Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01441-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01441-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-01441-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
19 de julio de 2023
Demandantes: Fundación Biodiversidad y otros
Demandados: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01441-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01441-01
Demandantes: FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD Y OTROS
Demandados: AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES Y
OTRO
Temas: Tutela de fondo. Derecho de petición y al debido proceso
administrativo. Audiencia pública ambiental. Confirma.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la Fundación
Biodiversidad, la Veeduría Santiago de Cali “Álvaro Lemos Barrote” y la Corporación
Ekoinc contra la providencia del 19 de mayo de 2023, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Mediante auto del 23 de marzo de 2023, el despacho del magistrado ponente
del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, admitió la acción de tutela
presentada por la Fundación Biodiversidad, la Veeduría Santiago de Cali “Álvaro
Lemos Barrote” y la Corporación Ekoinc1, en la que presentaron solicitud de amparo
de los derechos fundamentales de petición, al debido proceso administrativo, a la
“participación en la toma de las decisiones que puedan afectar el goce al derecho
colectivo a un ambiente sano” y al “control social a través de la participación
ciudadana en la vigilancia de la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles
administrativos y sus resultados”, que consideraron vulnerados por la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (en adelante ANLA) y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
1 Estas son algunas de las organizaciones integrantes del Círculo de Pensamiento Ambiental, quien
inicialmente instauró la acción de tutela.
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2. Lo anterior con ocasión del trámite impartido a la solicitud del 5 de diciembre
de 2022 de audiencia pública ambiental de que trata el artículo 72 de la Ley 99 de
1993, relacionada con la licencia ambiental otorgada al Ministerio de Defensa
Nacional para la “Construcción, Operación, Abandono y Restauración de la Estación
de Guardacostas en La Isla Gorgona”, territorio perteneciente al municipio de Guapi,
Cauca. Lo anterior, con fundamento en que, en su concepto, la Armada Nacional
está incumpliendo sus obligaciones medioambientales.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
(…) 11.1. Ordene al Director de ANLA, asumir el conocimiento del recurso de reposición
interpuesto por el Círculo de Pensamiento Ambiental contra la decisión de negación de la
audiencia pública establecida en el artículo 72 de la Ley 99 de 1993 contenida en el Oficio
2022292914-2-000 del 27 de diciembre de 2022; 11.2. En el evento de no reponer el Director
de ANLA la decisión de negación, ordenar a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
resolver el recurso de queja interpuesto2.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia de segunda
instancia:
4. La ANLA le otorgó licencia ambiental al Ministerio de Defensa Nacional,
mediante Resolución 1730 del 31 de diciembre de 2015, para ejecutar el proyecto
denominado “Construcción, Operación, Abandono y Restauración de la Estación de
Guardacostas en La Isla Gorgona y Obras Complementarias”, localizado en el
Parque Nacional Natural Gorgona en el departamento del Cauca, bajo determinadas
condiciones y con el cumplimiento de obligaciones específicas de manejo
medioambiental.
5. Mediante escrito del 28 de noviembre de 2022 los representantes legales de la
Fundación Biodiversidad, la Veeduría Santiago de Cali “Álvaro Lemos Barrote”, la
Corporación Ekoinc, y Urbanidad Nativa, congregados en el Círculo de Pensamiento
Ambiental (Cirpa)3, presentaron ante el director general de la ANLA, una solicitud de
audiencia pública ambiental, conforme a lo previsto en el artículo 72 de la Ley 99 de
19934, para ejercer el control ciudadano a la licencia otorgada por esa autoridad al
2 La transcripción corresponde al texto original de la demanda, por lo que puede contener errores.
3 Organismo que no cuenta con personería jurídica, razón por la cual dicha petición se entendió
presentada por los representantes legales de tres de las entidades que la integran: la Fundación
Biodiversidad, la Veeduría Santiago de Cali “Álvaro Lemos Barrote”, la Corporación Ekoinc y
Urbanidad Nativa (esta última fue vinculada en calidad de tercera con interés en la acción de tutela de
la referencia).
4 LEY 99 DE 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
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Ministerio de Defensa Nacional para la construcción de una estación de
guardacostas en el Parque Nacional Natural Gorgona.
6. En dicha solicitud se indicó que el desarrollo del proyecto configura una
violación a las normas medioambientales, ya que mediante la Resolución 1730 del
31 de diciembre de 2015, se le da al Parque Nacional Natural Gorgona una función
de control y vigilancia del tráfico de estupefacientes. Así mismo, invocando el
principio de precaución establecido en el artículo 1.º de la Ley 99 de 1993, pidieron
que se suspendiera la ejecución del proyecto mientras se realiza la audiencia pública
ambiental. También requirieron información sobre cumplimiento de las obligaciones
impuestas a la Armada Nacional como organismo delegado para las obras militares.
Finalmente, solicitaron el reconocimiento como terceros intervinientes.
7. El coordinador del grupo de servicio al ciudadano de la ANLA, mediante oficio
2022292914-2-000 del 27 de diciembre de 2022, dio respuesta y abordó los
siguientes puntos: “(i) información respecto de la Construcción, Operación, Abandono
y Restauración de la Estación de Guardacostas en La Isla Gorgona, (ii) el
reconocimiento como terceros intervinientes, (iii) la realización de una audiencia
pública ambiental y (v) la suspensión de la solicitud de licencia ambiental con
fundamento en el principio de precaución”.
8. La entidad negó la solicitud de la audiencia pública ambiental, por cuanto: i) no
se cumplieron los requisitos del artículo 2.2.2.4.1.51. del Decreto 1076 de 2015, en lo
referente a la acreditación de la representación legal de las tres entidades sin ánimo
de lucro5 y ii) no se identificaron con claridad y precisión los elementos fácticos que
acrediten la “manifiesta violación de los requisitos, términos, condiciones y
obligaciones bajo los cuales se otorgó la licencia ambiental”, requisito indispensable
para realizar dicha diligencia durante la ejecución del proyecto, conforme lo previsto
en el artículo 72 de la Ley 99 de 1993. Agregó que, en todo caso, la audiencia
pública ambiental “no puede realizarse, en atención a que las obras y actividades del
proyecto, moduladas ambientalmente en la modificación de la licencia, aún no han
iniciado su ejecución”.
9. Ante la negativa, el 29 de diciembre de 2022, la parte actora6, presentó
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Indicó que en la solicitud elevada
expuso de manera clara los argumentos jurídicos que soportaban lo pedido y que la
solicitud se presentó enmarcada en la legitimidad que les asiste a las entidades sin
ánimo de lucro, de por lo que la ANLA debió aplicar el principio de eficacia
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.” Artículo 72. “De las
Audiencias Públicas Administrativas sobre Decisiones Ambientales en Trámite”.
5 “Pese a lo anterior, para garantizar el derecho a la participación, esta entidad consultó en diversos
registros públicos”, es así como mediante Auto 00598 del 9 de febrero de 2023 se reconoció como
terceros intervinientes a la Fundación Biodiversidad y a la Corporación Ekoinc.
6 Los recursos fueron presentados en coadyuvancia con 44 personas, quienes suscribieron dicho
documento.
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establecido en el artículo 3.º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo7.
10. Mediante oficio 2023037160-2-000 del 24 de febrero de 2023, el coordinador
del grupo de Servicio al Ciudadano de la ANLA, negó tales recursos, y manifestó
que:
En relación con la solicitud de otorgamiento del recurso subsidiario de alzada es menester
indicar que, a la ANLA, en virtud de lo previsto en el Decreto-Ley 3573 de 2011, le fueron
otorgadas por desconcentración las funciones que, sobre licenciamiento, tenía el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo sostenible, lo cual, de conformidad con lo señalado en el parágrafo del
artículo 8 de la Ley 489 de 1998, hace que en contra de las decisiones de esta entidad la
apelación sea inconducente. Ciertamente, la norma citada tiene el siguiente tenor:
“PARÁGRAFO .- (…) Los actos cumplidos por las autoridades en virtud de desconcentración
administrativa sólo serán susceptibles del recurso de reposición en los términos establecidos en
las normas pertinentes.” (se resalta)
Súmese a lo anterior que, en firme el acto administrativo que finalice el procedimiento de
evaluación ambiental, para el otorgamiento o modificación de una licencia o plan de manejo
ambiental, las decisiones administrativas posteriores que expida la autoridad ambiental son
actos administrativos de ejecución, condición que hace improcedente interponer en su contra
los recursos de reposición y apelación, por así determinarlo específicamente el artículo 75 de la
Ley 1437 de 2011 así:
“Artículo 75. Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los
de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa.” (se
subraya) Así las cosas, su solicitud de reconsiderar la decisión bajo la formalidad de la
reposición y subsidiariamente apelación resulta improcedente.
11. El 6 de marzo de 2023, la parte actora interpuso ante la ministra de ambiente y
desarrollo sostenible recurso de queja, sin embargo, mediante oficio
40042023E2006736 del 13 de marzo, se le informó a la parte actora que su petición
sería remitida a la ANLA, entidad competente para dar trámite y respuesta.
1.4. Fundamentos de la solicitud
12. La parte actora indicó que la negativa a realizar la audiencia pública ambiental
vulnera el Manual de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad adoptado por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución 1517 de 31
de agosto de 2012. Agregó que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, según el
Decreto 2372 del 1.° de julio de 2010, dispone una regulación especial de usos y
actividades, a las que debe acogerse el desarrollo de proyectos, obras y actividades
otorgados a través de una licencia ambiental.
7 “En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su
finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la
actuación administrativa”.
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13. Señaló que la solicitud de audiencia pública ambiental, por tratarse de una
petición de interés general, no es un acto de ejecución, de conformidad con lo
señalado en el artículo 43 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, según el cual: “(s)on actos definitivos los que decidan
directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la
actuación”. Añadió que el oficio 2022292914-2-000 del 27 de diciembre de 2022,
proferido por la ANLA, “decidió de fondo el ejercicio del derecho fundamental de
petición de audiencia pública ambiental negándola de plano, esta determinación no
está orientada en forma alguna a la ejecución de la licencia ambiental”.
14. Destacó que la presentación de los recursos de la vía gubernativa, se hizo con
fundamento en la parte final del artículo 72 de la Ley 99 de 1993, que indica que
“también podrá celebrarse una audiencia pública, durante la ejecución de una obra
que haya requerido permiso o licencia ambiental, cuando fuere manifiesta la violación
de los requisitos exigidos para su otorgamiento o de las normas ambientales”, toda
vez que, según el informe técnico 212 del 27 de enero de 2021 y el auto 11825 del
29 de diciembre de 2022, de la ANLA8, la Armada Nacional como beneficiaria de la
licencia y los deberes del Plan de Manejo, está incumpliendo parte de sus
obligaciones ambientales.
15. Manifestó que el coordinador del Grupo de Servicio al Ciudadano de la ANLA,
al proferir el Oficio 2023037160-2-000 del 24 de febrero de 2023, mediante el cual se
negaron los recursos interpuestos, se arrogó una función expresamente atribuida al
director general de la ANLA, tal como lo dispuso el artículo 10, numeral 8 del Decreto
Ley 3573 de 2011, que estableció entre las funciones del director general de esta
autoridad: “8. Resolver los recursos de reposición que se interpongan contra los
actos administrativos proferidos”.
16. De otra parte, argumentó que en dicho oficio no se resolvió la petición, en
consideración a que no “abordó los argumentos de los recursos de la vía gubernativa
como el incumplimiento de 11 obligaciones impuestas en el Plan de Manejo
Ambiental a la Armada Nacional al 17 de febrero de 2021 o la prohibición de realizar
pérdida de biodiversidad en un Parque Nacional Natural conforme lo ordenó el
documento técnico aprobado mediante la Resolución 1517 de 2012 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible”.
17. Resaltó que tanto el director general de la ANLA como la ministra de ambiente
y desarrollo sostenible, no han dado respuesta a los recursos de la vía gubernativa
interpuestos por el Círculo de Pensamiento Ambiental9, y por lo tanto se les ha
8 Informes que fueron aportados por la ANLA, el 27 de diciembre de 2022, junto con la negativa de los
recursos.
9 Si bien no tiene personería, las peticiones fueron atendidas de manera individual, respecto a cada
entidad.
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vulnerado el derecho fundamental de petición, para lo cual citó la sentencia C-007 de
201710.
18. Entre otros documentos se adjuntó, a la tutela de la referencia, el escrito de un
recurso de reposición interpuesto el 13 de febrero de 2023, dentro de la acción
popular (referente a la Resolución 1730 de 201511) con radicado n.º 25000-23-41-
000-2022-01591-00, por el señor Armando Palau Aldana12, en coadyuvancia con el
Círculo de Pensamiento Ambiental, contra la ANLA. En él se recurre el auto que
inadmite la acción popular.
19. Así mismo, en el punto 4.2. del recurso referido en el anterior acápite, indicó
que la pretensión de dicha acción popular era la realización de una audiencia pública
ambiental.
1.5. Trámite de la acción de tutela
20. Mediante auto del 23 de marzo de 2023, el magistrado ponente de la
Subsección C, de la Sección Tercera, del Consejo de Estado admitió la acción de
tutela de la referencia y ordenó notificar a las partes; vinculó en calidad de terceros
con interés, al Ministerio de Defensa Nacional, a la Armada Nacional y al municipio
de Guapi, Cauca; requirió a Armando Palau Aldana, David Gómez Flores y David
Alexander Perafán Patiño para que acreditaran la existencia y representación judicial
de la Veeduría Santiago de Cali “Álvaro Lemos Barrote” y del Círculo de
Pensamiento Ambiental.
10 (…) no le asiste razón al demandante cuando asevera que la jurisprudencia ha dicho que los
recursos son un elemento estructural del núcleo esencial del derecho fundamental de petición. Lo que
la Corte sí ha establecido es que se trata de una manifestación o desarrollo del derecho de petición;
una forma de su ejercicio. En ese contexto, también ha establecido que el ejercicio de estos recursos
está atado al núcleo esencial del derecho de petición. Lo anterior supone la obligación para la
administración de dar respuesta oportuna, clara y de fondo a la solicitud formulada, lo cual exige que
la respuesta se dé en los términos regulados por dicho procedimiento, siempre que éste responda a
las anteriores pautas. Por lo tanto, es indudable que los recursos se guían por los principios del
derecho de petición y son una modalidad de su ejercicio.
(…)
Según esta Corte, para que no se vulnere el derecho fundamental de petición, la respuesta debe
observar las siguientes condiciones: a) claridad, esto es que la misma sea inteligible y que contenga
argumentos de fácil comprensión; b) precisión, de manera que la respuesta atienda directamente a lo
solicitado por el ciudadano y que se excluya toda información impertinente y que conlleve a
respuestas evasivas o elusivas; c) congruencia, que hace referencia a que la respuesta esté conforme
con lo solicitado; y por último, d) consecuencia en relación con el trámite dentro del cual la solicitud es
presentada, “de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado
dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la
información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo,
sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las
cuales la petición resulta o no procedente.
11 “Construcción, Operación, Abandono y Restauración de la Estación de Guardacostas en La Isla
Gorgona y obras complementarias”
12 Representante legal de la Fundación Biodiversidad.
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21. Así mismo le solicitó a la ANLA que aportara los documentos contenidos en el
trámite impartido a las peticiones presentadas por los accionantes y relacionados con
el seguimiento a los compromisos medioambientales adquiridos por el Ministerio de
Defensa Nacional y la Armada Nacional en el proyecto “Construcción, Operación,
Abandono y Restauración de la Estación de Guardacostas en La Isla Gorgona y
obras complementarias”, y decretó la suspensión de los términos de esta acción
constitucional.
22. El 24 de marzo de 2023, los señores Armando Palau Aldana, David Gómez
Flores y David Alexander Perafán Patiño presentaron escrito en el que informaron la
dirección postal del Círculo de Pensamiento Ambiental y su correo electrónico.
Aportaron el certificado de existencia y representación legal de la Fundación
Biodiversidad (en liquidación), de la Corporación Ekoinc y un certificado emitido por
la Personería de Santiago de Cali en el que se reconoció a David Gómez Flores
como veedor de la Veeduría Santiago de Cali “Álvaro Lemos Borrero”.
23. En providencia del 20 de abril de 2023, el magistrado ponente ordenó vincular
al señor Frederman Carrero Ruíz13, en calidad de tercero interviniente y requirió a los
tutelantes, por segunda vez, para que aportaran acta de constitución o certificado de
existencia y representación legal del Círculo de Pensamiento Ambiental.
24. En atención a lo anterior, los señores Armando Palau Aldana, David Gómez
Flores y David Alexander Perafán Patiño14 manifestaron que el Círculo de
Pensamiento Ambiental no es una persona jurídica y no cuenta con un acta de
constitución o una certificación de existencia y representación legal, dado que se
trata de un lugar de encuentro de diferentes organizaciones que comparten un
sendero de reflexión sobre asuntos ambientales.
1.6. Intervenciones
25. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA
26. El apoderado judicial solicitó negar las pretensiones de la parte accionante por
cuanto la autoridad no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la
parte actora y solicitó ser desvinculada. Remitió el archivo con las actuaciones
adelantadas en el trámite de otorgamiento y seguimiento a la licencia ambiental
contenida en la Resolución 1730 de 2015 y en las solicitudes presentadas por los
accionantes; explicó la reglamentación que tuvo el artículo 72 de la Ley 99 de 1993,
13 Uno de los que suscribió la solicitud de la audiencia pública ambiental ante la ANLA, en calidad de
representante legal de Urbanidad Nativa.
14 Representantes legales de la Fundación Biodiversidad, la Corporación Ekoinc y la Veeduría
Santiago de Cali “Álvaro Lemos Borrero” (respectivamente).
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sobre la petición de audiencia pública, mediante el Decreto 330 de 2007, el cual fue
compilado en el Decreto 1076 de 2015, y reiteró los argumentos de las resoluciones
controvertidas.
27. Respecto a la improcedencia del recurso de apelación manifestó que en virtud
de lo previsto en el Decreto-Ley 3573 de 2011, a la ANLA, le fueron otorgadas por
desconcentración las funciones que, sobre licenciamiento, tenía el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo cual, de conformidad con lo señalado en el
parágrafo del artículo 8 de la Ley 489 de 1998, “los actos cumplidos por las
autoridades en virtud de desconcentración administrativa sólo serán susceptibles del
recurso de reposición en los términos establecidos en las normas pertinentes”.
28. Y en cuanto al recurso de reposición precisó “que cuando se encuentra en
firme el acto administrativo que finaliza el procedimiento de evaluación ambiental,
para el otorgamiento o modificación de una licencia o plan de manejo ambiental, las
decisiones administrativas posteriores que expida la autoridad ambiental son actos
administrativos de ejecución, condición que hace improcedente interponer en su
contra los recursos de reposición y apelación”, de acuerdo con el artículo 75 de la
Ley 1437 de 2011, que dispone que “no habrá recurso contra los actos de carácter
general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos
previstos en norma expresa.” Así las cosas, la solicitud de reconsiderar la decisión
bajo la formalidad de la reposición y subsidiariamente apelación resulta
improcedente.15
29. Afirmó que, mediante auto 11794 del 28 de diciembre de 2022, procedió al
reconocimiento como terceros intervinientes y en su calidad de personas naturales a
los señores: Armando Palau Aldana, David Alexander Perafán Patiño, David Gómez,
Frederman Carrero Ruiz. Y posteriormente, mediante auto 00598 del 9 de febrero de
2023 les reconoció personería jurídica a la Fundación Biodiversidad y a la
Corporación Ekoinc.
30. También destacó que “en aras de garantizar el derecho de petición se realizó
el 19 de enero de 2023 una reunión en las instalaciones de la ANLA, la cual había
sido programada por los peticionarios con el objetivo de dar a conocer las peticiones
y respuestas brindadas mediante el radicado 2022292914-2-000 del 27 de diciembre
de 2022”.
31. Aclaró que el coordinador del grupo de servicio al ciudadano de la ANLA tiene
competencia para resolver las solicitudes que presentaron los accionantes, en virtud
de la nueva estructura orgánica de la entidad prevista en la Resolución 01897 de
2022, en concordancia con los Decretos 376 y 377 de 2020 y la Resolución 00254 de
2021 que creó grupos internos y asignó funciones.
15 Reiteró lo dicho en el oficio 2023037160-2-000 del 24 de febrero de 2023.
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1.6.2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
32. La apoderada judicial del ministerio manifestó que no ha vulnerado los
derechos fundamentales invocados, y solicitó se declare su falta de legitimación en la
causa por pasiva, por cuanto no tiene competencia frente a las pretensiones de tutela
ya que dio respuesta al recurso de queja, indicando que en virtud del artículo 21 de la
Ley 1755 de 2015, dio traslado del mismo a la ANLA, por competencia, para que
diera respuesta de fondo.
33. Destacó que se encuentra en curso una acción popular, instaurada por el
señor Armando Palau Aldana,16 contra la ANLA, ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, con radicado 25000-23-41-000-
2022-01591-00, motivo por el cual no le asiste ninguna razón a los ahora aquí
accionantes, entre ellos el actor popular para invocar el presente amparo tutelar
cuando claramente se encuentra en curso una acción popular instaurada y pendiente
de resolver sobre su admisión17.
34. Indicó que los asuntos de impacto ambiental corresponden a otras autoridades
diferentes al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, siendo este último quien
se encarga de fijar políticas en materia ambiental y ser el ente rector del sector
ambiental.
1.6.3. Municipio de Guapi, Cauca
35. A través de escrito radicado el 27 de marzo de 202318, el apoderado judicial
del municipio de Guapi argumentó que no tiene legitimación en la causa por pasiva,
en la medida en que no es el responsable de los hechos expuestos en el escrito de
tutela, por lo que pidió ser desvinculado.
1.7. Fallo impugnado
36. Mediante sentencia del 19 de mayo de 2023, la Subsección C de la Sección
Tercera, del Consejo de Estado negó la solitud de amparo solicitado, con
fundamento en que “la petición de audiencia fue radicada en la segunda oportunidad
dispuesta en el artículo 3 del Decreto 330 de 2007, esto es, durante la ejecución del
proyecto, dado que ya había sido emitido el permiso ambiental, y, por ende, el
requisito de motivación del artículo 5 ibidem imponía que los interesados
argumentaran la manifiesta violación de los requisitos, términos, condiciones y
obligaciones bajo los cuales se otorgó la licencia”.
16 Representante legal de la Fundación Biodiversidad.
17 De acuerdo con lo registrado en la página de consulta de procesos de la Rama Judicial, el 28 de
marzo de 2023 se rechazó la demanda por no subsanar, y el 13 se abril del mismo año, se ordenó el
archivo de dicha acción popular.
18 Índice 16, ib.
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37. Señaló que la ANLA profirió el oficio 2022292914-2-000 el 27 de diciembre de
2022, en el que, manifestó que la solicitud no cumplió con el requisito de
legitimación, y tampoco fue identificada con claridad la manifiesta violación de las
condiciones y obligaciones bajo las cuales fue otorgada la licencia, más aún, al tener
en cuenta que la misma fue aclarada con las Resoluciones 96 de 2017 y 772 de
2018 y modificada con la Resolución 516 de 2022.
38. Agregó que si bien, en el trámite de la referencia fue subsanado el requisito
relacionado con la legitimación de las organizaciones peticionarias y estas fueron
reconocidas como terceros intervinientes; en el escrito del 5 de diciembre de 2022 no
se identificó alguna obligación o medida ambiental concreta impuesta a la Armada
Nacional en la Resolución 1730 de 2015, o en las resoluciones que la aclararon y
modificaron, y las razones específicas, del orden fáctico o jurídico, por las que dicha
obligación o medida fue vulnerada.
39. Indicó que contra el oficio 2022292914-2-000 del 27 de diciembre de 2022 no
proceden los recursos de reposición y apelación, en razón a que el artículo 72 de la
Ley 99 de 1993 y el Decreto 330 de 2007 no lo prevén. Además, no son procedentes
los recursos del artículo 74 del CPACA porque estos aplican dentro del
procedimiento administrativo general, y la audiencia pública ambiental está reglada
en una norma especial.
40. Destacó que dicho oficio no es susceptible de recursos en sede administrativa,
porque no es un acto administrativo definitivo, ya que no creó, modificó o extinguió
una situación jurídica concreta. Lo anterior, encuentra sustento en que, los
interesados pueden subsanar los defectos y volver a solicitar la audiencia pública
ambiental para que la respectiva autoridad considere de nuevo la pertinencia de
convocar su celebración, lo que revela que la esencia de esa decisión es ser
preparatoria o de trámite, al tener como objeto el simple impulso de la diligencia.
41. Manifestó que tampoco es un acto administrativo de ejecución, como
erróneamente lo consideró la ANLA, debido a que la decisión que toma en este oficio
la autoridad ambiental, no está dirigida a obtener la realización efectiva de una
decisión de la administración.
42. De otra parte, al no proceder la reposición y apelación en contra del citado
oficio, por sustracción de materia, no hay lugar a estudiar la procedencia del recurso
de queja interpuesto ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ni la
competencia del coordinador del grupo de servicio al ciudadano de la ANLA para
resolver improcedentes los recursos interpuestos.
43. Agregó que la ANLA expidió el oficio 2023037160-2-000 el 24 de febrero de
2023, en el que abordó cada una de las observaciones advertidas en el Informe
Técnico 212 de 2021, e informó sobre los requerimientos que ha realizado para cada
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caso y las acciones que ha tomado al respecto, consideraciones que no fueron
controvertidas en la acción de tutela.
1.8. Impugnación
44. Mediante escrito remitido el 5 de junio de 2023 la parte actora impugnó la
anterior decisión, señaló que se está vulnerando el derecho de contradicción, así
como el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo que dispone que contra los actos definitivos procederán los siguientes
recursos: “1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare,
modifique, adicione o revoque”.
45. Agregó que el artículo 72 de la Ley 99 de 1993 no estableció la no
procedencia de los recursos de la vía gubernativa contra este tipo de actuaciones
administrativas, esto es, no fijaron una excepción a la regla general de procedencia
de los recursos de la vía gubernativa.
46. Indicó que, de acuerdo con la sentencia impugnada, el poder de la ANLA es
infalible y no puede ser objeto de contradicción, cuando esta autoridad niegue la
realización de una audiencia pública ambiental.
47. Resaltó que la resolución negativa a una petición entraña una determinación
de fondo mediante la cual se decidió directa o indirectamente el fondo del asunto,
esto es, la negación de la realización de una audiencia consagrada en el artículo 72
de la Ley 99 de 1993, por tanto, se está en presencia de un acto definitivo al cual le
cabe el recurso de reposición, cuya resolución está asignada al director de la ANLA
por el Decreto Ley 3573 de 2011 mediante el cual se creó la ANLA.
48. Señaló que el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 4 de
febrero de 2016, con radicado n.º 47001-23-31-000-2012-00102-01 (20899)
estableció que “el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política es una garantía y un derecho fundamental de aplicación inmediata
compuesto por tres ejes fundamentales: (i) el derecho de defensa y contradicción, (ii)
el impulso y trámite de los procesos conforme con las formas establecidas para cada
juicio o procedimiento y (iii) que el asunto sea resuelto por el juez o funcionario
competente para ello. La grave violación de cualquiera de esos ejes comporta la
vulneración de esa garantía fundamental”.
49. Y finalizó indicando que el director de la ANLA goza de discrecionalidad para
resolver dicho recurso de reposición, sin embargo, el coordinador negó esta
oportunidad establecida en el artículo 8° del Decreto Ley 3573 de 2011.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
50. Esta sala es competente para conocer de la impugnación, presentada por la
Fundación Biodiversidad, la Veeduría Santiago de Cali “Álvaro Lemos Barrote” y la
Corporación Ekoinc contra el fallo de tutela del 19 de mayo de 2023, proferido por la
Subsección C, de la Sección Tercera, del Consejo de Estado, de conformidad con lo
establecido por el numeral 7.° del artículo 2.2.3.1.2.1.19 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019,
artículo 25, de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
51. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó su
desvinculación de la presente acción de tutela. Sin embargo, la Sala negará tal
petición. Esto, en razón a que su vinculación se realizó al ser una de las autoridades
demandadas.
52. A su vez, el municipio de Guapi, Cauca, pidió que se le desvinculara de esta
tutela. Al respecto, la Sala negará la anterior solicitud, dado que su vinculación en
este trámite se dio en calidad de tercero con interés jurídico sin que por ello tenga
que satisfacer las pretensiones de la parte tutelante.
2.3. Problema jurídico
53. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de
primera instancia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, el 19 de mayo de 2023.
54. Para ello, teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora,
los argumentos del escrito de tutela, las intervenciones y lo probado en el proceso,
corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente interrogante:
19 “ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37
del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se
produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se
refiere el artículo 2.2.3.1.2.4. del presente decreto”.
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• ¿La ANLA y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible vulneraron los
derechos fundamentales invocados20 al declarar la improcedencia de los
recursos de reposición y apelación, y queja (respectivamente) presentados en
contra del oficio 2022292914-2-000 del 27 de diciembre de 2022, que negó la
solicitud de audiencia pública ambiental, relacionada con la licencia ambiental
otorgada al Ministerio de Defensa Nacional para la “Construcción, Operación,
Abandono y Restauración de la Estación de Guardacostas en La Isla
Gorgona”?
55. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
panorama general de la acción de tutela, y el estudio de los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez; (ii) el derecho de petición; (iii) el debido proceso
administrativo; (iv) el trámite especial de la solicitud de audiencia pública ambiental,
y (v) el caso concreto.
2.4. Panorama general de la acción de tutela
56. El artículo 86 de la Constitución, estableció que todas las personas cuentan
con un mecanismo expedito e informal para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales, cuando aquellos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o, de los
particulares, en los casos previstos en el Decreto 2591 de 1991.
57. Como se explicará en el siguiente título, la procedencia de este dispositivo
está determinada por la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz
para otorgar la garantía que se reclama. Excepto cuando se acciona para evitar un
perjuicio irremediable, circunstancia que habilita el amparo como mecanismo
transitorio.
2.4.1. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela.
58. De acuerdo con el inciso 3.º del artículo 86 de la Constitución, la acción de
tutela procede cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”.
59. En igual sentido, lo estableció el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto 2591
de 1991, que reglamentó esta herramienta judicial. De allí se ha originado el
principio de subsidiariedad, que implica que esta acción solo procede cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
20 “De petición, al debido proceso administrativo, a la participación en la toma de decisiones que
afecten el goce al derecho colectivo a un ambiente sano, y al control social en la gestión pública de los
accionantes”.
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60. La procedencia excepcional de la tutela encuentra su justificación en la
necesidad de respetar las competencias asignadas a las autoridades judiciales
impidiendo así su desarticulación y la trasgresión del principio de seguridad jurídica21.
61. Desde este punto de vista, la naturaleza subsidiaria y excepcional reconoce la
existencia de otros mecanismos principales de protección judicial, ante los cuales
debe acudirse de manera preferente siempre y cuando sean eficaces e idóneos
para la consecución y salvaguarda de los derechos de las personas. De esta
manera, se evita suplantar los procesos judiciales ordinarios que han sido diseñados
por el legislador.
62. A partir de la normativa en mención, se ha entendido que, si la persona tiene a
su alcance otro mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz, debe acudir primero a
aquel, con el fin de garantizar la efectividad del principio de juez natural. Es decir,
que cada controversia se resuelva ante la autoridad y en el escenario establecido por
el ordenamiento jurídico.
63. La justificación de esta limitación en el ejercicio de la acción, encuentra
fundamento en los principios de primacía de la Constitución, de legalidad y de
seguridad jurídica, en la medida en que, todos los jueces están vinculados por las
disposiciones tanto del texto superior como de los instrumentos internacionales que
conforman el bloque de constitucionalidad y, por lo tanto, el ejercicio de sus
competencias legales debe encaminarse a satisfacer las garantías superiores de los
usuarios del sistema.
64. Además, tal restricción pretende evitar que el trámite de tutela sea utilizado
como una instancia paralela a las establecidas por el legislador para cada
jurisdicción.
65. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha entendido que existen dos
situaciones excepcionales que habilitan la procedencia de esta acción, ya sea como
mecanismo definitivo o transitorio. El primero, cuando se demuestra que, en el caso
concreto, el medio de defensa judicial principal no es idóneo ni eficaz para otorgar la
protección que se reclama.
66. El segundo, cuando se acredita la existencia de un perjuicio irremediable, el
cual exige que: (i) el daño sea inminente, esto descarta la mera posibilidad de que se
va a producir el perjuicio; (ii) el perjuicio sea grave, esto implica que la afectación sea
de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) se requiera la adopción de
21 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-227 del 11 de mayo de 2016, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
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medidas urgentes para evitar que ocurra; y (iv) que sean impostergables, pues si se
aplazaran la protección sobre los derechos se tornaría ineficaz por inoportuna22.
67. Para admitir la procedencia de la acción bajo cualquiera de los dos eventos
excepcionales admitidos, es preciso que el juez de tutela efectúe la valoración de las
circunstancias habilitantes en el caso concreto.
68. En el presente caso los demandantes solicitan al juez constitucional que se
ordene tramitar los recursos de reposición y en subsidio apelación presentados
contra el oficio del 27 de diciembre de 2022, proferido por la ANLA. No obstante, la
sala observa que dicho acto administrativo no crea modifica o extingue una situación
jurídica en particular toda vez que de conformidad con el artículo 5.º del Decreto 330
de 2007, que fue compilado en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, prevé
que ante la negativa de la audiencia, el peticionario subsane los errores advertidos y
presente una nueva solicitud.
69. Frente a este panorama esta corporación encuentra que en los términos del
artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo el oficio aludido no es susceptible de los recursos de reposición,
apelación o en subsidio de queja, y tampoco sería pasible de los medios de control
ante el juez de lo contencioso administrativo. Esto significa que la parte actora
materialmente no cuenta con otro medio de defensa judicial principal, idóneo, y
eficaz; razón por la cual este dispositivo constitucional es procedente en
consideración al agotamiento de los mecanismos judiciales.
70. Sin perder de vista lo anterior, la Sala encuentra que si bien la presente tutela
pretende la protección de los derechos de petición y al debido proceso
administrativo; existe la posibilidad de que durante el desarrollo del proyecto
“Construcción, Operación, Abandono y Restauración de la Estación de Guardacostas
en La Isla Gorgona y Obras Complementarias” se amenacen, pongan en peligro o
vulneren derechos colectivos, por lo que los actores nuevamente podrían formular la
acción popular, escenario judicial en el que pueden solicitar las medidas cautelares y
las pruebas pertinentes y suficientes para obtener la protección de las garantías
colectivas al medio ambiente y la protección del equilibrio ecológico.
2.4.2. Inmediatez
71. En este punto, es preciso mencionar que la parte actora fue diligente en el
ejercicio de la acción de tutela, puesto que acudió casi de manera inmediata al
momento en que conoció las decisiones desfavorables a sus intereses, pues se
observa que los oficios que se reprochan son del 27 de diciembre de 2022 (ANLA) y
22 Corte Constitucional. Sentencias T-003 de 2022, SU-508 de 2020, T-190 de 2020 y T-235 de 2018,
entre muchas otras.
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del 13 de marzo de 2023 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), razón por
la cual resulta ser un término que a juicio de la Sala es razonable.
2.5. El derecho de petición
72. La Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
“presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución”23 . El mismo artículo superior precisa que el
legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.
73. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: “El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido”24.
74. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de
la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de 15 días para resolver la
misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante
la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.
75. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que
la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no
sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la
solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles
que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo
solicitado. // Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide
que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del
peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta
dada25 .
76. Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…)
23 Corte Constitucional. C-510-04. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.
24 Sentencia T-332-15, Magistrado ponente Alberto Rojas Ríos.
25 Sentencia T-149-13, Magistrado ponente Luis Guillermo Pérez Pérez.
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la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante”26.
77. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:
i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la
democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan otros
derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la
libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la
posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la
respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico;
c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la
materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera
completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la
respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo 27.
78. Así pues, la respuesta debe cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca28 .
79. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y agota
en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el
reconocimiento o no de un derecho subjetivo.
2.6. El debido proceso administrativo
80. El artículo 29 de la Constitución instituyó el derecho al debido proceso y
determinó que es aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Los jueces han entendido que, esta prerrogativa, se erige como un límite al ejercicio
del poder que detentan las autoridades, en la medida que pretende asegurar que la
función pública se ejerza dentro de las competencias asignadas y bajo las formas
previamente establecidas, de manera que se garantice la vigencia de los derechos
fundamentales de las personas y la efectividad de los demás fines del Estado 29 .
26 Ib.
27 Corte Constitucional, sentencia T-161 de 10 de marzo de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
28 Sobre el tema, ver sentencia de 22.03.2012., Radicación: 25000-23-25-000-2012-00150-01, Actor:
Robert Wilson Molina Sambony M.P. Susana Buitrago Valencia.
29 Corte Constitucional, Sentencias C-162 de 2021, C-029 de 2021, T-090 de 2020, C-600 de 2019, C-
085 de 2014, C-032 de 2014 y C-098 de 2010, entre otras.
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81. En la sentencia C-1189 de 2005, la Corte Constitucional hizo una distinción en
materia del debido proceso administrativo, estableció que existen unas garantías
mínimas previas y, otras, posteriores.
82. En primer lugar, ese Tribunal Constitucional identificó que existen unas
garantías mínimas previas que están asociadas a las condiciones bajo las cuales se
inicia un procedimiento administrativo y se prolongan hasta que se ejecuta el
correspondiente acto. En esta categoría, se enlistan, por ejemplo: el principio de
igualdad, el principio de juez natural, el derecho de defensa, la razonabilidad de los
plazos, y la imparcialidad, autonomía e independencia de las autoridades para
adoptar una determinación.
83. En segundo lugar, se encuentran las garantías mínimas posteriores, que están
referidas a la posibilidad de que los asociados cuestionen la validez jurídica de una
actuación, tanto con los recursos del trámite administrativo como a través de los
medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo 30 . En esa
oportunidad (la sentencia C-1189 de 2005), esa Corporación concluyó que ambas
categorías deben salvaguardarse en el trámite de una actuación administrativa.
84. Luego, en la sentencia C-980 de 2010, la Corte Constitucional identificó como
parte del debido proceso administrativo, las garantías a: i) ser oído dentro del marco
de la actuación; ii) recibir las notificaciones de manera oportuna y conforme a la ley;
iii) que se adelante la actuación sin dilaciones injustificadas; iv) participar en el
trámite desde su inicio hasta su finalización; v) que la actuación la adelante la
autoridad competente y bajo las formas propias del trámite, previamente establecidas
en el ordenamiento jurídico; vi) gozar de la presunción de inocencia; vii) ejercer el
derecho de defensa y contradicción; viii) solicitar, aportar y controvertir pruebas; y ix)
a impugnar las decisiones y promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación
del debido proceso31.
85. En este punto, es preciso mencionar que, la jurisprudencia constitucional ha
identificado que, uno de los elementos que integran al debido proceso administrativo,
es la correcta motivación de los actos que se expiden en el marco de una
actuación32. Esta condición encuentra fundamento en la cláusula del Estado de social
de Derecho y en los principios democrático y de publicidad, entre otros. Lo anterior,
porque solo así se asegura a los ciudadanos la posibilidad real de controvertir las
decisiones de las autoridades públicas, tanto en sede administrativa como judicial,
como límite al poder que detentan los agentes estatales33 .
30 Reiterada en las Sentencias T-002 de 2019 y T-706 de 2012 de la Corte Constitucional.
31 Reiterada en las Sentencias C-162 de 2021, T-090 de 2020, C-038 de 2020, C-032 de 2014, C-758
de 2013, entre otras, de la Corte Constitucional.
32 Corte Constitucional, Sentencias T-090 de 2020 y T-682 de 2015.
33 Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 2012.
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86. En suma, el debido proceso administrativo constituye, de un lado, una garantía
de los ciudadanos para limitar el ejercicio del poder estatal y asegurar la satisfacción
de los derechos fundamentales en el marco de una actuación de esa naturaleza. De
otro lado, supone para las autoridades, el cumplimiento de ciertos deberes en el
ejercicio de sus competencias, por ejemplo: cumplir los procedimientos establecidos,
motivar de manera adecuada y suficiente sus actos, y adoptar las decisiones con
base en las pruebas existentes.
87. Ahora bien, cabe decir que, toda actuación que inicie cualquier persona ante
las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición34 y por su conducto se
puede interponer recursos35; no obstante, estos se regirán por las normas
especiales, en garantía al debido proceso administrativo.
2.7. Trámite especial de la solicitud de audiencia pública ambiental
88. La audiencia pública administrativa sobre decisiones ambientales está prevista
en el artículo 72 de la Ley 99 de 199336 y reglamentada en el Decreto 330 de 200737,
que fue compilado en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. Como objetivo,
tiene
34 Artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Objeto
y modalidades del derecho de petición ante autoridades.
Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos
señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución
completa y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de
petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo.
Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la
intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un
servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a
través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades
dedicadas a su protección o formación.
35 Artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Objeto
y modalidades del derecho de petición ante autoridades.
Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos
señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución
completa y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de
petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo.
Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la
intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un
servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a
través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades
dedicadas a su protección o formación.
36 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental SINA y se dictan otras disposiciones”.
37 “Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se deroga el Decreto 2762 de
2005”.
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dar a conocer a las organizaciones sociales, comunidad en general, entidades públicas y
privadas la solicitud de licencias, permisos o concesiones ambientales, o la existencia de un
proyecto, obra o actividad, los impactos que este pueda generar o genere y las medidas de
manejo propuestas o implementadas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos
impactos; así como recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte la comunidad y
demás entidades públicas o privadas38.
89. En dicha diligencia, la autoridad ambiental recibirá opiniones, información y
documentos, los cuales deberá tener en cuenta al momento de tomar alguna
determinación. No obstante, en esta no se podrán adoptar decisiones, pues no es
una instancia o espacio de debate o de discusión39. De acuerdo con las normas
aplicables, este mecanismo no agota el derecho que tienen los ciudadanos de
participar a través de otros instrumentos en las actuaciones administrativas
correspondientes, y no suspende las actividades de los proyectos, obras o
actividades sujetos a plan de manejo ambiental que estén en operación.
90. La mencionada audiencia procederá en dos oportunidades: i) con anticipación
al acto que decida sobre la licencia ambiental o los permisos requeridos para el uso o
aprovechamiento de recursos naturales renovables; o, ii) durante la ejecución de un
proyecto obra o actividad, siempre y cuando “fuere manifiesta la violación de los
requisitos, términos, condiciones y obligaciones bajo los cuales se otorgó la licencia o
el permiso ambiental”40.
91. El escrito de solicitud de audiencia podrá ser presentado, entre otros, por la
Procuraduría General de la Nación o su delegado en asuntos ambientales, por los
gobernadores o alcaldes, o por tres entidades sin ánimo de lucro; y deberá contener
motivación41. Una vez formulada la petición, la autoridad ambiental competente
tendrá 15 días hábiles para definir sobre la pertinencia de convocar o no a la
diligencia. Frente a este último evento, el artículo 6.° del Decreto 330 de 2007,
dispone:
En caso de que no se cumplan los requisitos señalados en el artículo anterior, la autoridad
ambiental competente negará la solicitud. Lo anterior no obsta para que una vez subsanadas
las causales que motivaron dicha negación, se presente una nueva solicitud.
Cuando se estime pertinente convocar la celebración de la audiencia pública, se seguirá el
procedimiento señalado en el siguiente artículo.
92. Respecto de la audiencia prevista en el artículo 72 de la Ley 99 de 1993, la
Corte Constitucional en la sentencia T-361 de 2017 explicó la naturaleza de aquella:
38 Artículo 1.° del Decreto 330 de 2007.
39 Artículo 2.°, ib.
40 Artículo 3.° ib.
41 Artículo 5.° ib.
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El legislador concretó [el] derecho [de participar en los procedimientos administrativos] en los
mecanismos que se enlistan a continuación: i) las audiencias ambientales (art. 72 de la Ley 99
de 1993 y art. 33 de la Ley 489 de 1998) (…).
(…)
A su vez, [la Corte Constitucional en la Sentencia T-294 de 2014] aclaró que el mecanismo de
intervención de las audiencias públicas reconocido en la Ley 99 de 1993 no es igual a los
espacios de participación efectiva y real que contiene el artículo 79 Superior, por eso, no
pueden confundirse ni reemplazarse y cuentan con dos diferencias.
(…)
De otro lado, las audiencias públicas tienen una función informativa sobre los pormenores del
proyecto a desarrollar, de modo que son un mecanismo de socialización que no se basa en el
principio argumentativo. Inclusive, la comunidad pude emitir su opinión para que sea
considerada por la autoridad ambiental. En contraste, los espacios de participación del artículo
79 Constitucional implican un procedimiento de naturaleza deliberativo y decisorio, toda vez
que entrañan un debate y concertación en relación con la medida.
93. De las normas y la jurisprudencia expuesta, cabe destacar que la audiencia
pública ambiental es una manifestación del derecho a participar en los
procedimientos administrativos ambientales, pero no es un espacio que permita la
deliberación, el debate o la toma de decisiones.
94. Respecto a su trámite, no está sujeto a las normas del procedimiento
administrativo general del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, sino que está reglado en normas especiales, estas son,
el artículo 72 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 330 de 2007, que fue compilado en el
Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015.
95. De acuerdo a su regulación, una vez es formulado el escrito de su solicitud, la
autoridad competente debe evaluar que cumpla los requisitos previstos para tal fin,
en particular, los de legitimación y motivación, este último que implica la exposición
de una manifiesta violación de términos y obligaciones bajo los cuales se concedió la
licencia o permiso ambiental cuando se pretenda la realización de la diligencia
durante la ejecución de un proyecto.
96. En caso de que no esté satisfecho alguno de los requisitos, la petición será
negada, sin embargo, el interesado podrá subsanar el defecto advertido y presentar
un nuevo escrito. Es decir que, el procedimiento especial dispuesto para la audiencia
pública ambiental no prevé la interposición de recursos.
97. Ahora bien, la decisión que niega la solicitud de convocatoria por la carencia
de algún requisito no puede ser considerada como un acto administrativo definitivo,
en la medida en que no decide de forma directa o indirectamente el fondo de un
asunto y no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta atinente a la
concesión de la licencia ambiental. Esto es así, porque la normativa especial sobre la
materia permite que el interesado subsane los defectos y vuelva a radicar la
respectiva petición.
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2.8. Caso concreto42
98. Mediante sentencia del 19 de mayo de 2023, la Subsección C, de la Sección
Tercera, del Consejo de Estado negó la solitud de amparo de los derechos
fundamentales de petición, al debido proceso administrativo, a la participación y al
control social, presentada por la Fundación Biodiversidad, la Veeduría Santiago de
Cali “Álvaro Lemos Barrote” y la Corporación Ekoinc, frente a la ANLA y al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
99. Lo anterior, con ocasión del trámite impartido a la solicitud del 5 de diciembre
de 2022 de audiencia pública ambiental de que trata el artículo 72 de la Ley 99 de
1993, relacionado con la licencia ambiental otorgada al Ministerio de Defensa
Nacional para la “Construcción, Operación, Abandono y Restauración de la Estación
de Guardacostas en La Isla Gorgona”, territorio perteneciente al municipio de Guapi,
Cauca. Lo anterior, con fundamento en que, en su concepto, la Armada Nacional
está incumpliendo sus obligaciones medioambientales.
100. Al respecto, tal como se desarrolló en el punto 2.4., se observa que toda
actuación que se inicie ante una autoridad implica el ejercicio del derecho de petición
y por su conducto se puede interponer recursos, los cuales se regirán por las normas
especiales, en garantía al debido proceso administrativo; a partir de estos dos
presupuestos legales se estudiará de fondo y se confirmará la sentencia de primera
instancia.
101. Es así como lo referente a la vulneración de los derechos de petición y al
debido proceso administrativo invocados por la parte demandante, se observa que
los escritos presentados el 5 de diciembre de 202243, y el 29 de diciembre de 202244,
ante la ANLA; fueron atendidos en debida forma, es decir, la respuesta fue clara y de
fondo, pese a que fueron resueltos de manera negativa, a través de los oficios del 27
de diciembre de 2022 y del 24 de febrero de 2023 (respectivamente).
102. Ahora bien, aunque la realización de la audiencia pública ambiental no es
obligatoria, la satisfacción del derecho fundamental de petición de la actora impone
que la ANLA le dé respuesta material y oportuna a su solicitud45. En el mismo
sentido, el inciso final del artículo 72 de la Ley 99 de 1993 no obliga a la ANLA el
deber imperativo e inobjetable para llevar a cabo una audiencia pública ambiental,
pues para autorizar su celebración, es necesario que cumpla con los requisitos
42 Para el desarrollo del caso concreto se tendrán en cuenta la SU-077 de 2018 que establece la
diferencia entre los actos administrativos definitivos y de trámite, y su relevancia para determinar los
recursos que proceden; y la sentencia con radicado n.° 68001-23-33-000-2016-01041-01, 02/03/2017,
magistrado ponente Jorge Octavio Ramírez Ramírez, que trata la audiencia pública ambiental.
43 Solicitud de una audiencia pública ambiental.
44 Presentación los recursos de reposición, en subsidio apelación.
45Sentencia con radicado n.° 68001-23-33-000-2016-01041-01, 02/03/2017, magistrado ponente Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
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establecidos en el Decreto 330 de 200746, el artículo 72 de la ley 99 de 199347 y el
Decreto 1076 de 201548.
103. En este caso, la ANLA, en cumplimiento del artículo 2.2.2.4.1.5. del Decreto
1076 de 2015, que establece los requisitos de la solicitud de audiencia pública
ambiental, indicó en primer lugar que si bien, la celebración de esta puede ser
solicitada por tres entidades sin ánimo de lucro, en este caso no fueron aportados los
certificados de constitución y representación legal de la Fundación Biodiversidad, la
Veeduría Santiago de Cali “Álvaro Lemos Barrote”, la Corporación Ekoinc, y
Urbanidad Nativa, congregados en el Círculo de Pensamiento Ambiental49.
104. En segundo lugar, por tratarse de un proyecto en etapa de seguimiento o
ejecución, para que proceda la audiencia pública ambiental, como requisito
indispensable, debe ser manifiesta la violación de los requisitos, términos,
condiciones y obligaciones bajo los cuales se otorgó la licencia ambiental, respecto a
los cuales la ANLA consideró que la petición de la parte actora no identificó de
manera clara y precisa los elementos facticos que lleven a determinar la “manifiesta
violación de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones bajo los cuales se
otorgó la licencia ambiental”.
105. Ahora bien, es importante resaltar que el artículo 2.2.2.4.1.6. del Decreto 1076
de 2015 dispuso que en los casos en que no se cumplan los requisitos para la
solicitud de audiencia pública ambiental, estos pueden ser subsanados y
presentarse una nueva solicitud.
106. Se debe destacar que el objetivo50 de estas audiencias, y en este caso en
particular, es el de aportar más elementos de juicio y enriquecer el análisis respecto
al desarrollo de la licencia ambiental otorgada al Ministerio de Defensa Nacional para
la “Construcción, Operación, Abandono y Restauración de la Estación de
Guardacostas en La Isla Gorgona”; de otra parte, de acuerdo con el
artículo 2.2.2.4.1.2. del Decreto 1076 de 2015,
(…) Durante la celebración de la audiencia pública no se adoptarán decisiones. Este
mecanismo de participación no agota el derecho de los ciudadanos a participar mediante otros
instrumentos en la actuación administrativa correspondiente.
46 Capítulo I. Decreto 330 de 2007 “Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y
se deroga el Decreto 2762 de 2005”.
47 LEY 99 DE 1993 “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.”
ARTÍCULO 72. De las Audiencias Públicas Administrativas sobre Decisiones Ambientales en
Trámite. (Último párrafo) También podrá celebrarse una audiencia pública, durante la ejecución de
una obra que haya requerido permiso o licencia ambiental, cuando fuere manifiesta la violación de los
requisitos exigidos para su otorgamiento o de las normas ambientales.
48 Capítulo 4. Audiencias públicas. Sección 1. Audiencias públicas en materia de licencias y permisos
ambientales.
49 Pese a que posteriormente fue subsanado.
50 Artículo 2.2.2.4.1.1. del Decreto 1076 de 2015.
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PARÁGRAFO. La audiencia pública no es una instancia de debate, ni de discusión.
107. De acuerdo con lo anterior, se tiene que ni las audiencias públicas
ambientales ni las actuaciones de trámite tienen el carácter de actos administrativos
definitivos51, por lo que en concordancia con lo establecido en el artículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “no habrá
recurso contra actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de
ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa”.
108. Así las cosas, contra el oficio 2022292914-2-000 del 27 de diciembre de 2022
no procedían los recursos de reposición y apelación, en razón a que el artículo 72 de
la Ley 99 de 1993 y el Decreto 330 de 2007 no lo dispusieron en tal sentido. Para el
efecto, el artículo 5.° del reglamento prevé que una vez se subsanen la falencias, el
interesado presente una nueva solicitud. Además, tales recursos no son
procedentes, contra actos de trámite52, en los términos del artículo 74 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo53.
109. Al no proceder los recursos de reposición y, en subsidio, apelación contra el
citado oficio, no hay lugar a estudiar la competencia del coordinador del Grupo de
Servicio al Ciudadano54 de la ANLA para resolver la improcedencia de los recursos
interpuestos. Lo mismo sucede con el recurso de queja interpuesto ante el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo sostenible, además, de acuerdo con los Decretos 3573 y
3578 de 2011, la ANLA no cuenta con un superior jerárquico ante quien imponer tal
recurso.
110. En consecuencia, no hay lugar a su procedencia, razón por la cual, el
ministerio demandado, actúo conforme a la ley y dio aplicación al artículo 12 de la
Ley 1755 de 2015, al remitir la petición a la autoridad competente.
51 El artículo 43 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo define
los actos definitivos como aquellos que “(…) decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o
hagan imposible continuar la actuación”.
52 “La distinción entre actos definitivos y de trámite obedece a la forma que adoptan las actuaciones de
la administración, en la que se adelantan actos previos para la determinación o alteración de una
situación jurídica -preparatorios-, se emiten decisiones que crean, modifican o extinguen la situación
jurídica concreta -definitivos- y se realizan diversos actos dirigidos a ejecutar u obtener la realización
efectiva de la decisión de la administración -de ejecución-“. Sentencia SU-077 de 2018.
53 “La diferenciación (entre actos definitivos y de trámite) es relevante para determinar cuáles son los
mecanismos de contradicción con los que cuentan los ciudadanos. Así pues, mientras el artículo 74
del CPACA prevé los recursos que proceden contra los actos definitivos, el artículo
75 ibídem establece que “[n]o habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de
trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa.” Ib.
54 Decreto 376 del 2020. Artículo 8.° Funciones de la Subdirección de Mecanismos de Participación
Ciudadana Ambiental. Las funciones de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana
Ambiental son las siguientes: (…) 2. Ordenar y presidir las audiencias públicas ambientales, de
competencia de la entidad, que se realicen en el proceso de licencias, permisos y trámites
ambientales, de conformidad con la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, y en las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan. (Subrayado fuera del texto).
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2.9. Conclusión
111. Por lo tanto, esta Sala confirmará el fallo de primera instancia que negó el
amparo a los derechos fundamentales invocados por los accionantes, en
consideración en que tanto la ANLA como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
sostenible, han actuado conforme a la ley, atendiendo de manera clara todas las
solicitudes presentadas por los tutelantes. De otra parte, se observa que estos tienen
no solo la posibilidad de presentar nuevamente la solicitud de audiencia pública
ambiental, sino también la de iniciar una acción popular.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el municipio de Guapi, Cauca, por los motivos
expuestos en esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la providencia del 19 de mayo de 2023 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por las razones expuestas en
este proveído.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la de la ejecutoria de esta
providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
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(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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