Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00112-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00112-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00112-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
5 de febrero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00112-00
Accionante: Johana Marcela Duarte Pulido
Se declara la improcedencia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C. cinco (5) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00112-00
Accionante: Johana Marcela Duarte Pulido
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Temas: Acción de tutela contra acto administrativo / Traslado de auxiliar judicial /
Se declara la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela presentada por Johana Marcela Duarte Pulido
contra el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura
de Santander para obtener el amparo de sus derechos fundamentales que
considera vulnerados por el Acuerdo PCSJA-2312124 del 19 de diciembre de 2023,
mediante el cual se suprimió el cargo que desempeñaba en un juzgado penal y se
dispuso su traslado a una oficina de apoyo de los juzgados civiles.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 12 de enero de 2024 Johana Marcela Duarte Pulido presentó, en nombre
propio, una acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander por considerar vulnerados sus derechos
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00112-00
Accionante: Johana Marcela Duarte Pulido
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fundamentales al debido proceso, libertad de profesión, trabajo, igualdad, derechos
de carrera, acceso a cargos públicos, así como los principios de buena fe y
seguridad jurídica. Lo anterior, con ocasión del Acuerdo PCSJA-2312124 del 19 de
diciembre de 2023, en el que el Consejo Superior de la Judicatura dispuso el
traslado del cargo que la accionante ocupaba en propiedad a un cargo de la justicia
civil.
2.- Como pretensión, la accionante formuló la siguiente (se transcribe):
<<PRIMERO: TUTELAR a mi favor, los derecho constitucionales fundamentales
referidos -igualdad, seguridad jurídica y buena fe- y en consecuencia, se ordena al
Consejo Superior de la Judicatura- Presidencia y Consejo Seccional de la Judicatura
de Santander, y demás autoridades que estime pertinentes dejar sin efectos el
Acuerdo PCSJA-2312124 del 19 de diciembre de 2023, articulo 23 literal b,
modificado por el Acuerdo PCSJA24-12134 del 10 de enero de 2024 en lo que toca
a lo dispuesto en el artículo 9 respecto del traslado de mi cargo como asistente
judicial grado 6 del Juzgado 19 Penal Municipal con funciones de conocimiento de
Bucaramanga, antes Juzgado 02 con funciones de conocimiento de
Bucaramanga>>.
B. Hechos
3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- Desde el 11 de julio de 2014 ha desempeñado distintos cargos provisionales
en la jurisdicción ordinaria, especialidad penal. Mediante el Acuerdo No.
CSJSAA17-3609 del 6 de octubre de 2017, el Consejo Seccional de la Judicatura
de Santander convocó un concurso de méritos para proveer distintas vacantes, por
lo que la accionante se inscribió en el concurso y aspiró al cargo de asistente judicial
grado 6 en Centro de servicios y/o Juzgados.
3.2.- Superó todas las etapas del concurso y conformó la lista de elegibles del cargo
al que aspiró. Así las cosas, mediante Resolución No. 02 del 9 de febrero de 2022
la accionante se posesionó en propiedad para el cargo al que aspiró en el Juzgado
Segundo Penal Municipal con funciones de conocimiento de Bucaramanga1.
3.3.- Mediante el Acuerdo PCSJA 2312124 del 19 de diciembre de 20232 del
1 Mediante la Resolución No. UDAER23-74 del 28 de abril de 2023 se modificaron los códigos de identificación
de algunos despachos judiciales de la jurisdicción ordinaria y, en particular, el juzgado donde trabajaba la
accionante pasó a denominarse Juzgado Diecinueve Penal Municipal con funciones de conocimiento de
Bucaramanga.
2 Modificado por el Acuerdo PCSJA24-12134 del 10 de enero de 2024.
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Accionante: Johana Marcela Duarte Pulido
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Consejo Superior de la Judicatura, se crearon despachos y cargos en la jurisdicción
ordinaria y se ordenó el traslado del cargo que ocupa la accionante; este cargo pasó
a ser parte de la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles Municipales de
Ejecución de Sentencias de Bucaramanga. Además, el cargo que ocupaba en el
despacho penal en el que trabajaba, a saber, asistente judicial grado 6, fue
suprimido en ese juzgado y reemplazado por un cargo de escribiente.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- La accionante afirma que se vulneraron sus derechos fundamentales, pues se
desconocieron sus derechos de carrera, su confianza legítima y buena fe, y el hecho
de que se postuló a un cargo que dejó de existir; agrega que se le impidió el ejercicio
libre de su profesión. Al respecto, alega que lleva más de nueve años trabajando en
la justicia penal, por ser la especialidad en la que decidió desempeñarse
profesionalmente y señala que nunca optó libremente por trabajar en la justicia civil,
lo cual le fue impuesto de forma arbitraria por parte del Consejo Superior de la
Judicatura. Sostiene que el despacho penal donde trabajaba requiere más personal,
por lo que no entiende la decisión de suprimir su cargo. Por último, aclara que ha
ejercido sus labores de forma eficiente y reconocida.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El Consejo Superior de la Judicatura (accionado) presentó informe en el que
señaló que el acto administrativo cuestionado se expidió por necesidades del
servicio, de conformidad con la ley y según las competencias asignadas
constitucional y legalmente a esa entidad.
5.1.- En efecto, el acuerdo se fundamentó en un estudio técnico y el concepto
favorable de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, en virtud del cual se
estableció que los cargos de asistente judicial son requeridos en las oficinas de
apoyo, por su naturaleza operacional y dado que no requieren estudios en derecho.
La oficina de apoyo que más requería asistencia era precisamente la de los
juzgados civiles. En cambio, los jueces titulares han manifestado la necesidad de
contar con más profesionales del derecho en sus despachos, lo cual motivó la
decisión de reemplazar su cargo en el despacho penal por un cargo de escribiente.
5.2.- Añadió que, en todo caso, el traslado del cargo se realizó en la misma ciudad,
no se perdió la continuidad del trabajo, se mantuvo el salario, la sede judicial y las
funciones que corresponden al cargo que desempeña la actora.
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5.3.- Alegó que la acción de tutela es improcedente porque no se cumplió con el
requisito de subsidiariedad, pues existen otros mecanismos judiciales para
cuestionar la legalidad de los actos administrativos.
6.- El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander (accionado) señaló que no
ha vulnerado ningún derecho fundamental y que el acto administrativo accionado
fue proferido por el Consejo Superior de la Judicatura en el marco de sus funciones,
por lo que este último debe ser el llamado a responder. Además, alegó que la
solicitud de amparo es improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad,
como quiera que la accionante debe acudir a la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, mecanismo ordinario de defensa judicial procedente en este caso.
II. CONSIDERACIONES
7.- La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por no encontrar
satisfecho el requisito de subsidiariedad.
7.1.- Según el artículo 86 de la Constitución Política, la tutela no puede ser
interpuesta de manera directa cuando existan otros mecanismos ordinarios de
defensa de los derechos fundamentales.
7.2.- La Sala coincide con lo expuesto por las autoridades accionadas: si la
accionante se encuentra inconforme con el acuerdo mediante el cual se trasladó su
cargo y lo que pretende es dejar sin efectos ese acto administrativo, puede acudir a
las vías jurisdiccionales ordinarias dispuestas en la Ley 1437 de 2011. Tales medios
de control resultan idóneos para cuestionar el contenido de la decisión mediante la
cual se ordenó el traslado del cargo.
7.3.- Además, en el marco de un eventual proceso contencioso administrativo, la
accionante puede solicitar las medidas cautelares que considere pertinentes, entre
estas la suspensión provisional de los efectos del acuerdo que cuestiona.
8.- Tal como lo ha establecido esta Sala en providencias anteriores 3, la Corte
Constitucional, en sentencia T-468 de 2002 estableció que, de manera excepcional,
la tutela puede convertirse en el mecanismo idóneo para controvertir una orden de
traslado, siempre que se evidencie que dicho acto es ostensiblemente arbitrario, es
decir, que carezca de fundamento alguno en su expedición.
3 Sentencia del 27 de febrero de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-00051-00, CP Alberto Montaña
Plata.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00112-00
Accionante: Johana Marcela Duarte Pulido
Se declara la improcedencia
9.- Sin embargo, el acuerdo atacado en la presente acción de tutela no es
ostensiblemente arbitrario, pues se fundó en el concepto favorable de la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial y en los estudios técnicos pertinentes.
Adicionalmente, no se advierte un perjuicio irremediable, pues se evidencia que el
traslado del cargo se realizó en la misma ciudad, no se perdió la continuidad del
trabajo, se mantuvo el salario y la sede judicial.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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