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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02598-01

Fecha
13 de octubre de 2023
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02598-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante auto del 4 de julio de 2023 en cuanto a la negativa de la medida cautelar. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 10 de agosto de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones referidas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-02598-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

13 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02598-01
Accionante: Armando Palau Aldana
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada en contra del fallo proferido el 10 de
agosto de 2023 por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 17 de mayo de 20231 Armando Palau Aldana interpuso acción de tutela2 en
procura de la protección de su derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia, que consideró vulnerado debido a que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante providencia del 23 de marzo de 2023, rechazó el medio
de control de protección de los derechos e intereses colectivos que radicó en contra
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA, que se identificó con el radicado 25000-23-41-000-
2022-01591-00.

1.1. Hechos

1.1.1. El actor interpuso demanda de acción popular en contra del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA porque consideró que al haberse expedido la Resolución 1730
del 31 de diciembre de 2015 3 que otorgó a la Armada Nacional de Colombia una
licencia para la construcción de una estación de guardacostas en la isla de Gorgona,

1 Índice 1 de Samai.
2 Obra en el certificado 0E27F8891ECA6076 5DDEF7FD95100D52 FAD844FF8B064541
8E4142FE189F9B6E, índice 2.
3 Obra en el archivo 02ANLA – Resolución 1730 de 2015 – Licencia Isla Gorgona del certificado

F9156E3CB1290A23 3873D10A706BABBD F3E5C643F1A92B8C 08F03150F49F980A, índice 20.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02598-01
Accionante: Armando Palau Aldana
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

se atentó en contra de varios derechos colectivos y por ello solicitó la suspensión
de dicha licencia como medida cautelar 4.

1.1.2. El 3 de febrero de 2023 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió
la demanda y señaló que el demandante debía precisar el medio de control que
quiso ejercer porque de su escrito se deducía que pretendió un control de legalidad
sobre la Resolución 1730 del 31 de diciembre de 2015; los derechos colectivos que
consideró vulnerados o amenazados; los hechos, acciones u omisiones que
motivaron su solicitud; agregar un capítulo de pretensiones; indicar con claridad la
autoridad pública presuntamente responsable y acreditar que había agotado la
reclamación prevista en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 5.

1.1.3. En contra de la anterior decisión se interpuso recurso de reposición 6, el cual
fue resuelto en auto del 28 de febrero de 2023 7 en el sentido de confirmar la
providencia recurrida. Este auto reiteró las razones por las cuales se inadmitió la
demanda y señaló que, a pesar de que el actor popular indicó que su escrito se
había confeccionado bajo “una técnica de vanguardia” ajustada a las providencias
de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que
no había sido valorada adecuadamente por un “vetusto esclerótico procesalismo”,
esto no lo eximía de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 18 de la
Ley 472 de 1998.

1.1.4. Posteriormente, en proveído del 23 de marzo de 2023 8, la autoridad judicial
demandada rechazó la demanda dado que no se subsanó oportunamente.

1.2. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante consideró que se le vulneró su derecho de acceso a la
administración de justicia, por lo que propuso los siguientes argumentos:

4 Obra en el archivo 01APA – Acción Popular Defensa de Isla Gorgona – Diciembre 2022, ibid.
5 “Artículo 144. Protección de los derechos e intereses colectivos. (…) Antes de presentar la demanda para la

protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en
ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés
colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días
siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez. Excepcionalmente, se
podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra
de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda”.
6 Obra en el archivo 11ACTOR-REC-REPO-APELA del certificado F9156E3CB1290A23 3873D10A706BABBD

F3E5C643F1A92B8C 08F03150F49F980A, índice 20.
7 Obra en el archivo 13AP 2022-1591 (Resuelve reposición contra admisorio), ibid.
8 Obra en el archivo 16AP 2022-1591 (Rechaza por no subsanar), ibid.

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Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

1.2.1. Estimó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un exceso
de procesalismo porque en el derecho moderno no es exigible un orden estricto de
la demanda, además de que esta sí determinó con claridad a la autoridad
accionada, nunca mencionó que su intención fuera hacer uso del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, los hechos fueron debidamente narrados
y el requisito previo de reclamación judicial fue legalmente obviado de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

1.2.2. Por otro lado se refirió a las características del ecosistema que constituye la
isla de Gorgona, la describió como una zona con altos niveles de biodiversidad y
aseguró que la licencia ambiental otorgada a la Armada Nacional iba en contra del
deber del Estado de conservar las áreas de especial importancia ecológica.

1.2.3. Finalmente solicitó como medida cautelar que se suspendiera la licencia
ambiental mientras se definía el fondo del asunto.

1.3. Pretensiones de la acción de tutela

Del escrito de tutela se desprende que el demandante pretendió que se deje sin
efectos el auto del 23 de marzo de 2023, por medio del cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda de acción popular que se
identificó con el radicado 25000-23-41-000-2022-01591-00.

2. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

Mediante auto del 19 de mayo de 20239 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en calidad de demandado y,
a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, a la Armada Nacional de
Colombia, a las fundaciones Biodiversidad, Nueva Luz, Monaya, Huella de Agua y
Pangea, a la Veeduría Santiago de Cali, a la Casa Ideó, al Museo Popular de Siloé
y a la Corporación Ekoinc, en calidad de terceros con interés 10.

9 Obra en el certificado 758AC5A49B823917 2B58B496F1C45960 53709F7CE7FAE539 022607F872B92EFB,

índice 4.
10 Los soportes de notificación obran en los índices 7, 17 y 19.

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2.1. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca se opuso a la
prosperidad del amparo porque los hechos y pretensiones allí expuestos hicieron
referencia a decisiones que no son de su competencia, como lo fue el otorgamiento
de una licencia ambiental y el rechazo de una demanda, sumado a que la isla de
Gorgona se encuentra fuera de su jurisdicción 11.

2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de rendir informe frente al
trámite que surtió la acción popular, afirmó que este observó plenamente el debido
proceso y las decisiones allí tomadas se ajustaron a derecho, puesto que, se
imponía rechazar la demanda en tanto el actor no la subsanó oportunamente y, a
pesar de que él señaló una metodología vanguardista usada en la elaboración de
su escrito, este no cumplió las exigencias establecidas en el artículo 18 de la Ley
472 de 199812.

2.3. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 13 refirió que no tenía
conocimiento directo de los hechos narrados en la solicitud tuitiva en razón a que
estos correspondieron a vicisitudes procesales de un litigio que ya había concluido.

Además, peticionó que se declarara la improcedencia de la acción porque esta, por
un lado, no cumplió con el requisito de subsidiariedad dado que el actor contaba
con el recurso de apelación en contra del auto que rechazó su demanda y si lo que
pretendió fue controvertir la legalidad de la licencia ambiental 1730 de 2015, debió
haber ejercido el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
sumado a que no demostró la existencia de un perjuicio irremediable ni que estos
mecanismos ordinarios no fueran idóneos para proteger sus interes es. Por otro lado,
tampoco cumplió con la carga argumentativa requerida ya que no indicó la
configuración de ninguna de las causales específicas de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales.

2.4. En proveído del 4 de julio de 2023 se negó la medida provisional solicitada
porque no revistió de los caracteres de urgencia y necesidad en vista de que el acto
administrativo cuestionado se profirió el 31 de diciembre de 2015, adicional a que

11 Obra en el certificado 7B57445AE9321501 E742660080C5D207 5029A6E7135EEE07 159759E5E46162EE,

índice 10.
12 Obra en el certificado 26B5976C8ECD35A8 9ABE3ADAD275334C 19F948CD1A6F6225
9CF40ED31014B4E7, índice 13.
13 Obra en el certificado 41F825C29CE1BBFE C54BF88226B8A9C5 29791072EA8DA422
A3EE2E51D269369C, índice 14.

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no se advirtió que el grado de la supuesta afectación pudiera aumentar con el paso
del tiempo 14.

2.5. Mediante providencia del 19 de julio de 2023 15 el a-quo ordenó vincular al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible16, que se pronunció en el sentido de
estimar que no había incurrido en ningún tipo de vulneración de derechos
fundamentales porque no era la entidad competente para pronunciarse sobre la
admisión de acciones populares, la suspensión de los efectos de actos
administrativos o realizar seguimiento a las licencias ambientales. También adujo
que no se incurrió en un exceso ritual manifiesto porque las providencias emitidas
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se fundamentaron debidamente en
la Ley 472 de 1998, que la demanda constitucional no cumplió con el requisito de
subsidiariedad ni justificó la existencia de un perjuicio irremediable y que el
accionante se refirió a la vulneración de derechos colectivos pero sin explicar la
conexidad de estos con algún derecho fundamental 17.

2.6. Los demás interesados guardaron silencio.

3. Fallo de tutela de primera instancia

El 10 de agosto de 202318 la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la
improcedencia del amparo porque no cumplió con el requisito de subsidiariedad
dado que se encontró probado que el demandante no ejerció el recurso de
reposición previsto en el artículo 36 de la Ley 472 de 1998 19 en contra de la decisión
del 23 de marzo de 2023 que rechazó el medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos de radicado 25000-23-41-000-2022-01591-00.

14 Obra en el certificado 0ABADF3BCDC50695 B8D5D48EB1C6371F 22A62E4C2A5939C1
746D32E08BC41AC5, índice 24.
15 Obra en el certificado EA217C90B387361A EE57BD483AEEAE8A FEBE55588659F8BD
881A274DD50CA549, índice 29.
16 Los soportes de notificación obran en el índice 32.
17 Obra en el certificado 1E83F0FE289BAD3C CCCF0219075EE1FE A0A739CD6D8938F3
D638BB4B45C9278A, índice 37.
18 Obra en el certificado F4FF17D04BB534B7 66CAA18665E4D694 2DCC947727479024
33BBEF860771BE49, índice 39.
19 “Artículo 36. Recurso de Reposición. Contra los autos dictados durante el trámite de la Acción Popular

procede el recurso de reposición, el cual será interpuesto en los términos del Código de Procedimiento Civil ”.

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4. Razones de la impugnación

4.1. Inconforme con la decisión tomada por el juez constitucional de primera
instancia, la parte accionante presentó20 escrito de impugnación 21 en el que afirmó
que, de la misma forma como la autoridad judicial accionada incurrió en un excesivo
procesalismo, lo hizo la Sección Quinta de esta Corporación al declarar la
improcedencia del amparo, además, argumentó que no estaba en la obligación de
agotar las vías o mecanismos judiciales porque ya había interpuesto un recurso de
reposición en el que el Tribunal había expresado una posición jurídica, por lo que
resultaba ilógico volver a recurrir los actos de la autoridad judicial.

4.2. Por otro lado, consideró que los magistrados de la Sección Quinta debieron
manifestar que se encontraban incursos en una causal de impedimento dado que
ya se habían pronunciado sobre otra acción de tutela con radicado 2023-01441-01,
relacionada con la ilegalidad de la licencia de construcción otorgada a la Armada
Nacional y que, como él no tuvo conocimiento de que sería dicha Sala la que fallaría
el asunto de la referencia, no elevó ninguna solicitud de recusación.

4.3. Finalmente, insistió en que se decretara la medida cautelar que había solicitado
en primera instancia, a pesar de que ella fue negada a través del auto del 4 de julio
de 2023.

5. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Mediante auto del 23 de agosto de 202322 el a quo concedió la impugnación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado

20 El 18 de agosto de 2023, según la información que obra en el certificado 8B2BD579603A7417
FC6E944B49678F64 7C0038781E3B9587 D4E64BC8A7FBF11B, índice 46.
21 Obra en el certificado 77A8EE5F11FE7540 D24A74CED9FB1217 82FDE00FDE2A02AA
2A88A14C72D86D74, ibid.
22 Obra en el certificado FB58122A2FA3592F EF9FA493ABA506F4 187D7FEA4723FD51
C3E4857FB87D2FE8, índice 48.

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080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 10 de agosto de 2023 por la Sección Quinta del
Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
determinará si se incurrió en las causales específicas o defectos denunciados .

3. Cuestiones Previas

3.1. Se observa que en el recurso de impugnación presentado por Armando Palau
Aldana se solicitó como medida cautelar la suspensión de la licencia ambiental 1730
de 2015 otorgada a la Armada Nacional, sin embargo, se encuentra que el a-quo,
en providencia del 4 de julio de 2023 23, ya se pronunció sobre este asunto, en el
sentido de negar la petición y, dado que la medida incoada en esta instancia se
refirió a los mismos hechos y argumentos invocados en el libelo introductorio, la
Sala no se pronunciará nuevamente sobre ello por lo que advertirá que el actor debe
estarse a lo resuelto en el mencionado auto del 4 de julio del corriente.

3.2. A propósito del argumento relacionado con que la Sección Quinta del Consejo
de Estado tuvo conocimiento del radicado 11001-03-15-000-2023-01441-01, el cual,
en criterio del tutelante ya se había referido a la legalidad de la Resolución 1730 de
2015, resulta necesario aclarar que no es el momento procesal oportuno para
ventilar esta censura. Ciertamente, el actor, desde el momento mismo del reparto
de esta causa debió conocer quién era su juez natural, ya que esta información
consta en el auto de admisión, que se le notifica, por lo que en tal instancia debió
elevar los reparos del caso y no esperar a que concluyera el trámite ante el a quo.
Por lo dicho, la Sala no se pronunciará sobre el particular.

23 Obra en el certificado 0ABADF3BCDC50695 B8D5D48EB1C6371F 22A62E4C2A5939C1
746D32E08BC41AC5, índice 24.

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Accionante: Armando Palau Aldana
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4. El requisito general de subsidiariedad en el caso concreto

4.1. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política claramente expresa que la
acción de tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud
de amparo procede de forma excepcional i) cuando a pesar de existir otros
mecanismos, estos no son idóneos ni eficaces para la protección de los derechos
fundamentales, o ii) cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio
irremediable24. En el primero de los casos la orden de protección sería definitiva y,
en el segundo, transitoria.

4.2. Frente a este asunto, el tutelante atacó el hecho de que la autoridad judicial
convocada hubiera rechazado su demanda de acción popular, lo que implicó que
ella incurriera en un excesivo procesalismo y lo privara de su derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia.

4.3. La Sala estima que existía otro medio de defensa idóneo para controvertir la
anterior decisión antes de acudir a la vía constitucional; puntualmente, el accionante
tuvo la oportunidad de interponer el recurso de reposición establecido en el artículo
36 de la Ley 472 de 1998 25, pero no lo hizo.

En este punto vale la pena aclarar que el actor sí ejerció el medio de controversia
señalado en contra del auto del 3 de febrero de 2023 que inadmitió 26, pero, en razón
a que la figura de la inadmisión y la del rechazo de la demanda son diferentes y que
en esta ocasión se censuró el auto del 23 de marzo de 2023 que se pronunció sobre
la segunda de ellas, para que la solicitud de amparo superara el requisito de
subsidiariedad era menester que el auto del rechazo también hubiera sido recurrido
a través de la vía ordinaria ya indicada.

4.4. La Sala tampoco observa que se hubiera argumentado ni demostrado la
configuración de un perjuicio irremediable o la falta de idoneidad del recurso de
reposición de modo que se justificara su omisión por parte del tutelante, por lo que
confirmará la sentencia de primera instancia en el sentido de declarar la

24 Corte Constitucional, sentencia T 230 de 2013. M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez; 18 de abril de 2013.
25 “Artículo 36. Recurso de Reposición. Contra los autos dictados durante el trámite de la Acción Popular
procede el recurso de reposición, el cual será interpuesto en los términos del Código de Procedimiento Civil ”.
26 Obra en el archivo 11ACTOR-REC-REPO-APELA del certificado F9156E3CB1290A23 3873D10A706BABBD

F3E5C643F1A92B8C 08F03150F49F980A, índice 20.

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improcedencia del amparo dado que no se cumplió con el requisito de
subsidiariedad, según se expuso.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO por la Sección Quinta del Consejo de
Estado mediante auto del 4 de julio de 2023 en cuanto a la negativa de la medida
cautelar.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 10 de agosto de 2023 proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones referidas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ 27
Consejero de Estado Consejero de Estado (E)

27 VF.

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