela, identificada con
el radicado No. 11001-023-000-2023-00001-00, le correspondía a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
por haber sido presentada por funcionarios o empleados judiciales que pertenecen a la jurisdicción ordinaria
[artículo 1 del Decreto 333 de 2021]. En consecuencia, con el oficio No. 0184 de 16 de enero de 2022, la
remitieron al Consejo de Estado; no obstante, en esta Corporación ya había sido objeto de reparto al despacho
ponente con el radicado No. 11001-03-15-000-2023-00051-00 desde el 12 de enero de 2023 [ver acta individual
de reparto y paso al despacho].
3 Doris Angélica Parada Sierra, Ana Isabel Bonilla Castro, Ludy Stella Sánchez Díaz, Yuri Natalia Dávila Núñez,
Marco Antonio Gualdrón Carreño y Diana Catalina González Ortiz.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00051-00
Demandante: Servidores judiciales del Juzgado 26 Civil Municipal de Bucaramanga
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura
de Santander, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por la presunta vulneración de su
derechos fundamentales al mérito, libre elección de sede, vivienda,
mínimo vital y unión familiar, en razón de la decisión de traslado de
carácter permanente del Juzgado 26 Civil Municipal de Bucaramanga al
municipio de Piedecuesta - Santander, contenida en el Acuerdo PCSJA22-
12028 de 19 de diciembre de 2022.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“Principales
1. Se nos otorgue tutela a nuestros derechos fundamentales al mérito, libre
elección de sede, la vivienda, al mínimo vital, a la unión familiar, todos en
condiciones de dignidad y justicia como de trato equitativo con nuestros
homólogos (juzgados 1 a 25 civiles municipales de Bucaramanga).
2. Se disponga en consecuencia, la revocatoria del artículo 52 del Acuerdo
PCSJA22-12028 de 19 de diciembre de 2022, ‘Por el cual se crean cargos
permanentes en alguno tribunales y juzgados de la Jurisdicción Ordinaria en el
territorio nacional y se dictan otras disposiciones’ en cuanto a trasladar con
carácter permanente a partir del 11 de enero de 2013 al juzgado 26 civil
municipal de Bucaramanga.
Subsidiarias
1. Se disponga la suspensión transitoria del artículo señalado. A fin que se
determine bajo parámetros justificados por parte del Consejo el motivo de la
transformación judicial. Y se explique la razón por la que ya no se requiere del
funcionamiento de los juzgados 26 a 29 civiles municipales de Bucaramanga.
2. O se realice el traslado con carácter permanente sin consideración al
orden de nomenclatura sino por rendimiento estadístico comparativo con los
demás despachos judiciales por mayor o menor rendimiento. O por el tiempo
de posesión en los cargos de modo que no se afecte la estabilidad
alcanzada a la fecha.”
3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:
4. 1) El Juzgado 26 Civil Municipal de Bucaramanga está integrado por
Doris Angélica Parada Sierra (juez), Ana Isabel Bonilla Castro (secretaria),
Ludy Stella Sánchez Díaz (oficial mayor), Yuri Natalia Dávila Núñez
(escribiente), Marco Antonio Gualdrón Carreño (escribiente) y Diana
Catalina González Ortiz (citadora).
5. 2) El 19 de diciembre de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura
expidió el Acuerdo PCSJA22-1208, en cuyo artículo 52 dispuso el traslado
con carácter permanente y a partir de 11 de enero de 2023 del Juzgado
26 Civil Municipal de Bucaramanga con toda su planta de personal al
municipio de Piedecuesta, en donde se denominaría Juzgado 4 Civil
Municipal de Piedecuesta.
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Decisión: Declara improcedencia
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6. El fundamento de la vulneración radicó en que la decisión de
trasladar el Juzgado 26 Civil Municipal de Bucaramanga, contenida en el
artículo 52 del Acuerdo PCSJA22-1208 de 19 de diciembre de 2022, fue
intempestiva y arbitraria, vulneró el derecho a la igualdad frente a los 25
juzgados civiles municipales restantes que no fueron objeto de tal medida y
careció de motivación porque sólo se sustentó en que (se trascribe)
“evaluó la oferta judicial, las cargas de trabajo de los despachos
permanentes y la planta de personal, y como resultado del análisis ,
evidenció la necesidad de adoptar medidas permanentes para el
mejoramiento de la prestación del servicio de justicia en la Rama Judicial”,
sin justificar por qué debían ser los juzgados 26, 27, 28 y 29 civiles
municipales los llamados a trasladarse4 ni por qué no se podían crear esos
juzgados en Piedecuesta sin afectar la demanda de justicia en
Bucaramanga, donde (se trascribe) “se anuncia una crisis en ejecución de
sentencias civil municipal (..) y se mantiene la misma carga laboral entre los
años 2019 a 2022”.
7. Sumado a lo anterior, los accionantes manifestaron que la decisión
reprochada vulneró otros derechos fundamentales, de lo cual se destaca
lo siguiente:
Funcionario judicial Afectaciones
y empleados
Doris Angélica a) Ruptura del acompañamiento familiar de mi hija: “Se nos
Parada Sierra (juez) impone un distanciamiento que implicar que no pueda llevarla
diario a su estudio y deba dejarla en una ruta escolar. No pueda
compartir la hora de almuerzo como acostumbrábamos y deba
procurar de otra persona que la cuide después de la jornada
escolar”.
b) A la vida digna, vivienda y descanso debido: “reduciendo mi
tiempo de descanso y dedicación como madre o imponiéndome
nuevamente el choque de trasladar toda mi construcción
personal y familiar a Piedecuesta que nunca elegí”.
c) Al mínimo vital: “$10’381.195 Ingresos netos (…) total gastos:
$10’052.00. Razón por la cual, el incremento de gastos de
transporte para mi hija y los propios para ir al trabajo o de
ubicación en el municipio de Piedecuesta. Me serían casi
imposible de asumir sin la afectación a los propios de
alimentación, sostenimiento y recreación personal”.
Ana Isabel Bonilla a) Ruptura de su núcleo familiar: “tener a mi cargo a mis dos
Castro (secretaria) padres adultos mayores. Mi padre (..) tiene a la fecha 88 años
quien padece de (…). Mi madre tiene 68 años y por el cuidado de
mi padre y el paso de los años también ha visto mermada su
condición de salud. Desde mi lugar de trabajo (…) a mi casa me
demoro en taxi de 5 a 10 minutos. Lo que me permite también en
cualquier urgencia de mi padre, salir de mi trabajo previo permiso.
Obligarme a trabajar en otra ciudad que es Piedecuesta cuando
resido en Bucaramanga implica quitarme dos horas para llegar al
trabajo y dos horas para regresar a mi casa”.
b) Mínimo vital: “mensualmente gasto más o menos $268.400 en
transporte al trabajo, en ida y vuelta. Pues bien, ese valor sería
4 (se trascribe) “máxime cuando la transformación sólo se da por las últimas 4 nomenclaturas o número de
juzgado”.
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$1.113.200 si tuviera que trasladarme desde Bucaramanga a
Piedecuesta”. Adujo que sus ingresos brutos eran de $3.317.352 y
que sus gastos mensuales eran de “$3.532.938. Es decir, de mi
salario no me sobra nada”.
Ludy Stella Sánchez a) Salud: “fui diagnosticada además con agorafobia, situación
Díaz (official por la que debo estar en tratamiento tanto Psiquiátrico, como
mayor) psicológico. Primero para el que sólo se presta atención en la
ciudad de Bucaramanga”.
b) A la vivienda, descanso digno y ruptura del núcleo familiar: “mi
residencia es en el municipio de Girón (…). Sin embargo, para el
municipio de Piedecuesta desde Girón, sólo se cuenta con una
ruta que pasa alejada de mi lugar de residencia, lo que implicaría
no solo disponer de más tiempo previo al recorrido- que
corresponde a mi tiempo de descanso-, sino además buscar otro
medio de transporte que me lleve hasta la parada de la ruta,
tanto de ida como de regreso (generando gastos adicionales). Y
el tener que destinar más de mi tiempo libre para trasladarme al
municipio de Piedecuesta a laborar, me quita tiempo de calidad
con mi familia.”
c) Mínimo vital: “$29207.403 Ingresos después de descuentos
(incluidas dos libranzas). Total, gastos: $2’166.210. Quedando
como saldo el valor de $41.193, sin aportar para mercado, ni
gastos del hogar”.
Marco Antonio a) A la vida digna, vivienda y descanso debido: “suscribí el día 12
Gualdron Carreño de mayo de 2022 contrato de arrendamiento con vigencia de un
(escribiente) año, es decir, debo vivir en mi actual lugar de residencia si quiera
hasta el 12 de mayo de 2023. Por lo que el cambio de residencia
es impensable en este momento, salvo que tenga que pagar el
valor establecido en la cláusula penal del mencionado contrato
(anexo contrato de arrendamiento). Además, del gran gasto
económico que representa para mí el transportarme al municipio
de Piedecuesta”. Sin mencionar que la falta de descanso y el no
poder pasar tiempo con Wanda [animal de compañía], podría
generar mayores ataques de ansiedad y afecciones en mi salud”.
“(…) la proyección a futuro con mi pareja sentimental
corresponde en vivir juntos en la ciudad de Bucaramanga al
momento del a entrega del inmueble. Sin embargo, dicha
expectativa se frustra con el traslado a la ciudad de Piedecuesta.
Además, de que los gastos de transporte que tendría que sufragar,
podrían afectar las cuotas mensuales pactadas con la fiduciaria”.
b) Al mínimo vital: “mis ingresos netos después de descuentos por
seguridad ascienden a la suma de $3.226.261. Con los cuales
sufrago los siguientes gatos: $ 3.221.588”.
Yuri Natalia Davila a) Salud: “gracias a que el recorrido en transporte público de mi
Núñez (escribiente) casa al trabajo y viceversa, es de menos de una hora me permite
compartir con ella [mamá] dos de las tres comidas diarias,
acompañarla a citas médicas o a reclamar sus medicamentos ya
que la EPS a la que pertenecemos cuenta con toda su red en la
zona de Bucaramanga y Floridablanca. En igual sentido debo
indicar que en el mes de junio del 2022 fui sometida a una
operación de vesícula, tras haber sido diagnostica con
pancreatitis aguda y crisis hepática, (…) situación que con el
aumento de casi un ahora más de recorrido para llegar al trabajo
se vería seriamente afectada pues me obligaría a disminuir mi
descanso o incluso me limitaría para la preparación de mis
alimentos (…)”.
b) A la vida digna, vivienda y descanso debido: no me es posible
ubicarme en dicho municipio ya que la vivienda en que resido es
mi vivienda familiar propiedad de mis padres, quienes
actualmente se encuentran pagándola mediante crédito
Hipotecario Suscrito con el Banco AV VILLAS desde el año 2021 y a
quienes apoyo con el pago de servicios públicos y mercado (…)”.
c) Al mínimo vital: “El traslado de lugar de trabajo me implicaría los
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siguientes gastos adicionales: Transporte: $ 200.000 Almuerzos:
300.000 Desayuno y Refrigerio: 250.000. Situación que me obliga a
disminuir el rubro de ahorro programado”.
Diana Catalina a) Salud: “Mi esposo tiene una insuficiencia de la válvula aórtica
González Ortiz severa, lo cual le genera hipertensión arterial y otras
(citadora) comorbilidades, por lo cual requiere control médico periódico
(…)Por su estado de salud actual, me implica como cónyuge estar
cerca y atenta para poder reaccionar a cualquier emergencia,
teniendo en cuenta que el centro de atención de emergencias y
especialistas se encuentran zonificados cerca de nuestro lugar de
vivienda actual, en la ciudad de Bucaramanga (…).Además,
también mi centro de atención médica para controles de
hipotiroidismo y otros, se encuentran en la ciudad de
Bucaramanga”.
b) Vida digna, vivienda, descanso debido y afectación a mi
dinámica diaria familia: “ya que aumentaría tanto el tiempo
como el costo de traslados, la incertidumbre de las condiciones
de calidad de vida que me puede generar a mí y a mi familia a
futuro, suponiendo que tendría que pasar de vivir en vivienda
propia a buscar una vivienda en arriendo y asumir todos los gastos
de mudanza”.
c) Mínimo vital: “TOTAL, INGRESOS MENSUALES NETOS: $ 3.178.000.
GASTOS TOTALES $ 3.224.800” El traslado de lugar de trabajo me
implicaría los siguientes gastos adicionales: -Transporte: $ 400.000
Almuerzos: 300.000 Dos refrigerios: 200.000 -Total Alimentación: $
500.000 Serían en total $ 900.000 adicionales”.
8. Indicaron que, aunque las órdenes de traslado se podían controvertir
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
la tutela era un “medio extraordinario” para revocarlas, siempre que se
evidenciara que dicho acto era ostensiblemente arbitrario5.
9. Precisaron que con la tutela pretendían evitar un perjuicio
irremediable tanto para ellos y sus familias como para la prestación del
servicio de justicia en los más de 900 procesos que tramitaban por año.
Afirmó que (se trascribe) “(…) al entregar nuestros expedientes se ha
materializado un daño irreparable y si demostramos (…) que tenemos
razón como lo sabemos, la decisión de restablecer nuestros derechos será
inútil”.
1.2. Posición de la parte demandada6
10. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial rindió informe en el
que indicó que no se había agotado el requisito de subsidiariedad,
comoquiera que, para controvertir el acto administrativo, los solicitantes
pudieron haber presentado el medio de control de nulidad y
5 Para lo cual citó la Sentencia T-468 de 2002 de la Corte Constitucional.
6 Mediante Auto de 16 de enero de 2023, el despacho ponente resolvió, entre otros, (1) admitir la solicitud de
amparo y (2) tener como accionado al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional de la Judicatura
de Santander, a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Sobre dicha providencia, se pone de presente que, aunque no hubo pronunciamiento sobre la medida
provisional de suspender los efectos del artículo 52 del Acuerdo PCSJA22-12028 de 19 de diciembre de 2022, que
consta en un documento independiente a la tutela dentro del expediente digital, se abstendrá de hacerlo en
esta etapa procesal porque la parte demandante no recurrió el mencionado auto con el fin de obtener el
pronunciamiento respectivo y, en todo caso, la medida coincide con una de las pretensiones que serán objeto
de estudio en la presente sentencia de primera instancia.
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Demandante: Servidores judiciales del Juzgado 26 Civil Municipal de Bucaramanga
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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restablecimiento del derecho con medidas cautelares o una solicitud de
revocación directa, más aún si se tiene en cuenta que (se trascribe) “la
controversia planteada tiene naturaleza eminentemente legal en ausencia
de un perjuicio irremediable”. Por lo expuesto, solicitó que se declarara la
improcedencia de la tutela.
11. Por otro lado, señaló que carecía de legitimación pasiva en la causa
por ser un foro de colaboración y participación de carácter consultivo,
pues el hecho de emitir concepto previo al ejercicio de la competencia
del Consejo Superior de la Judicatura de trasladar juzgados (numeral 5 del
artículo 85 de la Ley 270 de 2996), no implicaba que hubiese tomado dicha
decisión. De manera que, a su juicio, no existía nexo de causalidad entre la
presunta violación de los derechos fundamentales y su conducta.
12. El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander afirmó que se
debía declarar improcedente la tutela porque, en el caso concreto, no se
avizoraba la ausencia o ineficacia del medio de defensa judicial ordinario,
sin especificar cuál, ni la finalidad de evitar un perjuicio irremediable.
Adicionalmente, que se le debía desvincular del asunto porque, como el
acto administrativo atacado – Acuerdo PCSJA22.12028 de 16 diciembre de
2022- fue proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, la supuesta
vulneración de los derechos fundamentales invocados provenía era de
este.
13. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público también alegó falta de
legitimación pasiva en la causa porque era ajeno a los hechos de la
presente tutela y la presunta vulneración no podía serle atribuida, en tanto
no era la entidad competente para dar respuesta de fondo a las
pretensiones. En consecuencia, solicitó que se declarara improcedente la
tutela y se le desvinculara de la misma.
14. La Corte Suprema de Justicia, a quien se le notificó el auto admisorio
de la presente tutela, precisó que no tenía facultades para emitir un
pronunciamiento frente a los hechos, pues ello le correspondía al
presidente del Consejo Superior de la Judicatura por tener la
representación de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.
15. La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de
la Judicatura puso de presente que, en el marco de las funciones
constitucionales y legales y con fundamento en el estudio técnico
realizado y en el concepto favorable de la Comisión Interinstitucional de la
Rama Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso el traslado del
Juzgado 26 Civil Municipal de Bucaramanga, junto con su planta de
personal.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00051-00
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Decisión: Declara improcedencia
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16. Precisó que los factores que se tuvieron en cuenta para tomar la
decisión fueron: a) oferta y demanda de justicia en el circuito judicial de
Bucaramanga: evidenció que Piedecuesta, seguido de Girón, eran los
municipios que recibían la mayor demanda de justicia civil y sólo contaban
con 3 juzgados, por lo que dispuso el traslado de los juzgados 26 y 27 civiles
municipales de Bucaramanga a Piedecuesta, y 28 y 29 a Girón; b)
optimización de recursos con medidas de reordenamiento judicial: explicó
que el criterio para la selección de despachos judiciales a trasladar fue su
nomenclatura, su creación reciente y el hecho de no tenían procesos
antiguos. Además, sostuvo que el traslado no generaba un impacto
negativo en el servicio, ya que los 25 juzgados que continuaban en
Bucaramanga podían asumir las cargas laborales y así acercarse a los
promedios nacionales; c) costo de operación de la medida: indicó que la
medida de traslado no generaba obligaciones presupuestales adicionales
y d) dinámicas sociales de municipios que integran el área metropolitana:
afirmó que los servicios y el transporte entre los municipios de
Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta se encontraban cada
vez más interconectados, por lo que no iba a afectar lo dilucidado por los
accionante.
17. Aunado a lo anterior, informó que mediante Acuerdo CSJAA23-4 de
12 de enero de 2023, dispuso que el traslado se haría efectivo una vez la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga expidiera
el certificado de disponibilidad de infraestructura física y tecnológica y,
mientras tanto, esos juzgados se encontraban exonerados en el reparto
ordinario de procesos.
18. Consideró que no era el amparo constitucional el medio por el cual
los accionantes podían solicitar la revocatoria o suspensión transitoria del
artículo 52 del Acuerdo PCSJA22-12028 de 19 de diciembre de 2022, pues
el ordenamiento jurídico preveía otros, concretamente, la simple nulidad o
nulidad y restablecimiento del derecho, los cuales no habían sido
agotados. En ese orden, solicitó que se declarara improcedente la tutela
por falta de subsidiariedad o, en su defecto, se negara la misma por
ausencia de violación de los derechos fundamentales.
1.3. Actuaciones adicionales
19. El 2 de febrero de 2023, la parte actora remitió un memorial en el que
adjuntó la propuesta de reordenamiento judicial seccional Santander
CSJSAO23-36 de 20 de enero de 2023, en la cual el Consejo Seccional de
la Judicatura de Santander expone la pretensión de transformación de los
juzgados de ejecución civil municipal de Bucaramanga en juzgados civiles
municipales del mismo distrito judicial, con el fin de demostrar la necesidad
del servicio de los juzgados 26, 27, 28 y 29 que fueron trasladados, la
contradicción de la respuesta dada por la Unidad de Desarrollo y Análisis
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Estadístico sobre la carga laboral y la afectación a sus derechos, incluso los
de carrera, por un trato injustificado y sin fundamento jurídico, pues (se
trascribe) “convierte este traslado en un ataque a derechos intuito persona
y no en una medida administrativa razonada”. Con fundamento en lo
anterior, insistieron en que se revocara el artículo 52 del acto enjuiciado.
20. El 21 de febrero de 2023, la parte actora envió otro memorial en que
expresó lo siguiente (se trascribe) “mediante resolución PCSJSR23-022 del
16 de febrero de 2023 se declara improcedente el recurso de reposición y
en subsidio de apelación que interpusimos contra el artículo que convirtió
este despacho judicial en juzgado de Piedecuesta, el argumento para ello
es indicar que el acto administrativo es de carácter general. Con lo
anterior demostramos que no se cuenta con una vía o recurso que acudir
para obtener la protección de nuestros derechos”.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitudes de desvinculación. 2.2. Procedencia de la acción de tutela.
2.3. Conclusión.
2.1. Solicitudes de desvinculación
21. En relación con la falta de legitimación y las solicitudes de
desvinculación de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, el
Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, la Sala negará las dos primeras, por considerar
que tanto la Comisión como el Consejo Seccional tienen relación o se
encuentran vinculadas respecto de la orden de traslado o de los reparos
de la parte actora, y accederá a la tercera, tras evidenciar que el
Ministerio es ajeno a los hechos de la presente tutela, pues, la discusión gira
en torno a la decisión administrativa de traslado y no a un tema
presupuestal.
2.2. Procedencia de la acción de tutela
22. En el caso bajo estudio, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
23. El artículo 6 del Decreto 2591 de 19917, que desarrolló el artículo 86
Constitucional8, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan
7 “ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
8 “ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…)
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Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
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otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
24. Para la Sala, en el presente caso, no se superó el mencionado
requisito (subsidiariedad) porque: a) existe otro medio de control idóneo y
eficaz para cuestionar el acto administrativo reprochado y, b) no se
acreditó un perjuicio irremediable que hiciere procedente la tutela como
mecanismo transitorio.
25. Del material probatorio allegado al proceso se tiene que, en el
artículo 52 del Acuerdo PCSJA22-12028 de 19 de diciembre de 2022, “por el
cual se crean cargos permanentes en algunos tribunales y juzgados de la
Jurisdicción Ordinaria en el territorio nacional y se dictan otras
disposiciones”, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso (se trascribe):
“ARTÍCULO 52°. Traslado de unos juzgados civiles municipales. Trasladar, con
carácter permanente, a partir del once (11) de enero de 2023, los siguientes
juzgados:
a. Los juzgados 026 y 027 civiles municipales de Bucaramanga, distrito judicial
de Bucaramanga, con toda su planta de personal, a Piedecuesta, mismo
distrito judicial, los cuales se denominarán juzgados 004 y 005 civiles
municipales de Piedecuesta, respectivamente.
b. Los juzgados 028 y 029 Civil Municipal de Bucaramanga, del Distrito Judicial
de Bucaramanga, con toda su planta de personal, a Girón, mismo distrito
judicial, los cuales se denominarán juzgados 004 y 005 Civil Municipal de Girón,
respectivamente.”
26. (a) Como los accionantes cuestionan el aparte trascrito de ese acto
administrativo de carácter general, contra el cual procede el medio de
control de nulidad o, incluso, el de nulidad y restablecimiento del derecho,
si lo que pretenden es el restablecimiento del derecho violado o la
reparación del daño causado con la medida de traslado, de acuerdo con
lo reglado en los artículo 1379 y 13810 del CAPCA, la Sala considera que se
deben recurrir a aquellos, como medios de defensa judicial idóneos, y no a
la acción de tutela.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
(…)”. (Se resalta)
9 “ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la
nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante
falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
(…)
PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho,
se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente.”
10 “ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le
repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo
anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el
término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00051-00
Demandante: Servidores judiciales del Juzgado 26 Civil Municipal de Bucaramanga
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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27. En concordancia con lo anterior, vale la pena indicar que la parte
accionante tiene la posibilidad de solicitar el decreto de medidas
cautelares, lo que incluye la suspensión provisional de los efectos del acto
administrativo contrario a sus derechos e intereses, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 230 y siguientes del CPCA11 o, incluso, una medida
de urgencia, siempre y cuando la situación lo amerite y se cumpla con lo
establecido en el artículo 234 del CPACA12 .
28. Ahora bien, aunque la parte actora mencionó que, con fundamento
en la Sentencia T- 468 de 2002, la tutela era un “medio extraordinario” para
revocar la orden de traslado, siempre que se evidenciara que dicho acto
era ostensiblemente arbitrario, es decir, en términos de dicha providencia,
que careciera de fundamento alguno para su expedición, lo cierto es que,
para la Sala, tal condición no se dio en el caso concreto, habida cuenta
que, de las pruebas e informes allegados al expediente, se evidenció que
el acto se fundó en el concepto favorable de la Comisión Interinstitucional
de la Rama Judicial y el análisis y estudio de diferentes factores (oferta,
demanda, optimización, costos, recursos, etc.).
29. En consecuencia, no le es dado al juez de tutela pronunciarse sobre
el fondo del asunto, toda vez que la acción de tutela no es un medio
judicial alternativo, adicional o complementario del ordinario.
30. (b) Revisado el escrito de tutela, se advierte que, aunque los
servidores judiciales del Juzgado 26 Civil Municipal alegaron un perjuicio
irremediable para ellos y su núcleo familiar, así como para la prestación del
servicio de justicia, lo cierto es que los documentos que aportaron sobre sus
gastos e ingresos no prueban su causación, máxime cuando la Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura
informó que (se trascribe) “el Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander mediante Acuerdo CSJSAA23-4 del 12 de enero de 2023,
dispuso que el traslado efectivo de los Juzgados trasladados de
11 “ARTÍCULO 230. CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Las medidas cautelares podrán ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las
pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las
siguientes medidas:
1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la
conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo
acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que
dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las
condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el
procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
(…). “ARTÍCULO 233. PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. La medida cautelar
podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso. (…)”.
12 “ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando
cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite
previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución
señalada en el auto que la decrete”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00051-00
Demandante: Servidores judiciales del Juzgado 26 Civil Municipal de Bucaramanga
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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Bucaramanga a Girón y Piedecuesta, se realizará una vez la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga expida el
certificado de disponibilidad de infraestructura física y tecnológica y
mientras ello se produzca, estos juzgados se encuentran exonerados en el
reparto ordinario de procesos”, lo cual da cuenta que aún no se ha
efectuado el traslado cuestionado.
31. Aunado a ello, no puede perderse de vista que tratándose de un
acto de carácter general, por expreso mandato legal, la acción de tutela
igualmente sería improcedente, (se trascribe)
“Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no
procederá: (…) 5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal
y abstracto.”
2.3. Conclusión
32. Con fundamento en las razones dadas, la Sala declarará
improcedente la tutela de la referencia por no superar el requisito de
subsidiariedad. En consecuencia, se abstendrá de estudiar los demás
requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación pasiva en la causa del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y, en consecuencia, desvincularlo
del presente asunto, de conformidad con los argumentos expuestos.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación efectuadas por la
Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y el Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander, por las razones dadas.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela presentada por los
servidores judiciales del Juzgado 26 Civil Municipal de Bucaramanga, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00051-00
Demandante: Servidores judiciales del Juzgado 26 Civil Municipal de Bucaramanga
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal
fin13.
QUINTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
SEXTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
13 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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